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CIVIL

Interposición de demanda civil por accidente de tráfico sin acompañar la oferta motivada del asegurador: ¿se inadmite la demanda sin más o se confiere plazo para su subsanación?

Coordinador: Vicente Magro Servet

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. Doctor en Derecho.

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Nos planteamos qué criterio judicial debe adoptarse si, ante la presentación de una demanda civil por accidente de tráfico, el perjudicado no aporta por medio de su letrado la reclamación o la oferta motivada, en este segundo caso, incluso, por razón fundada.

Por ejemplo, porque no se haya aportado el informe médico a la oferta y, según el art. 37 del RDLeg 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor -TRLRCSCVM- (EDL 2004/152063), en la redacción dada por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (EDL 2015/156576), el perjudicado la considere inválida y no aporte la oferta, aunque la tenga.

¿Se inadmite sin más la demanda? ¿O, en cualquier caso, se otorga al actor plazo para subsanar?


Este foro ha sido publicado en la "Revista de Derecho de la Circulación", el 1 de diciembre de 2017.

(Puedes consultar Legislación y Jurisprudencia en nuestra Base de Datos).

El párrafo 2º del art. 7.8 del RDLeg 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor -TRLRCSCVM- (EDL 2004/152063), en la redacción dada por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (EDL 2015/156576), establece: “No se admitirán a trámite, de conformidad con el artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las demandas en las que no se acompañen los documentos que acrediten la presentación de la reclamación al asegurador y la oferta o respuesta motivada, si se hubiera emitido por el asegurador.”

De otro lado, el art. 403.2 LEC (EDL 2000/77463) declara: “No se admitirán las demandas cuando no se acompañen a ella los documentos que la ley expresamente exija para la admisión de aquéllas o no se hayan intentado conciliaciones o efectuado requerimientos, reclamaciones o consignaciones que se exijan en casos especiales.”

La primera cuestión que se plantea es si la falta de aportación de la reclamación previa al asegurador por el perjudicado junto con la demanda es un defecto subsanable. Considero que se trata de un defecto subsanable al tratarse de un requisito procesal formal e impedirlo resultaría una sanción desproporcionada con relación al derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el art. 24 CE (EDL 1978/3879). De conformidad con reiterada doctrina de nuestro TC, los órganos judiciales están constitucionalmente obligados a aplicar las normas que contienen los requisitos y presupuestos procesales evitando cualquier exceso formalista que los convierta en meros obstáculos procesales impeditivos de la tutela judicial efectiva.

Esta orientación jurisprudencial tuvo su plasmación legal en el art. 231 LEC que estableció el principio general de la subsanabilidad de los actos procesales defectuosos y, su redacción actual, tras la reforma operada por la Ley 13/2009, de 13 de noviembre (EDL 2009/238889), estableció este principio como una obligación general de los tribunales y secretarios judiciales sin condicionarla a una previa obligación de las partes procesales de anunciar la voluntad de subsanar los posibles defectos. También el art. 404.1.2 LEC contempla la regla de la subsanación de los defectos formales de la demanda concediendo por el Letrado de la Administración de Justicia un plazo para ello.

En consecuencia, debe prevalecer la posibilidad de subsanar los defectos procesales que puedan adolecer las demandas, salvo que el defecto sea totalmente insubsanable o esté expresamente prohibido por una norma vigente. La subsanación está referida a los actos defectuosos, pero no a los no realizados, de tal modo que podrá corregirse la falta de aportación de la reclamación previa o una aportación deficiente de la reclamación previa, pero en ningún caso podrá subsanarse cuando el perjudicado no llegó a formularla antes de presentar la demanda.

La segunda cuestión planteada se refiere a si en el caso de que la oferta motivada careciese de validez por no haberse acompañado del informe médico definitivo según el art. 37.3 TRLRCSCVM, estaría el perjudicado exonerado de cumplir con el requisito procesal previsto en el párrafo segundo del art. 7.8 TRLRCSCVM.

Entiendo que el perjudicado debe cumplir con el requisito procesal, incluso, en el caso de que la oferta motivada careciese de validez, por las razones siguientes: i) la interpretación literal del párrafo segundo del art. 7.8 obliga a aportar la reclamación previa aunque la oferta o la respuesta motivada no se hubieran emitido por el asegurador; ii) razones sistemáticas, la vigente legislación establece necesariamente una fase previa con la intención de evitar el proceso llegando a un acuerdo entre el perjudicado y el asegurador y, la única forma de acreditar que esa fase previa ha fracasado y se ha visto obligado el perjudicado a iniciar un proceso judicial es aportando su reclamación previa y la oferta motivada carente de validez; iii) con esa documentación (reclamación previa y oferta motivada sin informe médico definitivo) podrá justificar que el asegurador ha incurrido en mora según el párrafo cuarto del art. 7.2 TRLRCSCVM.

En conclusión, aun en el caso de que la oferta motivada del asegurador careciese de validez, el perjudicado deberá acompañar a la demanda la reclamación previa y la referida oferta y, en el caso de no hacerlo, al tratarse de un defecto procesal subsanable el Letrado de la Administración de Justicia concederá un plazo para ello.

A mi juicio y a tenor de la previsión del contenido del art. 7.8 del RDLeg 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor -TRLRCSCVM- (EDL 2004/152063), en la redacción dada por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (EDL 2015/156576), la ausencia de la reclamación por parte del perjudicado a la compañía aseguradora, que es de hecho la obligación que el art. 7.1 hace recaer sobre el perjudicado, constituye un auténtico requisito de procedibilidad. Así creo que cabe deducirlo de la expresión “No se admitirán a trámite” que se mantiene en el mencionado precepto. La aportación ulterior de la oferta de existir es consustancial al cumplimiento de la obligación de la aseguradora. Pero en el juego de la buena fe que debe reinar el proceso, no cabe que la misma se silencie si existe por parte del perjudicado.

Configurándose como requisito de procedibilidad, y como en ocasiones ha dictaminado el TS y el TC, la justificación de su existencia es susceptible de subsanación. A tal fin se plasmó el principio de subsanabilidad en el art. 231 LEC (EDL 2000/77463), de ser ello posible (El tribunal cuidará de que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los actos procesales de las partes, siempre que en dichos actos se hubiese manifestado la voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la ley). Por ello, cabe distinguir en estos casos dos supuestos: el cumplimiento del requisito previo pero la falta de su justificación; y la ausencia del requisito previo al tiempo de la presentación de la demanda.

A mi juicio, el primero de los supuestos da siempre lugar a la subsanación. Por el contrario, no el segundo, pues supondría un medio para burlar el principio de preclusión procesal y, por tanto, dejaría sin sentido la exigencia y necesidad del cumplimiento de los plazos procesales.

De ahí que la ausencia de aportación de la reclamación previa o en su caso de la oferta motivada de la aseguradora, una vez girada la reclamación, generen inicialmente a mi juicio un deber en el Juzgado, de indagar si tales existían previamente a la presentación de la demanda, concediendo un plazo no para que se cumplan tales trámites, que obviamente si observamos los plazos del art. 7, no pueden cumplirse en el plazo de subsanación general de diez días, sino para que justifiquen su existencia y sean traídos al proceso, subsanándose de este modo el defecto advertido.

En el caso que se sustancia, existía tanto la previa reclamación, como la oferta motivada, por lo que entiendo que cabría dar por subsanado el defecto de la demanda con su aportación, dando lugar a la tramitación del proceso.

Hay que aclarar que los posibles defectos que contenga la oferta motivada, en mi opinión no deben de ser valorados por la parte perjudicada con el fin de negarse justificadamente a la aportación de aquélla, sin perjuicio de que al tiempo de presentar la demanda con la oferta, en aquélla se hagan saber los argumentos que apoyan su tesis, para que el juez pudiera valorarla de cara a la aplicación de las consecuencias previstas en el art. 7 TRLRCSCVM.

Referida la cuestión planteada a si junto a la demanda presentada en reclamación de responsabilidad por accidente de circulación no se aporta la reclamación efectuada a la compañía aseguradora o la oferta motivada de esta, como punto de partida es de precisar que el art. 7.8 del RDLeg 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor -TRLRCSCVM- (EDL 2004/152063), en la redacción dada por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (EDL 2015/156576), dispone:

“No se admitirán a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las demandas en las que no se acompañen los documentos que acrediten la presentación de la reclamación al asegurador y la oferta o respuesta motivada, si se hubiera emitido por el asegurador.”

Sentado lo anterior, es de destacar que los términos del precepto son claros, frente a la norma general de admisión de la demanda, nos encontramos ante un supuesto excepcional de inadmisión de la misma por causa expresamente prevista en la ley: no acompañamiento a la demanda de los documentos que la ley exige expresamente (art. 403.3 LEC; EDL 2000/77463).

Debemos distinguir varios supuestos.

Así, en orden a la justificación documental de la reclamación efectuada al asegurador, la cuestión no ofrece lugar a la duda pues tal reclamación con carácter previo a la interposición de la demanda es un requisito que contempla el legislador (art. 7.1 TRLRCSCVM). Por ello, siempre habrá de presentarse justificación documental de la formulación de dicha reclamación.

Distinto es el supuesto de la justificación documental de la oferta motivada a efectuar por el asegurador ante dicha reclamación.

Si esta se ha efectuado debe de justificarse documentalmente la misma con la demanda que se presenta.

Si tal oferta motivada no se realizó por el asegurador pero este dio una “respuesta motivada”, la misma deberá de justificarse junto a la demanda. Repárese en que el art. 7.8 TRLRCSCVM hace referencia a la presentación “de la reclamación al asegurador y la oferta o respuesta motivada”. Es decir, la respuesta motivada, de formularse la misma, debe de justificarse junto a la demanda que se presenta.

Si tampoco se formuló “respuesta motivada” por el asegurador, lógicamente no se podrá presentar justificación documental de la misma. Así el precepto referido indica: “si se hubiera emitido por el asegurador”.

En este caso -no formulación por el asegurador ni de oferta motivada ni de respuesta motivada- lo lógico será el razonar la falta de justificación de las mismas junto a la demanda por dicha causa: no se formuló ni una ni la otra por el asegurador.

Si no se presentaron ni una ni la otra y en la demanda no se efectúa tal motivación sobre la falta de aportación documental al respecto, considero que el órgano judicial no podrá, sin más, inadmitir la demanda pues, como previene el precepto que se estudia, cabe que el asegurador no emita ni oferta motivada ni respuesta motivada, “condicionando” tal presentación de documentos a su emisión -de una u otra- por el asegurador.

Respecto a la posibilidad de subsanar la falta de presentación de dichos documentos (reclamación al asegurador, oferta motivada, respuesta motivada), considero que lo subsanable sería la omisión de tal presentación junto a la demanda, no siendo subsanable la omisión de la reclamación al asegurador.

En principio, es mi opinión personal que debe exigirse el cumplimiento del art. 7.8 del RDLeg 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor -TRLRCSCVM- (EDL 2004/152063), en la redacción dada por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (EDL 2015/156576), para las demandas interpuestas a partir del 1 de enero de 2016, con independencia de la fecha del accidente de tráfico, y éste es el criterio judicial más extendido.

El art. 7.8 mencionado, establece claramente lo siguiente:

“No se admitirán a trámite, de conformidad con el artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las demandas en las que no se acompañen los documentos que acrediten la presentación de la reclamación al asegurador y la oferta o respuesta motivada, si se hubiera emitido por el asegurador”.

Del meritado precepto, prima facie se desprende una especie de “requisito de procedibilidad” para poder instar un proceso derivado de la Ley 35/2015 y es, precisamente por ello, por lo que, en el supuesto de que se presente la demanda sin la reclamación previa u oferta motivada, se puede requerir, mediante Diligencia de Ordenación, a la parte demandante a fin de que se subsane la acreditación de haber cumplido con el requisito procesal de haber realizado la reclamación extrajudicial a la entidad aseguradora conforme a los requisitos del Artículo 7; el plazo puede ser de cinco o diez días, a título de ejemplo.

En los accidentes ocurridos al 1 enero 1 enero 2016 entiendo que no es preceptiva la presentación de dicha oferta motivada, dada la no vigencia de la norma, y, por ende, la no exigencia del requisito de procedibilidad que contiene.

No puede olvidarse que la propia norma, contiene previsión expresa de la no presentación de la oferta motivada, cuando en su art. 7.4 TRLRCSCVM dice lo siguiente:

“4. En el supuesto de que el asegurador no realice una oferta motivada de indemnización, deberá dar una respuesta motivada ajustada a los siguientes requisitos:

a) Dará contestación suficiente a la reclamación formulada, con indicación del motivo que impide efectuar la oferta de indemnización, bien sea porque no esté determinada la responsabilidad, bien porque no se haya podido cuantificar el daño o bien porque existe alguna otra causa que justifique el rechazo de la reclamación, que deberá ser especificada.

Cuando dicho motivo sea la dilatación en el tiempo del proceso de curación del perjudicado y no fuera posible determinar el alcance total de las secuelas padecidas a causa del accidente o porque, por cualquier motivo, no se pudiera cuantificar plenamente el daño, la respuesta motivada deberá incluir…”.

Entiendo por ello, que la aseguradora, únicamente podrá hacer dejación del requisito de procedibilidad si aporta una respuesta motivada de la denegación con aportación de razones justificativas, por no quedar al “albur” de aquella la presentación o no de la oferta motivada, en la medida en que, el precepto transcrito es muy claro acerca los requisitos a los que se sujeta la no presentación de la oferta, sin olvidar las consecuencias previstas de tal omisión no justificada, como son las previstas en el art. 9 de la propia Ley, esto es, devengo de intereses y sanciones de tipo económico.

En conclusión, y bajo mi criterio, es preceptiva la presentación de la oferta motivada con la demanda y si no se cumple con ello, debe de darse un plazo de subsanación a la parte, en aras a no mermar la tutela judicial efectiva.

El art. 403 LEC (EDL 2000/777463) en su número 2º establece que no se admitirán las demandas cuando no se acompañen a ellas los documentos que la ley expresamente exija para la admisión de aquellas, o no se hayan intentado conciliaciones o efectuados requerimientos, reclamaciones o consignaciones que se exijan en casos especiales.

A su vez, el art. 7 del RDLeg 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor -TRLRCSCVM- (EDL 2004/152063), en la redacción dada por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (EDL 2015/156576), viene a establecer la obligación del perjudicado, con carácter previo a la interposición de la demanda, de comunicación del siniestro al asegurador, pidiendo la indemnización correspondiente, reclamación que interrumpe el cómputo del plazo de prescripción desde el momento en que se presente al asegurador obligado a satisfacer el importe de los daños sufridos al perjudicado. Además, el propio precepto en su número segundo establece que en el plazo de 3 meses desde la recepción de la reclamación del perjudicado, el asegurador deberá presentar una oferta motivada de indemnización, si entendiera acreditada la responsabilidad y cuantificado el daño que cumpla los requisitos del apartado 3 de este art. 7, o en todo caso, si la reclamación hubiere sido rechazada, dará una respuesta motivada conforme al número 4 del mismo precepto.

Por su parte, el art. 37 de este texto legal nos habla de la necesidad de que la determinación y medición de las secuelas y lesiones temporales deba realizarse mediante informe médico ajustado a las reglas del sistema de baremación de la ley, obligando al lesionado a prestar, desde la producción del daño, la colaboración necesaria para que los servicios médicos que designe el asegurador puedan llevar a cabo el estudio del alcance de las lesiones y secuelas sufridas, hasta el punto de considerar la oferta motivada a que hace referencia el art. 7.3.c) TRLRCSCVM no tendrá validez ninguna si no adjunta a dicho informe o que éste hubiere sido entregada con anterioridad.

La cuestión fundamental radica en determinar si la demanda debe ser inadmitida directamente por el juez o si cabe la posibilidad de su subsanación, de conformidad con el principio general que contempla el art. 231 LEC.

A mi modo de ver, el Letrado de la Administración de Justicia, en el supuesto de que no se acompañe a la demanda la reclamación extrajudicial del perjudicado a la aseguradora, comunicándole la existencia del siniestro, con los requisitos que establece el tercer párrafo del número 1, el art. 7 TRLRCSCVM, antes de dictarse el auto de inadmisión deberá requerirse por el Letrado de la Administración de Justicia al perjudicado demandante para que aporte el documento que acredite dicha reclamación extrajudicial, y ello porque la razón de ser del art. 231 LEC tiene como finalidad atender al principio de tutela efectiva, procurando conceder un plazo para subsanar aquellos defectos de orden procesal que impidan la continuación del procedimiento o, como es el caso, la admisión de la demanda.

Teniendo en cuenta que el art. 231 LEC lo que viene a instaurar, a mi juicio, es la posibilidad de corregir aquellos defectos de orden procesal que sean perfectamente subsanables en beneficio del principio de tutela efectiva, en el caso que analizamos, la no aportación de la reclamación extrajudicial a la compañía aseguradora entiendo que es un defecto perfectamente subsanable, y que debe por tanto concedérsele plazo al demandante con requerimiento por parte de la Administración de Justicia para su aportación, al igual que, por ejemplo, es habitual que el juzgado, en aquellos supuestos en los que se presenta demanda o contestación sin aportar documento de representación procesal a favor del procurador, requiere a la parte para que subsane este defecto o lleve a cabo la designación apud acta en plazo de 10 días conforme al precepto invocado. Cuestión distinta sería que no se hubiere efectuado dicha reclamación previa, lo que conllevaría necesariamente la inadmisión de la demanda por tratarse de un requisito de procedibilidad, de conformidad con lo que dispone el propio art. 7 TRLRCSCVM en relación con el número 2 del art. 403 LEC.

Como es sabido, la norma general en nuestro ordenamiento procesal en relación con la puesta en marcha de la jurisdicción civil es la de la admisión de las demandas, puesto que: "Las demandas sólo se inadmitirán en los casos y por las causas expresamente previstas en esta Ley". Este precepto (art. 403 LEC, EDL 2000/77463) establece el principio pro actione, que relacionado con el art. 11.3 LOPJ (EDL 1985/8754), constituyen un cuerpo que reconoce que la inadmisión a trámite de la demanda debe entenderse siempre como excepcional.

El presupuesto de aportación documental junto con el escrito de demanda civil en reclamación de los daños y perjuicios derivados de un accidente de tráfico (al que se refiere el art. 7.8, II del RDLeg 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor -TRLRCSCVM- (EDL 2004/152063), en la redacción dada por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (EDL 2015/156576), supone una excepción al principio general de admisibilidad de la demanda, cuyo control es efectuado de oficio: es una obligación ineludible del órgano judicial, de conformidad con lo dispuesto en el art. 403 LEC, que el Letrado de la Administración de Justicia examine la demanda y compruebe que se acompañan todos los documentos que se mencionan en la misma y los que la ley exige expresamente para su admisión.

Pero la falta de los documentos referidos en el art. 7.8.II TRLRCSCVM, ¿es un defecto subsanable? Mi respuesta es afirmativa; los Juzgados y Tribunales deben resolver siempre las pretensiones que se les formulen y solo podrán desestimarlas por motivos formales cuando el defecto sea insubsanable o no se subsanase por el procedimiento establecido en las leyes. En este sentido, es conocida la doctrina del TC sobre el acceso al proceso que indica que los órganos judiciales deben llevar a cabo una adecuada ponderación de los defectos que adviertan en los actos procesales de las partes, guardando la debida proporcionalidad entre la irregularidad cometida y la sanción que debe acarrear, a fin de procurar, siempre que sea posible, la subsanación del defecto o irregularidad a fin de favorecer la conservación de la eficacia de los actos procesales y del proceso como instrumento para alcanzar la efectividad de la tutela judicial.

Por lo tanto, en el caso de que la demanda no vaya acompañada de los documentos referidos en el art. 7.8.II TRLRCSCVM y no se haga referencia a su existencia en el cuerpo del escrito, no habrá lugar a posible subsanación, inadmitiéndose la demanda sin más trámite.

En cambio, si en el cuerpo del escrito se hace referencia a la existencia de dichos documentos, el Letrado de la Administración de Justicia -LAJ-, con carácter previo a pronunciarse sobre la admisión a trámite de la demanda, deberá solicitar a la parte que los aporte, con expresa advertencia de que, en caso contrario, no será admitida a trámite.

Lo que es subsanable es el defecto de no aportar con la demanda el documento que justifique la presentación a la entidad aseguradora de la reclamación previa extrajudicial y la oferta o respuesta motivadas dada por la aseguradora en el caso en que las haya, pero no la falta de realización de la reclamación previa que será insubsanable y debe conllevar la inadmisión a trámite de la demanda, lo que no supondría una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso al proceso, por cuanto que la decisión del órgano judicial en tal sentido encuentra su fundamento en el incumplimiento por la parte actora de un requisito legalmente exigido.

Respecto de la falta de presentación con la demanda del justificante documental de la presentación a la aseguradora de la reclamación previa extrajudicial sirva como ejemplo de lo expuesto el caso analizado por el Auto de AP Córdoba de 25 de mayo de 2017 (EDJ 2017/131715) donde se aprecia como el LAJ, a través de Diligencia de Ordenación, requirió a la parte actora la aportación de dicho documento, lo que, al no ser sustanciado en tiempo y forma, supuso la definitiva inadmisión de la demanda, resolución confirmada por el posterior Auto de la AP que vino a considerar la falta de reclamación previa incursa en mala fe porque el perjudicado pretende privar a la entidad aseguradora de la posibilidad de participar en la fase extrajudicial, cuando éste es uno de los objetivos primordiales marcado por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre.

Ante la situación procesal de que el perjudicado a través de su representación y defensa presente demanda civil por accidente de tráfico sin aportar la reclamación previa o la oferta motivada, incluso en los casos en que sea fundada conforme a la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (EDL 2015/156576), aunque el art. 37.8 párrafo 2º del RDLeg 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor -TRLRCSCVM- (EDL 2004/152063), en la redacción dada por la Ley 35/2015, disponga la inadmisión a trámite de la demanda en estos casos en que no se acompañen los citados documentos, considero que al tratarse de una actuación procesal de parte, el Letrado de la Administración de Justicia del correspondiente Juzgado al examinar la demanda conforme le corresponde (art. 404.1 LEC), deberá requerir a la parte demandante para subsanar tal omisión en el plazo que se establezca, limitándose a la aportación de los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos del art. 7 TRLRCSCVM, en la redacción dada por la Ley 35/2015, conforme establece el art. 404 aptdo. 2.2) de la LEC en relación con los arts. 243.3 y 4 LOPJ (EDL 1985/8754) y art. 231 LEC, y si el actor no procediera a la subsanación en el plazo indicado, el Letrado de la Administración de Justicia deberá dar cuenta al Juez para que, en su caso, resuelva sobre la admisión de la demanda, que no procederá en estos casos.

El aptdo. 3 del art. Único de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre (EDL 2015/156576), reformó el art. 7 del RDLeg 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor -TRLRCSCVM- (EDL 2004/152063), dando una nueva redacción. Establece en su aptdo. 1, párrafo 3º, que:

“No obstante, con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, deberán comunicar el siniestro al asegurador, pidiendo la indemnización que corresponda. Esta reclamación extrajudicial contendrá la identificación y los datos relevantes de quien o quienes reclamen, una declaración sobre las circunstancias del hecho, la identificación del vehículo y del conductor que hubiesen intervenido en la producción del mismo de ser conocidas, así como cuanta información médica asistencial o pericial o de cualquier otro tipo tengan en su poder que permita la cuantificación del daño”.

Y añade un nuevo apartado, el 8º, que en su último párrafo dispone que:

“No se admitirán a trámite, de conformidad con el artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las demandas en las que no se acompañen los documentos que acrediten la presentación de la reclamación al asegurador y la oferta o respuesta motivada, si se hubiera emitido por el asegurador”.

Por último, el art. 403.2 LEC (EDL 2000/77463), tras la reforma operada por la LO 7/2015 (EDL 2015/124945), dispone que:

“No se admitirán las demandas cuando no se acompañen a ella los documentos que la ley expresamente exija para la admisión de aquéllas o no se hayan intentado conciliaciones o efectuado requerimientos, reclamaciones o consignaciones que se exijan en casos especiales”.

Conforme a este régimen, tal cual queda expuesto en su contenido positivo, se introduce un requisito previo a la interposición de la demanda de responsabilidad civil por siniestro viario formulada por el perjudicado consistente en la reclamación previa.

Pues bien, lo que se plantea en la cuestión formulada es si, incumplido este requisito por el demandante la respuesta judicial ha de ser la de inadmisión de plano de la demanda o si, por el contrario, es susceptible de subsanación, planteamiento al que se añade el caso de que la parte pudiera entender justificada falta de presentación por defecto que la hiciera ineficaz, que introduce un distinto factor a la respuesta solicitada por lo que diremos.

El punto de arranque para la respuesta a la cuestión no puede ser otra que la que ofrece el art. 24 CE (EDL 1978/3879) -tutela judicial efectiva- del que deriva que toda inadmisión de demanda supone una grave crisis para tal derecho por lo que parece conforme a la CE deducir que la inadmisión de demanda debe ser interpretada siempre en sentido restrictivo y limitado, tanto más cuando la LEC contempla un procedimiento de subsanación que responde a una finalidad razonable y necesaria que contiene no una facultad sino una auténtica obligación legal del órgano judicial dirigida a garantizar que los derechos e intereses legítimos deducidos en una demanda no resulten ineficaces por el juego riguroso y formalista de la falta o defecto de los requisitos formales que pudiera imputársele al demandante.

A esta finalidad responde precisamente el art. 404.2.2) en relación al art. 231, ambos LEC, en materia de admisión que prevé que el Letrado de la Administración de Justicia -LAJ- ha de procurar la subsanación de defectos formales, concediendo plazo para ello.

Ello no obstante, no implica amparo por incumplimiento del litigante pues, como ha señalado la doctrina constitucional, los requisitos de forma y gravámenes que las leyes establecen para el ejercicio de la tutela judicial han de ser cumplimentados en los términos fijados en la ley.

Consecuentemente, no basta con afirmar un derecho de subsanación como instrumento complementario de la tutela judicial, sino que debe delimitarse a los casos en los que el formalismo resulta incompatible con el ejercicio de tal derecho.

Pues bien, entendemos desde tal perspectiva que si bien si resulta operativa la institución de la subsanación para cubrir los casos de defectos, debe entenderse que solo se contrae a los puramente formales y a los de índole material, en el caso que nos ocupa, por no aportación, “por olvido”, no siendo sin embargo admisible conceder subsanación para promover en el plazo que se pudiera conceder, que necesariamente ha de ser breve, la reclamación previa cuando ésta no ha sido realizada por la parte demandante en la forma prevista en la ley.

De este modo, el grave efecto nacido bien del olvido de aportación material, bien de decisión sustentada en la consideración de ineficacia de una oferta motivada, ha de gozar de la oportunidad de ser eludido.

Considero que, con carácter general, el Juzgado en aplicación del art. 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -LEC- (EDL 2000/77463) debe dar un plazo breve para subsanar la falta de justificación de dicho requisito, por sí el trámite previsto en el art. 7 del RDLeg 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor -TRLRCSCVM- (EDL 2004/152063), en la redacción dada por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (EDL 2015/156576), se ha seguido pero se ha obviado presentar la documentación que lo acredita. En el caso de constar que no se ha formulado la reclamación previa, la demanda será inadmitida a trámite.

Es conocido que nuestro TC en numerosas resoluciones con referencia al principio pro actione, ha corregido determinados supuestos de inadmisión de demanda, cuando el órgano judicial no posibilita la sanación siempre que se trate de un defecto procesal subsanable e impone un rigorismo excesivo, cerrando el acceso al proceso.

Esta doctrina no es absoluta, debiendo atenderse en su aplicación a los requisitos exigidos por el Legislador para el acceso al procedimiento y a la conducta de la parte. Como recuerda la STC 167/2014 (EDJ 2014/195298), con citada de otras anteriores:

“Al ser un derecho prestacional de configuración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del ordenamiento procesal. De ahí que el derecho a la tutela judicial efectiva quede satisfecho cuando los órganos judiciales pronuncian una decisión de inadmisión o meramente procesal, apreciando razonadamente la concurrencia en el caso de un óbice fundado en un precepto expreso de la Ley, si éste es, a su vez, respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental (…)

Por tanto, una decisión judicial de inadmisión no vulnera este derecho, aunque impida entrar en el fondo de la cuestión planteada, si encuentra fundamento en la existencia de una causa legal que resulte aplicada razonablemente…”.

Dicha doctrina debe interpretarse siempre huyendo de aplicaciones rigoristas de la norma procesal que, sin mayor causa, dificulten el acceso al proceso.

El art. 7.8 TRLRCSCVM no puede ser más terminante:

“No se admitirán a trámite, de conformidad con el artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las demandas en las que no se acompañen los documentos que acrediten la presentación de la reclamación al asegurador y la oferta o respuesta motivada, si se hubiera emitido por el asegurador”.

La invocación al art. 403 LEC también es indicativa de la voluntad del legislador al referirse el precepto a los “casos excepcionales de inadmisión de la demanda”.

El no inicio del trámite extrajudicial previsto en el art. 7 TRLRCSCVM priva totalmente de sentido la pretensión de instar el procedimiento judicial. La posibilidad de subsanación abocaría a una dilación sin una fecha determinable. Además, en muchas ocasiones iniciar el trámite extrajudicial daría como resultado el llegar a un acuerdo entre las partes, o de su resultado podrían modificarse sustancialmente los pedimentos de la demanda cuya tramitación se ha suspendido.

En el Dictamen 3/16, del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial (EDD 2016/105891), puede leerse sobre este particular:

“La nueva redacción del art. 7 impide el acceso directo del perjudicado al proceso civil al imponerle la obligación de formular reclamación extrajudicial a la aseguradora y esperar a la emisión por ésta de la correspondiente oferta o respuesta motivada. La reclamación extraprocesal (…) se erige en requisito de procedibilidad en cuanto causa excepcional de inadmisión de la demanda conforme a lo dispuesto en el art. 403 LEC”.

Por todo ello, con carácter general, la decisión debe ser la inadmisión de la demanda.

RESPUESTA APROBADA POR UNANIMIDAD

En respuesta a la cuestión planteada en esta ocasión, todos nuestros colaboradores coinciden en la admisibilidad de la subsanación de la falta de aportación de la reclamación extrajudicial previa o de la oferta motivada junto con la demanda instada por los perjudicados en accidente de tráfico.

No obstante dicha opinión afirmativa, nuestros colaboradores coinciden unánimemente también en que esa eventual subsanación será aplicable tanto solo a aquella omisión que, bien por olvido o bien por defecto en la formulación de la demanda, se refiera a la mera aportación de los documentos justificativos de esa reclamación previa efectuada por el perjudicado o de esa oferta recibida de la aseguradora.

Así, en opinión de todos los participantes de nuestro foro, para que se conceda plazo a fin de llevar a cabo tal subsanación, será necesario que aquella reclamación o esta oferta ciertamente se hayan verificado y que, por uno u otro motivo, sus justificantes no se hayan aportado junto con la demanda.

Sentado ello, nuestros colabores estiman sin embargo también que lo que en ningún caso es admisible es la concesión de ese plazo de subsanación para efectuar aquella reclamación no verificada previamente a la presentación de la interpelación judicial.

En este sentido, apunta GARCÍA-CHAMÓN, por ejemplo, que la no aportación de la reclamación formulada o de la oferta recibida se trata de un defecto subsanable por tratarse de un requisito procesal formal y que impedirlo resultaría una sanción desproporcionada con relación al derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el art. 24 CE (EDL 1978/3879).

Por su parte, LACABA SÁNCHEZ apunta además que del art. 7.8 del RDLeg 8/2004, de 29 de octubre (EDL 2004/152063), se desprende prima facie una especie de “requisito de procedibilidad” para poder instar un proceso derivado de la Ley 35/2015 (EDL 2015/156576) y que es precisamente por ello por lo que, en el supuesto de que se presente la demanda sin la reclamación previa u oferta motivada, se puede requerir, mediante Diligencia de Ordenación, a la parte demandante a fin de que se subsane la acreditación de haber cumplido con el requisito procesal de haber realizado la reclamación extrajudicial a la entidad aseguradora conforme al reseñado art. 7; y añade además este colaborador que, a título de ejemplo, dicho plazo podría ser de cinco o diez días.

Por otro lado, PERALES CANDELA admite también en esta misma línea que la falta de aportación de los documentos en cuestión es un defecto subsanable, pero incidiendo especialmente en que no será lo mismo este caso que aquellos otros en los que no se hubiere efectuado dicha reclamación previa, ya que tal supuesto conllevaría necesariamente la inadmisión de la demanda, por tratarse de un requisito de procedibilidad, de conformidad con lo que dispone el propio art. 7 TRLRCSCVM ya reseñado, en relación con el núm. 2 del art. 403 LEC (EDL 2000/77463).

Es decir, que, en palabras de PÉREZ UREÑA, lo que es subsanable es el defecto de no aportar con la demanda el documento que justifique la presentación a la entidad aseguradora de la reclamación previa extrajudicial y la oferta o respuesta motivadas dada por la aseguradora en el caso en que las haya, pero no la falta de realización de la reclamación previa que será insubsanable y deberá conllevar la inadmisión a trámite de la demanda.

Aún más, SOLAZ SOLAZ, señala también que, tratándose de una actuación procesal de parte, el Letrado de la Administración de Justicia del correspondiente Juzgado, al examinar la demanda conforme le corresponde (art. 404.1 LEC), deberá requerir a la parte demandante para subsanar tal omisión en el plazo que se establezca, limitándose ésta a la aportación de los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos del art. 7 TRLRCSCVM, conforme establece el art. 404.2.2 LEC, en relación con los arts. 243.3 y 4 LOPJ (EDL 1985/8754) y art. 231 LEC; así, si el actor no procediera a la subsanación en el plazo indicado, dicho Letrado de la Administración de Justicia deberá dar cuenta al Juez para que, en su caso, resuelva sobre la admisión de la demanda, que no procederá en estos casos.

Avanzando en la cuestión de la eventual subsanación de los defectos debatidos, SOLER PASCUAL puntualiza también que si bien si resulta operativa la institución de la subsanación para cubrir los casos de defectos, debe entenderse que solo se contrae a los puramente formales y a los de índole material, en el caso que nos ocupa, por no aportación, “por olvido”, no siendo sin embargo admisible conceder subsanación para promover en el plazo que se pudiera conceder, que necesariamente ha de ser breve, la reclamación previa cuando ésta no ha sido realizada por la parte demandante en la forma prevista en la ley.

Coincide también con dicha opinión ÚBEDA DE LOS COBOS, quien estima admisible la subsanación de la no aportación documental, pero no la de la falta de reclamación, y ello por cuanto, a su juicio, el no inicio del trámite extrajudicial previsto en el art. 7 TRLRCSCVM priva totalmente de sentido la pretensión de instar el procedimiento judicial. Aún más, en su opinión, la posibilidad de subsanación en esos casos abocaría a una dilación sin una fecha determinable, debiendo tenerse en cuenta además que, en muchas ocasiones, iniciar el trámite extrajudicial daría como resultado alcanzar un acuerdo entre las partes o, por lo menos, de su resultado podrían modificarse sustancialmente los pedimentos de la demanda cuya tramitación se hubiera suspendido.

 

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