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La abusividad del clausulado en una ejecución hipotecaria ¿alcanza solo hasta que se dicta el decreto de adjudicación o cabe entender que es posible hasta el momento en que tenga lugar el efectivo lanzamiento?

Coordinador: Luis Antonio Soler Pascual

Magistrado de la Audiencia Provincial de Alicante.

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El Tribunal de Justicia ha declarado con reiteración desde su Sentencia de 27 de junio de 2000, caso Océano Grupo Editorial y otros, asuntos acumulados C-240/98, C-241/98, C-242/98, C-243/98 y C-244/98 (ECLI:EU:C:2000:346) -EDJ 2000/13642-, que recae sobre el juez la carga de examinar de oficio la validez de las cláusulas de los contratos concertados con consumidores tan pronto disponga de elementos de hecho y de derecho necesarios para ello.

Pero este aserto general tiene ciertos límites, algunos tan evidentes como son los que dimanan del respeto a los principios de audiencia, contradicción y defensa. Pero hay otros límites que no están claros, y sobre lo dudoso de uno de ellos queremos formular la cuestión que en su planteamiento es sencilla y se relaciona con el límite del control en las actuaciones ejecutivas.

¿Hasta cuándo puede y debe controlarse la abusividad del clausulado en una ejecución hipotecaria? ¿Solo hasta que se dicta el decreto de adjudicación o cabe entender que incluso es posible hasta el momento en que tenga lugar el efectivo lanzamiento?

Comentario: De nuevo nos encontramos con otra cuestión que enlaza con la doctrina del Tribunal de Justicia y con la fractura, a la postre, de algunos de los principios procesales que entendíamos consolidados en nuestro ordenamiento jurídico.

Pero lo cierto es que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia establece que el juez debe actuar de oficio tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de una cláusula que pueda considerarse abusiva sin especificar momento procesal, ni inicial ni desde luego final.

Esta doctrina ha dado lugar a la Ley 1/2013 –EDL 2013/53763- que establece que el control de oficio debe realizarse en el momento del despacho de ejecución. Sin embargo es cuestionable que ello impida que pueda controlarse con posterioridad la abusividad pues la jurisprudencia del TJUE ha establecido que es conforme al derecho europeo el control de oficio tanto en trámite de conclusiones (caso Duarte Huero) como en apelación (caso Asturtelecom), lo que si bien queda relegado al juicio declarativo, resulta bastante expresivo del alcance del control dentro del proceso y el riesgo de limitarlo a un momento procesal determinado e inicial.

De hecho, las normas posteriores a la Ley 1/2013 –EDL 2013/53763- para adecuarla a los criterios del TJUE, se ha establecido que las posibilidades de revisión son hasta la fecha del lanzamiento. Por lo tanto, aunque el derecho comunitario no es claro ni determinante en este punto, las razones anteriores llevan a considerar que el control de oficio podría realizarse hasta el mismo momento de lanzamiento.

Es por ello que veremos como en las respuestas de nuestros autores el control del carácter abusivo es la pendencia del propio proceso y el alcance o posibilidades de conocimiento del Juez de la existencia de una posible cláusula abusiva, criterio que podría entenderse corroborado por las Sentencias del Tribunal de Justicia de 21 de noviembre de 2002 -Cofidís- -EDJ 2002/60149- y de 26 de enero de 2017 –EDJ 2017/1414- que establece que “La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores EDL 1993/15910-, se opone a una normativa interna que, en el marco de una acción ejercitada por un profesional contra un consumidor y fundada en un contrato celebrado entre ellos, prohíbe al juez nacional, al expirar un plazo de preclusión, declarar, de oficio o a raíz de una excepción propuesta por el consumidor, el carácter abusivo de una cláusula inserta en dicho contrato.”.


Este foro ha sido publicado en la "Revista de Derecho Inmobiliario", el 1 de septiembre de 2017.

(Puedes consultar Legislación y Jurisprudencia en nuestra Base de Datos).


La cuestión que se plantea parece partir de la base de que en todo momento (con la dudad que contiene la pregunta en sí) es factible el planteamiento de oficio de la abusividad del clausulado y entiendo que dicha circunstancia no es en absoluto pacífica, a pesar de que la reciente sentencia de TJUE de 26 de enero de 2.017 –EDJ 2017/1414- se pronuncia al respecto ya que, a mi juicio, deja dudas, que son a las que vienen a justificar la pregunta que da lugar a esta respuesta.

En dicha resolución se señala que en caso de que existan una o varias cláusulas contractuales cuyo eventual carácter abusivo no hubiera sido aún examinado en un anterior control judicial del contrato controvertido concluido con la adopción de una resolución con fuerza de cosa juzgada, la Directiva 93/13 –EDL 1993/15910- debe interpretarse en el sentido de que el juez nacional, ante el cual el consumidor ha formulado, cumpliendo lo exigido por la norma, un incidente de oposición, está obligado a apreciar, a instancia de las partes o de oficio, cuando disponga de los elementos de hecho y de derecho necesarios para ello, el eventual carácter abusivo de esas cláusulas. Por contra, la citada Directiva no se opone a una norma nacional (art. 207 LEC –EDL 2000/77463-) que impide al juez nacional realizar de oficio un nuevo examen del carácter abusivo de las cláusulas de un contrato cuando ya existe un pronunciamiento sobre la legalidad del conjunto de las cláusulas de ese contrato a la luz de la citada Directiva mediante una resolución judicial con fuerza de cosa juzgada.

Las dudas a las que me refería anteriormente hacen que no exista pleno acuerdo respecto de hasta qué punto el juez puede, en cualquier momento del proceso de ejecución hipotecaria, haya hecho uso o no el ejecutado de la posibilidad de oponerse a aquélla, apreciar de oficio la abusividad de una determinada cláusula del contrato que sirvió de base para la referida ejecución.

En este sentido hay quienes entienden que no es factible hacerlo ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su citada sentencia, cuando se refiere al incidente de oposición lo está haciendo pensando en el regulado en los arts. 556.1, 557.1 y 695 de la LEC –EDL 2000/77463-, de tal manera que si el consumidor no ha formulado el incidente de oposición cumpliendo lo exigido por la norma, le estaría vedado al tribunal, entrar a apreciar de oficio, en ese momento el eventual carácter abusivo de las cláusulas del contrato (AAP, Pontevedra, Secc. 6ª de 8 de mayo de 2.017 -EDJ 2017/121861-, con un voto particular).

En este sentido hay ocasiones en que se concluye que, en supuestos en que la demanda de ejecución se planteó estando ya vigente la Ley 2013, de 14 de mayo –EDL 2013/53763-, sin que el juez se hubiera planteado de inicio y de oficio la posible existencia de cláusulas abusivas y, acordada la celebración de subasta sin que el ejecutado se hubiera opuesto a la ejecución, no resulta de aplicación la doctrina sentada por la referida STUE de 26 de enero de 2.017 -EDJ 2017/1414-, porque en dicho estado del procedimiento, sin que el ejecutado, como se dice, hubiera promovido el “incidente de oposición”, el procedimiento se encuentra en un estado tal en el que el tribunal no debía intervenir, con lo que no era factible plantear de oficio la posibilidad de que existiera una cláusula abusiva.

Tal circunstancia podría darse en el caso de que se estuviera ante un procedimiento hipotecario iniciado antes de la entrada en vigor de la referida Ley, donde por remisión al criterio legal de su Disposición Transitoria 4ª –EDL 2013/53763- se permitía en los que no hubiese transcurrido el periodo de oposición y no se hubiera ejecutado el lanzamiento, en consonancia con lo dispuesto en la Disposición Transitoria 1ª de esa Ley, que las partes ejecutadas dispusiesen de un nuevo plazo para formular un incidente extraordinario de oposición, basado en la existencia de las nuevas causas de oposición previstas en el apartado 7º del art. 557.1 y 4ª del art. 695.1 de la LEC –EDL 2000/77463-, esto es, de las causas referidas a la existencia de cláusulas abusivas.

Pero en un procedimiento de ejecución hipotecaria posterior a la entrada en vigor de la mencionada Ley, en que tanto el tribunal, de oficio, como la parte ejecutada pueden plantear la existencia de cláusulas abusivas y ni uno ni la otra lo han hecho o, si medió este último, no se apreció abusividad, no resulta posible que de oficio sí pueda declararse más tarde, antes del lanzamiento. Tal circunstancia puede suponer una quiebra de la seguridad jurídica, además de vulnerar los derechos no sólo del ejecutante, sino también de terceros en aquellos supuestos en que sea un tercero, ajeno al ejecutante, quien se adjudica el bien en subasta y luego pide la posesión.

Debe tenerse en cuenta que, como indica la STS 12 de mayo 2.016 -EDJ 2016/65837-, los cambios de criterio que un determinado tribunal lleva a cabo en sus resoluciones o el conocimiento de nueva doctrina jurisprudencial, ni siquiera del TJUE, no justifican que lo ya juzgado deba ser revisado (AAP Valencia, Secc 9ª de 20 de marzo 2.017 –EDJ 2017/103759-).

En otro sentido se muestran otras resoluciones, según las cuales deben distinguirse los supuestos en los que hay un pronunciamiento expreso sobre la no abusividad de una cláusula de aquéllos en los que no lo hay, aunque se pudo plantear, y sólo en el primer caso siendo la resolución firme se cerraría la posibilidad de su decisión. Si no hubiera mediado pronunciamiento expreso, porque no hubo control de oficio ni a instancia de parte en los momentos procesales que le eran propios, no hay inconveniente en proceder al análisis del carácter abusivo de tales cláusulas en cualquier momento procesal o procedimiento ulterior (AAP Córdoba, Secc 1ª de 24 de febrero de 2.017 - EDJ 2017/41934-).

En otro supuesto, en que el procedimiento de ejecución hipotecaria se había iniciado en el año 2012 y, al no haber postores en la subasta celebrada en el año 2015 solicitó su adjudicación la parte ejecutante (aun no acordada, pues pendía de la práctica de la tasación de costas al ser el precio del remate superior al principal) y el juez se planteó de oficio la posible nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, el tribunal concluyó que, de conformidad con lo dispuesto en la citada STJUE de 26 de enero de 2017 -EDJ 2017/1414-, mientras no hubiere concluido el proceso de ejecución debe entenderse posible y debida la apreciación de oficio de la nulidad de una cláusula por abusiva en el marco de la contratación entre consumidores y profesionales, de tal manera que el único límite a la apreciación del juez de oficio de cláusulas abusivas en “cualquier fase del procedimiento” es la existencia de un pronunciamiento anterior del juez competente sobre la legalidad de la cláusula o, en caso contrario, la ejecución del lanzamiento.

Así pues, según esta resolución, el juez de oficio podrá declarar abusiva una cláusula sobre la que no se había pronunciado anteriormente, aunque hayan precluido los actos procesales para hacerlo, hasta el “fin” del procedimiento de ejecución hipotecaria, que culmina con la toma de posesión del inmueble por el ejecutante (art. 675 LEC –EDL 2000/77463-), pues es el banco el que dispuso la cláusula abusiva en el contrato y debe correr con el riesgo de ver sobreseído el procedimiento de ejecución de la garantía hasta su culminación (AAP. Pontevedra Secc. 1ª de 7 de abril de 2.017 –EDJ 2017/94094-).

Digamos que éstas son las posturas que pueden adoptarse en supuestos semejantes a los que se recogen en la pregunta que se formula y, de entre ellas, quien suscribe se alinea con la primera, aun reconociendo que tanto una como la otra contienen argumentos sólidos y defendibles.

Es importante resaltar el hecho de que las cuestiones prejudiciales planteadas ante el TJUE (que dio lugar a la meritada sentencia) en lo que aquí interesa fueron:

«1)  Si la disposición transitoria 4. ª de la Ley 1/2013 –EDL 2013/53763- debe interpretarse en el sentido de que no puede constituirse en obstáculo a la protección del consumidor.

2)   Si, de conformidad con la Directiva [93/13] –EDL 1993/15910-, y en particular de sus artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la protección de consumidores y usuarios de acuerdo con los principios de equivalencia y efectividad al consumidor le está permitido denunciar la presencia de cláusulas abusivas más allá del tiempo previsto en la norma nacional para realizar esa denuncia de manera que el juez nacional tenga que enjuiciar dichas cláusulas.

3)   Si, de conformidad con la Directiva [93/13] –EDL 1993/15910-, y en particular de sus artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la protección de consumidores y usuarios de acuerdo con los principios de equivalencia y efectividad, el juez nacional debe apreciar de oficio la existencia de una cláusula abusiva, extrayendo las consecuencias procedentes, aun cuando previamente haya resuelto en sentido contrario o haya declinado esa apreciación en resolución firme conforme a la norma procesal nacional.

Y la respuesta a ellas fue:

 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera a tercera que:

– Los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13 –EDL 1993/15910- deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición de Derecho nacional, como la disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013 –EDL 2013/53763-, que supedita el ejercicio por parte de los consumidores, frente a los cuales se ha iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria que no ha concluido antes de la entrada en vigor de la Ley de la que forma parte esa disposición, de su derecho a formular oposición a este procedimiento de ejecución basándose en el carácter supuestamente abusivo de cláusulas contractuales, a la observancia de un plazo preclusivo de un mes, computado a partir del día siguiente al de la publicación de esa Ley.

–La Directiva 93/13 –EDL 1993/15910- debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional, como la que resulta del artículo 207 de la LEC –EDL 2000/77463-, que impide al juez nacional realizar de oficio un nuevo examen del carácter abusivo de las cláusulas de un contrato cuando ya existe un pronunciamiento sobre la legalidad del conjunto de las cláusulas de ese contrato a la luz de la citada Directiva mediante una resolución con fuerza de cosa juzgada.

Por el contrario, en caso de que existan una o varias cláusulas contractuales cuyo eventual carácter abusivo no ha sido aún examinado en un anterior control judicial del contrato controvertido concluido con la adopción de una resolución con fuerza de cosa juzgada, la Directiva 93/13 –EDL 1993/15910- debe interpretarse en el sentido de que el juez nacional, ante el cual el consumidor ha formulado, cumpliendo lo exigido por la norma, un incidente de oposición, está obligado a apreciar, a instancia de las partes o de oficio, cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, el eventual carácter abusivo de esas cláusulas.

Quizá de la respuesta que da el TJUE a las cuestiones que se le presentan invita a pensar, en principio, que el juez, una vez disponga de los elementos de hecho o de derecho necesarios, puede y debe plantearse de oficio la abusividad de alguna cláusula sobre la que no hubiera mediado pronunciamiento expreso previo - bien porque no se lo hubiera planteado el citado juez de oficio, bien porque no lo hubiera hecho el ejecutado consumidor al oponerse o, incluso, porque no hubiera mediado tal oposición –teniendo como limité temporal el momento en que se ponga la finca que garantiza el préstamo a disposición de aquél a quien se la adjudicó, que es el momento en que finalizaría el procedimiento de ejecución hipotecaria (art. 675 LEC –EDL 2000/77463-).

Ahora bien, después de dejar sentado lo anterior, cabría preguntarse si es factible que el propio proceso pueda mantenerse en constante estado de inseguridad jurídico-procesal hasta ese punto final (siempre abierto), cuando el propio ejecutado ha obviado el trámite que se le concedió para poner de manifiesto lo que a su derecho conviniera respecto de la posible abusividad de alguna cláusula. Porque en el caso enjuiciado por el TJUE sí medió oposición, sin perjuicio de que el juez de oficio se planteara la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado.

Podría pensarse que sí, pues no parecería explicable el que pudiera intervenir el juez de oficio cuando media oposición y sin embargo no pudiera hacerlo cuando no existe aquélla, ya que en los dos el tribunal interviene igual: “motu proprio”.

No obstante, no puede perderse de vista que en el supuesto examinado por el TJUE concurría una circunstancia determinante, cual es que el procedimiento hipotecario se inició antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2013 –EDL 2013/53763- (conforme a la cual - Disp. Adicionales 1ª y 4ª - se habilitaba un plazo de un mes si no había mediado lanzamiento o puesta en posesión para formular incidente extraordinario de oposición). Por tanto, cuando comenzó dicho procedimiento el artículo 695 de la LEC –EDL 2000/77463- aún no contemplaba la posibilidad de que el ejecutado pudiera basar su oposición en el carácter abusivo de una cláusula que sirviera de fundamento de la ejecución o hubiese determinado la cantidad exigible (art. 695.1.4ª LEC). Pero tal hecho relevante no concurriría en los procedimientos incoados tras la entrada en vigor de dicha Ley 1/13, de tal manera que el ejecutado sí podría articular su oposición en base a la existencia de cláusulas abusivas, amén de que el tribunal debiera hacerlo también de oficio al inicio.

Además de lo anterior, si bien es cierto que la Disposición Transitoria 4ª –EDL 2013/53763- de dicha Ley habilitaba el plazo de un mes desde su entrada en vigor para poder articular la oposición en tales causas, también lo es que el propio TJUE, en su citada sentencia de 26 de enero de 2.017 -EDJ 2017/1414- consideró dicha disposición contraria a lo dispuesto en los arts. 6 y 7 de la Directiva Comunitaria 93/13 –EDL 1993/15910-.

Por tanto, el pronunciamiento del TJUE viene condicionado especialmente por dicha circunstancia, por lo que entiendo que, en un supuesto en el que el ejecutado sí hubiera tenido ocasión de oponerse alegando el carácter abusivo de alguna cláusula del contrato que hubiera servido de fundamento de la ejecución o hubiese determinado la cantidad exigible, no cabría, precluido el trámite previsto en la Ley para ello, plantearse de oficio la abusividad de alguna cláusula. Menos aún si el planteamiento de la cuestión se debiera a un cambio de criterio o a una modificación jurisprudencial posterior (STS 12 de mayo de 2016 –EDJ 2016/65837-).

La situación de inferioridad respecto al profesional que trata de proteger la citada Directiva 93/13 –EDL 1993/15910- y a la que se refiere la sentencia del TJUE (40), disponiendo el art. 6 de la misma - norma con rango de orden público, tanto como las nacionales de derecho interno (42) - que las cláusulas abusivas no vinculen al consumidor buscando un equilibrio real entre las partes (41), debe articularse y ponerse de manifiesto por el propio consumidor dentro de las normas que el procedimiento establece “ad hoc” para tal menester, procedimiento en el que, para intervenir, necesita la asistencia letrada, lo que hace suponer que cuenta con asesoramiento técnico.

Por ello, estimo que si el tribunal no se planteó de oficio al inicio del procedimiento (arts. 552, 557,1 y 563,1.3ª LEC –EDL 2000/77463-) la posible abusividad de una cláusula, no podrá hacerlo con posterioridad, a menos que, como consecuencia de que hubiera mediado oposición en el momento procesal previsto en la Ley, el propio tribunal tomara conocimiento de elementos de hecho o de Derecho que le hicieran plantearse el eventual carácter abusivo de una cláusula, aunque respecto de ésta no se hubiera cuestionado la abusividad por el ejecutado.

De hecho el TJUE en la sentencia que se comenta parte de la premisa de que el consumidor, cumpliendo con lo exigido con la norma, hubiere formulado incidente de oposición.

Lo contrario equivaldría a dejar vacío de contenido las normas reguladoras del procedimiento generando una inseguridad jurídica total que no se podría excusar por la salvaguarda de los derechos del consumidor que, conforme a las normas procesales, tiene posibilidad de hacer valer todo lo que entienda que le perjudica en orden a paliar su inicial situación de inferioridad y el desequilibrio real que se cubriría tras el formal del contrato. Así mismo, el tribunal deberá ser riguroso antes de despachar ejecución con el examen de las posibles cláusulas abusivas, siempre partiendo de los datos con los que en ese momento pueda contar.

Ni que decir tiene que menos aún podría plantearse de oficio la posible abusividad de una determinada cláusula si la finca hubiera sido adjudicada a un tercero ajeno a la relación contractual de la que nació la deuda. Lo dispuesto en los arts. 1462 cc –EDL 1889/1- y 34 LH –EDL 1946/59- desplegarían sus efectos ya que con el decreto de adjudicación habría transmisión de la propiedad a favor de ese tercero.

Debe tenerse en cuenta que en virtud de la incidencia de la doctrina fijada por la jurisprudencia comunitaria, se ha producido una modificación sustancial, no solo de la interpretación de las normas del procedimiento de ejecución en general, y del procedimiento de ejecución hipotecaria en particular, sino también de los principios generales que rigen en el proceso civil, como es principio dispositivo, de contradicción y de aportación de parte.

Las sentencias prejudiciales son obligatorias (artículo 91 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, versión consolidada de 25 de septiembre de 2012) y tienen eficacia ex tunc desde su pronunciamiento, sin perjuicio de que el Tribunal de Justicia pueda limitar su dimensión temporal cuando concurran consideraciones imperiosas de seguridad jurídica (STJUE de 7 de julio de 2011, Nisipeanu, C-263/10  -EDJ 2011/128177-).

También es doctrina consolidada de la jurisprudencia comunitaria que la tutela del consumidor prevalece sobre cualesquiera cuestiones relativas a procedimiento o plazos, con la única limitación de salvaguardar los principios de audiencia y contradicción. En base a esta doctrina no solo permite al juez, sino que esté, en su condición de juez comunitario debe de oficio llevar a cabo el control de abusividad, inclusión, y transparencia, al margen del procedimiento o fase en que se suscite (SSTJUE de 9 de noviembre de 2010 -VB Pénzügyi Lízing- apartado 56 –EDJ 2010/219186-; de 14 de junio 2012 -Banco Español de Crédito S.A.- apartado 44 –EDJ 2012/109012-; de 21 de febrero de 2013).

La STJUE de 21 de diciembre de 2016 -EDJ 2016/226005- señala que la plena eficacia de la protección conferida por la Directiva 93/13 –EDL 1993/15910- exige que el juez nacional que haya apreciado de oficio el carácter abusivo de una cláusula pueda deducir todas las consecuencias de esa apreciación, sin esperar a que el consumidor, informado de sus derechos, presente una declaración por la que solicite que se anule dicha cláusula, siendo contrario al derecho comunitario; sin  se pueda atribuir al juez nacional la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas, pues de otro modo se podría contribuir a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores (la sentencia de 21 de enero de 2015 –EDJ 2015/827-, Unicaja Banco y Caixabank, C 482/13, C 484/13, C 485/13 y C 487/13, EU:C:2015:21).

Esta doctrina debe ponerse en relación con la institución de la cosa juzgada, sobre la que el artículo 207, apartados 3 y 4, de la LEC –EDL 2000/77463-, que señala “Las resoluciones firmes pasan en autoridad de cosa juzgada y el tribunal del proceso en que hayan recaído deberá estar en todo caso a lo dispuesto en ellas.  Transcurridos los plazos previstos para recurrir una resolución sin haberla impugnado, quedará firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, debiendo el tribunal del proceso en que recaiga estar en todo caso a lo dispuesto en ella.»

Sobre esta institución se ha pronunciado  el Tribunal de Justicia en la sentencia de  26 de enero de 2017 asunto C-421/2014 -EDJ 2017/1414-, en la que se declara “La Directiva 93/13 –EDL 1993/15910- debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional, como la que resulta del artículo 207 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil –EDL 2000/77463-, modificada por la Ley 1/2013 –EDL 2013/53763- y posteriormente por el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación –EDL 2013/109855-, y por el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal –EDL 2014/137807-, que impide al juez nacional realizar de oficio un nuevo examen del carácter abusivo de las cláusulas de un contrato cuando ya existe un pronunciamiento sobre la legalidad del conjunto de las cláusulas de ese contrato a la luz de la citada Directiva mediante una resolución con fuerza de cosa juzgada. Por el contrario, en caso de que existan una o varias cláusulas contractuales cuyo eventual carácter abusivo no ha sido aún examinado en un anterior control judicial del contrato controvertido concluido con la adopción de una resolución con fuerza de cosa juzgada, la Directiva 93/13 –EDL 1993/15910- debe interpretarse en el sentido de que el juez nacional, ante el cual el consumidor ha formulado, cumpliendo lo exigido por la norma, un incidente de oposición, está obligado a apreciar, a instancia de las partes o de oficio, cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, el eventual carácter abusivo de esas cláusulas”.

También ha de tenerse en cuenta la STJUE de 17 de octubre de 2015 dictada en el asunto C-32-2014, que viene establecer “62 .Pues bien, aunque la Directiva 93/13 exige en los litigios entre un profesional y un consumidor una intervención positiva, ajena a las partes del contrato, del juez nacional que conoce de ellos (sentencias Asbeek Brusse y de Man Garabito, C 488/11, EU:C:2013:341, apartado 39 y jurisprudencia citada, y Pohotovosť, C 470/12, EU:C:2014:101, apartado 40 y jurisprudencia citada), el respeto del principio de efectividad no puede llegar hasta suplir íntegramente la total pasividad del consumidor (véase, en este sentido, la sentencia Kušionová, C 34/13, EU:C:2014:2189, aparado 56).

63. Por consiguiente, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, no puede considerarse opuesto en sí mismo al principio de efectividad el hecho de que el consumidor sólo pueda invocar la protección de las disposiciones legales en materia de cláusulas abusivas si ejercita una acción judicial. De hecho, la tutela judicial efectiva que garantiza la Directiva 93/13 –EDL 1993/15910- se basa en la premisa de que los tribunales nacionales conozcan previamente del asunto a instancia de una de las partes del contrato”.

Partiendo de estas consideraciones, debe examinarse hasta que momento, dentro de un proceso de ejecución, debe examinarse de oficio o incluso puede alegarse por el consumidor la posible nulidad por abusiva de una cláusula del contrato, ya sea la de intereses moratorios, de la cláusula suelo, de vencimiento anticipado, etc.

En cuanto al momento en que puede apreciarse de oficio, si toda la jurisprudencia comunitaria, basa la intervención positiva en base al principio de efectividad, el momento en el que cabe apreciar el carácter abusivo de una clausula abusiva debe venir determinado o marcado por dos momentos desde que el juez conozca de la ejecución, es decir desde el mismo momento en que deba examinar la demanda de ejecución, y hasta que dicho examen o en su caso la nulidad pueda tener eficacia en el proceso, y no tenga efecto de cosa juzgada.

En cuanto las clausulas que afecten a los intereses, en especial los intereses moratorios, podrá alegarse o estimarse de oficio en el propio incidente de liquidación.

Mayores problemas puede plantear otro tipo de cláusulas, como son la clausula suelo, pero especialmente la de vencimiento anticipado, que de estimarse su nulidad puede  dar lugar al sobreseimiento del procedimiento de ejecución, sin perjuicio de estar la espera de la resolución, sobre la cuestión prejudicial planteada por la Sala I del Tribunal Supremo, sobre los efectos de la nulidad de la clausula de vencimiento anticipado.

Es indudable que el proceso de ejecución tiene dos momento claves en su finalización, como es por un lado el decreto de adjudicación, y otro el momento en que se procede a la inscripción de la finca a favor del adjudicatario, lo que no parece admisible que se pueda declarar de oficio la nulidad hasta el mismo momento del lanzamiento, en la medida que en ese momento ya se han llevado a cabo todos los actos del proceso de ejecución, no siendo el lanzamiento más que el acto de entrega de la posesión al adjudicatario del inmueble

El artículo 596 de la ley de enjuiciamiento civil –EDL 2000/77463- establece hasta cuándo puede interponerse la tercería de dominio, se establece que puede interponerse hasta  el momento en que, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil, se produzca la transmisión del bien al acreedor o al tercero que lo adquiera en pública subasta. Debiendo entenderse que el auto de adjudicación, es el acto en virtud del cual se produce la trasmisión del bien al acreedor o al tercero que adquiere el bien en pública subasta.

Estando vedado de acuerdo con la jurisprudencia del TS, el que se pueda de nuevo plantear esta cuestión en el juicio declarativo correspondiente, con independencia de que se haya alegado o no la abusividad de las clausulas en el procedimiento de ejecución hipotecaria, recogida en la STS de 24 de noviembre de 2014 -EDJ 2014/200391- al señalar “De una interpretación conjunta y sistemática de las normas aplicables en relación con las precedentes sentencias de esta Sala sobre la materia se desprende, primero, que las circunstancias relativas al vencimiento de la obligación, y por tanto a su carácter exigible, que resulten del propio título no judicial en que se funde la ejecución, o de los documentos que deben acompañarlo, sí son oponibles en el proceso de ejecución; y segundo, que el ejecutado que, habiendo podido oponerlas, no lo hubiera hecho, no podrá promover un juicio declarativo posterior pretendiendo la ineficacia del proceso de ejecución.

A su vez, la falta de oposición del ejecutado, pudiendo haberla formulado, determinará la improcedencia de promover un juicio declarativo posterior pretendiendo la ineficacia del proceso de ejecución seguido contra él, dado el carácter de principio general de lo dispuesto en el  apdo. 2 del art. 400 LEC  en relación con su art. 222 –EDL 2000/77463-; y en coherencia con lo anterior, si la oposición sí se formula pero se rechaza única y exclusivamente porque las circunstancias que consten en el propio título no pueden oponerse en el proceso de ejecución , entonces el ejecutado sí podrá promover un juicio declarativo posterior sobre la misma cuestión. En suma, esta Sala considera que su doctrina jurisprudencial sobre el  art. 1479 LEC de 1881 debe ser mantenida en la interpretación del art. 564 de la vigente LEC de 2000 “.

A modo de conclusión debe entenderse que podrá estimarse la nulidad, en su caso, hasta el momento en que se dicte el auto de adjudicación, pero una vez dictado el auto de adjudicación, dado que se ha producido la transmisión del dominio al ejecutante o a un tercero, no cabe su estimación, toda vez que se han agotado los efectos del procedimiento de ejecución hipotecaria, que no es otro que la realización del bien hipotecado para el pago de la deuda garantizada con la hipoteca.

Debiendo también entenderse que no cabe plantear la nulidad de dichas clausulas en un procedimiento declarativo posterior de acuerdo con la doctrina legal expuesta, salvo que dicha interpretación se considere contraria a la directiva comunitaria 13/1993, por el TJUE –EDL 1993/15910-.

 

La cuestión planteada es efectivamente muy sencilla en su planteamiento pero de difícil solución, y de hecho se puede anticipar que es una de las cuestiones que más problemas interpretativos y dudas está suscitando en la aplicación del control de oficio por parte de los tribunales en relación con las cláusulas abusivas, siendo difícil poder dar una respuesta unívoca a esta cuestión.

La dificultad de la resolución de esta cuestión radica en la doctrina del TJUE sobre el control de oficio por parte del juez de las cláusulas abusivas una vez que tenga a su disposición los elementos de hecho y de derecho necesarios para ello. Esta doctrina debe de ponerse en relación con los momentos en los que el juez interviene en el proceso de ejecución, dado que el control de la abusividad corresponde en exclusiva al juez, y sólo en estos momentos es posible tal control en la ejecución. Ninguna duda cabe que dicho control es posible en el momento de la admisión, pues debe dictarse auto por imperativo del artículo 686.1 LEC –EDL 2000/77463- o en el supuesto de oposición a la ejecución previsto en el artículo 695 LEC al ser resuelto dicho incidente por el juez que conoce la ejecución hipotecaria. Sin embargo, una vez pasados estos dos primeros filtros judiciales en los el juez tenía a su disposición todos los elementos necesarios para el control de abusividad, y una vez iniciada la vía de apremio, la misma es competencia del Letrado de la Administración de Justicia en su desarrollo, sin intervención judicial en ningún otro momento dado que el Decreto de adjudicación lo dicta el Letrado AJ (artículo 670 LEC), así como la cancelación de cargas (artículo 674) y la entrega de la posesión (artículo 675.1 LEC). Sin embargo, el artículo 675.3 LEC establece una última intervención judicial al deber dictar un auto para determinar el derecho de los ocupantes para continuar en el uso del inmueble adjudicado en subasta.

Desde esta perspectiva legal, creo necesario realizar una serie de precisiones según el momento de la presentación de la demanda de ejecución hipotecaria. Así habrá que distinguir entre los procedimientos realizados antes o después de la reforma de la LEC por la Ley 1/2013 –EDL 2013/53763-, de tal manera que en los anteriores al no haberse podido realizar el control judicial en las fase de admisión o de oposición, sí será posible por el deudor solicitar tal control o ser realizado de oficio por el juez en cualquier momento de la ejecución, incluida la fase de lanzamiento. Por el contrario, en los posteriores a la Ley 1/2013, hay que entender que sí el juez en el inicial despacho de ejecución no consideró la concurrencia de cláusulas abusivas en el contrato o bien el propio ejecutado no formuló la correspondiente oposición a la ejecución despachada, las posibilidades de control judicial quedan reducidas, tanto por el principio de preclusión como por la posible existencia de cosa juzgada sí ha existido un control inicial por parte del juez que haya rechazado expresamente el carácter abusivo de alguna cláusula contractual, de manera que no será posible dicho control después de dictado del Decreto de adjudicación, pues a partir de dicho momento el bien subastado ha salido del patrimonio del deudor al haber sido adjudicado al acreedor o a un tercero a la vez que se ha reducido las deudas del patrimonio de dicho deudor en el importe correspondiente al precio de adjudicación. Las actuaciones posteriores, correspondientes al lanzamiento, no son nada más que el resultado de la necesidad de la efectiva entrega del bien.

Sin embargo, esta solución que podría ser aceptable desde un punto de vista procesal, se complica en aquellos casos de cláusulas como la de vencimiento anticipado en las que existía una doctrina prácticamente unánime en virtud de la cual su control no era abstracto sino en función de la efectiva aplicación por parte de la entidad de crédito (número de cuotas impagadas), lo que implicaba la aceptación de dicha cláusula por el juez de inicio y el examen de su forma de aplicación, sin control abstracto de contenido. Sin embargo el TJUE declaró contrario al derecho europeo la falta de control en abstracto de dicha cláusula, lo que implica la obligación de los tribunales españoles, ya sin distinción del momento de presentación de la demanda de ejecución hipotecaria, es entrar, cualquiera que sea la fase del proceso en la que se encuentre la ejecución, a conocer sobre la validez en abstracto de la cláusula anteriormente no controlada, lo que permite, en este caso, extender el control hasta el mismo momento de lanzamiento.

Como bien dice el propio enunciado de la cuestión, es el TJUE el que ha determinado que la abusividad de las cláusulas contractuales cuando estemos ante consumidores sea apreciable de oficio, cuestión novedosa en nuestro derecho civil y mercantil en el que, siendo el derecho privado por excelencia, lo alegado por las partes presupone los límites en los que el juzgador ha de moverse y pronunciarse sólo sobre lo planteado por los intervinientes.

Sin embargo, establecida esa facultad del juzgador, considero que, tanto si tomamos en consideración la más que añeja jurisprudencia del TS, en el sentido de que las cuestiones que son apreciables de oficio constituyen normas de derecho necesario, que como tales quedan excluidas de la disponibilidad de los intervinientes, y que pueden ser estimadas en cualquier momento, situación, o fase procesal en la que aparezcan con la claridad necesaria, como bien puede hacerse con la cosa juzgada, por ejemplo, la contestación a la posibilidad de acoger la nulidad de una cláusula abusiva, se extiende también al período de ejecución propiamente dicha, y por lo tanto, hasta el momento del lanzamiento.

Y si partimos de la finalidad que conforme al TJUE debe tener esa apreciación de oficio, que no es otra que salvaguardar los derechos e intereses de los consumidores por parte de los Tribunales aún cuando estos no hayan alegado que se abusó de su desconocimiento e ignorancia en el significado y consecuencias de las cláusulas que constituyen el objeto del contrato y que debido a ello debe acordarse la abusividad de la misma y su nulidad, como viene establecido en la sentencia citada, la conclusión no es distinta. La jurisprudencia del TJUE ha determinado que esa protección se superpone y se eleva sobre el principio dispositivo y de alegación particular porque debe llevar a sus últimas consecuencias la protección del consumidor en este tipo de contratos con estas cláusulas, y ello abarca cualquier momento o fase procesal, incluyendo el momento de ejecución real del bien hasta su lanzamiento. De ninguna otra forma puede entenderse que, incluso planteada la acción declarativa después de un ejecutivo, el juez del declarativo pueda ordenar como medida cautelar la paralización de la ejecución del bien acordada en ese otro procedimiento.

En ese sentido se ha pronunciado también nuestro TS que en sentencia reciente de 8-6-2017 –EDJ 2017/93157-, recogiendo jurisprudencia del TJUE ha establecido, remitiéndose a la sentencia del TJUE de 26 de abril de 2012, asunto C-472/10 –EDJ 2012/70166-:

«41. En cuanto a la segunda parte de la primera cuestión, relativa a las consecuencias que los órganos jurisdiccionales nacionales han de aplicar en el caso de la declaración, en el marco de una acción de cesación, del carácter abusivo de una cláusula que forma parte de las CG [condiciones generales] de los contratos celebrados con consumidores, en primer lugar procede recordar que la facultad del juez nacional para examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual constituye un medio idóneo para ayudar a que se logre el objetivo contemplado en el artículo 7 de la Directiva (véase la sentencia de 26 de octubre de 2006, Mostaza Claro, C-168/05, Rec. p. I-10421, apartado 27 y jurisprudencia citada). Además, la naturaleza y la importancia del interés público en que se basa la protección que la Directiva otorga a los consumidores justifican que dicho juez deba apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual (véase la sentencia Mostaza Claro, antes citada, apartado 38).

42. Los órganos jurisdiccionales nacionales que comprueben el carácter abusivo de una cláusula de las CG están obligados, en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva, a aplicar todas las consecuencias que, según el Derecho nacional, se deriven de ello para que el consumidor no resulte vinculado por dicha cláusula (véase la sentencia Perenièová y Pereniè, antes citada, apartado 30 y jurisprudencia citada)”.

Referida la cuestión planteada al límite temporal del deber de control sobre la abusividad del clausulado en una ejecución hipotecaria, como punto de partida es de significar primeramente se va a hacer referencia al supuesto en el que el procedimiento de ejecución se haya seguido estando ya en vigor la reforma de la LEC que introdujo como motivo de oposición el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya fundamento de la ejecución o determine la cantidad exigible (Ley 1/2013 de 14 de mayo –EDL 2013/53763-).

En tales supuestos, lógicamente, la obligación del juez nacional de examinar de oficio el concurso de cláusula abusiva alguna “tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de derecho necesarios” (TJUE, por todas S Pannon GSM), debe de efectuarse ya ante la sola presentación de la demanda de ejecución, concediendo ya a la parte ejecutante trámite para manifestarse al respecto (no olvidemos que, de admitirse la demanda, se despacha ejecución por las cantidades solicitadas), como, en todo caso, al resolver sobre la oposición planteada al respecto (si así se efectúa). Piénsese que cabe que el ejecutado no se persone ni se oponga a la ejecución, o que oponga cuestiones distintas a las aquí referidas, por ello el juez nacional debe de examinar en el momento inicial citado si concurren tales cláusulas.

De proseguir la ejecución, entiendo que, tras dichos “controles” judiciales sobre la abusividad de las cláusulas, ya no cabrá oponer la misma mediando el procedimiento de apremio. Lo contrario significaría una clara transgresión de la seguridad jurídica permitiendo que se ataquen resoluciones con eficacia de cosa juzgada: se despachó ejecución hipotecaria y, en su caso, se acordó que la misma siguiese adelante tras rechazarse la oposición vertida frente a la misma.

Así, el TJUE viene indicando que no es exigible que el órgano judicial no solo deba de subsanar la omisión de un consumidor que desconoce las leyes sino también suplir íntegramente la absoluta pasividad del mismo (Caso Asturcom Telecomunicaciones, supuesto de ejecución de un laudo arbitral en el que el consumidor ni participó en el procedimiento arbitral ni instó la anulación del laudo, planteándose posteriormente la abusividad de la cláusula arbitral), y si bien el TJUE considera, conforme a la Directiva 93/13 –EDL 2013/53763-, que el juez nacional pueda de oficio apreciar la concurrencia de cláusula abusiva, lo cierto es que ello es lo que, en definitiva, venimos sosteniendo: control de oficio de dicha cuestión al interponerse la demanda de ejecución (aquí hipotecaria, en el caso citado de laudo arbitral).

Distinto es el caso en el cuándo se despachó ejecución –o incluso cuando se rechazó la oposición a dicho despacho- el artículo 695 de la LEC –EDL 2000/77463- aún no regulaba la posibilidad de oponer que se fundamentaba la ejecución en cláusula abusiva. En tales casos el control de oficio se impone aun cuando ya se hubiese despachado la ejecución. Considero que en tal supuesto debe de efectuarse en la vía de apremio o incluso en la liquidación de intereses. Así la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en auto de 14 de mayo de 2014, en trámite de liquidación de intereses, apreció la nulidad de una cláusula de intereses por considerar abusiva la misma, razonando que, hasta entonces (la ejecución se despachó en el año 2002), el deudor no había tenido posibilidad de esgrimir tal cuestión. Consideraciones extensibles a otras cláusulas abusivas (véase la de vencimiento anticipado) que no pudieron impugnarse en la ejecución cuando se inició la misma.

Para responder la pregunta, hay que partir de la naturaleza de la ejecución hipotecaria, que ordena y realiza la venta de un bien inmueble gravado con hipoteca por incumplimiento de las obligaciones garantizadas con ella, como dispone el art. 129.1 LH –EDL 1946/59-, que permite o entre la venta extrajudicial, de la que no tratamos, y la ejecución judicial del bien hipotecado. Ademas el art. 1858 del CC –EDL 1889/1- dispone que es “de esencia de estos contratos que, vencida la obligación principal, puedan ser enajenadas las cosas en que consiste la… hipoteca para pagar al acreedor.

La ejecución es un procedimiento rápido y reglado, que persigue de forma transparente, normalmente mediante subasta pública, hacer efectivo el valor del bien inmueble para pagar las deudas incumplidas.

En él se venden los inmuebles hipotecados, con un contrato del que son parte, por un lado el propietario hipotecante como vendedor y, como comprador, el mejor postor, limitándose la intervención del Tribunal a sustituir al vendedor en la emisión de su consentimiento. En consecuencia, como ultima fecha posible para resolver sobre abusividad del contrato de hipoteca, desaparece la legitimación del Tribunal cuando se perfeccione la venta.

Por otro lado la sentencia de 27 de junio de 2000, en su parte dispositiva se limita a decidir que la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 –EDL 1993/15910-, implica que el Juez nacional pueda apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula del contrato que le haya sido sometido cuando examine la admisibilidad de una demanda y que, al aplicar las disposiciones de Derecho nacional, dé preferencia a la interpretación que le permita negarse de oficio a asumir una competencia que le haya sido atribuida en virtud de una cláusula abusiva. Sin embargo en su fundamento 29 razona que “la protección que la Directiva otorga a los consumidores implica que el Juez nacional pueda apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula del contrato que le haya sido sometido cuando examine la admisibilidad de una demanda presentada ante los órganos jurisdiccionales nacionales”. Asimismo en el 28 expone “que la facultad del Juez para examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula constituye un medio idóneo tanto para alcanzar el resultado señalado por el art. 6 de la Directiva -impedir que el consumidor individual quede vinculado por una cláusula abusiva-, como para ayudar a que se logre el objetivo contemplado en su art. 7, ya que dicho examen puede ejercer un efecto disuasorio que contribuya a poner fin a la utilización de cláusulas abusivas en los contratos celebrados por un profesional con los consumidores”.

La doctrina expuesta por el Tribunal de Justicia en su fundamentación, determina una interpretación proclive a la apreciación de oficio de la abusividad para los consumidores de las clausulas contractuales, por lo que sin duda podrá apreciarse de oficio al comenzar la ejecución, como en la cuestión prejudicial resuelta en la sentencia citada; pero no podrá apreciarse, ni a instancia de parte ni de oficio, cuando la venta se haya perfeccionado, lo que se produce por el concierto entre oferta y aceptación, tal como disponen tanto las reglas generales de los arts. 1254 y 1268 del CC –EDL 1889/1-, como la especifica del 1450, que dice “La venta se perfeccionará entre comprador y vendedor, y será obligatoria para ambos, si hubieren convenido en la cosa objeto del contrato, y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado”. En consecuencia, aunque el Juez puede decidir de oficio sobre clausulas abusivas al comenzar la ejecución hipotecaria, no está facultado para hacerlo después de dictar el decreto de adjudicación, aunque no se haya producido el lanzamiento.

Debe darse una respuesta positiva a la existencia de un incidente de oposición posterior al examen de oficio de cláusulas abusivas en el seno de una misma ejecución. Y ello, en base a la sentencia del TJUE de 26 de enero de 2017 (Asunto C-421/2014) –EDJ 2017/1414- que parece dar un nuevo giro a esta cuestión, pues permite que en un mismo procedimiento ejecutivo en el que ya se había llevado a cabo un examen de oficio de cláusulas abusivas, concluyendo la nulidad de una de ellas, se introduzca posteriormente por parte del ejecutado el debate de la nulidad de otras cláusulas distintas, por considerarlas abusivas.

Lo que no cabría llevar a cabo es que si habiéndose dirigido un proceso de ejecución contra un ejecutado que ostente la consideración de consumidor o usuario no se opuso invocando la abusividad de la cláusula suelo nos preguntaríamos si ¿puede acudir a un juicio declarativo para que se declare nula y se le devuelva todo lo adeudado de más? siendo la respuesta negativa, pero por cuanto la Sala Primera del TS, en sus Sentencias 462/2014, de 24 de noviembre (rec. 2962/2012) -EDJ 2014/200391-, y 767/2014, de 13 de enero de 2015 recuerda que la falta de oposición a la ejecución del ejecutado, pudiendo haberla formulado, determinará la improcedencia de promover un juicio declarativo posterior pretendiendo la ineficacia del proceso de ejecución seguido contra él, dado el carácter de principio general de lo dispuesto en el apdo. 2 del art. 400 LEC –EDL 2000/77463- en relación con su art. 222. Es decir, qie los efectos del proceso de ejecución viene a tener los efectos de cosa juzgada, lo que impide que en un juicio declarativo posterior pueda volver a ponerse encima de la mesa este tema apelando a la abusividad de las cláusulas, cuando tuvo que hacerse en el procedimiento de oposición donde se planteó la ejecución como antes hemos visto al reconocerlo el propio TJUE.

Sin embargo, no existirá cosa juzgada en la solicitud de nulidad de cláusula suelo cuando en el proceso de ejecución hipotecaria no se hubiera notificado individualmente la existencia del plazo de un mes para instar la nulidad de posibles cláusulas del préstamo hipotecario en el caso de que dicho proceso estuviera en tramitación cuando se promulgó la Ley 1/2013, de 14 de mayo –EDL 2013/53763- la cual en su disposición transitoria cuarta estableció el plazo preclusivo de un mes desde la entrada en vigor de la Ley (que se produjo el 15 de mayo de 2013) para formular un incidente extraordinario de oposición basado en la existencia de las nuevas causas de oposición previstas en el art. 557.1.7.ª y art. 695.1.4.ª LEC (cláusulas abusivas) –EDL 2000/77463-, en aquellos procesos en tramitación en los que ya hubiera transcurrido el plazo de diez días previsto en el art. 556.1 LEC.

En cualquier caso, la nulidad de cláusulas contractuales no es una causa de oposición en el proceso de ejecución sino sólo su abusividad y únicamente se puede oponer por cláusulas abusivas quien ostenta la condición de consumidor o usuario; de manera que quien no reúne dicho carácter si pretendiere alegar la nulidad de una cláusula (como puede ser la cláusula suelo) deberá acudir a un juicio declarativo ex art. 698 LEC –EDL 2000/77463-.

En tanto que la oposición por cláusulas abusivas queda limitada a quienes ostentan la consideración de consumidores o usuarios, si se hubiera iniciado un proceso de ejecución contra un ejecutado que no reúna dicho carácter y éste no se hubiera opuesto a la ejecución, éste podrá iniciar un juicio declarativo si la cláusula suelo fuera nula solicitando, en virtud de lo dispuesto en la STJUE de 21 de diciembre de 2016 -EDJ 2016/226005- la devolución de todas las cantidades indebidamente abonadas, pues en el proceso de ejecución no se ha podido oponer por dicha causa como también recuerda la autora ACHON BRUÑEN.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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