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CIVIL

¿A la vista del deber de convivencia que tienen los esposos, la vivienda habitual en la LH, es necesariamente la vivienda habitual de uso ordinario de la familia en los términos del CC?

Coordinador: Luis Antonio Soler Pascual

Magistrado de la Audiencia Provincial de Alicante.

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El art. 21.III LH –EDL 1946/59- tras la reforma de la ley 1/2013 –EDL 2013/53763- dice que en "las escrituras de préstamo hipotecario sobre vivienda deberá constar el carácter, habitual o no, que pretenda atribuirse a la vivienda que se hipoteque. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que en el momento de la ejecución judicial del inmueble es vivienda habitual si así se hiciera constar en la escritura de constitución".
Haremos el planteamiento desde la perspectiva de un matrimonio.

Pues bien, conforme a la norma trascrita, ha de hacerse manifestación en el préstamo hipotecario del carácter habitual o no que se atribuya a la vivienda a hipotecar, con una presunción de que es la habitual. Sin embargo se plantea si cabe la manifestación de que la vivienda es habitual a efectos del 21.III LH –EDL 1946/59-, pero que no es la vivienda habitual familiar a efectos del 1320 CC –EDL 1889/1-, teniendo en cuenta que la primera hace referencia al uso de la misma por el hipotecante, que puede ser uno de los cónyuges, mientras que del art. 1320 CC se desprende que la vivienda habitual lo es de la familia o es la vivienda familiar cuando dice que para "disponer de los derechos sobre la vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de la familia".

La pregunta es por tanto si la vivienda habitual en la LH es necesariamente la vivienda habitual de uso ordinario de la familia en los términos del Código Civil a la vista del deber de convivencia que tienen los esposos o no necesariamente tiene que ser ésta.

Comentario: Hay una coincidencia esencial entre nuestros autores a la hora de valorar la aparente contradicción que trata de presentar, como cuestión a resolver, la pregunta que se formula. Y tal coincidencia consiste en considerar que la finalidad de cada una de las normas, la del 21-III LH –EDL 1946/59-, y las del Código Civil, señaladamente la contenida en el artículo 1320 –EDL 1889/1-, pero también en los artículos 1321 o 1357, son distintas, señaladamente, la norma hipotecaria a los efectos de la protección en dicho ámbito de la vivienda habitual y en el ámbito familiar, a los efectos de dar cumplimiento a la presunción de convivencia del matrimonio y, como dice literalmente uno de nuestros autores, "definir un espacio de especial protección para los cónyuges".

A partir de estas consideraciones, se analiza la forma de compatibilizar ambas normas para alcanzar casi también una coincidencia al valorar como predicable un espacio más amplio a la protección de la vivienda habitual hipotecaria que abarcaría también, a la vivienda familiar.

La problemática sobre la prueba a partir de la presunción que se contiene en la norma, constituye al fin, otra de las cuestiones valoradas por nuestros autores cuya lectura deviene obligada para comprender el alcance de la cuestión formulada.


Este foro ha sido publicado en la "Revista de Derecho Inmobiliario", el 1 de septiembre de 2016.


(Puedes consultar Legislación y Jurisprudencia en nuestra Base de Datos).

La pregunta que se formula tiene su importancia teniendo en cuenta, sobre todo, el trato preferente que en los procesos de ejecución se ofrece al ejecutado que ve comprometida su vivienda habitual, preferencias que vienen recogidas, entre otras, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la Ley Hipotecaria, en el Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de Medidas para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, Reestructuración de Deuda y Alquiler Social –EDL 2012/24887- con las modificaciones recogidas en el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de Mecanismo de Segunda Oportunidad, Reducción de la Carga Financiera y otras medidas de orden social –EDL 2015/11847- que se conceden a la vivienda habitual.

Por tanto, qué se entienda por tal es de capital importancia al objeto de saber si ese trato preferente, si esas medidas protectoras que establece la Ley a favor de la misma resultan aplicables o no en cada caso.

Habrá de definirse, pues, qué se entienda por vivienda habitual para, de este modo, concluir si las medidas protectoras que la Ley dispone en su favor resultan de aplicación en un supuesto determinado y, en concreto, si para que esto ocurra es necesario que la vivienda gravada con una carga hipotecaria o un embargo deba tener o no el carácter de “familiar” o basta con que sea habitada por el hipotecante o por alguien de su núcleo familiar inmediato.

Conforme a la Disposición Adicional vigésimo tercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre  del IRPF –EDL 2006/298871- “se considerará vivienda habitual aquella en la que el contribuyente resida durante un plazo continuado de tres años”. En semejante sentido se muestra el art. 54 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba su Reglamento –EDL 2007/15093- conforme al cual “Con carácter general se considera vivienda habitual del contribuyente la edificación que constituya su residencia durante un plazo continuado de, al menos, tres años.”

Las leyes procesales y demás citadas anteriormente no definen lo que pueda entenderse como vivienda habitual ni residencia habitual aunque sí podría servir como pauta, aunque meramente orientativa, a tal efecto lo normado en las leyes de carácter fiscal citadas, así como en el art. 2 de la Ley 8/13, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas –EDL 2013/104919- conforme al cual tendrá la consideración de residencia habitual: “la que constituya el domicilio de la persona que la ocupa durante un período superior a 183 días al año.”

Cualquiera que fuere el concepto que se dé de vivienda habitual lo cierto es que ni la Ley de Enjuiciamiento Civil –EDL 2000/77463- , ni las otras leyes citadas al inicio de esta contestación obligan a entender que el mismo deba corresponderse con el de domicilio familiar, como sí ocurriría con la vivienda habitual a que se refiere el art. 1320 CC –EDL 1889/1-.

Efectivamente, a los efectos de este precepto, como pone de manifiesto la mejor doctrina, citada por Costas Rodal en el Comentario al Código Civil de Aranzadi, constituye vivienda habitual el lugar elegido por los cónyuges donde de hecho se desenvuelve la vida familiar y donde presumiblemente seguirán residiendo. La vivienda protegida por el art. 1320 -EDL 1889/1- citado presenta los caracteres de habitabilidad, habitualidad y carácter familiar, lo que excluiría del ámbito de tal precepto los lugares no adecuados para uso de vivienda, las segundas residencias, las viviendas de temporada, las anteriores viviendas familiares, las aún no ocupadas por la familia, quedando incluidas las viviendas con pequeña industria doméstica.

Por el contrario, creo que el concepto de vivienda habitual en el ámbito del proceso de ejecución es más amplio, no quedando reducido al que constituya la residencia de la familia sino extendiendo el mismo a aquél que pueda constituir residencia habitual del hipotecante o de cualquier miembro de su unidad familiar, e incluso del deudor no hipotecante o de un fiador.

Las medidas tuitivas que se ofrecen por la Ley en el ámbito del proceso de ejecución van dirigidas a proteger al ejecutado que ve comprometida la vivienda que realmente ocupa con habitualidad (que constituya su residencia habitual), es decir no de forma puntual u ocasional, con independencia de que constituya o no el domicilio familiar, que podría ser otro si, por ejemplo, por razones laborales aquél se viera obligado a vivir separado de su familia parte del año. En cualquier caso, debe tratarse de la vivienda principal y nunca la secundaria y habrá de acreditarse cumplidamente que esa vivienda que se dice es habitual lo es en realidad ya que lo que no podría es extenderse el ámbito de protección de la Ley más allá del querido por el legislador. En este sentido el ejecutado cuenta a su favor con la presunción que establece el propio art. 21.3 LH –EDL 1946/59-.

Cuestión distinta será acreditar estos extremos, pero es un tema que escapa a la pregunta formulada y que, en cualquier caso, deberá resolverse en cada supuesto en particular.

Una de las consecuencias del matrimonio es el deber de convivencia de los cónyuges, puesto que el artículo 68 del C. Civil –EDL 1889/1- establece que los cónyuges deben vivir juntos, si bien este deber de convivencia que establece este precepto, debe interpretarse de acuerdo la interpretación sociológica de las normas, que  recoge el  artículo 3 del C. Civil, es decir la  interpretación  de este deber de convivencia debe hacerse  de acuerdo  con la realidad social en que debe aplicarse dicha norma, por lo tanto en el momento presente.

En la realidad actual no es infrecuente que un matrimonio,  no ya una pareja de hecho, puedan estar juntos, pero sin que exista  una convivencia  continua o permanente, bien  por acuerdo entre los propios cónyuges, por razones laborales, fiscales, etc., y por lo tanto puede existir dos viviendas habituales, una de cada uno de los cónyuges, aunque  pueda existir una vivienda  conyugal en la que se de esa convivencia entre los cónyuges de una forma más continua, aunque no permanente.

Por otro lado la finalidad del artículo 1320 del C. Civil –EDL 1889/1-  es distinta que la del artículo 21.3 de la ley hipotecaria,  así el artículo 1320 del c. civil, lo que pretende es evitar que uno de los cónyuges  pueda disponer del domicilio conyugal aunque sea privativo de él, mientras que el artículo 21.3 de la ley hipotecaria –EDL 1946/59- lo que pretende es dar una protección especial a las viviendas habituales, en caso de hipoteca de esa vivienda.

Debe llegarse  por lo tanto a la conclusión que puede existir  supuestos en los que la finca hipotecada tenga la condición de vivienda habitual, aunque no sea el domicilio conyugal, puesto que no necesariamente  debe establecerse la identidad entre el domicilio conyugal y que ese sea el domicilio habitual de ambos cónyuges; por otra parte nada impide que a pesar de existir  la relación matrimonial alguno de los cónyuges mantenga otra vivienda habitual, cuando a pesar de esa convivencia esta no tenga un carácter permanente y continuo.

En estos casos se plantean  importantes problemas de prueba,  toda vez que si se hace  consta en la escritura de préstamo hipotecario que la vivienda hipotecara es la habitual,  de tal hecho se deriva  una presunción iuris tantum, que  la vivienda mantiene ese carácter  de vivienda habitual al momento de la ejecución; de este deber de convivencia de los cónyuges que recoge el artículo  68 del C. Civil –EDL 1889/1-, debe llevar a entender que también existe esa presunción de que la vivienda o domicilio conyugal es la vivienda habitual de ambos cónyuges, pero nada impide que dicha presunción, al igual que la anterior pueda ser desvirtuada en virtud de prueba en contrario.

Pueden darse varios supuestos que se fije en la escritura de préstamo  hipotecario que la finca o vivienda hipotecada es la habitual, y que después deje de serlo, en este caso existe la presunción de que la vivienda hipotecada   es la vivienda habitual, debiendo en su caso la parte contraria, la entidad financiera en su caso acreditar lo contrario; y puede darse el supuesto contrario, que la vivienda no sea la habitual en el momento de constituirse la hipoteca, pero si en un momento posterior, en tal caso será el deudor hipotecante el que tiene la carga de probar que en el momento posterior,  cuando se procede a la ejecución, que la vivienda ha  pasado a ser la vivienda habitual.

Se plantea la cuestión relativa a sí la calificación como vivienda habitual que se contiene en la nueva redacción del artículo 21.3 LH –EDL 1946/59- puede equipararse al concepto de vivienda habitual familiar previsto en el articulo 1320 CC -EDL 1889/1-.

Para responder a esta pregunta hay que partir de la diferente finalidad de cada uno de estos conceptos en cada una de las leyes señaladas. Así la vivienda habitual a la que se refiere la Ley Hipotecaria lo es a efectos de la protección que el ordenamiento jurídico hipotecario concede a este tipo de viviendas en relación con la posible existencia de cláusulas abusivas o la limitación de los intereses de demora en la propia escritura. Por tanto, lo importante a tal efecto es que la vivienda hipotecada sirva de residencia habitual del deudor hipotecario, bien en solitario o bien como residencia familiar. Ninguna duda cabe que una persona casada puede adquirir y residir en una vivienda que no es la familiar por diversos motivos (trabajo o estudios en una ciudad diferente, por ejemplo). Por ello la vivienda habitual será la hipotecada sin perjuicio de la posible existencia de una vivienda familiar en la que resida el grueso del grupo familiar.

Por el contrario la referencia que se contiene en el Código Civil a la vivienda familiar, no sólo en el artículo 1320 CC –EDL 1889/1-, sino también en los artículos 1321 o 1357 CC, tiene una finalidad diferente. Por un lado, con apoyo en los artículos 69 y 70 CC, sirve para dar cumplimiento a la presunción de convivencia del matrimonio y por otro lado sirve para definir un especio de especial protección de los cónyuges evitando que uno de ellos pueda perjudicar los derechos del otro sobre dicha vivienda o sobre el ajuar doméstico. Es por tanto un concepto más restringido que el empleado en la Ley Hipotecaria –EDL 1946/59-.

En definitiva, la definición de vivienda habitual del artículo 21.3 LH –EDL 1946/59-  es más amplia que el concepto de vivienda familiar contenido en el Código Civil, de tal manera que aquella podrá incluir lo que se considera como vivienda familiar pero también incluir otros supuestos diferentes en los que tal inmueble sirva de base para la residencia del deudor hipotecario, solo o con su familia, pues lo importante en este caso no es tanto el destino familiar o  no de la vivienda como la efectividad de su uso como residencia por el hipotecante.

En mi opinión cabe llevar a cabo tal matización a la hora de concertar la escritura pública, siempre y cuando se dé el supuesto apuntado, y que consiste en la adquisición por un matrimonio de un inmueble a través de un préstamo con garantía hipotecaria, destinado a ser la vivienda habitual de uno de los hipotecantes, siquiera sea temporal, que será lo normal,  pero no propiamente del conjunto de la unidad familiar.

Ello sucederá de modo habitual en los supuestos en que por razones laborales preferentemente, ambos cónyuges deban de residir en distintas localidades, pese a la obligación adquirida, merced al matrimonio de convivencia (art 68 CC –EDL 1889/1-)

La fundamentación puede encontrarse en que la previsión del art 21.III de la Ley Hipotecaria –EDL 1946/59- sólo exige que la vivienda fuere habitual del hipotecante, pero en caso de ser varios, cual es el caso, no exige que lo sea de todos ellos.
Por el contrario en la previsión del artículo 1320 CC –EDL 1889/1-, como de hecho viene a suceder con el concepto que viene a atribuirse al término "vivienda familiar" (por ejemplo art 96 CC) implica como de modo expreso prevé el primer artículo citado, estar ante la vivienda habitual de uso ordinario por la familia, esto es la que usa regularmente el conjunto que la integra, entendido como viene a interpretarlo la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, esto es como medio patrimonial que cumple la continuidad de la vida familiar, o cuya utilidad económica se subordina a cubrir la necesidades familiares.

En este último sentido la STS, bien que a efectos del art 96 CC –EDL 1889/1-  con base en art 70, de 31 de Mayo de 2012 –EDJ 2012/109290-, entiende por vivienda familiar la que constituya residencia habitual de la unidad familiar, en el sentido de que debe formar el lugar en que la familia haya convivido como tal, con una voluntad de permanencia.

El número 3 del art 21 de la LH –EDL 1946/59- se introdujo mediante ley 1/2013 –EDL 2013/53763- en la que se adoptaban medidas especiales para evitar el lanzamiento inmediato de determinadas personas o familias que estuvieran en situación de especial vulnerabilidad, ofreciendo la propia ley la descripción de las personas o familias que pudieran englobarse en esa denominación.

Y tanto en la exposición de motivos, como en el art 1 de  esa norma, se puede comprobar que no siempre se está refiriendo al domicilio habitual de  una familia con el concepto que utiliza el art 1320 CC –EDL 1889/1-. Este precepto se encuentra dentro de las disposiciones generales del título dedicado al régimen económico matrimonial, y en el art 1 de la ley 1/2013, en la letra g) –EDL 2013/53763-, al hablar de las víctimas de violencia de género, la vivienda que protege es aquella en la que reside la víctima, no la que hasta el momento de convivencia constituía el domicilio familiar. Y tanto en las letras e) y f) de ese mismo precepto se recogen situaciones familiares no necesariamente unidos sus miembros por vínculos matrimoniales, o procedentes directos de un matrimonio, o relación de análoga afectividad.

A ello podemos añadir, incluso, que aunque el CC –EDL 1889/1-sigue manteniendo la obligación de vivir juntos los cónyuges, el devenir diario nos revela que, en no pocas ocasiones, esa convivencia diaria no es posible, y no se lleva a cabo por razones laborales que pueden conllevar, en algunos supuestos, que un miembro de la unidad familiar tenga su residencia habitual, si entendemos como tal aquella en la que pase la mayor parte del año, en un domicilio distinto, en cuyo caso también podría estar incluido ese domicilio habitual en el concepto que establece el art 21 LH –EDL 1946/59- para hacerlo constar en la escritura de hipoteca.

El concepto "vivienda habitual" del adquirente hipotecante es diferente del de "vivienda habitual de la familia", aunque puede ocurrir y de hecho ocurre en la mayoría de las ocasiones que la vivienda sea al mismo tiempo vivienda familiar y del hipotecante. Lo verdaderamente relevante no es que sea una u otra, sino los efectos de una y otra institución, por un lado las limitaciones a la facultad de disposición y de administración de la vivienda familiar por un solo cónyuge sin la intervención de la otra, por otro lado la presunción iuris tantum de que la vivienda hipotecada es habitual, si así se declaró en la escritura de préstamo hipotecario en aplicación del art. 21.3 LH –EDL 1946/59-  (con la redacción de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios –EDL 2013/53763-).

En el supuesto más habitual coincidirán ambos conceptos, si ambos cónyuges contratan un préstamo con garantía hipotecaria para adquirir su vivienda familiar y ambos declaran que será su vivienda habitual, en este caso no hay problema, opera tanto la limitación a la disposición unilateral (aunque sin presunción en su favor), como la presunción de que es cierto el carácter de vivienda habitual, por lo que quien lo discuta tendrá la carga de probar que no es vivienda habitual y si no lo consigue le perjudicará la presunción.

También es frecuente, aunque menos, que los cónyuges residan en lugares diferentes, verbigracia por motivos de trabajo, sin que por ello exista separación ni crisis del matrimonio.

En este caso puede ocurrir que el matrimonio tuviera inicialmente una sola vivienda familiar, en la que sigue uno de los cónyuges (que no dejará de ser vivienda familiar habitual por el desplazamiento del otro) sobre la que solo cónyuge no podrá disponer sin la aquiescencia del otro o autorización judicial (art. 1320 CC –EDL 1889/1-) y que, por otro, lado será vivienda habitual o no a los efectos de la ley hipotecaria, dependiendo de lo manifestado en el momento de constituir la hipoteca.

Si el otro cónyuge  (que a los efectos de dejar más claro el ejemplo, tiene un régimen matrimonial de separación de bienes y se ha desplazado a otra localidad por motivos de trabajo u otros) decide adquirir por separado una vivienda, declarando que será habitual al concertar préstamo hipotecario: salvo prueba en contrario tendrá una vivienda habitual a los efectos de la ejecución hipotecaria, pero no será vivienda habitual de la familia y no tendrá la consiguiente limitación para los actos de disposición.

Si desgraciadamente se malogra ese matrimonio, que vive en viviendas distintas por razones de trabajo, cada una de las viviendas tendrá un régimen distinto, si la vivienda en que comenzaron a residir no está gravada con préstamo hipotecario, tendrá sólo la calificación de vivienda habitual de la familia, pero, si uno de los cónyuges los sostiene en juicio y el otro lo niega, la carga de probarlos recaerá sobre quien alega que es vivienda familiar (art. 217 LEC –EDL 2000/77463-). El otro cónyuge, que, como se dice antes, adquirió en régimen de separación de bienes la vivienda que declaró como habitual en la escritura de préstamo hipotecario, podrá disponer de ella sin intervención del otro, ya que no será vivienda familiar y, a efectos entre otros de ejecución hipotecaria, mantendrá la calificación como habitual en tanto el que lo discuta no consiga probar que no lo es.

Los supuestos de hecho se complican si se suma una ejecución hipotecaria con un pleito matrimonial y sobre todo las medidas complementarias sobre la prole y la vivienda habitual, pero se resuelven teniendo en cuenta el la distinta naturaleza de uno y otro concepto. Lo que no resulta tan evidente es lo que ocurre cuando el prestatario adquirente declarara que no pretende atribuir a la vivienda carácter habitual, en una escritura de préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición vivienda, aquí no operará la presunción, desde luego la ley hipotecaria no establece una presunción de veracidad de dicha declaración, por ello la falta de prueba del hecho alegado perjudicará a quien lo alegue.

Caben varias posibilidades: si la vivienda efectivamente no se adquirió para vivienda habitual (verbigracia para alquilarla o para dedicarla a despacho profesional) no operarán las medidas de protección establecidas para la vivienda habitual en la ley 1/2013, de 14 de mayo –EDL 2013/53763-, aunque con posterioridad pasen a residir allí habitualmente los adquirentes o el adquirente abrir(, pero si se adquirió para qué residieran allí habitualmente y, por consejo o  imposición, declararon lo contrario, habrá que estar a las normas y la doctrina jurisprudencial sobre cláusulas abusivas, entre otras las de la misma ley 1/2013.

Lo que hace la Ley 1/2013 –EDL 2013/53763- es de todos modos algo sorprendente, ya que establece la presunción de que es vivienda habitual “si así consta en la escritura de préstamo”, es decir, que pese a que conste que es una vivienda adquirida con préstamo hipotecario para desarrollar en ella la vida en común del que solicita el préstamo se reitera que se presume que lo es, - lo que resulta obvio por cierto y no hace falta que se presuma porque ya consta- aunque lo que añade es que ello existirá, como presunción “al momento de la ejecución judicial del inmueble, lo que viene a suponer una protección al que contrata el préstamo hipotecario y al que otorga esa presunción al momento de ir a lanzarlo solo por el hecho de que “cuando contrató el préstamo” hizo constar que era “vivienda habitual”, salvo prueba en contrario que acredite que no se trata de ese tipo de vivienda para desarrollar en ella su vida con su familia, sino residencia esporádica o similar.

La verdad es que esa mención a vivienda habitual no puede ser otra que aquella en donde realiza los actos más cotidianos de la vida en solitario o en familia, pero en donde se reside de forma continuada y no de forma esporádica, con lo que el ámbito de protección solo y exclusivamente debe entenderse referido a la vivienda habitual “familiar” o en la que vive una persona sin familia, pero de forma permanente y habitual, no siendo válido un uso más o menos habitual.

Según la doctrina no existe una definición en las normas procesales de lo que ha de entenderse por vivienda habitual. La única referencia normativa existente se encuentra en el art. 41 bis del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas –EDL 2006/298871-, y a los solos efectos de la aplicación de ciertos beneficios fiscales.

La Resolución de la DGRN de 19 de diciembre de 2013 -EDD 2013/271731- (BOE de 31 de enero de 2014) señala que “no podrá inscribirse ninguna hipoteca constituida por persona física que grave una vivienda sin que se realice una manifestación expresa acerca del carácter o no de vivienda habitual de la finca gravada que exige el art. 21.3 LH –EDL 1946/59-, ya lo sea del deudor o, en su caso, del hipotecante no deudor, puesto que en ambos supuestos puede tener transcendencia dicha manifestación, y dado que dicho requisito no se vincula únicamente a la circunstancia de que el préstamo tenga como destino la adquisición de la vivienda habitual, sino que está destinado a la protección de la misma en caso de ejecución hipotecaria, protección que se manifiesta, entre otros efectos, en la posibilidad de suspensión de los lanzamientos prevista en el art. 1 de la Ley 1/2013 –EDL 2013/53763-, en la determinación de los valores de adjudicación del art. 671 LEC –EDL 2000/77463-, o en las limitaciones de la responsabilidad remanente del deudor después de la adjudicación conforme a lo previsto en el art. 579 de la misma Ley, etc. En definitiva es la situación de la persona o personas naturales propietarios o titulares de un derecho que implique uso de una vivienda habitual, y que pueden perder a causa de un procedimiento hipotecario, la que se trata de paliar en la ley con los mecanismos señalados. Lo que conduce a la desestimación del recurso en este extremo.” De lo que se trata es de proteger la vivienda “habitual” en la que se vive no a otros efectos, ya que tendrá una serie de privilegios de protección atendidos, precisamente, en base a esa consideración de vivienda que se usa de modo permanente como residencia habitual. También, la Resolución de la DGRN de 19 de diciembre de 2013 -EDD 2013/271731-, apunta que la norma se aplica sólo si la finca hipotecada es la vivienda habitual (con independencia de la finalidad del préstamo). Por ejemplo, los supuestos de los arts. 21.3 LH –EDL 1946/59-,  y 575 y 671 de la ley procesal civil –EDL 2000/77463-. Finalmente, la norma exige no sólo que la finca hipotecada sea la vivienda habitual del deudor, sino que además el préstamo o crédito garantizado debe tener como destino o finalidad financiar la adquisición de la misma vivienda habitual hipotecada. Este es el caso del art. 114.3 LH (límite de los intereses de demora), y de los demás citados anteriormente. Por tanto, en el caso de estos dos últimos grupos de medidas tuitivas, especialmente en el caso de las centradas en la ejecución procesal de la hipoteca, resulta esencial para su efectividad que el presupuesto previo de su aplicación (el carácter de vivienda habitual) pueda ser apreciado en dicho ámbito directamente, sin necesidad de abrir una fase probatoria extraña a este procedimiento caracterizado por su sumariedad.

Cuando el legislador ha querido establecer un marco protector para quien suscribe un préstamo hipotecario para el caso de que haya que ejecutarlo sobre el inmueble en caso de impago solo puede enmarcarlo dentro del concepto de vivienda habitual entendida como aquella definitiva en la que quien suscribe el préstamo va a desarrollar los actos esenciales de su vida en concepto de "morada permanente" a fin de otorgarle una serie de derechos que no los tendría si la vivienda no tuviera ese carácter con el que consta al momento de suscribir el préstamo hipotecario. Y ello al punto de que si al momento de la ejecución hipotecaria se detecta que se ha perdido ese carácter de vivienda habitual entendida como la familiar donde se desarrolla la vida de forma y manera permanente se entenderán perdidos los derechos reconocidos en la ley 1/2013 –EDL 2013/53763-.

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