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DERECHO DE LA CIRCULACIÓN

Mecánica a seguir por los abogados en asuntos de tráfico tras la entrada en vigor de la despenalización de las faltas en el Código Penal

Coordinador: Vicente Magro Servet

Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante (Doctor en Derecho).

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Ante la desaparición de las faltas del Libro III del CP por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, se impone analizar cómo van a plantear a partir del 1 de julio de 2015 (fecha de entrada en vigor de la reforma) los abogados de las víctimas y los perjudicados, en casos de accidentes de circulación, las reclamaciones ante las aseguradoras y la judicialización de estos casos cuando la no tramitación de la vía penal va a conllevar la inexistencia de intervención de los médicos forenses en la elaboración de los partes de sanidad.

¿Se recurrirá por perjudicados y aseguradoras a enfrentarse en un litigio civil con periciales médicas de parte de distinto contenido? ¿Perjudicará este sistema de despenalizar los casos de tráfico los acuerdos con las aseguradoras?


Este foro ha sido publicado en la "Revista de Derecho de la Circulación", el 1 de julio de 2015.

En primer lugar, hemos de destacar que, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (EDL 2015/32370), que entrará en vigor el próximo día 1 de julio, han quedado despenalizados: i) el homicidio y las lesiones causadas mediante imprudencia simple (art. 621.2 y 3.); ii) las lesiones previstas en el art. 147.2 CP causadas mediante cualquier clase de imprudencia (art. 621.1); iii) las lesiones previstas en el art. 147.1 causadas mediante imprudencia menos grave.

En segundo lugar, el homicidio y las lesiones previstas en los arts. 149 y 150 causadas mediante imprudencia menos grave se consideran delitos leves y solo son perseguibles previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal y, en estos casos el perdón del ofendido opera como causa de extinción de la responsabilidad penal (art. 130.1.5º CP). Al ser un delito leve, de conformidad con lo dispuesto en los nuevos arts. 963 y 964 LECrim podrá acordarse el sobreseimiento del proceso y el archivo de las diligencias si se dan estas circunstancias: a) El delito leve denunciado resulte de muy escasa gravedad a la vista de la naturaleza del hecho, sus circunstancias, y las personales del autor; y b) no exista un interés público relevante en la persecución del hecho. Así pues, las causas penales que puedan iniciarse en los casos de homicidio y lesiones causadas mediante imprudencia menos grave terminarán archivándose, por lo que la única vía que dispondrá el perjudicado para reclamar la indemnización será acudir al orden civil.

En tercer lugar, esta amplia despenalización de los homicidios y lesiones imprudentes provocará que los perjudicados tengan que iniciar procedimientos civiles en el caso de que la Aseguradora del vehículo causante del siniestro no se avenga a indemnizar y, en consecuencia, se aplicarán los principios del proceso y del procedimiento civil. En especial, recaerá sobre el perjudicado la carga de la prueba de la relación de causalidad entre la conducta del conductor causante del siniestro y el resultado lesivo así como las consecuencias para su integridad física y psíquica (incapacidad temporal y secuelas o lesiones permanentes).

En cuarto lugar, el apartado Primero-11 del Anexo del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor dispone: “En la determinación y concreción de las lesiones permanentes y las incapacidades temporales, así como en la sanidad del perjudicado, será preciso informe médico”. Significa, pues, que el actor-perjudicado deberá aportar un informe médico como prueba pericial de parte para poder acreditar la valoración de su incapacidad temporal así como de las lesiones permanentes o secuelas. Con toda probabilidad, este informe pericial será contradicho con otro informe pericial de la Aseguradora y será el Juez quien tendrá que valorar los informes periciales conforme a las reglas de la sana crítica según el art. 348 LEC, como ocurre en todos los procesos civiles en los que las partes aportan informes periciales contradictorios.

En quinto lugar, no creo que el hecho de la despenalización cause mayores problemas para conseguir acuerdos con las Aseguradoras porque éstas, para evitar la aplicación del interés moratorio sancionador previsto en el art. 9 del Texto Refundido así como la condena en costas, tratarán de llegar a acuerdos extrajudiciales sobre la base de la aplicación del Baremo a las lesiones que acredite el perjudicado. Sólo cuando las posiciones de ambas partes sobre el importe de la indemnización sean inconciliables, no habrá otro remedio más que iniciar el procedimiento judicial civil por el perjudicado.

Buena parte de los problemas que apunta la cuestión y que ciertamente comparto, habrá que abordarlos desde una distinta perspectiva. Y no sería extraño pensar algún tipo de actuación legislativa al respecto.

De momento deberemos afrontar las soluciones con lo que tenemos. Y lo que tenemos es una prueba pericial que como establece el art. 336 LEC (EDL 2000/77463) inicialmente va a ser auspiciada por el perjudicado, como interesado quien elegirá al profesional de su elección para que le emita un informe sobre el alcance y valoración de sus lesiones. Al margen queda la posibilidad de actuación de peritos médicos caso de solicitarse como pericial judicial, y del recurso a los médicos forenses en el supuesto de que los perjudicados gocen del beneficio de justicia gratuita (art. 339 LEC).

Y, así mismo, contamos con la redacción del art. 7 de la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor (EDL 2004/152063), según el cual el asegurador, dentro del ámbito del aseguramiento obligatorio y con cargo al seguro de suscripción obligatoria, habrá de satisfacer al perjudicado el importe de los daños sufridos en su persona y en sus bienes... En el plazo de tres meses desde la recepción de la reclamación del perjudicado, el asegurador deberá presentar una oferta motivada de indemnización si entendiera acreditada la responsabilidad y cuantificado el daño, que cumpla los requisitos del aptdo. 3 (esencialmente contendrá, de forma desglosada y detallada, los documentos, informes o cualquier otra información de que se disponga para la valoración de los daños, identificándose aquellos en que se ha basado para cuantificar de forma precisa la indemnización ofertada, de manera que el perjudicado tenga los elementos de juicio necesarios para decidir su aceptación o rechazo).

Evidentemente, a mi juicio la ausencia de referencia al criterio de un profesional experimentado desligado de cualquier tipo de relación con las partes, va a perjudicar seriamente la posibilidad de alcanzar acuerdos, al menos al principio, hasta que se generalice otro medio de actuar.

Quizás el sistema pasara por un acercamiento a la opinión de un profesional, designado de mutuo acuerdo por perjudicado y aseguradora, que se pronunciare acerca de las cuestiones en que discreparan.

En el ámbito del proceso civil, existe la posibilidad de designación de perito judicial (art. 339 LEC) y en el ámbito de la audiencia previa la posibilidad de instar a que las partes alcancen un acuerdo, aunque fuere en la designación de un profesional que informe sobre el alcance de las lesiones sufridas por el perjudicado, siempre y cuando se den los requisitos procesales, para ello, y caso de que hubiera dualidad de informes contradictorios.

En todo caso, para la generalidad de los perjudicados puede suponer un encarecimiento del coste del proceso.

Referida la cuestión planteada al efecto que ocasionará la despenalización de las faltas en el CP (EDL 1995/16398) respecto a los accidentes de tráfico, el tema del planteamiento de las reclamaciones por los perjudicados de aquellos, lógicamente, es una cuestión en la que actualmente podemos movernos únicamente en el campo de lo que “podría o debería ser” .

Así, en principio, la solución jurisdiccional no es otra que la vía civil.

Como punto de partida es de significar que, como se manifiesta en la formulación de la cuestión, la imposible actuación de los médicos forenses en los procedimientos civiles, implica una dificultad muy grande para la solución de la reclamación ante la enorme profesionalidad de aquellos y el eminente carácter imparcial de los mismos.

Sin embargo, también debemos hacernos eco de las alegaciones que en ocasiones se vierten en los pleitos respecto a los informes de dichos profesionales al servicio de la Administración de Justicia: los médicos forenses examinan al lesionado y, en su caso, los antecedentes médicos que este les facilita, pero no aquellos otros que no les exhibe, ni tampoco realiza pruebas para valorar el alcance de las lesiones o secuelas (salvo que remitan el informe a la Clínica Médico Forense o institución análoga). Alegatos también predicables, en su caso, respecto a los informes de parte.

Si bien en un pleito civil tal dificultad podría superarse acudiendo a la llamada pericial judicial, lo cierto es que en la práctica el resultado de la misma también se pone en entredicho por las partes litigantes que, además, aportan sus periciales de parte.

Lo idóneo sería que las compañías acordasen acudir a unos determinados peritos, de forma extrajudicial, para someterse al criterio de los mismos en orden a la valoración de las lesiones y secuelas. Deberían de ser unos profesionales en los que las compañías mostrasen su total confianza.

Sé que la cuestión es difícil, a diferencia de los daños materiales, en el tema de lesiones y secuelas la valoración es muchísimo más complicada, basta con recordar el tema de la “preexistencia” o el “agravamiento” de unas y otras.

Si bien, como ya se ha apuntado, el tema de los acuerdos entre compañías sería de gran eficacia para la resolución de tales reclamaciones, la valoración de unas y otras ofrece gran dificultad para sentar unos criterios objetivos de acuerdos para dirimir los conflictos a diferencia de lo que acontece cuando se trata únicamente de daños materiales (en estos la preexistencia y la agravación más fácilmente permiten la aplicación de tales criterios).

Es de significar que los llamados “autos de cuantía máxima” con cargo al seguro obligatorio prácticamente desaparecerán (solo se dictarán los que recaigan en actuaciones penales seguidas por delito), si bien ello implica el prescindir de un procedimiento ágil para la reclamación en estos casos (habrá que acudir a un procedimiento declarativo para dilucidar la responsabilidad a pesar de solo caber excepcionar la culpa exclusiva de la víctima o la fuerza mayor…), también debemos de hacernos eco de las alegaciones vertidas por aseguradoras en el sentido de ser difícil en un procedimiento de ejecución con tales especialidades de oposición el demostrar , por ejemplo, que no se trata de un “tercer vehículo desconocido”, sino “inexistente”.

La situación prevista en el vigente CP (EDL 1995/16398), donde se reconocía el supuesto de la llamada imprudencia leve o temeraria con menor resultado dañoso, como consecuencia de un accidente de circulación, y la tipificación de dichas conductas como falta en los arts. 621.3 y 621.4, cambia radicalmente con la entrada en vigor de la nueva reforma del CP.

La supresión del Libro III del CP se motiva en la Exposición de Motivos del Anteproyecto, en el que se aducen causas como el principio de intervención mínima y el de última ratio del proceso penal así como el de la racionalización del uso del servicio público de Justicia “para reducir el elevado número de litigiosidad y favorecer una respuesta judicial eficaz”. Según el Anteproyecto, se referían a 3.448.548 asuntos

De este modo, la posibilidad de que perjudicado, simplemente interponiendo una mera denuncia ante la jurisdicción penal con relación sucinta de los hechos, diese lugar a la incoación de un Juicio de Faltas, en el que era citado para ser examinado por el Médico Forense, facilitado por el Juzgado, quien emitía el llamado “Informe de Sanidad” sin coste alguno, y que servía a los operadores jurídicos llevar a cabo la valoración económica de las lesiones, y proceder a reclamar la indemnización correspondiente, parece que ha finalizado.

Las nuevas lesiones leves sólo van a ser perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o su representante legal, evitando que se inicie el procedimiento penal de forma automática, por el mero hecho de existir parte médico de lesiones; exceptuando lógicamente los casos de violencia de género.

Las lesiones por imprudencia leve se desvían en consecuencia a la jurisdicción civil.

No hay duda de que la inexistencia de un contenido concreto acerca de qué se entiende por imprudencia grave o leve y los diversos criterios judiciales están detrás de esta importante reforma.

Es por ello que nos hallamos ante una importante reforma, que incide en dos ámbitos:

1º. En los propios perjudicados por los accidentes de tráfico, que podían acudir a la jurisdicción civil o penal, y ahora se verán abocados, necesariamente, a acudir a la jurisdicción civil, donde rige el principio dispositivo, el pago de costas y el abono del depósito para recurrir.

En efecto, a) depósito de 30 euros, si se trata de recurso de queja y de 50 euros, si se trata de recurso de apelación o de rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde; b) si la suma reclamada supera la cuantía de 2000 €, además se debe estar asistido de Abogado, tener que estar representado por Procurador; y c) al no haber Médico Forense, la parte debe acudir a un perito médico para que realice un Informe Pericial de valoración de sus lesiones para poder hacer la conclusión económica, el cual, además, se tiene que acompañar con la demanda, en cuyo suplico debe de hacer constar la suma o sumas que se piden con toda concreción, pues de ello depende la posibilidad o no de recurrir y la suma que como máximo se puede conceder por el Juzgador.

Todo lo expuesto supone, sin género de duda, un encarecimiento de la reclamación.

2º. En los conductores, que sólo podrán ser castigados, en sede penal, si cometen conductas tipificadas como imprudencia grave con resultado de muerte o lesiones graves, dejando de lado los delitos especialmente tipificados como delitos contra la seguridad vial en los arts. 379 y ss CP.

3º. En el servicio de la administración de justicia, que sufrirá un importante trasvase de reclamaciones en sede penal a la civil, con incrementos de la carga de trabajo en los Juzgados civiles y detrimento en los penales.

4º. En las propias entidades aseguradoras, en la medida en que la tramitación de los asuntos en los que se ven involucrados lesionados de menor gravedad está muy determinada por el orden jurisdiccional en el que se reclama, de modo que si es en la penal se cuenta con atestado policial, informe forense y actividad de oficio.

Sin embargo, con la reforma del CP, que se prevé que en breve entre en vigor, la situación cambia ostensiblemente en detrimento del perjudicado, ya que, como se anuncia en la Exposición de Motivos, se suprimirán de las faltas, pasando algunas a ser “delitos leves” como lesiones dolosas, coacciones, amenazas, pero las lesiones derivadas del accidente de circulación por imprudencia simple quedarían despenalizadas, y únicamente se tramitarían como delito cuando sean por conducción etílica o consumo de sustancias estupefacientes o por grave infracción de las normas de tráfico.

Todo lo anterior pasa, a mi modo de ver, por la desaparición del llamado Auto de cuantía máxima, en tanto en cuanto no habrá fin del proceso penal derivado de accidente de circulación en el que ha habido daños personales, bien Sentencia absolutoria o Archivo. Consecuencia de la despenalización de las faltas será la obligación de acudir a la Jurisdicción civil, iniciando el correspondiente procedimiento declarativo donde procesalmente no cabe aquellos supuestos de terminación del proceso.

Habrá que ver qué ocurre con la vigencia del art. 13 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor (EDL 2004/152063) y si se podrá acudir a la vía jurisdicción penal interponiendo una denuncia calificando el hecho como “delito leve”, por considerar que se estamos ante una imprudencia grave, y esperar el sobreseimiento del Juzgado por no ser el hecho constitutivo de infracción penal, y, de este modo, solicitar ante el juzgado de instrucción que se dicte el auto de cuantía máxima a que se refiere el meritado art. 13, porque se ha puesto fin a un proceso penal por archivo, sin haber sido visitada la victima por el Médico Forense para que emita el informe de sanidad, y si acudir a su ejecución a la vía civil.

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (EDL 2015/32370), ha llevado a cabo una profunda modificación del CP, contemplándose en ella la derogación del libro III de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del CP (EDL 1995/16398), por la que desaparecen de su texto las faltas. En lo que a este comentario respecta, la especial incidencia de la modificación consiste en la desaparición del actual art. 621 CP, utilizado, como bien sabemos, como instrumento para canalizar las reclamaciones de las víctimas de daños físicos en los accidentes de circulación en los que la característica principal era que la imprudencia atribuida al autor de la infracción era de carácter leve. A través del art. 621 y por el procedimiento de juicio de faltas, se han venido reclamando, mediante la presentación de la correspondiente denuncia, aquellas indemnizaciones derivadas de los daños físicos sufridos como consecuencia de un accidente causado por la circulación de vehículos a motor, siendo una de sus principales características la intervención del médico forense, que llevaba a cabo la emisión del correspondiente informe de estudio, valoración y sanidad de las lesiones y secuelas sufridas por la víctima. Tradicionalmente, el informe de sanidad médico-forense ha venido a constituir un punto de partida, una referencia fundamentalmente objetiva que ha servido para canalizar numerosos acuerdos y transacciones entre las aseguradoras responsables de cubrir la indemnización del autor del accidente y las víctimas. Cierto es que hay algunos procedimientos en los que existe discrepancia de alguna de las partes, aseguradora o víctima, respecto al informe médico-forense, y se ha acudido al perito médico de parte, pero lo cierto es que ha servido en muchas ocasiones como un informe de referencia, al objeto de alcanzar numerosos acuerdos.

La LOPJ y disposiciones complementarias no contemplan como tareas del médico forense intervenir en la jurisdicción civil, a excepción de aquellas actuaciones que llevan a cabo en el marco del Registro Civil, estando su labor supeditada especialmente a la jurisdicción penal. Con ello se va a plantear, a mi juicio, un importante problema, en cuanto que estas reclamaciones, canalizadas actualmente a través del juicio de faltas, que generalmente no terminan con la celebración del propio juicio como acto procesal, sino que el denunciante obtiene una satisfacción de la indemnización pretendida por vía extrajudicial de la compañía de seguros, va a sufrir un giro importante en cuanto que la víctima del accidente va a carecer de este instrumento procesal y va a tener que acudir al procedimiento civil correspondiente.

Los inconvenientes que puede suponer el acudir a la vía civil son diversos:

1º. En primer lugar, hay que tener en cuenta el coste que ya, de inicio, debe suponer a un perjudicado, en cuanto que va a tener que contar con los servicios de abogado y procurador.

2º. En muchas ocasiones va a tener que acudir a la presentación de un informe pericial médico privado que contenga una descripción y valoración tanto de las lesiones como de las secuelas.

3º. Ante la ausencia de informe médico-forense tomado como punto de referencia objetivo para determinar el alcance de los daños físicos sufridos por el reclamante, van a proliferar, como es lógico, y por las compañías de seguros, la presentación de los correspondientes informes periciales de parte, con los equipos o servicios médicos de las propias compañías, que van a discutir el contenido de los informes periciales del demandante, que pueden tener a su vez ciertos tintes subjetivos.

Ello, a mi juicio, supondría un incremento de la litigiosidad y la excesiva judicialización de este tipo de reclamaciones, con el consiguiente perjuicio que para todas las partes del proceso, incluida la propia Administración de Justicia, puede acarrear.

Cierto es que en los últimos años se ha experimentado una corriente tendente a alcanzar transacciones entre aseguradoras y víctimas, fruto fundamentalmente de la cada vez más minuciosa regulación de las consecuencias económicas derivadas de las lesiones físicas e incapacidades producidas como consecuencia de un accidente a raíz de la circulación de un vehículo de motor. Pero lo cierto es que, faltando, a mi modo de ver, el informe médico-forense como informe de referencia, la litigiosidad presumiblemente se incremente, con el consiguiente perjuicio que para el justiciable supone. Presumo que muchas reclamaciones no se formularán, al tratarse de lesiones de escasa cuantía y duración, ya que es posible que cuesten más los gastos procesales que el propio contenido de la reclamación.

Lo deseable, a mi modo de ver, sería el arbitrar un procedimiento que sirviera fundamentalmente para dotar de agilidad y eficacia a las reclamaciones que los perjudicados y víctimas en el proceso puedan presentar ante las aseguradoras, y que evite el innecesario deambular por juzgados y tribunales, que entiendo debe ser la solución última para la satisfacción de las reclamaciones del perjudicado.

Confío en que se incrementen y acentúen los convenios entre compañías aseguradoras, que ya han servido para resolver en gran medida los denominados daños materiales, ante la ausencia de daños personales, tratando de buscar una solución extrajudicial a los daños físicos.

Esto no obstante, también he de señalar que cuando la víctima es conductora, propietaria o, incluso en ocasiones, usuaria de un vehículo a motor, y la responsabilidad del accidente es imputable al conductor de otro vehículo distinto, si el vehículo en el que viaja la víctima tiene concertada la garantía de reclamación de daños, corresponderá a la compañía de seguros de dicho vehículo facilitar los medios y, en su caso, profesionales necesarios (sin perjuicio del derecho de elección de abogado y procurador amparado por la cobertura) para litigar frente a la compañía responsable del vehículo causante del daño y su conductor.

Pero, en definitiva, la desaparición de la falta del art. 621 CP, que prácticamente no ha tenido más función hasta ahora que servir de instrumento para canalizar las reclamaciones derivadas de daños físicos producidos en un accidente de circulación cuando la imprudencia es leve, nos trae una problemática que entiendo que el legislador no ha tenido en cuenta, pues no ha arbitrado un instrumento o procedimiento que sirva para sustituir a aquél y que dote de rapidez, economía y eficacia a la reclamación de la víctima.

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (EDL 2015/32370), por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del CP (EDL 1995/16398), como es sabido, deroga el Libro III del CP y, por lo tanto, las faltas de lesiones del art. 621.

A decir de su Preámbulo: “No toda actuación culposa de la que se deriva un resultado dañoso debe dar lugar a responsabilidad penal, sino que el principio de intervención mínima y la consideración del sistema punitivo como última ratio, determinan que en la esfera penal deban incardinarse exclusivamente los supuestos graves de imprudencia, reconduciendo otro tipo de conductas culposas a la vía civil, en su modalidad de responsabilidad extracontractual o aquiliana de los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, a la que habrá de acudir quien pretenda exigir responsabilidad por culpa de tal entidad”.

Los supuestos a los que se refiere la anterior cita son, ahora, derivados a la vía civil, sin que tengan encaje en los nuevos delitos leves, por lo que, en caso de presentación de denuncia penal por estos hechos, el Juzgado debe inadmitirla a limine litis.

Es decir, en los casos de lesiones producidas por imprudencia leve el lesionado debe acudir a la vía civil para reclamar la indemnización que crea corresponderle.

El legislador, así, acaba con una práctica bastante extendida en materia de tráfico que consistía en interponer una denuncia penal por parte del que sufría una lesión por mínima que fuera (v.gr.: latigazo cervical, etc.), con la consiguiente saturación de expedientes en los Juzgados de Instrucción y en los Equipos de Medicina Forense, y que terminaban, en buen número, en el sobreseimiento de la causa con el dictado, con base en el informe médico forense emitido, del ulterior auto de cuantía máxima.

Cuando entre en vigor la LO 1/2015 habrá que estar al caso concreto, pero se puede adelantar que, por término general, si el importe de la indemnización a percibir no es significativo (lo que suele ocurrir en los casos de lesiones mínimas), la opción de instar un procedimiento civil contra la aseguradora (con los gastos fijos que supone -abogado, procurador, peritos médicos expertos en valoración del daño corporal para justificar la indemnización por incapacidad temporal y por lesiones permanentes o secuelas, etc.-, añadiendo una probable estimación parcial de la demanda por lo que, en principio, tampoco habrá imposición de costas a la aseguradora) no parece ser muy aconsejable; lo que puede conllevar una mayor facilidad en la consecución de acuerdos con la aseguradora que eviten el planteamiento de demandas civiles. Así, creemos que, aunque, quizás el legislador no lo haya pretendido directamente, gana en relevancia la figura de la oferta motivada prevista en el art. 7.2 del RD 8/2004 (EDL 2004/152063) en virtud de la reforma introducida por la Ley 21/2007, de 11 de julio.

En cualquier caso, si el lesionado inicia un procedimiento civil contra la aseguradora es previsible cierta limitación a las reclamaciones exorbitadas e infundadas; es más, puede suponer una moderación en el importe indemnizatorio reclamado; la petición indemnizatoria deberá ser ajustada a la realidad de los hechos, evitando peticiones que a buen seguro se sabe que van a ser desestimadas.

La cuestión parece distinta cuando el lesionado sea beneficiario de la asistencia jurídica gratuita. Tanto en los casos de falta de recursos económicos como en los de gravedad de las lesiones (art. 2.h) LAJG el lesionado podrá contar con los beneficios a los que se refiere el artículo 6 de la citada ley, y muy especialmente con el contenido en su apartado 6: peritos adscritos al órgano judicial, es decir, el Médico forense, cuya práctica deberá solicitarse en el mismo escrito de demanda. En estos casos, el lesionado podrá, con independencia del importe reclamado, interponer una demanda civil contra la aseguradora sin el lastre de tener que adelantar una importante cantidad de dinero a la espera de un resultado siempre incierto y, además, contando con el acicate de la prueba pericial emitida por el Médico forense sobre valoración del daño corporal del lesionado-demandante. Estos son buenos motivos para que el lesionado interese el reconocimiento de la justicia gratuita.

Ahora bien, cabe plantearse también si en los casos de lesiones con pronóstico incierto en los que haya que dilucidar si ha mediado imprudencia menos grave, el lesionado puede presentar una denuncia penal por si los hechos pudieran constituir un delito leve de lesiones.

La cuestión es afirmativa. Salvo que de la denuncia (obligatoria ahora en estos casos) se desprenda de manera inequívoca que se está en presencia de una imprudencia leve despenalizada, el Juzgado podría incoar Diligencias Previas, acordando, de conformidad con lo dispuesto en el art. 355 LECrim (EDL 1882/1), la emisión por el Médico Forense de los correspondientes partes de la lesión hasta su completa sanidad.

En tal caso, si las Diligencias se archivan (v.gr.: por sobreseimiento libre al carecer los hechos de trascendencia penal al tratarse de una imprudencia leve) y el lesionado-denunciante no hizo reserva de las acciones civiles, el Juzgado de Instrucción procederá al dictado del auto de cuantía máxima.

Pese a lo expuesto, al lesionado siempre le cabrá instar el proceso civil para reclamar la correspondiente indemnización, pudiendo acompañar a la demanda, como prueba documental, los partes emitidos por el Médico Forense antes de haberse acordado el sobreseimiento de la causa penal para justificar la indemnización por incapacidad temporal y por lesiones permanentes o secuelas.

La reforma del Código Penal operada por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (EDL 2015/32370), que entrará en vigor a partir del día 1 de julio de 2015 supone, entre otros aspectos de importancia, la derogación completa del Libro III del CP (EDL 1995/16398), lo que conlleva la desaparición de la infracción penal constitutiva de falta de homicidio o lesiones por imprudencia leve previstas en el anterior art. 621 CP, que se remiten a la vía civil en su modalidad de responsabilidad extracontractual de los arts. 1902 y ss CC. No obstante ello, la reforma continúa considerando como delito el homicidio y las lesiones graves por imprudencia grave (arts. 142.1 y 152.1 CP) e incorpora al texto legal una nueva modalidad de delitos, que se consideran leves, como son el delito de homicidio y lesiones graves por imprudencia menos grave (arts. 142.2 y 152.2 CP). De esta forma, y rompiendo con la clasificación de los actos imprudentes instaurada en el CP de 1995, el Legislador instaura una nueva graduación de la imprudencia, distinguiendo entre la imprudencia grave (o temeraria) cuando la diligencia omitida sea la mínima exigible, la indispensable o elemental; la imprudencia menos grave, que será la omisión de una diligencia media, que anteriormente exigía la infracción de reglamentos; y la imprudencia simple, u omisión de la mera diligencia exigible sin infracción de norma reglamentaria alguna. La nueva regulación de la imprudencia realizada por el Legislador conllevará, necesariamente, que la primera actuación de los abogados de tráfico sea la de determinar apriorísticamente el grado de imprudencia cometido en la causación del homicidio o lesiones, de suerte que si el apreciado es grave o menos grave (simple con infracción de reglamentos) deberán acudir a la vía penal para hacer efectivas sus pretensiones penales y resarcitorias, con intervención de los médicos forenses para la valoración del daño corporal y aplicación del resto de normas vigentes hasta el momento.

Por el contrario, si la muerte o las lesiones en la víctima son causadas por imprudencia simple (sin infracción de reglamentos) el perjudicado deberá acudir a la vía civil ejercitando la acción de responsabilidad extracontractual (arts. 1902 y ss CC) para obtener el resarcimiento correspondiente, rigiendo en el proceso civil por accidente de tráfico las reglas sobre oferta y aceptación de indemnización y la consignación para evitar la imposición de intereses moratorios con declaración de suficiencia de aquélla en el propio proceso civil, reglas todas ellas previstas en la LRCSCVM (EDL 2004/152063). En esta vía civil, resulta evidente que las partes no podrán acudir al médico forense para elaborar y presentar dictámenes sobre valoración del daño corporal aportados con la demanda y la contestación (arts. 336 y 337 LEC, EDL 2000/77463) pues la función del médico forense es incompatible con la función del médico de empresa o de entidades aseguradoras y con cualquier actividad privada (art. 3.a) del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses aprobado por RD 296/1996, de 23 de febrero), ni tampoco solicitar la intervención del médico forense por la vía de la pericial judicial (art. 339.2 LEC), sólo admitiéndose la designación como perito judicial médico forense en un juicio civil de circulación cuando la parte que lo solicite sea titular del derecho de asistencia jurídica gratuita (art. 339.1 LEC). Por todo ello, el perjudicado y también el resto de partes en el proceso civil, deberán acudir a la pericial médica de parte de especialistas en valoración del daño corporal para demostrar el alcance del mismo. Esta circunstancia podría conllevar que se perjudique el sistema de llegar a acuerdos con las aseguradoras en la medida en que éstas pudieran basar el acuerdo y posterior consignación en el resultado del informe de sanidad médico forense emitido con objetividad por funcionario titulado experto, lo que resulta imposible de sustituir por la pericia médica de parte, por lo que deberá acudirse a la mediación y transacción para llegar a acuerdos con aportación de pericias médicas por ambas partes.

Dispone el art. 13 LRCSCVM (EDL 2004/152063) que “Cuando en un proceso penal, incoado por hecho cubierto por el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria en la circulación de vehículos de motor, se declare la rebeldía del acusado, o recayera sentencia absolutoria u otra resolución que le ponga fin, provisional o definitivamente, sin declaración de responsabilidad, si el perjudicado no hubiera renunciado a la acción civil ni la hubiera reservado para ejercitarla separadamente, antes de acordar el archivo de la causa, el juez o tribunal que hubiera conocido de ésta dictará auto, en el que se determinará la cantidad líquida máxima que puede reclamarse como indemnización de los daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado, amparados por dicho seguro de suscripción obligatoria y según la valoración que corresponda con arreglo al sistema de valoración del anexo de esta Ley.”

Y, conforme al Anexo de dicha norma, “En la determinación y concreción de las lesiones permanentes y las incapacidades temporales, así como en la sanidad del perjudicado, será preciso informe médico”.

He transcrito estas normas, de plena vigencia, porque ponen de relieve que, tras la reforma del CP (EDL 1995/16398), es probable que el cambio no sea tan radical como pudiera esperarse por la supresión de las faltas que habitualmente amparaban los hechos de circulación con resultado de lesiones. Y ello será así porque seguirá siendo posible denunciar el siniestro viario y probablemente ello desembocará en la consiguiente incoación de un proceso judicial penal para determinar si se trata o no de un caso de imprudencia leve, grave o menos grave -art. 152 CP- o, lo que es lo mismo, si se trata de un caso despenalizado o por el contrario de una infracción penal, proceso penal -diligencias previas o preliminares- en el que fácilmente se acordará el reconocimiento médico forense.

Es cierto que no necesariamente será llamado el Médico Forense para delimitar la responsabilidad penal, dado que no está vinculada al resultado sino a la naturaleza de la imprevisión. Sin embargo, incluso en los casos en que se acuerde el archivo sin más, cabe que finalmente el Juez acuda al informe forense con carácter previo para dictar el auto de cuantía máxima a que se refiere el art. 13 citado y ello por más que el art. 13 señalado diga que el Auto se dictará a la vista de la oferta motivada -art. 7 LRCSCVM- lo que supone que, de haberla, no sería necesaria aquella intervención. Pero si no hubiera oferta motivada o si no se alcanzara acuerdo al efecto, el precepto indicado prevé que el Juez dictará en todo caso Auto de cuantía máxima y ello requerirá de informe forense teniendo en cuenta que para fijar las lesiones el Anexo requiere de informe médico.

Es cierto, no obstante, que incluso en el esquema descrito cabe que concluya el proceso penal sin la intervención del médico forense. Basta, como hemos señalado, que haya oferta motivada, que es lo que constituye la base primaria del Auto judicial, y que el Juez no haya considerado previamente para determinar que se trata de una imprudencia leve con resultado de lesiones no penalizada, la necesidad de informe médico al no depender aquella del resultado lesivo, y ello sin perjuicio de que aplicando el art. 269 LECrim (EDL 1882/1), el Juez inadmita ad limine la denuncia.

Pues bien, de ser así, la única salida que le restará al perjudicado, en defecto de acuerdo, será el proceso civil, con los deberes, cargas y gastos que conlleva en lo que hace a la necesidad de aportar a su cargo, salvo supuestos de justicia gratuita, los dictámenes periciales de parte.

¿Puede ello fomentar los acuerdos con aseguradoras? Sin duda, pero lo que está por determinar es si a costa de la parte más débil pues sin duda, en el dilema del coste económico de una debida preparación de un proceso civil de resultado incierto, es dable considerar los casos en que se preferirá un mal acuerdo a un buen pleito.

Considero que a los Abogados se les presenta una época de incertidumbre. Hasta ahora, la responsabilidad derivada de los accidentes de circulación de los que se derivaran lesiones de las contempladas en el art. 147.1 CP (EDL 1995/16398) daba generalmente lugar a una calificación de lesiones por imprudencia y, sólo excepcionalmente, al delito de lesiones por imprudencia grave del art. 152 CP. La existencia de estas dos categorías de imprudencia había generado una abundante Jurisprudencia con la pretensión de delimitar su ámbito de aplicación. Así, cabe citar las Sentencias del TS de 20 de diciembre de 2000 (EDJ 2000/52644), de 15 de marzo de 2001 (EDJ 2001/3145), de 18 de septiembre de 2001 (EDJ 2001/33603), de 1 de abril de 2002 (EDJ 2002/12159), de 27 de diciembre de 2004 (EDJ 2004/238775) o de 27 de febrero de 2009 (EDJ 2009/19081), que con relación al homicidio por imprudencia manifestó:

“El art. 142.1 CP castiga al que por imprudencia grave causare la muerte de otro. Doctrina y jurisprudencia coinciden en que la imprudencia grave constitutiva de delito, consiste en la omisión el deber de cuidado exigible de las personas menos cuidadosas, equivaliendo al concepto de temeridad que se utilizaba en el Código de 1973. Se trata de los supuestos más reprochables de infracción de las normas de cuidado, que no implican necesariamente una representación mental de la infracción de aquellas por parte del sujeto. Cabe pues imprudencia grave tanto en los supuestos de culpa consciente como de culpa inconsciente o sin representación.

Por el contrario, la imprudencia leve, constitutiva de falta (art. 621.2 CP) en correspondencia con la simple, según terminología del antiguo CP, consiste en la ausencia del deber de diligencia esperable de las personas precavidas o cuidadosas”.

La derogación del art. 621 CP parece determinar que la mayor parte de las reclamaciones consecuencia de accidentes de circulación se deberán dirimir ante la jurisdicción civil. Ello no obstante, tanto el art. 142 como el 152 tras la reforma han incluido una categoría de imprudencia que va a plantear problemas e incertidumbre a la hora de elegir el orden jurisdiccional ante el que plantear la reclamación, como es la “imprudencia menos grave”. Por tanto, se elimina la imprudencia leve pero se recoge una nueva categoría con límites por definir.

Esta dificultad se va a ver agravada con la regulación del art. 152 CP, que limita la tipicidad de la imprudencia menos grave a aquellos casos en que la víctima sufra, no las lesiones del art. 147.1, sino las de los arts. 149 y 150, de mayor entidad.

Un Abogado podría plantearse sí producido un accidente con lesiones graves la incoación del procedimiento penal tiene que iniciarse, al menos, hasta contar con el parte de sanidad que despeje la duda de la aplicación de los arts. 149 ó 150 CP, cuestión que despejará la práctica que se genere en los meses venideros.

Por tanto, como conclusión, se reduce significativamente el número de procedimientos que podrán concluir ante la jurisdicción penal, siendo lo más efectivo, por norma, acudir a la jurisdicción civil, salvo en los casos anteriormente apuntados.

RESPUESTA APROBADA POR MAYORÍA DE 8 VOTOS

Nuestros colaboradores concluyen que:

1º. Los inconvenientes que puede suponer el acudir a la vía civil son diversos. En primer lugar, hay que tener en cuenta el coste que ya, de inicio, debe suponer a un perjudicado, en cuanto que va a tener que contar con los servicios de abogado y procurador. En muchas ocasiones va a tener que acudir a la presentación de un informe pericial médico privado que contenga una descripción y valoración tanto de las lesiones como de las secuelas.

Ante la ausencia de informe médico-forense tomado como punto de referencia objetivo para determinar el alcance de los daños físicos sufridos por el reclamante, van a proliferar, como es lógico, y por las compañías de seguros, la presentación de los correspondientes informes periciales de parte, con los equipos o servicios médicos de las propias compañías, que van a discutir el contenido de los informes periciales del demandante, que pueden tener a su vez ciertos tintes subjetivos.

2º. Las aseguradoras, para evitar la aplicación del interés moratorio sancionador previsto en el art. 9 del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (EDL 2004/152063), así como la condena en costas, tratarán de llegar a acuerdos extrajudiciales sobre la base de la aplicación del Baremo a las lesiones que acredite el perjudicado. Sólo cuando las posiciones de ambas partes sobre el importe de la indemnización sean inconciliables, no habrá otro remedio más que iniciar el procedimiento judicial civil por el perjudicado.

3º. Hará falta por el perjudicado una prueba pericial que, como establece el art. 336 LEC (EDL 2000/77463), inicialmente va a ser auspiciada por el perjudicado, como interesado, quien elegirá al profesional de su elección para que le emita un informe sobre el alcance y valoración de sus lesiones. Al margen queda la posibilidad de actuación de peritos médicos caso de solicitarse como pericial judicial, y del recurso a los médicos forenses en el supuesto de que los perjudicados gocen del beneficio de justicia gratuita (art. 339 LEC).

4º. Se podrá potenciar la figura del mediador civil experto en derecho de la circulación como un acercamiento a la opinión de un profesional, designado de mutuo acuerdo por perjudicado y aseguradora, que se pronuncie acerca de las cuestiones en que discrepen.

5º. Si el lesionado inicia un procedimiento civil contra la aseguradora, es previsible cierta limitación a las reclamaciones exorbitadas e infundadas; es más, puede suponer una moderación en el importe indemnizatorio reclamado; la petición indemnizatoria deberá ser ajustada a la realidad de los hechos, evitando peticiones que, a buen seguro, se sabe que van a ser desestimadas.

6º. Cuando el lesionado sea beneficiario de la asistencia jurídica gratuita, podrá contar con los beneficios a los que se refiere el art. 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita -LAJG- (EDL 1996/13683), y muy especialmente con el contenido en su apartado 6: peritos adscritos al órgano judicial, es decir, el Médico forense, cuya práctica deberá solicitarse en el mismo escrito de demanda. En estos casos, el lesionado podrá, con independencia del importe reclamado, interponer una demanda civil contra la aseguradora sin el lastre de tener que adelantar una importante cantidad de dinero a la espera de un resultado siempre incierto y, además, contando con el acicate de la prueba pericial emitida por el Médico forense sobre valoración del daño corporal del lesionado-demandante.

7º. También lo idóneo sería que las compañías acordasen acudir a unos determinados peritos, de forma extrajudicial, para someterse al criterio de los mismos en orden a la valoración de las lesiones y secuelas. Deberían de ser unos profesionales en los que las compañías mostrasen su total confianza.

8º. Los llamados "autos de cuantía máxima" con cargo al seguro obligatorio prácticamente desaparecerán (sólo se dictarán los que recaigan en actuaciones penales seguidas por delito); si bien ello implica el prescindir de un procedimiento ágil para la reclamación en estos casos (habrá que acudir a un procedimiento declarativo para dilucidar la responsabilidad a pesar de solo caber excepcionar la culpa exclusiva de la víctima o la fuerza mayor...), también debemos de hacernos eco de las alegaciones vertidas por aseguradoras en el sentido de ser difícil en un procedimiento de ejecución con tales especialidades de oposición el demostrar, por ejemplo, que no se trata de un "tercer vehículo desconocido", sino "inexistente".

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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