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Prueba documental y expediente judicial electrónico

Coordinador: Francisco Javier Lluch Corell

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

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Conforme al art.273 LEC -EDL 2000/77463- (en versión dada por la L 42/2015, de 5 octubre -EDL 2015/169101-) todos los profesionales de la justicia están obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y demás documentos. Este precepto regula, entre otros extremos, el modo de presentación de escritos y documentos y los supuestos en los que cabe presentarlos en soporte papel, así como las consecuencias del incumplimiento del deber de uso de las tecnologías en el proceso.

La Ley Orgánica del Poder Judicial en el art.230 -EDL 2000/77463- (modificado por LO 7/2015, de 21 julio -EDL 2015/124945-) obliga a los Juzgados y Tribunales y a las Fiscalías a utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, y telemáticos puestos a su disposición para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones.

Entre estos medios tecnológicos que la Administración de Justicia está implantando se encuentra el expediente judicial electrónico que, según el art.26.1 L 18/2011, de 11 de 5 de julio reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia -EDL 2011/118593- (precepto también (reformado por la L 42/2015, de 5 octubre -EDL 2015/169101-) es el conjunto de datos, documentos, trámites y actuaciones electrónicas, así como de grabaciones audiovisuales correspondientes a un procedimiento judicial, cualquiera que sea el tipo de información que contenga y el formato en el que se haya generado.

Dado el tenor de estas previsiones legales, el progresivo despliegue del expediente judicial electrónico está suscitando numerosas dudas interpretativas en los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional social. Una duda muy concreta se refiere al medio para realizar la aportación de la prueba documental y dar cumplimiento del traslado de dicha prueba que las partes aportan en el mismo acto de la vista (art.94.1 LRJS -EDL 2011/222121-), en concordación con el art.82.3 LRJS que dispone que las cédulas de citación se hará constar que «los litigantes han de concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse».

El art.82.4 LRJS -EDL 2011/222121- regula el supuesto de aportación anticipada de la prueba documental o pericial, en soporte preferiblemente informático, con cinco días de antelación al acto de juicio. Esta previsión podría servir de mecanismo de aplicación de las obligaciones del uso de medios electrónicos. Ahora bien, este precepto se está refiriendo a casos en que por su volumen o complejidad sea conveniente posibilitar su examen previo al momento de la práctica de la prueba.

La LRJS -EDL 2011/222121- no parece que se haya visto expresamente afectada por las reformas posteriores mencionadas en la LOPJ -EDL 1985/8754- y en la LEC -EDL 2000/77463-, de carácter supletorio (art.4 LEC y Disp Final 4ª).

Teniendo en cuenta las recientes reformas legales tanto de la LEC -EDL 2000/77463- como de la LOPJ -EDL 1985/8754- que imponen obligaciones en el uso de los sistemas electrónicos y, específicamente para el supuesto de que el proceso judicial se canalice a través del expediente judicial electrónico, se pregunta a los integrantes de este foro si pese a no haber sido modificada expresamente la LRJS -EDL 2011/222121- en la materia ¿pueden los Juzgados y Tribunales obligar a las partes a que aporten la prueba documental en el acto de la vista en soporte electrónico? Para el caso de que se entendiera que cabe la facultad de las partes de aportar la prueba en soporte electrónico o en papel, indistintamente ¿cabría comunicar esa previsión en la cédula de citación a juicio? ¿Están obligadas las partes a comunicar con antelación al acto de la vista el medio de aportación para facilitar el traslado de la documental en el acto de la vista?


Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", el 1 de marzo de 2017.

(Puedes consultar Legislación y Jurisprudencia en nuestra Base de Datos).

Para dar respuesta a la cuestión planteada conviene tener presente cual ha sido la voluntad del legislador en relación con la implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito del servicio público de la justicia. Si acudimos al preámbulo de la L 18/2011, de 5 julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia -EDL 2011/118593-, observamos que uno de los objetivos de dicha norma es «generalizar el uso de las nuevas tecnologías para los profesionales de la justicia». Y precisamente para impulsar «una aplicación generalizada de los medios electrónicos como forma normal de tramitación de los procedimientos judiciales» al no haberse alcanzado la misma con la publicación de la referida norma, es por lo que se promulga la L 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil -EDL 2015/169101-, tal y como se desprende del Preámbulo de la misma. De las indicadas normas no hay duda de que existe un indudable interés por parte del poder legislativo de generalizar en la Administración de Justicia la utilización de los medios en soporte informático, sin que el orden jurisdiccional social pueda ser ajeno a dicho interés por más que el legislador no haya modificado la regulación general de la prueba documental en la LRJS -EDL 2011/222121- ya que en todo caso la LEC -EDL 2000/77463- es supletoria de aquella (Disp Final 4ª LRJS).

Ahora bien, aun reconociendo la voluntad del legislador de que se generalice la utilización de los medios electrónicos y telemáticos en las relaciones entre la Administración de Justicia y sus usuarios, no existe ni en la LEC -EDL 2000/77463- ni en la LRJS -EDL 2011/222121- la obligación de presentar en soporte informático la prueba documental. Es cierto que el art.273 LEC impone a los profesionales de la Justicia y a las personas jurídicas, entre otros, «el empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos, iniciadores o no, y demás documentos», pero ello no incluye los documentos que se aporten como prueba. Basta acudir a lo establecido en los art.267 y 268 LEC que regulan, respectivamente, la forma de presentación de los documentos públicos y de los documentos privados, para comprobar que pueden presentarse en soporte papel, aun cuando también se puedan presentar en soporte informático, si bien cuando la autenticidad de los documentos presentados en dicho soporte se niegue por alguna de las partes o por el Ministerio Fiscal, habrán de aportarse aquéllos en su soporte papel original, tal y como prevé el art.162.3 LEC.

De lo expuesto se desprende que no cabe exigir a las partes la aportación en soporte informático de la documental de la que intenten valerse en el acto del juicio. Pero es más dicha aportación en soporte informático tendrá que respetar en cualquier caso tanto el principio de concentración que rige en el proceso laboral ordinario y en las modalidades procesales del orden social (art.74 LRJS -EDL 2011/222121-), como la unidad de acto que resulta de lo establecido en el art.94.1 LRJS, según el cual es en el acto del juicio cuando se ha de dar traslado de la prueba documental a las partes, unidad de acto que también se deduce de lo previsto en el art.87 LRJS. Por ello no cabría en ningún caso exigir a las partes con carácter general que aportasen de forma anticipada la prueba documental que esté en soporte informático, so pena de vulnerar los indicados principios. En este sentido interesa subrayar que la aportación anticipada de la prueba documental en soporte informático que se prevé en los art.82.4 y 124.5 LRJS, viene justificada por el volumen y complejidad de la documental o pericial que se ha de aportar, siendo dichas circunstancias las que aconsejan un examen previo al momento de su práctica, pero no porque dicha prueba se haya aportado en soporte informático, de hecho los indicados preceptos no establecen más que una preferencia respecto a la aportación de la prueba documental en soporte informático, lo que entendemos que resulta acorde con lo establecido en los art.267 y 268 LEC -EDL 2000/77463-.

Por último cabe decir que a fin de compatibilizar el principio de concentración y la unidad de acto que rige en la jurisdicción social en cuanto a la celebración del juicio y la práctica de la prueba (art.87 LRJS -EDL 2011/222121-) con la aportación de la prueba documental en soporte informático se tendría que facilitar a los órganos judiciales los medios tecnológicos necesarios para que los documentos aportados en soporte informático puedan ser visionados por las partes y por el Juez o Tribunal en el acto del juicio y, desde luego, no cabe obligar a su aportación anticipada que en los procedimientos laborales solo está prevista con carácter excepcional (art.82.4 y 124.5 LRJS). Y en cualquier caso si no se dispone de los medios tecnológicos para proceder al visionado en el acto del juicio de la documental aportada en soporte informático, entiendo que se tendrá que aportar dicho documental en soporte papel, a fin de no desvirtuar los principios que rigen el proceso laboral y a los que antes se ha hecho referencia.

Entendemos que en el orden social de la jurisdicción no posible que el órgano judicial pueda obligar a las partes a que aporten la prueba documental y pericial en soporte informático o por medios telemáticos, porque no hay ningún precepto en la LRJS -EDL 2011/222121- del que pueda derivarse una consecuencia de tal naturaleza, ni conduce tampoco a ello la posible aplicación supletoria de la LEC -EDL 2000/77463-.

El esquema implantado en esta materia en la LEC -EDL 2000/77463- tras su reforma por la L 42/2015 de 5 octubre -EDL 2015/169101-, descansa en un pilar básico como es el de la actuación de profesionales en el procedimiento judicial, distinguiendo en sus art.273 y 274 la diferente situación jurídica que se produce en uno y otro caso en función de que se haya o no otorgado la representación a un procurador.

En el art.273 LEC -EDL 2000/77463- se establecen las circunstancias en las que resulta obligado el empleo de los sistemas electrónicos y telemáticos para la presentación de escritos y documentos ante los órganos judiciales, y distingue perfectamente los casos en el que el cumplimiento de esa obligación es absolutamente imperativo de aquellos otros en los que tiene carácter potestativo a elección de la propia parte.

Distinción que se sustenta en la naturaleza jurídica o condición profesional de las partes, o en el hecho de que actúen representados por procurador.

Seguidamente regula las gravosas consecuencias jurídicas que se desprenden del incumplimiento de tal obligación, que pueden conducir a que los escritos y documentos se tengan por no presentados a todos los efectos, cuando no llegan a subsanarse las irregularidades en que se incurra por no haberlos aportado en formato electrónico.

Mientras que por el contrario, el art.274 LEC -EDL 2000/77463- mantiene el esquema tradicional de presentación por escrito, cuando la parte no actúa en el proceso representada por procurador y no hay obligación legal de aportar los documentos mediante los medios electrónicos o telemáticos.

Entendemos que el esquema diseñado en el art.273 LEC -EDL 2000/77463- es de imposible traslación al orden social de la jurisdicción en el que el art.18 LRJS -EDL 2011/222121- admite que las partes puedan comparecer por si mismas a juicio, dando con ello lugar a una situación jurídica tan diferente que no permite que entre en juego la LEC en aplicación de la regla supletoria de la disposición final cuarta de la LRJS.

Prueba de ello es que el legislador de la L 42/2015 de 5 octubre 2015 -EDL 2015/169101- que modifica los antedichos preceptos de la LEC -EDL 2000/77463-, no incluye ninguna específica previsión referente a la LRJS -EDL 2011/222121-, pese a que son muchas y diversas las normas legales diferentes a la propia LEC a que se refiere en sus diferentes disposiciones finales.

No solo de lo antedicho cabe desprender la inviable aplicación supletoria de la LEC -EDL 2000/77463- en esta materia, sino también, y más esencialmente, de la propia, específica y expresa regulación que contiene la LRJS -EDL 2011/222121- en las diferentes menciones que hace a la utilización de los medios electrónicos y telemáticos.

Un análisis metodológico de los distintos pasajes en los que la LRJS -EDL 2011/222121- se refiere a esta cuestión, nos permite distinguir claramente las más contundentes obligaciones que en este ámbito se impone a los propios órganos judiciales, de las que por el contrario son exigibles de manera mucho más flexible y siempre potestativa a las partes.

En referencia a la actuación del órganos judicial: a) el art.48.1º -EDL 2011/222121- contempla con carácter general la posibilidad de sustituir la entrega material de los autos por la de su soporte informático o por el acceso telemático a las mismas; b) de la misma forma, los art.195 y 209 en la tramitación de los recursos de suplicación y casación; c) y el art.205.2º en el singular proceso de impugnación de actos administrativos ante el TS; d) con igual fundamento el art.89 respecto a la documentación del acto de juicio.

Diseña así el legislador un conjunto de obligaciones para el órgano judicial al que impone la utilización de los medios electrónicos y telemáticos en todos esos casos, con la salvedad de que sea tecnológicamente posible.

Pero cuando se trata de las actuaciones de parte, la LRJS -EDL 2011/222121- emplea un término muy laxo que excluye cualquier obligación de presentar los escritos y documentos por medios telemáticos o en formato electrónico, para habilitar esa posibilidad de forma puramente facultativa y opcional, a la que anuda una simple declaración de intenciones en llamada a la utilización preferente de esos mecanismos, de la que no parece que pueda desprenderse un efecto jurídico directo que exija cumplimentar esa bondadosa pretensión del legislador.

Así se dice: a) en el art.82.4º -EDL 2011/222121- que contempla la aportación anticipada de la prueba documental o pericial especialmente compleja o voluminosa, en «soporte preferiblemente informático»; b) el art.87.3º para el caso de que se habilite el trámite especial de alegaciones escritas tras la conclusión del juicio «preferiblemente por medio informático y telemático»; c) el art.124 en los despidos colectivos, apartado 9º, para que el empresario presente «preferiblemente en soporte informático» la documentación relativa al periodo de consulta; y apartado 10º, la prueba documental o pericial ; d) incluso el art.143.1º permite a las entidades gestoras la remisión del expediente administrativo «en soporte escrito o preferentemente informático».

Es de ver que la LRJS -EDL 2011/222121- ni tan siquiera impone a las personas jurídicas y órganos de la administración la presentación electrónica o telemática de los documentos o pruebas periciales en el orden social de la jurisdicción, lo que supone una expresa, específica y singular regulación de esta materia en la ley procesal social, que obsta la aplicación supletoria de la regla del art.273.3º LEC -EDL 2000/77463- en el que por el contrario se dispone esa obligación para determinados sujetos procesales.

Aunque no haya obligación legal de aportar la prueba documental o pericial en formato electrónico, el uso potestativo de esa posibilidad por alguna de las partes puede sin duda generar dificultades a la contraria para acceder a su contenido, lo que hace aconsejable que se anuncie debidamente con anterioridad a la celebración del juicio para que el órgano judicial disponga lo necesario para el adecuado examen del material probatorio, pudiendo en su caso acordar un receso o la suspensión del juicio para evitar causar indefensión a quien no ha dispuesto de la posibilidad de analizar la prueba aportada en este formato.

No resultaría admisible que una de las partes se viera privada de la posibilidad de acceder al contenido de la prueba presentada en formato electrónico, que no haya podido examinar y visualizar adecuadamente durante el acto de juicio.

El D 149/1963, de 17 enero, por el que da nueva redacción al Texto refıındido de Procedimiento Laboral, en su art.76 -EDL 1963/2505-, establecía que las partes podrán valerse de cuantos medios de pruebas se encuentren regulados en el Código Civil –EDL 1889/1- y Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463-. Podrán solicitarse por las partes la práctica, sin esperar al día señalado para el juicio, de aquellas diligencias de prueba que por alguna causa no pudieran practicarse en el juicio. Contra la resolución del Magistrado no se dará recuso alguno. Asimismo podrán solicitarse, al menos con tres días de antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación o requerimiento, con lo que se preveían los principios de este orden jurisdiccional, inmediación, oralidad, concentración y celeridad, texto idéntico al que se viene a recoger por el art.80, del Texto articulado de la L 193/1963, de 28 de diciembre, de Bases de la Seguridad Social -EDL 1963/87-, aprobado por D 909/1966, de 21 abril -EDL 1966/190-. El D 2381/1973, de 17 agosto -EDL 1973/1610-, se aprueba el texto articulado segundo de la L 24/1972, de 21 de junio, de financiación y perfeccionamiento de la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social -EDL 1972/1453-, transcribiendo en su art.80, un texto idéntico. El RD Leg 1568/1980, de 13 junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral -EDL 1980/3595-, derogará el anterior, aunque mantendrá el mismo texto anterior del art.80. La L 7/1989, de 12 abril, de Bases de Procedimiento Laboral, en su Base Decimosexta -EDL 1989/12822-, uno, sobre los principios del proceso ordinario, establece que se regulará un proceso común, inspirado, en todo caso, en los principios de inmediación, oralidad, concentración y celeridad, en su Base decimonovena, dos y tres, respecto al juicio oral, establece que Se regularán los medios de prueba, con criterios de adaptación al objeto del proceso laboral, eliminando formalismos y procurando la máxima eficacia. Se admitirán como prueba los medios mecánicos de reproducción de la palabra, de la imagen o del sonido, salvo que se hubieren obtenido, directa o indirectamente, en violación de derechos y libertades fundamentales, admitiéndose las pruebas que se declaren pertinentes, disponiendo el órgano jurisdiccional sobre la práctica de aquéllas que, siendo indispensables, requieran la traslación del mismo, por ello, el RD Leg 521/1990, de 27 abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, recoge en su art.74. 1 y 2 -EDL 1990/13310- que los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional social interpretarán y aplicarán las normas reguladoras del proceso laboral ordinario según los principios de inmediación, oralidad, concentración y celeridad, orientando a los principios indicados, la interpretación y aplicación de las normas procesales propias de las modalidades procesales reguladas en la presente Ley. En su art.94. 1 y 2 -EDL 2011/222121- que de la prueba documental que se presente se dará traslado a las partes en el acto del juicio, para su examen y que los documentos pertenecientes a las partes deberán aportarse al proceso, si hubieran sido propuestos como medio de prueba por la parte contraria y admitida ésta por el Juez o Tribunal. Si no se presentaren sin causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba acordada.

El RD Leg 2/1995, de 7 abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral -EDL 1995/13689-, mantendrá el texto de los art.74 y 94, con el añadido. Por último, la L 36/2011, de 10 octubre, reguladora de la jurisdicción social -EDL 2011/222121-, también mantiene en su texto, los citados preceptos, salvo la inclusión en el art.94.1, que la prueba documental, deberá estar adecuadamente presentada, ordenada y numerada.

Históricamente ha sido y se ha presumido de ello, el orden jurisdiccional social, como instrumento ágil para atender el objeto de su competencia, resolviendo los litigios en único acto, teniendo como guía los principios enunciados. Las modificaciones introducidas por el art.230 LOPJ -EDL 1985/8754-, art.273 LEC -EDL 2000/77463- y 26.1 de la L 18/2011, de 5 julio reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia -EDL 2011/118593-, en principio pueden tener determinadas incidencias que según las previsiones del desarrollo tecnológico, podrán resolverse con el tiempo, pero que en la actualidad, puede suponer que se susciten algunos problemas, según lo que paso a expresar.

El art.82 LRJS -EDL 2011/222121-, en el que se regula el señalamiento de los actos de conciliación y juicio, en su apartado cuatro, establece que de oficio o a petición de parte, podrá requerirse el previo traslado entre las partes o la aportación anticipada, en soporte preferiblemente informático, con cinco días de antelación al acto de juicio, de la prueba documental o pericial que, por su volumen o complejidad, sea conveniente posibilitar su examen previo al momento de la práctica de la prueba. Ninguna imposición aparece del precepto, «preferiblemente indica», lo que no es óbice a que sumado e interpretado con el resto del ordenamiento, se pudiera pensar en la posibilidad de hacer un requerimiento en tal sentido, sin perjuicio, como establece el art.90.1, de facilitar el soporte adecuado.

En el art.93.1 y 2, LRJS -EDL 2011/222121-, referido a la prueba pericial, se establece que la práctica de la prueba pericial se llevará a cabo en el acto del juicio, presentando los peritos su informe y ratificándolo. No será necesaria ratificación de los informes, de las actuaciones obrantes en expedientes y demás documentación administrativa cuya aportación sea preceptiva según la modalidad procesal de que se trate y que el órgano judicial, de oficio o a petición de parte, podrá requerir la intervención de un médico forense, en los casos en que sea necesario su informe en función de las circunstancias particulares del caso, de la especialidad requerida y de la necesidad de su intervención, a la vista de los reconocimientos e informes que constaren previamente en las actuaciones. No hay duda alguna que los informes podrán ser presentados en soporte informático, ahora bien, dada la estructura del procedimiento y la celeridad que necesita, si así es el caso, se tendrá que disponer de un instrumento informático que permita su lectura inmediata, a los efectos de poder interrogar al perito sobre los informes ratificados, lo que puede salvarse con los medios adecuados, a efectos de que no se pueda alegar indefensión por alguna de las partes, porque aunque todos observamos como cada día las personas interactúan más, con esos instrumentos informáticos, ordenadores, teléfonos, lectores, etc., por ahora no todos son capaces, ni de poseer los instrumentos adecuados, ni de utilizarlos de forma debida.

El art.94.1 y 2 LRJS -EDL 2011/222121-, establece, como hemos visto, que de la prueba documental aportada, que deberá estar adecuadamente presentada, ordenada y numerada, se dará traslado a las partes en el acto del juicio, para su examen y que los documentos y otros medios de obtener certeza sobre hechos relevantes que se encuentren en poder de las partes deberán aportarse al proceso si hubieran sido propuestos como medio de prueba por la parte contraria y admitida ésta por el juez o tribunal o cuando éste haya requerido su aportación. Si no se presentaren sin causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba acordada. Previendo el art.90.1 LRJS, sobre admisibilidad de los medios de prueba, que las partes, previa justificación de la utilidad y pertinencia de las diligencias propuestas, podrán servirse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la Ley para acreditar los hechos controvertidos o necesitados de prueba, incluidos los procedimientos de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido o de archivo y reproducción de datos, que deberán ser aportados por medio de soporte adecuado y poniendo a disposición del órgano jurisdiccional los medios necesarios para su reproducción y posterior constancia en autos.

Dado que de lo que se trata es de dilucidar si ¿pueden los Juzgados y Tribunales obligar a las partes a que aporten la prueba documental en el acto de la vista en soporte electrónico?, si para el caso de que se entendiera que cabe la facultad de las partes de aportar la prueba en soporte electrónico o en papel, indistintamente, ¿cabría comunicar esa previsión en la cédula de citación a juicio?, y si ¿Están obligadas las partes a comunicar con antelación al acto de la vista el medio de aportación para facilitar el traslado de la documental en el acto de la vista?. A la primera pregunta, dada la redacción de los preceptos comentados de la LRJS -EDL 2011/222121- y las normas incorporadas al respecto, en el art.230 LOPJ -EDL 1985/8754-, art.273 LEC -EDL 2000/77463- y 26.1 de la Ley 18/2011, de 11 de 5 de julio reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia-EDL 2011/118593-, aunque fuera deseable y así sucederá, más temprano que tarde, no parece que los Juzgados y Tribunales puedan obligar a las partes, salvo los casos precisados en las normas e indicados con anterioridad, a que aporten la prueba documental en el acto de la vista en soporte electrónico y si lo hacen, tampoco vienen impedidos, deberán aportar los instrumentos para que se pueda practicar dicha prueba, como hemos recogido, art.90 LRJS, ya que el art.230.5 LOPJ, dispone con carácter facultativo que las personas que demanden la tutela judicial de sus derechos e intereses «podrán» relacionarse con la Administración de Justicia a través de los medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, cuando sean compatibles con los que dispongan los Juzgados y Tribunales y se respeten las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se trate. A más de ello, el art.273.1 y 2 LEC, establece, respecto a la forma de presentación de los escritos y documentos, que todos los profesionales de la justicia están obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos, iniciadores o no, y demás documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la presentación y quede constancia fehaciente de la remisión y la recepción íntegras, así como de la fecha en que éstas se hicieren, con la excepción «salvo», indica el precepto, las personas que no estén representadas por procurador, las cuales podrán elegir en todo momento si actúan ante la Administración de Justicia a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la misma. El medio elegido podrá ser modificado en cualquier momento. Estableciendo en su apartado seis que, sin perjuicio de lo establecido en este artículo, se presentarán en soporte papel los escritos y documentos cuando expresamente lo indique la ley, debiendo acompañarse en este caso, tantas copias literales cuantas sean las otras partes y como hemos señalado, el art.94 LRJS, establece que de la prueba documental aportada, que deberá estar adecuadamente presentada, ordenada y numerada, se dará traslado a las partes en el acto del juicio, para su examen y que los documentos y otros medios de obtener certeza sobre hechos relevantes que se encuentren en poder de las partes deberán aportarse al proceso si hubieran sido propuestos como medio de prueba por la parte contraria y admitida ésta por el juez o tribunal o cuando éste haya requerido su aportación.

Es cierto que el precepto nada más dice, salvo esto último, respecto a documentos y pudiera optarse por la aportación de la prueba documental por medios electrónicos, pero dada la regulación de la LOPJ -EDL 1985/8754-, del uso de estos medios, facultativa, la regulación en la LRJS y dado el art. 16 LRJS -EDL 2011/222121-, dispone que podrán comparecer en juicio en defensa de sus derechos e intereses legítimos quienes se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Tendrán capacidad procesal los trabajadores mayores de dieciséis años y menores de dieciocho respecto de los derechos e intereses legítimos derivados de sus contratos de trabajo y de la relación de Seguridad Social, cuando legalmente no precisen para la celebración de dichos contratos autorización de sus padres, tutores o de la persona o institución que los tenga a su cargo, o hubieran obtenido autorización para contratar de sus padres, tutores o persona o institución que los tenga a su cargo conforme a la legislación laboral o la legislación civil o mercantil respectivamente. Igualmente tendrán capacidad procesal los trabajadores autónomos económicamente dependientes mayores de dieciséis años. En los supuestos previstos en el apartado anterior, los trabajadores mayores de dieciséis años y menores de dieciocho tendrán igualmente capacidad procesal respecto de los derechos de naturaleza sindical y de representación, así como para la impugnación de los actos administrativos que les afecten. Por quienes no se hallaren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles comparecerán sus representantes legítimos o los que deban suplir su incapacidad conforme a Derecho y por las personas jurídicas comparecerán quienes legalmente las representen, no parece que por los Juzgados y Tribunales, se pueda obligar a las partes a que aporten la prueba documental en el acto de la vista en soporte electrónico.

Respecto al resto de las preguntas, nada parece impedir con la regulación anticipada que las partes puedan aportar la prueba en soporte electrónico o en papel, indistintamente, ya hemos dicho que la LOPJ -EDL 1985/8754-, lo entiende como facultativo, «podrán», y si ello es así, lo que también parece obvio, si se pretenden evitar suspensiones, alegando indefensión, que las partes comuniquen al órgano judicial que aportarán dichas pruebas por medios electrónicos, poniendo a disposición del órgano jurisdiccional los medios necesarios para su práctica, sin que pueda hacerse reproche alguno, sino previsión acertada que en la cédula de citación a juicio, se advirtiera a las partes de tal posibilidad, incluso aunque ninguna hubiera efectuado notificación alguna al Juzgado o Tribunal, sobre la aportación de la prueba documental en tal soporte. En cualquier caso, el art.87 LRJS -EDL 2011/222121-, sobre la práctica de la prueba en el acto de juicio, establece en su apartado seis que si las pruebas documentales o periciales practicadas resultasen de extraordinario volumen o complejidad, el juez o tribunal podrá conceder a las partes la posibilidad de efectuar sucintas conclusiones complementarias, por escrito y preferiblemente por medios telemáticos, sobre los particulares que indique, en relación exclusiva con dichos elementos de prueba, dentro de los tres días siguientes, justificando haber efectuado previa remisión a las demás partes comparecidas por los mismos medios. Durante el referido período, los documentos o pericias estarán a disposición de las partes en la oficina judicial y una vez transcurrido, háyanse presentado o no alegaciones, se iniciará el plazo para dictar sentencia. Léase que el precepto, en la referencia a los medios telemáticos, también lo establece de forma facultativa, «preferiblemente» y que también, con esta ampliación, se pudieran solventar por problemas de indefensión que se pudieran presentar, salvando de esta manera las previsiones establecidas e el art.24.1 Const -EDL 1978/3879-.

Por último, respecto a la posibilidad de su aportación y valoración por el Juzgado o Tribunal, como sostiene la STSJ Andalucía, Sala de lo Social, sec. 1ª, de 9-9-13, núm 2317/2013, rec. 2639/2012 -EDJ 2013/197434-, aunque venga referida al tratamiento como prueba documental de tales soportes informáticos, «ha de defenderse un concepto amplio de prueba documental, comprensivo de los medios audiovisuales y soportes electrónicos que están regulados en los arts. 382 a 384 de la LEC -EDL 2000/77463-, como fuentes de prueba pero se aportan al litigio como medio probatorio documental. Aunque la LEC -EDL 2000/77463-, examinada por sí sola, no proporciona una solución clara a esta cuestión puesto que, aun cuando prima facie parece apuntar a un concepto estricto de prueba documental, en realidad está llena de contradicciones. Pero si se analiza este extremo en relación con el Ordenamiento en su conjunto, se llega forzosamente a tal conclusión, por las razones siguientes. 1) Tanto los medios audiovisuales como los soportes electrónicos pueden contener declaraciones, cuya autenticidad puede ser impugnada, pudiendo practicarse prueba de autenticación. 2) Estos medios y soportes frecuentemente cumplen unas funciones idénticas a las de la prueba documental (de perpetuación, garantía y probatoria), pudiendo valorarse en las mismas condiciones por el tribunal ad quem que por el juez a quo. 3) Si se examina el ordenamiento jurídico en su conjunto se constata la abrumadora decantación de la legislación sustantiva por un concepto amplio de documento, comprensiva del soporte electrónico, como consecuencia de su creciente utilización social, con las perturbaciones que ocasionaría defender un concepto estricto de prueba documental. 4) La Ley que Regula los Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico -EDL 2007/41808-, atribuye la condición de prueba documental a los soportes electrónicos en los que consten contratos. 5) La Ley Orgánica Procesal Militar -EDL 1989/12829- considera que los medios de audiovisión tienen el carácter de prueba documental. 6) Tanto el art.17 bis de la Ley del Notariado –EDL 1862/1- como el art.46.4 en relación con el art.45.5 LRJAP -EDL 1992/17271- consideran documentos públicos a determinados documentos en soporte electrónico. Y el art.3.6 de la Ley de Firma Electrónica -EDL 2003/149996- establece que el documento electrónico puede ser soporte de documentos públicos y privados. Como quiera que el art. 317 y el art. 319.2 de la LEC, son normas incompletas que se remiten a las citadas, parece claro que los citados soportes electrónicos serán prueba documental. 7) Un concepto amplio de prueba documental permite mitigar las perturbaciones que ocasiona la inexistencia de un concepto unitario y global de documento, aplicable a todas las ramas del Derecho, evitando una ruptura con el concepto amplio de documento manejado en la mayoría de las normas sustantivas. Y 8) un concepto amplio de este medio probatorio permite un mejor control suplicacional o casacional del acierto fáctico de instancia y, por tanto, de la justicia del caso. Por todo ello, en aras a la racionalidad del ordenamiento debe defenderse un concepto amplio de prueba. En el mismo sentido, STSJ Extremadura, Sala de lo Social, sec 1ª, de 19-3-09, núm 144/09, rec 1/09 -EDJ 2009/56861-, STSJ Andalucía (Granada) Sala de lo Social, sec 1ª, 7-1-10, núm 85/10, rec 2433/09 -EDJ 2010/338707-, STSJ Asturias Sala de lo Social, sec 1ª, 25-3-11, núm 861/11, rec 285/11 -EDJ 2011/73265- y muchas otras.

Desde el 1 de enero de 2016, todos los profesionales de la justicia están obligados a usar los sistemas informáticos en los procedimientos que se iniciaron a partir de esta fecha. También, de conformidad con lo dispuesto en el art.230 LOPJ -EDL 1985/8754-, todos los órganos jurisdiccionales se encuentran igualmente obligados a utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, puestos a su disposición para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, con las limitaciones que se establecen en materia de protección de datos de carácter personal y las demás leyes que resulten de aplicación.

También, a partir del uno de enero de 2017, estarán obligadas las personas que, sin representación o asistencia por un profesional de la Justicia, estén obligadas a comunicarse a través de medios electrónicos con la Administración de Justicia. Además, a partir de esta fecha, los ciudadanos podrán ejercer su derecho a relacionarse telemáticamente con esta administración cuando no sea perceptiva la intervención de un profesional.

Sin embargo, creo que, pese a tales relevantes y progresivas novedades, los Juzgados y Tribunales del orden social no pueden todavía obligar a las partes a que aporten la prueba documental, en el acto de la vista, en soporte electrónico.

El proceso ordinario social y sus correspondientes modalidades procesales guardan similitud con los juicios verbales civiles regulados en la supletoria LEC (en especial, art.265.4 -EDL 2000/77463-: «En los juicios verbales, el demandado aportará los documentos, medios, instrumentos, dictámenes e informes a que se refiere el apartado 1, en el acto de la vista», art.437.1, 440.1).

Por ello, es en la fase de prueba del juicio laboral cuando las partes deben proponer las pruebas de las que intenten valerse y hayan aportado y puedan, como regla, practicarse en dicho acto, «respecto de los hechos sobre los que no hubiere conformidad (...) siempre que aquéllas sean útiles y directamente pertinentes a lo que sea el objeto del juicio y a las alegaciones o motivos de oposición previamente formulados por las partes» (art.87.1 LRJS -EDL 2011/222121-).

Más, en concreto, sobre la documental se expresa en el art.94.1 -EDL 2011/222121-: «De la prueba documental aportada, que deberá estar adecuadamente presentada, ordenada y numerada, se dará traslado a las partes en el acto del juicio, para su examen».

Pero esta norma no hace ninguna precisión referida a la exigencia de que la aportación tenga que realizarse a través de medios electrónicos o informáticos y tal falta de referencia no significa ausencia de regulación, o de previsión, sino amplia posibilidad respecto a la forma de presentación de la prueba documental en el acto del juicio.

Es cierto que el art.273 LEC -EDL 2000/77463- (en versión dada por la L 42/2015, de 5 octubre EDL 2015/169101-) obliga a todos los profesionales de la justicia al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y demás documentos pero también lo es que la aplicación de esta norma es supletoria, es decir, cuando no hay regulación en la norma laboral, cuya omisión debe integrarse, no cuando existe regulación y ésta representa una posibilidad amplia de aportación.

La L 36/2011, de 10 octubre, reguladora de la jurisdicción social -EDL 2011/222121- ha mantenido en su integridad los clásicos principios del proceso social («el texto actual consolida los principios rectores, distribución de reglas y organización interna de la anterior, de probada eficacia para la resolución de los conflictos en un tiempo menor al que se requiere en otros órdenes jurisdiccionales y altamente valorada por los profesionales que han debido aplicar la misma» -según Preámbulo), entre ellos los de inmediación, oralidad, concentración y celeridad, los que deben orientar la interpretación y aplicación de las normas procesales tanto del proceso ordinario como las propias de las modalidades procesales reguladas en la presente Ley», según art.74 LRJS).

Como expresa la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en sentencia de 2-12-14, rec 97/13 -EDJ 2014/253972-, dichos principios están dotados de tal fuerza que excluyen o modulan, en su caso, la posible aplicación supletoria de las normas procesales civiles o contencioso administrativas, al disponer la Disp Final 4ª LRJS -EDL 2011/222121- que «En lo no previsto en esta Ley regirá como supletoria la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463- ».

Por lo tanto, insistimos, no se trata de una falta de previsión de la LRJS -EDL 2011/222121- respecto a la aportación informática de la documental sino que lo único exigido es que tal prueba documental aportada sea adecuadamente presentada sin que la «adecuación» se contraiga a la única aportación en soporte electrónico, lo que incluso haría más difícil la efectividad de los principios de inmediación, oralidad, concentración y celeridad, que justifican la aplicación preferente de la norma procesal laboral y con la amplitud que ésta representa.

Por ello, como los interesados no están obligados a aportar la prueba documental en soporte electrónico, si no han optado por ello, se presentará en soporte papel en el juicio, excepción también prevista en la nueva normativa.

Así lo justifica que tal posibilidad en soporte electrónico, siquiera como modalidad de aportación preferente (en soporte preferiblemente informático), se refiera en la ley procesal laboral, en el art.82.4 LRJS -EDL 2011/222121-, pero solo respecto al supuesto de aportación anticipada de la prueba documental o pericial y con cinco días de antelación al acto de juicio.

Valorando entonces judicialmente que, en este caso concreto, pudieran concurrir circunstancias de volumen o complejidad en algunas de las concretas pruebas solicitadas que aconsejaran la adopción de la medida, y no de forma genérica o global ni dejando al arbitrio de una u otra parte, en su caso, la valoración subjetiva de las concurrencias de aquellas circunstancias en las pruebas documentales o periciales. Se dispone por ello que «De oficio o a petición de parte, podrá requerirse el previo traslado entre las partes o la aportación anticipada, en soporte preferiblemente informático, con cinco días de antelación al acto de juicio, de la prueba documental o pericial que, por su volumen o complejidad, sea conveniente posibilitar su examen previo al momento de la práctica de la prueba» (art.82.4 LRJS -EDL 2011/222121-).

Adicionalmente, como si se tratara de «conclusiones complementarias», «si las pruebas documentales o periciales practicadas resultasen de extraordinario volumen o complejidad, el juez o tribunal podrá conceder a las partes la posibilidad de efectuar sucintas conclusiones complementarias, por escrito y preferiblemente por medios telemáticos, sobre los particulares que indique, en relación exclusiva con dichos elementos de prueba, dentro de los tres días siguientes, justificando haber efectuado previa remisión a las demás partes comparecidas por los mismos medios. Durante el referido período, los documentos o pericias estarán a disposición de las partes en la oficina judicial y una vez transcurrido, háyanse presentado o no alegaciones, se iniciará el plazo para dictar sentencia» (art.87.6 LRJS -EDL 2011/222121-).

Solo en este caso se hace referencia a la aportación, con cinco días de antelación, a través de tal soporte informático y «preferentemente», que no de forma exclusiva. Por lo que, existiendo tal posibilidad «preferente», que no excluye tampoco la aportación por otros medios (en papel) con antelación al juicio, carece de sentido exigir, en el mismo acto del juicio, la aportación exclusiva a través de medios informáticos, excluyendo el papel, de la prueba documental.

Esta previsión específica del art.84.2 LRJS -EDL 2011/222121- no podría servir entonces para generalizar la obligación del uso de medios electrónicos porque este precepto se está refiriendo a casos en que, por su volumen o complejidad sea conveniente posibilitar su examen previo al momento de la práctica de la prueba. De tal forma que, si la prueba documental se aporta en juicio, no puede restringirse tal posibilidad de aportación, impidiendo hacerlo a través de medios que no sean informáticos o, como sucede en la generalidad de los casos, a través del papel. A menos que se reforme en este aspecto la propia Ley de la Jurisdicción Social.

Cuestión distinta es reconocer la facultad de las partes de aportar la prueba en tal soporte electrónico o en papel, indistintamente. No olvidemos que la Reguladora de la Jurisdicción Social proclama su «inequívoca voluntad modernizadora del procedimiento».

En este supuesto de aportación electrónica sería necesario comunicar esa posibilidad en la cédula de citación a juicio e incluso, más que conveniente, ha de entenderse obligado que las partes comuniquen con antelación al acto de la vista el medio de aportación para facilitar el traslado de la documental en referido acto.

Tal posibilidad de aportar documental en soporte electrónico ya puede hacerse efectiva, además, desde el punto de vista material, considerando la obligación (art.230 LOPJ -EDL 1985/8754-, modificado por LO 7/2015, de 21 julio -EDL 2015/124945-) existente para los Juzgados y Tribunales, y las Fiscalías, de utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, y telemáticos puestos a su disposición para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones.

El art.82.3. LRJS -EDL 2011/222121- obliga a que en las cédulas de citación se haga constar que los litigantes han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse, y tal propósito informativo ha de extenderse no solo al tipo de prueba sino también, en este caso, a su formato, con el fin de advertir no solo a las partes, sino incluso al propio órgano, y prevenirle respecto a la necesidad de que los medios técnicos, electrónicos, que se requerirán, se encuentren en perfecto estado y plena disponibilidad.

Decíamos que el proceso ordinario social, y sus correspondientes modalidades procesales, guardan similitud con los juicios verbales civiles. Sin embargo, como medida para mejorar el proceso de juicio verbal, se introduce, en el orden civil, la figura de la contestación escrita a la demanda, con lo que el demandante irá a juicio conociendo los motivos de oposición del demandado. La contestación de la demanda deberá ser por escrito en el plazo de diez días desde el emplazamiento.

La novedad supone la adecuación de todos los preceptos de la LEC-EDL 2000/77463- relacionados con dicho trámite del juicio verbal y de los diferentes procesos cuya regulación se remite al mismo De esta forma, se posibilitará que las partes puedan acudir a la vista con los medios de prueba precisos, lo que no sucede en el proceso laboral. De esta manera el demandante comparecerá en el juicio civil conociendo los motivos de oposición del demandado, garantizando su derecho a la práctica efectiva de pruebas en igualdad de armas

Velando también por esta igualdad de armas, y porque, además, no existe tal contestación, trámite anterior al juicio, considero que, en el proceso social las partes están obligadas a comunicar con antelación al acto de la vista el medio de aportación para facilitar el traslado de la documental en tal acto

A esta exigencia puede conducir le hecho de que el Juez, si es «garante ordinario de los derechos fundamentales y libertades públicas de empresarios y trabajadores», tiene que adoptar las medidas oportunas evitar la indefensión y garantizar la igualdad de las partes (art.24 Const -EDL 1978/3879- y 75.1 LRJS -EDL 2011/222121-): «Los órganos judiciales (...) corregirán los actos que, al amparo del texto de una norma, persigan un resultado contrario al previsto en la Constitución y en las leyes para el equilibrio procesal, la tutela judicial y la efectividad de las resoluciones»).

Incluso pudiera defenderse la posibilidad de una suspensión en el acto del juicio, por el tiempo imprescindible, para el análisis de tal documental cuando se presente en soporte informático, y en muy especiales casos, si resulta dificultosa la valoración de su contenido y alcance, por tal especificidad informática, que siempre representa un elemento adicional, e interpuesto (respecto a la inmediación que representa el papel) y como tal generador de complejidad mayor.

Es decir, tales eventualidades cuando la aportación electrónica comprometa el derecho de defensa, al ser necesario garantizar la igualdad de las partes (pensemos el supuesto en el que el trabajador no esté asistido por Letrado o Graduado Social, lo que pudiera representar, de aportarse la prueba en soporte electrónico, la necesidad de nombrar a un profesional para equilibrar la situación de las partes.

En cualquier caso, la prueba documental aportada, siquiera en formato o versión informática, deberá estar adecuadamente presentada, ordenada y numerada. Esto significa que los escritos y documentos presentados por vía telemática o electrónica indicarán el tipo y número de expediente y año al que se refieren e irán debidamente foliados mediante un índice electrónico que permita su debida localización y consulta, como es obligado.

Del juego de los art.273 LEC -EDL 2000/77463- (versión dada por la L 42/2015, de 5 octubre -EDL 2015/169101-, aplicable con carácter supletorio al proceso laboral) y 230 LOPJ -EDL 1985/8754- (modificado por LO 7/2015, de 21 julio -EDL 2015/124945-), se deduce que todos los profesionales de la justicia están obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos, iniciadores o no, y demás documentos, desde el 1-1-2016, y las personas que no estén representadas por procurador, a partir del 1-1-2017. Estas últimas han podido elegir, en principio hasta el 1-1-2017, en todo momento si actúan ante la Administración de Justicia a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la misma.

La presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos se debe efectuar a través del sistema Lexnet (sistema electrónico utilizado para las comunicaciones seguras entre los órganos judiciales, y entre éstos y una gran diversidad de operadores jurídicos) o mediante la sede judicial electrónica correspondiente (art.8.1 RD 1065/2015 -EDL 2015/216378-). El medio utilizado debe garantizar la autenticidad de la comunicación, así como que quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y la fecha en que se hicieren.

La presentación de escritos y documentos se sujetan a los siguientes requisitos:

1. Han de indicar el tipo y número de expediente y año al que se refieren, el órgano al que se dirigen y deben ir debidamente foliados mediante un índice electrónico que permita su debida localización y consulta. Este formulario normalizado se debe ajustar a las disposiciones reglamentarias (Reglamento CGPJ 2/2010, Acuerdo 25-2-2010 -EDL 2010/10912-).

2. Los documentos que se acompañen al correspondiente escrito o comunicación, deben cumplir los estándares de formato y requisitos de seguridad que se determinen en el marco institucional de cooperación en materia de administración electrónica.

3. La presentación se debe realizar empleando firma electrónica reconocida.

4. Únicamente de los escritos y documentos que se presenten vía telemática o electrónica que den lugar al primer emplazamiento, citación o requerimiento del demandado o ejecutado, se debe aportar en soporte papel, en los tres días siguientes, tantas copias literales cuantas sean las otras partes.

5. Se deben presentar en soporte papel los escritos y documentos cuando expresamente lo indique la ley. De todo escrito y de cualquier documento que se aporte o presente en soporte papel y en las vistas se han de acompañar tantas copias literales cuantas sean las otras partes.

6. No puede exigirse a ciudadanos, profesionales o Administraciones que aporten la documentación que les sea requerida o de la que pretendan valerse en soporte papel, salvo que ello sea preciso para determinar la autenticidad de su contenido o cuando legal o reglamentariamente se autorice de forma expresa.

Lamentablemente estas previsiones puestas en conexión con la implantación progresiva del expediente electrónico no han sido debidamente coordinadas con la reforma paralela del articulado de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social -EDL 2011/222121-, lo que demuestra una vez más improvisación e incuria en la actuación del legislador, generando a los operadores jurídicos incertidumbre y preocupación, por cuanto, y sin ánimo de agotar la casuística, en su art.82.3, sin mayores precisiones, sigue manteniendo en las cédulas de citación se hará constar que los litigantes han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse; su art.87.1 continúa refiriendo se admitirán las pruebas que se formulen y puedan practicarse en el acto del juicio respecto de los hechos sobre los que no hubiere conformidad; y en su art.94.1 que de la prueba documental aportada, (sin especificar haya de serlo en soporte electrónico o en papel, o permitiendo indistintamente ambos soportes) que deberá estar adecuadamente presentada, ordenada y numerada, se dará traslado a las partes en el acto del juicio, para su examen.

En esta auténtica ceremonia de la confusión del marco procesal laboral hemos de dar respuesta a la pregunta de si pueden los Juzgados y Tribunales obligar a las partes a que aporten la prueba documental en el acto de la vista en soporte electrónico, o si, por el contrario, es un derecho que asiste a los profesionales el continuar presentando dicha prueba documental al juicio en soporte papel.

El propósito del legislador, dados los términos taxativos de redacción del art.273 LEC -EDL 2000/77463-, es inequívocamente expresivo de que todos los profesionales están obligados, y no meramente facultados, al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos, iniciadores o no, y demás documentos. No puede ser de otra manera si se quiere hacer real y efectiva la implantación del expediente judicial electrónico, lo que permitirá la progresiva superación de una secular tradición jurídica basada en el papel y la adecuación de la Justicia española a los nuevos tiempos.

Ante esta falta de previsión, y esbozando lo que podría ser una propuesta de actuación , entiendo que los Juzgados y Tribunales, inexcusablemente, han de requerir a las partes en el auto de admisión y/o denegación de pruebas, con la debida antelación a la celebración del juicio, (10 días estimamos podrían ser suficientes) a que las pruebas documentales se presenten preceptivamente en soporte electrónico, y no en papel, a través de Lexnet, adecuadamente, ordenadas y numeradas, precisando el número de folios que contiene cada documento, mediante un índice que permita su debida localización y consulta (art.273 LEC -EDL 2000/77463- y 90.1 LRJS -EDL 2011/222121-). En caso de presentarse indebidamente en papel siempre sería posible, para salvar la tutela judicial efectiva no generando indefensión, en aplicación del art.273.5 LEC, que por el letrado de la Administración de Justicia se conceda un plazo máximo de cinco días para su subsanación. Una vez aportada la prueba con los condicionantes antes expresados en el propio auto de admisión de la prueba se advertirá a las partes que queda a su disposición en Secretaría para su examen.

A tal fin, y en tanto no se produzca la imprescindible y urgente clarificación del legislador mediante la reforma de los pertinentes preceptos de la LRJS -EDL 2011/222121-, puede ser útil tomar como orientación, con las necesarias cautelas y adaptaciones, el art.82.4 LRJS, que permite el que de oficio se requiera a las partes la aportación de prueba documental o pericial anticipada, eso sí, ampliando un poco más el plazo que pasaría de los 5 a los 10 días antes de la celebración del juicio, para así dar tiempo a resolver posibles incidencias, y prescindiendo del volumen o complejidad de la prueba. Nótese la nueva LRJS fue innovadora en este aspecto respecto a la precedente LPL –EDL 1995/13689-, si bien ello era práctica habitual en algunos Juzgados de lo Social con base a los art.328 y 338.2 LEC -EDL 2000/77463-.

Caso de que posteriormente a la práctica de la prueba documental anticipada se haga necesario presentar nueva prueba documental, eso sí, hasta el momento inmediatamente anterior a la celebración del juicio, no parece haya inconveniente en poder proponerla por vía telemática y admitirla, dando la posibilidad a la otra parte de examinarla en Secretaría, en cuanto aparezca como útil y pertinente para la defensa, al no estar en el espíritu de la LRJS -EDL 2011/222121- cercenar o limitar los medios de prueba al momento mismo de la prueba anticipada (STSJ Madrid 22-2-13, rec 6178/12 -EDJ 2013/36350-).

1. El planteamiento de las tres cuestiones que encadenadamente se suscitan se enmarca en el escenario de efectiva implantación del expediente judicial electrónico en juzgados y tribunales del orden jurisdiccional social.

Tales cuestiones ponen de manifiesto al menos dos planos de la problemática: uno, de índole legal y de técnica legislativa; y otro material o prestacional relativo a la efectiva puesta a disposición de medios tecnológicos suficientes e idóneos por parte de la Administración de Justicia (estatal o autonómica, según haya o no transferencias en materia de justicia).

2. El tratamiento normativo de la cuestión revela la existencia de un desajuste entre los avances normativos en materia de justicia digital y la legislación procesal laboral contenida en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social -EDL 2011/222121-. Es evidente que la digitalización del proceso no está bien vertebrada en la legislación procesal laboral.

La insuficiencia o la falta de previsión expresada en la LRJS -EDL 2011/222121- está teniendo en la práctica respuestas diversas por los juzgados de lo social al momento de dar solución al problema del modo de aportar la prueba documental en el acto de la vista cuando el expediente digital es el cauce de desarrollo del procedimiento

La falta de uniformidad en las respuestas provoca a su vez un problema de uniformidad en la interpretación y aplicación de las normas procesales. Ello juega claramente en detrimento de la igualdad y previsibilidad en la aplicación de las leyes procesales según sea el criterio seguido por cada juez en el juicio laboral.

En todo caso, cualquiera que sea el criterio adoptado por el juez social en orden a la práctica e incorporación de la prueba documental en el proceso laboral englobado en el expediente judicial electrónico, la denominada «línea roja» se hallará siempre en evitar la indefensión de las partes.

3. Ahora bien, sentada toda proscripción de indefensión en el control y práctica de los medios probatorios, y más allá de la concreta actuación práctica que ordene el juez en el momento de aportación e incorporación de la prueba documental con el expediente digital, resulta de relevante interés jurídico determinar conforme al nuevo panorama legislativo descrito en la cuestión suscitada, el modo o sistema de articular esa aportación de la prueba documental y su traslado en el acto de la vista cuando el proceso se encuentra completamente digitalizado. Estamos, pues, ante el plano real o material de resolución de la cuestión.

4. Las soluciones prácticas resultan fácilmente imaginables. Pueden ir desde ordenar el juzgado que la prueba documental se presente en soporte informático y se garantice su visualización en una pantalla de ordenador o sistema análogo puesto a disposición por la Administración de Justicia y que esté a la vista de todas las partes; o bien considerar que sea cada profesional el encargado de traer los medios telemáticos oportunos para poder visualizar la documental aportada por la parte contraria, o admitir, preferentemente, la aportación en soporte electrónico de la documental para su debida incorporación al expediente digital, y para el que caso de que no fuera posible, el órgano judicial garantice que en todo caso se realice la aportación en soporte papel en todo caso.

Que estas opciones prácticas, o bien otras análogas, se empleen no impiden explorar los fundamentos jurídicos que enfoquen adecuadamente la cuestión.

5. La obligatoriedad del uso de los sistemas telemáticos o electrónicos por parte de todos los profesionales de la justicia, así como la obligación de todos los juzgados y tribunales de utilizar los medios telemáticos puestos a su disposición, presenta, por lo pronto, una aplicación temporal a partir de la entrada en vigor de los preceptos que lo ordenan (1-1-2016), y las personas que no estén representadas por procurador , pueden elegir, en principio hasta el 1-1-2017, en todo momento si actúan ante la Administración de Justicia a través de medios electrónicos o no, salvo que esté obligadas a través de medios electrónicos con la misma. Previsión ésta última que puede tener cierto interés en el proceso laboral en el que no es preceptiva la postulación.

6. No podemos obviar que estamos ante un problema aplicativo de fuentes normativas. La L 18/2011 reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia -EDL 2011/118593- es según su Disposición adicional séptima una ley transversal y complementaria. Según establece dicha disposición tiene «carácter transversal para todos los órdenes jurisdiccionales» y complementará la legislación vigente en lo concerniente al uso de las tecnologías de la información y comunicación en la Administración de Justicia». Si es complementaria de la legislación reguladora de las TICs en la administración de Justicia, implicará que, en la prelación de fuentes aplicable por razón de la materia, haya que acudir en primer término al resto de disposiciones que aborden la cuestión, a saber: en primer lugar, a la LOPJ -EDL 1985/8754- en cuanto norma de mayor rango en la materia, y después, en cada orden jurisdiccional, su legislación procesal específica, sin perder de vista que la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme a su art.4 -EDL 2000/77463-, constituye a su vez la legislación supletoria aplicable al resto de los órdenes jurisdiccionales, entre ellos el social.

7. Se ha señalado que la LRJS -EDL 2011/222121- no prevé norma específica sobre el modo de aportar la documental (también de realizar otras actuaciones procesales) operando el expediente judicial electrónico. La interpretación y aplicación de las normas procesales que se contienen en la L 18/2011 -EDL 2011/118593- (especialmente, el Capítulo IV art.36 a 43 sobre tramitación electrónica), normativa en gran medida también reproducida en la LEC -EDL 2000/77463- y LOPJ -EDL 1985/8754- en las versiones reformadas por citadas leyes de 2015, no pueden hacerse de manera aislada cuando se tengan que aplicar, como en nuestro caso sucede, al proceso laboral que no se ha reformado en esta materia. Es decir, ni los criterios de temporalidad (lex posterior derogat anterior) ni el de especialidad (lex specialis derogat generalis) resuelven el problema de integración legal.

8. Es el concepto de complementariedad pero aplicado al ámbito de la materia de complemento, concretamente que se refiere al suministro de medios materiales, el determinante en la respuesta a la cuestión planteada en el foro.

Las nuevas obligaciones sobre uso de medios tecnológicos vinculados al expediente judicial electrónico reguladas en las tres leyes indicadas (LOPJ -EDL 1985/8754-, LEC -EDL 2000/77463- y L 18/2011 -EDL 2011/118593-) unas se refieren a la propia prestación de la actividad de impartición de justicia, pero otras están referidas al suministros de medios personales y materiales necesarios para el funcionamiento de la administración de justicia.

Estamos ante dos ámbitos o dimensiones de la Administración de Justicia bien diferentes que desde luego condicionan su labor de complemento aplicativo en el proceso laboral según exista o no base legal previa en la norma a complementar.

9. Las nuevas previsiones legales contenidas en las L 18/2011 -EDL 2011/118593-, LOPJ -EDL 1985/8754- y LEC -EDL 2000/77463- en principio están llamadas a complementar lo establecido en las normas procesales, tanto las referidas a la prestación de la actividad de impartición de justicia como las referentes a los medios materiales y personales necesarios para el funcionamiento de la administración de justicia.

En principio, podría sostenerse que si las normas procesales guardan silencio sobre la materia –y constatamos que en la LRJS no hay base aplicativa para que puedan complementarse con la nueva regulación de la LOPJ -EDL 1985/8754- y LEC -EDL 2000/77463- el modo de articular la práctica de la documental y traslado de la misma en el acto de juicio en el proceso laboral (art.94.1 y 82.3 LRJS -EDL 2011/222121-)- la nueva normativa procesal referida contenida en otros cuerpos legales no puede resultar aplicable toda vez que no desarrolla ni complementa algo previamente determinado en la LRJS por la sencilla razón de que este cuerpo legal procesal ignora la realidad del expediente judicial electrónico.

Ahora bien el concepto de complementariedad que maneja la L 18/2011 -EDL 2011/118593- no condiciona su aplicación efectiva al desarrollo del ámbito de la norma legal aplicada. El criterio de complementariedad en su vertiente conceptual no resuelve el problema. Es evidente que las nuevas normas que regulan obligaciones procesales y de uso de nuevas tecnologías en el proceso son también aplicables al proceso laboral, aunque la LRJS -EDL 2011/222121- no aluda a ellas.

Por tanto, desde una concepción procesal podría sostenerse que es ajustado a la normativa complementaria y supletoria a la LRJS los mandatos de la LOPJ -EDL 1985/8754- y LEC -EDL 2000/77463-, así como la L 18/2011 -EDL 2011/118593- que los Juzgados y Tribunales obliguen también a las partes (y profesionales que asisten y/o representan) aportar la prueba documental en el acto de la vista en soporte electrónico para su debida incorporación al expediente electrónico.

Sin embargo, considerando que las referidas normas de aplicación complementaria y supletoria no contemplan obligaciones estrictamente jurisdiccionales sino prestacionales de suministro de medios tecnológicos idóneos dirigidos a una digitalización completa del proceso (lo que define legalmente el expediente judicial electrónico (art.26.1 Ley 18/2011 -EDL 2011/118593-) la obligación de las partes a la hora de «practicar» (aportar y dar traslado) la prueba documental en el acto de la vista en el proceso laboral están condicionadas a la efectivo e idóneo suministro de medios materiales tecnológicos que garanticen la correcta práctica de la prueba, sin espacio posible a la indefensión.

10. En consecuencia, mientras no haya una reforma de la LRJS -EDL 2011/222121- que regule expresamente esta materia, la aplicación complementaria (y supletoria, en el caso de la LEC -EDL 2000/77463-) de esas obligaciones legales de uso de medios telemáticos (incluida el modo de aportación de la prueba documental) sólo es exigible por los juzgados y tribunales a las partes cuando la Administración de Justicia proporcione medios idóneos. Ello no obsta a que siendo insuficientes los medios que ponga a disposición la Administración de Justicia la parte tenga la facultad de aportar la prueba en soporte electrónico, pero no queda liberada de aportarla en soporte papel para asegurar en todo caso su traslado a la contraparte.

A partir de aquí la respuesta a la cuestión sobre si cabría comunicar esa previsión en la cédula de citación a juicio, bien puede considerarse una práctica dirigida a avanzar en hacia la preferencia de la máxima digitalización del proceso, pero nada más. Tampoco tendría un componente obligatorio que las partes debieran comunicar con antelación al acto de la vista el medio de aportación para facilitar el traslado de la documental en el acto de la vista, sin perjuicio de que de hacerlo contribuiría también al progresivo avance de la digitalización y, lo que sin duda se reforzaría si se incorporase en un futuro en la LRJS -EDL 2011/222121-.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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