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PROPIEDAD HORIZONTAL

¿Puede un grupo de comuneros exigir la instalación privativa de antenas parabólicas, servicio wifi, fibra óptica si la junta no lo ha aprobado?

Coordinador: Vicente Magro Servet

Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante.

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El art. 17.1 LPH viene a exigir acuerdo de 1/3 de propietarios y cuotas para la instalación de las infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicación. Sin embargo, la redacción del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, y el RD 346/2011 -EDL 2011/16008- parecen ser más flexibles al hecho de que los comuneros dispongan de acceso a los servicios de telecomunicación. Por ello, parece que existe una aparente contradicción entre el dictado del art. 17.1 LPH y la nueva regulación incluida en la Ley 9/2014 de telecomunicaciones, y así nos planteamos si tras la nueva regulación legal puede realmente una empresa tirar cable por la fachada sin autorización de la comunidad si algún vecino está interesado en usar el servicio, o puede un vecino exigir la instalación de fibra óptica, o la instalación de antenas comunitarias o privativas si la junta no quiere instalarlas. ¿Se aplica en cualquier caso el quórum de 1/3 y si no se alcanza no se podrá disponer de estos servicios?

Desarrollo y metodología de las conclusiones a las que llega el grupo de trabajo de los magistrados que han deliberado sobre la cuestión que formulamos

Se trata de obtener una respuesta mayoritaria a la pregunta que se plantea obteniendo un resultado por mayoría con la formulación alternativa de los magistrados que disienten del resultado final y la exposición del voto particular que formulan a la conclusión alcanzada.


Este foro ha sido publicado en la "Revista Derecho Inmobiliario", el 1 de enero de 2015.

De conformidad con el contenido del art. 17.1 LPH -EDL 1960/55- "Los acuerdos de la Junta de propietarios se sujetarán a las siguientes reglas "La instalación de las infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicación regulados en el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, o la adaptación de los existentes, podrá ser acordada, a petición de cualquier propietario, por un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación"
Esta reforma proviene de la ley 8/2013, y se justifica como todas las modificaciones de la LPH contenidas en la DF 1 según la exposición de motivos, con el objeto de evitar que los actuales regímenes de mayorías establecidos impidan la realización de las actuaciones previstas en la nueva Ley. No se puede hacer depender, se recalca, algunos de sus más importantes efectos de que las comunidades de propietarios adopten dicha decisión por unanimidad o por mayorías muy cualificadas, máxime cuando van a incluir obras que, aunque afecten al título constitutivo o a los estatutos, en realidad competen a la Administración actuante autorizar o, en algunos casos, exigir.
No cabe en consecuencia entender que la norma venga a ser restrictiva al uso de los servicios de telecomunicaciones por parte de los comuneros interesados.
La referencia al Decreto-ley 1/1998 -EDL 1998/42774-, como sostiene la cuestión debe complementarse, que no sustituirse, con el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo -EDL 2011/16008-, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. Precisamente el RD Ley del 98 en la exposición de motivos ya decía que la intención era garantizar tanto para los comuneros como por los arrendatarios el acceso a los servicios de telecomunicación, como parte de sus derecho fundamental a la comunicación (art 20 c)) removiendo los obstáculos que fueren necesarios con el fin de recibir una información plural y de libre elección.
Y el RD 346/2011, anterior a la norma que modifica la ley de propiedad horizontal, esencialmente tiene el objeto de (art 1) a) el establecimiento de la normativa técnica de telecomunicación relativa a la infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación; b) las especificaciones técnicas de telecomunicación que se deberán incluir en la normativa técnica básica de la edificación que regule la infraestructura de obra civil en el interior de los edificios para garantizar la capacidad suficiente que permita el acceso a los servicios de telecomunicación; C) el paso de las redes de los distintos operadores y los requisitos que debe cumplir la ICT para el acceso a los distintos servicios de telecomunicación en el interior de los edificios; d) favorecer y promocionar el alargamiento de la vida útil de las infraestructuras comunes de telecomunicación, impulsando el desarrollo de las tareas de mantenimiento (art 1.2)
La norma por tanto ni modifica el decreto ley anterior de referencia, el RDL 1/1998 -EDL 1998/42774-, ni puede hacerlo. Por lo tanto la realidad que contempla el art. 6 es la ya existente en la norma de referencia. Y según el RDLey 1/1998 el objeto (art 1) era el reconocer el derecho de los arrendatarios y comuneros a instalar sus correspondientes infraestructuras o adaptar las ya existentes. Este RD ley ya venía a distinguir la actuación comunitaria (art. 6) de la individual (art 9).
Lo que se contiene en el art. 6.2 del Reglamento de 2011 -EDL 2011/16008- es la actuación individual, la que tiene lugar en el caso de que por no existir, o no estar prevista, la instalación de una infraestructura común de telecomunicaciones, o de no adaptarse la preexistente, sea necesaria la realización de una instalación individual para acceder a un servicio de telecomunicación. En este caso el promotor de dicha instalación estará obligado a comunicar por escrito al propietario o, en su caso, a la comunidad de propietarios del edificio su intención, ( a su costa, conforme prevé el art 9 del RD Ley) y acompañará a dicha comunicación la documentación suficiente para describir la instalación que pretende realizar, acreditación de que ésta reúne los requisitos legales que le sean de aplicación y detalle del uso pretendido de los elementos comunes del edificio.
Si se observa el contenido del art. 6 del RD no se contradice con el art. 17.1 LPH -EDL 1960/55-, aunque en cada caso pueda actuar un solo comunero. A partir de ahí el art. 17.1 LPH habla de cómo internamente tomar el acuerdo comunitario, favorable a la petición o contrario en el ámbito de infraestructuras comunes, mientras el 6.2 del RD -EDL 1998/42774- lo que regula es la mecánica externa y consecuencias de la decisión comunitaria, de cara a una instalación individual.
Ante la petición del interesado, la comunidad de propietarios contestará en los plazos previstos en el Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero -EDL 1998/42774-, si tiene previsto acometer la realización de una infraestructura común o la adaptación de la preexistente que proporcione el acceso al servicio de telecomunicación pretendido. (Ahí juega el art 17.1 LPH)
Si no lo tiene previsto, porque no está acordado, la comunidad no puede negarse a esta instalación privativa debiendo prestar su consentimiento a la utilización de los elementos comunes del edificio para proceder a la realización de la instalación individual, aunque podrá proponer soluciones alternativas, siempre y cuando sean viables técnica y económicamente.
Por tanto el art. 17.1 LPH -EDL 1960/55- de lo que esencialmente trata es de la instalación de una infraestructura común o de la modificación de la ya existente, mientras que el art. 6.2 del RD lo que contempla es la acometida de una infraestructura individual por ausencia de la infraestructura común y por la falta de previsión comunitaria para su realización, en consonancia con el art 9 del RD Ley 1/1998
Por tanto si un comunero quiere acceder a una nueva tecnología de telecomunicación, podrá promover la actuación de la Comunidad, para que ésta acuerde con los requisitos del art 17.1 LPH la modificación o instalación de una infraestructura común (con las previsiones del art. 6 del Real Decreto ley 1/1998 y el anexo al que se alude en el 6.1 del reglamento de 2011 -EDL 2011/16008-). Si no obtiene el acuerdo correspondiente, tiene la opción de actuar por la vía del art. 9 del RD Ley -EDL 1998/42774- y 6.2 del Reglamento y realizar a su costa una instalación privativa. Lo normal es que el sistema sea de petición de comunero a la junta y si hay rechazo dirigirse el comunero a la junta para que inste la vía del art. 45.4 Ley 9/2014 de telecomunicaciones -EDL 2014/65990-.

De acuerdo con el art. 4.1 del RDL 1/1998, de 27 de febrero -EDL 1998/42774-, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación: Cuando la comunidad de propietarios…, decidan la instalación de una infraestructura común de acceso a servicios de telecomunicación o la adaptación de la existente, lo notificarán por escrito a los propietarios de los pisos o locales o, en su caso, a los arrendatarios, al menos con dos meses de antelación a la fecha del comienzo de las obras encaminadas a la instalación o adaptación. Respecto de la comunidad de propietarios, el acuerdo en su seno habrá de ser aprobado, en junta de propietarios, por un tercio de sus integrantes que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación en los elementos comunes.
Por tanto, queda claro que se necesita, tal y como también establece el actual art. 17.12 LPH -EDL 1960/55-, el voto de un tercio de los comuneros, que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación en los elementos comunes para poder instalar por parte de la comunidad una infraestructura común de acceso a servicios de telecomunicación o adaptación de la existente.
No obstante, el art. 9.1 de dicho Real Decreto Ley -EDL 1998/42774- establece que “Los copropietarios de un edificio en régimen de propiedad horizontal o, en su caso, los arrendatarios tendrán derecho a acceder a los servicios de telecomunicaciones distintos de los indicados en el art. 1.2, a través de la instalación común realizada con arreglo a este Real Decreto-ley, si técnicamente resultase posible su adaptación, o a través de sistemas individuales”.
Por tanto, si un comunero deseara acceder a los servicios de telecomunicaciones a través de la instalación común podrá hacerlo, como también podrá efectuarlo a través de sistemas individuales, si eso no fuera posible, bien por no existir infraestructura común o por no resultar adaptable.
No obstante, para llevar a efecto dicha obra, de acuerdo con lo que establece el apartado 2 de dicho art. 9 cuando el propietario de un piso o local, o, en su caso, un arrendatario, desee recibir la prestación de un servicio de telecomunicación al que pudiera accederse a través de una infraestructura determinada, deberá comunicarlo al presidente de la comunidad de propietarios o, en su caso, al propietario del edificio, antes de iniciar cualquier obra con dicha finalidad. El presidente de la comunidad de propietarios o el propietario deberán contestarle antes de quince días desde que la comunicación se produzca, aplicándose, según proceda, las siguientes reglas:
a) En caso de que exista ya en el edificio esa infraestructura o, antes de que transcurran tres meses desde que la comunicación se produzca, se fuese a adaptar la existente o a instalar una nueva con la finalidad de permitir el acceso a los servicios en cuestión, no podrá llevarse a acabo obra alguna por el copropietario o por el arrendatario.
b) En el supuesto de que no existiese la infraestructura, no fuese hábil para la prestación del servicio al que desean acceder el copropietario o el arrendatario o no se instalase una nueva ni se adaptase la preexistente en el referido plazo de tres meses, el comunicante podrá realizar la obra que le permita la recepción de los servicios de telecomunicaciones correspondientes.
Así pues, en última instancia, si no existiera infraestructura común hábil para la prestación del servicio requerido por el comunero, éste tendrá vía libre para instalar la necesaria para, de forma individual, disfrutar de dicho servicio. Eso sí, corriendo con los gastos de instalación y mantenimiento de la infraestructura necesaria para disfrutar individualmente del servicio. En estos términos se muestra el art. 5.5 del RDL 346/2011, de 11 de marzo -EDL 2011/16008-, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. Conforme a él tendrán derecho a acceder, a su costa, a los servicios de telecomunicaciones distintos de los indicados en el art. 2.1 de este reglamento a través de sistemas individuales de acceso a los servicios de telecomunicación cuando no exista infraestructura común de acceso a los servicios de telecomunicaciones, no se instale una nueva o no se adapte la preexistente, todo ello con arreglo al procedimiento dispuesto en el art. 9.2 del mencionado Real Decreto-ley 1/1998 -EDL 1998/42774- al que antes se hizo referencia.
En este último caso, la comunidad no podrá poner al comunero más que las “pegas” que hagan referencia a una ubicación inadecuada de la instalación que pretende instalar, por existir otras más estéticas o menos gravosas y agresivas para los elementos comunes o las relativas a evitar el deterioro de éstos (no puede alterarse la estructura del edificio), pero lo que no podrá es, en esa contestación que debe dar en quince días, negar sin más la colocación de la infraestructura individual deseada.
En cualquier caso, de mediar negativa, bien por existir una ubicación menos gravosa o porque de forma caprichosa se hiciere, habrá de recurrirse a los tribunales para dirimir la controversia.
En definitiva, la Comunidad puede adoptar un acuerdo con el quórum antes indicado de un tercio de los comuneros por el que se instale con carácter general el servicio de acceso a telecomunicaciones, que pasará a ser elemento común (art. 2.3 RDL 346/2011 -EDL 2011/16008-) y, caso de no hacerlo, podrá el comunero interesado llevar a cabo, a su costa, las obras que le permitan dicho acceso de forma individual.

Tal como se expone en la cuestión a examinar existe una evidente contradicción entre el art. 17.1 LPH -EDL 1960/55-, en su redacción vigente, que exige para la instalación de las infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicación, que el acuerdo se adopte por una mayoría de 1/3 de los comuneros que representen a su vez esa misma cuota de participación; y el art. 6.1 Real Decreto 346/2011, de 11 marzo 2011 -EDL 2011/16008- que aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, que parece dar a entender que la decisión individual de uno solo de los copropietarios de proceder a la instalación para el uso privativo de esos servicios, podrá instalarlos, siempre que acompañe la documentación , debiendo asumir su coste el vecino que pretenda hacer la instalación, dando a entender a su vez que la prestación del consentimiento para su instalación por parte de la Comunidad de Propietarios es obligatoria.
La primera cuestión que debe destacarse es la defectuosa técnica legislativa que se ha utilizado, pues se pretende modificar una ley, como es la ley de propiedad horizontal, , por una norma de rango inferior, como es un Real Decreto que aprueba un reglamento, y una segunda cuestión a destacar es que el Real Decreto, pretende imponer restricciones o limitaciones a la propiedad privada, puesto que los elementos comunes de la comunidad, no dejan de ser una forma especial de propiedad privada, sin siquiera respetar la reserva de ley.
Por otro lado no se puede desconocer que la última reforma de la ley de propiedad horizontal realizada por la Ley 8/2013 de 26 junio 2013 -EDL 2013/104919-, ante esa defectuosa técnica legislativa ha creado otros problemas importantes, sin que haya solucionado de forma expresa esta cuestión.
Debe tenerse en cuenta el principio de jerarquía normativa que consagra el art. 9.3 CE, en virtud del cual debe primar la norma de mayor rango, como en el presente caso es la ley de propiedad horizontal, frente al Real Decreto que tiene un carácter reglamentario; de plantearse algún litigo sobre esta cuestión debe resolverse acudiendo al art. 6 LOPJ, que establece que los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa.
A modo de conclusión debe hacerse una interpretación integradora del art. 17 LPH -EDL 1960/55- y el art. 6 RD 346/2011 de 11 marzo 2011 -EDL 2011/16008-, ahora bien en lo que son incompatibles, como es la autorización para instalación de las infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicación, el acuerdo se debe adoptar por una mayoría de 1/3 de los comuneros que representen a su vez esa misma cuota de participación; y parece difícil que la voluntad unilateral de uno solo de los comuneros pueda imponer ese acuerdo a la Comunidad de Propietarios; otra cuestión es que en la práctica son las empresas que prestan este tipo de servicios las que gratuitamente hacen las instalaciones, y que las comunidades de propietarios no pongan obstáculos a ese tipo de instalaciones que producen una afección mínima en los elementos comunes.
Otra cuestión que se puede suscitar es que aún siendo necesario que el acuerdo se adopte por mayoría de 1/3 que establece el art. 17.1 LPH -EDL 1960/55-, se pueda apreciar la existencia de un abuso de derecho por la comunidad de propietarios, atendiendo al caso concreto, en la medida que si la afección a los elementos comunes, es mínima, y los gastos de instalación y de mantenimiento, escasos o nulos no se asumen por la comunidad, podría estimarse la existencia de un abuso de derecho por parte de la Comunidad de propietarios.

El art 17.1 LPH -EDL 1960/55- establece la mayoría de votos y cuotas de los miembros de una comunidad de propietarios para que esa comunidad acuerde válidamente realizar alguna de las instalaciones a que se refiere el precepto, mientras que el art 6 del RD 346/2011 -EDL 2011/16008- recoge la posibilidad que tiene una persona individual de realizar por sí misma y afrontar en solitario una instalación o acomodación de la existente, sin la necesaria doble mayoría de 3/5 que determina el art 17 LPH, esto es, la opción de la LPH es para que la comunidad afronte la instalación o las obras de adaptación de las instalaciones ya existentes, mientras que el art 6 del RD se refiere a cuando un particular, aún miembro de una comunidad de propietarios, está dispuesto a realizar la instalación o acomodación él solo.
Las diferencias entre una y otra situación son evidentes. En la primera, será la comunidad como tal, a salvo de los que hayan votado en contra, quienes asuman los gastos de instalación y mantenimiento, mientras que en el segundo de los supuestos, será el particular el único obligado a sufragar, tanto los gastos de instalación, como los de mantenimiento.
Lo que puede resultar llamativo es que si un particular está dispuesto por sí solo a asumir esos gastos no necesita el permiso de la comunidad de propietarios para ello, sino únicamente comunicar a esa comunidad su intención de acometer esa instalación o adaptación de la existente, especificando a los elementos comunes que afectará y demás cumplimiento de los requisitos establecidos en el art 6, con remisión al art 4 del RD 346/2011 -EDL 2011/16008-, y sin que la comunidad pueda oponerse a ello porque, por ejemplo, no tenga el beneplácito de la mayoría cualificada de los 3/5, porque más allá de que nos encontramos ante situaciones distintas, como ya he expuesto, es que además el art 6 dice que una vez hecha la comunicación, y asumida la obligación por ese particular de correr con los gastos de mantenimiento de la instalación, dice “prestará su consentimiento”, esto es, ese RD establece con carácter imperativo el consentimiento de la comunidad, aunque queden afectados elementos comunes, y ante lo cual, solo puede formular la comunidad una cuestión, la propuesta de alguna alternativa, siempre que sea viable, tanto material como económicamente, a la instalación o adaptación pretendida por el particular, es decir, que no cabe solo oposición o negativa a la propuesta, sino la alternativa de otra forma de realizarlo distinta a la que haya planteado el particular.

La reforma operada sobre el régimen de adopción de acuerdos en el ámbito de la propiedad horizontal, fue abordada por la Ley 8/2013, de 26 de junio -EDL 2013/104919-, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, disponiéndose en relación al tema que nos ocupa tras dicha reforma y en relación a las infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicación que “…podrá ser acordada, a petición de cualquier propietario, por un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación.”.
Parece evidente de la lectura del precepto que la constitución de un servicio común de servicio de telecomunicación, requiere necesariamente de acuerdo comunitario si bien sometido a un régimen de mayoría especial que trata de facilitar la constitución del servicio común de que se trata, cuya consideración como tal ya venía avanzada en el RDL 1/1998 -EDL 1998/42774- y desde luego confirmada en el RD 346/2011 -EDL 2011/16008-.
Cuestión distinta es si, ante la ausencia de una infraestructura común sería dable por un propietario, sin el acuerdo de la comunidad, acometer una instalación individual de acceso a este tipo de servicios.
Pues bien, a ello se refiere el art. 6 del RD 346/2011. Dicha norma reconoce el derecho del propietario a realizar la instalación individual condicionado a una previa situación en el inmueble, a saber, que no exista (o no esté adaptada) infraestructura común y que no haya de previsión de instalación o adaptación de infraestructura común.
Esta exigencia es muy relevante desde un punto de vista del régimen de la propiedad horizontal porque a pesar de que el precepto prevé en tales circunstancias la promoción por el propietario, previa comunicación a la comunidad de su voluntad de proceder a la instalación individual del servicio, no debe obviarse el hecho de que conforme al art. 16.2 LPH -EDL 1960/55-, cualquier propietario puede pedir que la Junta de propietarios estudie y se pronuncie sobre cualquier tema de interés para la comunidad, por tanto, también sobre la instalación de una infraestructura de acceso a servicios de telecomunicación, previniéndose en dicho precepto que tal petición ha de ser incluida en el orden del día de la siguiente Junta que se celebre.
Y es relevante porque debe compaginarse el derecho del propietario individual en el marco de un régimen comunitario con las facultades que se le reconocen en este régimen de propiedad compartida a fin de que sólo cuando no exista posibilidad de obtener una respuesta comunitaria, desemboque la petición individual en una imposición sobre la comunidad tal cual está prevista en el art. 6 del RD 346/2011 -EDL 2011/16008- que prevé el reconocimiento del derecho individual del propietario en las condiciones de viabilidad que el propio precepto contempla.

Atendidos los términos de la cuestión planteada, entiendo que la respuesta debe ser rotundamente negativa toda vez que es de aplicación en todo caso el quórum requerido por el art. 17.1 LPH -EDL 1960/55- y en caso de no obtenerse no se podrá disponer de los servicios de que se trata.
Esto es, la irrupción de la norma reglamentaria que representa el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo -EDL 2011/16008-, no altera la situación conformada por la Ley de Propiedad Horizontal vigente, y tal no se ve modificada por la Ley 9/2014, de 9 de mayo -EDL 2014/65990-. El art. 6 de la referida norma reglamentaria, intitulado como “Adaptación de instalaciones existentes y realización de instalaciones individuales”, prevé en su apartado 2 que “En el caso de que por no existir, o no estar prevista, la instalación de una infraestructura común de telecomunicaciones, o no se adaptase la preexistente, sea necesaria la realización de una instalación individual para acceder a un servicio de telecomunicación, el promotor de dicha instalación estará obligado a comunicar por escrito al propietario o, en su caso, a la comunidad de propietarios del edificio su intención, y acompañará a dicha comunicación la documentación suficiente para describir la instalación que pretende realizar, acreditación de que ésta reúne los requisitos legales que le sean de aplicación y detalle del uso pretendido de los elementos comunes del edificio”. La duda pudiera surgir en cuanto que en la leyenda final parece venir a establecer de manera tajante que, o bien la propia Comunidad acepta llevar a efecto la realización de la infraestructura o en otro caso habrá de prestar su consentimiento necesariamente a la utilización de los elementos comunes a tal fin. La leyenda referida es del siguiente tenor: “(…) y, en caso contrario, prestará su consentimiento a la utilización de los elementos comunes del edificio para proceder a la realización de la instalación individual, y podrá proponer soluciones alternativas, siempre y cuando sean viables técnica y económicamente”.
Pero tal no puede suponer una derogación de la exigencia del art. 17.1 LPH -EDL 1960/55-, bien entendido que tal no se puede operar por una norma reglamentaria, y en todo caso es de observar que el citado art. 6.2 explícitamente refiere al Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero -EDL 1998/42774-, –que es una norma con rango de Ley-, que viene citado expresamente en la leyenda del art. 17.1 LPH que enuncia que “la instalación de las infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicación regulados en el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, o la adaptación de los existentes, así como la instalación de sistemas comunes o privativos, de aprovechamiento de energías renovables, o bien de las infraestructuras necesarias para acceder a nuevos suministros energéticos colectivos, podrá ser acordada, a petición de cualquier propietario, por un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación”.
En este sentido el Preámbulo del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo -EDL 2011/16008-, expresamente enuncia que “Finalmente, el reglamento aprobado por el presente real decreto, con el fin de evitar la proliferación de sistemas individuales, establece una serie de obligaciones sobre el uso común de infraestructuras, limitando la instalación de aquéllos a los casos en que no exista infraestructura común de acceso a los servicios de telecomunicación, no se instale una nueva o no se adapte la preexistente, en los términos establecidos en el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”.

No hay contradicción entre las normas de la LPH, sobre quórum para instalar acceso a servicios de telecomunicación y las de la Ley 9/2014, de 9 de mayo -EDL 2014/65990-, General de Telecomunicaciones (LGT en lo sucesivo), que reconoce el derecho de las personas al acceso a dichos servicios, por tanto operan en planos distintos, en esta segunda se establece una obligación para la comunidad, mientras que en la LPH se regula el quórum que se necesita en la comunidad para adoptar el acuerdo. Sin embargo la existencia del derecho no autoriza las vías de hecho, si la comunidad se niega a adoptar el acuerdo preciso para instalar el servicio de telecomunicaciones, los legitimados tendrán acción para solicitarlo ante los tribunales.

Por tanto la respuesta a la primera pregunta es si. Un propietario o grupo aunque no alcance el tercio de propietarios de cuotas puede imponer en el edificio la instalación precisa para acceder a servicios de telecomunicación, ya que en la LGT, al fijar sus objetivos y principios en el art. 3, reconoce en el apartado J que debe asegurar a los usuarios “su derecho al acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas en condiciones adecuadas de elección, precio y buena calidad” y tanto en esta ley como las anteriores establecen las reglas para hacerlo posible imponiéndolo a todas las administraciones y a los particulares. Así en su art. 29 les da a los operadores el derecho de ocupación de la propiedad privada, a su costa y previa expropiación, también les permite en el art. 45 -EDL 2014/65990- la ocupación de infraestructuras comunes de titularidad tanto privada como pública y, en su número cuatro, extiende esta facultad a los edificios divididos en propiedad horizontal (para afectar a todos el legislador se refiere a “los edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios que estén acogidos, o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal…”).
En el citado art. 45 el legislador no altera el régimen de mayorías preciso para adoptar el acuerdo sobre obra de acceso a las comunicaciones, pero establece una presunción de aceptación si no se contesta al requerimiento del operador para realizarlo. En los casos en que o no se alcance el quórum de un tercio para aceptar la propuesta formulada en la junta de propietarios o que se conteste negativamente a la propuesta formulada por el operador, los interesados tendrán acción para exigir la aprobación frente a la comunidad, pero no tendrán derecho sin más, ni a “tirar un cable por la fachada” ni menos a imponer su coste a la comunidad. Si lo solicita el operador la legislación sobre telecomunicaciones le exige en primer lugar un proyecto redactado por técnico competente (que será normalmente un ingeniero de telecomunicaciones) y la tramitación del correspondiente expediente de expropiación si se pretende constituir una servidumbre para el paso de su infraestructura. Si lo solicita uno o varios comuneros, deberán reclamarlo en primer lugar frente a la comunidad y, si no se alcanza el quórum de un tercio, ante los tribunales en el correspondiente proceso civil, aportando el proyecto (para qué la conexión se realiza en la forma técnicamente adecuada y por el lugar menos gravoso) y soportando el coste en los términos del art. 17. 2 LPH -EDL 1960/55-. La obra podrá realizarse si se autoriza en sentencia y la infraestructura realizada tendrá la consideración de elemento común, aunque sólo podrán emplearla los que votaron a favor de su instalación que son los que soportan su coste, pero los demás podrán acceder al uso previo pago del “importe que les hubiera correspondido, debidamente actualizado, aplicando el correspondiente interés legal”.

La LPH regula la forma de adoptar acuerdos la comunidad de propietarios, mientras que en la LGT reconoce el derecho al acceso a las telecomunicaciones, que deberá ser respetado por la comunidad si ésta lo acepta con quórum de un tercio o habrá que ponérselo previo juicio.

(5 encuestados de 7), D. Luis Alberto Gil Nogueras, D. Francisco Berjano Arenado, D. Juan Ángel Moreno García, Dña. María Félix Tena Aragón y D. Luis Antonio Soler Pascual.

1.- El art. 17.1 LPH -EDL 1960/55- de lo que esencialmente trata es de la instalación de una infraestructura común o de la modificación de la ya existente, mientras que la Ley 9/2014 de telecomunicaciones en su art. 45.4. párrafos 2 y ss (1) -EDL 2014/65990- y el art. 6.2 del Real Decreto 346/2011 -EDL 2011/16008-, de 11 de marzo lo que contempla es la acometida de una infraestructura individual por ausencia de la infraestructura común y por la falta de previsión comunitaria para su realización.
2.- Si un comunero quiere acceder a una nueva tecnología de telecomunicación, podrá promover la actuación de la Comunidad, para que ésta acuerde con los requisitos del art 17.1 la modificación o instalación de una infraestructura común. Si no obtiene el acuerdo correspondiente, tiene la opción de actuar por la vía del art. 45 Ley 9/2014 de telecomunicaciones y, a falta de su desarrollo reglamentario en art. 6.2 del Reglamento 2011 y realizar a su costa una instalación privativa.
3.- Incluso, aunque no exista petición de particular una empresa podría dirigirse a la comunidad para plantear por escrito instalar por elementos comunes el cableado para acceso al servicio de telecomunicación, y a estos efectos se aplicaría el art. 45.4. párrafo 4º de la Ley 9/2014 -EDL 2014/65990- que apunta que: "La instalación no podrá realizarse si en el plazo de un mes desde que la comunicación se produzca, la comunidad de propietarios o el propietario acredita ante el operador que ninguno de los copropietarios o arrendatarios del edificio está interesado en disponer de las infraestructuras propuestas, o afirma que va a realizar, dentro de los tres meses siguientes a la contestación, la instalación de una infraestructura común de comunicaciones electrónicas en el interior del edificio o la adaptación de la previamente existente que permitan dicho acceso ultrarrápido. Transcurrido el plazo de un mes antes señalado desde que la comunicación se produzca sin que el operador hubiera obtenido respuesta, o el plazo de tres meses siguientes a la contestación sin que se haya realizado la instalación de la infraestructura común de comunicaciones electrónicas, el operador estará habilitado para iniciar la instalación de los tramos finales de red y sus recursos asociados, si bien será necesario que el operador indique a la comunidad de propietarios o al propietario el día de inicio de la instalación." Con ello, con esos plazos de margen según los casos la empresa podría operar aunque lo normal es que el sistema sea de petición de comunero a la junta y si hay rechazo dirigirse el comunero a la junta para que inste la vía del art. 45.4 Ley 9/2014.
4.- Si no existiera infraestructura común hábil para la prestación del servicio requerido por el comunero, éste tendrá vía libre para instalar la necesaria para, de forma individual, disfrutar de dicho servicio. Eso sí, corriendo con los gastos de instalación y mantenimiento de la infraestructura necesaria para disfrutar individualmente del servicio.

(2 encuestados) D. Salvador Vilata Menadas y D. Eduardo Salinas Verdeguer

1.- La respuesta debe ser rotundamente negativa toda vez que es de aplicación en todo caso el quórum requerido por el art. 17.1 LPH -EDL 1960/55- y en caso de no obtenerse no se podrá disponer de los servicios de que se trata.
2.- No puede suponer una derogación de la exigencia del art. 17.1 LPH, bien entendido que tal no se puede operar por una norma reglamentaria.
3.- La LPH regula la forma de adoptar acuerdos la comunidad de propietarios, mientras que en la Ley general de telecomunicaciones 9/2014 reconoce el derecho al acceso a las telecomunicaciones, que deberá ser respetado por la comunidad si ésta lo acepta con quórum de un tercio o habrá que ponérselo previo juicio.

Notas del Autor:

1.- Art. 45.4, párrafo 2º y ss Ley 9/2014 -EDL 2014/65990-: "En el caso de edificios en los que no exista una infraestructura común de comunicaciones electrónicas en el interior del edificio o conjunto inmobiliario, o la existente no permita instalar el correspondiente acceso ultrarrápido, dicha instalación podrá realizarse haciendo uso de los elementos comunes de la edificación. En los casos en los que no sea posible realizar la instalación en el interior de la edificación o finca por razones técnicas o económicas, la instalación podrá realizarse utilizando las fachadas de las edificaciones.

El operador que se proponga instalar los tramos finales de red y sus recursos asociados a que se refiere el presente apartado, deberá comunicarlo por escrito a la comunidad de propietarios o, en su caso, al propietario del edificio, junto con un proyecto de la actuación que pretende realizar, antes de iniciar cualquier instalación. El formato, contenido, y plazos formales de presentación tanto de la comunicación escrita como del proyecto de actuación referidos en el presente párrafo serán determinados reglamentariamente. En todo caso, corresponderá al operador acreditar que la comunicación escrita ha sido entregada.

La instalación no podrá realizarse si en el plazo de un mes desde que la comunicación se produzca, la comunidad de propietarios o el propietario acredita ante el operador que ninguno de los copropietarios o arrendatarios del edificio está interesado en disponer de las infraestructuras propuestas, o afirma que va a realizar, dentro de los tres meses siguientes a la contestación, la instalación de una infraestructura común de comunicaciones electrónicas en el interior del edificio o la adaptación de la previamente existente que permitan dicho acceso ultrarrápido. Transcurrido el plazo de un mes antes señalado desde que la comunicación se produzca sin que el operador hubiera obtenido respuesta, o el plazo de tres meses siguientes a la contestación sin que se haya realizado la instalación de la infraestructura común de comunicaciones electrónicas, el operador estará habilitado para iniciar la instalación de los tramos finales de red y sus recursos asociados, si bien será necesario que el operador indique a la comunidad de propietarios o al propietario el día de inicio de la instalación."

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