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¿Influye la escasez de medios materiales y personales de los Juzgados de Familia en la incapacidad para erradicar la violencia de género?

Coordinador: José María Prieto Fernández-Layos

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

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Desde este Foro Abierto hemos llamado la atención en otras ocasiones de la conveniencia de modificar un determinado estado de cosas, claramente anclado en circunstancias pretéritas, que no responde ya al vertiginoso devenir familiar que caracteriza el tiempo que nos ha tocado vivir. La custodia compartida, la atribución del uso de la vivienda familiar, la mediación, etcétera, son temas que han sido abordados por nuestro docto y experimentado Consejo de Redacción con un tono magistral, y a veces de denuncia, que seguro ha llegado al conocimiento de las personas que, desde dentro del sistema, manejan los hilos precisos para mover la maquinaria de la modificación ansiada.

Conscientes de esta realidad, hoy toca plantear a nuestros colaboradores un tema, más que jurídico, social, pero íntimamente relacionado con la materia propia del Derecho de Familia. Nos referimos a la violencia de género. Por desgracia, los medios de comunicación nos traen asiduamente noticias de esta lacra que parece difícil de controlar a pesar de los intentos legales destinados al efecto, y que en muchas ocasiones se relaciona con la existencia de procesos de familia latentes en cualquiera de sus fases. En este sentido, resulta notorio el inmenso volumen de asuntos que penden en los Juzgados y Tribunales de familia por la conocida e irredenta escasez de medios materiales y personales de que adolece de forma congénita dicha jurisdicción en España.

Por eso la pregunta del presente Foro Abierto no va a ser propiamente jurídica, sino aclarativa para quienes activan aquellos hilos a que hacíamos referencia. Quizá las contestaciones de nuestros eximios maestros remuevan conciencias.

¿Se evitaría en mayor o menor medida la violencia de género si se dotase a la jurisdicción de familia de más medios materiales y personales para llevar a cabo la labor que legalmente tiene encomendada?


Este foro ha sido publicado en la "Revista de Derecho de Familia", el 1 de julio de 2017.

(Puedes consultar Legislación y Jurisprudencia en nuestra Base de Datos).


Dar una contestación genérica a la pregunta formulada se hace difícil a partir del momento en el que las disfunciones que presentan éstos órganos judiciales son distintas dependiendo de muy diversos factores. No es lo mismo los problemas que pueden presentarse en un Juzgado mixto de Primera instancia e Instrucción que tenga asignadas funciones en materia de violencia de género, que los que pueda ofrecer un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de una capital de provincia, dependiendo también, en gran medida, de la implicación que pueda tener la Comunidad Autónoma en que se ubique el órgano judicial, de tener transferidas las competencias en materia de Justicia; pero, sin lugar a dudas, las problemas endémicos que padecen estos Juzgados, en muchos puntos comunes a los de otros órganos de la misma y/o diferente jurisdicción, no se resuelven con “más medidos personales”, “más medios materiales”. El problema es más complejo, y debe ir acompasado de oportunas reformas legislativas orgánicas, sustantivas y procesales.

La solución precisa de una mayor implicación familiar y de un cambio  de mentalidad en la sociedad en ayuda de la investigación policial y judicial de los casos de violencia sobre la mujer, a fin de evitar, en muchos casos, que las denuncias queden en papel mojado, posibilitándose el poder oír en declaración a cuántos sujetos tengan conocimiento del asunto concreto, lo que por vía legislativa no estaría de más llevar a cabo una modificación de los términos que comprende el art. 416 LECrim (EDL 1882/1) en materia de dispensa en la obligación de declarar, siempre, por supuesto, en respecto a los derechos constitucionales que asisten a toda persona, pero haciendo factible el poder conocer lo realmente sucedido. 

Si se pregunta a los titulares de los órganos judiciales o a quien desempeñan funciones de dirección de la oficina judicial, la respuesta en sentido afirmativo es unánime, se debería ampliar la plantilla de funcionarios y el dotar de mayores medios materiales a éstos Juzgados que desarrollan un cometido muy especial, contestación que con mayor fuerza se recibe de los Juzgados que asumen competencias civiles, penales y, además, de violencia sobre la mujer

No obstante, en mi opinión, la solución no se encuentra, sin más, en llevar a cabo un incremento de medios personales y materiales para reducir lo que se ha venido en llamar “terrorismo de género”. La ecuación más medios personales y materiales, menor violencia de género, no es correcta.

Juega un papel importante en la lucha de esta lacra social la información que se transmite sobre los recursos de que pueden disponer las víctimas para denunciar la situación en la que se encuentran. 

Aparte de que las medidas preventivas que desde el Poder Legislativo puedan llevarse a cabo en muy diversos ámbitos (medios de comunicación, educativos, sociales, asistenciales, sanitarios, etc.), en los que tiene también una misión importante la Policía, por lo que respecta a Juzgados y Tribunales, en mi opinión, todos los operadores intervinientes, desde el primero hasta el último, deben de haber pasado por una especialización o, cuanto menos, por un curso formativo; no siendo suficiente con que tales órganos tengan cubierta su plantilla. ¿Para qué?, puesto que lo esencial es contar con un equipo  técnico que tenga pleno conocimiento de cómo tratar a las víctimas de violencia de género, llevar a cabo una investigación minuciosa, adopción de medidas cautelares efectivas de prevención en seguridad de las denunciantes, etc. con ello, muy posiblemente se reduciría el marco punitivo.

El tener más medios personales, a veces, por no decir en la mayoría de las ocasiones, si no están debidamente capacitados  y especializados en la materia sobre la que se trabaja, provoca un importante quebranto en la tramitación de los procedimientos.                       

En definitiva, habría que hacer un estudio caso por caso para conocer las verdaderas y auténticas necesidades en el orden personal y material de cada órgano judicial, pero la posibilidad que se baraja de reforma legislativa (orgánica) de “centralizar” el completo conocimiento de estos asuntos en determinados órganos, por “comarcas”, resolvería en gran medida muchos de los problemas expuestos, ahora bien, sí conllevaría el dotarlos de mayores medios técnicos, como, por ejemplo, para poder recibir declaraciones mediante videoconferencias y todo lo que ello comporta, en detrimento, eso sí, del principio de inmediación judicial.

Se nos plantea la cuestión de si la escasez de medios materiales y personales de los Juzgados de Familia influye en la incapacidad para erradicar la violencia de género.

Tal y como se formula la cuestión, parece trasladar a esta escasez de medios en los juzgados la no erradicación de la violencia de género, al menos cierta influencia. Y planteada así la cuestión, mi respuesta debe ser negativa. El problema de la no erradicación de la violencia de género no puede imputarse a esta escasez de medios en los Juzgados de Familia. Podrá existir una peor respuesta institucional ante los casos de violencia de género pero no puedo trasladar la responsabilidad de la no erradicación de la violencia de género a la escasez de medios personales y materiales en los Juzgados de Familia.

No cabe duda de que actualmente existe una escasez de medios personales y materiales en la justicia, y dentro de esta muy especialmente en la jurisdicción de familia. Así, en el informe de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) del año 2016 se sitúa a España entre los cinco países del Consejo de Europa con menos jueces por cada cien mil habitantes, por delante solo de Malta y Dinamarca y junto a Francia e Italia. La media en España es de once jueces por cada cien mil habitantes, frente a los veinticuatro de Alemania o Grecia o los dieciocho de Austria y Finlandia.

A esta reducida ratio de jueces debe añadirse la elevada tasa de litigación en España. Así, según el estudio realizado por el Banco de España en el año 2013 España aparece como el tercer país con mayor tasa de litigación dentro de los países estudiados (fundamentalmente europeos) con una tasa del 4,2 por ciento. Y como últimos datos a destacar, según el informe de la OCDE España es el tercer país europeo con mayor número de expedientes, un expediente por cada veinticinco habitantes, mientras que Finlandia tiene un procedimiento por cada trescientos habitantes. Esto supone que el juez español asume una carga de trabajo muy superior a la de los jueces de nuestro entorno y lógicamente ello repercute negativamente en la respuesta que puede darse en los casos de violencia de género. Una mayor dedicación o supervisión de estos casos podría repercutir positivamente en el esfuerzo general para erradicar la violencia de género.

Sin embargo, no debe ser en el ámbito judicial donde deba realizarse la mayor intervención económica para erradicar este problema. Es cierto que es necesaria una impecable respuesta judicial una vez que se ha producido el acto de violencia pero la actuación institucional debe producirse mucho antes.

Tal y como se dispone en el art. 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (EDL 2004/184152), el objeto de la ley es actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas. Y en la ley se establecen una serie de medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia, así como prestar asistencia a las víctimas.

Es necesario, evidentemente, que las mujeres reciban una correcta y pronta respuesta institucional una vez que se ha producido el acto de violencia, y sobre todo en el juzgado, pero la erradicación de esta lacra de nuestra sociedad debe empezar actuando mucho antes.

Entiendo necesario llevar a cabo una fuerte política de sensibilización ciudadana de prevención actuando a nivel educativo y de servicios sociales fundamentalmente, además de actuar a nivel sanitario, publicitario y mediático. Es importante actuar a nivel educativo, tanto en la enseñanza primaria como en los institutos, fomentando la educación en la igualdad y en el respeto de los derechos y libertades fundamentales.

También es necesario respetar y garantizar los derechos de las mujeres que sufren la violencia de género, dándoles la asistencia integral que precisen tanto a nivel social como de asistencia jurídica. Y por supuesto deben contar con los servicios sociales precisos que les ofrezcan la información que necesiten pero también la atención, servicios de emergencia, y apoyo necesario para su recuperación. Y, por supuesto -y puede que sea donde mayor inversión económica debe hacerse- deben garantizarse los derechos económicos de las mujeres que sufren violencia de género. Si la mujer que sufre esta violencia no tiene una independencia económica difícilmente podrá salir del ámbito en el que la sufre. Deben asegurarse las ayudas económicas que para ello precisen única forma de contar con una independencia económica que le ayuden a salir de esa situación.

En conclusión, considero necesario dotar a los juzgados de medios personales y materiales adecuados y suficientes pero la erradicación de la violencia de género necesita una actuación previa a la intervención judicial, fundamentalmente a nivel educativo y de asistencia social y económica de la víctima.

Hemos de tener en consideración que la jurisdicción de familia y el Ordenamiento Jurídico aplicable a dicha jurisdicción, en momentos precisos y graves en el ámbito personal, afectante a los cónyuges, progenitores e hijos menores, arbitra soluciones de urgencia en orden a la adopción de todas aquellas medidas que sirvan para, si no para erradicar, para paliar cualquier tipo de violencia, de género, o de cualquier comportamiento violento de cualquiera de los progenitores, en perjuicio y con daño físico o psicológico para el otro o para los hijos menores.

En este sentido el art. 158 CC (EDL 1889/1), o, en su caso, el art. 156 de dicho texto legal, aplicable para tramitar por medio de los procesos prevenidos en la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria (EDL 2015/109914) y en la Ley 26/2015, de 28 julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia (EDL 2015/130118), y en su relación con la LEC (EDL 2000/77463), arbitra un procedimiento sumario y de urgencia y en orden a adoptar todas las medidas personales precisas para evitar, paliar o dificultar al progenitor agresor cualquier actitud violenta, en el ámbito físico o psicológico.

Dicho lo que antecede, por su parte, los propios juzgados de violencia igualmente están en posibilidad legal de arbitrar soluciones de urgencia por medio de la adopción de órdenes de protección, alejamiento, y la adopción de medidas civiles complementarias, vigentes en tanto en cuanto se tramita el proceso penal, y en paralelo a la posibilidad del trámite del proceso civil, por vía de medidas provisionales, medidas cautelares, y ya través del proceso principal en el que debe recaer la sentencia que ratifique, llegado el caso y la necesidad, dichas medidas de garantía y aseguramiento físico, personal y psicológico de las víctimas, y sin olvidar que las medidas de aseguramiento y garantía adoptadas deben controlarse oportunamente en fase de ejecución de cualquier resolución dictada en dichos procesos, urgentes y sumarios, medidas provisionales, medidas cautelares y procedimiento principal.

En definitiva, la violencia de cualquier índole resulta de difícil y de absoluta erradicación, pero es posible adoptar soluciones y medidas que aboquen a una drástica reducción de los comportamientos violentos, lo cual exige una actuación multidisciplinar, global y paralela, en diversos órdenes, en el ámbito social, mediante las ayudas oportunas a recibir de las Instituciones Públicas, estatal, autonómica o municipal, en el ámbito policial, y en lo que se refiere a la prevención de hechos delictivos en general, y en particular sobre conductas violentas en el seno del grupo familiar, y en el ámbito civil, mediante la adopción de las medidas que pudieran adoptarse tanto en el proceso penal como los procedimientos antes aludidos.

Ello exige esfuerzo y dotación material y económica por parte de las Instituciones que, al margen de la jurisdicción penal y civil, deben velar por la seguridad e integridad de aquellas personas afectadas por comportamientos violentos en el ámbito del grupo familiar, progenitor masculino o femenino.

No se me ocurre que por dotar de más medios materiales y personales a la jurisdicción de familia se pudiera controlar la conducta de las víctimas de la violencia más allá de la sede judicial, es decir, en el entorno personal, material y social, y laboral, en el que se desenvuelve la vida y la conducta de los violentos.

Por ello, y sin perjuicio de que, por regla general, resulta más que urgente y perentorio la creación de juzgados y secciones especializadas en materia de familia, lo cual propiciaría resoluciones a corto tiempo, y a contar desde que se presenta ante la jurisdicción de familia la prueba del hecho que exige protección penal y civil, es evidente que la sola decisión judicial, en cualquiera de las jurisdicciones, en muchas ocasiones no impide la consumación de hechos violentos delictivos, problemática que debe resolverse por la vía de la prevención y control de la persona violenta, dentro de los cauces permitidos por nuestra legislación ordinaria, civil y penal y procesal, y por la Constitución, y la adopción de medidas de garantías y ayudas personales y sociales de todos aquellos progenitores y menores afectados por cualquier clase de violencia.

Inexorablemente, cual si estuviéramos afectados por una plaga bíblica imposible de erradicar, se ha convertido en algo habitual que los medios de comunicación nos den a conocer, casi diariamente, espeluznantes noticias del asesinato de mujeres, a manos de sus maltratadores.

El  incesante goteo de víctimas mortales de la violencia de género, a la par que  causa una gran alarma social,  ha generado una especial sensibilización de la opinión  pública ante esta lacra  criminal y ha espoleado la conciencia de políticos y profesionales relacionados con el fenómeno en la determinación de las causas del incremento de esa violencia machista y en la búsqueda de soluciones que, de manera inmediata, hagan descender la tasa de  criminalidad de esta execrable lacra social.

En determinados casos, la existencia de procesos de familia en  tramitación de excesiva duración ha sido asociada, en relación de causa a efecto, con esos actos de violencia machista.  No puede negarse que la continuación de la convivencia  en el mismo domicilio de un hombre y una mujer que formen una unión estable, sea matrimonial o no, una vez producida la crisis del matrimonio o la pareja, constituye un evidente foco de conflictividad, tensiones y enfrentamientos que pueden degenerar en actos de violencia de género, especialmente después de interponerse por un miembro de la pareja la demanda de separación, divorcio o de fijación de medidas paterno filiales de los hijos comunes, pues, como resulta evidente, con la presentación de la demanda judicial, las discusiones suben de tono, las tensiones se agravan, las posiciones se enconan y el nivel de conflictividad  se elevan se eleva hasta cotas incompatibles con la convivencia bajo el mismo techo.

Pues bien, bajo esa premisa, si el matrimonio o la pareja en conflicto continúa conviviendo tras iniciarse el proceso de familia, el riesgo de que se produzcan actos de violencia física o psíquica sobre la mujer, constitutivos de violencia de género, es elevado  y crece a medida que se alarga la duración del proceso. Y, con la carestía de la vida, los bajos salarios y el alto coste de los alquileres de inmuebles, no es infrecuente que, pese a desatarse la crisis matrimonial o de pareja, la convivencia en el mismo domicilio continúe, bien por la dificultad económica de uno de los miembros de la pareja para  abandonar voluntariamente el domicilio y costearse un alojamiento alternativo, bien por la resistencia del varón a hacerlo en el convencimiento de que, si existen hijos menores, ello supondría otorgar una ventaja procesal a la progenitora al crear una situación fáctica beneficiosa para ella en la disputa por la custodia de los hijos.

En casos como los indicados los jueces de familia tenemos especial cuidado y diligencia para adoptar, con la mayor rapidez posible,  las medidas provisionales que regulen transitoriamente la situación  de la pareja y de los hijos (patria potestad, guarda y custodia, visitas,  atribución del uso de la vivienda familiar y pensión alimenticia) pues tales medidas garantizan la separación de cuerpos de las partes en litigio, al disponer la salida forzosa de una de ellas de la vivienda familiar y actúan como un elemento de pacificación entre las partes, no tanto por aceptarlas y acatarlas éstas de buen grado, cuanto porque, sea acertada o no, la  resolución judicial introduce seguridad jurídica en la situación de conflicto, estableciendo los derechos y obligaciones de cada parte, y permitiendo a cada uno de ellas comenzar a organizar su vida personal y familiar sobre bases sólidas.

 No cabe duda de que la endémica escasez de medios materiales y personales que padecemos en la Administración de Justicia, pese al esfuerzo voluntarista de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y resto de personal al servicio de la misma, puede ser determinante, en casos como los indicados, para favorecer el surgimiento de actos de violencia de género que, de acortarse los tiempos necesarios para la adopción judicial de medidas provisionales de separación, podrían evitarse. Hay que tener en consideración que, en muchos casos, las mujeres que están padeciendo violencia de género a manos de sus parejas varones no denuncian en sede penal a éstos ni dan el paso de abandonar cuanto antes el domicilio familiar y trasladarse a un lugar alejado del entorno inmediato del agresor, tal como aconsejan todos los expertos en la materia  que debe hacerse por la mujer a partir del momento en que la misma percibe o se siente inmersa en una situación de riesgo o peligro.

Junto a la situación descrita (convivencia de la pareja en el mismo domicilio tras iniciarse el proceso), también puede constituir un foco generador de conflictividad entre las partes las dilaciones del proceso producidas  tras el dictado del auto de medidas provisionales. En este sentido, la escasez de equipos psicosociales adscritos a los juzgados ocasiona importantes retrasos en la emisión de los informes que se les piden para decidir sobre el régimen de guarda  y estancias y,  como consecuencia, alarga considerablemente la duración del proceso y demora excesivamente el dictado de la sentencia.

En otro orden de cuestiones, resulta absolutamente necesaria la implantación y el uso masivo de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia para avanzar en la mejora del servicio público de la Justicia. Concretamente, es urgente que los sistemas informáticos de gestión procesal existentes en las Comunidades Autónomas sean compatibles entre sí y permitan la interoperabilidad entre los distintos Juzgados y Tribunales del Estado, así como la conexión digital de todas las oficinas judicial del Estado, entre sí y con los diferentes actores del procedimiento, incluido el Ministerio Fiscal, instituciones autonómicas correspondientes y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Comunidades Autónomas y entidades locales.

De igual modo que la implantación, en 2009, del Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos de las Medidas y Penas de Alejamiento en el ámbito de la Violencia de Género ha producido magníficos resultados, hasta el punto de que, hasta donde conozco, no hay que lamentar ninguna víctima de violencia  mortal entre las mujeres monitorizadas con dicho sistema, no cabe duda que la introducción de mejoras tecnológicas en la Administración de Justicia,  el incremento del número de juzgados y Tribunales y la dotación de más medios materiales y personales a los juzgados de familia redundaría en una justicia más rápida, ágil  y eficiente y reduciría el riesgo de actos violencia de género en las parejas en conflicto judicial.

La escasez de medios materiales y personales en los Juzgados de Familia, con un volumen de asuntos que excede de la carga soportable señalada por el Consejo General del Poder Judicial, hace que la tramitación de los procesos de su competencia se dilate excesivamente en el tiempo.

Ello supone perjuicios para los sujetos de la relación jurídico-procesal, que están a la espera de que se resuelvan las cuestiones litigiosas, de tanta trascendencia, al afectar a la patria potestad de los menores, guarda y custodia, régimen de visitas, atribución del uso del domicilio familiar y pensiones de alimentos.

Además de tales efectos, es posible que surjan, en mayor o menor medida, situaciones de violencia de género, debidas a las tensiones que experimentan las parejas de hecho o los cónyuges, tras el cese de la convivencia o crisis, estando a la espera de que se adopten decisiones jurisdiccionales sobre la patria potestad, guarda y custodia, uso de la vivienda con desocupación de la misma por uno de ellos, y demás medidas propias de tales procedimientos.

Cuanto antes se culmine el litigio, con sus medidas provisionales y después definitivas en la sentencia principal, mejor se evita en alguna medida los casos de violencia de género.

El proceso matrimonial o de parejas de hecho, de carácter contencioso, se dilata excesivamente en el tiempo, y ello no es debido a la pasividad de los órganos judiciales ni del personal adscrito a los juzgados, que actúan sin duda de manera ejemplar, teniendo en cuenta el volumen de carga de asuntos, que exceden del propio de otras jurisdicciones.

La problemática se solucionaría con la creación de nuevas sedes judiciales, en el ámbito del Derecho de Familia, lo que implicaría costos inasumibles hasta ahora, a tenor del volumen presupuestario.

En parte se disminuyen tales deficiencias con el nombramiento de órganos judiciales de soporte y apoyo, tanto en los Juzgados de Familia como en los tribunales de apelación.

Sería necesario que el proceso matrimonial latente se tramitase de manera más rápida, pues en la actualidad, las medidas provisionales que se adoptan en la pieza separada, lo son tras varios meses, y a veces se da la mala praxis de señalar al mismo tiempo la comparecencia de medidas con la vista del proceso principal, quedando aquellas inoperantes al ser sustituidas por las determinadas en la sentencia.

La lentitud del proceso se acentúa también si se quiere practicar dictámenes o informes psicológicos, a los efectos de tener mayor justificación de las decisiones judiciales sobra la guarda y custodia de los menores y régimen de visitas. En determinadas Comunidades Autónomas, y en concreto en Cataluña, la intervención de Servicio Técnico de Atención en el Ámbito de la Familia del Departamento de Justicia de la Generalitat, puede tardar seis meses o más para la emisión del informe, y no por indolencia si no por el cúmulo de asuntos recibidos sin estar dotados de medios materiales y personal suficiente.

En suma y como corolario de la cuestión que comentamos, no puede asegurarse que el largo camino del proceso de familia afecte a determinadas actitudes de violencia de género, aunque pueda hacerlo aisladamente en determinadas ocasiones, incidiendo en ello lo que podría paliarse en parte si se dotase a la Jurisdicción de Familia de más medios materiales y personales para llevar a cabo la labor que legalmente tienen encomendada.

Por descontado. La respuesta debe ser afirmativa habida cuenta que muchos de los males de la violencia de género vienen dados por esta cuestión. Así, por ejemplo, en materia de valoración del riesgo de las víctimas se hace preciso poder tener el juez argumentos para el dictado de la orden de protección, por lo que es preciso contar con equipos forenses especializados en detección del riesgo y que examinen con detenimiento el estado de la víctima y agresor para hacer un balance de situación que pueda dar jugar a la adopción de la orden de protección por el juez de violencia, y que lleve aparejado el paquete de medidas civiles, porque en razón a su competencia exclusiva y excluyente va a actuar como juez de familia.

En este orden de cosas, hay que significar el importante descenso en las cifras estadística de las órdenes de protección que puede venir motivado, por un lado, por la falta de debido asesoramiento y asistencia letrada a la víctima desde las dependencias policiales (uno de los temas donde más se está insistiendo en la reforma que se está gestando en sendas comisiones parlamentarias que ahora están trabajando en congreso y Senado) y que permitiría una mayor aportación de datos y pruebas al juez para adoptar la orden de alejamiento.

Nótese que, como he expuesto, en la actualidad están muy avanzadas las conclusiones de las comisiones parlamentarias del Congreso y Senado donde se van a proponer relevantes medidas de reforma en materia de violencia de género que, además de medidas materiales y medios humanos, se van a recoger importantes reformas del proceso penal y civil y del Código Penal que los juristas venimos reclamando desde hace tiempo, al igual que desde el Observatorio de Violencia doméstica y de Género, al detectar qué medidas deben adoptarse para dar un giro a este problema y ser más eficaces tanto en la protección de la víctima, como en la tramitación del proceso civil y penal y la reforma penal de preceptos, así como medidas asistenciales.

Además, se hace precisa una respuesta urgente a la especialización de juzgados en esta materia porque existe un tratamiento de dos velocidades; por un lado, las víctimas que son atendidas en juzgados exclusivos de violencia en ciudades con juzgados servidos por Magistrados y, por otro, las que son atendidas en juzgados mixtos por la sencilla razón de que no existen juzgados especializados en ese partido judicial. Y quien conoce de esta materia objeto de la pregunta debe compartir su conocimiento con otras cuestiones, lo que determina que la especialización lo sea para unas víctimas y no para otras, lo que es una cuestión de medios y de organización de planta judicial.

Asimismo, los equipos técnicos asistenciales son básicos tanto en el tratamiento urgente de las medidas civiles a adoptar como en la atención que hay que dispensar a la víctima del delito en dependencias judiciales, ya que la "carga emocional" que llevan consigo por el hecho de estar en un lugar donde acuden a rememorar algo que quieren olvidar exige que se provea a los órganos judiciales a disposición de su decanato de equipos asistenciales con psicólogos, Criminólogos, o trabajadores sociales y educadores que puedan atender tanto a la víctima como a los menores, así como para elaborar los correspondientes informes que exige el juez competente a la hora de adoptar las medidas civiles en el proceso civil dimanante del penal en violencia de género. No es posible entender el retraso que existe, precisamente, en este tema en la emisión de informes técnicos que son imprescindibles para que el juez pueda adoptar una decisión que se va a retrasar por esta insuficiencia de profesionales en disposición de emitir los citados informes.

La cobertura de medios humanos y materiales en una cuestión eminentemente asistencial como es el tratamiento de víctima directas e indirectas es un elemento esencial para la sostenibilidad de un sistema protector que no puede dejar desasistidos a estas víctimas, ante el drama que sufren en temas tan directos como son los producidos en el hogar familiar, unos temas en los que las víctimas sufren más que en otros hechos delictivos que son ajenos al núcleo familiar en donde se desenvuelve la violencia desatada que se vive en muchos hogares. Y si el sistema alienta a la denuncia para poder poner en conocimiento del Estado el delito familiar del que son víctimas, el propio sistema no puede dejar desatendidas a estas víctimas con faltas de medios humanos y materiales que atenderían a las víctimas como se merecen en lugar de prestarles atención personal y/o informes técnicos que estas precisan para poder resolver el juez sobre el régimen de guarda y custodia, u otras medidas penales y civiles que son mucho más urgentes en esta materia que en otros temas cometidos por "ajenos" a la propia víctimas y con el que no existen los lazos tan personales que exigen que esta materia reciba una dotación de medios suficientes para evitar que la víctima pueda sentir que el sistema fallo.

La violencia de género no tiene justificación alguna, por lo que la circunstancia de que el proceso de familia se eternice en el tiempo no puede servir como excusa para que ver en ello un motivo que genere violencia.

Dicho esto, no cabe duda alguna que si las peticiones de las partes no obtienen una rápida respuesta judicial, se consolidan situaciones de hecho que, en algunos casos, pueden generar tensión en uno o en ambos integrantes de la pareja y provocar comportamientos anómalos. Por ello, la adopción inmediata de medidas paterno-filiales contribuirá a pacificar las relaciones entre los progenitores.

Veamos un ejemplo. Una pareja entra en crisis y aunque se interpone una demanda de divorcio con medidas provisionales, la demora en la incoación y en el señalamiento motiva que durante casi un año no existan medidas paterno-filiales. La madre, que es la que permanece en el domicilio familiar, adopta la postura de no dejar que el padre vea a los hijos. Ante esta situación el padre puede optar por hacer valer por la fuerza la relación paterno-filial, lo que puede motivar hechos que tengan trascendencia penal, o puede seguir los cauces legales, y presentar una solicitud por vía del art. 158 CC (EDL 1889/1) para que se regule urgentemente la relación. Esta segunda opción es evidentemente la correcta, pero qué pasa si esa comparecencia no tiene lugar hasta unos meses después. Estas situaciones deben evitarse a toda costa porque una pareja en crisis sin medidas es un foco de tensión y sobre todo de injusticia para los menores.

Hoy día las medidas provisionales han perdido su esencia, ya que en la mayoría de los casos la comparecencia se hace coincidir con el mismo juicio principal de separación o divorcio, con lo que se retrasa la adopción de las medidas paterno-filiales.

Pero no solo se llega a ese escenario cuando el juzgado que debe tramitar el asunto está colapsado, sino que a veces, aunque el juzgado funcione correctamente el propio proceso genera situaciones de retraso. La propia AP Valencia, Sec. 10ª, en su Auto de 7 de febrero de 2017 (EDJ 2017/61181) vino a indicar que "debe decirse que resulta cuanto menos incomprensible para las partes, que se insten medidas hace más de un año, y que aún esté dilucidándose qué juzgado es el competente para resolver el asunto". El problema se genera en este caso por unas imprecisas normas de competencia, pero el resultado es el mismo que el caso anterior, pasa un año sin que se adopten medidas.

Qué podemos decir de aquellos casos en los que la sentencia establece un detallado régimen de visitas y luego no llega a cumplirse al ser obstaculizado por el progenitor custodio. Despenalizado el incumplimiento, las actuales normas procesales no dan una solución adecuada a este problema y el progenitor no custodio ve cómo pasan los días y los meses y no puede ver a los hijos. Si a la insuficiente regulación legal del incumplimiento añadimos el colapso que sufren los juzgados en la fase de ejecución, el coctel está servido para generar un nuevo foco de tensión.

También presentan su peculiaridad los procedimientos de modificación de medidas que se prologan en el tiempo cuando a veces ya se ha producido un cambio sustancial de circunstancias que exige la adopción de nuevas medidas, retraso que nuevamente es foco de tensión.

En resumen, adoptar medidas cuanto antes contribuye a una pacificación del conflicto, pero hoy día, ni las normas procesales, ni el colapso que sufren los juzgados de familia, permiten que los ciudadanos obtengan una respuesta rápida a sus peticiones, y en muchos casos estas dilaciones generan una importante tensión que sirve a algunos progenitores con problemas de comportamiento de excusa para desatar la violencia de género.

Cualquier escasez de medios materiales y personales afecta al funcionamiento de todo instrumento que tenga una finalidad, sea médica, educativa, artística o, como es el caso, judicial en la busca de erradicar la violencia de género (aun cuando deberíamos ser algo más humildes en la expresión para tratar de la reducción de dicha violencia, ya que esa erradicación que supone la desaparición absoluta necesitaría de otros instrumentos ajenos a los Juzgados de Familia, como por ejemplo con modificaciones en la educación y transformación de uno de los medios que se han constituido en uno de los principales “artilugios” de violencia de género: me refiero a las redes sociales).

Si se toma en consideración la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (EDL 2004/184152), ya en su exposición de motivos, concretamente en el apartado II, puede leerse: “Proporciona por tanto una respuesta legal integral que abarca tanto las normas procesales, creando nuevas instancias, como normas sustantivas penales y civiles, incluyendo la debida formación de los operadores sanitarios, policiales y jurídicos responsables de la obtención de pruebas y de la aplicación de la ley”, y más adelante, en el apartado III: “Una Ley para la prevención y erradicación de la violencia sobre la mujer ha de ser una Ley que recoja medidas procesales que permitan procedimientos ágiles y sumarios, como el establecido en la Ley 27/2003, de 31 de julio, pero, además, que compagine, en los ámbitos civil y penal, medidas de protección a las mujeres y a sus hijos e hijas, y medidas cautelares para ser ejecutadas con carácter de urgencia”. Ni que decir tiene que estos planteamientos exigen ya unas dotaciones económicas sin las cuales ninguno de tales aspectos se podrá cumplir.

El texto de dicha Ley parece que incluso tiene ya en cuenta ese aspecto en el art. 3.1, al decir que: 1. Desde la responsabilidad del Gobierno del Estado y de manera inmediata a la entrada en vigor de esta Ley, con la consiguiente dotación presupuestaria, se pondrá en marcha un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género que como mínimo recoja los siguientes elementos…”. Esa expresión que se ha subrayado parece acreditar que el legislador ha querido tener en cuenta que la efectividad de tales medidas depende de los medios económicos de que se disponga, que permita la actuación del número adecuado de personas en cada uno de los apartados (no solo judiciales) que han de intervenir con una suficiente eficacia en la busca de ese camino de eliminación de la violencia de género. No puede olvidarse que en ese mismo precepto se señala dentro de tales elementos uno de trascendencia inicial y sin el que con dificultad va a poder funcionar: me refiero a ese “amplio programa de formación complementaria y de reciclaje de los profesionales que intervienen en estas situaciones” que no sólo hace referencia al personal de los Juzgados de Familia, sino a los de lo Penal, especializados en violencia de género o en violencia sobre la mujer, así como a los abogados (art. 17.2), y también al que forma parte de la educación (arts. 4 y 7), al sanitario (art. 15), administración penitenciaria (art. 42), etc.

Si se tiene en cuenta que la Ley está fechada en el año 2004, momento en el que todos los aspectos económicos parecían sonreír, debe inmediatamente considerarse que tres años más tarde se inició la “crisis” genérica y global dando lugar a las restricciones en los servicios más esenciales (educativos y sanitarios), que se trasladó de inmediato a los judiciales de tal manera que se empezó a desconocer el amontonamiento de asuntos en los órganos judiciales (no solo en los especializados en violencia de género, pero también en ellos), la congelación de los que se iban haciendo necesarios, así como los recortes financieros en todos los aspectos enumerados en la Ley.

La respuesta sólo puede ser rotundamente afirmativa; es decir, naturalmente que la escasez de medios materiales y personales en los Juzgados de Familia (y en todos los restantes elementos imprescindibles para el tratamiento de estos asuntos) influye en la incapacidad de “frenar” la violencia de género, a lo que deberá añadirse los defectos educativos determinantes de que este tipo de conductas cada vez tengan lugar en las relaciones personales entre menores de edad mucho antes de llegar a la adolescencia, según últimas encuestas públicas y privadas.

Una última consideración es que, como se acaba de ver en lo dicho, estoy convencido de la imposibilidad de erradicar la violencia de género o contra la mujer, pero también de la probabilidad de su reducción con medios educativos y judiciales.

Una de las lacras que asolan a la sociedad española y a la universal contemporáneas es la encuadrada bajo la denominación de violencia de género que, incluso, recibe una denominación impropia, como ha señalado la Real Academia Española, al utilizar la traducción literal de la palabra inglesa “gender”, referida únicamente a las personas, cuando en inglés los objetos, a diferencia de en español carecen de “género” y, por tanto, éste sólo se refiere a los seres animados.

Aunque la pregunta del Foro sólo se refiere a la administración de Justicia, no puedo evitar hacer alguna reflexión sobre el problema y sobre la dificultad de su solución.

En primer lugar, esta forma de violencia es prácticamente universal, hasta el punto de que en sociedades teóricamente más pacíficas que la nuestra como las de los países nórdicos, las estadísticas asombrosamente proporcionan para ellas cifras más altas que las de nuestros territorios.

Los niños luchan a “playmatarse”, contabilizando a su favor el número de muertos. Los “cómics” ensalzan la agresividad de los héroes y el exterminio de las víctimas. Hollywood difunde imagines gloriosas de torsos ensangrentados. Loor, gloria y prez para el cruel luchador victorioso. Los telediarios tabletean con las ametralladoras y se recrean con el estruendo de las bombas. Rambo es entronizado por las multitudes de todos los continentes con el pecho cruzado por cananas de municiones.

La violencia se encuentra inmersa en nuestra sociedad de forma profunda, especialmente en el ámbito familiar. Quizá la naturaleza de las pasiones que alimentan los sentimientos en la familia de origen a un desbordamiento de las acciones. Del amor al odio, de la pasión a los celos, de la posesión al abandono, de la compañía al rechazo, el tránsito o la evolución vienen acompañados de agresividad. Y precisamente porque en el seno de las relaciones familiares las pasiones son más intensas, las reacciones frente a los cambios son también más agudas.

Es en el interior de las relaciones familiares donde la violencia tiene una expresión más agresiva y más irracional. No sólo son los miembros de la pareja quienes se agreden, incluso mortalmente de forma inexplicable, sino que la expresión violenta muchas veces carece de toda finalidad o todo propósito. La somatización de una agresión hasta la privación de la vida por el agresor es una situación inexplicable, pero existente y repetida.

Madres y padres que privan a sus hijos de la vida, sin posible justificación, ni explicación; actos de crueldad extrema y de vandálico propósito de dañar; conductas reiteradas y repetidas de feroz agresividad inhumana; ese es el espectáculo al que tenemos que enfrentarnos.

La violencia forma parte connatural de la conducta de los humanos. Desde que el mundo es mundo, de forma individual o colectiva, los hombres se agreden hasta el exterminio. Las luchas y las guerras se repiten hasta la saciedad. Por motivos fútiles o sin causa alguna. Y es más, las relaciones de vecindad o de proximidad, geográficas o culturales, favorecen la violencia. Y de esas relaciones, las de familia son especialmente las más proclives a la reiteración y a la agravación.

Dentro de la violencia familiar, la mal llamada de “genero”, atrae una atención especial. Es la también calificada como “machista”, que incluso nuestra legislación, con el aval del Tribunal Constitucional, califica penalmente con gravedad diferente, según sea el sexo de la víctima y del agresor.

Revisando la Jurisprudencia española, debemos recordar la proliferación de sentencias en las que se reconocía la muy calificada atenuante en el uxorcidio por el hecho de haber sorprendido un marido a su adúltera mujer en pleno acto sexual con su amante. Y no sólo en España. En Italia, el célebre actor Marcelo Mastroianni protagonizó la película “Divorcio a la italiana”, que reflejaba precisamente el ridículo castigo que sufría un varón cuando era condenado por matar a su mujer cuando ésta yacía en el lecho conyugal con su apasionado enamorado.

La respuesta social a las manifestaciones de violencia machista con resultados letales es cada vez más publicitada y condenada, pero la utilidad de estas expresiones se mantiene invariable. Son tan inefectivas como las referidas a actos vandálicos contra niños, a veces lactantes, que ni siquiera obtienen la publicidad de su rechazo por parte de cualesquiera colectivos. La imagen de una plaza en silencio, con la población del lugar encabezada por sus autoridades municipales, en repulsa por la muerte de una mujer nos es desgraciada y tristemente familiar. Pero no se producen estas manifestaciones con repercusión en los informativos, cuando la víctima es un pobre niño al que su madre ha tirado a un cubo de basura o su padre ha arrojado por el hueco de una escalera.

En todo caso, al propósito de nuestras sociedades, no le basta con castigar crímenes tan nefandos, sino que fundamentalmente exige impedir que se produzcan. La prevención de estos delitos es el principal objetivo a lograr, esgrimiendo la ley en la mano y aplicando todo su peso por los Tribunales de Justicia. De ahí que se pregunte por el Director de nuestro Foro si se evitaría, en mayor o menor medida, la práctica de estos execrables actos de violencia, si se dotase a la Jurisdicción de familia de más medios materiales.

Desde luego, la penuria de medios materiales y personales en el enjuiciamiento de los conflictos familiares es grandiosa. El incumplimiento de los plazos procesales y la demora en la celebración de los juicios y en la práctica de las necesarias pruebas periciales previas, son clamorosos. El mantenimiento de situaciones de pendencia con la perpetuación de esperas sin solución, favorece la toma por los protagonistas de decisiones perniciosas. El descontrol de los ánimos, la irritabilidad de las circunstancias y la permisividad en las injurias conducen fácilmente al desbordamiento verbal y al de las acciones.

Es indiscutible que una Justicia lenta, y aún más, que camina a paso de tortuga, no merece el nombre de Justicia. A los órganos de administración de la Justicia corresponde ordenar una familia rota en mil pedazos, dictando normas para su supervivencia, especialmente en beneficio de los menores. El mantenimiento del caos en que se convierten las familias en crisis, propicia que sus partícipes se tomen medidas por su mano y a su capricho. La demora y la arbitrariedad de las resoluciones judiciales por falta de dedicación, de preparación y de información provoca reacciones injustas e inapropiadas, con la violencia inspirando actos y conductas lesivas.

Una jurisdicción de familia especializada, con personal experto y vocación decidida, largamente pedida por los distintos operadores jurídicos, mejoraría sin duda la calidad de las medidas que se adoptaran y su aceptación por los afectados, con la consiguiente disminución de las acciones violentas.

Bien es verdad que las expresiones públicas de rechazo, largamente repetidas, con discursos idénticos, reiterados una y otra vez, no van a conmover a quienes tienen el decidido propósito de acuchillar a su mujer o asfixiar a sus hijos, como prolegómeno a privarse de la vida propia por el suicidio. Pero es en la incompatibilidad absoluta con la violencia donde debe desarrollarse como única alternativa a la paz, el consenso a las soluciones o la sumisión a los arbitrajes.

Las medidas impuestas son de dudosa eficacia. En las noticias de los sucesos luctuosos en esta materia, se reitera hasta la saciedad la constatación de que no se había dictado una orden judicial de alejamiento. Pero, ¿hay alguien tan ingenuo como para pensar que puede detener al autor del cumplimiento de su objetivo asesino, la existencia de una orden de tal condición?. La prohibición de aproximarse a su víctima ¿va a congelar la mano movida por la decisión de apuñalar a su esposa o compañera o a la tierna criatura que ha procreado?. Máxime cuando completa su propósito el ahorcarse de una rama de un árbol.

No es una solución muy brillante centrar la lucha contra la violencia -la machista y la no machista- en la educación. Pero la realidad es que sólo cuando los seres humanos o al menos, la mayoría de ellos, sientan estremecerse sus seres ante el simple pensamiento de buscar solución a sus conflictos a través de la fuerza, de la violencia, de la agresión, del atropello, de la brutalidad y de la barbarie, iremos avanzando en el camino de la racionalidad y de la mejora en la convivencia.

Mientras los seres humanos sigamos recurriendo a los enfrentamientos bélicos y a las contiendas agresivas para dirimir nuestras discrepancias, seguirá presente la violencia en todos los ámbitos y dentro de ellos, especialmente en el doméstico. Y con tristeza hemos de reconocer que una Justicia veloz y eficaz, quizá mejore algo la situación actual, pero difícilmente eliminará esta lacra.

Ésta es la opinión del Letrado que suscribe, salvando su respeto por toda otra mejor fundada.

Aprobado por MAYORÍA DE 7 VOTOS

Todos nuestros ponentes coinciden en considerar necesario mejorar la dotación personal y material de la Administración de Justicia para hacer más eficaz y efectiva la lucha contra la violencia de género.

Todos están de acuerdo en la importancia de acortar los tiempos en ofrecer una respuesta judicial mediante la adopción de medidas provisionales en los procesos matrimoniales y, posteriormente, reducir las dilaciones del propio proceso hasta su sentencia definitiva. Y es la escasez de equipos psicosociales adscritos a los juzgados lo que impide ofrecer una respuesta ágil que acorte estos tiempos, al producirse una importante demora en la emisión de sus  informes, necesarios para fundamentar las medidas a adoptar.  

También se señala la necesidad de incrementar el número de juzgados especializados y dotarlos con personal debidamente capacitado en la materia sobre la que se trabaja, así como la adopción de otro tipo de medidas, algunas de ellas fuera del ámbito estrictamente judicial.

Es precisamente en este punto donde dos de nuestros colaboradores prefieren poner el acento a la hora incrementar la efectividad en la lucha contra la violencia de género pues, sin desdeñar la conveniencia de mejorar las dotaciones en nuestros juzgados, consideran que el verdadero éxito en esta lucha vendrá de medidas a emprender o reforzar en otros ámbitos.

Así, ESPINOSA CONDE asegura que la erradicación de la violencia de género necesita una actuación previa a la intervención judicial, fundamentalmente a nivel educativo y de asistencia social y económica de la víctima.  GALÁN CÁCERES apunta igualmente a la prevención y control de la persona violenta, dentro de los cauces permitidos por nuestra legislación ordinaria, civil y penal y procesal, y por la Constitución, y la adopción de medidas de garantías y ayudas personales y sociales.

 

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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