Conócenos

DERECHO DE LA CIRCULACIÓN

Aparición de nuevas lesiones o secuelas o agravamiento de las existentes tras dictarse sentencia. Prescripción

Coordinador: Vicente Magro Servet

Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante (Doctor en Derecho).

  • Imprimir

Suele ocurrir con frecuencia que, tras un accidente de tráfico, el lesionado que ha sido examinado por el forense y tras el alta médica y forense puede recaer o aparecer otras lesiones o secuelas que puedan tener relación con el accidente.

Pues bien, con respecto a esta situación, ¿qué puede hacer la defensa del perjudicado si aparecen estas nuevas lesiones o secuelas o se produce la agravación de las que existían, para reclamar a la aseguradora si ya se dictó sentencia? ¿Se aplica algún plazo de prescripción a estos hechos si existiera algún derecho a reclamar, en su caso?

Este foro ha sido publicado en la "Revista Derecho de la Circulación", el 1 de mayo de 2015.

Se admite que, una vez dictada Sentencia firme en el orden civil o penal en el que se determinan las lesiones y secuelas del perjudicado derivadas de un siniestro de la circulación de vehículos de motor, la cosa juzgada de la resolución anterior no impida la reclamación por la vía civil de una indemnización complementaria cuando concurren hechos nuevos o sobrevenidos totalmente imprevisibles (nuevas lesiones o agravación del daño anteriormente apreciado sufridas por el mismo perjudicado) pero relacionados causalmente con el siniestro de la circulación enjuiciado en el procedimiento anterior.

Expresamente, así se reconoce en el apartado Primero-9 del Anexo del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor -TRLRCSCVM- cuando dice:

“La indemnización o la renta vitalicia sólo podrán ser modificadas por alteraciones sustanciales en las circunstancias que determinaron la fijación de aquellas o por la aparición de daños sobrevenidos.”

Son requisitos de la posterior reclamación civil:

En primer lugar, la agravación de las lesiones o las lesiones/secuelas acaecidas posteriormente no pudieron preverse en el procedimiento anterior al haber sobrevenido después. Se excluye, en consecuencia, la agravación de la secuela que no sea más que la evolución natural de las lesiones o secuelas descritas en el primer procedimiento.

En segundo lugar, debe acreditarse la relación de causalidad entre las nuevas lesiones y secuelas y el siniestro enjuiciado anteriormente. Se excluyen aquellas lesiones o secuelas aparecidas con posterioridad cuyo origen no sea traumático sino degenerativo, completamente ajeno al siniestro de la circulación.

El baremo aplicable a estas nuevas lesiones y secuelas no es el utilizado en el procedimiento anterior sino el vigente en el año de la estabilización de las nuevas lesiones y secuelas. Así pues, puede darse la situación que las lesiones y secuelas de un mismo siniestro se valoren con dos baremos distintos.

Por último, el plazo de prescripción de las nuevas lesiones y secuelas es el de un año (art. 1968.2º CC; y art. 7.1 TRLRCSCVM) y el dies a quo del plazo será la fecha de estabilización de las nuevas lesiones.

La eficacia de la cosa juzgada se impone sobre aquéllas cuestiones que ya fueron objeto del proceso anterior entre las mismas partes que actuaron en la misma condición (art. 222 LEC) al que cabrá equiparar en sus efectos, por aplicación del art. 400, la proscripción de asentar una pretensión nueva sobre hechos conocidos en el proceso anterior y que pudiendo ser alegados no lo fueran. Sin embargo, las nuevas secuelas que vengan a ser consecuencia directa del siniestro y que por no ser conocidas en su día no pudieron ser objeto de valoración y consiguiente reclamación indemnizatoria no se verán afectadas por ella. En consecuencia no veo obstáculo para que tras haberse dictado sentencia firme en el curso de un proceso derivado de un accidente de tráfico, de haberse manifestado con posterioridad a la fase de alegaciones del proceso anterior, pueda ser objeto de nueva reclamación el coste indemnizatorio de la nueva secuela detectada.

En todo caso, esta nueva reclamación tendrá el mismo periodo para su reclamación y características de la responsabilidad civil extracontractual, por lo que estará sujeta al plazo de prescripción de un año, conforme establece el art. 1968 CC (EDL 1889/1). Y el periodo habrá de computarse desde que la acción pudiera ser ejercitada, según prevé el art. 1969. Por consiguiente a mi juicio desde que se tuviera conocimiento por parte del perjudicado de su existencia.

Referida la cuestión planteada a la aparición de “nuevas” lesiones o secuelas (o agravación de las existentes) tras el alta médica y forense, suscitándose si cabe reclamar por aquellas si ya recayó sentencia, si bien inicialmente podríamos plantearnos que las lesiones y/o secuelas derivadas de un accidente ya fueron objeto del proceso (civil o penal) que terminó con sentencia (incluso firme la misma), el sentido común nos hace pensar que tiene que existir alguna “vía” para que el lesionado resulte resarcido de tales “nuevas” lesiones o secuelas.

Así, resoluciones de los Tribunales vienen estableciendo que no cabe considerar la eficacia de la “cosa juzgada” respecto a tales “nuevas” lesiones o secuelas, formulando la llamada eficacia temporal de la cosa juzgada según la cual, como nos dice la Sentencia del TS de 31 de diciembre de 1999:

“…no es aplicable la cosa juzgada cuando en el primer proceso no se hubieran agotado todas las posibilidades fácticas y jurídicas del caso o haya surgido algún elemento posterior e imprevisto y extraño en la sentencia (…), considerando que no concurre tal cosa juzgada cuando tras la sentencia condenatoria son descubiertas consecuencias dañosas del ilícito punible acaecidas en tiempo posterior al procesa penal y por ello no las pudo tener en cuenta el Tribunal…”.

Así, en Sentencia de 7 de noviembre de 2011(EDJ 2011/262931) vino a considerar la aplicación de tal excepción a la eficacia de la cosa juzgada -también tras seguirse actuaciones penales- tanto ante el agravamiento de lesiones, como aparición de lesiones nuevas, agravamiento de secuelas, etc., razonándose que no existirá cosa juzgada si los daños -lesiones o secuelas- no coinciden con lo valorado en la sentencia ya recaída en causa penal, es decir, como se recoge en Sentencia de 14 de diciembre de 2006 (EDJ 2006/345588):

“…excepcionalmente sí cabe la posibilidad de instar en vía civil indemnizaciones complementarias de las otorgadas en la vía penal para aquellos supuestos en los que sucedan hechos y situaciones (…) que no pudo tener en cuenta la sentencia penal”.

Razonamientos que son de aplicación cuando el accidente y las lesiones y secuelas han sido objeto de tratamiento ya en vía civil.

Así, el Auto de AP León de 9 de marzo de 2005 (EDJ 2005/51941) nos habla de darse el efecto preclusivo cuando el proceso terminado ha sido susceptible jurídicamente de un agotamiento, significando la Sentencia de AP Lleida de 18 de mayo de 2001 (EDJ 2001/28912) que el principio de seguridad jurídica, que impediría la renovación continua del proceso por exigencias de la inmutabilidad inherente a la cosa juzgada, vendría matizado en casos de resultados sobrevenidos, nuevos y distintos, sin lesión del principio “non bis in idem”.

Es de precisar que no se trata de en un posterior procedimiento civil suplir deficiencias o rectificar omisiones que hubiesen podido cometerse en el proceso anterior, sino de la posibilidad de pedir el resarcimiento de lesiones o secuelas que no pudieron tenerse en cuenta en la sentencia que cerró un proceso -civil o penal- anterior.

El problema va a radicar en valorar si las lesiones o secuelas -o el agravamiento de aquéllas o éstas- pudieron o no ser valoradas en el proceso previo.

En orden a la prescripción de la acción en reclamación de las “nuevas” lesiones o secuelas, lógicamente el dies a quo vendrá determinado por el alta de las lesiones o la estabilización de las secuelas.

La aparición de nuevas secuelas o agravación de las preexistentes, tras el dictado de sentencia definitiva en proceso seguido por responsabilidad extracontractual, aflora, en primer término la cuestión relativa a la existencia de cosa juzgada, que suele excepcionar la aseguradora demandada y, también, la posible prescripción.

A) En relación con la primera cuestión, debe recordarse que, en aplicación del art. 1252 CC (EDL 1889/1), la jurisprudencia ha considerado que para estimar la presunción de cosa juzgada han de concurrir requisitos de índole subjetiva, cuales son las personas de los litigantes, y la calidad con la que intervienen en uno y otro pleito, y los de índole objetiva, esto es, petitum y causa de pedir. La concurrencia de los primeros no suele ser objeto de discusión, constituyendo la controversia la identidad o diferencia cualitativa de la causa de pedir, al venir ésta integrada por la agravación del estado de salud del lesionado tras el informe definitivo del médico forense.

Si bien es doctrina jurisprudencial reiterada que las sentencias penales condenatorias vinculan a la jurisdicción civil en cuanto a los hechos que declaran probados y a los hechos integrantes del tipo penal que definen y castigan, así como a la indemnización de daños y perjuicios, si no ha existido reserva expresa de la acción civil, esta vinculación de cosa juzgada está sometida a límites temporales, de modo que cuando en la evolución temporal de unas lesiones se produce una agravación, o surge un nuevo daño que pudo ser constatado al dictarse la sentencia penal, estos pueden ser valorados, de nuevo, por el tribunal civil. Es por ello que habrá de dirimirse si cuando se dictó sentencia por el Juzgado de Instrucción, en el oportuno Juicio de Faltas, así como cuando se resolvió el recurso de apelación, en sentencia dictada por la Audiencia Provincial, se podían conocer todas las consecuencias de las lesiones y secuelas padecidas por el lesionado, o han aparecido nuevas secuelas desconocidas entonces, o se han producido nuevos periodos de curación o complicaciones no previsibles al dictarse la referida resolución.

Será, por tanto, el examen de la prueba practicada en el procedimiento, la que determinará sobre la procedibilidad de la cosa juzgada alegada por la parte demandada y aseguradora, en relación a cada una de las pretensiones deducidas en la demanda, sin que pueda estar ser apreciada "ab initio", siendo necesario determinar, si la agravación de las secuelas o la aparición de otras nuevas, tras el dictado de la sentencia definitiva, era o no previsibles o si ya fueron objeto de enjuiciamiento, en cuyo caso, operaría el instituto de la cosa juzgada. Por el contrario, si se acredita la aparición de nuevas secuelas relacionadas causalmente con el accidente y aparecidas con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva, no operaría dicho instituto.

También constituye jurisprudencia de la Sala 1ª del TS, compatible con la autoridad de cosa juzgada en los términos expuestos, que sí cabe solicitar en vía civil una indemnización complementaria de la recibida en el orden penal, cuando concurren supuestos o hechos distintos de los que fueron tomados en consideración por la precedente sentencia firme (Sentencias del TS de 11 de mayo de 1995, EDJ 1995/2118; de 27 de enero de 1981, EDJ 1981/1308; y de 9 de febrero de 1988, EDJ 1988/1024). Se hace referencia a la indemnización de resultados no previstos (Sentencias del TS de 11 de diciembre de 1979, EDJ 1979/957; y de 9 de febrero de 1988, EDJ 1988/1024), cuando tras la sentencia condenatoria son descubiertas consecuencias dañosas del ilícito punible acaecidas en tiempo posterior al proceso penal y, por ello, no las pudo tener en cuenta el tribunal de dicho orden, como sucede en los casos en que el curso cronológico de las lesiones muestra la aparición de un daño nuevo más grave, o incluso se produce la muerte (Sentencia del TS de 11 de mayo de 1995, EDJ 1995/2118); nuevas lesiones o agravación del daño anteriormente apreciado (Sentencias del TS de 9 de febrero de 1988, EDJ 1988/1024; y de 20 de abril de 1988, EDJ 1988/3219); nuevas consecuencias ulteriores del hecho delictivo (Sentencia del TS de 4 de noviembre de 1991, EDJ 1991/10401); hechos sobrevenidos nuevos y distintos (Sentencia del TS de 24 de octubre de 1988, EDJ 1988/3219). Esta doctrina aparece sintetizada en los términos expuestos, entre otras, en las Sentencias del TS de 11 de septiembre de 2006 (EDJ 2006/261508) y de 7 de noviembre de 2011 (EDJ 2011/262931).

B) Por lo que respecta a la invocación del instituto de la prescripción, surge la cuestión del inicio del computo, cuando después del alta médica se producen acontecimientos de los que se deducen que en aquel momento aún no existía un diagnóstico definitivo, y así se puede alegar que en fechas posteriores se realizaron al lesionado pruebas médicas de las que se dedujeron nuevas lesiones antes no diagnosticadas.

En este sentido, la jurisprudencia de la Sala 3ª del TS, de la que son muestra entre otras muchas las sentencias de 18 de enero de 2008 (EDJ 2008/1820), de 1 de diciembre de 2008 (EDJ 2008/227873), de 14 de julio de 2009 (EDJ 2009/158143) y de 25 de octubre de 2010 (EDJ 2010/246752), distingue entre daños continuados, que como tales no permiten conocer aún los efectos definitivos de una lesión y en los que, por tanto, el "dies a quo " será aquél en que ese conocimiento se alcance; y daños permanentes, que aluden a lesiones irreversibles e incurables aunque no intratables, cuyas secuelas resultan previsibles en su evolución y en su determinación, siendo por tanto cuantificables, por lo que los tratamientos paliativos ulteriores o encaminados a obtener una mejor calidad de vida, o a evitar eventuales complicaciones en la salud, o a obstaculizar la progresión de la enfermedad, no enervan la realidad de que el daño ya se manifestó con todo su alcance.

Aplicando la doctrina de los llamados “daños continuados”, no entraría en juego la prescripción si se logra demostrar que no era posible el conocimiento de la nueva lesión o agravamiento de la preexistente.

El tema a tratar se centra en determinar lo que sucede cuando, producido un accidente de tráfico con resultado de lesiones o secuelas, tras el alta médica forense e incluso tras la sentencia dictada por el juzgado correspondiente, aparece una agravación de estas lesiones o secuelas en el perjudicado. La duda que pudiera existir es si al perjudicado le corresponde alguna acción para resarcirse de esa agravación de las secuelas que, por no haber aparecido todavía al tiempo de celebración de juicio o de obtener la indemnización por el accidente, no fue objeto de compensación económica o si, por el contrario, su posible acción resarcitoria precluyó con la sentencia dictadas.

A mi juicio, como indica la jurisprudencia, en virtud del principio de restitución íntegra de los daños y perjuicios sufridos, nace a partir de la agravación de las secuelas sufridas acción del perjudicado para ser compensado frente al causante del daño y su compañía aseguradora. La cuestión, a mi juicio, ha sido resuelta de manera uniforme por nuestra jurisprudencia, y entre ella debe destacarse la Sentencia de la Sala 1ª del TS de 7 de noviembre de 2011 (EDJ 2011/262931). Se trata del caso de un incapacitado que sufre accidente de tráfico y que posteriormente experimenta una agravación en sus secuelas, interponiendo demanda judicial sus padres frente a la compañía de seguros, solicitando un complemento de la indemnización que habían recibido en vía penal, siendo estimada la demanda en su momento y desestimado el recurso de casación interpuesto por la aseguradora frente a sentencia de la Audiencia. La sentencia en cuestión entiende perfectamente compatible la cosa juzgada, pues había existido un juicio penal previo, con la solicitud de una indemnización complementaria a la recibida en el orden penal, solicitud que se instrumenta a través de la vía civil, nos dice el TS, cuando concurren supuestos o hechos distintos de los que fueron tomados en consideración por la precedente sentencia firme, aludiendo para ello a una jurisprudencia ya anterior de 11 de mayo de 1995 (EDJ 1995/2118) y sentencias incluso anteriores. Nos recuerda que la jurisprudencia del TS se ha mostrado partidaria a la concesión de indemnización que compense resultados no previstos cuando, tras la sentencia condenatoria, son descubiertas consecuencias dañosas nacidas del delito o falta imprudente (o, en definitiva, en el accidente, si es obtenida la indemnización en un pleito civil), consecuencias dañosas acaecidas en tiempo posterior al proceso previo, y que no se pudieron tener en cuenta en el proceso penal. Incluso, en esa sentencia del TS de 11 de mayo de 1995, la agravación había determinado la muerte del perjudicado.

Por tanto, resulta evidente que en el caso de que se produzca una agravación en las secuelas o lesiones de la víctima del accidente tras el alta médico-forense, e incluso tras la sentencia en la que se fijó una indemnización, tiene acción para reclamar a través de la vía civil y frente al causante del accidente y su compañía aseguradora la indemnización complementaria derivada del incremento del daño.

Ahora bien, respecto al plazo en base al cual debe formularse la reclamación, entiendo que rige el plazo de prescripción anual que contempla la regla 2ª del art. 1968 CC (EDL 1889/1), y que el inicio del cómputo del plazo prescriptivo o de la prescripción será a partir de que se tenga conocimiento por parte del perjudicado de la agravación de sus lesiones y secuelas, es decir, desde esa nueva fase de estabilidad lesional. Por tanto, el perjudicado tiene acción, ante una agravación del daño sufrido, cuando esta agravación se ha producido después de haberse dictado la sentencia en la que se le concede una indemnización, para iniciar nueva reclamación frente al causante del daño y su aseguradora, en reclamación del nuevo daño aparecido.

Partiendo del hecho de que ha recaído sentencia, la cuestión propuesta hace referencia a la indemnización de resultados no previstos en dicha sentencia cuando son descubiertas consecuencias dañosas surgidas con posterioridad, que no pudieron ser tenidas en cuenta en sentencia.

Tales resultados pueden ser diversos y van desde la aparición de un daño nuevo más grave, incluso se produce la muerte, nuevas lesiones o agravación del daño anteriormente apreciado que no fueran previsibles en sentencia, nuevas consecuencias ulteriores del hecho delictivo.

En consecuencia, hacemos referencia a hechos nuevos, por lo que se deben excluir supuestos tales como los siguientes:

- Secuelas que se conocían en el momento de la sentencia cuya posterior evolución era previsible; un ejemplo clásico es el de la artrosis cuya evolución futura va a peor.

- Secuelas que no se determinaron en sentencia pero que eran previsibles que acontecieran: esto sucede con ciertas fracturas óseas en niños, en las que, igualmente, son previsibles consecuencias durante el desarrollo del mismo, y que como tales deben ser contempladas también en sentencia.

Por lo tanto, insisto, se hace referencia a secuelas que aparecen después de sentencia sin que en ese momento fueran conocidas o previsibles.

Estas nuevas secuelas o lesiones pueden ser objeto de indemnización mediante el ejercicio de la correspondiente acción civil de indemnización de daños y perjuicios contra el causante del accidente y su Compañía Aseguradora, pero, para la viabilidad de la misma, pesa sobre el reclamante la carga de probar:

- La relación directa con el accidente: debe ser una secuela que médicamente no ofrezca dudas que ha sido causada por ese accidente de tráfico.

- Que es una secuela nueva, desconocida en el momento de la sentencia, o un empeoramiento no previsto.

Cabe indicar que lo dicho tiene su reflejo en la Sentencia del TS de 7 de noviembre de 2011 (EDJ 2011/262931), que, resolviendo el recurso por infracción procesal interpuesto por la Aseguradora que alegaba infracción de cosa juzgada, señaló lo siguiente:

“En efecto, la AP coincide con el Juzgado en considerar acreditado el empeoramiento de la salud acontecido desde la fecha en que recayó la sentencia penal, y su relación causal con el accidente de circulación que sufrió en 1989, hechos no controvertidos, que además resultan también confirmados por las conclusiones de la pericial médica practicada…”.

Y añade, respecto de la alegada cosa juzgada, que:

“…también constituye jurisprudencia de esta Sala, compatible con la autoridad de cosa juzgada en los términos expuestos, que sí cabe solicitar en vía civil una indemnización complementaria de la recibida en el orden penal, cuando concurren supuestos o hechos distintos de los que fueron tomados en consideración por la precedente sentencia firme. Se hace referencia a la indemnización de resultados no previstos, cuando tras la sentencia condenatoria son descubiertas consecuencias dañosas del ilícito punible acaecidas en tiempo posterior al proceso penal y por ello no las pudo tener en cuenta el tribunal de dicho orden, como sucede en los casos en que el curso cronológico de las lesiones muestra la aparición de un daño nuevo más grave, o incluso se produce la muerte; nuevas lesiones o agravación del daño anteriormente apreciado; nuevas consecuencias ulteriores del hecho delictivo; hechos sobrevenidos nuevos y distintos…”.

Como es sabido, el ejercicio de las pretensiones resarcitorias de los daños y perjuicios experimentados como consecuencia de daños extracontractuales está sometido al plazo de un año previsto en el art. 1968 CC (EDL 1889/1) y el art. 7 TRLRCSCVM (EDL 2004/152063). Dispone en su aptdo. 1, al referirse a las “obligaciones del asegurador”, que: “…prescribe por el transcurso de un año la acción directa para exigir al asegurador la satisfacción al perjudicado del importe de los daños sufridos por éste en su persona…”.

El plazo se cuenta “desde que lo supo el agraviado” porque no se puede exigir que el perjudicado ejercite sus acciones resarcitorias antes de conocer la existencia del daño.

Según el principio “actionondum nata non praescribitur” (la acción que todavía no ha nacido no puede prescribir), el plazo de prescripción no comienza a correr en contra de la parte que se propone ejercitar la acción mientras no disponga de los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar, es decir, hasta el efectivo conocimiento por el perjudicado del alcance o grado del daño corporal sufrido.

De ahí que cuando de nuevas lesiones o secuelas (o de un empeoramiento del estado de salud) se trata, el referido criterio jurisprudencial derivado del principio indicado se traduce en que la prescripción de la acción para reclamar se inicia con la determinación de su alcance o de los defectos permanentes originados, pues hasta que no se determina ese alcance no puede reclamarse por ellas. Esto es coherente con el tenor del citado art. 1968.2º CC y con la doctrina que se orienta a interpretar restrictivamente la prescripción por no estar basada en principios de estricta justicia, sino de seguridad jurídica y de presunción de abandono del ejercicio del derecho, y obedece, en atención al principio de indemnidad, a la necesidad de preservar el derecho del perjudicado a ser íntegramente resarcido en situaciones en que no ha podido hasta entonces conocer en su totalidad el alcance del daño por causas no imputables a su persona o comportamiento.

Si en el momento en que se dictó la sentencia o se llegó a la transacción judicial sobre la indemnización por el daño corporal causado en un accidente de tráfico la nueva lesión o secuela (que deberá resultar debidamente acreditada con el correspondiente informe médico) aún no había llegado a manifestarse, lógicamente no puede extenderse a ella los efectos de la cosa juzgada de la sentencia o acuerdo transaccional judicialmente homologado conforme a lo dispuesto en el art. 222.2 LEC (EDL 2000/77463), y lo mismo cabe decir si el acuerdo no se llevó al pleito o éste ni siquiera había llegado a iniciarse ya que conforme a lo dispuesto en el art. 1815 CC (EDL 1889/1), la transacción no comprende sino los objetos expresados determinadamente en ella o que, por una inducción necesaria de sus palabras, deban reputarse comprendidos en la misma, por lo que esa nueva lesión o secuela que, insistimos, debe resultar plenamente demostrada, sería reclamable e indemnizable por la aseguradora correspondiente.

En relación con el plazo de prescripción aplicable a estos hechos, pues como decimos, el perjudicado tendría derecho a reclamar a la aseguradora la indemnización correspondiente por la nueva lesión o secuela, el art. 1969 CC indica que el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse e, interpretando dicho precepto, el TS (por todas, Sentencia del TS de 22 de julio de 2008, EDJ 2008/128008) ha puntualizado que el cómputo del plazo de prescripción debe contarse “desde que el perjudicado tiene conocimiento cierto, seguro y exacto de la entidad de los perjuicios”, por lo que el plazo de prescripción para reclamar la indemnización por esa nueva lesión o secuela (que sería de un año según lo dispuesto en del art. 1902 CC) comenzaría a correr (dies a quo) desde el perjudicado tuvo conocimiento exacto y objetivo de la aparición de la misma.

Tres cuestiones resultan del planteamiento que se formula a saber, primero, si es posible, desde un punto de vista sustantivo, formularse tal cuestión, segundo si, siendo posible, no resultaría inviable por el efecto de la cosa juzgada si ya se hubiera dictado sentencia, bien en el ámbito civil, bien en el ámbito penal y, finalmente, lo relativo a la prescripción en concreto, al dies a quo aplicable al caso.

Pues bien, en relación a lo primero, la situación no es, en absoluto extraordinaria, ya que los efectos lesivos pueden en ocasiones manifestarse, incluso desencadenarse en mucho, con posterioridad a la causa que los provoca, lo que puede suponer, desde el punto de vista de la reparación jurídica, que ello tenga lugar con posterioridad a la decisión judicial o pactada, resolutoria del caso de que se trate.

Es lógico, por ello, que la ley prevea tal caso. Y a ello se refiere en concreto el Anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor -TRLRCSCVM- (EDL 2004/152063), cuando entre los criterios para la determinación de la responsabilidad y la indemnización, se dispone (punto 9) que “La indemnización o la renta vitalicia sólo podrán ser modificadas por alteraciones sustanciales en las circunstancias que determinaron la fijación de aquellas o por la aparición de daños sobrevenidos”.

Desde un punto de vista jurisprudencial, los pronunciamientos son múltiples. Baste traer a colación, la síntesis que de éstos hacen las Sentencia del TS de 11 de septiembre de 2006 (EDJ 2006/261508) y la de 7 de noviembre de 2011 (EDJ 2011/262931), que refieren los casos (con decisión previa penal) de:

1º. Indemnización de resultados no previstos (Sentencias del TS de 25 de mayo de 1976, de 11 de diciembre de 1979 y de 9 de febrero de 1988);

2º. Cuando tras la sentencia condenatoria son descubiertas consecuencias dañosas del ilícito punible acaecidas en tiempo posterior al proceso penal y por ello no las pudo tener en cuenta el tribunal de dicho orden, como sucede en los casos en que el curso cronológico de las lesiones muestra la aparición de un daño nuevo más grave, o incluso se produce la muerte (Sentencia del TS de 11 de mayo de 1995, EDJ 1995/2118);

3º. Nuevas lesiones o agravación del daño anteriormente apreciado (Sentencias del TS de 9 de febrero, EDJ 1988/1024; y de 20 de abril de 1988, EDJ 1988/3219);

4º. Nuevas consecuencias ulteriores del hecho delictivo (Sentencias del TS de 4 de noviembre de 1991, EDJ 1991/10401); y

5º. Hechos sobrevenidos nuevos y distintos (Sentencia del TS de 24 de octubre de 1988, EDJ 1998/23079).

De este conjunto jurisprudencial, lo que se extrae como conclusión es que sí cabe formular nueva reclamación por aquellas lesiones y/o secuelas que en el momento de la reclamación judicial o acuerdo extrajudicial, no eran conocidas porque no se habían manifestado, siempre que, primero, se trate de lesiones o secuelas nuevas, incluyendo en tal concepto de novedad la agravación, segundo, que sean consecuencia del mismo hecho, tercero, que no hayan sido tenido en cuenta al fijar el importe indemnizatorio original y, finalmente, que no se conocieran al tiempo de la primera decisión sobre el resultado lesivo del hecho indemnizado.

La segunda de las cuestiones que planteábamos es cómo se articula, respecto de estos casos, el efecto de la cosa juzgada.

En realidad, en las mismas condiciones exigidas para adquirir el derecho a ser reparado, se contienen ya los argumentos que excluye la posibilidad de oponer con éxito a la nueva reclamación, el efecto de la cosa juzgada –y, podríamos también añadir, de la voluntaria renuncia en caso de acuerdo extrajudicial- ya que la compatibilidad entre la reclamación previa y la posterior dimana del hecho de que se sustenta en supuestos o hechos distintos a los que fueron tomados en consideración por la precedente sentencia firme o acuerdo suscrito.

Y es que, como se recordará, es esencial para la extensión de la cosa juzgada la identidad de hechos y causa de pedir y en los casos que analizamos, hay ausencia de identidad objetiva que es lo que justifica la compatibilidad de las indemnizaciones en los procesos nuevos a favor del perjudicado.

Finalmente, en cuanto a la prescripción he de señalar que, como dice la Sentencia del TS de 11 de febrero de 2011 (EDJ 2011/8443), traída a colación por la más reciente de 27 de febrero de 2012 (EDJ 2012/37477):

"Aunque la prescripción, como otras muchas materias, tenga componentes puramente de hecho, como por ejemplo la fecha en que se interpuso la demanda o la fecha del día inicial del plazo si éste se determina en función de cuándo fue conocido el hecho dañoso por el luego demandante, también tiene componentes puramente jurídicos como es, en este caso, si la determinación invalidante de las secuelas, en cuanto día inicial del cómputo del plazo, debe hacerse coincidir con una fecha concreta entre varias posibles que hayan sido objeto de debate por las partes litigantes en función de la jurisprudencia de esta Sala sobre el efectivo conocimiento por el perjudicado del alcance o grado del quebranto sufrido".

El criterio de la actio nata del art. 1969 CC (EDL 1889/1), en atención al momento en que se manifiesta la lesión, la secuela o la agravación de la lesión anterior, constituye el criterio de inicio del cómputo que, en todo caso, siempre planteará problemas probatorios que requerirán de dictamen médico para el mejor desarrollo de la decisión posterior.

La cuestión a debate se plantea con cierta frecuencia tras dictarse Sentencia condenatoria en un juicio de faltas. La indemnización, generalmente, se acomodará al resultado de la sanidad del perjudicado. Posteriormente pueden aparecer nuevas dolencias (secuelas) que son consecuencia del daño producido por el siniestro pero que no se habían manifestado. Habitualmente estas pretensiones son desestimadas al no tenerse por acreditado que el daño fundamento de la reclamación no pudiera ser conocido y evaluado en momento anterior.

 Así se pronuncia como ejemplo la Sentencia del TS, Sala 1ª, de 11 de mayo de 1995 (EDJ 1995/2118):

“Si el recurrente desde su posición de acusador penal no se preocupó de dirigir su denuncia contra la dueña del vehículo que causó el siniestro (tampoco lo planteó en la apelación), es cuestión que al mismo le afecta exclusivamente y debe pechar con las consecuencias de ello, dada su negligencia, conveniencia o cualquiera otra razón y no cabe acudir a este proceso para remediar lo que tuvo oportunidad de aportar en el proceso de faltas que enjuició los hechos del pleito, pues a la jurisdicción civil no le corresponde subsanar los errores ni suplir las omisiones y deficiencias que hayan podido cometerse en procedimientos sometidos a Tribunales de otro orden jurisdiccional (…) y tampoco completar pronunciamientos no dictados (…), con lo cual la aplicación de la doctrina jurisprudencial expuesta lleva a la inevitable desestimación de los dos motivos estudiados”.

En el caso de que se acredite el carácter novedoso de la secuela y su relación con el siniestro no cabrá alegar cosa juzgada al tener un objeto diferente del debatido en el procedimiento antecedente (art. 222 LEC, EDL 2000/77463).

La Jurisprudencia viene manteniendo esta posición de forma uniforme, pudiendo citarse como su exponente más contundente la Sentencia del TS, Sala 1ª, de 7 de noviembre de 2011 (EDJ 2011/262931):

“No obstante, también constituye jurisprudencia de esta Sala, compatible con la autoridad de cosa juzgada en los términos expuestos, que sí cabe solicitar en vía civil una indemnización complementaria de la recibida en el orden penal , cuando concurren supuestos o hechos distintos de los que fueron tomados en consideración por la precedente sentencia firme ( …). Se hace referencia a la indemnización de resultados no previstos ( …), cuando tras la sentencia condenatoria son descubiertas consecuencias dañosas del ilícito punible acaecidas en tiempo posterior al proceso penal y por ello no las pudo tener en cuenta el tribunal de dicho orden, como sucede en los casos en que el curso cronológico de las lesiones muestra la aparición de un daño nuevo más grave, o incluso se produce la muerte (…); nuevas lesiones o agravación del daño anteriormente apreciado (…); nuevas consecuencias ulteriores del hecho delictivo (…); hechos sobrevenidos nuevos y distintos…”.

El dies a quo para el comienzo del plazo de prescripción coincidirá, como ocurre con carácter general, con la fecha de determinación de la nueva dolencia, que coincidirá con la fecha del alta (Sentencias del TS de 21 de octubre de 2002, EDJ 2002/42693, entre otras).

RESPUESTA APROBADA POR MAYORÍA DE 8 VOTOS

La mayoría de nuestros colaboradores concluyen que:

1º. Se admite que, una vez dictada Sentencia firme en el orden civil o penal en el que se determinan las lesiones y secuelas del perjudicado derivadas de un siniestro de la circulación de vehículos de motor, la cosa juzgada de la resolución anterior no impide la reclamación por la vía civil de una indemnización complementaria cuando concurren hechos nuevos o sobrevenidos totalmente imprevisibles (nuevas lesiones o agravación del daño anteriormente apreciado sufridas por el mismo perjudicado) pero relacionados causalmente con el siniestro de la circulación enjuiciado en el procedimiento anterior. Se reconoce en el apartado Primero-9 del Anexo del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor -TRLRCSCVM- (EDL 2004/152063) cuando dice: "La indemnización o la renta vitalicia sólo podrán ser modificadas por alteraciones sustanciales en las circunstancias que determinaron la fijación de aquellas o por la aparición de daños sobrevenidos."

2º. Las condiciones de admisión son:

a) La agravación de las lesiones o las lesiones/secuelas acaecidas posteriormente no pudieron preverse en el procedimiento anterior al haber sobrevenido después. Se excluye, en consecuencia, la agravación de la secuela que no sea más que la evolución natural de las lesiones o secuelas descritas en el primer procedimiento.

b) Debe acreditarse la relación de causalidad entre las nuevas lesiones y secuelas y el siniestro enjuiciado anteriormente. Se excluyen aquellas lesiones o secuelas aparecidas con posterioridad cuyo origen no sea traumático sino degenerativo, completamente ajeno al siniestro de la circulación.

c) El baremo aplicable a estas nuevas lesiones y secuelas no es el utilizado en el procedimiento anterior sino el vigente en el año de la estabilización de las nuevas lesiones y secuelas. Así pues, puede darse la situación que las lesiones y secuelas de un mismo siniestro se valoren con dos baremos distintos.

3º. Sí cabe solicitar en vía civil una indemnización complementaria de la recibida en el orden penal, cuando concurren supuestos o hechos distintos de los que fueron tomados en consideración por la precedente sentencia firme. Se hace referencia a la indemnización de resultados no previstos cuando, tras la sentencia condenatoria, son descubiertas consecuencias dañosas del ilícito punible acaecidas en tiempo posterior al proceso penal y, por ello, no las pudo tener en cuenta el tribunal de dicho orden, como sucede en los casos en que el curso cronológico de las lesiones muestra la aparición de un daño nuevo más grave, o incluso se produce la muerte; nuevas lesiones o agravación del daño anteriormente apreciado; nuevas consecuencias ulteriores del hecho delictivo; hechos sobrevenidos nuevos y distintos.

4º. Estas nuevas secuelas o lesiones pueden ser objeto de indemnización mediante el ejercicio de la correspondiente acción civil de indemnización de daños y perjuicios contra el causante del accidente y su aseguradora, pero para la viabilidad de la misma pesa sobre el reclamante la carga de probar:

a) La relación directa con el accidente: debe ser una secuela que médicamente no ofrezca dudas que ha sido causada por ese accidente de tráfico.

b) Que es una secuela nueva, desconocida en el momento de la sentencia, o un empeoramiento no previsto.

5º. Sí cabe formular nueva reclamación por aquellas lesiones y/o secuelas que en el momento de la reclamación judicial o acuerdo extrajudicial no eran conocidas porque no se habían manifestado, siempre que:

a) Se trate de lesiones o secuelas nuevas, incluyendo en tal concepto de novedad la agravación.

b) Sean consecuencia del mismo hecho.

c) No hayan sido tenido en cuenta al fijar el importe indemnizatorio original.

d) No se conocieran al tiempo de la primera decisión sobre el resultado lesivo del hecho indemnizado.

6º. El plazo de prescripción de las nuevas lesiones y secuelas es el de un año (art. 1968.2º CC, EDL 1889/1; y art. 7.1 TRLRCSCVM) y el dies a quo del plazo será la fecha de estabilización de las nuevas lesiones.

Por su parte, D. Fernando Lacaba Sánchez, admitiendo que las nuevas secuelas o lesiones pueden ser objeto de indemnización mediante el ejercicio de la correspondiente acción civil de indemnización de daños y perjuicios contra el causante del accidente y su aseguradora, en cuanto a la prescripción de la acción para reclamarlos, entiende que la jurisprudencia de la Sala 3ª del TS distingue entre daños continuados, que como tales no permiten conocer aún los efectos definitivos de una lesión y en los que, por tanto, el dies a quo será aquél en que ese conocimiento se alcance; y daños permanentes, que aluden a lesiones irreversibles e incurables aunque no intratables, cuyas secuelas resultan previsibles en su evolución y en su determinación, siendo por tanto cuantificables, por lo que los tratamientos paliativos ulteriores o encaminados a obtener una mejor calidad de vida, o a evitar eventuales complicaciones en la salud, o a obstaculizar la progresión de la enfermedad, no enervan la realidad de que el daño ya se manifestó con todo su alcance. Aplicando la doctrina de los llamados "daños continuados", no entraría en juego la prescripción si se logra demostrar que la nueva lesión o agravamiento de la preexistente, no era posible su conocimiento.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

feedburner

Suscríbase a nuestros contenidos

Contenidos relacionados

Atención al cliente: De lunes a viernes de 8:30 a 20:00 horas ininterrumpidamente. Tel 91 210 80 00 - 902 44 33 55 Fax. 915 78 16 17