Conócenos

CONTRATACIÓN INMOBILIARIA

Convenio regulador que atribuye el uso de la vivienda familiar a los hijos de ambos y el usufructo al cónyuge que asuma la guarda y custodia de los mismo, renunciando el otro cónyuge a la titularidad de su mitad proindivisa sobre la vivienda, y cediendo la propiedad a los hijos por partes iguales

Coordinador: Luis Antonio Soler Pascual

Magistrado del Tribunal de Marca Comunitaria de la Audiencia Provincial de Alicante.

  • Imprimir

En caso de que en un convenio regulador, suscrito por los cónyuges, se haga atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos de ambos y del usufructo al cónyuge que asuma la guardia y custodia de los mismos, renunciando el otro cónyuge a la titularidad de su mitad proindivisa sobre la vivienda, cediendo la propiedad a los hijos por partes iguales. ¿Puede considerarse tal atribución o cesión como una donación que requiera escritura pública y aceptación por los donatarios para su validez?. ¿Sería en consecuencia inválido el convenio regulador como título y se requeriría del otorgamiento de escritura pública además de la aceptación de los adquirentes?.

Comentario: La respuesta a la cuestión no es, como pudiera parecer, sencilla. Recuérdese que lo que se cuestiona básicamente es si el convenio regulador de un proceso matrimonial ha de considerarse título suficiente para la cesión por parte de un cónyuge a los hijos de la mitad de la vivienda familiar.

Pues bien, es cierto que, conforme al artículo 633 del Código Civil -EDL 1889/1-, la donación de bienes inmuebles presupone escritura pública como requisito formal para su existencia y validez. Ahora bien, en el caso, ¿hay auténtica donación?. Una muy reciente Resolución de 8 de mayo de 2012, de la Dirección General de los Registros y del Notariado -EDD 2012/100365- afirma que no, señalando en aquél caso que, del convenio regulador en su conjunto, donde se afirmaba el carácter de vivienda familiar, había asunción de la carga hipotecaria que la gravaba, se regulaba la obligación de satisfacer el derecho de alimentos de los hijos, no resultaba en realidad que el cedente estuviere efectuando una simple donación a favor de los hijos, sino que lo que se estaba realizando por ambos cónyuges era un negocio jurídico complejo, de carácter familiar y oneroso. Y añadía además tres argumentos más, primero, no era cierto que la cesión considerada se hiciere sin contraprestación (al menos en el caso que analizaba donde el otro cónyuge se comprometía al pago del crédito hipotecario, obligación de la que quedaba liberado el cedente), segundo, que en las cesiones de la vivienda familiar que un cónyuge realiza en los convenios reguladores de la separación o el divorcio, en favor del otro cónyuge o de los hijos comunes, tiene una decisiva relevancia la necesidad de atender la situación creada por la crisis matrimonial y, tercero, que en el convenio regulador debe abordarse, por imperativo legal, lo relativo a la vivienda familiar en atención básicamente, al interés de los hijos –art 96 CC- -EDL 1889/1- por lo que, concluía, en modo alguno puede afirmarse que sea extraño al contenido genuino de dicho convenio el que uno de los cónyuges ceda su parte de vivienda a favor de los hijos del matrimonio.

Por tanto entendía la DGRN que las previsiones adoptadas en un convenio regulador de la consecuencia de la separación o divorcio, que constituyan el contenido propio de dicho convenio por incidir sobre los aspectos que la crisis familiar hace necesario abordar, producen plenos efectos jurídicos una vez aprobados judicialmente, si bien sí sería necesaria la aceptación de los cedidos para que la cesión pudiera acceder al registro.

Pues bien, tomando como base tales conclusiones, vale la pena leer con detenimiento las respuestas que nuestros Magistrados nos aportan, con análisis complejos del derecho matrimonial y patrimonial que, en ningún caso, pueden dejarnos indiferentes por sus ricos comentarios.


Este foro ha sido publicado en el "Boletín Contratación Inmobiliaria", el 1 de noviembre de 2012.

No cabe duda que, tal y como se plantea la pregunta, lo que hace el cónyuge que renuncia a su titularidad (propiedad) sobre el bien inmueble que constituía la vivienda familiar no es otra cosa que una auténtica donación, pues se trata de un acto de liberalidad por el que dispone de su cuota participativa en el bien gratuitamente a favor de otra persona (art. 618 cc -EDL 1889/1-). Es decir, dicha disposición no se hace en pago de nada, ni como contraprestación a alguna otra cesión de la que fuera beneficiario; por tanto, como se dice, debe ser calificada de donación.

Otra cosa es que, en función de que la parte del bien inmueble donado fuera o no ganancial, dicha donación requiriese, en el primer caso, la previa liquidación de la sociedad ganancial que permitiese la cesión de una cuota concreta respecto de dicho bien.

Sentado lo anterior y partiendo del carácter de donación que tendría la renuncia efectuada por el cónyuge, tampoco cabe duda, para quien suscribe, que, para que fuera válida y eficaz, requeriría haber sido hecha en escritura pública y aceptada por el donatario por medio de igual tipo de instrumento público (art. 633 cc -EDL 1889/1-).

Por tanto, no tendría eficacia y validez alguna la renuncia hecha en un convenio regulador, por mucho que posteriormente pudiera haber sido homologado por sentencia judicial, la que únicamente podría extender sus efectos a aquéllas materias propias de dicho convenio, entre las que no se encuentra la donación (art. 90 cc -EDL 1889/1-). En cualquier caso, dicha sentencia no tendría el carácter de escritura pública a los efectos del art. 633 citado.

En este sentido es conocido que la escritura pública constituye la forma sustancial de la donación de inmuebles siendo requisito ineludible para su validez, indicando la STS de 27 de julio de 1.994 -EDJ 1994/11658- que no todo documento público tiene el carácter de escritura pública si no reúne las características propias de la misma; se requiere escritura pública que fuere de donación, no de otra cosa.

En este sentido, la propia voluntad de ceder a los hijos la "titularidad" del bien implica, como se ha comentado antes, una clara intención de donar, por más que no se utilice este término en sentido estricto.

De otro lado, también sería necesaria la aceptación del donatario por medio del mismo tipo de instrumento público, aceptación que podría llevarse a efecto por parte de los hijos sin necesidad de que contar con la mayoría de edad – el art. 625 cc -EDL 1889/1- no exige la capacidad general para contratar – bastando con que tuviera capacidad natural de entender y querer ya que, como indica Albaladejo García, si el interesado carece de discernimiento no puede haber declaración de voluntad válida ni llegar a existir consentimiento contractual. En tal caso, la aceptación la harían los representantes legales de los hijos que va implícita en la propia cesión; al fin y al cabo "en el tomar no hay engaño" y no sería menester, entiendo, el nombramiento de defensor judicial a tal efecto. En cualquier caso, dicha aceptación sería obligatoria y se supone que en el convenio suscrito por las partes los hijos no habrían intervenido ni prestado dicho consentimiento, el que, en cualquier caso, debería ser otorgado en escritura pública.

No se exigiría para dicha aceptación haber alcanzado ninguna edad mínima, bastando con tener la madurez suficiente como para tomar conciencia de lo que se hace (en este sentido la DGRN en su resolución de 1 de agosto de 1.920 admitió la aceptación de un menor de diez años).

La cuestión planteada debe resolverse aplicando de forma conjunta las normas sobre el contenido del convenio regulador de la nulidad separación y divorcio, de la liquidación del régimen económico matrimonial y de la donación.

El art 90 del C. civil -EDL 1889/1- establece el contenido mínimo que debe tener en su caso el convenio regulador, debiendo incluirse entre los temas o cuestiones resolver, en su caso la liquidación del régimen económico matrimonial; por lo que los cónyuges en el convenio regulador puedan pactar todo lo correspondiente a la liquidación del régimen económico matrimonial.

El convenio regulador en su conjunto está sujeto al control judicial que establece dicho precepto.

Centrando el contenido del convenio regulador en relación a la liquidación del régimen económico matrimonial, debe partirse de la idea que dicha liquidación es un negocio jurídico entre los cónyuges, como consecuencia de la disolución del régimen económico matrimonial de y entre los cónyuges, derivado de la disolución del matrimonio por el divorcio.

En principio, aunque el convenio regulador deba tener un contenido mínimo, como es lo referente a la guardia y custodia de los hijos comunes, la atribución del uso de la vivienda familiar, y la contribución a las cargas del matrimonio, que tienen una gran transcendencia respecto de los hijos; los pactos sobre la liquidación del régimen económico matrimonial solo afecta a los cónyuges, por lo que en base a esta naturaleza especial del convenio regulador, ha de entenderse que la liquidación del régimen económico matrimonial solo puede venir referido a la adjudicación a los cónyuges de los bienes que queden una vez que se haya procedido al pago o adjudicación de las deudas, o en su caso a los reintegros debidos a cada uno de los cónyuges, como establece el artículo 1404 del C. civil -EDL 1889/1-.

La donación de bienes inmuebles, como establece el artículo 633 del c. civil -EDL 1889/1-, debe hacerse mediante escritura pública debiendo constar en la misma forma la aceptación por parte del donatario. Siendo la donación esencialmente revocable mientras no se haya realizado la aceptación del donatario, puesto que la donación no obliga al donante sino desde la aceptación, tal como establece el artículo 629 del C. civil.

Partiendo del supuesto examinado aunque el convenio regulador haya sido aprobado judicialmente en la sentencia de divorcio, no por ello puede entenderse que sea titulo válido, tanto para entender válida la donación que se hace a favor de los hijos, y menos, como titulo suficiente a los efectos de inscribir en el Registro de la Propiedad la vivienda por mitad y proindiviso a favor de la esposa y de los hijos comunes.

Siendo un requisito esencial, ad solemnitantem, el que la donación de bienes inmuebles se haga en escritura pública y de la misma forma la aceptación por los donatarios, no cabe entender que exista donación al ser nula o inexistente la recogida en el convenio regulador, toda vez que la falta de la escritura pública exigida en el artículo 633.1 CC -EDL 1889/1- para la validez de la donación (SSTS 10 noviembre 1994 -EDJ 1994/8873-, 5 noviembre 1996 -EDJ 1996/7793-, 31 julio 1999 -EDJ 1999/19925-, 21 marzo 2003 -EDJ 2003/6472-, 16 julio 2004 -EDJ 2004/82529-, entre muchas otras), determina su nulidad.

En estos casos se produce lo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo califica de promesa de donación, cuya validez y eficacia se ha negado de forma reiterada por la doctrina legal recogida entre otras en las STS de fecha 24 -EDJ 2008/3263- y 25 de enero de 2008 -EDJ 2008/5016-.

Cuestión distinta es que los cónyuges hayan procedido a la disolución y liquidación de la sociedad legal de gananciales mediante escritura pública, en la que se recoja dicha donación, y la aceptación de los padres en nombre de los hijos menores, en cuyo caso si sería válida la donación, al cumplirse los requisitos de los artículos 633 y 629 del c. civil -EDL 1889/1-.

Se plantea la cuestión relativa a la forma y efectos que debe tener un convenio en un proceso matrimonial en el que el progenitor no custodio cediese a sus hijos la titularidad de la mitad proindivisa de la vivienda. A los efectos de responder a esta cuestión será preciso distinguir según el ámbito en el que vaya a producir efecto dicho convenio, pues el mismo tiene una doble naturaleza y en consecuencia tanto sus efectos como su forma serán diferentes.

En primer lugar hay que valorar dicho convenio dentro del proceso de familia amparado en las previsiones del artículo 90 del Código Civil -EDL 1889/1-. Por lo que respecta a su forma en dicho ámbito, no será precisa forma pública alguna, debiendo aportarse al Juzgado de Familia el citado convenio regulador firmado por ambos cónyuges y sin mayores exigencias formales, más allá de su ratificación en el proceso por ambos. Las previsiones a las que se refiere la cuestión planteada (atribución de uso de la vivienda a los hijos y al cónyuge que asuma la guarda y custodia, renuncia a la mitad proindivisa de la vivienda) están perfectamente amparadas en los apartados A) y B) del citado artículo 90, mientras que la renuncia podría entenderse incluida dentro de la liquidación de la sociedad de gananciales a la que se hace referencia en el apartado D), bien porque sea el único bien de la sociedad o bien porque junto con dicha renuncia se lleve a cabo la liquidación de la sociedad de gananciales. Por tanto dicho convenio no sería inválido en el ámbito del proceso de familia, debiendo ser ratificado el mismo judicialmente en todo lo referente a las medidas contenidas en el artículo 90 del Código Civil y sin perjuicio de las facultades que el juez de familia tiene al amparo del artículo 777.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463- para no aprobar aquellas medidas que excedan del ámbito estricto del citado artículo 90.

Cuestión distinta es la relativa a los efectos que sobre la propiedad de dicho bien pueda tener dicho convenio. En tal sentido hay dos cuestiones que, por afectar al derecho de propiedad, exigen una forma especial. En primer lugar se establece el usufructo a favor del cónyuge que asuma la guarda y custodia, usufructo que lógicamente se debe de entender en relación a la mitad indivisa que no sea de su propiedad y los efectos del mismo se extenderán una vez que cese la situación de guarda y custodia de los menores. Para que dicho usufructo pueda tener acceso al Registro de la Propiedad será preciso que el mismo conste en escritura pública, por lo que entre las partes será válido por el convenio en cuanto acto inter vivos que autoriza el artículo 468 del Código Civil -EDL 1889/1-, sin perjuicio de que pueda exigirse el otorgamiento de escritura pública al amparo de los artículos 1279 y 1280 del Código Civil. En segundo lugar la cesión de la propiedad de la mitad indivisa del bien a favor de los hijos no cabe duda alguna de que es una donación y por ello precisa para su validez el otorgamiento de escritura pública y la aceptación por los donatarios, que si son menores de edad podrá ser otorgada por el progenitor custodio en cuanto titular de la patria potestad, tal como exige el artículo 633 del Código Civil, sin cuya exigencia de forma no sería válida la citada renuncia ni los hijos adquirirían la propiedad del bien inmueble donado a su favor.

Referida la cuestión a la eficacia y validez de, en definitiva, la cesión por el padre a favor de sus hijos de la titularidad de su mitad indivisa de la vivienda efectuada en un convenio de separación o divorcio, como punto de partida es de precisar que conforme prevé el artículo 633 del código Civil -EDL 1889/1-, la donación de un bien inmueble debe de efectuarse en escritura pública, siendo reiterada la jurisprudencia que considera que tales donaciones no tienen validez, esto es, no despliegan virtualidad transmisiva alguna del dominio de los bienes a los que se refiere si no se establecen en escritura pública al tratarse de un requisito solemne y esencial que rige tanto para la donación onerosa como en la remuneratoria (Sentencias TS de 21.6.1932, 13.3.1952, 13.5.1963.....). Es decir, se trata de una excepción al principio de la libertad de forma que previene el artículo 1278 del Código Civil.

Sentado lo cual tampoco cabría considerar que se tratase de un pre-contrato, no ya solo cuando la cuestión se basa en la cesión que se efectúa directamente en dicho convenio, sino también cuando la promesa bilateral de donar inmuebles, al aceptarse por el donatario es ya una donación perfecta.

Así, la sentencia de la Aud. Provincial de Tarragona de 7 de mayo de 2001 -EDJ 2001/26707-, en un supuesto en el que en un convenio matrimonial se efectuó la transmisión gratuita de bienes, se razona que el pacto en cuestión es eficaz pues fue suscrito por las partes en tal convenio aprobado judicialmente, por lo que, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, no tratándose de materia indisponible para los cónyuges, al concurrir los requisitos del artículo 1261 Código Civil -EDL 1889/1-, lo acordado es válido y eficaz al ser aprobado judicialmente, por lo que tal aprobación es "atributiva de fuerza ejecutiva al quedar integrado en la sentencia".

Criterio que sigue igualmente el auto de la Aud. Provincial de Navarra de 22 de diciembre de 1994, en el que, tras recordar la exigencia del otorgamiento de escritura pública en las donaciones de inmuebles, declara la existencia de una obligación cuyo cumplimiento se haría efectivo por vía de apremio si lo pactado en el convenio no se cumple voluntariamente, pues el convenio, al ser aprobado judicialmente, es parte integrante de la sentencia, investida de fuerza ejecutoria conforme dispone el artículo 919 -EDL 2000/77463- de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 90 del código Civil -EDL 1889/1-.

En definitiva, nos encontramos ante un negocio jurídico, que se inserta en un convenio de mayor contenido obligacional, dotado de la eficacia vinculante que deriva de la autonomía de la voluntad para regular los efectos de la separación y el divorcio, que, al ser refrendado judicialmente, puede hacerse efectivo por la vía de apremio de no otorgarse la correspondiente escritura pública de donación voluntariamente, requisito preciso para la donación de bienes inmuebles. Es decir, del mero contenido del convenio, incluso aprobado judicialmente, no cabría considerar que se trate de una donación ya efectuada.

Cabría considerar que no nos encontramos ante una verdadera donación sino ante un negocio jurídico complejo si del contenido del convenio se revela que la cesión no es a título gratuito (la esposa pagaría la hipoteca, tal y como se recoge en resolución de la DGRN de 8.5.2012 -EDD 2012/100365-).

La cesión de la propiedad o de una parte de la propiedad sobre un bien inmueble a terceros no puede ser calificada sino de donación. Una cosa es que en una liquidación de una sociedad de gananciales un bien se atribuya a uno de los propietarios con la correspondiente compensación de otros bienes al otro copropietario, y otra que a quien se le va a atribuir la propiedad no sea uno de los copropietarios; ello no puede sino ser considerado como una donación, transmitir a un tercero no propietario la propiedad de un inmueble con carácter gratuito, sin contraprestación no es sino una donación.

Y como tal donación para ser válida conforme determina el art 633 CC -EDL 2000/77463- tiene que hacerse en escritura pública y expresándose en ella individualmente los bienes donados y el valor de las cargas que deba satisfacer el donatario, precepto que revela una clara excepción a la teoría general que atribuye eficacia al consentimiento en cualquier forma expresado para dar nacimiento al contrato. Las donaciones de bienes inmuebles no tienen validez, ni, por lo tanto, despliegan virtualidad transmisiva alguna del dominio de los bienes a que se refiere si no aparecen instrumentadas en escritura pública, exigencia de solemne y esencial formalidad que rige cualquiera que sea la clase de donación siempre que se refiera a bienes raíces, así como también requiere para su perfeccionamiento la aceptación de la donación, también en escritura pública, bien en la misma de la donación o en otra distinta, y poner en conocimiento fehaciente del donante esa aceptación que debe producirse cuando aún viva el transmitente, (STS de 14-5-66, 15-10-85 y 27-9-89 -EDJ 1989/8408-, entre otras muchas).

La respuesta es: primero, la cesión sin contraprestación del derecho de propiedad u otro derecho real de la vivienda de los padres a los hijos es una donación: segundo, no requiere una ulterior aceptación, distinta de la exigida para el convenio regulador: tercero, no es necesario otorgar una escritura pública notarial, diferente o añadida a la judicial en que se incorpora el convenio aprobado.

La razón de las respuestas es que con el procedimiento de aprobación judicial del convenio regulador se cumplen sobradamente las exigencias legales de la donación de bienes inmuebles por los padres a sus hijos menores o sujetos a su patria potestad.

En primer lugar porque el convenio regulador necesita inexcusablemente la aprobación judicial y se incorpora a la sentencia al auto en que se aprueba, previstos en el artículo 777 de la ley de enjuiciamiento civil -EDL 2000/77463-, en consecuencia su validez deriva de la fuerza vinculante de la resolución judicial, recogida, entre otros muchos preceptos, en el artículo 118 de la constitución -EDL 1978/3879-, que dice "es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales".

En segundo lugar, el convenio para su validez necesita aprobación judicial y con el procedimiento de aprobación de los convenios reguladores, del artículo 777 de la ley de enjuiciamiento civil -EDL 2000/77463-, se cumplen las exigencias legales sobre forma de la donación de cosas inmuebles, contenidas en los artículos 630 y 633 del código civil -EDL 1889/1-. Se realiza en escritura pública, ya que el convenio regulador ha de aprobarse en sentencia (artículo 777. 6) o en auto (777. 7); además el consentimiento se expresa necesariamente ante el secretario judicial (777. 3) y, en el caso de hijos menores o incapacitados, tiene intervención el ministerio fiscal (777. 5), siendo evidente la aceptación por los dignatarios, ya que se exige el consentimiento de sus representantes legales y, por qué este consentimiento es para adquirir derechos sin contraprestación, lo que por definición es beneficioso para los representados.

En tercer lugar la donación de una vivienda familiar a los hijos menores, con forma de convenio aprobado judicialmente, logra sobradamente los fines para los que el código civil impone como forma esencial la escritura pública de donación. Su fin primordial es evitar que con donaciones semi clandestinas se vacíe el patrimonio del donante en perjuicio de sus acreedores o de sus sucesores forzosos, lo cual es mucho más difícil si se otorga escritura pública de donación, se acepta también documento público y se detalla en la escritura cada bien donado y las cargas que ha de satisfacer el donatario, como exige el artículo 633 del código civil. Estas exigencias han sido dulcificadas por el Tribunal Supremo, que admite la validez de la donación hecha en escritura pública en que se refleja un contrato oneroso simulado, como el de compraventa, que encubre otro disimulado de donación. En este caso no es preciso forzar la interpretación, ya que la donación en el convenio regulador cumple perfectamente no sólo las exigencias formales reflejadas en el anterior párrafo, sino también la finalidad de la exigencia esencial de forma.

Si los hijos no fueren menores de edad habrá que distinguir entre los hijos mayores de edad o emancipados que convinieran en el domicilio familiar y carecieran de ingresos propios, para los que se puede fijar una pensión alimenticia en el pleito matrimonial en que no son parte (artículo 93 del código civil -EDL1889/1-), en los que es posible una interpretación extensiva del precepto citado o su aplicación analógica, que permitiría la validez de la donación, frente al caso de los restantes hijos mayores de edad y no incapacitados, en los que será imprescindible para la validez de la donación su aceptación, que habrá de constar en documento público, con los mismos requisitos que en el resto de las donaciones de inmuebles fuera del convenio regulador.

No hay otra forma de verificar la transmisión de bienes a hijos en un convenio regulador que en virtud de un contrato, y por tal puede entenderse este en virtud de la aceptación derivada de la donación y su posterior elevación a escritura. En los convenios reguladores se adjudican generalmente el uso de los bienes de la pareja, tales como el uso del inmueble. Por ello, la atribución del bien inmueble en cuanto a su titularidad a los hijos conlleva un acto de donación, es decir que para que tenga efectividad jurídica debe elevarse a escritura pública con el acto de aceptación adicional. Como recuerda en este supuesto la Audiencia Provincial de Palencia, Sentencia de 31 Dic. 2004 -EDJ 2004/260973- la jurisprudencia es unánime en determinar que el principio espiritualista informador con carácter general de la contratación civil, en cuya virtud se atribuye eficacia al consentimiento cualquiera que sea la forma en que se haya expresado, tiene algunas excepciones integradas en los llamados contratos solemnes. En tales contratos solemnes la ley exige que el consentimiento se exprese mediante una forma determinada como condición para su existencia y perfección. Entre dichos contratos y en virtud de lo dispuesto en el art 633 del Código Civil -EDL 1889/1- se encuentra la donación cuando tenga por objeto bienes inmuebles, de modo que si no se cumple con el requisito formal ad solemnitatem que el precepto contempla ello determinará la nulidad radical, o mejor incluso, la inexistencia del negocio jurídico, en palabras de la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 2000 -EDJ 2000/12144-, que no hace sino reiterar la doctrina contenida en otras muchas de 31-7-99, 28-7-96, etc...

El requisito formal que el artículo comentado exige es el otorgamiento de escritura pública, expresándose en ella individualmente los bienes donados y el valor de las cargas que deba satisfacer el donatario, así como la aceptación por parte de este en la propia escritura o en otra separada. Se exige por tanto no un documento público cualquiera de los contemplados en el art 317 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463- o 1216 del Código Civil -EDL 1889/1-, sino específicamente la escritura pública, es decir uno de los instrumentos públicos que el Notario autoriza con arreglo a derecho y en el ejercicio de la función escrituraria conforme a lo dispuesto en los arts 143 y ss del Reglamento Notarial -EDL 1944/33-. En principio por tanto la donación de inmuebles contenida en un convenio regulador suscrito Inter partes exclusivamente carecería de toda validez jurídica como venimos sosteniendo ya que como tal no tiene efecto alguno si se reduce a un convenio regulador que tiene por objeto exclusivo consecuencias referidas a las de la separación o divorcio en cuanto al uso, pero si en este se atribuyen bienes comunes a los hijos se está excediendo el objetivo del convenio convirtiéndolo en un acto de donación y al ser así debe sujetarse al procedimiento antes expuesto para la efectividad jurídica del acto de donación en sí para que tenga efectos frente a terceros.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

feedburner

Suscríbase a nuestros contenidos

Contenidos relacionados

Atención al cliente: De lunes a viernes de 8:30 a 20:00 horas ininterrumpidamente. Tel 91 210 80 00 - 902 44 33 55 Fax. 915 78 16 17