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Competencia funcional para conocer de la demanda ejecutiva de medidas definitivas parcialmente modificadas en posterior proceso de modificación, cuando el juzgado que dictó la sentencia modificada y el que dictó la de modificación son distintos

Coordinador: José María Prieto Fernández-Layos

Magistrado del Juzgado de Primera Instancia, núm. 22, de Familia, de Madrid.

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Nuestro compañero y colaborador de Foro Abierto, D. Juan Pablo González del Pozo, me propone una interesante pregunta para debatir en esta sección, que paso a trasladar literalmente a nuestro Consejo de Redacción para su contestación, y que dice así:

Hasta fechas no lejanas, la competencia territorial para conocer de los procesos de modificación de medidas correspondía al juzgado que había dictado la sentencia cuyas medidas pretendían modificarse, y, en consecuencia, quedaba excluida la hipótesis de que un juzgado dictase una sentencia en un proceso de familia y otro, distinto del primero (o posterior), dictase otra sentencia ulterior de modificación. Sin embargo, a partir de 2002, el TS (Autos de 24 de octubre de 2002, rec. 19/2002, pon. Sr. Marín Castán, EDJ 2002/91810; de 11 de febrero de 2003, cuestión de competencia nº 27/2002, pon. Sr. De Asís Garrote; de 22 de octubre de 2004, cuestión de competencia nº 60/2004, pon. Sr. Auger Liñán, EDJ 2004/227266; y otros posteriores) estableció como criterio jurisprudencial que la competencia territorial para conocer del proceso de modificación de medidas definitivas no corresponde, ex art. 61 LEC, al juzgado que dictó la medidas que se pretenden modificar, sino al que determinen los fueros establecidos en los aptdos. 1 ó 3 del art. 769 LEC, ya sea competente el mismo juzgado que dictó las medidas a modificar u otro distinto, y ello porque el procedimiento de modificación no se configura como un incidente del juicio en que se dictaron las medidas cuya modificación se pretende, ni como ejecución de la sentencia que le pone fin, sino como un proceso autónomo e independiente.

Esta doctrina jurisprudencial ha hecho posible que el juzgado que dicta la sentencia de modificación de medidas pueda ser distinto del que dictó la sentencia cuyas medidas se modifican, de tal modo que, en estos casos, se hace preciso determinar si la competencia funcional para conocer de la ejecución de la sentencia que establece las medidas definitivas parcialmente modificadas por una sentencia ulterior corresponde al juzgado que dictó la sentencia modificada, al que dictó la sentencia modificatoria o a ambos, al primero la ejecución de las medidas definitivas no alteradas en el ulterior proceso de modificación y al segundo tan solo las medidas modificadas.

Hay quienes sostienen, con fundamento en el art. 545.1 LEC, que la competencia funcional para conocer de la ejecución corresponde en todo caso al que conoció del asunto en primera instancia y, por tanto, que corresponderá al juzgado que estableció las medidas definitivas no alteradas en el posterior proceso modificatorio la ejecución de las mismas, y al que dictó la sentencia de modificación la de las medidas modificadas.

Otros, en cambio, entienden que mantener la competencia funcional de ambos juzgados para el proceso de ejecución, cada uno respecto de unas medidas, puede producir graves disfunciones en las ejecuciones que pueden seguirse ante uno y otro juzgado, unas originadas por la indivisibilidad de algunos pronunciamientos de las sentencias, como las de carácter personal referidas a los hijos menores, y otras por la posibilidad de resoluciones contradictorias, al margen de que, en la práctica, supone para las partes el peregrinaje de uno a otro juzgado según las medidas cuya ejecución forzosa se inste, pese a referirse todas a los mismos litigantes y a la misma unidad familiar. Y, en consecuencia, sostienen, haciendo una interpretación del art. 545.1 LEC acorde a la jurisprudencia citada, que el competente para conocer de la ejecución de todas las medidas definitivas ha de ser el que dictó la última sentencia acordando la modificación parcial de la sentencia o sentencias anteriores.

Finalmente, otros consideran que la cuestión debe resolverse por la vía de la acumulación de ejecuciones prevista en el art. 555 LEC.

Para arrojar algo de luz sobre esta ardua cuestión, se plantea a los integrantes de nuestro Foro Abierto la siguiente cuestión:

La competencia funcional para conocer de la demanda ejecutiva de medidas definitivas parcialmente modificadas en un posterior proceso de modificación, cuando el juzgado que dictó la sentencia modificada y el que dictó la de modificación son distintos, ¿corresponde al juzgado que dictó la sentencia modificada, al que dictó la sentencia modificatoria o a ambos (al primero la de las medidas no alteradas en el proceso ulterior y al segundo el de las medidas modificadas)?


Este foro ha sido publicado en la "Revista Derecho de Familia", el 1 de marzo de 2015.

La formulación de la pregunta queda redactada con meridiana claridad acerca de lo acontecido desde del orden normativo y jurisprudencial, por cuanto que al tratar de la competencia territorial para conocer de una demanda de modificación de medidas definitivas, cuando se lleve a cabo el cambio de domicilio de los cónyuges, si debe conocer el Juzgado de Familia -o de Primera Instancia- que conoció de las actuaciones anteriores del procedimiento de separación o divorcio o si, por el contrario, es el que corresponda en aplicación de las reglas de competencia territorial contenidas en el art. 769.1 LEC (EDL 2000/77463), se vinieron ofreciendo dos soluciones diametralmente opuestas:

(i) la que quienes consideraron que el procedimiento de modificación de medidas es de carácter “autonómico” y que, por tanto, ninguna relación guarda con proceso judicial anterior, haciendo así entrar en juego las reglas de competencia marcadas por el artículo mencionado (art. 769.1); y

(ii) la de aquellos otros que califican el procedimiento de mero “incidente” del proceso anterior, por lo que, aun cuando los cónyuges cambien de domicilio, la competencia para conocer del asunto queda en todo momento atribuida en favor del juzgado que conoció del mismo con anterioridad, consiguiendo con ello preservar mejor el principio de seguridad jurídica, quedando así centralizadas y unificadas en un solo juzgado todas las actuaciones (proceso principal, incidentales, y ejecuciones), encontrando apoyo legal en el art. 61 LEC y jurisprudencial en la Sentencia del TC 61/2000, de 13 de marzo (EDJ 2000/3173), en la que se resolvía cuestión de jurisdicción en su fundamentación en referencia al art. 55 LEC 1881 (actual art. 61 LEC 2000) señalando que “es indudable que el artículo 55 LEC permite declarar, como hicieron las resoluciones impugnadas, que la modificación de las medidas derivadas de separación o divorcio corresponde al Juez que las dictó”.

Esta segunda tesis fue seguida inicialmente por el TS en Auto de 10 de octubre de 2001 (EDJ 2001/98905) y otros, al considerar que el art. 775.1 LEC, cuando utiliza la expresión “podrán solicitar del tribunal”, la designación genérica de éste es equivalente a órgano jurisdiccional, entendiendo por tal el que dictó la resolución, el que acordara las medidas que son objeto de modificación, deduciendo ello de que el art. 775.2 al remitirse al art. 771 -en su redacción originaria-, lo hacía tan solo en cuanto al trámite, al iter procesal, pero no a la competencia -“estas medidas se tramitarán conforme a lo dispuesto en el art. 771...”-, quedando corroborado, se decía, por el hecho de que si lo pedían de común acuerdo o por un cónyuge con el consentimiento del otro, se seguía el procedimiento del art. 776, variando tan solo el trámite procesal, pero no la competencia. Se concluía que la solución que se ofrecía en una hermenéutica literal del texto legal encontraba además su apoyo en la praxis mayoritaria de los Juzgados que acordaban la remisión del procedimiento al Juzgado que dictó la resolución de separación y/o divorcio, y así parecía deducirse de la literalidad del citado art. 775 que la modificación de las medidas definitivas se solicita del propio tribunal que las dictó, variando, según los diversos supuestos de tal precepto, el régimen procedimental, pero sin afectar a la competencia.

Sin embargo, es posteriormente en resoluciones del TS, como los Autos de 22 de octubre de 2004 (EDJ 2004/227266), de 25 de enero de 2007 (EDJ 2007/5746), de 19 de diciembre de 2008 (EDJ 2008/306896), de 28 de abril de 2009 (EDJ 2009/115503) y de 8 de septiembre de 2009 (EDJ 2009/230558), cuando se procedió a modificar el anterior criterio entendiendo que una vez recaída sentencia firme, la modificación de medidas no se puede considerar como un incidente del juicio principal, ni como ejecución de sentencia, sino como un procedimiento “autónomo” (Auto de AP Madrid, Sec. 22ª, de 7 de febrero de 2006, EDJ 2006/31179), y así lo confirma el TS en Auto de 16 de octubre de 2008 (EDJ 2008/206460) en donde con cita de las anteriores resoluciones expresadas señala que:

“...la modificación de medidas definitivas una vez recaída sentencia firme no se puede considerar como un incidente del juicio principal, ni como una ejecución de sentencia, por lo que ha de regirse por lo dispuesto en el artículo 769 nº 3 que establece que en caso de residir los progenitores en distintos partidos judiciales, sería el tribunal competente, a elección del demandante, el domicilio del demandado o el de la residencia del menor. En consecuencia, con la atribución de la competencia del domicilio de la demandada y de los menores se cumple con el principio constitucional de la tutela judicial efectiva en cuanto evita desplazar a los menores a lugar distinto de donde viven”.

Planteada la cuestión en los términos expresados y que, lógicamente, repercute de forma directa sobre cuál debe ser el tribunal competente para conocer de las demandas de ejecución que se promuevan con posterioridad al dictado de sentencia/s de modificación de medidas, qué duda cabe que la solución debe venir ofrecida, esencialmente, por vía legislativa, y así desde un primer momento en el trámite parlamentario de la LEC/2000, por el Grupo Socialista se presentó enmienda por la que se proponía que la competencia para conocer de las demandas de modificación de medidas la tuviese el Juzgado que dictó las medidas que se pretenden modificar, pero en el debate parlamentario no fue aprobada, con lo que, actualmente, la controversia debe quedar resuelta por los tribunales atendiendo a la doctrina jurisprudencial marcada por la Sala 1ª del TS que en las resoluciones anteriormente citadas, con la salvedad de la explicación de velar por el interés de los menores, se hace de difícil entendimiento el giro de ciento ochenta grados que practica, sobre todo, si pensamos en la repercusión que pueden tener diversas sentencias de modificación de medidas que, en determinados casos, nada infrecuente en la práctica, al ser dictadas por órganos judiciales diferentes, con efectos de sesgar distintas medidas definitivas con respuestas que, incluso, podrían llegar a ser contradictorias, lo que trasgrede abiertamente el principio tan esencial en nuestro ordenamiento como el de la seguridad jurídica.

En su consecuencia, a dicha disfunción Jueces y Tribunales deben dar una respuesta lo más coherente y ajustada a la realidad mediante una interpretación sistemática de la ley, ya que mantener que cada Juzgado ejecute sólo las medidas que ha acordado en sus respectivas sentencias ex art. 545 LEC puede provocar la paradoja de que, ante una crisis familiar, sean varios los Juzgados de diferentes localidades y/o Comunidades Autónomas, que estén conociendo de la ejecución, en función de las medidas solicitadas y acordadas, postura que se contradice con la línea legal marcada en favor de la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en donde se pretende que todo el “historial” (civil y penal) de un núcleo familiar quede en un determinado órgano, no en varios, como regla general.

Por tanto, al no ser posible llegar a considerar la modificación de medidas como un incidente del procedimiento principal, lo que sería de “lege ferenda”, a mi modo de ver, la solución más acertada que en una futura reforma legislativa se afrontara en evitación de los perjuicios que el sistema actual provoca a las partes contendientes, llegar a una interpretación, aunque forzada, pero respetuosa con las exigencias de los arts. 218 LEC y 118 y 120 CE, de entender que el Juzgado que resuelva sobre la modificación de las medidas concretas que se le pidan, no sólo lo hace de las peticionadas expresamente, sino que, además, con el dictado de su sentencia, lo que hace es ratificar las restantes medidas no controvertidas, de forma y manera que ante una posible y ulterior demanda de ejecución pase a tener competencia sobre todas ellas, tanto de la expresamente resuelta por sentencia como de todas aquellas otras que implícitamente, mantuvo.

Se nos plantea la cuestión de qué Juzgado tiene competencia funcional para conocer la demanda de ejecución de las medidas contenidas en una sentencia dictada en un procedimiento de modificación de medidas cuando el Juzgado que dicte esta sentencia sea distinto al que dictó la sentencia original posteriormente modificada.

En la práctica, puede ocurrir que un Juzgado dicte una sentencia de separación o divorcio y sea otro distinto el que tenga competencia para conocer, y conozca, por aplicación del art. 769 LEC (EDL 2000/77463), el posterior procedimiento de modificación de medidas.

A mi entender, la solución es clara si nos ceñimos a lo que disponen los arts. 61 y 545 LEC.

El primer precepto dispone que "salvo disposición legal en otro sentido, el tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito, la tendrá también para resolver sobre sus incidencias, para llevar a efecto las providencias y autos que dictare, y para la ejecución de la sentencia o convenios y transacciones que aprobare". Por su parte, el art. 545 LEC establece en su número primero que "si el título ejecutivo consistiera en resoluciones judiciales, resoluciones dictadas por Secretarios Judiciales a las que esta ley reconozca carácter de título ejecutivo o transacciones y acuerdos judicialmente homologados o aprobados, será competente para dictar el auto que contenga la orden general de ejecución y despacho de la misma el Tribunal que conoció del asunto en primera instancia o en el que se homologó o aprobó la transacción o acuerdo".

Corresponde por tanto ejecutar los pronunciamientos de la sentencia dictada en el procedimiento de modificación de medidas al Juez que la dicte y ello aunque otro Juzgado esté conociendo de la ejecución de las medidas dictadas en la sentencia inicial de separación y divorcio posteriormente modificada. Podría ocurrir así que un Juzgado esté ejecutando, por ejemplo, las medidas de carácter económico y otro distinto las medidas de carácter personal, o incluso que medias de tipo económico se estén ejecutando por distintos Juzgados (un juzgado podría estar ejecutando las pensiones alimenticias de los hijos y otro distinto la prestación compensatoria si esta fue modificada posteriormente).

La confusión nace de la regulación que se hace del procedimiento de modificación de medidas en el art. 775 LEC. Este precepto dispone en su número primero que "El Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o incapacitados y, en todo caso, los cónyuges podrán solicitar del tribunal la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas". De esta redacción no resulta claro si el procedimiento de modificación de medidas es un procedimiento autónomo e independiente del de separación o divorcio del que trae causa o si puede ser considerado un mero incidente de éste.

Al utilizar el término "del tribunal" se entendió en un principio que el procedimiento de modificación de medidas era un incidente del procedimiento principal de separación o divorcio, o incluso que se estaba ante la ejecución de la sentencia original, y que debía ser conocido por el mismo Juzgado que dictó la sentencia que se pretendía modificar, y no que fuera un procedimiento autónomo e independiente para cuya tramitación podía ser competente un Juzgado distinto al que conoció el procedimiento original por aplicación de las reglas de competencia establecidas en el art. 769 LEC.

Así lo entendió en un principio incluso el TS el cual dispuso en un Auto de fecha 10 de octubre de 2001 (EDJ 2001/98905) que la remisión que el art. 775 hacia entonces al art. 771 lo era solo al iter procesal y no a la competencia, y que el término "tribunal" utilizado por el art. 775 de la ley procesal lo era para referirse "al que las dictó, al que acordó tales medidas definitivas". Entendía que el mismo Tribunal que dictaba la sentencia de separación o divorcio era el competente para conocer de las posteriores modificaciones de medidas, que esta modificación era una simple incidencia del procedimiento original. En tal caso este mismo tribunal debía conocer del procedimiento de modificación y ejecutar las medidas acordadas en el mismo. Esta interpretación podía generar graves inconvenientes a las partes pues al no aplicarse al procedimiento de modificación de medidas las normas de competencia establecidas en el art. 769 LEC podía llegar a conocer la modificación de medidas un Tribunal con el que las partes ya no tenían ninguna vinculación por haber cambiado su domicilio.

Este criterio cambió al poco tiempo y es el que ha sido mantenido. Así, el Auto del TS de 22 de octubre de 2004 (EDJ 2004/227266) dispone que "una vez recaída sentencia firme de divorcio la modificación de medidas definitivas no se configura en el Capítulo IV del Título I del Libro Cuarto de la LEC como un incidente del juicio de divorcio ni como ejecución de la sentencia que le ponga fin".

En este mismo sentido, el Auto del TS de fecha 28 de mayo de 2013 (EDJ 2013/78255) disponía que “el Auto de fecha 8 de febrero de 2007 señala que «ha de tenerse en cuenta que los juicios sobre modificación de medidas definitivas, una vez recaída sentencia firme de divorcio, no se configuran como un incidente del juicio de divorcio ni como ejecución de la sentencia que le ponga fin, conforme ha declarado esta Sala en Auto de 24 de octubre de 2002, apartándose así del artículo 55 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y a su vez no resulta terminante y decisiva la aplicación normativa que se contiene en el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues el precepto se refiere al Tribunal, sin concretar cual, con lo que no resuelve satisfactoriamente la cuestión, y por ello ha de accederse a las normas competenciales establecidas en el artículo 769»; razonamiento que igualmente se contiene en los Autos de 28 de febrero de 2005, de 25 de enero de 2007 y de 15 de noviembre de 2011, entre otros, que resulta de aplicación al supuesto ahora contemplado, lo que determina la fijación de la competencia territorial del Juzgado de residencia de la madre por aplicación de lo dispuesto en el art. 769.3 LEC".

Considerado, por tanto, el procedimiento de modificación de medidas un procedimiento autónomo e independiente del original procedimiento de separación o divorcio en el que se acordaron las medidas que posteriormente se modifican ninguna justificación existe para no dar cumplimiento a los anteriormente citados arts. 61 y 545 LEC que regulan qué Juzgado es el competente para la ejecución de las sentencias. En el caso que nos ocupa el mismo Juzgado que dicta la sentencia en el procedimiento de modificación de medidas es quien debe ejecutarlo.

Sí que es cierto que mantener la ejecución de diferentes medidas ante distintos Juzgados puede crear disfunciones en las ejecuciones, pudiendo llegar a dictarse resoluciones contradictorias y verse abocadas las partes a tener abiertos distintos procesos de ejecución ante distintos Juzgados con la dispersión de escritos y resoluciones que ello puede suponer. Ello, sin embargo, podría solucionarse por la vía de acumulación de ejecuciones prevista en el art. 555 LEC. Así dispone este precepto en su número primero que "a instancia de cualquiera de las partes, o de oficio, se acordará por el Secretario judicial la acumulación de los procesos de ejecución pendientes entre el mismo acreedor ejecutante y el mismo deudor ejecutado".

De antemano, y en orden a establecer la regla general sobre ejecución de la sentencia, y en observancia de lo dispuesto en el art. 18 LOPJ y el art. 117 CE (EDL 1978/3879), y recordando la doctrina del TS (entre otros, Autos de 11 de febrero del 2003, EDJ 2003/52128; y de 22 de octubre del 2004, EDJ 2004/227266), el proceso de modificación de medidas definitivas, una vez recaiga sentencia firme, no se puede considerar como un incidente de un anterior proceso, ni como ejecución de sentencia, lo que ciertamente ha tenido su consecuencia evidente en las cuestiones relativas a la competencia, de modo que es posible que un juzgado conozca de un procedimiento, de separación, nulidad, divorcio, o de modificación de medidas, y otro juzgado distinto pueda conocer de ulterior proceso de modificación de efectos respecto de lo acordado en la última sentencia recaída en aquellos procesos anteriores antes indicados.

En este sentido, y aunque la pregunta se constriñe a la competencia para conocer de la demanda ejecutiva de medidas definitivas parcialmente modificadas en posterior proceso de modificación, entiendo lo siguiente:

Respecto de las medidas que no hayan sido objeto de demanda en un ulterior proceso de modificación debe conocer el juzgado que dictó la sentencia que acordó las medidas que no han sido objeto de debate ni de discusión en el ulterior proceso de modificación.

Respecto de las medidas que hayan sido objeto de debate en un ulterior proceso de modificación de una anterior sentencia, si la demanda es desestimada, total o parcialmente, conocerá, y seguirá siendo competente para la demanda de ejecución, el juzgado que acordó las medidas cuya modificación ha sido desestimada.

Respecto de las medidas que hayan sido objeto de debate en un ulterior proceso de modificación de medidas, y haya recaído sentencia, en este último proceso, accediendo a la modificación de las medidas, el juzgado que haya conocido de este último proceso será competente para conocer de la ejecución de las medidas concretas y específicas que hayan sido modificadas.

Por lo tanto, la competencia para conocer de la ejecución de medidas definitivas no alteradas en un ulterior proceso corresponde al juzgado que en su momento dictó la sentencia en la que se acordó dichas medidas que no han sido revisadas ni alteradas.

Dichos argumentos se sostienen en base al criterio procesal de considerar que cada proceso de modificación de medidas es autónomo, independiente del anterior, excluido el carácter incidental de dicho procedimiento, de modo que si se reconoce la competencia funcional o territorial en favor del juzgado que corresponda, con independencia de la competencia que asumió su momento el juzgado que dictó la primera sentencia, o ulteriores sentencias, es ineludible la aplicación de lo dispuesto en los arts. 18 LOPJ y 117 CE.

Se acepta la idea de que los argumentos que mantengo al respecto de la cuestión planteada comporta, sólo en algunas ocasiones, alguna disfunción en las ejecuciones que pudieran seguirse en uno u otro, u otros juzgados.

Ello se resuelve si la sentencia que pone fin al proceso de modificación de medidas dictamina de modo claro y nítido el momento en el que deben comenzar a regir las medidas que se adopten en el último proceso, modificando las anteriores, e incluso aclarando que en ocasiones pudieran tener dichas medidas, sobre todo aquellas de carácter económico o material, carácter retroactivo, indicando en su caso la fecha de retroactividad para la efectividad de dichas medidas.

En el ámbito económico, si se tiene en consideración la Sentencia del TS de 26 de marzo del 2014 (EDJ 2014/42773), no debe plantear dificultades algunas la ejecución de las medidas modificadas, por cuanto que las medidas relativas a la pensión de alimentos, por ejemplo, surten sus efectos a partir de la sentencia, de instancia, si no se modifica la cuantía respecto de la fijada en dicha sentencia, o a partir, en el supuesto de que se pudiera plantear recurso de apelación, de la sentencia dictada por la Sala, en aquellos supuestos en los que en la alzada se modifica la cuantía de la pensión de alimentos.

No pensamos lo mismo respecto de la pensión compensatoria, pues los afectos lo son desde que se dicta la sentencia de instancia, en modificación de medidas, a salvo de pronunciamiento especial al respecto, de modo que si se modifica la materia relativa a la pensión compensatoria en la alzada, por vía de interposición del recurso de apelación, tal medida tendría su vigencia con efectos desde la sentencia de instancia, y ello por regla general.

En materia de guarda y custodia y el régimen de visitas de menores, cierto es que se exige en algunos casos una actuación procesal sincronizada, entre los distintos juzgados, en orden a evitar pronunciamientos contradictorios que pudieran afectar negativamente a los hijos menores.

Por tanto, descarto la acumulación de acciones prevista en el art. 555 LEC y entiendo de aplicación el art. 545.1 de dicho texto procesal, en apoyo del argumento y afirmación sobre la competencia para conocer de la ejecución en favor del juzgado que estableció las medidas no alteradas en el posterior proceso, y la competencia para conocer de la ejecución de las medidas modificadas en favor del juzgado que ha dictado la sentencia que ha dado lugar a tal alteración de las mismas.

Como sabemos, el art. 545.1 LEC (EDL 2000/77463), sistemáticamente ubicado dentro del capítulo II (“Del tribunal competente”) del Título III (“De la ejecución: disposiciones generales”) del Libro III de la LEC (“De la ejecución forzosa y de las medidas cautelares”), establece que si el título ejecutivo consistiera en resoluciones judiciales, será competente para dictar el auto que contenga la orden general de ejecución y despacho de la misma el Tribunal que conoció del asunto en primera instancia. El precepto viene a establecer que la competencia funcional para conocer del proceso de ejecución corresponde en todo caso al juzgado que conoció del asunto en primera instancia.

El precepto, sin embargo, no resuelve la cuestión planteada porque, lejos de contener fueros de competencia territorial para conocer del proceso de ejecución forzosa, se limita a establecer como principio general la atribución de competencia para conocer del proceso de ejecución forzosa al juzgado o tribunal que haya conocido del asunto en primera instancia, resolviendo así el problema de determinación de la competencia objetiva y funcional para conocer del proceso de ejecución forzosa en los supuestos en que una resolución dictada en primera instancia hubiere sido total o parcialmente revocada por un tribunal superior en virtud del régimen de recursos establecido.

Es cierto que el art. 547 LEC contempla la posibilidad de plantear cuestión de competencia por declinatoria en el proceso de ejecución forzosa y que remite, para la sustanciación de la misma, a lo previsto en los arts. 65 y ss LEC, en los que, a su vez, se contempla la posibilidad de promover declinatoria para denunciar la falta de jurisdicción o la falta de competencia de todo tipo, incluida la falta de competencia territorial. Y es también cierto que las reglas que determinan la competencia objetiva, territorial y funcional (arts. 44 a 62) están incluidas en el Libro I de la LEC, referido a “Las disposiciones generales relativas a los juicios civiles”, por lo que, en principio, las mismas son aplicables tanto en los procesos declarativos del Libro II de la LEC como en el proceso “De la ejecución forzosa” del Libro III de la misma. Sin embargo, la simple lectura de las normas que establecen las reglas de competencia objetiva, territorial y funcional en la LEC nos permite concluir fácilmente que las normas de competencia territorial están pensadas y dirigidas a resolver los posibles conflictos de competencia que pueden darse entre dos juzgados que, por razón de los diversos fueros existentes, pueden conocer y sustanciar el proceso declarativo, sin que se contemple la posibilidad de que se planteen cuestiones de competencia territorial en el proceso de ejecución, ya que, en relación a éste, la competencia territorial para conocer, sustanciar y resolver un asunto ya quedó definitivamente establecida antes de la apertura del proceso de ejecución y en este solo cabe dilucidar la competencia objetiva y funcional.

¿Cómo resolver entonces la cuestión que se nos plantea?

En mi opinión, la cuestión presenta distintos contornos y matices según que la medida cuya ejecución se pretende en la demanda ejecutiva se refiera a las medidas de carácter económico-patrimonial, como el cumplimiento de las obligaciones de pago de pensiones alimenticia, compensatoria, hipoteca u otras, o, por el contrario, afecte a medidas de carácter personal referidas a los hijos menores, como patria potestad, guarda y custodia y régimen de relaciones, comunicaciones y estancias.

En el primer caso, si, por ejemplo, la sentencia de divorcio estableció una pensión compensatoria a favor de la esposa de 800 euros mensuales y la posterior sentencia de modificación de medidas, dictada por un juzgado distinto, redujo su cuantía a 500 euros mensuales ¿a cuál de los dos juzgados corresponderá la ejecución forzosa para hacer efectiva la pensión compensatoria que se devengue desde el dictado de la sentencia de modificación de medidas? Podremos decir que no existe conflicto alguno en tal caso porque al juzgado que dictó la sentencia de modificación de medidas corresponderá la ejecución forzosa de la medida por él adoptada, esto es, las mensualidades de pensión compensatoria reducida devengadas y no abonadas desde la fecha en que, según la sentencia de modificación, deba surtir efectos económicos la reducción, mientras que al juzgado que dictó la sentencia de divorcio corresponderá conocer de las demandas ejecutivas en que se inste la ejecución forzosa de las medidas no alteradas por la sentencia de modificación y la ejecución forzosa referida a la pensión compensatoria devengada antes de ser ejecutiva la sentencia de modificación. Y, si se reclamasen pensiones compensatorias devengadas antes de dictarse la sentencia de modificación y otras devengadas con posterioridad, nada obstará para que, iniciada la ejecución en ambos juzgados, pueda posteriormente acordarse la acumulación de ejecuciones al amparo de lo dispuesto en el art. 555 LEC en que expresamente se prevé que puede acordarse la acumulación de dos o más procesos de ejecución que se sigan contra el mismo deudor. En estos supuestos de ejecución dineraria forzosa la propia ley prevé el mecanismo de la acumulación para que no sea necesario seguir dos ejecuciones contra un mismo deudor en dos juzgados diferentes, si bien es verdad que, con merma del principio de economía procesal, la interpretación literal del art. 545.1 LEC obligaría a presentar dos demandas ejecutivas, por el mismo acreedor, frente al mismo deudor, ante dos juzgados diferentes.

Pero, cuando la modificación de medidas acordada por un juzgado distinto al que dictó la sentencia modificada afecta a medidas relativas a los hijos menores, como patria potestad, guarda y custodia o régimen de visitas, comunicaciones y estancias con el progenitor no custodio, mantener que ambos juzgados son competentes para el proceso de ejecución, cada uno respecto de unas medidas, puede producir graves disfunciones en las ejecuciones que pueden seguirse ante uno y otro juzgado; tales disfunciones pueden traer causa, en primer lugar, de la indivisibilidad de algunos pronunciamientos de las sentencias, ya que pueden existir pronunciamientos de la sentencia de modificación de medidas que, por sí mismos, sea imposible ejecutar separadamente de la medida no modificada.

Así, por ejemplo, la sentencia de modificación cambia tan solo la hora de recogida de los menores por el progenitor no custodio pero no la de entrega y se pide ejecución por incumplimientos referidos tanto a la hora de recogida como a la de entrega; otras veces, la disfunción puede originarse por la posibilidad de resoluciones contradictorias en caso de ejecución de pronunciamientos interdependientes de la sentencia modificada y de la modificatoria (por ejemplo, la sentencia modificada establece un régimen de estancias con pernocta y la sentencia modificatoria condiciona el mantenimiento de la pernocta a que el progenitor no custodio acredite haber seguido y superado un programa de deshabituación de su drogodependencia: podrían existir resoluciones contradictorias si en un juzgado se instase por el padre la ejecución de la sentencia en cuanto a las estancias de fin de semana con pernocta, impedidas por la madre, y en el otro se instase por esta la supresión de la pernocta por no haber seguido el padre el programa de deshabituación); pero, con todo, el más grave inconveniente derivado de la admisión de la competencia funcional de ambos juzgados para la ejecución, sería el de someter a las partes a un auténtico peregrinaje de uno a otro juzgado según las medidas cuya ejecución forzosa se solicite, pese a referirse todas a los mismos litigantes y a la misma unidad familiar, por no decir que pueden producirse situaciones un tanto pintorescas, casi surrealistas, como ocurriría si, por ejemplo, la sentencia dictada en el proceso de modificación de medidas afectara tan solo a un hijo y no a los demás, lo que obligaría a acudir a un juzgado para solicitar la ejecución de la medida relativa a ese hijo y a un segundo juzgado para solicitar la referida al otro u otros. Y, sobre todo, que obligar a las partes a acudir a dos (o más) juzgados diferentes para solicitar parcialmente en cada uno la ejecución de las medidas derivadas de la situación de ruptura familiar, constituye un atentado al principio de economía procesal al suponer una duplicación de esfuerzos y de gastos y un grave dispendio que no se debe permitir.

Así pues, cuando se trata de ejecución de medidas de carácter personal afectantes a hijos menores de edad, parcialmente modificadas por un juzgado distinto del que dictó las medidas objeto de modificación, la competencia funcional debe corresponder al juzgado que dictó la última sentencia modificatoria, tanto para la ejecución de las medidas modificadas como de las que no hubieren sido alteradas. Y ello por las razones siguientes:

En primer lugar, para evitar las disfunciones e inconvenientes de todo orden, expuestos anteriormente, que pueden derivarse del hecho de mantener la competencia funcional para la ejecución en dos juzgados diferentes.

En segundo lugar, porque en todo proceso de modificación de medidas finalizado con sentencia parcialmente estimatoria, el juzgado que conoce del proceso de modificación, si bien solo se pronuncia sobre las peticiones que formulan las partes (y el Ministerio Fiscal, en su caso), aunque de modo no expreso, viene a mantener tácitamente la vigencia de todas las medidas previamente establecidas en la sentencia modificada, en la parte en que no son objeto de modificación, de modo que viene a conocer de todas las medidas contenidas en la sentencia modificada y, de algún modo, las hace propias y las integra en la sentencia de modificación. En este sentido, las medidas definitivas vigentes son las que resultan de la última sentencia de modificación y, sobre esa premisa, puede sostenerse que la competencia para conocer de la ejecución forzosa de las medidas corresponde, en base al art. 545.1 LEC, al juzgado que dictó la última sentencia de modificación de medidas, por ser el que ha conocido en primera instancia de la sentencia en vigor cuya ejecución se pretende.

En tercer lugar, porque aunque la LEC no regule de modo expreso la competencia territorial para la ejecución forzosa, ha de hacerse aplicación analógica al supuesto de ejecución que nos ocupa, de los principios que inspiran la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre competencia territorial para conocer del proceso de modificación de medidas, que el Auto del TS de 24 de octubre de 2002 (EDJ 2002/91810) sintetiza así:

"Es más, una interpretación de las normas sobre competencia ajustada al principio constitucional de tutela judicial efectiva permite descartar inmediatamente en este caso el fuero de Logroño, pues aunque un Juzgado de dicha ciudad dictara hace ya más de trece años las sentencias de separación y divorcio, resulta que los litigantes contrajeron matrimonio en Sevilla, en esta misma ciudad vivieron hasta su traslado a Logroño y a la misma volvieron luego, hasta el punto de haberse tramitado ya en Sevilla un anterior procedimiento de modificación de medidas en el año 1985, de suerte que obligar ahora a los litigantes a pleitear en Logroño carecería por completo de justificación legal y razonable alguna".

Pues bien, aunque el TS no se pronunciara sobre un supuesto concreto de ejecución, debe realizarse una interpretación analógica de dicha doctrina jurisprudencial en el sentido de no puede obligarse a los litigantes a pleitear, en este caso a seguir el proceso de ejecución, ante un Juzgado de una sede con la que ya no tienen vinculación alguna (el juzgado que dictó la sentencia modificada), siendo obligado concluir que la competencia para la ejecución ha de corresponder al juzgado que conoció del proceso de modificación de medidas por ser el competente territorialmente para conocer del proceso entre los litigantes, careciendo de sentido establecer que, por razón de los fueros territoriales, es competente para conocer del proceso modificatorio el juzgado que tiene conexión con los litigantes por razón de los fueros legalmente establecidos y después obligar a las partes a acudir ante dicho juzgado y ante otro, que ya carece de competencia territorial para conocer de la demanda ejecutiva presentada, dependiendo del tipo de ejecución solicitada y de la interpretación que sobre la misma se realice.

Y en cuarto y último lugar, de estimarse que el juzgado que conoció del proceso de modificación de medidas es el competente para conocer de la ejecución tanto de las medidas modificadas como de las no alteradas por la sentencia modificatoria, se cumplen más satisfactoriamente las exigencias de protección de los intereses del menor, a los fines de cumplir las necesidades de eficacia e inmediatez que, como integrantes del principio constitucional de la tutela judicial efectiva, abarcan la eventualidad de la audiencia del menor, sin duda a practicar en el Juzgado de su domicilio, con el objeto de distorsionar lo menos posible su actividad cotidiana.

Así pues, resumo mi posición sobre la cuestión formulada en este foro abierto, con las dos proposiciones siguientes:

1ª. La competencia funcional para conocer de la demanda ejecutiva de medidas definitivas parcialmente modificadas en un posterior proceso de modificación, cuando el juzgado que dictó la sentencia modificada y la de modificación son distintos, corresponde al juzgado que dictó la sentencia modificatoria cuando la ejecución afecta a medidas de naturaleza personal referidas a los hijos menores.

2ª. Cuando la ejecución afecta a medidas de contenido económico- patrimonial, fundamentalmente, ejecuciones dinerarias, si bien debiera aplicarse por todas las razones apuntadas el mismo criterio que el seguido para el supuesto anterior, el art. 555 LEC permite, a través de la acumulación, unificar en un solo juzgado el proceso de ejecución, evitando de este modo gran parte de los inconvenientes expresados.

Las medidas definitivas adoptadas en los procesos matrimoniales de nulidad, separación o divorcio, y las emanadas de resoluciones dictadas en los procesos de guarda y custodia y demás del art. 770 6ª LEC (EDL 2000/77463), son susceptibles de ser alteradas a instancia de parte, a tenor de lo dispuesto en el art. 775 de la misma.

Dado que, en base a la doctrina jurisprudencial emanada de los Autos del TS de 24 de octubre de 2002 (EDJ 2002/91810), de 11 de febrero de 2003 (EDJ 2003/52128) y de 22 de octubre de 2004 (EDJ 2004/227266), el proceso de modificación de medidas no constituye un incidente del proceso en el que se dictaron las medidas definitivas, cuya modificación se pretende, sino un proceso de carácter autónomo, es factible que el órgano judicial que dicte la sentencia del proceso de modificación sea distinto del que dictó la sentencia que se pretende modificar.

En tales casos la competencia territorial no deviene del art. 61 LEC, sino de la que determinen los fueros establecidos en los aptdos. 1 a 3 del art. 769 LEC.

La ejecución de las medidas adoptadas en el primer proceso, en el posterior modificativo de las mismas o en otro que suceda también a la modificación de medidas, ha de corresponder al órgano judicial que dictó las sentencias en cada uno de tales procedimientos en base a lo dispuesto en el art. 545.1 LEC.

Evidentemente, cada una de las sentencias ha de ser ejecutada, a instancia de parte, en relación a las medidas acordadas y no alteradas en posteriores procedimientos de modificación de medidas.

El primer órgano judicial que adoptó las medidas definitivas tendrá la competencia funcional para conocer de la ejecución de las no alteradas en posterior proceso de modificación de medidas, y el órgano judicial que modificó en parte las primitivas medidas definitivas, tendrá la competencia funcional para conocer de la vía ejecutiva de las medidas modificadas en el proceso posterior.

Las disfunciones que pueden producirse en las ejecuciones diferenciadas, originadas por la indivisibilidad de algunos de los pronunciamientos de las sentencias, como los de carácter personal referidos a hijos menores de edad, o por resoluciones contradictorias, pueden ser salvadas por la posibilidad de la acumulación de las ejecuciones, en base al art. 555 LEC.

Conforme al criterio de la uniformidad de la respuesta judicial entendemos que el competente es en una interpretación teleológica del art. 545.1 LEC (EDL 2000/77463) el que dictó la última sentencia acordando la modificación parcial de la sentencia o sentencias anteriores, por cuanto no puede dividirse la competencia de para conocer de las medidas definitivas parcialmente modificadas por una sentencia ulterior en el sentido de que corresponda al juzgado que dictó la sentencia modificada la ejecución de las medidas definitivas no alteradas en el ulterior proceso de modificación y al segundo tan solo las medidas modificadas, porque existirían, a buen seguro, decisiones contradictorias en el proceso de ejecución.

Lo correcto es que en una interpretación finalista del art. 545.1 LEC es atribuirlo al que dictó la última resolución judicial poniendo fin a la decisión sobre el resultado que se ofrece a la modificación de las medidas, ya que si el criterio del Tribunal Supremo de que la competencia territorial para conocer del proceso de modificación de medidas definitivas no corresponde, ex art. 61 LEC, al juzgado que dictó la medidas que se pretenden modificar, sino al que determinen los fueros establecidos en los aptdos. 1 ó 3 del art. 769 LEC, resultará que al tener que ejecutarse las que se han dictado finalmente no lo podrían ser por aquel al que le han cambiado las medidas porque estaríamos atribuyendo la competencia de la ejecución a quien no dictó la resolución que se pretende ejecutar. Recordemos que, como señala la jurisprudencia (entre otras, Auto de AP Madrid de 28 de septiembre de 2006, EDJ 2006/303723) el documento al que la LEC llama título ejecutivo, «lleva incorporado» tanto el derecho del acreedor al despacho de la ejecución como la obligación del Juez de despacharla, y el juez que acuerda la modificación de medidas debe ejecutarlas en la forma y modo acordado acomodando el resultado final al que se reclamaba por las partes y según lo acordado.

No sería factible admitir que, en caso de resolución de modificación de medidas, al primer juzgado que dictó la sentencia correspondieran la de las medidas no alteradas en el proceso ulterior y al segundo el de las medidas modificadas, ya que en estos casos siempre existen situaciones en las que se entremezclan las medidas y la necesidad de adoptar, obviamente una decisión que afecta a unas y otras, por lo que no puede existir una “duplicidad” de despachos de ejecución de medidas con respecto a la misma pareja por dos juzgados distintos, sino que debe ser el último competente por virtud de la atribución competencia ex art. 769.1 y 3 LEC el que deba asumir la competencia para la ejecución.

Si el TS ha resuelto que el que dictó la sentencia de primera instancia fijando las medidas no tenga que ser obligatoriamente el que deba resolver las medidas a modificar, lo será el que finalmente las ha resuelto si así fue determinada su competencia por la vía del art. 769.1 y 3 LEC para evitar decisiones contradictorias entre dos juzgados que están resolviendo sobre la ejecución de medidas sobre las mismas partes y ser el último competente el que deba asumir la acumulación competencial.

Estamos una vez más ante uno de los dislates procesales que se presentan en los juzgados de familia motivados por una insuficiente regulación jurídica, en este caso, de los procesos de ejecución.

El sentido común nos inclina a optar por la tesis de que sea un solo juzgado el que conozca de las demandas de ejecución que se planteen después del procedimiento de modificación de medidas, aunque en éste último, solo se hayan modificado alguna de las medidas.

Sin embargo, no podemos obviar la imperatividad de lo establecido en el art. 61 LEC (EDL 2000/77463) que atribuye con exclusividad la competencia funcional al juzgado que dictó la resolución que se pretende ejecutar, por lo que cualquier criterio que se adopte en sentido contrario estaría incumpliendo el principio de legalidad al que están sometidos los juzgados y tribunales.

En consecuencia, si se incumplen tanto las medidas que se adoptaron en el primer procedimiento como aquellas otras que se modificaron ante otro juzgado distinto, no queda otra opción que presentar dos demandas de ejecución, que darán lugar a la apertura de sendos procesos de ejecución, debiendo admitirse posteriormente la posibilidad de acumular ambos procesos de ejecución tal y como autoriza el art. 555 LEC, si bien también hay que precisar que este precepto plantea numerosas controversias dado que no regula qué trámites hay que seguir para acumular las ejecuciones que se sigan entre las mismas partes pero ante juzgados distintos, pues si bien en el apartado primero del mencionado precepto se admite la posibilidad de esa acumulación, ya sea a instancia de cualquiera de las partes o incluso de oficio por el propio Secretario Judicial, nada se indica en relación a si la acumulación se hará al proceso de ejecución más antiguo -habrá que presumirlo en función del criterio general que adopta el legislador ante las acumulaciones-; si el Secretario Judicial que conoce del proceso de ejecución del procedimiento más antiguo está obligado imperativamente a aceptar la acumulación (en el aptdo. 2 del art. 555 LEC, para otro caso distinto en el que hay diversos ejecutantes y un solo ejecutado la acumulación es potestativa en función de lo que éste consideré más conveniente para la satisfacción de todos los acreedores ejecutantes); si cabe la acumulación de ejecuciones que deben sustanciarse por distintos trámites (ejecución dineraria y no dineraria), etc.

Como vemos, la LEC necesita una urgente modificación en materia de ejecución de resoluciones dictadas en procesos de familia, dado que la normativa general de la ejecución no se adapta a las especialidades de éste ámbito del derecho. El tema que se ha planteado en este foro es uno de ellos, pero podríamos continuar enumerando muchos casos en los que la modificación de circunstancias posterior al proceso de separación o divorcio crea situaciones absurdas como aquella que se produjo cuando tanto la madre y los hijos como el padre dejaron de residir en la ciudad donde lo hacían cuando se dictó el divorcio. El incumplimiento de cualquiera de las medidas o la simple discusión de si un gasto tiene o no la consideración de extraordinario les obligará a acudir a los juzgados de aquella ciudad, que puede estar lejana en la distancia. Si la medida que hay que ejecutar es de carácter personal -régimen de visitas- y se hace precisa la intervención del equipo técnico, ya pueden intuirse los problemas que se van a plantear. No estamos hablando de un caso de laboratorio sino de uno real del que conoció la AP Madrid, Sec. 22ª, en su Auto de 11 de mayo de 2012 (EDJ 2012/115680). El divorcio se dictó en el Juzgado de Roquetas de Mar (Almería) y en la actualidad la madre vivía en Madrid y el padre en Pozuelo de Alarcón. La madre interpuso la demanda de ejecución ante los juzgados de Madrid alegando lo establecido en el art. 769.3 LEC (domicilio del menor cuando los padres residen en distintos partidos judiciales), pero finalmente tanto el Juzgado de Familia de Madrid, con la Audiencia Provincial, se inclinaron por respetar la imperatividad del art. 61 LEC que otorga la competencia al Juez que dictó la sentencia que se trata de ejecutar, aunque es evidente que el sentido común indicaba otra cosa.

El art. 545 LEC (EDL 2000/77463) no resuelve la cuestión planteada, y ello porque al establecer que el tribunal competente para dictar el Auto que contenga la orden general de ejecución y despacho de la misma será el que conoció el asunto en primera instancia se estaría refiriendo, en supuestos de modificación de medidas, tanto al Juzgado que acordó las medidas iniciales como a quien acogió parcial o totalmente la demanda de modificación, puesto que ambos son órganos que han resuelto en primera instancia. Parece que lo que establece es que el órgano competente para la ejecución es el Juzgado que conoció en primera instancia de la cuestión y, puesto que el incidente de modificación no es en sentido estricto “un incidente del juicio principal” (palabras de los Autos del TS de 11 de febrero de 2003, EDJ 2003/52128; y de 28 de febrero de 2005, EDJ 2005/302521), podrían serlo tanto uno como otro.

La separación de ejecuciones en función de lo que haya resuelto cada uno de los órganos crea disfunciones, no tanto por posibles resoluciones contradictorias poco probables al separarse las materias de las que conocería uno y otro, sino por la indivisibilidad de determinados pronunciamientos y por obligar a las partes a multiplicarse entre dos órganos judiciales sin necesidad.

La solución, entiendo, podría ser: a) bien otorgar la competencia al último de los órganos intervinientes, es decir el que resolvió la modificación de las medidas; b) bien a través de la vía de la acumulación de ejecuciones de conformidad con el art. 555 LEC, sin que crea que debe seguirse uno de dichos caminos necesariamente y con exclusión del otro porque pienso que cualquiera de esas vías solucionaría los conflictos que pueden darse con la competencia de los dos órganos.

Ahora bien, puesto que el art. 555 permite la acumulación a instancia de cualquiera de las partes, o incluso de oficio, sería este un camino correcto ante la otra respuesta, la de dar competencia al segundo órgano en intervenir en el tiempo, que carece de una disposición de cobertura en la legislación procesal (al menos no he sido capaz de encontrarla).

Tenemos que partir una vez más del principio de que las leyes procesales no admiten analogía y, por lo tanto, aunque se piense en las excelencias de cualquier interpretación beneficiosa para la administración de Justicia o para el ciudadano, no puede aplicarse si el texto legal de aplicación propone otra cosa.

Respetando este principio y partiendo de la Jurisprudencia que se cita en la pregunta, que ha conferido entidad propia a los procesos de modificación de medidas definitivas, es indudable que a la ejecución de las resoluciones que se dicten en estos procesos les es de aplicación para determinar la competencia funcional sobre la misma, el art. 545.1 LEC (EDL 2000/77463). En su consecuencia, respecto de las resoluciones judiciales, que tenga carácter ejecutivo, así como las “transacciones y acuerdos judicialmente homologados o aprobados, será competente para dictar el auto que contenga la orden general de ejecución y despacho de la misma el Tribunal que conoció del asunto en primera instancia o en el que se homologó o aprobó la transacción o acuerdo”.

Es cierto que frente a las indiscutibles ventajas de que sea un único Juzgado el que conozca del proceso matrimonial -que pueden ser más de uno principal: separación, divorcio y nulidad- además de las cada vez más reiteradas modificaciones por cambio de circunstancias, con todo lo que el órgano judicial representa -quizá el mismo Fiscal e idéntico Equipo psicosocial-, también existen desventajas en esa permanencia. Así lo consideró el propio proponente de la pregunta que dio lugar a una tacha del Equipo de su Juzgado para dictaminar en una modificación, cuando lo había hecho en el pleito principal, con aplicación más que flexible de la normativa en la materia para los peritos designados en la forma establecida en la LEC.

Por eso me inclino por la posibilidad que establece el art. 555.1 LEC para “los procesos de ejecución pendientes entre el mismo acreedor ejecutante y el mismo deudor ejecutado”, que ordena la acumulación incluso de oficio, con excepción de los procesos en que “la ejecución se dirija exclusivamente sobre bienes especialmente hipotecados” (nº 4). Aunque el precepto utiliza el término con carácter imperativo -se acordará por el Secretario judicial la acumulación- nos resultaría más adecuada si la considerásemos una posibilidad, en función del criterio incluido en el número 2 de este mismo precepto.

Efectivamente, este núm. 2 del art. 555 LEC utiliza una terminología potestativa -podrán acumularse- concediendo al Secretario judicial del proceso más antiguo la potestad acordar dicha acumulación, condicionado a que “lo considera más conveniente para la satisfacción de todos los acreedores ejecutantes”. Aunque la redacción de este párrafo 2 no limita su contenido a que en los procesos de ejecución existan más de un ejecutante, la expresión de que la acumulación ha de tener lugar “a petición de cualquiera de los ejecutantes” parece dar por supuesto que es aplicable a los casos de más de un ejecutante y no del contemplado en el párrafo 1, que habla de UN mismo ejecutante y un mismo ejecutado: uno sólo en cada parte. Corroboraría esta interpretación, que la exigencia para la acumulación del juicio del Secretario debe producirse respecto de la conveniencia para la satisfacción de “todos los acreedores ejecutantes”, expresión incompatible con la unidad de ejecutantes.

En definitiva, deberían acumularse los procesos de ejecución de resoluciones dimanantes de Juzgados diferentes a instancia de un acreedor contra el mismo deudor, considerando que la acumulación procede en cualquiera de los procesos al no especificar lo contrario el art. 555.1 LEC, siguiéndose “en un solo procedimiento y serán terminados por una sola sentencia” (art. 74 LEC), siempre que concurra alguna de las circunstancias incluidas en los arts. 76 y 77 LEC y no lo haga alguna de las excluyentes del art. 78 de la misma Ley.

En consecuencia, siempre que “la sentencia que haya de recaer en uno de los procesos pueda producir efectos perjudiciales en el otro” (art. 76.1.1º LEC) o cuando “entre los objetos de los procesos de cuya acumulación se trate exista tal conexión que, de seguirse por separado, pudieren dictarse sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes”, habrán de acumularse los procesos de ejecución (art. 76.1.2º LEC). Naturalmente, es preciso para ello que no se encuentren en ninguno de los supuestos de improcedencia que incluye el art. 78.1 LEC, esto es, que no procederá la acumulación de procesos cuando el riesgo de sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes pueda evitarse mediante la excepción de litispendencia.

Ésta es la opinión del Letrado que suscribe, salvando su respeto por toda otra mejor fundada.

Aprobado por MAYORÍA DE 5 VOTOS

Pese a que la cuestión debatida se aprueba por una mayoría ajustada, debemos decir que la respuesta está más consensuada de lo que parece, pues dos de nuestros colaboradores, concretamente Don Guillermo Sacristán y Don Juan Pablo González del Pozo, mantienen una posición ecléctica que, por tanto, acepta, aunque no de forma excluyente, también la posición mayoritaria.

Dicho lo anterior, la mayoría de nuestros colaboradores consideran que el hecho de obviar la imperatividad de lo establecido en el art. 61 LEC (EDL 2000/77463) que atribuye con exclusividad la competencia funcional al juzgado que dictó la resolución que se pretende ejecutar, supondría un incumplimiento del principio de legalidad al que están sometidos los juzgados y tribunales.

En consecuencia, si se incumplen tanto las medidas que se adoptaron en un primer procedimiento como aquellas otras que se modificaron ante otro juzgado distinto, no queda otra opción que presentar dos demandas de ejecución, que darán lugar a la apertura de sendos procesos de ejecución, debiendo admitirse posteriormente la posibilidad de acumular ambos procesos de ejecución tal y como autoriza el art. 555 LEC.

Don Luis Zarraluqui es uno de los que participa de esta opinión mayoritaria, pero en su caso destacando además que, para adoptar la solución de la mayoría, es necesario que los procesos no se encuentren en ninguno de los supuestos de improcedencia que incluye el art. 78.1 LEC, esto es, que no procederá la acumulación de procesos cuando el riesgo de sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes pueda evitarse mediante la excepción de litispendencia.

Frente a la postura mayoritaria antedicha, Don Vicente Magro estima que será competente el último juzgado que finalmente haya resuelto sobre la modificación de medidas y ello porque, según indica, si el TS ha resuelto que el que dictó la sentencia de primera instancia fijando las medidas no tiene que ser obligatoriamente el que deba resolver las medidas a modificar, sí lo será el que finalmente las haya resuelto si así fue determinada su competencia por la vía del art. 769.1 y 3 LEC, para evitar decisiones contradictorias entre dos juzgados que están resolviendo sobre la ejecución de medidas sobre las mismas partes.

En esta misma línea, Don José Javier Díaz, señala igualmente que mantener que cada Juzgado ejecute sólo las medidas que ha acordado en sus respectivas sentencias ex art. 545 LEC podría provocar la paradoja de que, ante una crisis familiar, sean varios los Juzgados de diferentes localidades y/o Comunidades Autónomas, que estén conociendo de la ejecución, en función de las medidas solicitadas y acordadas, postura que se contradice con la línea legal marcada en favor de la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en donde se pretende que todo el "historial" (civil y penal) de un núcleo familiar quede en un determinado órgano, no en varios, como regla general.

En cuanto a las posturas eclécticas señaladas, Don Guillermo Sacristán da por buenas ambas soluciones; por un lado, la de otorgar la competencia al último de los órganos intervinientes, es decir, el que resolvió la modificación de las medidas y, por otro lado, a través de la vía de la acumulación de ejecuciones de conformidad con el art. 555 LEC, sin que crea que debe seguirse uno de dichos caminos necesariamente y con exclusión del otro pues estima que cualquiera de esas vías solucionaría los conflictos que pueden darse con la competencia de los dos órganos.

Ahora bien, puesto que dicho art. 555 permite la acumulación a instancia de cualquiera de las partes, o incluso de oficio, sería éste a su juicio un camino correcto ante la otra respuesta, la de dar competencia al segundo órgano en intervenir en el tiempo, que carece de una disposición de cobertura en la legislación procesal.

La segunda de las posiciones intermedias es la de Don Juan Pablo González del Pozo, quien distingue entre las siguientes situaciones:

En primer lugar, cuando la ejecución afecta a medidas de naturaleza personal referidas a los hijos menores, la competencia funcional para conocer de la demanda ejecutiva de medidas definitivas parcialmente modificadas en un posterior proceso de modificación, cuando el juzgado que dictó la sentencia modificada y la de modificación son distintos, corresponde al juzgado que dictó la sentencia modificatoria.

Sin embargo y en segundo lugar, cuando la ejecución afecta a medidas de contenido económico -fundamentalmente, ejecuciones dinerarias-, si bien debiera aplicarse el mismo criterio que el seguido para el supuesto anterior, el art. 555 LEC permite, a través de la acumulación, unificar en un solo juzgado el proceso de ejecución, evitando de este modo gran parte de los inconvenientes expresados.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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