El Derecho

SOCIAL

Procedimiento de oficio del art. 148 b) y acumulación de demandas individuales

Coordinador: Francisco Javier Lluch Corell

Magistrado de la Sala de lo Social del TSJ Comunidad Valenciana.

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Los arts. 7 y 8 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) -EDL 2011/222121- atribuyen a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional el conocimiento en única instancia de los procesos de oficio previstos en la letra b) del art. 148 de la citada ley procesal. Conforme dispone este último precepto, el proceso podrá iniciarse de oficio como consecuencia "b) De los acuerdos de la autoridad laboral competente, cuando ésta aprecie fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión de los acuerdos de suspensión, reducción de jornada o extinción, a que se refieren el artículo 47 y el apartado 6 del artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores -EDL 1995/13475- y los remitiera a la autoridad judicial a efectos de su posible declaración de nulidad. Del mismo modo actuará la autoridad laboral cuando la entidad gestora de la prestación por desempleo hubiese informado que la decisión extintiva de la empresa pudiera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados, por la inexistencia de causa motivadora de la situación legal de desempleo".

Es decir, lo que se impugna por la autoridad laboral competente a través de este procedimiento, son los acuerdos alcanzados tras el periodo de consultas entre el empresario y la representación de los trabajadores en materia de suspensión, reducción de la jornada o extinción colectiva de los contratos de trabajo.

Lógicamente en la conclusión de tales acuerdos no han tenido ninguna participación directa los trabajadores de la empresa, sino que han sido sus representantes quienes los han suscrito. Ello explica que en el proceso de despido colectivo del art. 124 LRJS -EDL 2011/222121-, los trabajadores no son parte ni se contempla la acumulación de las eventuales demandas individuales, sino tan solo la suspensión de los procesos individuales que se hayan podido iniciar. En este precepto se contemplan, además, otras medidas adicionales para lograr una efectiva coordinación de lo resuelto en el proceso de despido colectivo con los procesos individuales, como la suspensión del plazo de caducidad de la acción de despido individual, la eficacia de la cosa juzgada de la sentencia colectiva etc.

Ahora bien, nada de esto se prevé en los artículos que regulan el procedimiento de oficio. Por el contrario, en el art. 150.2 a) -EDL 2011/222121- se dice, con carácter general, que los trabajadores perjudicados serán emplazados "y una vez comparecidos tendrán la consideración de parte". Y más aún, en el art. 31 LRJS se prevé una acumulación preceptiva de las demandas individuales a los procesos de oficio regulados en el art. 148.

La cuestión que se plantea a los integrantes de este foro, es si las reglas de los arts. 150.2 a) y 31 LRJS -EDL 2011/222121-, son también de aplicación a los procedimientos de oficio previstos en el art. 148 b) y, en consecuencia:

a) Si los trabajadores afectados por los acuerdos alcanzados entre la dirección de la empresa y la representación de los trabajadores deben ser emplazados y, por tanto, pueden ser parte en el proceso seguido ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

b) Si a tal proceso se deben acumular las demandas individuales que hubieren podido presentarse.


Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 2, el 18 de julio de 2013.

Dada la remisión que se efectúa en el último párrafo del art. 148 LJS -EDL 2011/222121-, en el procedimiento de oficio sobre impugnación de los acuerdos de suspensión, reducción de jornada o despido colectivo a la aplicación de las reglas de las letras a) y d) del apdo. 2 del art. 150 LJS, parece que no cabe eludir en el referido procedimiento la necesidad de emplazar a los trabajadores perjudicados, los cuales no tienen por qué ser necesariamente todos los trabajadores afectados por el acuerdo que se impugna ya que la norma constriñe el emplazamiento tan solo a los trabajadores perjudicados. Por otra parte dicho emplazamiento, además de venir exigido por el claro tenor del texto legal referenciado, cuya inobservancia resulta difícil, si no imposible, de justificar, posibilita la intervención de los referidos trabajadores cuyos intereses pueden no coincidir con las partes que han alcanzado el acuerdo impugnado que, como es lógico suponer, estarán interesadas en mantener la validez de aquel. De modo que la intervención en el procedimiento de oficio de los trabajadores perjudicados por el acuerdo puede contribuir a conocer la realidad y el alcance del fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en que se fundamenta la impugnación realizada por la autoridad laboral, facilitando los elementos de convicción necesarios para la constatación de las causas de impugnación. Dicho emplazamiento aparece, pues, como una garantía para el mejor conocimiento de los hechos en que se basa la impugnación realizada por la autoridad laboral y ningún perjuicio se deriva del mismo ya que si los trabajadores que se presumen perjudicados no comparecen, el procedimiento sigue de oficio aunque sin su asistencia que no es, por lo tanto, indispensable, aunque sí conveniente por las razones expuestas.

Relacionada con la necesidad del emplazamiento de los trabajadores perjudicados en el procedimiento de oficio, se encuentra la acumulación a dicho procedimiento de las demandas individuales en que concurran identidad de personas y de causa de pedir respecto de la demanda de oficio, aunque pendan en distintos juzgados o tribunales, establecida en el art. 31 de la LJS -EDL 2011/222121-, ya que de no emplazarse en el procedimiento de oficio a los trabajadores perjudicados es más que probable que la Sala en la que se siga dicho procedimiento no llegue a tener conocimiento de las demandas individuales cuya acumulación al procedimiento de oficio tampoco resulta discutible a la vista del referido art. 31.

Es cierto que en el art. 124 LJS -EDL 2011/222121- en el que se regula el procedimiento de impugnación de despido colectivo a instancias de los representantes de los trabajadores y cuya demanda también se puede fundar en que la decisión extintiva se haya adoptado con fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, no se prevé el emplazamiento de los trabajadores perjudicados, ni la acumulación de las demandas de impugnación del despido individual derivado de la decisión extintiva colectiva, es más dicha acumulación está prohibida, pero no parece que ello baste para excluir el emplazamiento de los trabajadores perjudicados del procedimiento de oficio ni para impedir la acumulación al procedimiento de oficio de las demandas individuales en que concurran identidad de personas y de causa de pedir ya que en cualquier caso se trata de dos procedimientos distintos, el del art. 124 LJS y el del art. 148.1 b) LJS, cuya regulación no tiene necesariamente por qué coincidir, aunque es cierto que sería lo más razonable al tener idéntico objeto.

1. Planteamiento. Dos son las cuestiones procesales que se plantean. La primera se refiere a la posibilidad legal de emplazamiento de los trabajadores afectados, en su consideración individual, en un proceso denominado de oficio cuyo objeto es impugnar un acuerdo colectivo con posibles irregularidades gestado entre empresario y representantes legales de los trabajadores (o, en su defecto, con los miembros de la comisión designada a la que alude el art. 41.4 ET -EDL 1995/13475- y art. 26 RD 1483/2012, de 29 octubre por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada -EDL 2012/224880-), figurando como parte legitimada activamente la Autoridad laboral. La segunda problemática tiene que ver con la posibilidad de acumular a ese proceso de oficio, las demandas individuales que los trabajadores presenten cuando concurran identidad de personas y de causa de pedir.

En principio, haciendo abstracción del órgano judicial competente para conocer del proceso de oficio ex art. 148 b) LRJS -EDL 2011/222121-, la norma procesal ofrece respuestas claras a estas cuestiones, puesto que: 1º) por una parte, dentro de las especialidades procedimentales del procedimiento de oficio, señala el art. 150.2 a) que el proceso judicial seguirá su curso, aun sin la presencia de los trabajadores perjudicados, lo que constituye una excepción a la regla general del art. 83 LRJS. Los trabajadores afectados, si comparecen, adquieren la cualidad de parte pero ciertas facultades (desistir o pedir la suspensión, y aunque no lo diga la ley, otros actos de disposición del proceso) les quedan limitadas. Estamos ante una excepción fundada en el carácter principal con que intervienen tanto la Autoridad laboral como el empresario, quedando los trabajadores en una posición medial o adjetiva, relevante sobre todo a efectos probatorios; y 2º) por otra parte, porque el art. 31 LRJS prevé la acumulación de las demandas individuales a los procesos de oficio cuando haya identidad de personas y causa de pedir, procediéndose así «aunque pendan en distintos juzgados o tribunales». Ahora bien, la respuesta a estas cuestiones, sobre todo a la segunda problemática (la acumulación de procesos), se complica si se tiene en cuenta la nueva atribución de competencia objetiva que los arts. 7 y 8 LRJS confieren a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional para el conocimiento en única instancia de los procesos de oficio previstos en la letra b) del art. 148 de la citada ley procesal.

2. Los trabajadores han de ser emplazados y pueden ser parte. La necesidad de emplazamiento en el procedimiento de oficio de los trabajadores afectados por el acuerdo resultante tras el periodo de consultas tiene, como hemos visto, base legal. La especialidad procedimental contenida en el art. 150.2 a) LRJS -EDL 2011/222121- es rotunda y no admite excepciones. Los trabajadores han de ser emplazados, y si comparecen tendrán la condición de parte, aunque sus facultades como parte en el proceso estén limitadas. Por tanto, en los términos del art. 80 b) LRJS son interesados que necesariamente han de ser citados a juicio, y si comparecen tienen la consideración de parte procesal (art. 150.2 b) porque a efectos procedimentales les pueden afectar directa e inmediatamente la parte dispositiva de la sentencia. El fundamento del procedimiento de oficio explica en cierta medida la configuración de quienes pueden ser parte en el mismo, con facultades limitadas con relación a los trabajadores. Hay un claro deseo de proteger los intereses económicos de los trabajadores en unos casos; en otros remediar una pasividad que puede obedecer al deseo de los trabajadores de evitar la indisposición o represalia de la empresa, y también en el caso evitar irregularidades en la obtención de prestaciones por desempleo por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de desempleo (arts. 51.6 y 47 ET -EDL 1995/13475- en relación con los arts. 11.4 y 22.2 del RD 1843/2012, de 29 octubre -EDL 2012/224880-). Con todo, su emplazamiento en el proceso y, de comparecer su consideración como partes en el proceso, no les puede facultar para que en dicho proceso de oficio se entre a conocer sobre el tema de fondo (el propio que determina las causas motivadoras de la reducción de jornada, la suspensión o la extinción del contrato de trabajo); la finalidad es mucho más limitada: examinar la génesis del acuerdo, que no su contenido salvo en la medida en que así sea preciso para determinar su validez. Finalmente, los representantes legales de los trabajadores, o en su defecto, los miembros de la comisión regulada en el art. 41.4 ET también habrán de ser emplazados, y de comparecer tendrán la condición de parte procesal (art. 19.5 LRJS).

3. No cabe la acumulación de procesos. Sin embargo, no es posible acumular al proceso de oficio iniciado al amparo del art. 148 b) LRJS -EDL 2011/222121-, del que conoce una Sala (TSJ o AN), las demandas individuales que los trabajadores pudieran haber presentado. No es aplicable el art. 31 LRJS. Lo que no quiere decir que no estemos ante un supuesto material que conforme o disponga a una acumulación de procesos si por tal entendemos la reunión de dos o más procesos declarativos que penden simultáneamente para que sean tramitados juntos y decididos por una misma sentencia, en todos aquellos casos en que por identidad o conexión entre las acciones ejercitadas sea conveniente evitar sentencias contradictorias, o simplemente, diferentes, y/o conseguir una economía procesal. Lo que sucede es que no cabe la acumulación de procesos porque la Sala de lo Social del TSJ o de la AN carece de competencia objetiva por razón de la materia para conocer en única instancia las demandas individuales de los trabajadores. La Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 77.2 LEC -EDL 2000/77463-), de aplicación supletoria (Disp. Final Cuarta LRJS y art. 4 LEC), prohíbe la acumulación de procesos cuando el tribunal carezca de competencia objetiva. Una interpretación literal del art. 31 LRJS no puede abonar, por tanto, la viabilidad de dicha acumulación. Es cierto que cuando se refiere al órgano judicial lo hace empleando indistintamente los términos Juzgados y Tribunales. También la regla general de homogeneidad de procedimientos a acumular -clásico requisito para proceder a la acumulación de procesos- no resulta exigible, pues el de oficio tiene sus especialidades frente a las propias de sustanciación de la demanda individual, que deberá ajustarse normalmente al cauce ordinario o, excepcionalmente, a otra modalidad procesal especial (por ejemplo, un proceso de tutela de derechos fundamentales). Sin embargo, siendo estos datos ciertos, hay otros obstáculos procesales, además del general de la falta de competencia objetiva, que vedan la acumulación al amparo del art. 31 LRJS. Por una parte, la pérdida de derechos procesales que la tramitación unificada comportaría resulta evidente por ejemplo en el terreno de los recursos. Pero es que, además, no hay superior común para resolver un eventual incidente en la acumulación de procesos. Adviértase que el art. 52 LOPJ -EDL 1985/8754- prohíbe que se susciten cuestiones de competencia entre Jueces y Tribunales subordinados entre sí.

4. Litispendencia y suspensión de los procesos individuales. Lo anterior no impide acudir a mecanismos procesales de prevención frente al riesgo de sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes. Se podría apelar al art. 78.1 LEC -EDL 2000/77463- que dispone que no procederá la acumulación de procesos cuando pueden evitarse aquellos riesgos mediante la excepción de litispendencia. No se nos escapa que la litispendencia exige identidad de acciones, mientras que la acumulación lo que exige es conexión entre ellas. En el art. 31 LRJS -EDL 2011/222121- se alude a la identidad de personas y causa de pedir. Ahora bien, ni material ni procesalmente cabe la acumulación de procesos -se insiste- por la razón de la falta de competencia objetiva del órgano colegiado conocedor del procedimiento de oficio, pero cabría invocar litispendencia en los procesos individuales que se sigan en los Juzgados de lo Social en los que se plantease esa acción de irregularidad en la gestación del acuerdo aunque fuera como base o antecedente del ejercicio de la impugnación del despido o de la decisión de reducción de jornada o suspensión del contrato. En todo caso, los procesos individuales que se sigan en el Juzgado de lo Social deberán ser suspendidos durante la tramitación del procedimiento de oficio en el órgano colegiado, hasta que recaiga resolución firme en dicho proceso. Este proceder encuentra su reflejo en el proceso de conflictos colectivos en el art. 160.5 LRJS.

Entendemos que las reglas de los arts. 150.2º a) y 31 LRJS -EDL 2011/222121- resultan igualmente aplicables a los supuestos en los que el procedimiento de oficio del art. 148 b) se siga ante las salas de lo social de los TSJ, porque el legislador no ha dispuesto lo contrario, ni establecido ninguna prevención al respecto a diferencia de lo que hace en el art. 124 LRJS en relación con los procedimientos individuales de despido coincidentes con la tramitación del despido colectivo.

El art. 150.2º -EDL 2011/222121- dispone de forma expresa que se emplazará a los trabajadores, que una vez comparecidos tendrán la consideración de parte, con la limitación de que no podrán desistir ni solicitar la suspensión del proceso, por lo que nos parece evidente que este precepto habilita la personación de los trabajadores cuyo emplazamiento es obligatorio con independencia de cuál pudiere ser el órgano del orden social de la jurisdicción competente para conocer del procedimiento de oficio.

Esto es así, porque el art. 150 LRJS -EDL 2011/222121- se refiere con carácter general a todas las posibles modalidades de procedimientos de oficio del art. 148, sin hacer distinción alguna del tipo de pretensión ejercitada por la autoridad laboral, ni del órgano judicial ante el que deba tramitarse.

El solo hecho de que deba tramitarse ante la sala social del TSJ no parece que haya de impedir la posibilidad de personación individual de los trabajadores afectados, cuando el legislador no ha vetado esta posibilidad, al contrario de lo que ya hemos dicho que ha dispuesto respecto a los despidos colectivos del art. 124 LRJS -EDL 2011/222121-.

Lo que por otra parte parece perfectamente acorde con la propia finalidad de este procedimiento, que no olvidemos que se trata de la eventual existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión del acuerdo con la representación de los trabajadores, de manera que pudieren existir incluso discrepancias e intereses enfrentados entre los trabajadores individualmente considerados, o una parte de ellos, y la representación colectiva de los mismos que formaliza esos acuerdos con la empresa, lo que justifica perfectamente la personación de los trabajadores que pudieren sostener posturas distintas a las de sus representantes y la empresa.

En el mismo sentido, el art. 31 LRJS -EDL 2011/222121- impone la obligada acumulación a los procesos de oficio de las demandas individuales en que concurran identidad de personas y de causa de pedir respecto a la demanda de oficio, lo que viene a ratificar la necesidad de permitir su personación en el procedimiento que pueda seguir ante la sala social del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

Y esta obligada acumulación de la acción individual en el proceso de oficio viene referida a todos los supuestos del art. 148 LRJS -EDL 2011/222121-, sin distinción alguna, por lo que resulta igualmente aplicable al supuesto regulado en el párrafo b) de dicho precepto legal.

Es cierto que el art. 31 -EDL 2011/222121- habla en su primer párrafo de la acumulación de asuntos que "pendan en distintos juzgados", sin hacer alusión expresa a la posibilidad de que el proceso de oficio pudiera tramitarse ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, pero no es menos cierto que en su inciso final dice expresamente que "Dicha acumulación se acordará por el juzgado o tribunal mediante auto", y con esa mención del término "tribunal" contrapuesta a la de "juzgado", viene a admitir la posibilidad de que las demandas individuales deban acumularse al procedimiento que se siga en la sala de lo social.

La circunstancia de que el legislador haya optado por imponer unas reglas diferentes en el caso de los despidos colectivos del art. 124 LRJS -EDL 2011/222121-, encuentra justificación en la propia naturaleza y finalidad del proceso de despido colectivo, en el que tiene toda la lógica impedir la personación individual de los trabajadores afectados y condicionar la resolución de los pleitos individuales al colectivo, sin acumular las demandas, teniendo en cuenta que las cuestiones particulares que puedan plantearse en los procesos individuales de despido van a ser muy diferentes a las que son objeto del proceso individual, como es fácil imaginar en relación con materias tales como antigüedad, salario, preferencias, etc. de cada uno de los trabajadores afectados.

Particularidades que no han de concurrir en los asuntos a que se refiere el art. 148, letra b) LRJS -EDL 2011/222121-, en los que la discusión versará sobre la concurrencia del fraude o vicios del consentimiento que afectarán por igual a la totalidad del acuerdo alcanzado entre la empresa y la representación de los trabajadores, lo que justifica esa diferencia de tratamiento jurídico en la regulación de la posibilidad de acumulación de los procesos individuales y colectivos.

En cualquier caso, la dicción literal de los arts. 150. 2º a) y 31 LRJS -EDL 2011/222121-, no parece ofrecer muchas dudas sobre la necesidad de emplazar a los trabajadores, permitiendo su personación, y de acumular las posibles demandas individuales al proceso de oficio, sea cual sea el órgano judicial competente para el conocimiento del asunto.

Los trabajadores afectados por los acuerdos alcanzados entre la dirección de la empresa y la representación de los trabajadores deben ser emplazados y, por tanto, pueden ser parte en el proceso de oficio seguido ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

La respuesta a la primera de las cuestiones suscitadas ha de ser positiva. Los trabajadores afectados también deben ser emplazados y, por lo tanto, pueden ser parte en el proceso seguido ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, pese a que en la conclusión de los acuerdos obtenidos en el período de consultas no hayan tenido ninguna participación directa, ya que fueron sus representantes quienes los negociaron y suscribieron.

El art. 150.2 a) LRJS -EDL 2011/222121- no puede ser más claro en sus términos. Así lo reconoce cuando expresa que a los trabajadores perjudicados se les emplazará al efecto y una vez comparecidos, tendrán la consideración de parte, si bien no podrán desistir ni solicitar la suspensión del proceso. Si se reconoce tal protagonismo, y se hace sin reservas en la regulación general, referida a la admisión de la demanda y a la tramitación del procedimiento de oficio, ninguna razón existe para excluir su emplazamiento en una modalidad concreta, la prevista en el antecedente apartado "b" del art. 148. A fin de cuentas, se trata tan sólo de una modalidad dentro de un proceso especial, resumidos sus diversos supuestos por la necesidad de relacionar a la Administración laboral y Jurisdicción social cuando de ordinario actúan de forma separada e independiente.

La impugnación por parte de la Autoridad laboral de los acuerdos en el período de consultas constituye además una de las modalidades clásicas, como lo es también la referida a la denuncia de perjuicios económicos padecidos por los trabajadores, de tal manera que cualquier excepción a su regulación general, y en concreto, la que imposibilitara el emplazamiento y comparecencia de los trabajadores afectados, sería incluso más llamativa.

No sería lógico llegar a otra conclusión porque el art. 17.1 LRJS -EDL 2011/222121-, regulador de la legitimación en el proceso social, nos dice que los titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo podrán ejercitar acciones ante los órganos jurisdiccionales del orden social, "en los términos establecidos en las leyes" y la ley que regula la materia, el antedicho art. 150.2.a LRJS, es, como indicamos, bien explícito, cuando alude a los trabajadores considerados individualmente. La postura de los trabajadores coincidirá además, normalmente, con la sostenida por la Administración, salvo que del acuerdo obtenido en consultas deriven consecuencias positivas, compensadoras o superadoras, de la extinción misma como, por ejemplo, indemnizaciones altas u otros beneficios, que puedan justificar una posición tendente a su defensa y no a su impugnación.

Negar tal posibilidad de ser parte supondría, además, cercenar el derecho reconocido en el art. 24 CE -EDL 1978/3879- y en el art. 4.2.g ET -EDL 1995/13475- cuando éste último habla del ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo. Dada la fuerza expansiva que tiene el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, el acuerdo, respecto al que se suscitan referidos vicios, no deja de ser el antecedente de la decisión extintiva colectiva y tiene también por ello una indudable trascendencia sobre los despidos individuales. Existe de esta forma una correspondencia objetiva por conexidad. Pese a la disparidad material de las pretensiones, si el proceso de oficio iniciado por la Autoridad laboral se dirige frente al acuerdo de consultas y en la posterior demanda de los trabajadores individuales se impugna por cada uno la decisión extintiva empresarial, la decisión acerca de la primera cuestión, antecedente de la decisión colectiva, interesa a los trabajadores individuales porque determina también a la postre la suerte del contrato de cada uno de los afectados.

A la solución positiva invita también la perspectiva histórica. Ya admitía la anterior norma procesal, en la misma modalidad del proceso de oficio, tal emplazamiento de los trabajadores individuales y sin restricción alguna, pese a que tampoco intervenían individualmente en la fase de negociación. Incluso se les permitía después impugnar el despido colectivo, antes ERE, en su condición de interesados, posibilidad brindada por el art. 19.1.a) de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa -EDL 1998/44323-, porque ostentaban un derecho o interés legítimo: el de estar afectados por la autorización administrativa a cuyo amparo se extinguían sus contratos de trabajo.

En cualquier caso, la condición de parte de los trabajadores en el proceso lo ha de ser con claras limitaciones y así no pueden desistir ni solicitar la suspensión del mismo y las sentencias habrán de ejecutarse siempre de oficio. Además, si ya han sido precisadas las causas de la demanda por la Autoridad laboral (dolo, coacción), sería discutible que les resulte permitido incluir otra u otras distintas, ampliando el objeto del proceso, ya que de admitirse la posibilidad de alegar vicios diferentes, también se les estaría otorgando a los trabajadores, de manera indirecta, la facultad de iniciarlo, lo que no ha previsto el legislador que se limita a permitir su intervención claramente restrictiva (en este sentido, por ejemplo, se expresó la STSJ Baleares de 21-9-2001. Rec. 359/2001 -EDJ 2001/57477-).

A tal proceso de oficio se deben acumular las demandas individuales que hubieren podido presentarse.

Respecto a la segunda de las cuestiones suscitadas, también la respuesta ha de ser afirmativa porque así lo dispone sin restricción el art. 31 LRJS -EDL 2011/222121-. A tal proceso iniciado por la Autoridad laboral se deben acumular las demandas individuales que hubieren podido presentarse siempre que concurran identidad de personas y de causa de pedir respecto de la demanda de oficio, aunque pendan en distintos juzgados o tribunales (pensando la Ley 3/2012 -EDL 2012/130651- en las competencias de las Salas de lo Social) y no, como en la regulación inicial de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en distintos juzgados de la misma circunscripción. Dicha acumulación se acordará por el tribunal mediante auto.

A diferencia de la anterior redacción, que, como indicábamos, disponía la acumulación siempre que tales demandas pendieran en juzgados de la misma circunscripción, la Ley 3/2012 -EDL 2012/130651- se acomoda a las competencias de las salas de los TSJ y de la Audiencia Nacional, reconocidas ya en los arts. 7 y 8 LRJS -EDL 2011/222121- (en única instancia de los procesos de oficio previstos en la letra "b" del art. 148 de esta Ley). Lo hace con el fin de unificar en un único proceso tanto las controversias individuales como colectivas y para ello no resultan inconvenientes las reglas sobre competencia territorial ni tampoco la diversa jerarquía de los órganos implicados.

La norma pretende además que la acumulación de autos se efectúe en todo caso, es decir, de oficio, aunque no aparezca tampoco impedida la solicitud de parte, pudiendo tanto los trabajadores como la Administración solicitar la reunión de los diferentes procesos en uno solo, que deberá ser, necesariamente, el de oficio (art. 31 LRJS -EDL 2011/222121-).

Por último, es necesario matizar que, de existir tan sólo la demanda de oficio, la representación común de los trabajadores afectados, cuando sean más de diez, a la que hace referencia el art. 149.2 LRJS -EDL 2011/222121-, ha de requerirse en el momento en el que se efectúe el emplazamiento. Pero si, además se han formalizado demandas individuales en referido número y, comprobadas las exigencias para ello, se han acumulado, es necesario también requerir la representación común a todos los que vayan a actuar como parte en el procedimiento único que resulte de tal acumulación.

Sin duda que los procedimientos de oficio son de los más peculiares del ámbito social, y más aún, cabe decir, tras la modificación de los expedientes de regulación de empleo, que eliminando la tradicional autorización administrativa, mantiene una cierta intervención de control de la autoridad laboral, precisamente a través de la posibilidad que regula el art. 148,b) LRJS -EDL 2011/222121-, de solicitar la declaración judicial de nulidad de los acuerdos de suspensión, reducción de jornada o extinción a que se refieren los arts. 47,6 y 51 ET -EDL 1995/13475-, cuando apreciara la posible existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión de los mismos.

Sin duda que existe una diversidad de temas complejos, conexos con esta acción de oficio, como el de los plazos para su ejercicio, ejecución, etc., especialmente si los acuerdos objeto de solicitud de control no han sido impugnados (en caso de haberlo sido cuando se presenta la demanda de oficio, rige la compleja regulación del art. 124,7 LRJS -EDL 2011/222121-), y uno de ellos es el que se plantea ahora, de la obligación o no del emplazamiento de los trabajadores afectados por el acuerdo discutido, y su condición en ese caso de parte, y la eventual acumulación al mismo de las demandas individuales que hubieran podido presentarse.

En mi opinión, varias cosas cabe decir al respecto, en relación con estas dos cuestiones:

a) Respecto a lo primero, del art. 150,2,a) LRJS -EDL 2011/222121- parece deducirse de modo claro la obligación de emplazar a los trabajadores afectados, que en caso de acudir al proceso, tendrán la consideración de parte, a todos los efectos, salvo la posibilidad de poder desistir o de solicitar la suspensión del proceso, expresamente prohibida por el mencionado precepto. Otra cosa es que los mismos, pese a ello, declinen el comparecer a juicio como parte, aceptando así las resultas del mismo sin su intervención en el proceso, pese a lo cual entiendo que se les debería de notificar igualmente la Sentencia que se dicte. Incide en esa misma dirección, a un mayor abundamiento, por la claridad del precepto, lo que se establece en el art. 149,2 LRJS, en general para todos los procesos de oficio (y por ende, también para los que se debate ahora, al no excluir a ninguno de ellos), de que cuando tales demandas afecten a más de diez trabajadores, el secretario judicial les requerirá para que designen representantes en la forma prevista en el art. 19 de la propia LRJS (dejando ahora de lado la eventualidad de que no todos los trabajadores afectados quieran mantener la misma línea de defensa, en los términos del art. 19,4 LRJS).

b) En esa misma dirección concentradora va encaminada la acumulación de las demandas individuales con los procesos iniciados a instancia de la autoridad laboral, a que se refiere el art. 31 LRJS -EDL 2011/222121-, que se acordará de oficio, mediante Auto irrecurrible (art. 30,3 LRJS que resulta aplicable), con el matiz de que concurran "identidad de personas y de causa de pedir respecto de la demanda de oficio", lo que puede dar lugar a problemas derivados de que, una u otra, no vayan dirigidas exactamente contra las mismas demandadas, si por ejemplo, se considera que existe grupo de empresas u otros responsables solidarios o subsidiarios, no incluidos en una u otra demanda. Y por supuesto, que la causa de pedir no sea la misma, pues en la demanda individual se puede plantear una impugnación del fondo de acuerdo, de la veracidad o concurrencia de la causa esgrimida para alcanzar el mismo (económica, técnica, organizativa o de producción), o en relación con la selección de los trabajadores afectados, que no se corresponde con la motivación restringida que permite el art. 148,b) LRJS para la demanda de oficio, que restringe el objeto del proceso: existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en el acuerdo alcanzado.

c) Entiendo que, si deciden comparecer, con esa cualidad de parte, y a salvo de la indisponibilidad del desistimiento o de solicitud de suspensión señaladas, podrán los trabajadores comparecientes alegar excepciones en su caso, proponer y practicar las pruebas que consideren pertinentes a su derecho, realizar alegaciones, etc., incluida la posibilidad de poder recurrir la Sentencia que se dicte. Aunque con la peculiaridad procesal de que la Sentencia se ejecutará siempre de oficio (art. 150,2,e) y 239,1, LRJS -EDL 2011/222121-), lo que parece así excluirles de tal posibilidad a estos trabajadores que hayan comparecido como parte. Lo que parece que puede ser una exclusión excesiva, según sea el alcance de la resolución judicial. En todo caso, se conforma una situación secundaria de los trabajadores individualmente considerados, que quizás quepa cuestionarse desde la perspectiva de una adecuada tutela judicial (art. 24,1 CE -EDL 1978/3879-), teniendo en cuenta que, de otra parte, entiendo que deberán de ser parte los representantes de los trabajadores con los que se haya concluido el acuerdo (representación unitaria o sindical), sobre los que no existe argumento ni mención restrictiva de su posición en el proceso.

La intervención administrativa en los expedientes de regulación de empleo actuando como árbitro en un conflicto entre sujetos privados, empresarios y trabajadores, se consideró por una parte de la doctrina contraria al art. 117.3 CE -EDL 1978/3879-, con efectos distorsionadores que ralentizaban la respuesta judicial y encarecían las indemnizaciones. De ahí que la reforma laboral 2012 haya suprimido esta autorización administrativa en los despidos colectivos, salvo en los supuestos de fuerza mayor, redefiniendo de forma sustancial la actuación de la autoridad laboral en el despido colectivo, ceñido, tras el RDL 3/2012 -EDL 2012/6702-, a velar por «la efectividad del periodo de consultas pudiendo remitir, en su caso, advertencias y recomendaciones a las partes que no supondrán, en ningún caso, la paralización ni la suspensión del procedimiento» (penúltimo párrafo del apdo. 2 del art. 51 ET -EDL 1995/13475-, en la redacción dada por el RDL 3/2012). Con todo, no se puede negar que esta supresión de la autorización administrativa puede "radicalizar" el conflicto, razón por la que el legislador se ha visto obligado en la Ley 3/2012, de 6 julio, a modificar el art. 51.2 ET, ampliando el papel de la autoridad laboral, la cual, durante el periodo de consultas, a petición conjunta de las partes, podrá realizar "las actuaciones de mediación que resulten convenientes con el fin de buscar soluciones a los problemas planteados por el despido colectivo", y con la misma finalidad "podrá realizar funciones de asistencia a petición de cualquiera de las partes o por propia iniciativa". En esta misma línea se inscribe el art. 4.2 de la Directiva 98/59/CE, de 20 julio, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos -EDL 1998/47604-, previendo que la autoridad pública competente busque «soluciones a los problemas planteados por los despidos colectivos considerados».

La Administración laboral ha retenido algunas facultades de control sobre el contenido de la negociación colectiva actuando en defensa de la legalidad y de los derechos e intereses de los terceros y, en este orden de ideas, dispone el art. 148 b) LRJS -EDL 2011/222121- que el proceso podrá iniciarse de oficio como consecuencia de los acuerdos de la autoridad laboral competente, cuando ésta apreciara fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión de los acuerdos de suspensión, reducción de la jornada o extinción a que se refieren el art. 47 y el apdo. 6 del art. 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores -EDL 1995/13475-, y los remitirá a la autoridad judicial a efectos de su posible declaración de nulidad. Del mismo modo actuará la autoridad laboral cuando la entidad gestora de la prestación por desempleo hubiese informado que la decisión extintiva de la empresa pudiera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados, por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de desempleo. Al contrario de lo que previenen los arts. 41.4 y 82.3 ET, el 51 ET no dispone que cuando el período de consultas concluya con acuerdo «se presumirá que concurren las causas justificativas». La autoridad laboral puede impugnar los acuerdos adoptados en el periodo de consultas cuando estime que estos se han alcanzado mediante fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, pero en cambio no está legitimada para impugnar la decisión extintiva empresarial adoptada sin acuerdo en el periodo de consultas por entender que se ha adoptado con fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, como por el contrario sí lo están los representantes legales o sindicales de los trabajadores, de conformidad con la letra c) del apdo. 2 del art. 124 LRJS.

El despido colectivo debe ir precedido de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores de una duración no superior a treinta días naturales, o de quince en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores (párrafo primero del apdo. 2 del art. 51 ET -EDL 1995/13475-), consulta que deberá versar, «como mínimo», en armonía con el art. 2.2 de la Directiva 98/59/CE -EDL 1998/47604-, «sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales como medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad» (párrafo primero del apdo. 2 del art. 51 ET). A subrayar que deja de decirse expresamente que el período de consultas debe versar sobre «las causas motivadoras» del despido colectivo y de las medidas para «posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial».

Esta negociación tiene como partes, de un lado, al empresario, y de otro a los representantes legales de los trabajadores (comités de empresa y delegados de personal) correspondiendo la interlocución en el periodo de consultas a las secciones sindicales cuando éstas así lo acuerden siempre y cuando tengan la representación mayoritaria entre los comités de empresa o entre los delegados de personal. Nótese, en corolario, como los trabajadores no tienen participación directa en ese periodo de consultas sino que lo hacen a través de sus representantes legales. Dicho esto, no parece se compadezca bien con el procedimiento de oficio iniciado por la autoridad laboral, a través del art. 148 b) LRJS -EDL 2011/222121-, la norma prevenida con carácter general por el 150.2 a) del mismo texto legal cuando afirma que los trabajadores perjudicados serán emplazados "y una vez comparecidos tendrán la consideración de parte". Lo coherente, si se quiere que el todo tenga sentido, y el Derecho no es otra cosa que una unidad armónica, es alcanzar la conclusión de que, atendiendo a las previsiones del art. 124 LRJS, no resulta de aplicación el art. 150.2.a) LRJS al procedimiento iniciado conforme al art. 148 b) de la misma ley adjetiva. Es más, el legislador ha querido dar preferencia al procedimiento de despido colectivo sobre el iniciado de oficio por la autoridad laboral, como lo demuestra que el art. 124.7 LRJS precise que, si una vez iniciado el proceso por los representantes de los trabajadores se plantease demanda de oficio de conformidad con lo previsto en el art. 148.b) de esta Ley, se suspenderá ésta hasta la resolución de aquél. En este supuesto, la autoridad laboral estará legitimada para ser parte en el proceso incoado por los representantes de los trabajadores o por el empresario y la sentencia, una vez firme, tendrá eficacia de cosa juzgada sobre el proceso de oficio pendiente de resolución. Con lo que se impone considerar como partes en el proceso iniciado de oficio, en virtud del art. 148.b) LRJS, a quienes lo hubieran sido en el periodo de consultas, siendo interesados, en todo caso, la empresa y los trabajadores a través de sus representantes legales, lo que se colige, a mayor abundamiento, actualmente, del art. 7 del Real Decreto 1483/2012, de 29 octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada -EDL 2012/224880-, y anteriormente del art. 3 RD 801/2011 -EDL 2011/95560-.

En lo que hace a la cuestión de si al procedimiento de oficio del art. 148 b) LRJS -EDL 2011/222121- deben acumularse las demandas individuales, dados los términos imperativos con que aparece redactado el art. 31 LRJS ("se acumularán"), que reproduce el contenido de su homónimo de la LPL, salvo en la modificación del número del artículo que regula los procesos de oficio, antes era el 146 LPL -EDL 1995/13689- y actualmente es el 148, parece desprenderse que la acumulación deviene obligatoria, siempre que se reúnan los requisitos relativos a la identidad de sujetos, trabajadores y empresarios, y de causa de pedir, conexión objetiva que no implica que la pretensión sea la misma, sino que se funde en los mismos hechos y, por último, que hayan correspondido al mismo juzgado o a distintos juzgados de la misma circunscripción. Todo ello subordinado a que, si una vez iniciado el proceso de despido colectivo por los representantes de los trabajadores se plantease demanda de oficio se suspenderá ésta hasta la resolución de aquél y la sentencia, una vez firme, tendrá eficacia de cosa juzgada sobre el proceso de oficio pendiente de resolución.

Se regula en el Libro II, Título II, Capítulo VII, Sección I, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, LJS -EDL 2011/222121-, desde ahora, señalando en su ámbito de aplicación que el proceso podrá iniciarse de oficio como consecuencia, en lo que aquí interesa, apartado b), de los acuerdos de la autoridad laboral competente, cuando ésta apreciara fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión de los acuerdos de suspensión, reducción de la jornada o extinción a que se refieren el art. 47 y el apdo. 6 del art. 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ET -EDL 1995/13475- y los remitiera a la autoridad judicial a efectos de su posible declaración de nulidad. Del mismo modo actuará la autoridad laboral cuando la entidad gestora de la prestación por desempleo hubiese informado que la decisión extintiva de la empresa pudiera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados, por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de desempleo. Es cierto que en el art. 124 LJS, se contemplan determinadas medidas para lograr una efectiva coordinación de lo resuelto en el proceso de despido colectivo con los procesos individuales, dado que los trabajadores no son parte ni se contempla la acumulación de las eventuales demandas individuales, sino tan solo la suspensión de los procesos individuales que se hayan podido iniciar, como la suspensión del plazo de caducidad de la acción de despido individual, la eficacia de la cosa juzgada de la sentencia colectiva, etc., pero nada esto se prevé en los artículos que regulan el procedimiento de oficio, pero no es menos cierto que el procedimiento de oficio, como un todo, tras la subsanación que cabe de la demanda, art. 149, en el art. 150.2 a) se indica, con carácter general, que los trabajadores perjudicados serán emplazados "y una vez comparecidos tendrán la consideración de parte", situación que ya se anunciaba en el art. 31 LJS, en el que se prevé una acumulación preceptiva de las demandas individuales a los procesos de oficio regulados en el art. 148, por lo que este procedimiento, en su tramitación prevé tal circunstancia, de emplazamiento de los trabajadores perjudicados.

Respecto a las demandas individuales, ninguna duda cabe que puedan ser presentadas, pues en todo caso, el trabajador tiene abierta tal posibilidad jurídica de impugnar judicialmente una medida suspensiva o de reducción de jornada adoptada por el empresario, medie o no un acuerdo con los representantes del personal, lo que se articulará a través de la modalidad prevista en los arts. 138 de la Ley 36/2011, de 10 octubre, reguladora de la jurisdicción social -EDL 2011/222121-, después de que el RDL 3/2012 -EDL 2012/6702- haya incorporado precisamente "la suspensión del contrato o la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor" a las circunstancias que ya legitimaban el acceso a esa especial modalidad procesal (la movilidad geográfica y las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo) , cuando también viene previsto en el art. 47.1, párrafo diez del ET -EDL 1995/13475-, al establecer que contra las decisiones a que se refiere el presente apartado podrá reclamar el trabajador ante la jurisdicción social, precisando que si la decisión empresarial afecta a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el art. 51.1 ET, se podrá reclamar en conflicto colectivo que paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas, hasta su resolución.

La reforma sitúa la institución suspensiva y de reducción de jornada, por causas empresariales, en el entorno de medidas de flexibilidad interna, desmarcando esta vez procesalmente aquéllas de los despidos colectivos, dirigiendo las reclamaciones que planteen los trabajadores afectados contra una medida suspensiva o de reducción de jornada, por la tramitación procesal de la movilidad geográfica del art. 40 ET -EDL 1995/13475- y de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo art. 41 ET, con la novedad importante de la posibilidad de una reclamación contra la decisión empresarial en vía de conflicto colectivo. Si ello es así, deberemos concluir que los trabajadores afectados por los acuerdos alcanzados entre la dirección de la empresa y la representación de los trabajadores, respecto a las medidas de suspensión del contrato de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, deben ser emplazados y, por tanto, pueden ser parte en el proceso seguido ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, salvo cuando adoptada la medida, sin acuerdo, contra la decisión empresarial se hubiese formulado demanda de conflicto colectivo, ya que la misma paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas, hasta la resolución de aquella y en el mismo sentido, al proceso se deben acumular las demandas individuales que hubieren podido presentarse, salvo en el caso anterior, en el que admitida a trámite la demanda, en el proceso de oficio, se haya formulado por la representación de los trabajadores contra la medida empresarial, el oportuno conflicto colectivo.

El Derecho Grupo Francis Lefebvre no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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