Aparición de nuevas lesiones o secuelas o agravamiento de las existentes tras dictarse sentencia. Prescripción

La aparición de nuevas secuelas o agravación de las preexistentes, tras el ...

La aparición de nuevas secuelas o agravación de las preexistentes, tras el dictado de sentencia definitiva en proceso seguido por responsabilidad extracontractual, aflora, en primer término la cuestión relativa a la existencia de cosa juzgada, que suele excepcionar la aseguradora demandada y, también, la posible prescripción.

A) En relación con la primera cuestión, debe recordarse que, en aplicación del art. 1252 CC (EDL 1889/1), la jurisprudencia ha considerado que para estimar la presunción de cosa juzgada han de concurrir requisitos de índole subjetiva, cuales son las personas de los litigantes, y la calidad con la que intervienen en uno y otro pleito, y los de índole objetiva, esto es, petitum y causa de pedir. La concurrencia de los primeros no suele ser objeto de discusión, constituyendo la controversia la identidad o diferencia cualitativa de la causa de pedir, al venir ésta integrada por la agravación del estado de salud del lesionado tras el informe definitivo del médico forense.

Si bien es doctrina jurisprudencial reiterada que las sentencias penales condenatorias vinculan a la jurisdicción civil en cuanto a los hechos que declaran probados y a los hechos integrantes del tipo penal que definen y castigan, así como a la indemnización de daños y perjuicios, si no ha existido reserva expresa de la acción civil, esta vinculación de cosa juzgada está sometida a límites temporales, de modo que cuando en la evolución temporal de unas lesiones se produce una agravación, o surge un nuevo daño que pudo ser constatado al dictarse la sentencia penal, estos pueden ser valorados, de nuevo, por el tribunal civil. Es por ello que habrá de dirimirse si cuando se dictó sentencia por el Juzgado de Instrucción, en el oportuno Juicio de Faltas, así como cuando se resolvió el recurso de apelación, en sentencia dictada por la Audiencia Provincial, se podían conocer todas las consecuencias de las lesiones y secuelas padecidas por el lesionado, o han aparecido nuevas secuelas desconocidas entonces, o se han producido nuevos periodos de curación o complicaciones no previsibles al dictarse la referida resolución.

Será, por tanto, el examen de la prueba practicada en el procedimiento, la que determinará sobre la procedibilidad de la cosa juzgada alegada por la parte demandada y aseguradora, en relación a cada una de las pretensiones deducidas en la demanda, sin que pueda estar ser apreciada u0022ab initiou0022, siendo necesario determinar, si la agravación de las secuelas o la aparición de otras nuevas, tras el dictado de la sentencia definitiva, era o no previsibles o si ya fueron objeto de enjuiciamiento, en cuyo caso, operaría el instituto de la cosa juzgada. Por el contrario, si se acredita la aparición de nuevas secuelas relacionadas causalmente con el accidente y aparecidas con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva, no operaría dicho instituto.

También constituye jurisprudencia de la Sala 1ª del TS, compatible con la autoridad de cosa juzgada en los términos expuestos, que sí cabe solicitar en vía civil una indemnización complementaria de la recibida en el orden penal, cuando concurren supuestos o hechos distintos de los que fueron tomados en consideración por la precedente sentencia firme (Sentencias del TS de 11 de mayo de 1995, EDJ 1995/2118; de 27 de enero de 1981, EDJ 1981/1308; y de 9 de febrero de 1988, EDJ 1988/1024). Se hace referencia a la indemnización de resultados no previstos (Sentencias del TS de 11 de diciembre de 1979, EDJ 1979/957; y de 9 de febrero de 1988, EDJ 1988/1024), cuando tras la sentencia condenatoria son descubiertas consecuencias dañosas del ilícito punible acaecidas en tiempo posterior al proceso penal y, por ello, no las pudo tener en cuenta el tribunal de dicho orden, como sucede en los casos en que el curso cronológico de las lesiones muestra la aparición de un daño nuevo más grave, o incluso se produce la muerte (Sentencia del TS de 11 de mayo de 1995, EDJ 1995/2118); nuevas lesiones o agravación del daño anteriormente apreciado (Sentencias del TS de 9 de febrero de 1988, EDJ 1988/1024; y de 20 de abril de 1988, EDJ 1988/3219); nuevas consecuencias ulteriores del hecho delictivo (Sentencia del TS de 4 de noviembre de 1991, EDJ 1991/10401); hechos sobrevenidos nuevos y distintos (Sentencia del TS de 24 de octubre de 1988, EDJ 1988/3219). Esta doctrina aparece sintetizada en los términos expuestos, entre otras, en las Sentencias del TS de 11 de septiembre de 2006 (EDJ 2006/261508) y de 7 de noviembre de 2011 (EDJ 2011/262931).

B) Por lo que respecta a la invocación del instituto de la prescripción, surge la cuestión del inicio del computo, cuando después del alta médica se producen acontecimientos de los que se deducen que en aquel momento aún no existía un diagnóstico definitivo, y así se puede alegar que en fechas posteriores se realizaron al lesionado pruebas médicas de las que se dedujeron nuevas lesiones antes no diagnosticadas.

En este sentido, la jurisprudencia de la Sala 3ª del TS, de la que son muestra entre otras muchas las sentencias de 18 de enero de 2008 (EDJ 2008/1820), de 1 de diciembre de 2008 (EDJ 2008/227873), de 14 de julio de 2009 (EDJ 2009/158143) y de 25 de octubre de 2010 (EDJ 2010/246752), distingue entre daños continuados, que como tales no permiten conocer aún los efectos definitivos de una lesión y en los que, por tanto, el u0022dies a quo u0022 será aquél en que ese conocimiento se alcance; y daños permanentes, que aluden a lesiones irreversibles e incurables aunque no intratables, cuyas secuelas resultan previsibles en su evolución y en su determinación, siendo por tanto cuantificables, por lo que los tratamientos paliativos ulteriores o encaminados a obtener una mejor calidad de vida, o a evitar eventuales complicaciones en la salud, o a obstaculizar la progresión de la enfermedad, no enervan la realidad de que el daño ya se manifestó con todo su alcance.

Aplicando la doctrina de los llamados “daños continuados”, no entraría en juego la prescripción si se logra demostrar que no era posible el conocimiento de la nueva lesión o agravamiento de la preexistente.

El tema a tratar se centra en determinar lo que sucede cuando, producido un a...

El tema a tratar se centra en determinar lo que sucede cuando, producido un accidente de tráfico con resultado de lesiones o secuelas, tras el alta médica forense e incluso tras la sentencia dictada por el juzgado correspondiente, aparece una agravación de estas lesiones o secuelas en el perjudicado. La duda que pudiera existir es si al perjudicado le corresponde alguna acción para resarcirse de esa agravación de las secuelas que, por no haber aparecido todavía al tiempo de celebración de juicio o de obtener la indemnización por el accidente, no fue objeto de compensación económica o si, por el contrario, su posible acción resarcitoria precluyó con la sentencia dictadas.

A mi juicio, como indica la jurisprudencia, en virtud del principio de restitución íntegra de los daños y perjuicios sufridos, nace a partir de la agravación de las secuelas sufridas acción del perjudicado para ser compensado frente al causante del daño y su compañía aseguradora. La cuestión, a mi juicio, ha sido resuelta de manera uniforme por nuestra jurisprudencia, y entre ella debe destacarse la Sentencia de la Sala 1ª del TS de 7 de noviembre de 2011 (EDJ 2011/262931). Se trata del caso de un incapacitado que sufre accidente de tráfico y que posteriormente experimenta una agravación en sus secuelas, interponiendo demanda judicial sus padres frente a la compañía de seguros, solicitando un complemento de la indemnización que habían recibido en vía penal, siendo estimada la demanda en su momento y desestimado el recurso de casación interpuesto por la aseguradora frente a sentencia de la Audiencia. La sentencia en cuestión entiende perfectamente compatible la cosa juzgada, pues había existido un juicio penal previo, con la solicitud de una indemnización complementaria a la recibida en el orden penal, solicitud que se instrumenta a través de la vía civil, nos dice el TS, cuando concurren supuestos o hechos distintos de los que fueron tomados en consideración por la precedente sentencia firme, aludiendo para ello a una jurisprudencia ya anterior de 11 de mayo de 1995 (EDJ 1995/2118) y sentencias incluso anteriores. Nos recuerda que la jurisprudencia del TS se ha mostrado partidaria a la concesión de indemnización que compense resultados no previstos cuando, tras la sentencia condenatoria, son descubiertas consecuencias dañosas nacidas del delito o falta imprudente (o, en definitiva, en el accidente, si es obtenida la indemnización en un pleito civil), consecuencias dañosas acaecidas en tiempo posterior al proceso previo, y que no se pudieron tener en cuenta en el proceso penal. Incluso, en esa sentencia del TS de 11 de mayo de 1995, la agravación había determinado la muerte del perjudicado.

Por tanto, resulta evidente que en el caso de que se produzca una agravación en las secuelas o lesiones de la víctima del accidente tras el alta médico-forense, e incluso tras la sentencia en la que se fijó una indemnización, tiene acción para reclamar a través de la vía civil y frente al causante del accidente y su compañía aseguradora la indemnización complementaria derivada del incremento del daño.

Ahora bien, respecto al plazo en base al cual debe formularse la reclamación, entiendo que rige el plazo de prescripción anual que contempla la regla 2ª del art. 1968 CC (EDL 1889/1), y que el inicio del cómputo del plazo prescriptivo o de la prescripción será a partir de que se tenga conocimiento por parte del perjudicado de la agravación de sus lesiones y secuelas, es decir, desde esa nueva fase de estabilidad lesional. Por tanto, el perjudicado tiene acción, ante una agravación del daño sufrido, cuando esta agravación se ha producido después de haberse dictado la sentencia en la que se le concede una indemnización, para iniciar nueva reclamación frente al causante del daño y su aseguradora, en reclamación del nuevo daño aparecido.

Partiendo del hecho de que ha recaído sentencia, la cuestión propuesta hace...

Partiendo del hecho de que ha recaído sentencia, la cuestión propuesta hace referencia a la indemnización de resultados no previstos en dicha sentencia cuando son descubiertas consecuencias dañosas surgidas con posterioridad, que no pudieron ser tenidas en cuenta en sentencia.

Tales resultados pueden ser diversos y van desde la aparición de un daño nuevo más grave, incluso se produce la muerte, nuevas lesiones o agravación del daño anteriormente apreciado que no fueran previsibles en sentencia, nuevas consecuencias ulteriores del hecho delictivo.

En consecuencia, hacemos referencia a hechos nuevos, por lo que se deben excluir supuestos tales como los siguientes:

Secuelas que se conocían en el momento de la sentencia cuya posterior evolución era previsible; un ejemplo clásico es el de la artrosis cuya evolución futura va a peor.

Secuelas que no se determinaron en sentencia pero que eran previsibles que acontecieran: esto sucede con ciertas fracturas óseas en niños, en las que, igualmente, son previsibles consecuencias durante el desarrollo del mismo, y que como tales deben ser contempladas también en sentencia.

Por lo tanto, insisto, se hace referencia a secuelas que aparecen después de sentencia sin que en ese momento fueran conocidas o previsibles.

Estas nuevas secuelas o lesiones pueden ser objeto de indemnización mediante el ejercicio de la correspondiente acción civil de indemnización de daños y perjuicios contra el causante del accidente y su Compañía Aseguradora, pero, para la viabilidad de la misma, pesa sobre el reclamante la carga de probar:

La relación directa con el accidente: debe ser una secuela que médicamente no ofrezca dudas que ha sido causada por ese accidente de tráfico.

Que es una secuela nueva, desconocida en el momento de la sentencia, o un empeoramiento no previsto.

Cabe indicar que lo dicho tiene su reflejo en la Sentencia del TS de 7 de noviembre de 2011 (EDJ 2011/262931), que, resolviendo el recurso por infracción procesal interpuesto por la Aseguradora que alegaba infracción de cosa juzgada, señaló lo siguiente:

“En efecto, la AP coincide con el Juzgado en considerar acreditado el empeoramiento de la salud acontecido desde la fecha en que recayó la sentencia penal, y su relación causal con el accidente de circulación que sufrió en 1989, hechos no controvertidos, que además resultan también confirmados por las conclusiones de la pericial médica practicada…”.

Y añade, respecto de la alegada cosa juzgada, que:

“…también constituye jurisprudencia de esta Sala, compatible con la autoridad de cosa juzgada en los términos expuestos, que sí cabe solicitar en vía civil una indemnización complementaria de la recibida en el orden penal, cuando concurren supuestos o hechos distintos de los que fueron tomados en consideración por la precedente sentencia firme. Se hace referencia a la indemnización de resultados no previstos, cuando tras la sentencia condenatoria son descubiertas consecuencias dañosas del ilícito punible acaecidas en tiempo posterior al proceso penal y por ello no las pudo tener en cuenta el tribunal de dicho orden, como sucede en los casos en que el curso cronológico de las lesiones muestra la aparición de un daño nuevo más grave, o incluso se produce la muerte; nuevas lesiones o agravación del daño anteriormente apreciado; nuevas consecuencias ulteriores del hecho delictivo; hechos sobrevenidos nuevos y distintos…”.

Como es sabido, el ejercicio de las pretensiones resarcitorias de los daños y perjuicios experimentados como consecuencia de daños extracontractuales está sometido al plazo de un año previsto en el art. 1968 CC (EDL 1889/1) y el art. 7 TRLRCSCVM (EDL 2004/152063). Dispone en su aptdo. 1, al referirse a las “obligaciones del asegurador”, que: “…prescribe por el transcurso de un año la acción directa para exigir al asegurador la satisfacción al perjudicado del importe de los daños sufridos por éste en su persona…”.

El plazo se cuenta “desde que lo supo el agraviado” porque no se puede exigir que el perjudicado ejercite sus acciones resarcitorias antes de conocer la existencia del daño.

Según el principio “actionondum nata non praescribitur” (la acción que todavía no ha nacido no puede prescribir), el plazo de prescripción no comienza a correr en contra de la parte que se propone ejercitar la acción mientras no disponga de los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar, es decir, hasta el efectivo conocimiento por el perjudicado del alcance o grado del daño corporal sufrido.

De ahí que cuando de nuevas lesiones o secuelas (o de un empeoramiento del estado de salud) se trata, el referido criterio jurisprudencial derivado del principio indicado se traduce en que la prescripción de la acción para reclamar se inicia con la determinación de su alcance o de los defectos permanentes originados, pues hasta que no se determina ese alcance no puede reclamarse por ellas. Esto es coherente con el tenor del citado art. 1968.2º CC y con la doctrina que se orienta a interpretar restrictivamente la prescripción por no estar basada en principios de estricta justicia, sino de seguridad jurídica y de presunción de abandono del ejercicio del derecho, y obedece, en atención al principio de indemnidad, a la necesidad de preservar el derecho del perjudicado a ser íntegramente resarcido en situaciones en que no ha podido hasta entonces conocer en su totalidad el alcance del daño por causas no imputables a su persona o comportamiento.

Si en el momento en que se dictó la sentencia o se llegó a la transacción ...

Si en el momento en que se dictó la sentencia o se llegó a la transacción judicial sobre la indemnización por el daño corporal causado en un accidente de tráfico la nueva lesión o secuela (que deberá resultar debidamente acreditada con el correspondiente informe médico) aún no había llegado a manifestarse, lógicamente no puede extenderse a ella los efectos de la cosa juzgada de la sentencia o acuerdo transaccional judicialmente homologado conforme a lo dispuesto en el art. 222.2 LEC (EDL 2000/77463), y lo mismo cabe decir si el acuerdo no se llevó al pleito o éste ni siquiera había llegado a iniciarse ya que conforme a lo dispuesto en el art. 1815 CC (EDL 1889/1), la transacción no comprende sino los objetos expresados determinadamente en ella o que, por una inducción necesaria de sus palabras, deban reputarse comprendidos en la misma, por lo que esa nueva lesión o secuela que, insistimos, debe resultar plenamente demostrada, sería reclamable e indemnizable por la aseguradora correspondiente.

En relación con el plazo de prescripción aplicable a estos hechos, pues como decimos, el perjudicado tendría derecho a reclamar a la aseguradora la indemnización correspondiente por la nueva lesión o secuela, el art. 1969 CC indica que el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse e, interpretando dicho precepto, el TS (por todas, Sentencia del TS de 22 de julio de 2008, EDJ 2008/128008) ha puntualizado que el cómputo del plazo de prescripción debe contarse “desde que el perjudicado tiene conocimiento cierto, seguro y exacto de la entidad de los perjuicios”, por lo que el plazo de prescripción para reclamar la indemnización por esa nueva lesión o secuela (que sería de un año según lo dispuesto en del art. 1902 CC) comenzaría a correr (dies a quo) desde el perjudicado tuvo conocimiento exacto y objetivo de la aparición de la misma.

Tres cuestiones resultan del planteamiento que se formula a saber, primero, s...

Tres cuestiones resultan del planteamiento que se formula a saber, primero, si es posible, desde un punto de vista sustantivo, formularse tal cuestión, segundo si, siendo posible, no resultaría inviable por el efecto de la cosa juzgada si ya se hubiera dictado sentencia, bien en el ámbito civil, bien en el ámbito penal y, finalmente, lo relativo a la prescripción en concreto, al dies a quo aplicable al caso.

Pues bien, en relación a lo primero, la situación no es, en absoluto extraordinaria, ya que los efectos lesivos pueden en ocasiones manifestarse, incluso desencadenarse en mucho, con posterioridad a la causa que los provoca, lo que puede suponer, desde el punto de vista de la reparación jurídica, que ello tenga lugar con posterioridad a la decisión judicial o pactada, resolutoria del caso de que se trate.

Es lógico, por ello, que la ley prevea tal caso. Y a ello se refiere en concreto el Anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor -TRLRCSCVM (EDL 2004/152063), cuando entre los criterios para la determinación de la responsabilidad y la indemnización, se dispone (punto 9) que “La indemnización o la renta vitalicia sólo podrán ser modificadas por alteraciones sustanciales en las circunstancias que determinaron la fijación de aquellas o por la aparición de daños sobrevenidos”.

Desde un punto de vista jurisprudencial, los pronunciamientos son múltiples. Baste traer a colación, la síntesis que de éstos hacen las Sentencia del TS de 11 de septiembre de 2006 (EDJ 2006/261508) y la de 7 de noviembre de 2011 (EDJ 2011/262931), que refieren los casos (con decisión previa penal) de:

1º. Indemnización de resultados no previstos (Sentencias del TS de 25 de mayo de 1976, de 11 de diciembre de 1979 y de 9 de febrero de 1988);

2º. Cuando tras la sentencia condenatoria son descubiertas consecuencias dañosas del ilícito punible acaecidas en tiempo posterior al proceso penal y por ello no las pudo tener en cuenta el tribunal de dicho orden, como sucede en los casos en que el curso cronológico de las lesiones muestra la aparición de un daño nuevo más grave, o incluso se produce la muerte (Sentencia del TS de 11 de mayo de 1995, EDJ 1995/2118);

3º. Nuevas lesiones o agravación del daño anteriormente apreciado (Sentencias del TS de 9 de febrero, EDJ 1988/1024; y de 20 de abril de 1988, EDJ 1988/3219);

4º. Nuevas consecuencias ulteriores del hecho delictivo (Sentencias del TS de 4 de noviembre de 1991, EDJ 1991/10401); y

5º. Hechos sobrevenidos nuevos y distintos (Sentencia del TS de 24 de octubre de 1988, EDJ 1998/23079).

De este conjunto jurisprudencial, lo que se extrae como conclusión es que sí cabe formular nueva reclamación por aquellas lesiones y/o secuelas que en el momento de la reclamación judicial o acuerdo extrajudicial, no eran conocidas porque no se habían manifestado, siempre que, primero, se trate de lesiones o secuelas nuevas, incluyendo en tal concepto de novedad la agravación, segundo, que sean consecuencia del mismo hecho, tercero, que no hayan sido tenido en cuenta al fijar el importe indemnizatorio original y, finalmente, que no se conocieran al tiempo de la primera decisión sobre el resultado lesivo del hecho indemnizado.

La segunda de las cuestiones que planteábamos es cómo se articula, respecto de estos casos, el efecto de la cosa juzgada.

En realidad, en las mismas condiciones exigidas para adquirir el derecho a ser reparado, se contienen ya los argumentos que excluye la posibilidad de oponer con éxito a la nueva reclamación, el efecto de la cosa juzgada –y, podríamos también añadir, de la voluntaria renuncia en caso de acuerdo extrajudicial ya que la compatibilidad entre la reclamación previa y la posterior dimana del hecho de que se sustenta en supuestos o hechos distintos a los que fueron tomados en consideración por la precedente sentencia firme o acuerdo suscrito.

Y es que, como se recordará, es esencial para la extensión de la cosa juzgada la identidad de hechos y causa de pedir y en los casos que analizamos, hay ausencia de identidad objetiva que es lo que justifica la compatibilidad de las indemnizaciones en los procesos nuevos a favor del perjudicado.

Finalmente, en cuanto a la prescripción he de señalar que, como dice la Sentencia del TS de 11 de febrero de 2011 (EDJ 2011/8443), traída a colación por la más reciente de 27 de febrero de 2012 (EDJ 2012/37477):

u0022Aunque la prescripción, como otras muchas materias, tenga componentes puramente de hecho, como por ejemplo la fecha en que se interpuso la demanda o la fecha del día inicial del plazo si éste se determina en función de cuándo fue conocido el hecho dañoso por el luego demandante, también tiene componentes puramente jurídicos como es, en este caso, si la determinación invalidante de las secuelas, en cuanto día inicial del cómputo del plazo, debe hacerse coincidir con una fecha concreta entre varias posibles que hayan sido objeto de debate por las partes litigantes en función de la jurisprudencia de esta Sala sobre el efectivo conocimiento por el perjudicado del alcance o grado del quebranto sufridou0022.

El criterio de la actio nata del art. 1969 CC (EDL 1889/1), en atención al momento en que se manifiesta la lesión, la secuela o la agravación de la lesión anterior, constituye el criterio de inicio del cómputo que, en todo caso, siempre planteará problemas probatorios que requerirán de dictamen médico para el mejor desarrollo de la decisión posterior.

La cuestión a debate se plantea con cierta frecuencia tras dictarse Sentenci...

La cuestión a debate se plantea con cierta frecuencia tras dictarse Sentencia condenatoria en un juicio de faltas. La indemnización, generalmente, se acomodará al resultado de la sanidad del perjudicado. Posteriormente pueden aparecer nuevas dolencias (secuelas) que son consecuencia del daño producido por el siniestro pero que no se habían manifestado. Habitualmente estas pretensiones son desestimadas al no tenerse por acreditado que el daño fundamento de la reclamación no pudiera ser conocido y evaluado en momento anterior.

 Así se pronuncia como ejemplo la Sentencia del TS, Sala 1ª, de 11 de mayo de 1995 (EDJ 1995/2118):

“Si el recurrente desde su posición de acusador penal no se preocupó de dirigir su denuncia contra la dueña del vehículo que causó el siniestro (tampoco lo planteó en la apelación), es cuestión que al mismo le afecta exclusivamente y debe pechar con las consecuencias de ello, dada su negligencia, conveniencia o cualquiera otra razón y no cabe acudir a este proceso para remediar lo que tuvo oportunidad de aportar en el proceso de faltas que enjuició los hechos del pleito, pues a la jurisdicción civil no le corresponde subsanar los errores ni suplir las omisiones y deficiencias que hayan podido cometerse en procedimientos sometidos a Tribunales de otro orden jurisdiccional (…) y tampoco completar pronunciamientos no dictados (…), con lo cual la aplicación de la doctrina jurisprudencial expuesta lleva a la inevitable desestimación de los dos motivos estudiados”.

En el caso de que se acredite el carácter novedoso de la secuela y su relación con el siniestro no cabrá alegar cosa juzgada al tener un objeto diferente del debatido en el procedimiento antecedente (art. 222 LEC, EDL 2000/77463).

La Jurisprudencia viene manteniendo esta posición de forma uniforme, pudiendo citarse como su exponente más contundente la Sentencia del TS, Sala 1ª, de 7 de noviembre de 2011 (EDJ 2011/262931):

“No obstante, también constituye jurisprudencia de esta Sala, compatible con la autoridad de cosa juzgada en los términos expuestos, que sí cabe solicitar en vía civil una indemnización complementaria de la recibida en el orden penal , cuando concurren supuestos o hechos distintos de los que fueron tomados en consideración por la precedente sentencia firme ( …). Se hace referencia a la indemnización de resultados no previstos ( …), cuando tras la sentencia condenatoria son descubiertas consecuencias dañosas del ilícito punible acaecidas en tiempo posterior al proceso penal y por ello no las pudo tener en cuenta el tribunal de dicho orden, como sucede en los casos en que el curso cronológico de las lesiones muestra la aparición de un daño nuevo más grave, o incluso se produce la muerte (…); nuevas lesiones o agravación del daño anteriormente apreciado (…); nuevas consecuencias ulteriores del hecho delictivo (…); hechos sobrevenidos nuevos y distintos…”.

El dies a quo para el comienzo del plazo de prescripción coincidirá, como ocurre con carácter general, con la fecha de determinación de la nueva dolencia, que coincidirá con la fecha del alta (Sentencias del TS de 21 de octubre de 2002, EDJ 2002/42693, entre otras).