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¿Cuál es el juzgado competente para conocer del procedimiento de autorización judicial de internamiento de menores regulado en el art. 778 bis LEC?

Coordinador: José María Prieto Fernández-Layos

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

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A petición de nuestro compañero y colaborador D. Juan Pablo González del Pozo debatimos en el presente Foro Abierto la siguiente e interesante cuestión en relación al juzgado competente para conocer del procedimiento de autorización judicial de internamiento de menores regulado en el art. 778 bis LEC (EDL 2000/77463).

La LO 8/2015, de 22 de julio, de modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia (EDL 2015/125943), que entró en vigor el 12 de agosto de 2015, ha introducido en la LEC un procedimiento para la obtención de autorización judicial para el ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección específicos, que se regula en el nuevo art. 778 bis de la misma. El citado art. 778 bis, en su apartado 2 dispone:

"Serán competentes para autorizar el ingreso de un menor en dichos centros los Juzgados de Primera Instancia del lugar donde radique el centro."

Por su parte, la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas (EDL 1997/25086), establece en su art. 15:

"Para el conocimiento y resolución de los litigios en que sean parte el Estado, los organismos Públicos o los órganos constitucionales, serán en todo caso competentes los Juzgados y Tribunales que tengan su sede en las capitales de provincia, Ceuta o Melilla. Esta norma se aplicará con preferencia a cualquier otra norma sobre competencia territorial que pudiera concurrir en el procedimiento."

Tras la entrada en vigor del nuevo art. 778 bis LEC, se están planteando en la práctica cuestiones de competencia territorial negativas entre los Juzgados de primera instancia de las capitales de provincia y los de los lugares donde radican los centros, cuando la ubicación de éstos radica fuera de los partidos judiciales de aquéllos, que han dado lugar ya a algunas resoluciones de Audiencias Provinciales, sin que exista una opinión unánime en la doctrina ni entre los operadores jurídicos sobre la cuestión.

El problema se centra en dilucidar si la declaración de competencia territorial del novísimo art. 778 bis.2 LEC es o no compatible con el denominado Fuero Territorial del Estado y de las Administraciones Públicas, recogido en el art. 15 de la Ley 52/1997. De entenderse compatibles, el fuero territorial del Estado del art. 15 se aplicaría con preferencia al fuero territorial del lugar de ubicación de los centros, pues este último precepto contempla, precisamente, la posibilidad de que exista un fuero divergente al del Estado, y éste se imponga a aquel. De considerarse incompatibles, prevalecería el fuero del art. 778 bis.2, al venir establecido por una ley orgánica, y además posterior, a la Ley ordinaria 52/1997.

En la búsqueda de argumentos interpretativos en favor de una u otra postura que ayuden a clarificar la cuestión, se formula a los miembros de nuestro ilustre consejo de redacción la siguiente pregunta:

¿Cuál es el juzgado de primera instancia competente para conocer del procedimiento de autorización judicial de internamiento de menores regulado en el art. 778 bis LEC: el de la capital de la provincia o el del lugar en que radique el centro?


Este artículo ha sido publicado en la "Revista Derecho de Familia", el 1 de julio de 2016.


(Puedes consultar Legislación y Jurisprudencia en nuestra Base de Datos).

La LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor -LOPJM- (EDL 1996/13744), en su Exposición de Motivos recoge como con el objetivo de que se realice con las máximas garantías, el internamiento de menores en centros psiquiátricos, se someta a previa autorización judicial y a las reglas del art. 211 CC (EDL 1889/1) (derogado por Ley 1/2000; EDL 2000/77463), con informe preceptivo del Ministerio Fiscal, equiparando, a estos efectos, al menor con el presunto incapaz, sin considerar válido el consentimiento de sus padres para que el internamiento se considere voluntario, excepción hecha del internamiento de urgencia (arts. 25 y 26); normativa por aquél entonces, vigente hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (EDL 2015/125943), en la que a los efectos de concretar la competencia territorial para el conocimiento de tales asuntos se debía estar al fuero especial contenido en el art. 15 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas (EDL 1997/25086), a cuyo tenor “para el conocimiento y resolución de los litigios en que sean parte el Estado, los organismo públicos o los órganos constitucionales, serán en todo caso competentes los Juzgados y Tribunales que tengan su sede en las capitales de provincia, Ceuta y Melilla”, disposición que se aplicaba con preferencia a cualquier otra norma sobre competencia territorial que pudiera concurrir en el procedimiento.

No es hasta la entrada en vigor de la LO 8/2015, el 12 de agosto del expresado año 2015, con la introducción en la LEC del art. 778 bis de un procedimiento instado por la entidad pública que ostente la tutela o guarda de menores o Ministerio Fiscal para la obtención de autorización judicial para el ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección específicos que se suscita el problema de a qué órgano judicial compete (territorialmente) el conocimiento de tales asuntos al disponer en su número 2º que “serán competentes para autorizar el ingreso de un menor en dichos centros los Juzgados de Primera instancia del lugar donde radique el centro”, ya que la duda se encuentra en si se debe estar a la norma especial, no derogada, que hasta entonces estuvo vigente, la contenida en la expresada Ley 52/1997 o si, por el contrario, para el supuesto específico y concreto del internamiento de menores, ha de estarse a la novedosa de atribuir la competencia territorial al Juzgado de Primera Instancia del lugar en el que se halle el centro de internamiento, que podrá o no coincidir con el de las capitales de provincia.

Ante la alternativa suscitada, si nos atenemos a las explicaciones que se ofrecen en la Exposición de Motivos de la Ley 8/2015, parecería entender que la intención del legislador, no fue otra que la del mantenimiento del régimen especial que hasta entonces ha estado imperante, por cuanto que en su Exposición de Motivos se alude expresamente a que “el fuero de competencia territorial se atribuye atendiendo al criterio generalizado para los procesos de protección de menores, con el fin de favorecer la unidad de criterio de los Juzgados que intervengan, y evitando la dispersión que se derivaría de adoptar cualquier otro fuero competencial”, es decir, parece querer mantener esa “centralización” en el conocimiento de todos estos asuntos en favor de los Juzgados de Primera Instancia (Familia) radicados en las capitales de provincia, sede de las entidades públicas, pero, sin embargo, en mi modesta opinión, no se ofrece esa correspondencia entre lo que el legislador relata en su expositivo de motivos y lo que contiene el nuevo art. 778 bis no solamente en su número 2º, sino que reitera en el 3º, en su segundo inciso, al hablar de la ratificación de la medida incidiendo en que la competencia se atribuya al Juzgado de Primera Instancia del lugar donde radique el centro de ingreso. Pero, es más, en su número 6º, cuarto inciso, vuelve a insistir en la misma competencia territorial para el control periódico e, incluso, ante la posibilidad de que se produzcan traslados de los menores, no se habla para nada de competencia de los Juzgados de Primera Instancia (de Familia) de la capital de provincia, expresando al respecto que “en caso de que el menor fuera trasladado a otro centro de protección específico de menores con problemas de conducta, no será necesaria una nueva autorización judicial, pasando a conocer del procedimiento el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que radique el nuevo centro”, lo que parece apuntar en la línea de aproximar esa competencia judicial no en favor del quizás más especializado/a juez/a del Juzgado de Primera Instancia (Familia) que radique en la capital de provincia, en que se encuentre la sede de la entidad pública, con una línea de actuación más definida en tales cuestiones, favoreciendo la unidad de criterio y evitando la dispersión del conocimiento de tales asuntos, sino en pro del órgano judicial del lugar en que se encuentre el centro de internamiento, lo que parece apuntar hacia una solución de inmediación y proximidad, sobre todo si se tiene en cuenta ese control que se debe llevar a cabo, al menos, trimestralmente.

Así las cosas, a mi entender, en materia de competencia territorial se produce un cambio normativo por el legislador que de no haberlo querido hubiese bastado con no especificar nada expresamente en el art. 778 bis LEC, bastando con estar a la normativa de la precitada Ley 52/1997, pero no ha sido así, de manera que con la meridiana claridad que instaura en dicha norma procesal (no así en su Exposición de Motivos, que parece estar pensando en todo lo contrario) esa competencia territorial, debe ser entendida en favor de los Juzgados de Primera Instancia (o de Familia) en que se encuentre el centro de internamiento, normativa, no olvidemos, que es introducida mediante una Ley Orgánica, no solamente posterior sino también de jerarquía superior a la ley ordinaria en donde se concreta el fuero especial en favor de las entidades públicas; sin que a tal conclusión pueda oponerse la tesis de estar al fuero del domicilio del menor en razón a que esa autorización judicial tiene que ser previa al internamiento y que, por tanto, no puede estarse al criterio del lugar en que radique el centro de internamiento en que el menor va a ser ingresado, pues tal argumento decae a partir del momento en el que se debe entender que a la presentación por la entidad pública competente o, en su caso, por el Ministerio Fiscal, de la solicitud de internamiento, se debe especificar dónde va a ser ingresado, lo que marca ya, per se, inicialmente, la competencia territorial del órgano conocedor del asunto.

Sobre esta concreta cuestión el TSJ Andalucía ya se pronunció en Auto nº 24/2012, de 24 de julio (EDJ 2012/275779), con anterioridad a la reforma legislativa que nos ocupa, pero siendo de importancia destacar de dicha resolución judicial que, en cierta manera, anticipa lo que se ha plasmado en norma legal, al aludir a la doctrina jurisprudencial expresada, entre otros, en los autos de la Sala 1ª del TS de 19 de octubre de 2005 (EDJ 2005/296857), de 2 de diciembre de 2008 (EDJ 2008/267865), de 11 de diciembre de 2008 (EDJ 2008/236712), de 21 de enero de 2009 (EDJ 2009/13557), de 31 de marzo de 2009 (EDJ 2009/65538), de 19 de mayo de 2009 (EDJ 2009/105853), de 11 de mayo de 2010 (EDJ 2010/87531) y de 27 de marzo de 2012 (EDJ 2012/76931), entendiendo que frente al principio “perpetuatio iurisdictionis” ha de prevalecer el criterio del control efectivo del internamiento, atribuyendo, en consecuencia, la competencia territorial al Juzgado del lugar en que en cada momento se halle el centro de internamiento, indicando que el principio del interés del menor, al que puede equipararse a estos efectos el interés del incapaz, proclamado como principio general inspirador de la LOPJM, debe considerarse preferente al principio de concentración de actuaciones judiciales. La posición contraria obligaría a acudir a las vías del auxilio judicial o de la prórroga de la jurisdicción para llevar a cabo la comprobación de cualquier dato relativo a la situación del menor internado.


Se nos plantea la cuestión de cuál es el juzgado competente para conocer del procedimiento de autorización judicial de internamiento de menores regulado en el art. 778 bis LEC (EDL 2000/77463).

La protección de menores ha sido objeto de una reciente reforma en nuestro país a través de dos leyes; la LO 8/2015, de 22 de julio (EDL 2015/125943) y la Ley 26/2015, de 28 de julio (EDL 2015/130118). Como se señala en el preámbulo de la LO 8/2015, "sin embargo, transcurridos casi 20 años desde la aprobación de la citada norma (LO 1/1996, de Protección Jurídica del Menor; EDL 1996/1996/13744), se han producido importantes cambios sociales que inciden en la situación de los menores y que demandan una mejora de sus instrumentos de protección jurídica en aras del cumplimiento efectivo del citado artículo 39 de la constitución".

El sistema de protección existente hasta ahora en nuestro país se encontraba frente a problemas de diferente índole que demandaban su mejora. Problemas tales como la excesiva duración de los procedimientos administrativos, la deficiente asistencia a las familias y a los menores, la falta de una respuesta adecuada ante problemas más graves, la concurrencia de normas estatales y autonómicas, y finalmente y relativo a la cuestión que ahora se nos plantea la ausencia de regulación estatal para aquellos casos de menores con trastornos de conducta que precisaban medidas más drásticas como el ingreso en centros especiales.

Con relación a estos menores se señala en el preámbulo de la LO 8/2015 que "la sociedad española ha sufrido un proceso de cambios acelerados en los últimos años que ha tenido su manifestación en la aparición de un nuevo perfil de los usuarios de los servicios sociales y de los servicios de protección a la infancia y a las familias. Es el caso de los menores que ingresan en los centros de protección, en un número cada vez más elevado, a petición de sus propias familias, ante situaciones muy conflictivas derivadas de problemas de comportamiento agresivo, inadaptación familiar, situaciones de violencia filioparental y graves dificultades para ejercer la responsabilidad parental. Su situación psicológica y social demanda soluciones diferentes a las que ofrecen los centros de protección ordinarios o sus familias y requieren de un ingreso en centros especializados, previo informe sobre su situación social y sobre su estado psíquico". Continúa señalando el preámbulo que "estos centros deben proporcionar a los menores con problemas de conducta, cuando las instancias familiares y educativas ordinarias no existen o han fracasado, un marco adecuado para la educación, la normalización de su conducta y el libre y armónico desarrollo de su personalidad".

La LO 8/2015 introduce un artículo en la LEC, el art. 778 bis, que incorpora a la ley procesal un procedimiento sencillo y ágil para obtener la autorización judicial del ingreso del menor en un centro de protección de menores con problemas de conducta. Y en el preámbulo de la ley orgánica se señala que el ingreso de un menor en estos centros, a solicitud de la entidad pública o del ministerio fiscal requiere del debido control judicial que se efectuará al exigir que se realice previa autorización del juez de primera instancia del domicilio de la entidad pública. Por tanto, en el preámbulo de la Ley, que mantiene la misma redacción a la que tenía el proyecto, se señala como juez competente para conocer de la autorización de ingreso al juez de primera instancia del domicilio de la entidad pública. En concordancia con lo señalado en el preámbulo, el art. 778 bis.2 del proyecto señalaba que serían competentes para autorizar el ingreso de un menor en dichos centros los juzgados de primera instancia del domicilio de la entidad pública. Del mismo modo en aquellos supuestos de ratificación del ingreso de un menor sin autorización judicial en casos de urgencia se indicaba que la competencia correspondía al Juzgado de Primera Instancia del lugar en que radicara el centro del ingreso, quien debería inhibirse a continuación a favor del Juzgado del domicilio de la Entidad Pública.

Se recogía así en el proyecto una norma de competencia territorial coincidente con la que establece la ley 52/1997, de 27 de noviembre, de asistencia jurídica del Estado e Instituciones Públicas (EDL 1997/25086). Se dispone en el art. 15 de esta ley "para el conocimiento y resolución de los litigios en que sean parte del Estado, los organismos públicos o los órganos constitucionales, será en todo caso competentes los juzgados y tribunales que tengan su sede en las capitales de provincia, Ceuta o Melilla. Esta norma se aplicará con preferencia a cualquier otra norma sobre competencia territorial que pudiera concurrir en el procedimiento”. De conformidad con ello, el juzgado competente sería el domicilio de la Entidad Pública.

Frente a la primera redacción en el proyecto del art. 778 bis.2, se introdujo una enmienda por el Partido Socialista en la que se proponía que la redacción del precepto fuera la siguiente: Serán competentes para autorizar el ingreso de un menor en dichos centros los Juzgados de Primera Instancia del domicilio de la Entidad Pública. Una vez que se produzca el ingreso del menor en uno de estos centros, el Juzgado que autorizó el ingreso se inhibirá́ a favor del Juzgado de Primera Instancia del lugar en que radique el mismo, caso de que fuese otro distinto. Se justificaba dicha enmienda en que el Juzgado del lugar donde radica el centro de ingreso es el más adecuado para conocer sobre el control periódico de los ingresos y el acuerdo sobre el cese de la situación de ingreso. Consecuencia de ello se modificó la inicial redacción del apartado segundo del art. 778 bis.

Tal y como se recoge en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados, los redactores de la ponencia señalaron que, como consecuencia de las enmienda presentadas, proponían una nueva redacción al art. 778 bis LEC, admitiendo el cambio de juez competente indicando que "será el juez en donde radique el centro de ingreso el encargado de conocer y de llevar el control". La enmienda presentada se adecuaba mucho mejor a la redacción del art. 15 de la Ley de Asistencia Jurídica del Estado ya que proponía como juzgado competente para conceder la autorización el del domicilio de la entidad pública aunque después dejaba su control al Juzgado en cuyo territorio se encontraba el centro de internamiento.

En la redacción final del art. 778 bis.2 se establece que serán competentes para autorizar el ingreso de un menor en dichos centros los juzgados de primera instancia del lugar donde radique el centro.

Frente a ello, se nos plantea la cuestión de cuál es la norma de competencia territorial que debe prevalecer, si la del art. 15 de la ley de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas o la del art. 778 bis.2 LEC. A mi entender, hubiera sido más lógico mantener como norma de competencia territorial la del juzgado de primera instancia del lugar donde radica la entidad pública, igual que se ha hecho con las autorizaciones de entradas a domicilios para la ejecución de las medidas de protección de un menor. La regulación actual va a motivar la existencia de diferentes juzgados conociendo de los diferentes procedimientos en los que esté involucrado un menor, en función del fuero territorial que se aplique. El juzgado en cuyo territorio radica el centro de internamiento y el juzgado donde radica la entidad pública para aquellos procedimientos del art. 780 LEC cuando radiquen uno y otra en localidades distintas. El haber mantenido la competencia del juzgado de primera instancia del domicilio de la entidad pública, es decir el mismo que lo es en los procesos de protección de menores, hubiera favorecido la unidad de criterio de los juzgados intervinientes evitando la dispersión que se va a producir con la regulación acogida.

Sin embargo, dada la regulación definitiva del art. 778 bis.2 entiendo que es esta norma de competencia la que debe prevalecer. Se trata de una ley especial, prevista especialmente para el internamiento de menores con problemas de conducta, que debe prevalecer sobre la regulación de la ley de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas por ser posterior a ésta.


A la cuestión planteada hemos de dar una respuesta que para nosotros parece clara: la competencia para conocer de los procedimientos de autorización judicial de internamiento de menores regulado en el art. 778 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil (EDL 2000/77463) corresponde al juzgado del lugar en el que radique el centro donde deba ser ingresado el menor.

En este sentido, nada obsta el privilegio procesal que se recoge, o se pueda hacer valer, en los términos señalados en el art. 15 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas (EDL 1997/25086), extensibles a las Comunidades Autónomas, conforme a la disposición adicional cuarta de dicha ley, y en relación a la Comunidad Autónoma de Madrid, disposición adicional primera de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid (EDL 1999/61633).

Ha de prevalecer, sobre el privilegio de la administración, el superior interés del menor de edad ingresado generalmente por problemas de conducta, con aplicación analógica del criterio que sigue la doctrina y jurisprudencia en los supuestos en que se interesa el internamiento no voluntario de personas mayores de edad, por razón de trastorno psíquico, físico, e incluso para el control de la tutela, una vez declarada judicialmente la incapacidad, supuestos todos en los que se considera competente el juzgado donde radica el centro de internamiento de la persona en cuestión, mayores de edad, en aras a posibilitar el acceso efectivo del incapaz a la Justicia, de conformidad con el art. 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (EDL 2006/478711), y no alejar a la misma del órgano jurisdiccional que debe, previó su examen y práctica de las demás pruebas legalmente previstas, resolver sobre el postulado internamiento.

Esta propia Sala, y dando respuesta a la problemática planteada en relación a la competencia para conocer del procedimiento de internamiento de un menor de edad, a propósito de un recurso interpuesto por la Dirección Jurídica de la Comunidad Autónoma de Madrid, y un conflicto negativo de competencia entre dos juzgados da respuesta judicial a la cuestión planteada ahora en los términos antes indicados (vid el auto de 4 de diciembre del 2015).

En definitiva se trata de propiciar el acercamiento del órgano judicial al lugar donde se encuentra la persona afectada por el internamiento, resulte ser un menor de edad, un incapaz, una persona mayor de edad ingresado en un centro geriátrico sin el concurso de su voluntad, etc.; hasta tal punto es la unanimidad sobre tal cuestión que en otro supuesto, el de la rendición de cuentas en materia de tutela, y no obstante haber dictado la sentencia sobre incapacidad un determinado juzgado, si en el curso de la ejecución de la sentencia, en lo que se refiere al ejercicio de la tutela, rendición de cuentas anual, general, etc., se produce un cambio de residencia de la persona declarada incapaz, el juzgado competente para conocer de las cuestiones afectantes ha dicho ejercicio de la tutela es el del lugar de la última residencia del tutelado, y así lo ha declarado doctrina emanada por la Sala Primera del Tribunal Supremo, en reunión celebrada para la unificación de criterios el día 16 de diciembre del 2008, vigente con arreglo a la disposición transitoria 1-1º del texto procesal del año 2000, considerándose aplicable el foro de la nueva localidad en el que resida el incapaz, lo que se justifica por el principio de protección del mismo, por razones de inmediación, eficacia y efectividad de la tutela judicial exigida por el art. 24-1 de la Constitución (EDL 1978/3879)

Todas las argumentaciones jurídicas anteriores, aunque sirven para dar concreta respuesta a la problemática relativa a las personas declaradas judicialmente incapaces, o para el internamiento de personas mayores de edad, sirven ahora para fundamentar, según se dijo anteriormente, la conclusión de que el interés de los menores prima para afirmar que la competencia para conocer del procedimiento sobre autorización judicial de internamiento de menores corresponde al juzgado de la localidad donde se encuentra internado, o proceda el internamiento, del menor.


La respuesta a la cuestión sometida a la consideración de los miembros del consejo de redacción, de gran relevancia e interés práctico, entraña una gran dificultad por existir múltiples y sólidos argumentos para sostener tanto la tesis favorable al denominado fuero territorial del Estado como la que propugna como competente el fuero del lugar de ubicación del Centro de Protección Específico donde se pretende ingresar al menor por la Entidad Pública.

Como señala con acierto el planteamiento de la cuestión objeto de análisis, la solución del problema exige dilucidar si el fuero de competencia territorial establecido por el novísimo art. 778 bis.2 LEC (EDL 2000/77463) es o no compatible con el denominado fuero territorial del Estado, recogido en el art. 15 de la Ley 52/1997, de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas -en lo sucesivo LAJEIP- (EDL 1997/25086), el cual, conforme a lo establecido en su Disp. Adic. 4ª, es aplicable también a las Comunidades Autónomas. En otros términos, si el art. 778 bis.2 LEC es compatible, y por tanto complementario, del art. 15 LAJEIP, o si, por el contrario, ambos son incompatibles y recíprocamente excluyentes.

 En favor de la tesis de la compatibilidad de ambos preceptos, y, por consiguiente, de la aplicación preferente del citado art. 15, cabe aducir, en primer lugar, que la circunstancia de haberse introducido en la LEC el nuevo art. 778 bis.2 LEC con posterioridad al establecimiento del fuero territorial del Estado no puede comportar, en ningún caso, la inaplicación de este último, ya que el art. 15 configura una especialidad en materia de competencia territorial para los procesos civiles en que las Administraciones Públicas son parte, determinando la competencia, “en todo caso”, de los “Juzgados y Tribunales que tengan su sede en las capitales de provincia”, según dispone el precepto. Y esa especialidad requiere, en cualquier caso, para su aplicación, de la existencia de una norma imperativa de competencia, que, en el presente supuesto, sería la contemplada en el art. 778 bis.2 LEC.

Igualmente cabe argüir, en pro del fuero territorial del Estado, que el art. 15 LAJEIP no ha sido derogado expresamente por la LO 8/2015, de 22 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia -en lo sucesivo LO 8/2015- (EDL 2015/125943), y no es admisible entenderlo derogado tácitamente, en lo relativo a la competencia territorial para conocer del procedimiento de autorización judicial de ingreso de menores que nos ocupa, por el art. 778 bis.2 LEC, pues el hecho de que este último determine una competencia territorial distinta a la prevista en el art. 15 LAJEIP, es precisamente lo que otorga vigencia y aplicabilidad a lo previsto en el inciso final del tan repetido art. 15. Así cabe deducirlo del tenor literal del art. 15 cuando dispone que “Esta norma se aplicará con preferencia a cualquier otra norma sobre competencia territorial que pudiera concurrir en el procedimiento”. Lo dispuesto en el art. 778 bis.2 es justamente lo que atribuye virtualidad al art. 15. Entender lo contrario equivaldría a desvirtuar por completo el tenor literal del art. 15 LAJEIP habida cuenta de que la aplicación de esta norma requiere, por definición, de la existencia de una norma imperativa de competencia territorial que atribuya la competencia para conocer del proceso civil en que sea parte la Administración Pública a un Juzgado o Tribunal que no sean los de la capital de la provincia.

En tercer lugar, también es factible sostener que no debe darse preferencia al fuero territorial señalado en el art. 778 bis.2 LEC por el solo hecho de haber sido introducido por una Ley con rango de orgánica (La LO 8/2015), frente al fuero territorial del Estado, establecido por una Ley que tiene el carácter de ordinaria (la Ley 52/1997), pues, según la doctrina del Tribunal constitucional, la integración de las Leyes Orgánicas en nuestro ordenamiento jurídico se realiza a través del principio de competencia y no del principio de jerarquía normativa.

Finalmente, es posible mantener que la “voluntas legislatoris” se inclina por el fuero territorial del Estado, ya que el Preámbulo de la LO 8/2015, en su apartado III, párrafo 2º, al aludir al nuevo procedimiento judicial de autorización judicial de ingreso de menores regulado en el art. 778 bis LEC, señala que: “El ingreso de un menor en estos centros, a solicitud de la Entidad Pública o del Ministerio Fiscal, requiere el debido control judicial, que se efectuará al exigir que se realice previa autorización del Juez de Primera Instancia del domicilio de la Entidad Pública…”, en clara referencia al Juez de Primera Instancia de la capital de la provincia, donde, salvo raras excepciones, suele tener su sede la Entidad Pública, que, por definición de la Disposición Adicional Primera de la propia LO 8/2015, es la Entidad Pública de protección de menores competente territorialmente.

Pero, aun reconociendo que no pueden calificarse de endebles o inconsistentes los argumentos en pro del fuero territorial del Estado que acaban de exponerse, son, en mi opinión, más sólidas y consistentes, las razones que avalan como juzgado territorialmente competente para conocer del procedimiento de autorización judicial de ingreso de menores con problemas de conducta en Centros de Protección Específicos el fuero del lugar donde radique el Centro. Entre esas razones cabe señalar las siguientes.

 En primer lugar, aunque parezca un argumento simplista, ha de considerarse competente territorialmente al Juzgado de 1ª Instancia del lugar donde radique el Centro por mero imperativo legal, al disponerlo así la literalidad del precepto contenido en el art. 778 bis.2 LEC, conforme al principio hermenéutico “in claris non fit interpretatio”.

 En segundo lugar, el fuero territorial del lugar del Centro debe imponerse, en este caso, al fuero territorial del Estado porque el art. 778 bis.2 LEC ha sido introducido por una Ley con rango de Ley orgánica (la LO 8/2015), mientras el art. 15 LAJEIP lo ha sido por una Ley que tiene carácter de ordinaria (la Ley 52/1997), y, por tanto, lo dispuesto en la ley posterior y superior debe prevalecer sobre lo establecido en la ley anterior e inferior, sin que pueda quedar desvirtuada esta tesis por la doctrina del Tribunal constitucional sobre la integración de las Leyes Orgánicas en nuestro ordenamiento jurídico, que se realiza a través del principio de competencia y no del principio de jerarquía normativa, pues por razón de la materia a que se refiere el procedimiento objeto de regulación, que afecta a derechos fundamentales, y en concreto a la libertad del menor, de la que se le priva, al menos en parte, al acordarse su ingreso en un Centro, la incorporación de esta norma orgánica al ordenamiento jurídico debe hacerse dándole preferencia sobre cualquier otra norma ordinaria opuesta a aquella en base al principio de competencia, al regular materias relativas a derechos fundamentales afectadas por el principio constitucional de reserva de ley orgánica.

En tercer lugar, no cabe mantener, como lo hacen los partidarios de la aplicación del fuero territorial del Estado, que la voluntad del legislador era atribuir la competencia para el ingreso, en todo caso, a los Juzgados de las capitales de provincia, pese a que el Preámbulo de la LO 8/2015 da por supuesto que la autorización para el ingreso del menor corresponde al Juez de Primera Instancia del domicilio de la Entidad Pública, pues, de ser esa la voluntad última del legislador, no habría introducido la norma de competencia territorial del art. 778 bis.2 LEC ya que hubiera bastado con la norma general de atribución de competencia territorial del art. 15 LAJEIP. En este sentido, debe entenderse que la referencia del Preámbulo de la LO 8/2015 al Juez de Primera Instancia del domicilio de la Entidad Pública no es más que “lapsus cálami”, pues no puede presumirse que el legislador ignorara la existencia del art. 15 LAJEIP y por eso introdujera el 778.bis.2, sino que, a la inversa, ha de partirse del previo conocimiento del fuero territorial del Estado por parte del legislador, no obstante lo cual, estableció en el 778 bis.2 el fuero del lugar de ubicación del Centro. Esta entendimiento de la mens legislatoris es abonada por lo dispuesto en el propio art. 778 bis.6, párrafo 4º, que atribuye la competencia para el control periódico de los ingresos al Juzgado de Primera Instancia del lugar donde radique el Centro y dispone que, en caso de traslado del menor a otro centro de protección específico, “no será necesaria una nueva autorización judicial, pasando a conocer del procedimiento el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde radique el nuevo centro”. Las previsiones del art. 778 bis.6, párrafo 4º LEC sobre competencia carecerían por completo de sentido si la competencia territorial para la autorización del ingreso correspondiera a los Juzgados de 1ª Instancia de la capital de la provincia, y, además, en caso de sostenerse la tesis del fuero territorial del Estado, eso significaría que un juzgado conociera del ingreso y otro distinto pudiera conocer del control periódico del ingreso, en caso de radicar el centro en lugar situado fuera del partido judicial de la capital de la provincia, lo que sería absurdo, pues debe controlar el ingreso, para evaluar la necesidad de mantener la medida de internamiento, el mismo juez que concede la autorización de ingreso, como se deduce con meridiana claridad de lo establecido en los párrafos 1º, 2º y 3º del apartado 6 del art. 778 bis, a tenor de los cuales en la misma resolución que autorice el ingreso se debe establecer la obligación de la Entidad Pública y del Director del centro de remitir informes periódicos al juzgado para que este pueda acordar lo procedente sobre la continuación o cese del ingreso.

En cuarto lugar, puesto que se trata de decidir una cuestión competencial que afecta a menores, es evidente que el interés superior del menor ha de ser, como principio inspirador, especialmente valorado para resolver la misma, por imperativo de lo dispuesto en el art. 2 de la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (EDL 1996/13744), de modo que ese interés superior prevalezca sobre cualquier otro. Y, en ese sentido, como señala el Preámbulo de la LO 8/2015 en su apartado II, párrafo 1º, ese interés superior “es un principio de carácter interpretativo, de manera que, si una disposición jurídica puede ser interpretada en más de una forma se debe optar por la interpretación que mejor responda a los intereses del menor”. Por tanto, a la hora de determinar el fuero competencial, la interpretación sistemática y conjunta del art. 778 bis.2 LEC y del art. 15 LAJEIP, en la medida que permite sostener dos interpretaciones contrapuestas, debe hacerse optando por la interpretación que mejor protege y responde a los intereses del menor que, en este caso, es que conozca del procedimiento de autorización de ingreso el Juez del lugar de ubicación del centro, por ser el que, por razones de inmediación, está en mejores condiciones para decidir no solo la autorización para el ingreso, sino también la continuación o cese de la medida o la posterior impugnación por el menor de las medidas de seguridad que le fueren impuestas o las restricciones a sus visitas, permisos de salida o comunicaciones a que se refieren los arts. 26, 34 y 35 de la LO 1/1996, en su redacción según LO 8/2015. La mayor proximidad del Juzgado del lugar de ubicación del centro acorta el tiempo y recorta la distancia que el menor tiene que recorrer para acudir al juzgado o del juez para desplazarse al centro y facilita enormemente la práctica de cualquier diligencia de prueba y actuaciones perentorias a realizar por el magistrado, el letrado de la Administración de Justicia o representante del Ministerio Fiscal.

Alguna Audiencia Provincial, como la de Madrid, Sec. 22ª, ya se ha pronunciado atribuyendo la competencia territorial al Juzgado de Primera Instancia del lugar donde radica el centro (AAP de Madrid, Sec. 22ª, de fecha 28 de enero de 2016, conflicto negativo de competencia 8/2016, ponente María del Pilar Gonzálvez Vicente).


La LO 8/2015, de 22 de julio, de modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia (EDL 2015/125943), que entró en vigor el 12 de agosto de 2015, ha introducido en la LEC un procedimiento para la obtención de autorización judicial para el ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección específicos, que se regula en el art. 778 bis de la misma (EDL 2000/77463).

Tal precepto supone, a tenor del preámbulo de la LO 8/2015, la implantación de un procedimiento sencillo y ágil, destinado a la obtención de autorización judicial de ingreso de un menor en centro de protección específico cuando concurre un problema de conducta, a fin de legitimar las restricciones a su libertad y derechos fundamentales, que la medida puede comportar.

El ingreso del menor en estos centros, por solicitud de Entidad Pública o del Ministerio Fiscal, requiere del debido control judicial, que se realice previa autorización del Juez de Primera Instancia del lugar donde radique el centro, según dispone el art. 778 bis, en su apartado 2.

El citado precepto sustantivo, en su apartado 6, indica que en la resolución en la que se acuerde el ingreso se expresará la obligación de la Entidad Pública y del Director del Centro de informar periódicamente al Juzgado y al Ministerio Fiscal sobre las circunstancias del menor y las necesidades de mantener la medida, sin perjuicio de los demás informes que el Juez pueda requerir cuando lo estime pertinente.

El control periódico de los ingresos corresponderá al Juez de Primera Instancia del lugar en donde radique el centro, a tenor de lo preceptuado en el citado art. 778 bis 6, párrafo cuarto.

En el supuesto de traslado a otro centro de protección específico de menores con problemas de conducta, no será precisa nueva autorización judicial, pasando a conocer del procedimiento el Juez de Primera Instancia del lugar en donde radica el centro.

El art. 778 bis en sus distintos apartados refiere como competentes para autorizar los ingresos en los centros de protección de menores, y para conocer del procedimiento en el curso de traslados de centro, al del lugar en donde esté situado el centro, de tal manera que se acerca el fuero al lugar en donde se ubica el centro.

Las disposiciones de la LO 8/2015, de 22 de julio, han de ser aplicadas, en la materia competencial que examinamos, con preferencia al art. 15 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas (EDL 1997/25086), por su carácter de Ley Orgánica posterior a la Ley ordinaria 52/1997.

En suma, entiendo que ha de prevalecer en materia competencial la previsión legal del art. 778 bis, apartado 2º LEC, y que será el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se ubique el centro de protección específica el competente para conocer del procedimiento y sus incidencias del art. 778 bis LEC, con preferencia al de la capital de la provincia.


Cuando el legislador de la LO 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (EDL 2015/125942) aprobó la redacción del art. 788 bis LEC (EDL 2000/77463) lo hace a sabiendas de la redacción del art. 15 de la Ley 52/1997 (EDL 1997/25086). Además, la redacción del art. 788 bis está realizada por norma con rango de Ley Orgánica. En este precepto se hace constar la mención de que:

“1. La Entidad Pública, que ostente la tutela o guarda de un menor, y el Ministerio Fiscal estarán legitimados para solicitar la autorización judicial para el ingreso del menor en los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta a los que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de Enjuiciamiento Civil, debiendo acompañar a la solicitud la valoración psicosocial que lo justifique.”

Y añade en el aptdo. 2º que:

“2. Serán competentes para autorizar el ingreso de un menor en dichos centros los Juzgados de Primera Instancia del lugar donde radique el centro.”

Es decir, que el legislador, a sabiendas de que existe una normativa de 18 años atrás que establece unas peculiaridades competenciales en el art. 15 citado otorga una competencia propia y específica en estos casos relativos al ingreso en “centros públicos”, no llevándolo a cabo por remisión al art. 15 de la Ley 52/1997, sino con una competencia específica y propia de los Juzgados de Primera Instancia del lugar donde radique el centro, no de la capital de provincia donde radique el centro.

Por ello, no resulta posible interpretar la norma del art. 788 bis LEC de forma distinta a la propia literalidad aprobada por norma con rango de Ley orgánica por LO 8/2015 y posterior a la Ley 52/1997. De haber querido mantener esta especialidad hubiera hecho una remisión a esta Ley que tiene, por cierto, rango de Ley ordinaria, pero no lo hace así sino que confiere un tratamiento competencial territorial para los juzgados del lugar donde está el centro o entidad pública, con lo que donde la ley no distingue nosotros no podemos distinguir.

Aplicar el fuero competencial del lugar donde radica la capitalidad de la provincia del centro público sería aplicar de forma distinta la norma que sobre competencia territorial señala con absoluta claridad el art. 788.2 bis LEC.

No otra debe ser la interpretación ya que:

En primer lugar, la norma expresamente atribuye la competencia al juez del lugar donde está el centro.

En segundo lugar, de haber querido el legislador mantener el criterio de atribuirlo al juez de la capital de provincia donde radique el centro lo hubiera dicho a sabiendas de que una ley ordinaria así lo expresa en el caso de afectación de la Administración al caso.

En tercer lugar, se trata de una norma posterior que deroga en ese caso concreto a una anterior y lleva rango de ley orgánica. Existe derogación de esa interpretación.

En cuarto lugar la claridad de la norma y su atribución de competencia territorial no deja lugar a dudas cuando lo atribuye al juez del lugar donde radique el centro.

En quinto lugar, interpretarlo con arreglo a la Ley 52/1997 es hacerlo contra una norma posterior que expresamente modifica ese criterio de atribución competencial para el caso de autorización judicial de internamiento de menores.


Últimamente nos tiene acostumbrados el legislador a enfrentarnos a normas de competencia que admiten diversas interpretaciones. Hace poco que comentamos la problemática que presenta la determinación de la competencia objetiva del art. 775 LEC (EDL 2000/77463) tras la última reforma, y ahora le toca el turno al art. 778 bis LEC.

Las dudas interpretativas son evidente, pues atendiendo a la interpretación literal del texto legal la competencia la tendría el Juzgado de Primera instancia de la ciudad donde radique el centro en el que se ingresa o pretende ingresar al menor. Si analizamos el art. 778 ter LEC, donde se regula la entrada en domicilios y restantes lugares para la ejecución forzosa de las medidas de protección de menores, el legislador ha optado por atribuir la competencia al Juzgado de Primera Instancia con competencia en el lugar donde radique el domicilio de la entidad pública, que lógicamente será la capital de provincia. Igualmente, en el art. 779 LEC donde se regula la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores y del procedimiento para determinar la necesidad de asentimiento en la adopción, se prevé que la competencia la tenga el Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la Entidad Pública.

¿Por qué el legislador no ha seguido en el art. 778 bis LEC el mismo criterio de atribuir la competencia al Juzgado del domicilio de la entidad pública y ha determinado que el juzgado competente sea el de Primera instancia del lugar donde radique el centro para menores con problemas de conducta?

Dado que habrá que oír al menor, una interpretación posible es que se quiere que esta audiencia se practique por el Juzgado más próximo al centro donde el menor está internado. Pero, como la autorización es previa al internamiento (salvo que se trate de supuestos de urgencia), esta tesis carece sentido pues puede ser que el menor resida en la capital de provincia y el centro esté en un pueblo. No obstante, vuelve a cobrar sentido la norma competencial si tenemos en cuenta que es necesario hacer un control periódico del menor para que el juez decida si procede o no mantener el internamiento, trámite en el que debe de volverse a oír al menor.

Para los supuestos en que el ingreso en el centro, por razones de urgencia, preceda a la solicitud de autorización hay que tener presente que, tras recibirse la notificación del ingreso en el Juzgado, éste tendrá que resolver en el plazo máximo de setenta y dos horas desde que reciba la comunicación, por lo que el criterio de preferencia del juez más próximo al centro especial mantiene su sentido.

No obstante, desde nuestro punto de vista consideramos que resulta de aplicación en este caso el art. 15 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas (EDL 1997/25086), por lo que tendrá competencia para conceder o no la autorización de ingreso del menor en el centro de protección específico para menores con problemas de conducta el Juzgado de Primera Instancia de la capital de provincia, tanto dicha autorización la solicite la propia entidad pública como el Ministerio Fiscal, pues en este último caso, conforme a lo establecido en el número cuatro del citado art. 778 bis, la entidad pública deberá ser oída y, por tanto, parte en el procedimiento. La exclusión de esta ley hubiese exigido un pronunciamiento específico por parte del legislador que no se contiene en el art. 778 bis LEC.

Estamos ante un caso muy parecido al que se presenta cuando la entidad pública declara el desamparo y el centro de acogida no se encuentra en la capital de provincia, sino en un pueblo. Esta circunstancia es indiferente a los efectos de determinar la competencia del juzgado de Primera Instancia donde tiene su domicilio la entidad pública.

Lo que no deja claro el art. 778 bis LEC es si la competencia corresponde a los juzgados de Familia o a los Juzgados de Primera Instancia ordinarios.

Recordemos que el RD 1322/1981, de 3 de julio, por el que se crean los juzgados de familia (EDL 1981/2862), atribuyó a estos órganos la competencia exclusiva y excluyente de las actuaciones judiciales previstas en los títulos IV y VII del Libro I CC (EDL 1889/1), así como de aquellas otras cuestiones, que en materia de Derecho de familia, les sean atribuidas por las Leyes. Y la autorización para ingresar al menor en un centro de protección específico para menores con problemas de conducta, se regula en la LO 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor (EDL 1996/13744), por lo que en principio queda al margen de la competencia del Juzgado de Familia, salvo que interpretemos que el director del centro especial será el que ejerza el acogimiento residencia al que se hace referencia en el art. 172 ter CC. No obstante, teniendo en cuenta que en muchos casos la entidad pública ya habrá declarado al menor en situación de desamparo, puede suceder que cuando se solicita la autorización de ingreso del menor en un centro especial, se esté tramitando al mismo tiempo una oposición de los padres biológicos a la decisión administrativa de declarar en desamparo al menor, por lo que la competencia para autorizar o no el internamiento en el centro especial puede corresponder al mismo juzgado que tramita la oposición a la declaración de desamparo.


La contradicción se plantea tras la aprobación de la LO 8/2015, de 22 de julio (EDL 2015/125943), que entró en vigor el 12 de agosto de 2015 y que no tiene en cuenta el art. 15 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas (EDL 1997/25086), que dice así:

“Para el conocimiento y resolución de los litigios en que sean parte el estado, los organismos Públicos o los órganos constitucionales, serán en todo caso competentes los Juzgados y tribunales que tengan su sede en las capitales de provincia, Ceuta o Melilla. Esta norma se aplicará con preferencia a cualquier otra norma sobre competencia territorial que pudiera concurrir en el procedimiento.”

Por su lado, esta Ley Orgánica introduce el art. 778 bis LEC (EDL 2000/77463) que se refiere al “Ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección específicos”. Que en su apartado 2 establece:

“2. Serán competentes para autorizar el ingreso de un menor en dichos centros los Juzgados de Primera Instancia del lugar donde radique el centro.”

Cuando se está en presencia de dos normas absolutamente contradictorias vigentes,  los comentaristas del pasado siglo solían acudir a lo que entonces era la “exposición de motivos” de cada una de las disposiciones legales (hoy “preámbulo”) para tratar de sacar alguna conclusión que posibilitara respuesta adecuada, teniendo en cuenta que se trata de la competencia territorial, que ya el art. 779 LEC (debe señalarse que la Ley de Asistencia Jurídica del Estado es anterior a la entrada en vigor de la Ley procesal), dentro del Capítulo V, Título I, Libro IV, en materia de oposición a resoluciones administrativas en materia de protección de menores, fijaba ya la competencia territorial para dichos procedimientos en el “Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la entidad protectora”, lo que viene a ratificar la Ley Orgánica de 2015.

Pues bien, en la exposición de motivos de la Ley 52/1997 no existe ni la menor referencia a la disposición de su artículo 15 que centraliza dicha competencia en “las capitales de provincia, Ceuta o Melilla”. El único motivo es de mera conveniencia del Estado a través de lo que se consideran “especialidades o prerrogativas procesales del Estado”. Por el contrario, en el preámbulo de la Ley Orgánica de 2015, concretamente en el último párrafo de su apartado III, dice lo siguiente:

“El fuero de competencia territorial se atribuye atendiendo al criterio generalizado para los procesos de protección de menores, con el fin de favorecer la unidad de criterio de los Juzgados que intervengan, y evitando la dispersión que se derivaría de adoptar cualquier otro fuero competencial. El procedimiento garantiza tanto la intervención del Ministerio  Fiscal, como la audiencia del titular del domicilio interesado, sin que este trámite pueda constituir un obstáculo o dilación indebida para la resolución judicial, atendida la urgencia de cada caso.”

El primer silencio y la justificación para fijar en estos procedimientos de menores la competencia del Juzgado donde se encuentren los centros inclina rotundamente la preferencia de esta norma que, por otra parte, se asienta en una Ley Orgánica, siendo ordinaria y anterior al texto procesal vigente poco tiempo después de haberse aprobado aquélla.

En consecuencia, entiendo que el órgano judicial competente para el conocimiento de los ingresos de menores en centros de protección específicos debe ser en cualquier supuesto el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se encuentre el centro.


Para empezar, debo señalar una vez más que el caos legislativo al que se somete a nuestros ciudadanos y, de modo especial, el que ha tenido lugar en el año 2015, produce constantes contradicciones de las que el propio legislador no es consciente. Por lo tanto, no nos debería extrañar que las normas se solapen sobre un mismo supuesto de hecho, con muestra de claras contradicciones.

En el texto de la cuestión a analizar en el día de hoy, se expone la posibilidad de una duplicidad de competencias territoriales en los supuestos regulados por el art. 778 bis LEC (EDL 200/77463). Pero lo primero que nos salta a la vista es que el pasado año dos disposiciones legales con una diferencia de 20 días entre la fecha de una y otra, ambas introducen sendos arts. 778 bis en la LEC.

La LO 8/2015, de 22 de julio (EDL 2015/188234), en su art. 2 de modificación de la LEC, expresa literalmente que “Uno. Se introduce un nuevo art. 778 bis, que queda redactado como sigue: Artículo 778 bis. Ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección específicos”, a cuya continuación se contiene el texto del precepto. Esta introducción del art. 778 bis tiene lugar el día de la fecha de la LO, esto es, el 22 de julio de 2015.

Sin embargo, el día 2 del mismo mes y año, la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria (EDL 2015/188234), en cuya Disp. Final 3ª, sobre modificación de determinados artículos de la LEC, en el Capítulo IV bis, relativo a las “Medidas relativas a la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional”, con idéntico carácter literal se dice “Once. Se añade un art. 778 bis, con la siguiente redacción: Artículo 778 bis. Ámbito de aplicación. Normas generales”, seguido del contenido del precepto.

El legislador en todo caso, ha introducido un nuevo artículo o lo ha añadido de nuevo, con texto diferente, pero número idéntico por dos leyes diferentes. Por cierto, que en el texto consolidado del BOE, que añade las correcciones de errores publicadas en los BOE núm. 90, de 14 de abril de 2000 y núm.180, de 28 de julio de 2001, pero que no menciona otra, el 178 bis de la Ley primera en el tiempo y segunda en rango, cambia su numeración para convertirse en 178 quáter.

Pero contestando directamente a la pregunta formulada de ¿cuál es el Juzgado de Primera Instancia competente para conocer del procedimiento de autorización judicial de internamiento de menores regulado en el art. 778 bis LEC: si el de la capital de la provincia o el del lugar en que radique el centro, o dicho de otro modo si debe aplicarse el art. 15 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas (EDL 1997/25086) o el art. 778 bis LEC, redactado por LO 8/2015, de 22 de julio, debemos inclinarnos por este segundo.

En primer lugar, se trata de una norma de superior rango -Ley Orgánica- frente a una Ley ordinaria, y además de fecha posterior.

En segundo lugar, por la materia objeto de la norma. La Ley 52/1997, según reza su Exposición de Motivos (I) tiene como objetivo regular la “particular situación del Estado cuando es parte de un proceso, (que) está constituido por la regulación de las llamadas especialidades o prerrogativas procesales del Estado”. Para ello “se proponen unas mínimas normas organizativas del Servicio Jurídico del Estado, instrumento que prestará esa asistencia jurídica, una regulación moderna y plenamente adaptada a la Constitución de las especialidades procesales del Estado y una unificación y clarificación de la normativa que se completará con el necesario reglamento de desarrollo de esta Ley”.

Es precisamente este servicio Jurídico del Estado el que constituye el centro neurálgico de la regulación contenida en este Ley, que “aborda, en su capítulo I (artículos 1 a 4), el régimen de la asistencia jurídica, entendida como asesoramiento, representación y defensa al Estado”. En la propia Exposición de Motivos se señala que “los capítulos II y III de la Ley (arts. 5 a 10 y 11 a 15) tratan de sistematizar y concretar con el adecuado rango normativo, la posición procesal, ante los diversos órdenes jurisdiccionales, del Estado y Organismos públicos del él dependientes, así como de los Órganos Constitucionales, reduciendo al mínimo las reglas especiales extravagantes al Derecho procesal común, y conciliando al mismo tiempo tales reglas especiales con los principios constitucionales aludidos” y que “Las propias características de cada una de estas especialidades hacen que en unos casos el ámbito de aplicación se reduzca a los supuestos en los cuales la representación y defensa es asumida por los Servicios Jurídicos respectivos”.

Se refiere, pues, esta normativa a la representación y defensa del Estado, en los procesos en que es parte, a través de la Abogacía del Estado, hasta el punto que el Reglamento redactado para su ejecución es el del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por RD 997/2003, de 25 de julio (EDL 2003/47059).

En modo alguno pretende esta disposición legal entrar en al ámbito competencial regulado por la LEC, como evidencian tanto su Disp. Adic. 1ª sobre normas objeto de modificación, que se limita a los arts. 118.3 y 123.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 (EDL 1956/42), y 7.3 y 8.4 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona (EDL 1978/3875), que se limita a sustituir la expresión Abogado del Estado» por “Abogado del Estado o representante procesal de la Administración demandada”; y su Disp. derogatoria única, que solo deroga los arts. 35, 123, apartado 4, y 131, apartado 4, de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa y los apartados segundo, tercero y cuarto del art. 71 LEC, sobre acumulación de acciones.

La especificidad del supuesto contemplado en el art. 778 bis LEC claramente advera su aplicación también en cuanto a competencia, sin que en el proceso sea parte la Administración pública, estando representado en el interés general por la intervención del Ministerio Fiscal y no la Abogacía del Estado.

Ésta es la opinión del Letrado que suscribe, salvando su respeto por toda otra mejor fundada.


PS.- Participo a compañeros del Foro y a lectores del mismo, que el día 21 de junio pasado cumplí felizmente SESENTA AÑOS (sí; no está equivocada l cifra) de mi incorporación al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, como Letrado ejerciente. Laus Deo.


Aprobado por MAYORIA DE 8 VOTOS

La mayoría de nuestros ponentes se muestran partidarios de la competencia a favor de los Juzgados de primera instancia de los lugares donde radican los centros, en los términos del art. 778.bis.2 LEC (EDL 2000/77463), en detrimento de los Juzgados con sede en las capitales de provincia, tal y como establece el art. 15 de la Ley 52/1997 (EDL 1997/25086).

Es prácticamente unánime la consideración al rango superior que detenta la norma que introduce la previsión legal, dado que fue introducido por Ley Orgánica, frente al carácter ordinario de la Ley de 1997. También aluden prácticamente todos al hecho de que, además, aquélla es posterior en el tiempo.

Algunos de nuestros colaboradores atienden también al criterio de la especialidad. Así, D. Juan Pablo González ven en la disposición del art. 15 de la de la Ley 52/1997 una especialidad que deja de ser aplicable ante la determinación del art. 778.bis LEC. Para Dª Gema Espinosa la normativa introducida en la LEC por medio de la LO 8/2015 (EDL 2015/125943) es una ley especial, prevista especialmente para el internamiento de menores con problemas de conducta, que debe prevalecer sobre la regulación de la ley de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas.

El principio del interés supremo del menor también está presente en la determinación de nuestros ponentes a la hora de inclinarse por la competencia de los juzgados dónde se encuentre el Centro especializado. Así lo afirman expresamente D. Eladio Galán y D. Juan Pablo González.

También se alude a la claridad de la dicción del precepto introducido, que deja poco margen a otras interpretaciones, como precisan D. José Javier Díez o D. Juan Pablo González.

En cuanto al voto disidente de D. Antonio Javier Pérez Martín, pone como ejemplo cuando la Entidad Pública declara un desamparo y el centro de acogida no se encuentra en la capital provincial, sino en un pueblo; recordando que esta circunstancia resulta indiferente a los efectos de determinar la competencia del juzgado de Primera Instancia donde tiene su domicilio la entidad pública. Seguidamente añade que el art. 778 bis LEC no deja claro si la competencia corresponde a los juzgados de familia o a los Juzgados de primera instancia ordinarios. En este sentido, señalar que D. José Javier Díez sí consideraba posible la competencia de los juzgados de familia.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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