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ACCIDENTES DE TRÁFICO

¿Deben derivarse todos los accidentes de tráfico a la vía civil o a la mediación? ¿O cabe la vía penal?

Coordinador: Vicente Magro Servet

Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante (Doctor en Derecho).

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Tras las despenalización del ya derogado juicio de faltas de tráfico por la LO 1/2015 (EDL 2015/32370), de reforma del Código Penal (EDL 1995/16398) y la derivación de los conflictos de tráfico a la vía de la mediación o en la vía jurisdiccional civil están surgiendo dudas acerca de determinados hechos de tráfico que surgen en la práctica que podrían seguir derivándose a la vía penal por constituir ilícitos penales. Sin embargo, algunos de ellos se tramitaban como juicios de faltas cuando podrían haber constituido un delito por la gravedad de las lesiones causadas o de la imprudencia cometida con vehículo de motor.

Pues bien, planteamos determinados supuestos para someter a la consideración de los colaboradores si el hecho sometido podría tener cabida en alguno de los tipos penales contemplados en el Código Penal o se derivaría a la vía civil por entender que ese hecho en concreto queda despenalizado.

a) Saltarse un stop o ceda el paso y colisionar con otro vehículo, causando a los ocupantes del otro vehículo o a los suyos lesiones de los arts. 147.1, 152.1 o 152.2 CP.

b) Atropellar a un peatón en un paso de cebra causando lesiones de los arts. 147.1, 152.1 o 152.2 CP.

c) Atropellar a un peatón fuera del paso de cebra por lugar no preferente para éstos y causar lesiones de los arts. 147.1, 152.1 o 152.2 CP.

d) Colisionar con un vehículo en un accidente de tráfico con imprudencia del conductor y concluir con la muerte de una persona.


Este foro ha sido publicado en la "Revista Derecho de la Circulación", el 1 de julio de 2016.

 

(Puedes consultar Legislación y Jurisprudencia en nuestra Base de Datos).

Tras la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo (EDL 2015/32370), que entró en vigor el pasado día 1 de julio de 2015, las infracciones penales relativas a la muerte y a las lesiones cometidas mediante imprudencia han sufrido una importante modificación. Cuando se recibe un atestado sobre un accidente de tráfico relativo a muerte o lesiones causadas mediante imprudencia, el Juzgado de Instrucción estará obligado a incoar el procedimiento penal correspondiente para practicar aquellas diligencias imprescindibles que le permitan conocer el resultado producido (muerte y cualquiera de los distintos tipos de lesiones) y el grado de imprudencia correspondiente con las siguientes consecuencias:

1. en el caso de que la imprudencia sea leve y el resultado sea de muerte o de cualquier clase de lesiones, al estar siempre despenalizada esta clase de imprudencia, archivará el procedimiento por no constituir infracción penal.

2. son atípicas las lesiones del art. 147.2 CP (EDL 1995/16398) cometidas mediante cualquier clase de imprudencia y las lesiones del art. 147.1 CP cometidas mediante imprudencia menos grave al no estar previstas expresamente estas infracciones penales.

3. en el caso de que la imprudencia sea menos grave con resultado de muerte (art. 142.2 CP) o lesiones de los arts. 149 y 150 CP (art. 152.2 CP) el Juez puede archivarlo porque falta el requisito de perseguibilidad consistente en la denuncia previa de la persona agraviada o de su representante legal y, el perdón del ofendido extingue la responsabilidad penal (art. 130.1.5º) y también, al ser delitos leves, podrá sobreseer el procedimiento en los supuestos previstos en los arts. 963 y 964 LECrim (EDL 1882/1).

4. en el caso de un delito de lesiones previsto en el art. 147.1 cometido mediante imprudencia grave (art. 152.1.1º), no se exige la previa denuncia de la persona agraviada pero, al ser un delito leve, se puede sobreseer en los supuestos previstos en los arts. 963 y 964 LECrim.

5. en el caso de homicidio (art. 142.1) o lesiones de los arts. 149 o 150 (art. 152.1.2º, 3º) cometidas mediante imprudencia grave se seguirá la causa por delito con independencia de que exista o no la previa denuncia del agraviado.

Del esquema anterior se desprende que de los dos elementos a considerar: i) el resultado (muerte o los distintos tipos de lesiones) cuya determinación es objetiva y; ii) la clase de imprudencia: leve, menos grave y grave; es este último elemento el de más difícil determinación y el que va a generar litigiosidad porque los lindes entre estas tres clases de imprudencia son imprecisos y están sometidos a las circunstancias especiales de cada caso y, además, aunque ha desaparecido la imprudencia leve ha surgido una nueva clase de imprudencia, la menos grave, no prevista hasta la reforma indicada.

La jurisprudencia (STS Sala 2ª, de 28 de junio de 2013; EDJ 2013/136108) para determinar la gravedad de la imprudencia declara:

“Pues bien, para dirimir la cuestión suscitada ha de ponderarse que la gravedad de la imprudencia se determina, desde una perspectiva objetiva o externa, con arreglo a la magnitud de la infracción del deber objetivo de cuidado o de diligencia en que incurre el autor, magnitud que se encuentra directamente vinculada al grado de riesgo no permitido generado por la conducta activa del imputado con respecto al bien que tutela la norma penal, o, en su caso, al grado de riesgo no controlado cuando tiene el deber de neutralizar los riesgos que afecten al bien jurídico debido a la conducta de terceras personas o a circunstancias meramente casuales. El nivel de permisión de riesgo se encuentra determinado, a su vez, por el grado de utilidad social de la conducta desarrollada por el autor (a mayor utilidad social mayores niveles de permisión de riesgo). Por último, ha de computarse también la importancia o el valor del bien jurídico amenazado por la conducta imprudente: cuanto mayor valor tenga el bien jurídico amenazado menor será el nivel de riesgo permitido y mayores las exigencias del deber de cuidado.

De otra parte, y desde una perspectiva subjetiva o interna (relativa al deber subjetivo de cuidado), la gravedad de la imprudencia se dilucidará por el grado de previsibilidad o de cognoscibilidad de la situación de riesgo, atendiendo para ello a las circunstancias del caso concreto. De forma que cuanto mayor sea la previsibilidad o cognoscibilidad del peligro, mayor será el nivel de exigencia del deber subjetivo de cuidado y más grave resultará su vulneración.”

La aplicación de estos criterios a los casos planteados nos llevaría a los siguientes resultados:

El caso a), atendiendo al resultado (lesiones del art. 147.1 y lesiones de los arts. 149 y 150) y a la clase de imprudencia menos grave concurrente (importante infracción del deber objetivo de cuidado y del deber subjetivo de cuidado al existir una señal de STOP o de CEDA EL PASO que advertía al conductor del peligro en el cruce pero colisiona contra otro vehículo), el hecho sería punible de conformidad con lo previsto en el art. 152.2 CP solo si las lesiones causadas están previstas en los arts. 149 y 150 y sería atípico en el caso las lesiones del art. 147.1.

El caso b) atendiendo al resultado (lesiones del art. 147.1 y lesiones de los arts. 149 y 150) y a la clase de imprudencia grave concurrente (muy importante infracción del deber objetivo de cuidado y del deber subjetivo de cuidado al cruzar un peatón un paso de cebra que obligaba al conductor a extremar al máximo su precaución), el hecho sería punible de conformidad con lo previsto en el art. 152.1 CP en cualquiera de los resultados lesivos del caso.

El caso c) con independencia del resultado lesivo, si atendemos a la imprudencia concurrente del conductor que, como mucho, al cruzar el peatón por un lugar no preferente para él, sería leve, el hecho sería atípico y se derivaría a la vía civil.

El caso d) al no especificar que se haya producido una muy importante infracción del deber objetivo de cuidado ni del deber subjetivo de cuidado por parte del conductor, sino simplemente una conducta imprudente, al calificarla como leve, cualquiera que sea el resultado lesivo, será atípico y se derivaría a la vía civil.


El cambio legislativo propiciado por la reforma del CP no ha conducido a la despenalización de todo tipo de conductas relacionadas con el tráfico de vehículos. Así el art. 152.1 CP (EDL 1995/16398) sanciona al que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el resultado producido… y el art. 152.2 al que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se refieren los arts. 149 y 150.

Los ejemplos sustanciados considero que deberán ser objeto de la debida clarificación a tenor del cambio normativo sustanciado, aunque el concepto de imprudencia y su trascendencia penal, dista de ser novedoso.

El TS viene a tener fijado que las infracciones culposas no se distinguen entre sí, a diferencia de lo que ocurre con las dolosas, por su naturaleza específica sino por la intensidad y relevancia de la previsión y diligencias dejadas de observar, y que ante la falta de determinación en nuestro derecho positivo de módulos legales para la medición del grado o clase de culpa, el órgano judicial ha de proceder, con ponderación y prudencia a su medida y delimitación, tomando en consideración las circunstancias prácticas de todo orden, subjetivas y objetivas, concurrentes en el supuesto enjuiciado.

Por tanto, dirá la STS de 5 de diciembre de 1985 (EDJ 1985/6337) la gravedad de la imprudencia está directamente en relación con la jerarquía de los bienes jurídicos que se ponen en peligro y con la posibilidad concreta de la producción del resultado lesivo. En estos términos: cuando la acción del autor genera un peligro para un bien jurídico importante en condiciones en las que la posibilidad de producción del resultado son considerables, la imprudencia deber ser calificada como grave....

Sin embargo, más recientemente la STS de 31 de marzo de 2006 dice:

“En el ámbito penal, en consecuencia, son relevantes los conceptos referentes a la posibilidad de la gente de evitar el comportamiento que llevó a cabo, junto con el presupuesto de la previsibilidad del resultado ilícito, además de la obligación normativa del comportamiento distinto por parte del sujeto en ese caso concreto. En la moderna doctrina, sigue diciendo la resolución citada, el deber de cuidado se interpreta en una doble proyección, por un lado, objetivamente, existiría una exigencia de previsibilidad y habitualidad del resultado genérica, común y razonable para cualquier persona, siempre que se halle en la misma situación y sometida a idéntica obligación; en tanto que el aspecto subjetivo del deber se materializaría en el caso ya concreto, por la posibilidad para el autor de adecuar su conducta al deber objetivo de cuidado, extremo que caracteriza a la infracción penal por culpa de imprudencia.

En consecuencia, quien omitió las normas indispensables y elementales de prudencia, a tenor de la que en ese momento se requería, en función de la previsibilidad habitual del riesgo, no atendió al cuidado debido en la realización de las pertinentes maniobras, y causa un resultado normativamente previsto, incurre a mi juicio en imprudencia grave o menos grave.”

Por tanto, los ejemplos expuestos no vienen, a mi juicio, a contener todos los parámetros necesarios para poder graduar el ámbito de la imprudencia con su trascendencia penal.

Por ejemplo, en el tema relacionado con preferencias de paso en intersecciones sean regulados por semáforo, ceda el paso o stop, si la zona mantenía una buena visibilidad, se produce en un momento de buena iluminación diurna o artificial (nocturna), con buen tiempo atmosférico y además era una zona conocida por el conductor (por ser habitual su tránsito) desconocer la señal dando lugar a un resultado de los previstos en el art. 152.1 puede entenderse como imprudencia grave.

Si hay mal tiempo, reducida visibilidad, mala iluminación o el conductor no conoce la zona puede no darse esa necesaria previsibilidad del resultado ilícito, por cuanto ha podido no percibirse de la señal ni del potencial peligro que su conducta suponía, y tampoco ha podido adaptar ese deber de especial cuidado para evitar el resultado. Y por tanto su conducta puede no ser reprochable penalmente.

Tales datos vuelven a incidir por ejemplo en el caso del peatón atropellado en un paso de cebra no regulado por semáforo.

En el tercer de los supuestos por lo general ya lo veo más difícil, pues hay contar con un factor culpable en la victima y con el principio de confianza en la seguridad en el tráfico que no hace predecible de que alguien pase una vía por lugar no habilitado para ello. Quizás tampoco puede excluirse la imprudencia menos grave de quien con perfecta visibilidad, iluminación, buen tiempo conocedor de la zona, produce ese resultado si además coexiste otro factor, como por ejemplo una velocidad superior a la permitida.

En el último de los supuestos la conducta podría dar lugar a la previsión del art. 142 CP cuya pena varía en función del carácter grave o menos grave de la imprudencia, lo cual como sucede en el art. 152 deja sin reproche penal las conductas leves.

Por consiguiente, entiendo que vale lo expuesto con anterioridad para calibrar cuando la imprudencia puede ser considerada grave o menos grave.


Referida la cuestión planteada a si determinados supuestos de accidentes de tráfico son constitutivos de delito según el actual CP (EDL 1995/16398), como punto de partida es de señalar que el vigente CP, en principio, recoge la comisión por imprudencia dentro de cada tipo delictivo, no como delito autónomo.

Así, en los supuestos de homicidio, constituye delito tanto caso de concurrir imprudencia grave (art. 142.2 CP), como cometerse con imprudencia menos grave (art. 142.2 CP), regulándose específicamente en uno y otro supuesto el caso de cometerse el delito utilizando vehículo a motor o ciclomotor.

Sin embargo, en el caso de delito de lesiones, sólo se regula como tal el supuesto de causarse las mismas por imprudencia grave como, de ocasionarse las mismas por imprudencia menos grave, únicamente si se trata de lesiones consistentes en: pérdida o inutilidad de órgano o miembro -principal o no-, impotencia, esterilidad, deformidad -grave o no-, o enfermedad grave somática o física (arts. 149 y 150).

También se recoge específicamente en tales casos la comisión delictiva utilizando vehículo a motor o ciclomotor.

Sentado lo cual, ante las cuestiones planteadas procede considerar:

a) Saltarse un stop o ceda el paso y ocasionar lesiones de los arts. 147.1, 152.1 o 152.2 CP: si se considera que medió imprudencia grave, la acción siempre será constitutiva de delito. Si se entiende que concurrió imprudencia menos grave solo será constitutiva de delito si las lesiones causadas son las de: pérdida o inutilidad de órgano o miembro, impotencia, esterilidad o grave enfermedad somática o psíquica.

b) Atropello de peatón en paso de cebra lesiones de los arts. 147.1 o 152.1 o 152.2 CP: es de reproducir las consideraciones anteriores: será delito si medió imprudencia grave y, de mediar imprudencia menos grave, sólo si se ocasionaron las lesiones especificadas anteriormente.

El problema será el determinar si la imprudencia que medió fue grave o menos grave, para ello habrán de valorarse todas las circunstancias concurrentes: velocidad del vehículo, visibilidad, tratarse de zona muy transitada, proximidad de centro escolar…

c) Atropello de peatón fuera de paso de cebra o en lugar no preferente para estos causando lesiones de los arts. 147 o 152.1 o 152.2 CP: deben de tenerse por reproducidas las consideraciones vertidas en los apartados anteriores. Si bien parece que ante las circunstancias descritas en la formulación nos encontraríamos ante un caso de imprudencia menos grave, tales circunstancias, de por sí, no excluyen el que pudiese concurrir imprudencia grave en atención a otras circunstancias concurrentes: exceso de velocidad, zona peatonal o infantil, maniobra generadora de riesgo, etc.

d) Colisión con otro vehículo con resultado de muerte. En este caso, la acción será constitutiva de delito ya concurra imprudencia grave o menos grave. No así si únicamente concurriese imprudencia leve, lo cual, como ser viene diciendo, dependerá del estudio de todas las circunstancias concurrentes.


El 31 de marzo de 2015 se publicó la LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal (EDL 2015/32370). Esta reforma ha venido a modificar, de forma sustancial, la vía por la que se reclaman las lesiones sufridas en accidente de circulación, de modo que el Juicio por accidente de tráfico (llamado Juicio de Faltas), en principio, sale del ámbito penal, lo que trae como consecuencia colateral, la no intervención del Médico Forense, y la intervención de otros profesionales, ajenos hasta la reforma de 2015 del accidente de circulación, como es el procurador y el médico de parte. Dicho de otra manera, la reforma, ha decido dejar fuera del proceso penal la mayoría de las lesiones causadas en accidente de circulación, de modo que al perjudicado que quiera ser indemnizado por estas lesiones, deberá acudir al proceso civil, en el que el perjudicado deberá correr con los honorarios de un perito especialista en valoración del daño corporal para poder tener éxito en su pretensión de indemnización.

La reforma ha tenido impacto, también, en el llamado “Auto de cuantía máxima”, puesto que, si el Juzgado archiva la denuncia inicial, se pude solicitar dicha resolución, mientras que si se limitan a inadmitir aquella, se evitan dicho trámite, puesto que, la rechazan sin abrir procedimiento alguno, y de esta manera no están obligados a dictar auto de cuantía, ya que, en el anterior sistema, el Juez sólo debía dictarlo cuando se archivaba un procedimiento penal que hubiera estado abierto (admitido a trámite) alguna vez.

La nueva situación, en principio, empuja al perjudicado al proceso civil, lo cual presenta dos inconvenientes y una ventaja respecto al anterior sistema:

a) La primera desventaja es el encarecimiento del proceso por accidente de circulación dada la desaparición del inicial el informe de sanidad forense, gratis por naturaleza, la obligación de adelantar honorarios de perito medico de parte y al abono de la tasa judicial correspondiente.

b) La segunda desventaja es la lentitud del proceso civil, por la necesidad de los principios de impulso procesal de parte y aportación de carga probatoria.

c) Como ventaja general, (aunque discutible) contamos con unas periciales medicas que parten de valoraciones médico-legales muy superiores a la de los Médicos Forenses, lo que tiene su traducción económica en la indemnización final. Con el nuevo sistema de igual manera habrá una doble valoración médica, el de parte y el de la compañía, por lo que si uno valora al alza y otro a la baja, nos acabará quedando la indemnización que realmente nos corresponde y, además, en caso de discrepancia, el perito/médico de parte, deberá acudir al juicio sin sobrecoste alguno, por lo que se equilibran las posiciones procesales con la aseguradora.

Para dar puntual respuesta a las cuestiones a debates, se debe de partir de una premisa/interrogante inicial: ¿Toda infracción grave es directamente un delito/infracción penal, independientemente del resultado? Depende del posicionamiento personal, obtendremos diferentes respuestas, lo que, en definitiva, a mi modo de ver, nos aboca a la inseguridad jurídica.

Punto de partida es considerar que, con la entrada en vigor de la LO 1/2015, el legislador ha optado por reconducir lo que hasta ahora eran faltas de lesiones del art. 621 CP (EDL 1995/16398) por imprudencia leve y el homicidio por imprudencia leve, a la jurisdicción civil, de modo que solo serán constitutivos de delito y por tanto perseguibles por la vía penal, el delito de homicidio por imprudencia grave (art. 142. 1 CP), las lesiones graves por imprudencia grave (art. 152.1), así como el delito de homicidio y las lesiones agravadas por imprudencia menos grave (apartado 2 del art. 142 y apartado 2 del art. 152), ello determina que amparado el legislador en el principio de intervención mínima, considere que únicamente pertenece a la esfera penal aquellas lesiones causadas con imprudencia grave o imprudencia menos grave.

La inercia del funcionamiento judicial y los criterios anteriores a la reforma analizada, en el que, en la mayoría de los accidentes de tráfico los Jueces apreciaban que la infracción cometida por el conductor causante es una imprudencia leve, persistirá, según mi modesta opinión y, si ello es así, cuando se produce un atropello en un paso de peatones porque el conductor circula distraído y no se percata de que hay una persona cruzando, serán supuestos que se reconducirán a la vía civil, por más que, los perjudicados se muestren disconformes con tal criterio.

En el supuesto de atropello de peatón en paso de cebra al que se le causa lesión, para valorar si la conducta omisiva llevada a cabo entronca en la antijuridicidad de la acción penal prevista en los art. 147.1, 152.1 o 152.2 CP o en el ilícito del art. 1902 CC (EDL 1889/1), lo primero que debe determinarse son las características típicas de dicha infracción, y así ponderar si, a la luz de las pruebas de las que se dispone por parte del perjudicado, afloran certezas de haberse cometido dicho ilícito con trascendencia jurídico-penal, o, por el contrario, nos encontramos ante otro tipo de imprudencia.

Persiste la situación de ausencia de concretos criterios para delimitar lo que es imprudencia grave o menos grave de aquella imprudencia leve, despenalizada con la reforma, encontrando únicamente referencias a la misma, en la Circular 1/2015 (EDD 2015/103417), estableciendo criterios para el ejercicio de la acción penal para la persecución de dichos delitos. En la misma se dice que el Ministerio Fiscal asistirá al enjuiciamiento, entre otros de “Lesiones por imprudencia menos grave del art. 152.2 CP en relación con el art. 149 CP en los casos señalados en el punto anterior”, esto es, en “supuestos producidos por la circulación de vehículos de motor o ciclomotores, prestación de servicios públicos o privados de transporte colectivo de personas, o en el ámbito laboral, sanitario o profesional.”

El nuevo art. 147 establece la lesión como delito menos grave en su punto 1 y la lesión como delito leve en su punto 2.

El nuevo art. 152.2 castiga al que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se refieren los arts. 149 y 150.

De lo anterior se infiere que ahora existen dos tipos de imprudencias: las imprudencias graves y menos graves (desaparece la leve). La diferencia entre una y otra, queda al arbitrio judicial, siendo mi opinión que, en el supuesto de que de que concurra una imprudencia con unas lesiones de delito menos grave al menos, se deben instruir las correspondientes diligencias, en la medida en que, la línea entre menos grave o leve puede ser muy sutil.

Respecto de las lesiones “graves” causadas por una imprudencia menos grave o grave, la calificación dependerá de la imprudencia cometida por el sujeto activo, y para poder determinar tal extremo, se hace preciso analizar el atestado policial, las diligencias de investigación y en el caso de accidentes una minuciosa investigación del mismo, por el simple hecho que una lesión dependiendo de la imprudencia puede pasar de ser condenada a días multa a penas de prisión. Es por ello que, bajo mi punto de vista, revista importancia el atestado policial y la práctica de aquellas diligencias imprescindibles y primordiales, y a veces únicas por la inmediatez del hecho e irrepetibles, como acontece con una prueba de alcoholemia que deben realizarse para poder establecer el grado de imprudencia cometida.

Sólo en aquellos supuestos en que no existan lesiones que tengan la consideración de delitos leves atribuibles a una imprudencia, independientemente de su consideración de grave o menos grave, no será precisa la confección de atestado ya que su responsabilidad queda excluida a la vía civil.

Como corolario de lo expuesto, entiendo que, dada la nueva situación, es mejor calificar los hechos por la gravedad del resultado que por el desvalor de la acción y por ello, los supuestos enunciados en la pregunta podrían encajar en la jurisdicción penal.


La cuestión que se plantea es de gran interés, pues se trata de determinar si, tras la despenalización de la falta de imprudencia del antiguo art. 621 CP (EDL 1995/16398) y la desaparición de los juicios de faltas en nuestro ordenamiento jurídico procesal, necesariamente los daños físicos producidos como consecuencia de un accidente de tráfico deben o no derivarse a la vía de la mediación o de la jurisdicción civil, con exclusión de la jurisdicción penal. En mi opinión, existe una serie de supuestos relativos a accidentes de tráfico con resultado de muerte o lesiones, en que puede intervenir la jurisdicción penal, encontrándose debidamente tipificados en los arts. 142 y 152 CP, por ejemplo, determinadas conductas que sí que merecen el reproche penal, ya se haya causado la muerte o lesiones en la forma indicada en los mencionados preceptos, interviniendo imprudencia grave o menos grave en la persona del causante de la víctima, y siempre que exista denuncia de la persona agraviada o de sus herederos. Así, por ejemplo, el en el art. 152 se prevé expresamente en su número primero que el que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores, será castigado en atención al riesgo creado y el resultado producido a diferentes penas, en consonancia con la naturaleza de las lesiones que se hayan causado.

Y especialmente en los últimos tres párrafos del nº 1 del art. 152 CP se contemplan penas a añadir a las reflejadas en párrafos anteriores cuando los hechos se hubieren cometido o bien utilizando un vehículo a motor o ciclomotor, utilizando un arma de fuego o por imprudencia profesional.

Por tanto, es evidente que cuando el accidente de tráfico que causa alguna de las lesiones previstas en los arts. 147, 149 o 150 se ha cometido en base a una imprudencia grave en el manejo de un vehículo a motor o ciclomotor, podemos perfectamente encontrarnos ante el tipo delictivo del art. 152 CP, lesiones por imprudencia grave, añadiendo a la pena señalada para el tipo general la específica de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años. En el supuesto de que el resultado lesivo fuere la muerte de una persona, el art. 142 CP contiene una norma similar a la del art. 152, en cuanto que establece la pena que corresponde a aquel que causa un homicidio por imprudencia grave, añadiendo a la pena a imponer la de privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores de uno a seis años, cuando el homicidio imprudente se lleva a cabo utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor. Lo que habrá que determinar es cuándo podemos considerar que nos encontramos ante un supuesto e imprudencia grave que rebase la línea entre el ilícito civil y la infracción penal, recordando también que cabría incluso la posibilidad de acudir al concepto de delito leve si las lesiones a que se refieren los arts. 149 y 150 se causan por imprudencia menos grave, con la adición de pena correspondiente a la supresión del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año.

Por tanto, a través de dos tipos de imprudencia, la grave y menos grave, la lesión causada como consecuencia de un accidente de tráfico en la conducción de vehículos a motor encontrará el pertinente reproche penal siempre y cuando se trate, en el primer caso, de cualquiera de las lesiones definidas en el nº 1 del art. 147, las lesiones del 149 o las del 150, mientras que si la imprudencia es calificada como menos grave la conducta que causa lesiones de los arts. 149 y 150 podrá ser calificada como delito menos grave y si los hechos se hubieren cometido utilizando un vehículo a motor o ciclomotor se añadirá igualmente la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año.

En consecuencia, resulta evidente que las lesiones, según su distinta naturaleza y la graduación del art. 152, que se cometan interviniendo imprudencia grave o menos grave y mediante la utilización de un vehículo a motor o ciclomotor, pueden resultar constitutivas de un delito menos grave, de conformidad con los arts. 13 y 33 CP. Habrá que determinar qué imprudencia es aquella que alcanza el nivel de grave o menos grave para que, en su caso, podamos hablar de la existencia de responsabilidad penal. En este sentido, si atendemos a la numerosa casuística que ha analizado la jurisprudencia, ya el TS, por ejemplo en su sentencia de 1 de abril de 2002 (EDJ 2002/12159) establece las reglas a tener en cuenta para diferenciar la imprudencia grave de la leve, atendiendo en primer lugar a la mayor o menor falta de diligencia, a continuación a la mayor o menor previsibilidad del evento y, finalmente, a la mayor o menor infracción de los deberes de cuidado que, según las normas socioculturales vigentes, se espera del sujeto que lleva a cabo la conducta. En definitiva, la caracterización de la imprudencia grave, como dice el TS en su sentencia nº 1658/99 (EDJ 1999/34355), consiste en la omisión de las precauciones básicas o primarias. Y a tenor precisamente de dicha doctrina jurisprudencial resulta evidente que habrá que estar al caso concreto y atender fundamentalmente las circunstancias que rodean un supuesto determinado.

A primera vista, podría, en teoría, no resultaría que se infringe la misma norma de cuidado y atención cuando el conductor no respeta una señal de stop o de ceda el paso puesto que, de acuerdo con las normas circulatorias, la situación de riesgo que advierte y trata de evitar cualquiera de estas dos señales, resulta distinta, entendiendo que la imprudencia sería más elevada si el conductor no respeta la señal de stop. Es evidente que en el supuesto de que se produzca el atropello a un peatón en un paso de cebra necesariamente exigirá para calificar la imprudencia y ver si alcanza el nivel de grave o menos grave, tener en cuenta las circunstancias que concurren en el accidente de tráfico en cuestión, tales como la señalización para los conductores de la existencia del paso de cebra, hora en que se produce el accidente, velocidad que llevaba el automóvil causante del mismo, luminosidad de la vía, etc. Y lo mismo en relación al supuesto de que el atropello se produzca por lugar no habilitado para cruzar la calzada, ya que si bien aparentemente pudiéramos, a priori, entender que no existe un comportamiento que denote imprudencia grave o menos grave del conductor del automóvil, habrá que analizar el nivel de imprudencia en atención a las circunstancias concurrentes en el accidente en sí, lugar y tiempo en que se produce el mismo, circunstancias de la vía, velocidad del conductor, etc.

Finalmente, a mi juicio, el resultado lesivo para la víctima no influye en orden a determinar si nos encontramos ante un accidente de tráfico que pudiera generar responsabilidades penales para el conductor del vehículo causante. Lo determinante, a mi juicio, será especialmente el nivel de imprudencia con que se comete el hecho, de forma tal que tanto en el supuesto de que se causare la muerte de otro por imprudencia grave o menos grave, como si lo que se causa son lesiones, interviniendo cualquiera de las dos clases de imprudencia a las que hacen alusión los arts. 142 y 152 CP, podríamos encontrarnos con conductas delictivas, ya sea de homicidio o lesiones por imprudencia, en atención precisamente, insisto, a la naturaleza de la imprudencia en el actuar del agente y el resultado lesivo.


Como es sabido, el Derecho Penal integra un sector del ordenamiento jurídico presidido por el principio de intervención mínima en cuanto último reducto al que cabe acudir cuando las cuestiones o conflictos no pueden ser solventados en otros campos del Derecho, de ahí que no toda actuación culposa de la que se derive un resultado dañoso determinará que el autor de la acción u omisión incurra en infracción penal, siendo paradigma de ello el que junto a la culpa penal coexiste la civil.

Ha sido doctrina pacífica, vertebrada alrededor del principio de "ultima ratio" del sistema punitivo (de la que es exponente a nivel legislativo la reducción de las figuras penales imprudentes) la que entiende que en la esfera penal se incardinan exclusivamente los supuestos de culpa lata (imprudencia grave constitutiva de delito) y de culpa leve (imprudencia leve constitutiva de falta) pero no la culpa levísima que quedará circunscrita a la esfera civil, a la que habrá de acudir quien pretenda exigir responsabilidad por culpa de tal entidad.

Pues bien, la LO 1/2015, de 30 de marzo (EDL 2015/32370), ha derogado las faltas de lesiones, antes recogidas en el art. 621 CP (EDL 1995/16398), y las ha derivado a la vía civil, sin que ahora dichas lesiones tengan encaje en los nuevos delitos leves, por lo que en caso de presentación de denuncia penal por estos hechos el Juzgado debe inadmitirla in limine litis.

La intención del legislador no ha sido otra que en los casos de lesiones producidas por imprudencia leve el lesionado acuda a la vía civil para reclamar la indemnización que le corresponda.

Ahora bien, cabe plantear si en las lesiones en las que inicialmente no se pueda determinar el grado de imprudencia que ha intervenido en la producción del accidente, se puede presentar denuncia penal por si los hechos fueren constitutivos de delito.

La cuestión aunque controvertida, entendemos que se puede responder en sentido afirmativo, y es que, frente a la práctica habitual existente con anterioridad donde el mayor número de casos eran derivados al Juicio de Faltas, ahora, en cambio, hay que abandonar ciertos automatismos debiendo determinar dónde una acción excede la imprudencia leve y pasa a ser infracción penal.

Para deslindar la imprudencia grave o menos grave de la leve (despenalizada) sirve de ayuda el Derecho Administrativo Sancionador, y en concreto la enumeración de infracciones que realizan los arts. 76 y 77 del RDLeg 6/2015, de 30 de octubre (EDL 2015/188103), cuando éstas no constituyan per se un delito, de tal forma que:

- Cabe apreciar imprudencia grave, en principio, cuando en la causación del resultado haya concurrido como factor determinante y causal una infracción grave o muy grave del citado RDLeg 6/2015.

- La imprudencia menos grave viene determinada por la infracción de reglamentos, la concurrencia de otras conductas como concausa del siniestro y la menor intensidad de la infracción de cuidado, lo que merece un menor reproche social.

Hay que valorar:

- La mayor o menor falta de diligencia mostrada en la acción u omisión.

- La mayor o menor previsibilidad del evento que sea el resultado.

- La mayor o menor intensidad de la infracción del deber de cuidado.

Hechas estas precisiones, pasamos a analizar los supuestos de hecho propuestos:

a) Saltarse un stop o ceda el paso y colisionar con otro vehículo causando a los ocupantes del otro vehículo o a los suyos lesiones de los arts. 147.1, 152.1 o 152.2 CP.

Si la infracción de tráfico (grave, puesto que el art. 76 l) del RDLeg 6/2015, de 30 de octubre, sanciona como grave el “no respetar la señal de stop o la señal de ceda el paso”) es determinante en la causación de las lesiones se estará en presencia de un delito de lesiones por imprudencia grave.

Así lo ha venido considerando la jurisprudencia: respecto de la señal de stop, ya se pronunció en este sentido la SAP Zamora nº 48/2009, de 29 de julio (EDJ 2009/189369), y en el caso de ceda el paso o, en general, de la inobservancia de preferencias de paso en un cruce, la STS de 22 de abril de 1987 (EDJ 1987/3186).

Considero que si la infracción de tráfico no es determinante en la causación de las lesiones, al intervenir otros factores (concausas), se podría considerar como una imprudencia menos grave, que para constituir delito del art. 152.2 CP precisa lesiones de los arts. 149 y 150. En otro caso se derivaría a la vía civil.

b) Atropellar a un peatón en un paso de cebra causando lesiones de los arts. 147.1, 152.1 o 152. CP.

En este caso lo mismo cabe decir que respecto del incumplimiento de la señal de ceda el paso. Puede ser constitutiva de infracción penal al concurrir imprudencia grave, puesto que el deber de diligencia debe ser extremado; la especial protección que se concede al paso de peatones es puesta de manifiesto por la praxis judicial que ha es-timado una acción imprudente grave, v.gr., cuando se circula a velocidad excesiva rebasando el vehículo que se encontraba detenido ante un paso de peatones (STS nº 720/2003, de 21 de mayo; EDJ 2003/30191), o cuando se circula marcha atrás atravesando un paso de peatones (SAP Guipúzcoa nº 243/2009, de 30 de junio; EDJ 2009/172813).

c) Atropellar a un peatón fuera del paso de cebra por lugar no preferente para estos y causar lesiones de los arts. 147.1, 152.1 o 152.2 CP.

Dependerá de las circunstancias concretas del accidente, a la mayor o menor distancia respecto al paso de peatones, pudiendo derivarse a la vía civil en el caso en que se constate que la conducción era diligente prestando atención a las incidencias viarias, o incluso apreciar la concurrencia de una imprudencia menos grave por la concurrencia de un actuar negligente por parte del lesionado, lo que precisará para ser derivado a la vía penal la causación de las lesiones de los arts. 149 y 150.

De cualquier forma, conducir con exceso de velocidad notable o de forma temeraria en una población puede ser constitutiva per se de imprudencia grave. Efectivamente el exceso de velocidad notable en vía urbana -con independencia de que pueda constituir per se un tipo penal propio-, puede ser determinante para la apreciación de una imprudencia grave que derive la actuación del agente en infracción penal, tal y como ha sido apreciado, entre otras, por la SAP Sta. Cruz de Tenerife nº 300/2010, de 29 de junio (EDJ 2010/275969), o la SAP Madrid nº 745/2009, de 13 de julio (EDJ 2009/175400).

d) Colisionar con un vehículo en un accidente de tráfico con imprudencia del conductor y concluir con la muerte de una persona.

Igualmente, dependerá de las circunstancias concretas del accidente, pudiendo derivarse a la vía civil en el caso en que se constate que la imprudencia concurrente es leve o levísima. Si se aprecia la infracción de reglamentos y ésta interviene en mayor o menor grado en la causación del daño, se puede considerar la existencia de imprudencia grave o menos grave que convierta en delictiva la acción.

Si, por ejemplo, el conductor del turismo que provoca el accidente arroja una tasa de 0,45 mg/l de alcohol en aire (que a tenor de lo dispuesto en el art. 77.c) del RDLeg 6/2015, supone una infracción muy grave), y no existen otros factores que intervengan en el resultado, la acción sería constitutiva de un delito de homicidio por imprudencia grave.


La LO 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal (EDL 2015/32370), derogó, como ya sabemos, el Libro III correspondiente a las faltas, entre ellas las relativas al tráfico de vehículos. Pero esa despenalización ha sido sólo parcial, pues si bien se eliminan las conductas imprudentes de carácter leve cualquiera que sea su resultado (las faltas del art. 621.2 y 3 CP anterior), se prevén en el nuevo CP (EDL 1995/16398) algunos delitos menos graves (arts. 142.1 y 152.1) o delitos leves (arts. 142.2 y 152.2) de imprudencia en el tráfico de vehículos con resultado de muerte o de lesiones especialmente graves que, en parte, se solapan o sustituyen a algunas de las faltas de imprudencia despenalizadas.

En la concreta materia de tráfico vial, el legislador ha pretendido corregir con esta despenalización de las faltas dos problemas endémicos. Por un lado, la llamada “degeneración punitiva” en materia de tráfico vial resultado de la escasa aplicación de los arts. 142 y 152 CP, dado que en la práctica infracciones de tráfico relevantes dotadas de una significada gravedad y constitutivas de verdaderos delitos de homicidio y lesiones imprudentes se ventilaban en simples juicios de faltas. Y, por otro, el uso del proceso penal con una función primordialmente “reparadora” (y no “sancionadora”), acudiendo al juicio de faltas como la vía más expeditiva para satisfacer pretensiones de naturaleza esencialmente económica.

En este marco penal, se nos plantea la calificación jurídica que merecen determinados supuestos de hecho y si podrían tener cabida en alguno de los tipos contemplados en el CP o deben derivarse a la vía civil. Pues bien, el casuismo fundamental que rige todo cuanto la imprudencia en la circulación rodada se refiere ha propiciado y propiciará innumerables resoluciones de todas clases, respecto de las causas, las definiciones y de los efectos del hecho acaecido correspondiente. Cuando se trata de hechos relativos a la circulación de vehículos de motor, son las circunstancias en que se produce la conducción las que, en su apreciación global, nos dirán la entidad (grave, menos grave o leve) de la imprudencia.

Siempre existió un elemento común como configurador de la más grave de las imprudencias, en los casos en los que se faltaba a las más elementales normas de precaución y cautela, conjugando el deber objetivo de cautela, la permisibilidad y la participación mental del sujeto. Se trata, en definitiva, de que toda persona acomode su conducta, cuando ésa puede trascender a terceros, a unos patrones que eviten aumentar las posibilidades o probabilidades de lesionar los bienes jurídicos de tales terceros. Por ello, se ha dicho que la imprudencia grave (o temeraria) implica la omisión de los más elementales deberes de cuidado y la creación de un riesgo grave y evitable (SSTS, Sala 2ª, nº 282/2005, de 4 de marzo, EDJ 2005/37490 y nº 186/2009, de 27 de febrero, EDJ 2009/19081). En este sentido, (a) saltarse un stop y colisionar con otro vehículo causando a los ocupantes del otro vehículo o a los suyos lesiones graves debe subsumirse en el tipo penal del art. 152.1 CP, pues la conducta infractora de rebasar un cruce de vías haciendo caso omiso de una señal vertical de stop debe ser calificada como imprudencia grave (STS, Sala 2ª, nº 875/2001, de 10 de mayo; EDJ 2001/9073). De la misma forma, (b) el atropello de un peatón cuando cruza un paso de peatones causándosele lesiones graves supone la omisión del más elemental deber de cuidado (detenerse antes de invadir el “paso de cebra”) cuya infracción, a la par de recogida en el art. 65 RGC (EDL 2003/156972), es determinante de una imprudencia grave (SSTS, Sala 2ª, nº 1082/1999, de 28 de junio, EDJ 1999/14514, y nº 720/2003, de 21 de mayo, EDJ 2003/30191, entre otras).

En cuanto se refiere a la novedosa “imprudencia menos grave” de los arts. 142.2 y 152 CP, se calificarán como tales aquellos accidentes de circulación con resultado de muerte o de lesiones con graves secuelas, en donde la imprudencia no llega a ser grave pero que supone una actuación negligente por falta de previsión del riesgo y con omisión del deber de cuidado propio del tráfico vial generalmente establecido en el Reglamento General de Circulación. Así, tendrían su encaje penal en el tipo del art. 152.2 CP (a) la acción de saltarse un ceda al paso y colisionar con otro vehículo causando a los ocupantes del otro vehículo o a los suyos lesiones graves, pues con tratarse de la omisión del deber de paso en una próxima intersección (arts. 150 y 151 RGC) no exige imperativamente la detención, teniendo menor gravedad que saltarse un stop que exige una detención obligatoria.

Distinta sería la calificación que merecería (c) el atropello de un peatón fuera del paso de cebra por lugar no preferente para éstos y causar lesiones graves, ya que si el supuesto de hecho contempla el acceso rápido y sorpresivo del peatón a la vía (por entre otros vehículos estacionados) la conducta no tendría relevancia penal por no concurrir imprudencia punible; mientras que si el peatón es atropellado tras adentrarse varios metros en la vía, el conductor del vehículo que debe estar atento a la conducción y controlar su vehículo deteniéndolo ante cualquier obstáculo que se interponga en su camino (arts. 17 y 45 RGC), incurriría en una imprudencia menos grave si no se percata de la presencia de un peatón en la vía y lo atropella sin detener su vehículo, pero la conducta sería atípica porque el art. 152.2 CP exige un resultado de lesiones contemplado en los arts. 149 o 150 CP que en este caso no se producirían al tratarse de lesiones del art. 147.1 CP.

Finalmente, la conducta (d) de colisionar con un vehículo en un accidente de tráfico con imprudencia del conductor y concluir con la muerte de una persona, sin más concreción de circunstancias de hecho sobre el accidente de circulación en cuestión, puede calificarse, en función de la entidad del deber de cuidado omitido y del riesgo creado, bien como delito menos grave de homicidio por imprudencia grave (art. 142.1), bien como delito leve de homicidio por imprudencia menos grave (art. 142.2), o bien quedar despenalizada si la imprudencia es leve que abarcaría las meras distracciones y las faltas de atención o descuidos.


Una respuesta coherente a la cuestión formulada requiere necesariamente una aproximación a las nuevas modalidades de imprudencia introducidas en el CP (EDL 1995/16398) por la LO 1/2015 (EDL 2015/32370) pues con su delimitación se podrá establecer la frontera entre lo que es sancionado penalmente de lo que ha de ser objeto de represión económica-civil mediante la imposición de una obligación reparatoria del daño causado.

A las imprudencias se refiere precisamente el apartado XXXI del Preámbulo de la citada LO 1/2015. Dice el legislador:

“En cuando al homicidio y lesiones imprudentes, se estima oportuno reconducir las actuales faltas de homicidio y lesiones por imprudencia leve hacia la vía jurisdiccional civil, de modo que sólo serán constitutivos de delito el homicidio y las lesiones graves por imprudencia grave (apartado 1 del artículo 142 y apartado 1 del artículo 152), así como el delito de homicidio y lesiones graves por imprudencia menos grave, que entrarán a formar parte del catálogo de delitos leves (apartado 2 del artículo 142 y apartado 2 del artículos 152 del Código Penal). Se recoge así una modulación de la imprudencia delictiva entre grave y menos grave, lo que dará lugar a una mejor graduación de la responsabilidad penal en función de la conducta merecedora de reproche, pero al mismo tiempo permitirá reconocer supuestos de imprudencia leve que deben quedar fuera del Código Penal. No toda actuación culposa de la que se deriva un resultado dañoso debe dar lugar a responsabilidad penal, sino que el principio de intervención mínima y la consideración del sistema punitivo como última ratio, determinan que en la esfera penal deban incardinarse exclusivamente los supuestos graves de imprudencia, reconduciendo otro tipo de conductas culposas a la vía civil, en su modalidad de responsabilidad extracontractual o aquiliana de los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, a la que habrá de acudir quien pretenda exigir responsabilidad por culpa de tal entidad.”

En efecto, se ha modificado la regulación típica del homicidio y de las lesiones imprudentes, introduciendo una nueva modalidad de imprudencia, la “menos grave”. De estos preceptos resulta ahora que el homicidio es punible cuando es cometido por imprudencia grave y también, previa denuncia, el producido por imprudencia menos grave. En cuanto a las lesiones imprudentes, quedan tipificadas las producidas por imprudencia grave y las causadas por imprudencia menos grave siempre que el resultado sea el previsto en los arts. 149 y 150, es decir, que el resultado sea de pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal o no principal de un sentido, impotencia, esterilidad, deformidad o grave enfermedad somática o psíquica.

Consecuentemente, no son hoy ya punibles los casos de imprudencia leve, ya con resultado de homicidio, ya de lesiones, y las lesiones cometidas por imprudencia menos grave que no produzcan los resultados antes indicados.

La dificultad del nuevo sistema radica en delimitar el concepto de imprudencia “menos grave” ya que si se asimilara a la imprudencia leve de la regulación anterior, no habría modificación alguna respecto de la situación previa a la reforma, a lo que como es evidente se opone lo señalado en el Preámbulo cuando afirma que hay que reconducir las actuales faltas de homicidio y lesiones por imprudencia leve hacia la vía jurisdiccional civil. Por tanto, hay que definir como categoría diferenciada la imprudencia menos grave lo que requerirá valorar, desde este nuevo parámetro, las conductas en atención a la infracción más o menos grave o reiterada de normas objetivas de cuidado o concurrente con delitos de riesgo.

Traída la cuestión al ámbito de la circulación de vehículos a motor, hay que recordar que la regulación administrativa de este sector establece toda una serie de obligaciones y deberes de cuidado. Articula los principios de confianza, de conducción dirigida, de seguridad o de defensa.. Diligencia, precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, deber de no poner en peligro a propios y extraños. Y estos deberes se plasman negativamente en el régimen de sanciones que diferencia entre muy graves, graves y leves.

Por tanto, parecería razonable valorar la intensidad de la imprudencia no sólo desde el incumplimiento de los deberes generales antes expuestos, sino también atendida la naturaleza de la infracción administrativa. Así, se podría analizar el siniestro viario con resultado de muerte o lesiones teniendo en cuenta, el exceso de velocidad, el adelantamiento en zonas prohibidas o sin visibilidad, la infracción de las normas ante un stop, desobediencia a las órdenes de regulación de tráfico de un agente, circular sin iluminación, la conducción en simulaciones carreras, por dirección contraria, etc.

En este sentido conviene ahora recordar que en la jurisprudencia se ha venido calificando de imprudencia temeraria, entre otras, la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, no respetar una señal de stop, adelantamiento sin atención del tráfico, adelantamiento prohibido en rasante, accidente en competición de velocidad por vía pública, atropello en paso de cebra, rebasar un cruce con el semáforo en rojo, velocidad excesiva en circunstancias que exigían un especial cuidado en la vía (lluvia, pérdida de visibilidad, etc.).

En estos casos y dándose las circunstancias oportunas, la concreta falta de cuidado en atención a las circunstancias concurrentes, la naturaleza de la infracción viaria y, desde luego, la concurrencia de concausas -conducta de la víctima- que pudiera constituir un elemento concausal del hecho, resultaría hoy también oportuno entender dichas conductas de imprudentes desde un punto de vista penal por concurrir en ellas o imprudencia grave o menos grave siempre que en el caso hubiera resultado de homicidio o lesiones de la tipología antes expresada.

Sin embargo, las conductas que eran denominadas en la legislación anterior de imprudentes simples antirreglamentarias, que en el caso sería calificadas de imprudentes leves y que se apreciarían de no concurrir los requisitos expuestos para apreciar otras formas de imprudencia sí punibles, quedarían relegadas al ámbito civil. Pero no sólo ellas, también, cabe recordar, quedan para el ámbito de la reparación sólo civil los casos de las lesiones cometidas por imprudencia menos grave no comprendidas en los arts. 149 y 150 del CP, el homicidio por imprudencia menos grave si no hubiera denuncia del agraviado y las lesiones de los arts. 149 y 150 acaecidas por una imprudencia menos leve si no mediara denuncia del agraviado.


Como antecedente para contestar a la cuestión planteada, resulta necesario recordar los pronunciamientos de la Jurisprudencia al delimitar la culpa grave de la leve, actualmente despenalizada. En principio cabe apreciar imprudencia grave cuando se omiten todas las precauciones exigibles o que debieron necesariamente adoptarse en el suceso o evento de que se trate, o al menos, de las más elementales o rudimentarias, por haber incidido el agente, en la omisión de diligencia que supone un quebranto de las más elementales normas de cuidado (SSTS de 20 de diciembre de 2000, EDJ 2000/52644; de 15 de marzo de 2001, EDJ 2001/3145; de 18 de septiembre de 2001, EDJ 2001/33603; de 1 de abril de 2002, EDJ 2002/12159; y de 27 de diciembre de 2004, EDJ 2004/238775; entre otras).

En este sentido, afirma la STS de 27 de febrero de 2009 (EDJ 2009/19081), con relación al homicidio por imprudencia:

“El art. 142.1 CP castiga al que por imprudencia grave causare la muerte de otro. Doctrina y jurisprudencia coinciden en que la imprudencia grave constitutiva de delito, consiste en la omisión el deber de cuidado exigible de las personas menos cuidadosas, equivaliendo al concepto de temeridad que se utilizaba en el Código de 1973. Se trata de los supuestos más reprochables de infracción de las normas de cuidado, que no implican necesariamente una representación mental de la infracción de aquellas por parte del sujeto. Cabe pues imprudencia grave tanto en los supuestos de culpa consciente como de culpa inconsciente o sin representación”.

Por tanto, deberá tenerse en cuenta para valorar la entidad de la falta de cuidado:

1. la entidad de la falta de diligencia mostrada por el agente.

2. la mayor o menor previsibilidad del resultado.

3. la intensidad de la infracción del deber de cuidado.

Al tratarse la circulación de vehículos de motor de un ámbito reglado la gravedad de la conducta puede derivarse, en muchos casos, de la norma de cuidado infringida. A tal efecto, también podría valorarse la Jurisprudencia del TS recaída en este ámbito. Así, podrían recogerse conductas como:

1. Velocidades desmedidas en atención a las características de la calzada (SSTS de 8 de mayo de 1997, EDJ 1997/4246;  y de 21 de mayo de 2003, EDJ 2003/30191).

2. No uso del alumbrado.

3. Conducir con cascos o dispositivos similares que de forma evidente mermen la atención.

4. Giros o adelantamiento antirreglamentarios (SSTS de 26 de abril de 1990, EDJ 1990/4401; y de 15 de abril de 2002, EDJ 2002/13402), o no respetar la prioridad en los supuestos que supongan un evidente riesgo para terceros (STS de 22 de abril de 1987, EDJ 1987/3186).

5. No respetar señales de tráfico y semáforos (STS de 26 de octubre de 2001, EDJ 2001/40285) o las indicaciones de los agentes, en los supuestos más graves.

6. Defectos evidentes de mantenimiento del vehículo....

La consideración de accidentes en estos casos como imprudencia grave no va a estar exenta de problemas, y ello, por la banalización que se ha producido en la práctica de los órganos judiciales penales a las conductas generadoras de accidentes de circulación, con una generalizada degradación a falta. Esta circunstancia ya fue apuntada en la Instrucción 3/06 de la FGE (EDD 2006/88545), afirmando que respondía, entre otras causas a:

“La falta de una percepción clara de un interés público o colectivo en estos procesos que se ha ido traduciendo en la preponderancia del interés privado por la reparación del daño o perjuicio económico sufrido por la víctima, de modo que la vía del juicio de faltas se considera suficiente, o incluso más ágil, para la obtención de una indemnización, quedando el aspecto propiamente penal relegado a un segundo plano, y, por último, al entendimiento de que la circulación con vehículos a motor y ciclomotores es una actividad de riesgo que constituye una situación potencial en la que cualquier participante en ella puede resultar tanto autor de la infracción como víctima de ella.”


RESPUESTA APROBADA POR UNANIMIDAD

Estiman todos nuestros colaboradores como punto de partida del debate, que las infracciones penales relativas a la muerte y a las lesiones cometidas mediando imprudencia efectivamente han sufrido una importante modificación a raíz de la modificación del Código penal (EDL 1995/16398) por parte de la LO 1/2015, de 30 de marzo (EDL 2015/32370).

Así, se considera unánimemente que con dicho modificación, que ha supuesto entre otros muchos aspectos la supresión de las faltas, existe una serie de supuestos relativos a accidentes de tráfico con resultado de muerte o lesiones en que, contestando a la cuestión debatida, sí que puede intervenir la jurisdicción penal.

En este sentido, Don Manuel Perales, por ejemplo, señala que esos supuestos se encuentran debidamente tipificados en los arts. 142 y 152 CP, donde se apuntan determinadas conductas que sí merecen el reproche penal, ya se haya causado la muerte o las lesiones en la forma indicada en los mencionados preceptos, interviniendo imprudencia grave o menos grave en la persona del causante de la víctima, y siempre que exista denuncia de la persona agraviada o de sus herederos.

Por lo anterior, se señala también que, ocurrido un siniestro del tipo de los que se plantean en este foro y a los efectos de estudiar su inclusión en la esfera penal, habrá dos elementos a considerar:

1. El resultado (muerte o los distintos tipos de lesiones) cuya determinación es objetiva; y

2. La clase de imprudencia: leve, menos grave y grave.

Así, en mayor o menor medida, todos nuestros colaboradores inciden en que este último elemento el de más difícil determinación, señalando Don Enrique García-Chamón, por ejemplo, que dicho extremo es el que va a generar litigiosidad porque los lindes entre las tres clases de imprudencia referido son imprecisos y están sometidos a las circunstancias especiales de cada caso y, además, aunque ha desaparecido la imprudencia leve ha surgido una nueva clase de imprudencia, la menos grave, no prevista hasta la reforma del texto penal.

Don Antonio Alberto Pérez Ureña señala por su parte, entre otras consideraciones, que para deslindar la imprudencia grave o menos grave de la leve (despenalizada) puede servir de ayuda el Derecho Administrativo Sancionador, y en concreto la enumeración de infracciones que realizan los arts. 76 y 77 del RDLeg 6/2015, de 30 de octubre (EDL 2015/188103), cuando éstas no constituyan per se un delito.

En todo caso, Don Luis Antonio Soler pone también de relieve la dificultad del nuevo sistema a la hora de delimitar el concepto de imprudencia "menos grave" ya que si se asimilara a la imprudencia leve de la regulación anterior, no habría modificación alguna respecto de la situación previa a la reforma, a lo que como es evidente se opone lo señalado en el Preámbulo de la LO 1/2015 cuando afirma que hay que reconducir las actuales faltas de homicidio y lesiones por imprudencia leve hacia la vía jurisdiccional civil.

Por tanto, es evidente que hay que definir, como categoría diferenciada, la novedosa "imprudencia menos grave" lo que requerirá valorar, desde este nuevo parámetro, las conductas en atención a la infracción más o menos grave o reiterada de normas objetivas de cuidado o concurrente con delitos de riesgo.

A mayor abundamiento, Don Esteban Solaz señala, por ejemplo, que en cuanto a dicha "imprudencia menos grave" de los arts. 142.2 y 152 CP, se calificarán como tales aquellos accidentes de circulación con resultado de muerte o de lesiones con graves secuelas, en donde la imprudencia no llega a ser grave pero que supone una actuación negligente por falta de previsión del riesgo y con omisión del deber de cuidado propio del tráfico vial generalmente establecido en el Reglamento General de Circulación (EDL 2003/156972).

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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