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¿Cómo se interesa por el ejecutado la devolución de las cantidades entregadas en ejecución provisional cuando la sentencia es revocada?

Coordinador: Vicente Magro Servet

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. Doctor en Derecho.

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Imaginemos que se obtiene en primera instancia una sentencia de condena en un procedimiento declarativo, a pagar por ejemplo 20.000€. Se recurre por el condenado a pagar, pero el demandante interpone demanda de ejecución provisional y obtiene el pago de los 20.000€.

Posteriormente, la Audiencia estima el recurso de apelación y revoca la sentencia, absolviendo de la misma a quien inicialmente había sido condenado a pagar 20.000€ y que de hecho los había pagado.

Cuando vuelven los autos al juzgado de primera instancia, el demandado, ahora absuelto y que había pagado los 20.000€ al exigírselo el demandante en ejecución provisional, quiere reclamar sus 20.000€ pagados, para lo cual presenta un escrito y el secretario acuerda requerir al demandante para que devuelva ese dinero.

Si el demandante no paga ese dinero ¿cuál es la acción a seguir? ¿Se debe presentar una demanda de ejecución de resolución judicial? ¿Cuál es la resolución judicial que me dice que yo tengo que devolver el importe pagado? No puede ser la diligencia del secretario ordenando un requerimiento. ¿Será la sentencia dictada por la Audiencia? ¿Será el auto de despacho de ejecución provisional que ha obligado al ejecutado a pagar los 20.000€ aun a pesar de que la sentencia estaba apelada? ¿Tendría que acudirse a un juicio declarativo para reclamar esos 20.000€ que no se devuelven?


Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", el 15 de junio de 2017.

(Puedes consultar Legislación y Jurisprudencia en nuestra Base de Datos).

Para bien responder a la presente cuestión es preciso examinar la naturaleza del crédito que, para el demandado que sufrió una ejecución provisional, resulta de la sentencia que revoca aquella que fue ejecutada provisionalmente. Como se nos pregunta acerca de la ejecución provisional de una sentencia que condena al pago de dinero, el crédito del demandado a que el demandante-ejecutante le devuelva lo que provisionalmente cobró reúne las siguientes características: (1) es pecuniario; (2) es líquido, pero no en el sentido de que, al menos respecto del principal, esté perfectamente determinada su cuantía, sino en otro más radical: el de ser patente e incuestionable su existencia, por estar plenamente acreditada en el proceso (resulta del escrito de petición de ejecución provisional, de la resolución que la acuerda, y del pago provisional hecho por el demandado); (3) se integra por cuatro conceptos (principal, intereses, la cantidad que el demandado hubo de pagar título de costas de la ejecución provisional, restantes daños y perjuicios); (4) dos de estos conceptos son plenamente líquidos (principal y costas), otro es muy fácilmente liquidable (intereses), y el último es más difícil de liquidar (restantes daños y perjuicios).

Tres cuestiones deben ser abordadas: (1) cuál es el trámite para que el ejecutado cobre esas cantidades; (2) qué excepciones puede oponer el ejecutante que se ve obligado a devolver; (3) cómo se liquidan los intereses y los restantes daños y perjuicios que haya podido sufrir el ejecutado provisionalmente.

1. El trámite para que el ejecutado cobre no puede ser el de ejecución de títulos judiciales, sino otro mucho más simple, y ello por tres razones: (1) porque el título que fundamenta el derecho del ejecutado a cobrar tres de esos conceptos (principal, intereses y costas) se integra por varias y consecutivas actuaciones fehacientemente documentadas en autos (petición de ejecución provisional, resolución que la acuerda, pagos que realiza el ejecutado, resolución que revoca el pronunciamiento de condena); (2) porque si la Ley dispone que, una vez revocado el pronunciamiento de condena, se sobreseerá la ejecución provisional y «el ejecutante deberá devolver la cantidad percibida, reintegrar al ejecutado las costas de la ejecución provisional que éste hubiere satisfecho y resarcirle de los daños y perjuicios que dicha ejecución le hubiere ocasionado» (art.533.1 LEC –EDL 2000/77463-), ese automatismo excluye la imposición de cualquier carga procesal al ejecutado que no sea la simple presentación de un escrito en que pida la devolución de lo que pagó por título de ejecución provisional; (3) porque si el obligado a devolver, reintegrar e indemnizar sólo puede oponerse a actuaciones ejecutivas concretas de apremio (cfr. último párrafo del art.533 LEC), ello significa que la vía de apremio se abre sin más (para lo que basta una petición del acreedor), pues no se prevé un trámite de oposición a un posible despacho de ejecución.

2. Como decimos, el obligado a devolver solo puede oponer excepciones referidas a actuaciones concretas de apremio, y no las excepciones de fondo o procesales previstas en los art.556 s LEC –EDL 2000/77463-.

3. El ejecutado deberá liquidar su crédito del siguiente modo: (1) lo que pagó por principal y costas de la ejecución provisional, en el escrito iniciador del incidente del que hablamos; (2) el interés devengado hasta la fecha en que presente ese escrito, también en dicho escrito; (3) el interés que se devengue ente dicho momento y el pago, en un ulterior escrito, que en su caso podría dar lugar a la formación de un incidente de liquidación de intereses; (4) los demás daños y perjuicios que haya podido ocasionarle la ejecución provisional, mediante el trámite previsto en los art.712 s LEC –EDL 2000/77463-.

La actual configuración de la ejecución provisional de la sentencia definitiva fue una de las modificaciones más relevantes introducidas en la LEC de 2000 –EDL 2000/77463-, pero se viene manifestando notoriamente mejorable en aspectos importantes, y es que como veremos la situación no es nada favorable para el ejecutado provisional que pretende que el ejecutante le reintegre la cantidad obtenida mediante dicha ejecución revocada la sentencia de instancia.

Los peores augurios advertidos en la Exposición de Motivos de la LEC –EDL 2000/77463- (aprobada en una época de plena expansión económica) se han puesto de manifiesto, con toda su crudeza, en lo que se ha venido a denominar «crisis económica».

Llama la atención la comprometida situación en la que se pueden encontrar ejecutados provisionalmente que, al ser solventes (entidades aseguradoras, bancarias, o en general cualquier particular que lo sea), han debido abonar la condena impuesta en primera instancia y que, llegado el caso, tras la apelación, la Audiencia revoca dicha sentencia con desestimación íntegra de la demanda, pasando ahora a ser acreedores de los ejecutantes provisionales que, en muchas ocasiones, no tendrán con qué hacer frente a la reclamación que ahora se gira contra ellos, con lo que se puede asistir a la paradójica situación de una sentencia firme que absuelve de pagar lo que hace meses o algún año ya se ha pagado.

¿De qué medios dispone el acreedor contra el deudor que no paga?

En términos generales, estas situaciones de impago no tienen fácil encuadre en los tipos penales de apropiación indebida o insolvencia punible, por lo que las acciones penales en tal sentido no son adecuadas, máxime tras la STS, Sala 2ª, 30-4-13 -EDJ 2013/78171-, quedando los casos de negativa injustificada a devolver la cantidad percibida reservados a la vía civil, salvo determinados supuestos en que el ejecutante, tras conocer personalmente la revocación de la sentencia de instancia por el órgano superior, -con pleno conocimiento de que la misma le supone la devolución del dinero obtenido en la ejecución provisional-, decida distraerlo, gastarlo o cederlo a terceras personas, con ánimo de constituirse en insolvente a los efectos de la segura vía de apremio que va a instar el ejecutado provisional. En estos supuestos, dependiendo de las concretas circunstancias que envuelvan al caso, sí podría cometerse, al menos hipotéticamente, un delito de apropiación indebida o de alzamiento de bienes, pues es a partir de ese mismo momento (revocación de la sentencia de instancia) cuando nace la obligación de devolver lo recibido.

Pero descartada, con criterio general, la vía penal, hay que acudir a lo dispuesto en el art.533 LEC –EDL 2000/77463-, precepto que indica los conceptos que integran el deber de devolución:

-El nominal de la deuda pagado.

-Los intereses abonados por el ejecutado.

-Costas abonadas por el ejecutado.

-Daños y perjuicios.

Se nos pregunta por el cauce adecuado para la recuperación de tales cantidades en un supuesto de hecho de sentencia firme que revoca la apelada absolviendo plenamente al demandado/ejecutado provisionalmente.

Los trámites a seguir no están bien especificados en la LEC –EDL 2000/77463- por lo que no es de extrañar que cada Tribunal dé solución conforme a su propio criterio.

En lo que a nosotros respecta entendemos que, a tenor del art.533 LEC –EDL 2000/77463-, la revocación firme de la sentencia de instancia conlleva el sobreseimiento de la ejecución provisional, lo que no supone que -siguiendo la interpretación literal del apartado 1 con el apartado 3 del citado precepto-, el ejecutado deba acudir al proceso declarativo correspondiente, puesto que esta no es la solución pensada por el legislador ni la más razonable para el acreedor.

Consideramos que la petición de reparación por la totalidad de los conceptos debidos, aunque la sentencia apelada sea firme, se ha de hacer por los cauces que dispone el art.533.3 –EDL 2000/77463-, es decir, ante el mismo órgano que ha tramitado la ejecución provisional y por la vía de apremio, procediendo, en primer lugar, la petición de liquidación de daños y perjuicios (art.712) en cuyo incidente tendrá intervención el ejecutante provisional, ahora deudor, y oponerse conforme a lo establecido en el 715. Tras la determinación de esta cantidad, será necesario instar la correspondiente demanda ejecutiva, continuando posteriormente la ejecución ordinaria.

Respecto el título a ejecutar, establece el art.517.9º LEC –EDL 2000/77463- que tendrá aparejada ejecución «las demás resoluciones judiciales y documentos que, por disposición de ésta u otra ley, lleven aparejada ejecución», entre las que se encuentra la sentencia en apelación cuando ha habido ejecución provisional de la sentencia condenatoria, de donde resulta que si puede reclamarse por la vía de apremio es porque cabe despachar ejecución para recuperar lo pagado, tratándose, pues, de un título ejecutivo consistente en la sentencia revocatoria firme integrada con el mandato del art.533.1 y 3 LEC.

El art.533 LEC –EDL 2000/77463- prevé cuáles son las consecuencias de la revocación de la Sentencia de condena al pago de cantidad de dinero ejecutada provisionalmente. Distingue según que la revocación sea total o parcial. En el primer caso, se sobreseerá la ejecución provisional y se obligará al ejecutante a devolver la cantidad que hubiese percibido, reintegrar al ejecutado las costas de la ejecución provisional que hubiere satisfecho y resarcirle de los daños y perjuicios que dicha ejecución le hubiere ocasionado. Si la revocación es parcial, sólo se devolverá la diferencia entre la cantidad percibida por el ejecutante y la que resulte de la confirmación parcial con el incremento que resulte de aplicar a dicha diferencia el interés legal del dinero.

En cualquiera de los casos anteriores, se suscita la cuestión de cuál es el cauce procesal a seguir cuando el ejecutante no devuelve la cantidad recibida durante la sustanciación de la ejecución provisional.

En primer lugar, habrá que sobreseer la ejecución provisional porque la Sentencia firme ha revocado el título que servía de fundamento a esa ejecución provisional.

En segundo lugar, no puede presentarse una demanda de ejecución porque la Sentencia revocatoria no contiene ningún pronunciamiento condenatorio como exige el art.517.2.1º LEC –EDL 2000/77463- sino que contiene un pronunciamiento absolutorio del que fue condenado en primera instancia.

En tercer lugar, el ejecutado inicial no deberá instar un nuevo procedimiento declarativo dirigido a recuperar lo pagado por él durante la ejecución provisional porque el art.533 LEC –EDL 2000/77463- no obliga a utilizar este cauce procesal sino que parece residenciarlo como un incidente dentro de la misma ejecución.

En cuarto lugar, considero que el cauce procesal a seguir será abrir una pieza separada en la ejecución provisional ya sobreseída y que el anterior ejecutado inicie el procedimiento incidental previsto en los art.712 s LEC –EDL 2000/77463-, incluyendo en el escrito inicial la petición de determinación judicial del importe a devolver, de las costas de la ejecución provisional a reintegrar y de los daños y perjuicios ocasionados para que, tras la eventual oposición del ejecutante inicial, se determine la cantidad líquida que será ya un título ejecutivo.  

En los art.533 y 534 LEC –EDL 2000/77463- se menciona el procedimiento previsto en los art.712 s para determinar únicamente el importe líquido de los daños y perjuicios pero parece aconsejable, por analogía, extender este mismo procedimiento incidental a la petición de devolución del principal y de las costas porque su determinación puede ser controvertida y a través del procedimiento incidental mencionado se cumple con el principio de contradicción.

Es lo cierto que uno de los aspectos más criticados de la ejecución provisional civil ha sido, precisamente, la relativa a la supresión de la exigencia de caución que de forma expresa excluye el art.526 LEC y que trae causa en la necesidad, dice la Exposición de Motivos de la LEC, en su apartado XVI –EDL 2000/77463-, de «confiar en la Administración de Justicia» a cuyos efectos generaliza la ejecutividad inmediata de las sentencias de condena «sin simultánea prestación de caución».

Pero lo cierto es que liberar al ejecutante de la prestación de toda garantía tiene el grave inconveniente de poner en riesgo el reintegro de lo obtenido en el supuesto de revocación de la resolución provisionalmente ejecutada, caso de insolvencia del ejecutante, que podría ser incluso actual si careciera de medios distintos a la cantidad dineraria obtenida y en el proceso temporal subsiguiente dispusiera de lo conseguido sin posibilidad patrimonial de reintegro.

Pues bien, lo que se cuestiona en esta ocasión es qué cauce habría de seguirse caso de que se produjera la revocación de una resolución judicial conteniendo una condena al pago de una cantidad de dinero y hubiera sido provisionalmente ejecutada, para el reintegro del importe entregado al ejecutante.

¿Una demanda de ejecución de resolución judicial? ¿La sentencia dictada por la Audiencia? ¿El auto de despacho de ejecución provisional? ¿Una demanda para principiar un juicio declarativo?

Ninguna de ellas. En realidad, la respuesta más ajustada a la vista del tenor de la LEC –EDL 2000/77463- y acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva -art.24 Const, EDL 1978/3879- y al principio de economía procesal, es la que se deriva del art.533 LEC de donde se desprende, a mi entender con claridad, que las actuaciones para el reintegro del dinero entregado con ocasión de la ejecución provisional, forman parte de la propia ejecución provisional sin solución de continuidad. Dicho de otro modo, el procedimiento para el reintegro de lo conseguido por el ejecutante provisional constituye un trámite propio, aunque eventual, de la ejecución provisional.

Y es que el art.533 –EDL 2000/77463- en su párrafo primero alude de hecho al deber de reintegro al ejecutado por el ejecutante, no solo de lo percibido sino también las costas de la ejecución provisional, así como a resarcirle en daños y perjuicios.

Por otro lado, el párrafo tercero del indicado precepto dice literalmente que el obligado a devolver, reintegrar e indemnizar podrá oponerse a actuaciones concretas de apremio, en los términos del aptdo. 3 del art.528 –EDL 2000/77463-.

Es cierto que en el párrafo primero del precitado precepto se alude al archivo provisional de la ejecución provisional si el pronunciamiento provisionalmente ejecutado fuera revocado totalmente; pero es un archivo provisional, no definitivo, lo que solo cabe entender porque pueden quedar actuaciones pendientes, entre otras, y quizá las principales, la de la devolución por el ejecutante de lo obtenido en el ejecución provisional, incluida la exacción de daños y perjuicios conforme a lo expresado que pueden ser instadas en el proceso ejecutivo por el ejecutado.

En conclusión, el ejecutado tiene la posibilidad de mudarse en ejecutante sin solución de continuidad en un proceso ejecutivo aperturado con ocasión de la promoción de una ejecución provisional que tiene por tanto, una doble manifestación subjetiva acorde con los principios y derechos expresados, la de la de satisfacer una sentencia no firme y, alcanzada la firmeza, de ser contraria a la inicialmente ejecutada, la de ejecutar el reintegro de lo obtenido.

(1) ¿Cuál es el trámite para que el ejecutado cobre esas cantidades?

1.- Si la Ley dispone que, una vez revocado el pronunciamiento de condena, se sobreseerá la ejecución provisional y «el ejecutante deberá devolver la cantidad percibida, reintegrar al ejecutado las costas de la ejecución provisional que éste hubiere satisfecho y resarcirle de los daños y perjuicios que dicha ejecución le hubiere ocasionado» (art.533.1 LEC-EDL 2000/77463-), ese automatismo excluye la imposición de cualquier carga procesal al ejecutado que no sea la simple presentación de un escrito en que pida la devolución de lo que pagó por título de ejecución provisional.

2.- No puede presentarse una demanda de ejecución porque la Sentencia revocatoria no contiene ningún pronunciamiento condenatorio como exige el art.517.2.1º LEC –EDL 2000/77463- sino que contiene un pronunciamiento absolutorio del que fue condenado en primera instancia.

El ejecutado inicial no deberá instar un nuevo procedimiento declarativo dirigido a recuperar lo pagado por él durante la ejecución provisional porque el art.533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil –EDL 2000/77463- no obliga a utilizar este cauce procesal sino que parece residenciarlo como un incidente dentro de la misma ejecución.

El cauce procesal a seguir será abrir una pieza separada en la ejecución provisional ya sobreseida y que el anterior ejecutado inicie el procedimiento incidental previsto en los art.712 s LEC -EDL 2000/77463-.

(2) ¿Qué excepciones puede oponer el ejecutante que se ve obligado a devolver?

1.- El obligado a devolver solo puede oponer excepciones referidas a actuaciones concretas de apremio, y no las excepciones de fondo o procesales previstas en los art.556 s LEC –EDL 2000/77463-.

(3) ¿Cómo se liquidan los intereses y los restantes daños y perjuicios que haya podido sufrir el ejecutado provisionalmente?

1.- El ejecutado deberá liquidar su crédito del siguiente modo: (1) lo que pagó por principal y costas de la ejecución provisional, en el escrito iniciador del incidente del que hablamos; (2) el interés devengado hasta la fecha en que presente ese escrito, también en dicho escrito; (3) el interés que se devengue ente dicho momento y el pago, en un ulterior escrito, que en su caso podría dar lugar a la formación de un incidente de liquidación de intereses; (4) los demás daños y perjuicios que haya podido ocasionarle la ejecución provisional, mediante el trámite previsto en los art.712 s LEC –EDL 2000/77463-.

IV. Voto particular

1.- Habrá que operar de modo similar a la ejecución de un título procesal ante el Tribunal que hubiera sustanciado la ejecución provisional. No será necesario demanda ejecutiva tal y como lo entiende el art.549.1 –EDL 2000/77463-, la petición podrá limitarse a la solicitud de que se despache la ejecución, identificando la sentencia o resolución cuya ejecución se pretenda. El título será la resolución revocatoria que habrá dejado sin efecto la condena en cuya virtud se actúo en la ejecución.

Luis Gil Nogueras. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Zaragoza 

Al conflicto planteado la LEC –EDL 2000/77463- dedica dos preceptos tratándose de condenas dinerarias, según se trate de la ejecución provisional de la sentencia de instancia o de la de apelación en los art.533 y 537. Las consecuencias de tal revocación vienen a ser que el Letrado de la Administración de Justicia sobreseerá la ejecución provisional y el ejecutante deberá devolver la cantidad que, en su caso, hubiere percibido, reintegrar al ejecutado las costas de la ejecución provisional que éste hubiere satisfecho y resarcirle de los daños y perjuicios que dicha ejecución le hubiere ocasionado.

Sobre el cómo procederá a tal devolución, entiendo trasladable las reglas generales de la ejecución, y conforme al art.533 LEC -EDL 2000/77463- la percepción de las cantidades e incrementos previstos en los apartados anteriores de este artículo, podrá pretenderse por vía de apremio ante el tribunal que hubiere sustanciado la ejecución provisional. La liquidación de los daños y perjuicios se hará según lo dispuesto en los art.712 s Ley. Caso de que esta segunda resolución sea a su vez recurrida, de la misma manera que la primera será susceptible de ejecución provisional con los mismos requisitos (art.535).

Si se confirma esa segunda resolución continuará la ejecución en su caso despachada provisionalmente.

Si la sentencia de segunda instancia es finalmente (definitivamente) revocada el art.537 –EDL 2000/77463- remite a la previsión de los art.533 y 534, por lo que habrá que entender que al no caber más recursos, será firme la resolución revocatoria, debiendo de procederse del modo expuesto.

En consecuencia habrá que operar de modo similar a la ejecución de un título procesal ante el Tribunal que hubiera sustanciado la ejecución provisional. No será necesario demanda ejecutiva tal y como lo entiende el art.549.1 –EDL 2000/77463-, la petición podrá limitarse a la solicitud de que se despache la ejecución, identificando la sentencia o resolución cuya ejecución se pretenda. El título será la resolución revocatoria que habrá dejado sin efecto la condena en cuya virtud se actúo en la ejecución. Es conveniente adjuntar como documentos útiles a la ejecución (art.550.2 LEC) pese a que figuraran en el expediente de ejecución provisional ante el mismo Juzgado, las resoluciones de despacho de ejecución provisional y pagos o realizaciones verificadas en su curso, para cuantificar el despacho de ejecución. (Por principal y costas pagadas en la ejecución). Igualmente en caso de daños y perjuicios, su valoración para dar inicio a la tramitación incidental previo traslado a la contraparte.

No es necesario acudir a un proceso declarativo con tal fin.

 

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