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Civil

¿Cuándo puede determinarse que un incumplimiento contractual es un ilícito penal y cuando una cuestión civil? ¿En qué casos nos encontramos ante los contratos civiles criminalizados?

Coordinador: Vicente Magro Servet

Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante.

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Se analiza por cinco Juristas la siguiente cuestión:

La crisis económica está propiciando que los delitos de estafa estén proliferando y se compruebe un importante repunte en este tipo de hechos. Así, los perjudicados están recurriendo a la vía penal en estos casos con la interposición de querellas contra los autores de estos "incumplimientos". No obstante, se está alegando en la mayoría de los casos como mecanismo defensivo que la conducta de la que se les acusa no constituye un ilícito penal, sino que se trata de un mero incumplimiento civil a dilucidar ante la jurisdicción civil, que no la penal. Nótese que en estos supuestos a los perjudicados les interesa iniciar la acción penal por cuanto a los que han incumplido el contrato les supone una mayor sanción la posible respuesta penal que el Estado prevé en estos casos por la vía penal, ya que la "amenaza" de una pena privativa de libertad tras un juicio oral es más "eficaz" que una condena civil que en el caso de insolvencia del condenado ningún daño personal le puede suponer. Por ello, planteamos cuáles son las condiciones diferenciadoras para entender que el incumplimiento de una parte es un contrato civil criminalizado y debe acudirse para sui resolución a la vía penal, o se trata de un incumplimiento que debe dilucidarse en la vía civil.

Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 1, el 1 de abril de 2014.

La línea divisoria del entre el dolo penal (preciso para que el negocio resulte criminalizado) y el dolo civil (determinante de un simple incumplimiento contractual) se sitúa en la tipicidad, de modo que únicamente si la conducta del agente se incardina en el precepto penal tipificado del delito de estafa es punible la acción, sin que ello autorice a criminalizar todo incumplimiento contractual, porque el ordenamiento jurídico establece suficientes remedios para restablecer la legalidad cuando es conculcada por vicios puramente civiles (por todas, sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 20 enero y 16 mayo 2013 -EDJ 2013/78319-).

Comoquiera que la tipicidad del delito de estafa viene constituida por el engaño, en los contratos en que se comprometen prestaciones recíprocas es posible apreciarlo cuando uno de los contratantes, desde el principio, sin intención seria de cumplir aquello a que se obliga, oculta ese propósito a la otra parte, y obtiene de ella la correspondiente contraprestación. En tales casos, el contrato mismo se erige en instrumento disimulador, pues el infractor, valiéndose de la confianza y buena fe que son propias de toda negociación, engaña al contrario con ocultación, fingimiento y fraude. Es punible la acción cuando el autor, simulando un propósito serio de contratar y de cumplir sus obligaciones, que actúa a modo de como engaño precedente, en realidad sólo quiere aprovecharse del cumplimiento que, de lo pactado, hace la parte contraria, del que se deriva un enriquecimiento para el incumplidor y un empobrecimiento para el contratante cumplidor.

La acción penalmente típica no debe ser confundida con el simple incumplimiento de la obligación prometida, pues en este caso el dolo (conocimiento y voluntad de incumplir) aparece con posterioridad al acto de disposición efectuado de contrario, por lo que no puede ser tenido como causante de éste. En el ilícito penal de la estafa, el sujeto activo sabe, desde el momento de otorgamiento del contrato, que no querrá o no podrá cumplir la contraprestación que le incumbe. Cuando el dolo del autor surge con posterioridad, y da lugar al incumplimiento de la obligación, ese "dolo subsequens" es de naturaleza civil y no puede fundamentar la tipicidad del delito de estafa, porque ésta requiere un nexo causal o relación de causalidad entre el engaño provocado y el desplazamiento patrimonial generador del perjuicio.

Sin embargo, al regirse las relaciones comerciales por el principio general de confianza, y no por el contrario (principio de desconfianza), siempre que el engaño sea suficiente para provocar un error determinante en la víctima, no puede gravarse a ésta con una suerte de deber de aplicar resortes protectores autodefensivos. Además, el engaño penalmente típico no tiene sólo una significación positiva, sino igualmente omisiva, de forma que cada parte soporta el deber de proporcionar la contraria toda la información que posea y sea debida al caso, a fin de que la otra parte pueda valorar los riesgos del negocio, máxime si tales riesgos afectan al cumplimiento de la obligación principal de entrega de la prestación, que cada parte asume (por todas, sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 25 enero 2013 -EDJ 2013/27140-).

A mi juicio lo esencial es la relevancia del engaño, puesto que de un delito de estafa partimos.

Las STS de 27.6.2013 -EDJ 2013/124668- y 30.1.2013 -EDJ 2013/4139- entre otras muchas, expusieron que la estafa como elemento esencial requiere la concurrencia del engaño que debe ser suficiente, además de precedente o concurrente con el acto de disposición de la víctima que constituye la consecuencia o efecto de la actuación engañosa, sin la cual no se habría producido el traspaso patrimonial, acto de disposición que realiza el propio perjudicado bajo la influencia del engaño que mueve su voluntad, y que puede consistir en cualquier acción del engañado que causa un perjuicio patrimonial propio o de tercero, entendiéndose por tal, tanto la entrega de una cosa como la prestación de un servicio por el que no se obtiene la contraprestación.

El engaño ha sido identificado por el Tribunal Supremo como cualquier tipo de ardid, maniobra o maquinación, mendacidad, fabulación o artificio del agente determinante del aprovechamiento patrimonial en perjuicio del otro y así ha entendido extensivo el concepto legal a "cualquier falta de verdad o simulación", cualquiera que sea su modalidad, apariencia de verdad que le determina a realizar una entrega de cosa, dinero o prestación, que de otra manera no hubiese realizado (STS 27.1.2000 -EDJ 2000/638-), hacer creer a otro algo que no es verdad (STS 4.2.2001). Y por consiguiente constituye un dolo antecedente o concurrente (SSTS. 17.1.98, 2.3.2000 -EDJ 2000/1113-, 26.7.2000 -EDJ 2000/21776-).

Es esencial por tanto el carácter preexistente de la intención de engañar sobre la celebración del negocio jurídico de que se trata, aunque también cabe que lo fuere concurrente (mucho más difícil de acreditar) pero lo más complejo y problemático es atender al requisito de la suficiencia del engaño, donde poco a poco se va abriendo camino un elemento subjetivo, en atención a la debilidad del sujeto engañado, puesto que si bien cabe entender como engaño bastante el que sirva para defraudar a un ciudadano medio con conocimientos normales, de inteligencia y cuidado también normal, el estafador puede haber elegido a sus víctimas debido precisamente a su endeble personalidad y cultura (STS de 11.7.2000 -EDJ 2000/21772-).

Quizás la regla general la proporcione esta última sentencia al establecer que "el engaño ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos defraudadores, logrando el engañador, mediante el engaño, engrosar su patrimonio de manera ilícita, o lo que es lo mismo, es difícil considerar que el engaño no es bastante cuando se ha consumado la estafa. Como excepción a esta regla sólo cabría exonerar de responsabilidad al sujeto activo de la acción cuando el engaño sea tan burdo, grosero o esperpéntico que no puede inducir a error a nadie de una mínima inteligencia o cuidado.

De ahí que se suela insistir que en el delito de estafa, no basta para realizar el tipo objetivo con la concurrencia de un engaño que causalmente produzca un perjuicio patrimonial al titular del patrimonio perjudicado, sino que es necesario todavía que el perjuicio patrimonial sea imputable objetivamente a la acción engañosa, y si este perjuicio obedece a otra causa, no existirá el mencionado tipo.

En consecuencia cabrá acudir a la vía penal cuando se den los requisitos anteriores en el engaño: generalmente preexistente (puede serlo concurrente) al acto que sea suficiente en los términos examinados, y que dé lugar al desplazamiento patrimonial. En otro caso habrá que acudir a la vía civil

Efectivamente, en los últimos tiempos se viene apreciando un aumento en el número de denuncias y querellas por supuestos delitos de estafa, incremento que entendemos viene coadyuvado por dos razones que, aunque entendibles, son ajenas al fundamento y finalidad del procedimiento penal. La primera viene de la mano de considerar la jurisdicción penal como más contundente que la vía civil: las consecuencias jurídicas que para el imputado/acusado puede tener la tramitación del procedimiento penal y una hipotética sentencia condenatoria, se cree, pueden "ablandar su resistencia" a cumplir a lo que se obligó en su día.

La perspectiva económica también es una cuestión a tener muy en cuenta; por un lado la implantación de las nuevas tasas judiciales por la Ley 10/2012, de 20 noviembre -EDL 2012/240441-, encarece -salvo casos tasados- la presentación de demandas civiles. También los reparos a una posible imposición de las costas procesales causadas en el procedimiento civil es una cuestión importante dado que su imposición a la parte denunciante o querellante es más infrecuente que en el procedimiento civil cuando la parte actora ve desestimada su pretensión.

Sea como fuere, lo cierto es que el éxito de una querella penal por estafa dependerá de que realmente se pueda comprobar la existencia del citado delito, es decir que se constate la existencia de una acción criminal, no pudiendo pretenderse criminalizar cualquier incumplimiento contractual dado el principio de intervención mínima de la ley penal.

¿Cuándo no se está en presencia de un mero incumplimiento contractual civil para pasar al ilícito penal? Realmente la distinción práctica entre dolo civil y dolo penal no siempre es fácil; se trata de un territorio pantanoso lleno de matices y, por lo general, no fácilmente discernible. Especial relevancia, por la dificultad de hallar criterios diferenciales nítidos, generales y concluyentes entre ilícito civil e ilícito penal en sede patrimonial, la ostentan respecto del delito de estafa los denominados "negocios civiles criminalizados", es decir, aquellos supuestos en los que la defraudación patrimonial típica se lleva a cabo mediante una relación contractual sea cual sea su naturaleza. Según reiterada jurisprudencia, la estafa, en los supuestos de los llamados negocios jurídicos criminalizados, tiene lugar en aquellos casos donde el autor simula un propósito serio de contratar, cuando, en realidad, sólo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte, ocultando a ésta su decidida intención de incumplir sus propias obligaciones contractuales, aprovechándose el infractor de la confianza y la buena fe del perjudicado con claro y terminante ánimo inicial de incumplir lo convenido, vulnerándose de ese modo los esquemas contractuales para instrumentalizarlos al servicio de un ilícito afán de lucro propio, desplegando unas actuaciones que desde que se conciben y planifican prescinden de toda idea de cumplimiento de las contraprestaciones asumidas en el seno del negocio jurídico bilateral, lo que da lugar a la antijuridicidad de la acción y a la lesión del bien jurídico protegido por el tipo. En estos casos el dolo se manifiesta en el conocimiento que tiene el sujeto activo de la imposibilidad de hacer frente a los compromisos adquiridos, o bien en la intención inicial de no responder a los mismos, con independencia de la posibilidad, mayor o menor, de hacerlo, recibiendo la contraprestación de la otra parte del negocio y lucrándose con ella.

Insistimos, el negocio jurídico criminalizado exige, para su determinación, la constancia de la voluntad primigenia de incumplir, como forma de engaño determinante de la disposición patrimonial que sufre el perjudicado. El mecanismo es el siguiente: uno de los contratantes sabe que no va a cumplir y no realiza ninguna actividad tendente a cumplir el contrato para intentar el cumplimiento de las obligaciones. El concepto "no realiza ninguna actividad" es sumamente importante para interpretar el dolo penal como aplicable. En este sentido cabe traer a colación la reciente STS nº 168/2013, de 6 marzo 2013 -EDJ 2013/42026- referente a la nulidad de contrato por falta de cédula de habitabilidad; según ésta, la diferencia entre una estafa y un contrato nulo es determinar si el promotor conocía que la vivienda no podía obtener cédula antes o después de la venta.

Sentado lo anterior, se hace necesario hacer una matización complementaria de interés sobre el alcance y la entidad del engaño como elemento objetivo del delito de estafa: el engaño debe ser "bastante", y es que como advirtiera Groizard en sus comentarios al Código Penal de 1870: «siendo el engaño el elemento esencial de esta modalidad de delincuencia, claro es que hay que suponer, para admitir su eficacia, determinadas condiciones de defensa para no dejarse engañar en la persona contra quien el delito se fragua. Una absoluta falta de perspicacia, una estúpida credulidad o una extraordinaria indolencia para enterarse de las cosas, puede llegar a ser causa de que la defraudación, más que producto de un engaño, deba considerarse como efecto de censurable abandono, como falta de debida diligencia». En definitiva, la mera causalidad entre el engaño y el desplazamiento patrimonial no es suficiente, es necesario que el mismo no pueda ser detectado por la víctima a pesar de que haya desplegado una conducta activa diligente dirigida a tal fin. Y es que como señaló la STS de 21 septiembre 1988 -EDJ 1988/7195-: "el Derecho penal, en este sentido, no debería constituirse en un instrumento de protección patrimonial de aquéllos que no se protegen a sí mismos", y es que no se puede considerar aplicable el tipo de la estafa en un supuesto de falta de diligencia al no comprobar la situación patrimonial dado que "no toda mentira es punible". Por lo tanto, y como consecuencia directa de la citada actual crisis económica, se ha incrementado el número de supuestos "chollos" u "ofertas" que, en algunas ocasiones, enmascaran engaños frente a los que hay que estar bien atentos a fin de no ser víctimas de una posible estafa.

El incumplimiento de un contrato recíproco puede originar un ilícito civil (arts. 1101 y 1124 CC -EDL 1889/1-) que permite a la parte que ha cumplido bien exigir el cumplimiento forzoso o bien instar la resolución contractual y, en ambos casos, la indemnización de daños y perjuicios.

Sin embargo, en ocasiones, el mismo incumplimiento del contrato convierte al incumplidor en autor de un delito de estafa previsto y penado en el art. 248 CP -EDL 1995/16398-.

En ambos casos, la prestación a la que se había comprometido el incumplidor o bien no se ha cumplido o se ha cumplido con graves e importantes defectos.

El establecimiento de los elementos diferenciadores entre un incumplimiento constitutivo de un ilícito civil y un ilícito penal nos lleva a fijar cuáles son los elementos adicionales y específicos que califican el incumplimiento contractual como constitutivo de un delito de estafa.

El ilícito penal aparece caracterizado por la intención inicial o antecedente de no hacer efectiva la contraprestación o por la conciencia de la imposibilidad de cumplirla, de que el contrato aparente es el instrumento del fraude, que se manifiesta alrededor del elemento subjetivo (dolo antecedente o in contrahendo y no dolo subsequens) concretado en la voluntad inicial o concurrente de incumplir la prestación que se deriva del contrato, constituyendo un aparente contrato que se finge concluir como instrumento disimulador o de ocultación del ilícito propósito y en definitiva del fraude (elemento objetivo del engaño). Para que cualquier negocio civil o mercantil pueda ser considerado como punible desde el punto de vista penal, es preciso que surja a modo de medio engañoso, utilizado para producir el error de la otra persona que contrata, la cual es entonces, y por ello, inducida a realizar un determinado desprendimiento patrimonial del que, en relación de causa a efecto, se beneficia el instigador de la operación, quien, desde un principio, perseguía esa finalidad lucrativa. En los contratos en los que las partes se comprometen a prestaciones recíprocas, es posible apreciar la concurrencia del engaño como elemento esencial de la estafa cuando uno de los contratantes, que no tiene desde el inicio intención de cumplir aquello a lo que se obliga, oculta su propósito a la otra parte, logrando así de ella el cumplimiento de la prestación que le corresponde, incumpliendo la propia y enriqueciéndose en esa medida a su costa.

En el incumplimiento de una obligación contractual constitutivo de un ilícito civil, el dolo, referido al conocimiento y voluntad de incumplir, aparece con posterioridad al acto de disposición, por lo que no puede apreciarse la existencia de un engaño que hubiera causado el error determinante de aquel. En este caso, quien contrae una obligación se encuentra en una situación en la que podría hacerle frente o bien dispone de razones para pensar que podrá hacerlo al tiempo del cumplimiento, siempre desde un análisis racional, por lo que el incumplimiento de lo acordado solo podría dar lugar a la correspondiente reclamación en vía civil.

Cuestión distinta es la existencia de pruebas respecto de la voluntad oculta de no cumplir la obligación propia y beneficiarse del cumplimiento de la ajena.

La intención del sujeto activo del delito es un hecho subjetivo precisado de prueba, cuya existencia no puede acreditarse normalmente a través de prueba directa, siendo necesario acudir a un juicio de inferencias para afirmar su presencia sobre la base de un razonamiento inductivo construido sobre datos fácticos debidamente acreditados.

Entre estos elementos indiciarios podemos destacar: signos ficticios de solvencia, imposibilidad económica para hacer frente al cumplimiento de su prestación al tiempo de la celebración del contrato, ofrecimiento de falsas garantías, entrega de instrumentos de pago sin fondos, inexistencia de hechos imprevisibles en el período comprendido entre la celebración y el incumplimiento que provocaran el cambio de las circunstancias económicas del incumplidor.

Como dice la STS Sala 2ª de 14 julio 2011 -EDJ 2011/198019- "En los contratos criminalizados, el sujeto activo excluye de antemano el cumplimiento de los deberes asumidos contando con que así lo hará la otra parte contratante, enriqueciéndose con la prestación realizada por la contraparte, de manera que el contrato es sólo una apariencia puesta al servicio del fraude (Cfr SSTS 12-5-98 -EDJ 1998/2550-, 1-3-99 -EDJ 1999/987-, 23-2-2001, 21-11-2001, 12-4-2002 -EDJ 2002/10010-; STS 1242/2006, de 20 diciembre -EDJ 2006/353234-)".

Hemos querido iniciar nuestra respuesta a la cuestión planteada con éste párrafo porque, desde un punto de vista teórico, describe lo que constituye el criterio jurisprudencial habitualmente seguido por la doctrina judicial para segregar los incumplimientos puramente civiles de los que no son sino consecuencia de una conducta delictiva predeterminada o instrumentalizada a través de un contrato.

En efecto, como viene señalando reiteradamente la doctrina, el contrato constituye instrumento del delito -de ordinario, estafa- cuando la conducta destinada a la obtención de un beneficio que se torna ilícito, se efectúa a través de la mecánica de la simulación, siempre y cuando ésta sea absoluta por reserva mental plena o a la conocida como simulación unilateral que implica un evidente dolo destinado a la generación en la conciencia de la contraparte, de una apariencia de contratar, con un objeto y con una causa -art. 1261 CC (EDL 1889/1)- inexistentes en realidad bien por dolo directo, es decir, sea porque no hubiera voluntad real de contratar sino sólo de lograr un determinado desplazamiento jurídico, bien por dolo indirecto, es decir, porque conozca que en todo caso le resultará imposible el cumplimiento de la obligación asumida como parte de la relación bilateral y de ordinario conmutativa.

Así lo ha distinguido la jurisprudencia que suele referenciar dos engaños típicos, a saber, uno consistente en la afirmación del propósito de cumplir las obligaciones que se asumen no obstante conocer su el autor desde el primer momento que eso no será posible (STS de 18 noviembre 2005 -EDJ 2005/213913-), y otro consistente en ocultar a la contraparte la decidida intención de incumplir sus propias obligaciones (STS de 29 octubre 2001 -EDJ 2001/40292-).

En estos casos, la causa del contrato para el simulador es el engaño y por tanto, desde un punto de vista civil, no hay contrato por ausencia de causa legítima -art. 1275 CC (EDL 1889/1)-. En estos casos, el engaño es instrumento de un desplazamiento jurídico ilícito que de ordinario constituye el conjunto de elementos propios de la estafa pues ese dolo de engaño o simulación unilateral, produce un error en la otra parte que civilmente implica un vicio de la voluntad de distinta naturaleza al vicio de consentimiento civil invalidante del consentimiento -art. 1266 CC- dado que la base contractual es originariamente inexistente en tanto generada con la voluntad de apariencia a diferencia del vicio invalidante puramente civil.

Dicho de otro modo, en estos contratos, el error es generado a través del engaño y por tanto, la perfección del contrato nace viciada de forma absoluta por un móvil que constituye el dolo penal que encierra el ilícito de esta naturaleza.

En conclusión, es el dolo antecedente o in contrahendo el que caracteriza el ilícito penal frente al mero ilícito civil, en modo tal que es la intención inicial de no hacer efectiva la contraprestación o la tenencia de la conciencia de la imposibilidad de cumplirla la que permite tener al contrato como un mero instrumento del fraude. Es decir, es el elemento subjetivo el que marca la frontera entre un ilícito u otro si bien es cierto que serán los aspectos objetivos los que delimitarán la realidad de la intencionalidad, siempre oculta, en el contratante.

1.- Es esencial el carácter preexistente de la intención de engañar sobre la celebración del negocio jurídico de que se trata, aunque también cabe que lo fuere concurrente (mucho más difícil de acreditar) pero lo más complejo y problemático es atender al requisito de la suficiencia del engaño, donde poco a poco se va abriendo camino un elemento subjetivo, en atención a la debilidad del sujeto engañado, puesto que si bien cabe entender como engaño bastante el que sirva para defraudar a un ciudadano medio con conocimientos normales, de inteligencia y cuidado también normal, el estafador puede haber elegido a sus víctimas debido precisamente a su endeble personalidad y cultura (STS de 11.7.2000 -EDJ 2000/21772-).

2.- Cabrá acudir a la vía penal cuando se den los requisitos anteriores en el engaño: generalmente preexistente (puede serlo concurrente) al acto que sea suficiente en los términos examinados, y que dé lugar al desplazamiento patrimonial. En otro caso habrá que acudir a la vía civil

3.- La estafa, en los supuestos de los llamados negocios jurídicos criminalizados, tiene lugar en aquellos casos donde el autor simula un propósito serio de contratar, cuando, en realidad, sólo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte, ocultando a ésta su decidida intención de incumplir sus propias obligaciones contractuales, aprovechándose el infractor de la confianza y la buena fe del perjudicado con claro y terminante ánimo inicial de incumplir lo convenido, vulnerándose de ese modo los esquemas contractuales para instrumentalizarlos al servicio de un ilícito afán de lucro propio, desplegando unas actuaciones que desde que se conciben y planifican prescinden de toda idea de cumplimiento de las contraprestaciones asumidas en el seno del negocio jurídico bilateral, lo que da lugar a la antijuridicidad de la acción y a la lesión del bien jurídico protegido por el tipo

4.- En el incumplimiento de una obligación contractual constitutivo de un ilícito civil, el dolo, referido al conocimiento y voluntad de incumplir, aparece con posterioridad al acto de disposición, por lo que no puede apreciarse la existencia de un engaño que hubiera causado el error determinante de aquel. En este caso, quien contrae una obligación se encuentra en una situación en la que podría hacerle frente o bien dispone de razones para pensar que podrá hacerlo al tiempo del cumplimiento, siempre desde un análisis racional, por lo que el incumplimiento de lo acordado solo podría dar lugar a la correspondiente reclamación en vía civil.

Cuestión distinta es la existencia de pruebas respecto de la voluntad oculta de no cumplir la obligación propia y beneficiarse del cumplimiento de la ajena.

La intención del sujeto activo del delito es un hecho subjetivo precisado de prueba, cuya existencia no puede acreditarse normalmente a través de prueba directa, siendo necesario acudir a un juicio de inferencias para afirmar su presencia sobre la base de un razonamiento inductivo construido sobre datos fácticos debidamente acreditados.

5.- Como dice la STS Sala 2ª de 14 julio 2011 -EDJ 2011/198019- "En los contratos criminalizados, el sujeto activo excluye de antemano el cumplimiento de los deberes asumidos contando con que así lo hará la otra parte contratante, enriqueciéndose con la prestación realizada por la contraparte, de manera que el contrato es sólo una apariencia puesta al servicio del fraude

6.- Es el dolo antecedente o in contrahendo el que caracteriza el ilícito penal frente al mero ilícito civil, en modo tal que es la intención inicial de no hacer efectiva la contraprestación o la tenencia de la conciencia de la imposibilidad de cumplirla la que permite tener al contrato como un mero instrumento del fraude. Es decir, es el elemento subjetivo el que marca la frontera entre un ilícito u otro si bien es cierto que serán los aspectos objetivos los que delimitarán la realidad de la intencionalidad, siempre oculta, en el contratante.

7.- La acción penalmente típica no debe ser confundida con el simple incumplimiento de la obligación prometida, pues en este caso el dolo (conocimiento y voluntad de incumplir) aparece con posterioridad al acto de disposición efectuado de contrario, por lo que no puede ser tenido como causante de éste. En el ilícito penal de la estafa, el sujeto activo sabe, desde el momento de otorgamiento del contrato, que no querrá o no podrá cumplir la contraprestación que le incumbe. Cuando el dolo del autor surge con posterioridad, y da lugar al incumplimiento de la obligación, ese "dolo subsequens" es de naturaleza civil y no puede fundamentar la tipicidad del delito de estafa, porque ésta requiere un nexo causal o relación de causalidad entre el engaño provocado y el desplazamiento patrimonial generador del perjuicio.

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