Conócenos

Civil

¿Persiste el derecho de corrección paterno-filial en el ordenamiento jurídico español en su conjunto?

Coordinador: José María Prieto Fernández-Layos

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid

  • Imprimir

El último párrafo del art. 154 CC (EDL 1889/1) disponía, antes de la redacción dada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional (EDL 2007/222582), que “los padres podrán en el ejercicio de su potestad recabar el auxilio de la autoridad” y que “podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos”.

En la redacción aplicada por dicha ley desapareció este último inciso del citado párrafo, sin que la posterior reforma del precepto operada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (EDL 2015/130118), volviese a integrarlo, de forma que el texto vigente del mismo es: “los progenitores podrán, en el ejercicio de su función, recabar el auxilio de la autoridad”.

Por su parte, la ley 63.1 de la Ley 1/1973 de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra (EDL 1973/838), el art. 236-17.4 de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia (EDL 2010/149454), y el art. 65.1.d) del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de “Código del Derecho Foral de Aragón”, el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas (EDL 2011/15184), sí que regulan este derecho de corrección, más o menos tamizado.

Con independencia de la explicación socio-jurídica que pueda darse a la anterior y a la actual redacción del Código Civil, lo cierto es que en nuestro ordenamiento el ius corrigendi se encuentra en el limbo jurídico al haberse eliminado su referencia expresa en ese texto legal pero sin embargo subsistir en las compilaciones forales antedichas.

Aparte de otras consideraciones, incluidas las de naturaleza penal, no parece de recibo que los progenitores puedan o no corregir de forma proporcionada, razonable y moderada a los hijos en potestad dependiendo de la legislación civil (común o foral) aplicable al caso.

A pesar de la actual redacción del Código Civil, ¿persiste el derecho de corrección paterno-filial en el ordenamiento jurídico español en su conjunto?


Este foro ha sido publicado en la "Revista de Derecho de Familia", el 1 de marzo de 2017.

(Puedes consultar Legislación y Jurisprudencia en nuestra Base de Datos).

La Disp. Final 1ª de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional (EDL 2007/222582), modifica parcialmente, entre otros, el contenido del art. 154 CC (EDL 1889/1), suprimiendo el derecho de los padres a corregir razonable y moderadamente a sus hijos, norma que en su actual redacción, a virtud del art. 2.8 de la Ley 26/2015, de 28 de julio (EDL 2015/130118), se limita a decir en su último inciso que “los progenitores podrán en el ejercicio de su función, recabar el auxilio de la autoridad”, de lo que se extraen dos inmediatas consecuencias, por un lado, la eliminación del derecho de corrección y, de otro, la necesidad de recabar el auxilio de la autoridad judicial en el ejercicio de la patria potestad.

Esta supresión del derecho de corrección no ha sido fruto de un mero capricho del legislador sino que responde, como así también ha sucedido en otras legislaciones europeas, a dar respuesta a los requerimientos del Comité de Derechos del Niño, que ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que la facultad de corrección moderada que hasta ahora se reconoce a los padres [y tutores] pueda contravenir el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989 (EDL 1989/16179), a cuyo tenor “los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que la tenga a su cargo”.

Así, siguiendo estas pautas, ya la Decisión 293/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de enero de 2000 (EDL 2000/86437), aprobó la puesta en práctica del programa de acción comunitaria para combatir la violencia sobre los niños, jóvenes y mujeres, desencadenando en las legislaciones de los países europeos en la década de los años 2000 la supresión del derecho de corrección de los padres sobre los hijos (Austria, Dinamarca, Hungría, Grecia, Holanda, etc.). El art. 1631 del BGB de Alemania es reformado por Ley 7 de noviembre de 2000, para la ilegalización de la violencia en la educación y modificación del derecho de alimentos del niño.

En tal estado de cosas, en donde el TEDH se ha pronunciado condenando el castigo corporal tanto en el ámbito escolar como en la facultad correctora de los padres, los interrogantes planteados acerca de la bondad de la reforma y si debe entenderse que ese derecho de corrección ha desaparecido por completo, en mi opinión, si bien es cierto que en forma expresa así ha sido, sin embargo, no cabe considerar que esa facultad ínsita de la patria potestad desaparezca por completo, ya que, sin lugar a dudas, antes de la reforma introducida por la Ley 54/2007 nadie podía pensar en la legalidad de comportamientos violentos ejercidos por los padres sobre sus hijos menes, lo que pasaba a estar amparado en el plano penal, teniendo muy presente que nuestro legislador en todo momento ha tenido en cuenta, así como constante, reiterada y uniforma doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que en esas relaciones paterno-filiales preside el “interés superior del menor”, siendo muestra de esa preocupación la publicación de la LO 1/1996, de Protección Jurídica del Menor (EDL 1996/13744), lo que significa que debe imperar en toda esta cuestión criterios de “proporcionalidad”, un uso “razonable” del derecho de corrección, no siendo fácil a veces saber dónde se encuentra esa delgada línea entre lo permitido y lo prohibido, lo que justificaría la reforma legal llevada a cabo pero sin que, a mi entender, con ello desaparezca de esa facultad correctora sobre los menores, debiendo insistir en que corrección no se identifica con castigo, maltrato físico o psíquico.

La doctrina se muestra dividida, pero un gran sector doctrinal apunta la innecesariedad de la reforma, pues si nadie puede cuestionar que como dice DARRIBA FRAGA “los padres no pueden utilizar vías agresivas para hacer ver a sus hijos lo que está mal en su actitud y de ninguna manera está justificada la agresión a un menor” (El derecho de corrección de los padres sobre sus hijos. Revista Digital de la facultad de Derecho UNED, 5. 2012), se posiciona en esta línea LACRUZ BERDEJO afirmando que “en la expresión derogada corregir moderada y razonablemente no es fácil ver una invitación a la corrección física y menos violenta, salvo que los autores de la reforma vengan de un mundo en el que el castigo físico haya sido terapia y fórmula educativa corrientes” (Elementos del Derecho Civil IV. Familia. 2008. Madrid).

La expresión “corregir” en nuestro Real Diccionario de la Lengua Española se define como “enmendar lo errado, advertir, amonestar o reprender”, comportamientos que parecen imprescindibles y necesarios en el ámbito educativo, lo que hace que hasta ahora, y así debemos entenderlo de futuro, cuando se habla de corrección, esa facultad se debe considerar implícitamente contenida en la intención de educar a los menores, criterio éste que es el que ha sido seguido por nuestro tribunales (Sentencias del TS de 10 de julio de 2014, EDJ 2014/122370; de AP Alicante de 23 de marzo de 2010, EDJ 2010/103355; de AP Las Palmas de 4 de septiembre de 2015, EDJ 2015/245524; de AP Madrid de 17 de diciembre de 2012, EDJ 2012/309499; y de AP Valencia de 11 de abril de 2011, EDJ 2011/123744; y Auto de AP Castellón de 5 de mayo de 2011, EDJ 2010/183693).

Así, en sus justos términos, un bofetón o cachete a un menor en determinadas y puntuales circunstancias no puede calificarse como de violencia o maltrato físico y que antes de ello se deba acudir en auxilio a la autoridad judicial, lo cual es un auténtico disparate, situaciones que deben ser interpretadas restrictivamente para casos concretos y graves en los que el ejercicio de la patria potestad no es entiende suficiente en sus fines previstos, de ahí que cuando se produzcan excesos por progenitores que puedan provocar algún tipo de perjuicio al menor, nuestro marco legislativo dispone de mecanismos suficientes como para resolver acatarlos de raíz, como, por ejemplo, en el ámbito civil el art. 158 CC al prever como medida la prohibición a progenitores [y tutores, a otros parientes o a terceras personas] de aproximarse al menor y acercarse a su domicilio o centro educativo y a otros lugares que frecuente, con respeto al principio de proporcionalidad.

Pues bien, si, como hemos dicho, esa facultad correctora debe entenderse incluida en la función que significa la patria potestad o, como dice la jurisprudencia en el “derecho-deber” o “derecho-función” (Sentencias del TS de 31 de diciembre de 1996, EDJ 1996/9007, y de 11 de octubre de 1991, EDJ 1991/9602), desde otra perspectiva el derecho de corrección cabe mantener su vigencia en interpretación teleológica del deber de obediencia a que se refiere el art. 155 CC, habida cuenta que ese deber debe tener un correlativo derecho de corrección que haga efectivo ese deber. La sanción jurídica del incumplimiento del deber de obediencia y respeto hacia los ejercientes de la patria potestad debe encontrarse en el derecho de corrección, pero siempre dentro de un marco de completo respeto a la dignidad del menor y a su adecuada formación.

Mi respuesta a la cuestión planteada es que la redacción actual del art. 154 CC (EDL 1889/1) no ha supuesto la desaparición del derecho de corrección de los progenitores sobre los hijos menores de edad no emancipados. La facultad de corrección a los hijos debe entenderse incluida dentro de la obligación de educación que nuestro ordenamiento jurídico impone a los progenitores respecto a sus hijos no emancipados. El hecho de que esta facultad de corrección no se recoja expresamente en el art. 154 CC, a diferencia de algunas legislaciones forales, no significa que haya desaparecido del elenco de facultades que corresponden a los padres en el ejercicio de la patria potestad.

La patria potestad es el conjunto de facultades, atribuciones y deberes que corresponde a los padres para el cumplimiento de la función de asistencia, educación y cuidado de sus hijos menores de edad no emancipados.

El art. 155 CC en su redacción original disponía que el padre, y en su defecto la madre, tenían respecto de los hijos no emancipados la facultad de corregirlos y castigarlos moderadamente. Se daba cobertura legal así a la facultad de los padres para poder corregir y castigar a los hijos en el ejercicio de la función educadora que les era encomendada. Éste precepto fue modificado por la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del código civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio (EDL 1981/2521). Con esta modificación la facultad de corregir moderadamente a los hijos pasó a regularse en el art. 154 CC, desapareciendo sin embargo la facultad de castigar a los hijos. Tras esta modificación el precepto dispuso que "Los padres podrán en el ejercicio de su potestad recabar el auxilio de la autoridad. Podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos". Era claro que tras esta modificación desaparecía la cobertura legal para que los padres pudieran inferir ningún tipo de castigo a sus hijos.

Posteriormente, el art. 154 CC fue modificado por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional (EDL 2007/222582). Esta ley eliminó toda referencia al derecho de corrección de los padres respecto de los hijos menores de edad. En la exposición de motivos de esta ley se señalaba que "Por otro lado se aprovecha el evidente vínculo que une la adopción con la protección de los menores para abordar la reforma de los arts. 154, 172, 180 y 268 CC. Además de mejorarse la redacción de estos preceptos, se da respuesta de este modo a los requerimientos del Comité de Derechos del Niño, que ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que la facultad de corrección moderada que hasta ahora se reconoce a los padres y tutores pueda contravenir el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989". Tras esta modificación el precepto se limitó a disponer que "Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad", desapareciendo cualquier referencia a la facultad de corregir a los hijos menores de edad.

A mi entender, y si nos atenemos al sentido semántico de la palabra corregir, no era necesario que desapareciera la referencia en el art. 154 CC a la facultad de corregir a los hijos por parte de los padres para no contravenir la Convención sobre los Derechos del Niño. Según el Diccionario de la Lengua Española la palabra corregir significa enmendar lo errado, advertir, amonestar o reprender a alguien. En este significado no tiene ninguna cabida el castigo físico o intelectual. En ningún caso puede entenderse comprendida la facultad de castigar, entendido este castigo como empleo de violencia o causación de daños físicos.

La facultad de castigar a los hijos ya había desaparecido del Código Civil tras la modificación de 1981. Si anteriormente se hablaba de corregir y castigar y tras la modificación del 81 desaparecía la facultad de castigar era evidente que la facultad residual de los padres de corregir a los hijos, mantenida en el art. 154 CC antes de la reforma de 2007, no podía comprender ningún tipo de maltrato o el empleo de violencia o daños físicos o psíquicos hacía los hijos. Sin embargo, como ya he dicho anteriormente, tras la modificación de 2007, desaparece cualquier referencia en el art. 154 CC a la facultad de los padres para corregir a los hijos menores de edad. Esto, de ningún modo, puede suponer la desaparición de esta facultad. Éste precepto recoge entre las obligaciones de los padres la de educar a los hijos menores de edad. Y esta educación no puede limitarse a una actitud pasiva de los padres ante comportamientos incorrectos de los hijos. La falta de mención a la facultad de corrección no puede entenderse como prohibición de hacerlo. La corrección está implícita en la obligación de educación de los padres y es correlativa al deber de obediencia de los hijos hacia sus padres, deber recogido en el art. 155 CC.

La LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor -LOPJM- (EDL 1996/13744), modificada por la Ley 26/2015 de 28 de julio, de modificación del Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia (EDL 2015/130118), junto con la normativa internacional, Acuerdos e Instrumentos tales como la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989 (EDL 1989/16179), ratificada el 30 de noviembre de 1990 (EDL 1990/15270), entre otras disposiciones internacionales, constituyen, junto a las previsiones del Código Civil, el principal marco regulador de los derechos de los menores de edad, garantizándoles una protección uniforme en todo el territorio del Estado (así se establece en el preámbulo de la Ley 26/2015, de 28 de julio), Cuerpo Normativo que ha tenido en cuenta ya los cambios sociales importantes que se han producido en los últimos años y que inciden en la situación de los menores y que demandan una mejora de los instrumentos de protección jurídica, en aras del cumplimiento efectivo del art. 39 CE (EDL 1978/3879), y acuerdo con las normas de carácter internacional mencionadas.

Del conjunto de dicha normativa deriva precisamente la nueva redacción del art. 154 CC (EDL 1889/1), cuando se establece en el número 2º, párrafo 1º, la necesidad de oír a los hijos cuando tuviere suficiente madurez antes de adoptar decisiones que les afecten.

Del tenor de este párrafo es evidente que no obstante la actual redacción del precepto antes aludido, y con especial referencia al último párrafo "los progenitores podrán, en el ejercicio de su función, recabar el auxilio de la autoridad", es evidente que persiste el derecho de corrección paterno-filial, si bien teniendo en cuenta, en primer lugar, que cualquier forma de violencia ejercida sobre un menor es injustificable y por cuanto que el ejercicio de la violencia, física o verbal o psicológica, determina un grave defecto en el desarrollo integral del menor en el entorno familiar donde esté presente dicha violencia, condicionando su bienestar y su desarrollo y, en muchas ocasiones, causando serios problemas de salud, y proyectando en el menor la posibilidad de transmitir para otras generaciones, o en su entorno escolar, social o familiar, dichas conductas violentas ejercida por cualquiera de los progenitores.

En segundo lugar, en consonancia con dicho conjunto de normas autonómicas, nacionales e internacionales, es claro que ha quedado definitivamente proscrita la violencia, en cualquiera de sus modalidades, frente a los menores, de tal manera que aun aceptando que el derecho penal se rige por el principio de intervención mínima, es lo cierto que el legislador se ha hecho eco de tal problemática que afecta de modo muy grave a los menores, y para sancionar penalmente conductas de los progenitores no atinadas frente a los menores.

En este sentido, la vía de conexión penal en aquellos casos que exceda de una corrección leve por parte de los padres a los hijos se incardina en el llamado "maltrato familiar", que regula el CP (EDL 1995/16398) en el art. 153.2, en relación con el propio art. 153.1, respecto de los familiares que se recogen en el art. 173.2.

De lo anterior se deduce que los preceptos penales son de amplio contenido, pues no solamente recogen el maltrato físico o psíquico con lesión leve, art. 147.2, sino también el mero golpeo, que en otras épocas ya felizmente superadas constituían, yo diría que casi un hábito fácil y un recurso simple, a la vez que negativo y pernicioso, para corregir la conducta de los hijos menores, e incluso de los hijos mayores sometidos a la potestad doméstica de familiares, padres, abuelos, etc., convivientes con aquellos; fruto de este ejercicio habitual de la violencia "levemente articulada frente a los menores" resultaba previsible que generase en el menor, y para el futuro, secuelas personales o psicológicas o conductuales, a trasmitir a otras generaciones que vinieran de aquel menor que en una época de su vida soportó ese nefasto modo de corrección ejercida por sus progenitores.

En este sentido, ya dicha normativa penal castiga cualquier medio o procedimiento ejercido por los padres, aun con el ánimo de corregir la conducta de los menores, que menoscabe psíquicamente al menor, o le ocasione una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del art. 147, castigándose igualmente el golpeo o el maltrato de obra sin causar lesión.

Sin necesidad de reproducir el texto literal del CP, cobra especial importancia el art. 173.2 y el art. 171.5 y 6 de dicho texto legal.

Hecha la referencia al tratamiento penal de un indebido ejercicio del derecho de corrección paterno-filial, que puede generar, incluso, resoluciones acordando alejamientos entre padre e hijos, suspensión o privación de la patria potestad, o suspensión del ejercicio de dicha función, no por ello cabe afirmar que ha desaparecido de nuestro Ordenamiento Jurídico Español en su conjunto el derecho de corrección de los padres hacia los hijos menores, y por cuanto la patria potestad, en su configuración jurídico-positiva actual, superada ya la vieja concepción del poder omnímodo de los padres sobre los hijos, queda definida como una función en la que se integran un conjunto de derechos que la ley concede a los padres sobre las personas y bienes de los descendientes, con el fin de asegurar el cumplimiento de los deberes que a los primeros incumbe respecto al sostenimiento, educación, formación y desarrollo, en todos los órdenes, de los segundos, ya se trate de menores de edad, ya de mayores incapacitados; en definitiva, lo que prima en tal institución es la idea del beneficio o interés de los hijos, conforme subyace en el art. 154 CC, y tal concepción se reitera, con carácter genérico, a través de la LOPJM al proclamar la primacía del interés del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir (art. 2), lo que se reitera en el art. 11.2 de dicho texto legal, en cuanto principio rector de la actuación de los Poderes públicos.

Dicho lo que antecede, del propio art. 154 CC, en su redacción actual, se deduce claramente el derecho de corrección como una de las funciones inherentes al ejercicio de la patria potestad, según se deduce del párrafo segundo de dicho precepto, si bien con el límite referido al respeto a los derechos de los menores, su integridad física y mental, incluyendo la posibilidad de decidir, y puesto que la audiencia del menor por parte de los progenitores en modo alguno puede condicionar una decisión que afecte aquellos, si tal decisión se adopta en interés de los hijos y de acuerdo a la personalidad de los mismos.

Entiendo que el párrafo final de dicho precepto comprende un medio subsidiario, el relativo al auxilio de la autoridad ¿judicial, administrativa, penal? a la vez que facultativo- "los padres podrán..."-al que se acudirá en aquellos supuestos en los que los propios progenitores, en cada caso, y valorando la problemática suscitada en el ámbito familiar o la trascendencia de las decisiones a adoptar en cualquiera de los ámbitos de la vida del menor, lo consideren necesario, y siempre teniendo en cuenta los condicionantes antes aludido en lo atinente a la prohibición del ejercicio de cualquier clase de violencia física o psicológica.

El denominado ius corrigendi, integrado dentro del conjunto de derechos y deberes que conforman la patria potestad (entendida esta como función tuitiva encomendada a los padres sobre sus hijos menores no emancipados), hunde sus raíces en el Derecho Histórico Español y aparece asociado, en sus orígenes, a la facultad de los padres de castigar físicamente a los hijos para corregirles, esto es, para sancionarles por actos de desobediencia al padre o la madre, para enmendar determinadas conductas indebidas (como insultar, vejar o humillar a los hermanos más pequeños, p.e), para reprimir actos de indisciplina o prohibir comportamientos inadecuados o desviados. Así lo corrobora el hecho de que ya Las Partidas de Alfonso X el Sabio exigieran a los padres mesura en el castigo impuesto a los hijos.

El Código Civil de 1889 -CC- (EDL 1889/1), en su versión originaria, atribuía a los padres, en el art. 155, respecto de los hijos no emancipados, “la facultad de corregirlos y castigarlos moderadamente”. Pese a la utilización del adverbio moderadamente, el precepto otorgaba a los padres facultades casi omnímodas para castigar a los hijos con actos punitivos tan exorbitantes y severos como el de “impetrar el auxilio de la autoridad gubernativa…en apoyo de su propia autoridad (…) ya en el interior del hogar doméstico, ya para la detención y aun para la retención de los mismos en establecimientos de instrucción o en institutos legalmente autorizados que los recibieren”. Podían, incluso, “reclamar la intervención del juez municipal para imponer a sus hijos hasta un mes de detención en el establecimiento correccional destinado al efecto, bastando la orden del padre o madre, con el visto bueno del juez, para que la detención de realice.”

Tras la aprobación de la Constitución de 1978 -CE- (EDL 1978/3879), la necesaria adaptación del Código civil al ordenamiento constitucional se llevó a cabo, en esta materia, por la Ley 11/1981, de 13 de mayo (EDL 1981/2521), la cual, además de suprimir gran parte de las desmesuradas facultades punitivas que el art. 155 CC atribuía a los padres respecto de los hijos in potestate, acentuó considerablemente la idea de moderación en el ejercicio de la patria potestad al establecer en el art. 154 CC que (los padres) “podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos”. Con la introducción de la exigencia de que de que la corrección fuera razonable y moderada pretendía el legislador desterrar el exceso en el castigo físico infligido por padres a hijos menores injustificada y arbitrariamente, sin causa o motivo alguno, y, por otro lado, que el castigo fuera proporcionado al acto de indisciplina, desobediencia o comportamiento inadecuado observado por el hijo in potestate. Con esas dos exigencias, entendió el legislador de 1981 que el ius corrigendi de los padres no amparaba en ningún caso actos de maltrato de los padres a los hijos.

Siguiendo la línea marcada por la reforma del CC, los Derechos Civiles Forales de los territorios que cuentan con derecho civil propio incorporaron a su legislación civil foral el ius corrigendi en términos análogos a los establecidos en el art. 154 CC, según redacción dada al mismo por la Ley 11/1981, introduciendo cada uno diferentes matices y precisiones.

Así, la ley 63.1 de la Compilación de Derecho civil Foral o Fuero Nuevo de Navarra (EDL 1973/838), modificado por la Ley foral 5/1987, de 1 de abril (EDL 1987/10856), atribuye a los padres, respecto de los hijos menores no emancipados, la facultad de “corregirlos razonable y moderadamente y procurar su debida formación”.

El art. 65.1.d del Código de Derecho Foral de Aragón, aprobado por DLeg 1/2011, de 22 de marzo, del gobierno de Aragón (EDL 2011/15184), incluye entre los derechos y deberes de la autoridad familiar (institución equivalente en Aragón a la patria potestad) la facultad de los padres sobre los hijos menores no emancipados de “corregirles de forma proporcionada, razonable y moderada, con pleno respeto a su dignidad y sin imponerles nunca sanciones humillantes ni que atenten contra sus derechos”.

Y el Libro II del Código Civil de Cataluña -CCCat-, relativo a la persona y la Familia, promulgado por la Ley 25/2010, de 29 de julio (EDL 2010/149454), establece en su art. 236-17.4, en iguales términos a los del Derecho Aragonés, que “los progenitores pueden corregir proporcionada, razonable y moderadamente a los hijos, con pleno respeto a su dignidad”.

Sin embargo, la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional (EDL 2007/222582), reformó el último párrafo del art. 154 CC para suprimir el último inciso, que decía: “Podrán (los padres) también corregir razonable y moderadamente a los hijos”, dejando subsistente tan el inciso primero, que reza: “Los padres podrán en el ejercicio de su potestad recabar el auxilio de la autoridad”. Si se analizan las discusiones parlamentarias que precedieron a la supresión de ese inciso del último párrafo del art. 154, se observa que en la mens legislatoris pesó la convicción de que el ius corrigendi era una suerte de patente de corso que encubría y amparaba, en muchos casos, castigos físicos de los padres a los hijos, como el famoso cachete, de modo que, para erradicarlos, lo más coherente era suprimir ese derecho.

Con esa derogación expresa del ius corrigendi y la regulación del mismo en el Derecho navarro, aragonés y catalán, no encontramos con una situación jurídica peculiar, pues mientras los territorios citados tienen reconocido expresamente el derecho de corrección, para el resto del territorio del Estado esa facultad ha sido, al menos formalmente, suprimida.

La cuestión que se suscita, de este modo, es si, a pesar de la derogación expresa del ius corrigendi por la Ley 54/2007, puede entenderse subsistente el derecho de los padres de corregir proporcionada, razonada y moderadamente a los hijos in potestate y, en caso positivo, cuál es el precepto que daría cobertura legal a ese derecho.

En mi opinión, la facultad de los padres de corregir proporcionada, razonable y moderadamente a los hijos subsiste en los territorios de derecho común y está comprendida de manera implícita en la facultad que concede el art. 154.1º a los padres de educar a los hijos y procurarles una formación integral. El ius corrigendi es, a estos efectos, un instrumento, educativo y formativo, del que pueden servirse los padres para lograr la correcta educación y formación integral de los hijos. No puede olvidarse que la formación comprende la educación y la instrucción del alimentista (vid art. 142 CC). Mediante la instrucción se persigue enseñar al menor un conjunto de conocimientos de las ciencias técnicas y humanísticas más comunes que permitan y faciliten el normal desenvolvimiento del mismo en la vida adulta. A través de la educación se trata de dirigir o encaminar al menor, de desarrollar sus facultades intelectuales y morales y de orientarle en el aprendizaje de valores y principios que deben presidir su modo de vida, como el respeto a los demás, la disciplina, la honradez, el sentido del deber, la autoestima, etc.

No podemos olvidar que los poderes inherentes a la patria potestad comprenden un conjunto de derechos y deberes de carácter instrumental o finalista en la medida en que se atribuyen a los padres para que éstos puedan cumplir los fines esencialmente tuitivos que el ordenamiento jurídico les encomienda respecto de los hijos in potestate, y parece evidente que, para lograr el objetivo de educar a los hijos y procurarles una formación integral, los padres deben estar investidos de la facultad, meramente instrumental, de corregirles.

Naturalmente, el ius corrigendi, como instrumento educativo y formativo de los hijos, no es un poder omnímodo y tiene como límites, en primer lugar, la dignidad o integridad moral del menor y, por ello, no puede consistir en la aplicación de tratos inhumanos, degradantes o humillantes, y, en segundo lugar, el respeto a la integridad física del mismo, por lo que no puede comprender en modo alguno el castigo físico, por leve o moderado que fuere. Por tanto, no están amparados por el ius corrigendi ni el cachete (golpe que se da en la cabeza o en la cara con la palma de la mano), ni el capón (golpe dado en la cabeza con el nudillo del dedo corazón) ni la colleja (golpe que se da en la nuca con la palma de la mano), que en tiempos preconstitucionales se habían considerado permitidos y que hoy la conciencia social y el ordenamiento jurídico proscriben taxativamente hasta el punto de considerarles actos delictivos de los padres.

Recordemos que el art. 2.2.c) de la LO 1/1996, de Protección Jurídica del Menor -LOPJM- (EDL 1996/13744), en la redacción dada a la misma por la LO 8/2015, de 22 de julio, de modificación del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia (EDL 2015/125943), obliga a tener en cuenta, a efectos de la interpretación y aplicación del interés superior del menor en cada caso, entre otros criterios generales, “la conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia”. Y es claro que en modo alguno podría considerarse que se desarrolla en un entorno familiar libre de violencia la vida del menor al que sus padres infligen castigos físicos.

Téngase en cuenta que el castigo se impone, normalmente, para la corrección o enmienda de un obrar del menor, consista éste en una acción o en una omisión, dirigida a prevenir que el acto se repita, es decir, que incluye necesariamente un componente de enseñanza de lo que no se debe hacer o decir y una advertencia para que en el futuro el comportamiento no se reitere, de modo que el castigo no tiene que ser necesariamente un castigo físico.

¿Qué métodos o formas de enmendar conductas, distintas del castigo físico, puede comprender el ius corrigendi? En mi opinión, las de advertir, reprender o amonestar al menor por conductas o comportamiento indebidos y también la de imponerle castigos distintos de la punición física como la reprensión verbal, el apercibimiento de privación de determinados bienes materiales u objetos lúdicos del menor o la prohibición de que realice actividades del gusto especial del menor, como por ejemplo, privarle de la “play” durante un tiempo, no permitirle ver la televisión en horas o días determinados, no salir de casa un día festivo con los amigos, retirarle el uso del teléfono móvil durante un tiempo, etcétera.

En resumen, mi respuesta a la pregunta formulada en este foro abierto es positiva: en los territorios de derecho común sigue existiendo el ius corrigendi de los padres sobre sus hijos menores no emancipados, al ser el mismo un instrumento necesario para el cumplimiento del deber y facultad de aquéllos de educar y procurar a dichos hijos una formación integral, pero con el alcance, contenido y límites señalados y sin que en ningún caso comprenda la imposición de castigos físicos.

El art. 154 CC (EDL 1889/1) disponía, antes del redactado introducido por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional (EDL 2007/222582), en su último párrafo, que “los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad” y que “podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos”.

En el redactado dado por dicha Ley 54/2007, de Adopción Internacional, si bien se mantiene la facultad de los progenitores de recabar el auxilio de la autoridad, en el ejercicio de su potestad, después no hace referencia al último inciso del redactado anterior sobre corregir razonable y moderadamente a los hijos.

La posterior reforma del precepto operada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia (EDL 2015/130118), no dispuso reintegrar el derecho de la corrección paterno-filial.

En las legislaciones forales, y en concreto en la ley 63.1 de la Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra (EDL 1973/838), en el art. 236-17.4 de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro Segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia (EDL 2010/149454), y en el art. 65.1 d) del DLeg 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, del Código del Derecho Foral de Aragón (EDL 2011/15184), sí que regulan este derecho de corrección paterno-filial.

La falta de regulación específica del derecho de corrección en el Código Civil común, no supone que no pueda ejercerse de manera moderada el derecho de los progenitores de corregir razonablemente a sus hijos. El derecho de corrección está en conexión, sin duda, con el deber de los menores de obedecer a sus padres, que se regula en el art. 155.1 CC, al disponer que los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarlos siempre.

La doctrina científica, de manera casi unánime, ha considerado la corrección paterno-filial como un derecho-deber estrechamente unido al derecho-deber de educación, contenido en el artículo 154.1 del Código Civil.

El anterior redactado del art. 154 CC, sobre el derecho de corrección, no permitía desde luego, amparar dentro del mismo conductas excesivas carentes de la necesaria moderación.

La reforma relatada por la Ley 45/2007, de Adopción Internacional, según su exposición de motivos, tendía a dar respuesta a los requerimientos del Comité de Derechos del Niño, que ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que la facultad de corrección moderada, que hasta ahora se reconoce a los padres y tutores, pueda contravenir el art. 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 (EDL 1989/16179).

La ausencia de regulación en el actual art. 154 CC no debe entenderse en el sentido de declarar proscrito el derecho de corrección, con la consecuencia de considerar ilícito el ejercicio de esa facultad.

El derecho de corrección cabe entenderlo de manera implícita en nuestro derecho, no obstante, la actual falta de regulación en el art. 154 CC. Sirve de instrumento para hacer efectiva la actividad educativa de los progenitores respecto a sus hijos, contenida en el art. 154.1 CC. Además cabría considerar que el derecho de corrección paterno-filial también está implícito en el deber de obedecer de los hijos a sus padres, regulado en el art. 155 CC.

El ejercicio de la patria potestad ha de llevarse a cabo en beneficio de los menores, de acuerdo con su personalidad, y con respeto hacia su integridad física y psíquica. El interés de los menores se regula como principio general del derecho en la Ley 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor (EDL 1996/13744).

La corrección paterno-filial tiene evidentes límites, derivados del exceso en su ejercicio, contenidos en los ilícitos señalados en el Código Penal y otras leyes protectoras de los menores. Su extra limitación puede producir la pérdida de la titularidad o del ejercicio de la patria potestad, en virtud de sentencia judicial dictada en causa criminal o matrimonial, según dispone el art. 170 CC.

El derecho penal solo debe aplicarse en las conductas demostrativas de exceso en el derecho de corrección, o constitutivas de abuso de autoridad que afecten o perjudiquen a los menores. No estaría justificado el derecho de corrección, cuando la medida aplicada no sea razonable ni moderada, y no responda a una finalidad educativa. Los castigos que puedan afectar la salud o la integridad física o psíquica del menor no estarían justificados.

En absoluto. Precisamente, el espíritu de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional (EDL 2007/222582) quedaba claro cuando modifica expresamente el derecho de corrección que existía in fine en el art. 154 CC (EDL 1889/1) y lo suprime, queriendo dar a entender el legislador que los progenitores no debían disponer de “un derecho de corrección” en modo alguno. Y ello porque resultaba jurídicamente confusa esa mención de que puede realizarse ese derecho de corrección siempre que este sea razonable y que se emplee de forma moderada en relación a los hijos.

Quiere esto decir que no se entendía dónde estaba la frontera entre el derecho de corrección que se admitía técnicamente en este modificado art. 154 CC y el delito tipificado en el art. 153.2 CP (EDL 1995/16398) por el que se sanciona al que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del art. 147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a que se refiere el art. 173.2, es decir, en el caso de agresiones de progenitores a hijos. Pero es que, además, el tipo penal no es propiamente un delito de lesiones en el sentido de que se exige un resultado lesional del hijo con respecto a la conducta del progenitor, sino que se admite como delito el mero hecho de golpearles o maltratarles de obra sin causar lesión. Por ello, la objetivización de una lesión en el hijo cuando el progenitor le agrede o golpea no es un elemento de resultado del tipo penal y basta con que le golpee o maltratare de obra, por lo que en lo que se viene a denominar la “violencia doméstica” que engloba las agresiones de progenitores a sus hijos estará incluida cualquier conducta, por leve que ésta sea y será constitutiva de delito.

Así pues, tras esta reforma del art. 154 CC por la citada norma que se cita en la pregunta el juez de lo penal, o el de instrucción ante el que se presente una denuncia por estos hechos ya no tiene la cobertura o amparo que antes existía en el art. 154 CC para entender que ha existido “un ejercicio del derecho de corrección”, hasta el punto de que no puede ni tan siquiera graduar las conductas, por cuanto al incluir el maltrato de obra sin causar lesión abre muchísimo el abanico de las posibilidades para entender que cualquier conducta de agresión, que antes podría estar configurada bajo el derecho de corrección, ahora es delito del art. 153.2 CP, tal y como están ahora configurados de forma acumulativa al estudiar este caso tanto el art. 154 CC como el art. 153.2 CP.

Así lo contempla la Sentencia de AP Albacete de 25 de julio de 2013 (EDJ 2013/160856)  al apuntar que:

“Ha de excluirse la relevancia del invocado "derecho de corrección" si este significa agresión a los hijos menores, pues el art. 154 CC no contempla dicha posibilidad del uso de la fuerza sino, precisamente todo lo contrario: establece el derecho a la integridad física (y moral) del hijo menor y la obligación de educar de todo progenitor, luego el derecho de corrección está derogado.”

Pero es que, a mayor abundamiento, la Sentencia de AP Madrid de 17 de diciembre de 2012 (EDJ 2012/309499) señala que:

“…como señalaba la SAP Barcelona, Sec. 6ª, de 19 de septiembre de 2005 EDJ 2005/319959, "es más que discutible que el mencionado derecho a corregir a los hijos implique que pueda pegárseles, que pueda aplicárseles castigos físicos. Corregir significa, en la acepción que aquí nos interesa y según el Diccionario de la Lengua, advertir, amonestar, reprender, conceptos que suponen que el fin de la actuación es conseguir del niño que se porte bien, apartarte de una conducta incorrecta, educarle, en definitiva (…) Si desgraciadamente en tiempos pasados se pensó que un castigo físico podía quedar incluido en este derecho, hoy día las cosas han cambiado y todos los profesionales están de acuerdo en que los castigos físicos no son pedagógicos y sólo sirven para extender y perpetuar conductas violentas.”

Con ello, incluso se ahonda en esta sentencia en la concepción que debía darse al extremo de corregir moderadamente al hijo por el progenitor no incluyendo nunca en ningún caso, ni bajo el paraguas de la anterior redacción del art. 154 CC el hecho de golpear o maltratar de obra o de palabra sin causar lesión.

La cuestión a tener en cuenta es que hoy día no cabe ya reconocer un derecho de corrección salvo el natural antes expuesto en esa sentencia citada de advertir, amonestar o reprender, pero sin ningún tipo de golpe o maltrato, aunque no se cause lesión, ya que de producirse este habrá que incluir la conducta en el art. 153 CP con las consecuencias que ello conlleva punitivas y la posibilidad de aplicar incluso una pena de alejamiento, aunque la más reciente jurisprudencia está dejando en estos casos al prudente arbitrio del juez su aplicación al caso como el que nos ocupa atendiendo a las circunstancias de cada caso.

Resultan muy llamativas las sentencias que de vez en cuando saltan a los titulares de prensa dando cuenta de la condena a padres por haber maltratado a sus hijos.

La sección 2ª de AP Alicante ratificó la condena de tres meses de prisión por un delito de maltrato en el ámbito familiar impuesta a un padre que abofeteó a su hijo de 13 años porque había llegado a casa dos horas más tarde de lo que le había dicho.

El Juzgado de lo Penal nº 3 de Terrassa impuso a un padre, como autor de un delito de maltrato en el ámbito familiar, tres meses de prisión y la prohibición de aproximarse al menor, a su domicilio (vive con su madre), a su colegio o a cualquier lugar que el niño frecuente.

El Juzgado de lo Penal nº 2 de Pamplona condenó a 56 días de trabajos en beneficio de la comunidad y a seis meses de alejamiento por un delito de lesiones a un padre que pegó a su hijo de 8 años porque no hacía unos deberes. Según indica la sentencia, el acusado, "en estado de máxima irritación" porque su hijo llevaba día y medio para hacer los deberes de matemáticas, "le dio una colleja, lo agarró con fuerza del brazo izquierdo, lo levantó de la silla donde estaba sentado, lo tiró sobre una cama y le dio varios azotes en los glúteos".

Cuando el art. 154 CC (EDL 1889/1) tenía la redacción anterior (“los padres podrán en el ejercicio de su potestad recabar el auxilio de la autoridad y podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos”), el deber de corrección se identificaba con el castigo físico sobre el hijo, y precisamente por ello se consideró oportuno suprimir el párrafo. En la exposición de motivos de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional (EDL 2007/222582), que vino dar nueva redacción al art. 154 CC se indicaba:

"…se aprovecha el evidente vínculo que une la adopción con la protección de los menores para abordar la reforma de los arts. 154, 172, 180 y 268 CC. Además de mejorarse la redacción de estos preceptos, se da respuesta de este modo a los requerimientos del Comité de Derechos del Niño, que ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que la facultad de corrección moderada que hasta ahora se reconoce a los padres y tutores pueda contravenir el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989."

¿Y qué dice el art. 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 (EDL 1989/16179)? Pues sencillamente que:

"Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo."

¿Significa esto que los padres ya no pueden "corregir a sus hijos"? Evidentemente que no. El derecho de corrección, aunque no se encuentre dentro de ninguna norma legal de ámbito nacional, sigue existiendo, ya que entra dentro del deber que tienen los padres de educar a sus hijos pues, a veces, educar conlleva impedir que el hijo siga una determinada conducta, o desobedezca las ordenes y tareas que les imponen sus padres.

Lo que sucede es que, en la actualidad, no podrán ampararse dentro de un precepto legal, aquellas conductas de los padres que causan un daño físico o psíquico a los hijos. Es decir, el derecho de corrección es un deber de los padres, pero éste no puede convertirse en un medio para llegar al maltrato físico o psicológico del menor.

Cierto es que el art. 154 CC (EDL 1889/1), además de posibilitar a los padres “recabar el auxilio de la autoridad” al tratar de su actuación en el marco de la patria potestad, incluía una segunda posibilidad la de “corregir razonable y moderadamente a los hijos”, que fue eliminada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional (EDL 2007/222582), y no volvió a ser incluida en la nueva reforma de dicho precepto por la Ley 26/2015, de 28 de julio (EDL 2015/130118).

En la exposición de motivos de la Ley que suprimió ese último inciso del art. 154 CC, se decía lo siguiente:

“Por otro lado se aprovecha el evidente vínculo que une la adopción con la protección de los menores para abordar la reforma de los arts. 154, 172, 180 y 268 del Código Civil. Además de mejorarse la redacción de estos preceptos, se da respuesta de este modo a los requerimientos del Comité de Derechos del Niño, que ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que la facultad de corrección moderada que hasta ahora se reconoce a los padres y tutores pueda contravenir el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989.”

Es decir, se daba explicación a tal supresión, si bien es verdad que la referencia era a la Convención sobre los Derechos del Niño, concretamente a su art. 19, en su apartado 1, que es el que en estos momentos puede interesar a los efectos de comentar la actual redacción del art. 154 CC, y que establece:

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.”

Dicho en otros términos, la supresión pretendía ser una defensa frente a la posibilidad de excederse en la corrección razonable y moderada de los hijos.

Situados en tal contexto, puede parecer excesiva dicha supresión, salvo si pudiera sostenerse que con apoyo en tal inciso se cometieron excesos en tal corrección. Una cosa es la eliminación de aquellas palabras y otra muy distinta entender que en estos momentos deba interpretarse como absoluta prohibición de conductas correctoras de los hijos no emancipados. Dentro de las funciones inherentes a la  patria potestad se encuentran cuantos aspectos cubren la educación de los hijos, a la que no puede ser ajena en su caso la corrección. Es cierto que puede que permitir “castigarlos” (a los hijos) dentro del ejercicio de la patria potestad, que se recogía en la anterior redacción del art. 154 CC anterior a su reforma en la Ley 11/1981 (EDL 1981/2521), posibilitara conductas abusivas, pero la expresión “corregir razonable y moderadamente”, creo que no las posibilitaría y mucho menos justificaría. Pero lo cierto es que, en estos momentos, como ha señalado algún autor, la corrección inserta en la formación educativa que lleva consigo el ejercicio de la patria potestad ha pasado a encontrarse en un limbo jurídico, con la contradicción además patente en el hecho de que la desaparición de ese inciso en el art. 154 CC no ha sido seguida por idéntica postura respecto a los derechos de determinadas Comunidades Autónomas: así en el Código del Derecho foral de Aragón (EDL 2011/15184), en la Compilación de Derecho foral de Navarra (EDL 1973/838) o en el del Libro II del Código Civil de Cataluña (EDL 2010/149454), textos que continúan recogiendo la expresión corregir: así el art. 65 del DLeg 1/2011 de la Comunidad de Aragón; el art. 63 de la Ley 1/1973, de 1 de marzo de Navarra; o el art. 236-17 del Libro II del Código Civil de Cataluña.

Ciertamente, no es sencilla una respuesta suficientemente rotunda, si bien creo que no debe eliminarse de cuajo como consecuencia de la supresión de tal párrafo. En realidad, como señala Guillermo Darriba Fraga:

“Si queremos erradicar el maltrato infantil sin caer en la renuncia del derecho de corrección, siempre necesario como contrapunto, no ya sólo a la autoridad que debe presidir las relaciones paterno-filiales, sino a la necesaria educación y formación en valores, principios y correctas conductas, es necesario adoptar todas las medidas para lograr un equilibrio, pues lo fácil será pasar de un despotismo por la defensa de una disciplina mal entendida a una anarquía indisciplinada por ser lo políticamente correcto.”

O, con palabras de Patricia Loras Vicente:

“Corregir no es agredir, ni debe implicar la violencia, por lo que el derecho penal sólo debería intervenir en las acciones donde exista un exceso del derecho de corrección, o un abuso de autoridad por parte del padre que deje secuelas en el desarrollo del menor. Por tanto, quedaría fuera del límite al derecho de corrección toda aquella medida correctiva que no sea proporcional, razonable o moderada y no tenga una finalidad educativa, así como aquellos castigos que pongan en peligro la salud o la vida del menor, velando en todo momento por su interés y no perjudicando su integridad o personalidad física o psicológica.”

El contenido de la patria potestad ha sido objeto de diferentes determinaciones en nuestro ordenamiento jurídico, aunque su definición realmente ha sido materia de la Jurisprudencia. La patria potestad viene desde hace tiempo sufriendo en nuestro entorno cambios, tanto en su denominación, como en su contenido. De esta forma, la ley italiana de 19 de mayo de 1975 modificó la denominación en el Título IX de su Código Civil dedicado a la “patria potestá”, por el de “potestá dei genitori”, manteniendo el sustantivo “potestá”. Francia, por Ley de 4 de junio de 1970, cambió también el equivalente sustantivo de “puisance” (poder) y su adjetivo “paternelle” por “autorité parentale”. Alemania reformó el Título Quinto, de la sección Segunda del Libro Cuarto del BGB sustituyendo el término “Elterliche gewalt” (potestad paterna) por el de “Elterliche sorge” (cuidado paterno). La Ley federal suiza de 25 de junio de 1976 incorporó, como denominación de su Ca­pítulo III del Título octavo del Libro Primero de su Código Civil, el término “autorité parental”. Brasil sigue esta misma línea reflejando el sustantivo definitorio como el de “autoridad”.  En consonancia con estas y otras reformas de la patria potestad operadas en países de nuestro entorno geográfico y cultural, existe en el nuestro una co­rriente tendente a modificar la regulación de la patria potestad, empezando por su nombre. El Capítulo VI, del Título III, del Libro segundo del Código civil de Ca­taluña (EDL 2010/149454) sustituye así la anterior denominación de “potestat del pare i de la mare”, “ya que dicha denominación se ajusta mejor a la nueva realidad jurídica, en la que los progenitores  pueden ser personas del mismo sexo.”

No es el calificativo parental, al que se con­sidera susceptible de una mejora terminológica, sino el de autoridad, que no define sino uno solo de los aspectos que comprende este amplio instituto jurídico.

El Código de Derecho Foral de Aragón (EDL 2011/15184) en su Capítulo II, del Título II (arts. 63 a 83), la llama también “autoridad”, aunque adjetivada como “familiar”, distinguiéndola del “deber de crianza”. Cataluña, en su Código civil (art. 236), mantiene el término “potestad”. Frente a la utilización, a la que hemos aludido, del sustantivo “responsabilidad” como predominante, hay otras posturas que, gi­rando alrededor de la función de los padres, prefieren llamarla “autoridad” que, al igual que la “responsabilidad”, se nos asemejan denominaciones inadecuadas porque, de nombres y la búsqueda de otros, claramente demuestra insatisfacción en sus autores e imprecisión en los resultados. No obstante, me inclino por el sustantivo que considero como el término que mejor describiría el ámbito de este instituto, que es pre­cisamente el de “función”, que figura en algunas definiciones. Función es “actividad o papel desempeñados por alguien en un cargo, oficio o profesión” o “ca­pacidad de acción o acción propia de los cargos u oficios”. En la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de 15 de septiembre de 1979, que precedió a la Ley de 13 de mayo de 1981 (EDL 1981/2521), se exponía que:

“En el Código Civil, si bien se advierten residuos del planteamiento romano, como el usufructo paterno, en conjunto la patria potestad se concibe y regula teniendo en cuenta su carácter de función que la Ley encomienda al progenitor en beneficio del hijo, y por lo tanto, que confiere los derechos como medio de cumplir los deberes.

“Función” es el término que utiliza habitualmente la Jurisprudencia para de­finir la patria potestad y creo que es la denominación que más se aproxima a su contenido real. Así, DÍEZ PICAZO y GULLÓN afirman que “la patria potestad no puede entenderse como un derecho de los padres sobre los hijos, sino como una función a ellos encomendada”. No obstante, no puede obviarse que esta función comporta unas facultades por parte de los padres, aunque éstas “no conforman en sentido técnico un derecho subjetivo, porque el derecho subjetivo es de libre ejercicio y se da en interés de quien lo ostenta, mientras que las potestades son poderes instrumentales enderezados al interés de otro y estrechamente ligados con el cumplimiento de deberes”.

El CC (EDL 1889/1), que dedica su Título VII del Libro I a regular esta institu­ción, no define la patria potestad en lugar alguno de su texto. La Partida 4ª del Título 17, Ley 1, sí lo hacía al señalar que “patria potestas en latín, tanto quiere decir en romance, como el poder que han los padres sobre los fijos”. La Ley 63 del Fuero Nuevo de Navarra (EDL 1973/838), antes de su reforma por Ley Foral 5/1987, de 1 de abril (EDL 1987/10856), también la definía en la siguiente forma como “el poder de fijar y señalar el dominio de una familia, regir las personas que la integran y conviven en la Casa, así como mantener y defender el patri­monio de la familia y el nombre de la Casa”.

CASTÁN VÁZQUEZ define la patria potestad como “el conjunto de derechos y deberes que corresponde a los padres sobre la persona y el patrimonio de cada uno de sus hijos no emancipados, como medio de realizar la función natural que les incumbe de proteger y educar a la prole”.

La Jurisprudencia del TS ha insistido sobre el carácter de ‘officium’, en beneficio de los hijos, que tiene la patria potestad en nuestro Derecho; así por ejemplo lo declaran las sentencias de 24 de junio de 1929, 3 de marzo de 1950, 18 de febrero de 1969 y 7 de julio de 1971, entre otras.

Este “oficio” debe considerarse a la luz del Diccionario de la Lengua Espa­ñola como “función propia de alguna cosa” (acepción 4) o “acción o gestión en beneficio o daño de alguno” (acepción 5).

La Sentencia del TS de 9 de julio de 2002 (EDJ 2002/27754) la define como un derecho de los padres y una función tutelar y protectora sobre los hijos y en su favor, determinando que:

“…la patria potestad de la prole actúa como derecho inherente de la paternidad y ma­ternidad y en nuestro ámbito tiene indudable carácter de función tutelar que la configura como institución en favor de los hijos, así lo dice el referido artículo 154, y lo tiene de­clarado la jurisprudencia desde antiguo (…).

La protección a cargo de la familia, que impone la condición de menor, conforme declara el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, 19 de diciembre de 1966) y que refiere el artículo 39-3 de la Constitución, en su vertiente obligatoria de derecho-función, llevó al legislador a la procura de un ejercicio correcto de la patria potestad, y evitar que pudiera resultar contrario a los intereses de los hijos, por ello el artículo 170 del Código Civil establece que se pueda privar total o par­cialmente de su potestad a los progenitores mediante sentencia civil, que ha de fundarse en incumplimiento de los deberes inherentes a la misma, lo que ha de presentarse plenamente probado (…). Se trata de una declaración genérica al no precisar el Código las conductas determinantes de tal sanción, por lo que los Tribunales, en cada caso concreto, han de decidir el alcance de los incumplimientos, midiendo su gravedad y también su reiteración.”

Si al carácter de función de la patria potestad unimos su ejercicio en interés, provecho o beneficio en favor de los hijos, concluiremos que la parte de su contenido que tiene como finalidad su educación ha de cobrar su trascendental objeto.

En la redacción originaria del CC, el art. 154 establecía la obligación de los hijos de obedecer a los padres “mientras permanezcan en su potestad, y de tributarles respeto y reverencia siempre”, que se mantiene el texto redactado por la Ley 11/1981, desvirtuando el carácter innovador que pretende incluir la Ley 26/2015, de 28 de julio (EDL 2015/130118) al incluir “deberes” de los hijos en su texto.

Pero formando un conjunto coherente de derecho, facultades y obligaciones y deberes, la primigenia redacción del Código sustantivo, incluía en su texto el deber del titular de la patria potestad de (1º) educar e instruir a los hijos y (2º) la correlativa facultad de corregirlos y castigarlos moderadamente.

Casi 100 años se mantuvo esta redacción del Código hasta su reforma por el art. 2 de la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio, que, por cierto, manteniendo un respeto por el hoy maltratado ciudadano, destinatario de las leyes, mantenía una titulación de la Ley que permitía saber de qué trataba el texto legal, sin recurrir a la espeleología jurídica. En esta reforma, el art. 154, después de afirmar que “La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad”, incluía entre sus deberes y facultades, la de “educarlos y procurarles una formación integral”, la posibilidad de “recabar el auxilio de la autoridad” y “corregir razonable y moderadamente a los hijos”, y éstos debían (art. 155) “obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad, y respetarles siempre”.

El año 2005 se produjo una leve modificación por el art. único.4 de la Ley 13/2005, de 1 de julio (EDL 2005/76913), con el título de esta disposición, que ya entra en la órbita de la tendencia a despistar al legislado, porque se trata de una Ley “por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio”.

El año 2007 se produjo una nueva reforma, ésta por Ley 54/2007 (EDL 2007/222582), que vuelve a encabezar una materia lo bastante ajena para producir confusión, porque se trata de la Ley de Adopción Internacional, en cuyo ámbito, el nuevo texto del art. 154 CC establece el doble derecho de los padres a “corregir razonable y moderadamente a los hijos” y a recabar el auxilio de la autoridad en el ejercicio de su potestad.

El texto de la Ley a este respecto parecía insuperable. Para evitar excesos sobre los hijos, los padres que tienen el deber de educarlos y formarlos íntegramente, ven limitadas sus acciones por el interés de los hijos, y por la racionalidad y moderación en sus acciones.

Se mantiene la línea de la Ley 63 de la Ley Foral 1/1973, de la Compilación del Derecho Civil de Navarra (EDL 1973/838), que establece el deber de los padres de “educarlos, corregirlos, razonable y moderadamente y procurar su debida formación”; de la Ley 25/2010 de 29 de julio, del Libro II del Código Civil de Cataluña (EDL 2010/149454), en cuyo art. 236-17.4, que impone a los progenitores “cuidar de los hijos, (…) educarlos y proporcionarles una formación integral”, así como respetarse mutuamente, mientras éstos obedecen a aquellos, salvo que les intenten imponer conductas indignas o delictivas. Con idéntica mesura se determina con exquisitez que “los progenitores pueden corregir a los hijos en potestad de forma proporcionada, razonable y moderada, con pleno respeto a su dignidad”, mientras los padres “pueden solicitar excepcionalmente la asistencia e intervención de los poderes públicos”. De la misma forma, el art. 65.1.d) del DLeg 1/2011, que aprueba el Código de Derecho Foral de Aragón (EDL 2011/15184),  impone la obligación a los padres respecto a sus hijos no emancipados de “educarlos y procurarles una formación integral” y de “corregirles de forma proporcionada, razonable y moderada, con pleno respeto a su dignidad y sin imponerles nunca sanciones humillantes, ni que atenten contra sus derechos”, añadiendo que “para el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos, los titulares de la autoridad familiar pueden solicitar la asistencia e intervención de los poderes públicos”. 

Todo es tan lógico, tan natural como el ligamen que existe entre la educación y la corrección, porque es absolutamente imposible formar o educar, sin rectificar o corregir lo que pueda ser erróneo o equivocado, como lo es la moderación o la razonabilidad, con la ponderación y la justicia.

Al decir de la Real Academia, corregir es hacer las modificaciones necesarias en un texto, un trabajo, una obra u otra cosa para eliminar sus faltas y errores y hacer que disminuya o desaparezca un efecto, una alteración o una imperfección. Si educar es proporcionar conocimientos o habilidades a una persona para darle una determinada formación y formar es desarrollar, adiestrar y educar, no cabe la menor duda de que no es posible educar o formar sin corregir.            

Sin embargo, este texto de la Ley es objeto de una reforma dentro del tsunami legislativo del año 2015, annus horribilis del ordenamiento jurídico español. Y ¿a qué no saben ustedes qué se le ocurrió reformar a nuestro legislador en una Ley, cuyo texto no se refiere a la modificación del CC, sino al “sistema de protección de la infancia y la adolescencia” (art. 2.8 de la Ley 26/2015)? Sin duda, pensó -no lo razonó en el Preámbulo porque no había forma humana de razonarlo- que la forma de proteger a la infancia y a la adolescencia es evitar que se les pueda corregir los errores en que incurran, por la obviedad de la incursión en tales periodos de la vida humana en equivocaciones, algunas con grave riesgo para su salud o su vida. Por ello, en el extenso Preámbulo nada se dice al respecto. Eso sí, se hace notar (II) que:

“…se introduce un nuevo capítulo III en el título I con la rúbrica «Deberes del menor», en línea con diversas normas internacionales y también autonómicas, en el que, desde la concepción de los menores como ciudadanos, se les reconoce como corresponsables de las sociedades en las que participan y, por tanto, no solo titulares de derechos sino también de deberes. En este sentido, se introducen cuatro nuevos artículos en los que se regulan los deberes de los menores en general y en los ámbitos familiar, escolar y social en particular.”

Bien es verdad que (art. 9.Ter. Deberes relativos al ámbito familiar) que:

- “…los menores deben participar en la vida familiar respetando a sus progenitores y hermanos así como a otros familiares”; y

- “…los menores deben participar y corresponsabilizarse en el cuidado del hogar y en la realización de las tareas domésticas de acuerdo con su edad, con su nivel de autonomía personal y capacidad, y con independencia de su sexo.”

Pero estas habilidades no deben ser enseñadas por sus padres, ni por otras personas, porque para enseñarles habría que corregirles los defectos y eso no está previsto. Es más, en un nuevo art. 12 (sobre actuaciones de protección) se establece que:

“La protección de los menores por los poderes públicos se realizará mediante la prevención, detección y reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los servicios y recursos adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda”, siempre sin corregir, aunque “Los poderes públicos velarán para que los progenitores, tutores, guardadores o acogedores, desarrollen adecuadamente sus responsabilidades y les facilitarán servicios accesibles de prevención, asesoramiento y acompañamiento en todas las áreas que afectan al desarrollo de los menores”, naturalmente sin corregirlos.

Quizá es necesario subrayar que cuando en un texto legal se omite alguna prescripción, puede argumentarse que se trata de una omisión no intencionada o un olvido. Pero cuando un pronunciamiento  -el reconocimiento de un deber o un derecho- existía en la Ley, con evidente reiteración y con matizaciones inteligentes y prudentes- y una general aceptación en otros textos similares, y el legislador lo expulsa de la Ley, lo omite y olvida, no puede discutirse que los está explícita y rotundamente EXPULSANDO del ordenamiento. La expresión de voluntad del legislador, que no podía ignorar su presencia, es absoluta. En este caso, pues, la ley claramente rechaza que los padres puedan corregir, ni siquiera de forma razonable y moderada, a los hijos bajo su potestad. Su acción omisiva es la clara expresión de su voluntad negativa. Si unos hijos bajo la potestad de sus padres yerran, ignoran o se equivocan, los padres deben permitir y respetar sus equivocaciones. Líbrense de caer en la anticuada manía de corregirlos. Allá ellos. Que les eduquen… no sus padres porque son ellos mismos, sino… ¿el Estado? Si los menores son autores de violencia familiar o del hoy tan popular bullying, ni con el más exquisito de los cuidados podrán intentar que cambien sus conductas. ¿Hay que dejarlos?

Sin embargo, se mantiene en la Ley que “Los progenitores podrán, en el ejercicio de su función, recabar el auxilio de la autoridad”. ¿Debe interpretarse esta facultad que en ejercicio de la función de educar, que lógicamente comprende la corrección de lo impropio, de lo desacertado y de lo erróneo, como la ley ha privado a los padres de la facultad de corregir, ni siquiera con moderación a sus hijos, lo que pueden -deben- hacer es acudir a las fuerzas de seguridad? ¿Incluso cuando se trata de enmendar los cada vez peores modales en la mesa? ¿O cuando procede que dejen los niños en paz sus móviles para ponerse a hacer los deberes?

En el planteamiento de este Foro Abierto se incluye la observación del caos que produce en nuestro país, la discrepancia legislativa en una materia como la patria potestad entre legislaciones forales o especiales, a las que hemos hecho alusión, y la ley común: el Código Civil español. Según hemos visto, las leyes vigentes en territorios españoles siguen manteniendo la potestad de los padres de corregir a sus hijos, con moderación, mientras la común lo ha expulsado de su normativa. ¿Cabe esta discrepancia?

La respuesta es que efectivamente cabe; lo reconoce nuestra Constitución, cuando en el art. 149 excepciona de la exclusividad del Estado para legislar en materia civil a la conservación, modificación de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan, lo que permite una variedad de normativas válidas en nuestro territorio. Ése es el estado de las autonomías.

Ésta es la opinión del Letrado que suscribe, salvando su respeto por toda otra mejor fundada.

Aprobado por MAYORÍA DE 7 VOTOS

La mayoría de nuestros ponentes opinan que el derecho de corrección paterno-filial pervive en nuestro ordenamiento jurídico, pese a las dudas que pudieran haberse suscitado tras desaparecer la referencia expresa al mismo con la reforma del art. 154 CC (EDL 1889/1) en 2007 por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional (EDL 2007/222582), sin que las importantes novedades en materia de protección de menores introducidas en 2015 por la Ley 26/2015 de 28 de julio, de modificación del Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia (EDL 2015/130118), decidieran hacer mayor precisión al respecto.

En general, se viene a considerar que su desaparición del texto no equivale a su prohibición, pues el derecho de corrección es una función inherente al ejercicio de la patria potestad que lleva implícita la tarea de educar a los hijos, y la obediencia de estos a sus padres es correlativa.

Surgen diferentes matices a la hora de fijar los límites a este derecho de corrección, si bien se coincide en el obligado respeto a la integridad física y psíquica del menor. No obstante, hay quien considera que en ningún caso la corrección pueda venir de la imposición de un castigo físico.

Por último, entre las opiniones divergentes nos encontramos con la de D. Vicente Magro, quien sostiene que el legislador de 2007 lo que quiso fue que los progenitores no dispusieran en modo alguno de “un derecho de corrección”. Considera el magistrado que hoy día no cabe ya reconocer un derecho de corrección, salvo el natural de advertir, amonestar o reprender, pero sin ningún tipo de golpe o maltrato, aunque no se cause lesión. Va más allá D. Luis Zarraluqui al ver en la eliminación expresa del deber de corrección el rechazo absoluto de la ley a que los padres puedan corregir a los hijos bajo su potestad, siquiera de forma razonable y moderada, hasta el punto de que si los hijos bajo la potestad de sus padres yerran, ignoran o se equivocan, los padres deben permitir y respetar sus equivocaciones.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

feedburner

Suscríbase a nuestros contenidos

Atención al cliente: De lunes a viernes de 8:30 a 20:00 horas ininterrumpidamente. Tel 91 210 80 00 - 902 44 33 55 Fax. 915 78 16 17