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Contencioso-administrativo

Sobre la extensión del trámite de audiencia previsto en los arts. 33.2 y 65.2 de la Ley Jurisdiccional

Coordinador: Diego Córdoba Castroverde

Magistrado de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

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Los arts. 33.2 y 65.2 de la Ley Jurisdiccional atribuyen al Tribunal de introducir en el debate nuevas cuestiones ("otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición").

Se han planteado dudas sobre la necesidad de utilizar este trámite en determinados supuestos.

En primer lugar, algunos tribunales consideran que no es preciso plantear la tesis en los supuestos de cuestiones de orden público que deben ser controladas de oficio por el Tribunal.

En segundo lugar, en supuestos en los que la cuestión controvertida se había suscitado expresamente en otros pleitos similares seguidos entre las mismas partes.

Por último, también se ha considerado que no era necesario plantearla en los supuestos en los que la cuestión estaba planteada en el escrito de demanda, si bien de forma no suficientemente detallada.

En todos estos supuestos y en otros semejantes ¿está justificada la omisión del trámite de audiencia de los arts. 33.2 y 65.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa?


Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 2, el 15 de julio de 2015.

Consecuencia obligada del principio dispositivo -vigente en el proceso contencioso-administrativo- es el principio de congruencia que preside la actividad, por lo que aquí interesa, de los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos, con reflejo en el articulado de nuestra Ley Jurisdiccional. Dicho principio está específicamente enunciado en su art. 33.1 -EDL 1998/44323-, cuando dice “Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo juzgarán dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición”, y el art. 67.1 -EDL 1998/44323-dispone que las Sentencia “decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso”.

Ahora bien, tanto el apartado 2 del precitado art. 33 -EDL 1998/44323-, como el 65.2 -EDL 1998/44323-, constituyen una excepción a ese principio de vinculación de la decisión del Tribunal a las pretensiones de las partes y los motivos de oposición, ampliando los poderes del juez administrativo, siempre que quede salvaguardado el principio de contradicción, para plantear nuevas cuestiones jurídicas no discutidas, pero susceptibles de afectar a la decisión que se adopte en Sentencia y que no cabe confundir con el principio “iura novit curia” (que permite al Juez fundar el fallo en las normas jurídicas que considere aplicables, aunque no hayan sido invocadas por los litigantes, pudiendo fundamentar su decisión en argumentaciones jurídicas propias, distintas de las articuladas en los escritos de demanda y contestación o en el de conclusiones, siempre que conduzcan a aceptar o rechazar sus pretensiones o los motivos de oposición planteados).

El art. 33.2 -EDL 1998/44323- otorga al órgano jurisdiccional la facultad -en el uso forense se conoce como planteamiento de la tesis- de sí, “al dictar sentencia, estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a aquéllas mediante providencia en que, advirtiendo que no se prejuzga el fallo definitivo, los expondrá y concederá a los interesados un plazo común de diez días para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo. Contra la expresada providencia no cabrá recurso”.

Esa misma posibilidad la otorga el art. 65.2 -EDL 1998/44323-, pero en un momento anterior, para que las alegaciones se formulen en la vista o en el escrito de conclusiones: “Cuando el Juez o Tribunal juzgue oportuno que en el acto de la vista o en las conclusiones se traten motivos relevantes para el fallo y distintos de los alegados, lo pondrá en conocimiento de las partes mediante providencia, dándoles plazo de diez días para ser oídas sobre ello. Contra esta providencia no cabrá recurso alguno”.

En la práctica judicial se han suscitado dudas sobre la necesidad de utilizar este trámite de audiencia siempre y en todo caso.

Concretamente, se ha considerado innecesario, en ocasiones, cuando se trataba de apreciar de cuestiones de orden público que han de ser controladas de oficio, o cuando la cuestión es igual a otra en la que ya se confirió trámite de audiencia a las mismas partes con idéntica finalidad, o cuando, sin estar suficientemente detallada, la cuestión había sido planteada o esbozada en la demanda.

Si la finalidad del planteamiento de la tesis es salvaguardar el principio de contradicción, a fin de no generar indefensión a las partes, entiendo que en el primer caso -apreciación de cuestiones de orden público, controlables de oficio-, la audiencia a las partes es necesaria, pues, aunque sea controlable de oficio, ello no implica que su apreciación se realice, sorpresivamente, sin dar la oportunidad de formular alegaciones, ya que ese control de oficio no excluye el deber de contradicción, con el que, además, se contribuye a reforzar la decisión judicial, a fin de evitar eventuales errores en la apreciación de esas cuestiones de orden público.

En los otros dos casos, sin embargo, considero que no es precisa dicha audiencia.

En el segundo supuesto, porque las partes son suficientemente conocedoras del criterio que va a adoptarse en la Sentencia, similar al que ya se ha seguido en otros pleitos, sustancialmente iguales y entre las mismas partes, en los que el Tribunal había ya planteado la tesis (art. 33.2 LJCA -EDL 1998/44323-). Reiterar el trámite, en estos casos, constituye, a mi juicio, un rigorismo formal excesivo, vacío de contenido, que no merma en modo alguno el derecho de defensa de aquéllas.

Tampoco, el tercer supuesto es subsumible, a mi juicio, en el art. 33.2 -EDL 1998/44323- pues desde el momento en que la cuestión queda esbozada o planteada, incluso tangencialmente, en la demanda o en la contestación, está presente en el debate procesal y no puede ser considerada como una cuestión nueva, por lo que es susceptible de fundamentar -sin necesidad de ningún traslado- la decisión jurisdiccional sin contravenir el deber de congruencia.

El carácter pleno de la jurisdicción contencioso-administrativa permite resolver todos los motivos de impugnación aducidos por las partes en el proceso, hayan sido o no planteados en vía administrativa (art. 56.1 LJCA -EDL 1998/44323-), con el único límite de no incorporar nuevas pretensiones (art. 33.1 LJCA -EDL 1998/44323-). La facultad reconocida al juez en el art. 33.2 LJCA -EDL 1998/44323-, conocida en la praxis como planteamiento de la tesis y que permite introducir en el debate procesal nuevos motivos de impugnación no aducidos por las partes para su sometimiento al principio de contradicción, “está concebida para flexibilizar el principio dispositivo a la hora de centrar el tema fundamental objeto de debate, dando entrada, prudencialmente, al principio de iniciativa del órgano jurisdiccional, incluso en la segunda instancia” (STS de 13 de octubre de 2014 por remisión a la STS de 9 de enero de 2001 -EDJ 2001/501-).

No hay un criterio judicial uniforme en torno a los diferentes supuestos en los que se pueda admitir la omisión del trámite de audiencia por no considerarse necesario el planteamiento de la tesis.

Cuando se trata de cuestiones de orden público que deben ser apreciadas de oficio por el juez (caducidad, prescripción, falta de jurisdicción, de competencia, etc.), mi opinión es que debe plantearse la tesis y permitir a la partes alegar cuanto estimen conveniente al respecto. Considero que una cosa es que por tratarse de cuestiones de orden público procesal puedan y deban ser apreciadas de oficio por el juez y otra muy distinta que, sin respetar el principio de contradicción de las partes, pueda dictarse sentencia apreciando tal cuestión, alterando el sentido del fallo sin permitir a aquéllas aducir cuanto tengan por conveniente, al causarse de este modo una indefensión material a las mismas (art. 24 CE). La jurisprudencia ofrece soluciones distintas a este respecto. Así, a favor de no ser necesario el planteamiento de la tesis las SSTS de 9 de diciembre de 1993 y 30 de enero de 1999, mientras que la posición contraria se sostiene en la STS de 4 de junio de 2007 -EDJ 2007/70249- (la fijación de la cuantía del proceso se puede realizar, incluso de oficio, respetando el principio de contradicción) y en la STS de 24 de abril de 2012 -EDJ 2012/69834- (respecto a la caducidad).

La solución a adoptar cuando la cuestión controvertida ya se suscitó de forma expresa en pleitos similares seguidos entre las mismas partes es, en mi opinión, distinta a la ofrecida con anterioridad, pues ante tales circunstancias reveladoras del conocimiento de las partes de los motivos que pueden fundamentar la sentencia, con posibilidad efectiva de alegaciones al respecto aunque sea en otro proceso, ninguna indefensión material se produce, que es en definitiva lo que debe tenerse presente, al haberse garantizado una defensa contradictoria. En este sentido se resuelve en la STS de 24 de abril de 2012 -EDJ 2012/69834- citada anteriormente, que admite la no necesidad de plantear la tesis sobre una posible caducidad, no por tratarse de una cuestión de orden público a resolver de oficio, sino porque era un motivo conocido para la parte que ya se había planteado y resuelto en un recurso idéntico, no causándose indefensión.

Finalmente cuando una determinada cuestión aparece planteada en el escrito de demanda aunque de forma no suficientemente detallada, considero que no es preciso plantear la tesis. Lo que debe garantizarse siempre es una efectiva contradicción para evitar la indefensión material de las partes, de modo que si la cuestión se plantea en la demanda, aun de forma poco detallada o sucintamente, la otra parte ha tenido la oportunidad real de rebatir los argumentos jurídicos vertidos de contrario, pudiéndose resolver sobre tal cuestión sin merma del derecho de defensa.

Las facultades que los artículos 33.2 -EDL 1998/44323- y 65.2 de la Ley Jurisdiccional -EDL 1998/44323- otorgan al órgano judicial constituyen, como es obvio, una excepción al principio dispositivo, claramente establecido en el primer apartado del primero de los preceptos mencionados cuando, tras consagrar el principio de congruencia, se impone a dicho órgano judicial juzgar “dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición".

Por lo demás, la finalidad de dichos preceptos se nos presenta con claridad: si los jueces pudieran resolver el litigio sobre la base o atendiendo a cuestiones o motivos no planteados por las partes no solo se comprometerían aquellos dos principios (la congruencia y la disposición del proceso por las partes), sino que se causaría indefensión a actor y demandado, que verían rechazadas sus pretensiones en atención a unas circunstancias que no fueron en absoluto objeto de debate en el proceso.

Lo que plantea la cuestión que se nos somete ahora no es otra cosa que la de si, en ciertos supuestos, cabe prescindir del planteamiento de la tesis (así conocida esta iniciativa en la práctica forense), de manera que, en esos concretos casos, pueda el juez resolver el proceso a tenor de argumentos (motivos o cuestiones) que no fueron tenidos en cuenta por las partes en sus correspondientes escritos de alegaciones.

No tengo dudas de que eso es posible en el primero y en el tercero de los supuestos planteados.

Las cuestiones de orden público, como lo son las que se refieren al cumplimiento de los requisitos legales que hacen a una resolución judicial susceptible de recurso, no necesitan ser “advertidas” a las partes, pues el juez debe determinar de oficio su propia competencia (incluida la funcional). De esta forma, la inadmisión de un recurso de apelación o de casación por no ser el auto o la sentencia que se pretende impugnar susceptible de tales recursos (sea por razón de la cuantía, sea por razón de la materia) pueden y deben ser abordadas por el órgano competente aunque no hayan sido suscitadas por la parte recurrida: y es que esos requisitos de admisibilidad no son disponibles por las partes y la propia ley impone su control de oficio.

Lo mismo puede afirmarse si el motivo de nulidad o la causa de oposición se desprenden claramente de los escritos de demanda y contestación, aunque no estén formulados de forma precisa o no se emplee en su articulación el nomen iuris preciso. En estos supuestos, el juez no incorpora al debate una cuestión o un motivo nuevos, desconocidos por las partes, sino que integra el contenido de sus escritos alegatorios y, depurándolos, determina con precisión las razones que justifican las respectivas pretensiones.

En relación con la segunda de las posibilidades que se suscitan (omisión del trámite de audiencia cuando la cuestión controvertida se había suscitado expresamente en otros pleitos por las mismas partes), para que el órgano judicial prescinda en estos casos del planteamiento de la tesis resulta imprescindible, a mi juicio, que concurra una completa identidad entre los procesos anteriores y el que se enjuicia posteriormente. Dicho de otra forma, es necesario que entre tales procedimientos no solo exista una analogía sustancial desde el punto de vista técnico-jurídico, sino también una rotunda igualdad fáctica de manera que, en caso contrario, la prudencia aconseja acudir a las facultades previstas en los artículos 33.2 -EDL 1998/44323- y 65.2 de la Ley de nuestra jurisdicción -EDL 1998/44323-.

En suma, el uso de estos dos preceptos debe efectuarse con moderación, tanto a la hora de acudir a ellos, como cuando se decide prescindir del trámite que regulan. En el primer caso, porque constituyen una excepción al principio dispositivo que disciplina, con carácter general, la posición de las partes y obliga al juez a respetar sus respectivos alegatos defensivos. En el segundo, porque no acudir a la audiencia cuando se resuelve un litigio en atención a fundamentos que no han sido objeto de debate solo debe producirse en supuestos que se presentan con absoluta nitidez -sea por el carácter de orden público del motivo o la cuestión, sea por el indubitado conocimiento de las partes de esos nuevos fundamentos-, descartándose aquellos en los que puede quedar comprometido el derecho de defensa, verdadero principio rector del proceso jurisdiccional.

En una aproximación general, existen supuestos en los que, claramente, la omisión del trámite de audiencia ex art. 33.2 -EDL 1998/44323- y 65.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa -EDL 1998/44323-, constituye una clara infracción del principio de contradicción y del derecho de defensa. Y también, cabe añadir, del deber de congruencia de las resoluciones judiciales, si la sentencia basa la decisión en un motivo no suscitado por las partes. Así ocurre, por ejemplo, en el asunto resuelto por la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2008 (Recurso de casación n.º 4618/2004, Ponente Doña María Pilar del Teso Gamella, F.J. 6º) -EDJ 2008/119074-, cuando afirma que: “la confrontación entre los motivos expuestos en los escritos de demanda y aquellos en los que se fundamenta la oposición de los escritos de contestación hubiera precisado que si la sentencia iba a cimentarse sobre un nuevo motivo -la proyección que sobre el recurso tenía la anulación por esta Sala del Plan Insular-, se hubiese sometido a la consideración y contradicción de las partes procesales, evitando la indefensión que genera fundar la sentencia en un motivo inédito para las partes, ajeno al debate procesal, y, en relación con el cual, la Sentencia irrumpe alterando los términos por los que ha discurrido el proceso”.

Sin embargo, la cuestión se torna más problemática en relación a cuestiones que, de un modo u otro, no son sorpresivas, sino que sobrevuelan en cierta manera el proceso. Por ejemplo, en relación a cuestiones que el Tribunal debe controlar de oficio por versar sobre una materia sustraída al poder de disposición de las partes, o que no pueden ser desconocidas por éstas, o que implícitamente forman parte del debate entablado.

En mi opinión, en todos estos casos, debe concederse el trámite de audiencia a las partes.

En el plano de los principios, porque evidentemente nos enfrentamos a la necesidad de tutelar las normas y garantías esenciales de todo proceso -principio de contradicción, derecho de defensa-. Baste recordar, a tal efecto, la doctrina constitucional sobre la interpretación más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales. Como afirmó el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico Tercero de su sentencia 1/1989, de 16 de enero de 1989 -EDJ 1989/171-, “este Tribunal ha sostenido -y debe continuar sosteniendo- que la interpretación de los preceptos legales ha de hacerse a la luz de las normas constitucionales y especialmente de aquellas que proclaman y consagran derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos y que, en caso de duda, la interpretación que debe prevalecer es la que dote de mayor viabilidad y vigor al derecho fundamental”. Y es claro que esa mayor viabilidad y ese mayor vigor se obtiene, situados en la tesitura de esta res dubia o variante en la interpretación de los preceptos legales, acogiendo la opción señalada.

Descendiendo a los casos concretos planteados, que una cuestión deba apreciarse incluso de oficio, por tratarse de una materia de orden público, no dispensa de la concesión del trámite de audiencia a las partes. De un modo claro se aprecia la consagración de esta regla en la propia Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por ejemplo en los arts. 5.2 y 7.2 -EDL 1998/44323-, respecto al control de oficio de la jurisdicción y la competencia “previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal”.

También considero que debe concederse el trámite de audiencia en los supuestos en que se trae al proceso un hecho, en sentido amplio, extraño al mismo (por ejemplo, la sentencia recaída en un asunto conexo), que además puede ser esencial para la decisión, por más que se pueda presumir su conocimiento por aquéllas. Y es que ese conocimiento es independiente de la posibilidad efectiva de que las partes puedan alegar sobre la incidencia de ese hecho en el proceso, siendo esto último lo relevante a los efectos de la duda interpretativa que se examina.

Más dudas puede suscitar el supuesto en que la cuestión litigiosa no está exactamente formulada en los escritos de las partes del mismo modo que el Tribunal considera que debe ser recogida en sentencia. No obstante, para salvar esa discrepancia, para superar esa distancia, también considero que debería reconocerse el derecho de las partes a formular alegaciones en este caso. La doctrina constitucional antes citada es una buena razón para ello. Con todo, reconozco que se trata del supuesto más problemático y que podría cuestionarse que en tales casos, de no proceder del modo expuesto, se hayan infringido los principios y garantías anteriormente señalados.

Pero no sólo en el plano de los principios, también en el de la eficacia del proceso. Y es que, dados los términos temporales en que se desenvuelve el proceso contencioso-administrativo, la concesión de un trámite de audiencia por un breve plazo resulta una decisión mucho más “económica” si se compara con los riesgos que se afrontan en la opción alternativa. No olvidemos, en este sentido, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo asocia unas consecuencias muy precisas a esta infracción. Como ha declarado, entre otras muchas, la sentencia de la Sala Tercera de 30 de octubre de 2014 (Recurso de casación n.º 3936/2012, Ponente D. Eduardo Calvo Rojas, F.J. 3º -EDJ 2014/197531-), “también hemos declarado que la sentencia que decide sobre cuestiones o motivos no alegados por las partes comete una infracción que trasciende la propia sentencia y afecta a las garantías procesales, por lo que si se estima un recurso de casación fundado en tal infracción la consecuencia debe ser la reposición de las actuaciones al momento anterior al de dictar sentencia para que la Sala de instancia someta la cuestión a la consideración de las partes, según lo indicado en el mencionado artículo 33.2 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción -EDL 1998/44323-”.

Como sabemos, el Derecho Administrativo español se nutre de los principios que informan el Droit Administrative francés, siendo una de sus características propias, por comparación con el llamado Common Law anglosajón, el reconocimiento de diversas prerrogativas a la Administración. Ello supone, también, y por lo que respecta al procedimiento jurisdiccional contencioso-administrativo, la regulación de ciertas particularidades con respecto al proceso civil -donde se aplica en toda su extensión el principio de justicia rogada y donde las partes son dueñas absolutas de sus pretensiones- reconociéndose al Juez Administrativo facultades de las que carece el Juez Civil, más cercanas al principio inquisitivo.

Su razón de ser podría encontrarse en que con ello se trata de equilibrar la posición de las partes procesales, pues esas prerrogativas con las que cuenta la Administración suponen, al menos a priori, que no se parta de una situación de total igualdad de armas entre la Administración y sus administrados.

Así, el Juez Contencioso puede hacer uso de tres facultades específicas que no se encuentran en el ámbito civil: plantear alegaciones previas de inadmisión de la demanda (art. 51 de la LJCA -EDL 1998/44323-), proponer sin previa solicitud de las partes o incluso contra su deseo diligencias para mejor proveer o finales (art. 61 de la LJCA -EDL 1998/44323-) y, finalmente, proponer nuevos motivos de impugnación u oposición (arts. 33.2 y 65.2 de la LJCA -EDL 1998/44323-).

Esta última figura, denominada “planteamiento de la tesis”, consiste básicamente en la posibilidad de que el Tribunal sentenciador pueda introducir nuevos motivos de debate no planteados por las partes en sus escritos cuando los considere importantes para la resolución del pleito.

El uso de esta posibilidad está, evidentemente, sujeta al cumplimiento de determinadas formalidades, dado que tiene una clara incidencia en la esfera de derechos de las partes procesales, en concreto, en el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa reconocido en el art. 24 de la Constitución, apartados 1 y 2 -EDL 1978/3879-, y que tratan de evitar la indefensión de las partes.

En primer lugar, la tesis supone una excepción al principio de congruencia, en virtud del cual la sentencia debe resolver las cuestiones planteadas por las partes en sus escritos de demanda y contestación, pues son éstas las que fijan el objeto del proceso. Así lo dispone el art. 33.1 de la LJCA -EDL 1998/44323-, según el cual los Tribunales contencioso-administrativos deben juzgar “dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición”. Pero obsérvese que la obligación de congruencia se extiende, como particularidad propia de nuestra Jurisdicción con respecto a la civil, no sólo a las pretensiones de las partes sino también a los motivos en que éstas se fundamentan. Como señaló la STS de 5 de noviembre de 1992 -EDJ 1992/21758-, “argumentos, cuestiones y pretensiones son, por tanto, discernibles en el proceso administrativo, y la congruencia exige del Tribunal que éste no solamente se pronuncie sobre la pretensiones, sino que requiere que lo haga sobre la base de los motivos de impugnación y de las correlativas excepciones u oposición que se han planteado ante el órgano jurisdiccional. No así sucede con los argumentos jurídicos, que no integran la pretensión ni constituyen, en rigor, cuestiones, sino el discurrir lógico-jurídico de las partes, que el Tribunal no viene imperativamente obligado a seguir en un iter paralelo a aquel discurso”.

La falta de congruencia de la sentencia es motivo susceptible de recurso de casación, por aplicación de lo dispuesto en el art. 88.1.c) de la LJCA -EDL 1998/44323- en relación con el art. 218.1 de la LEC, y su violación afecta al derecho fundamental anteriormente citado. Para que la sentencia pueda pronunciarse sobre cuestiones nuevas no planteadas por las partes sin incurrir en este vicio será imprescindible someter las mismas a audiencia y contradicción de las partes, evitando así la indefensión que en otro caso se generaría -y que exige el propio art. 88.1.c) para la prosperabilidad del recurso de casación-.

La STC 278/2006, de 25 de septiembre -EDJ 2006/273624-, hace un detallado estudio de este principio, refiriéndose expresamente a las particularidades de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y concluye lo siguiente: “No obstante, para poder hacer uso de esa facultad de introducir nuevos motivos decisorios, el órgano judicial viene obligado, por así exigirlo expresamente los arts. 65.2 y 33.2 LJCA -EDL 1998/44323-, a oír previamente a las partes, dando oportunidad de debate y de defensa sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el thema decidendi (STC 227/2000, de 2 de octubre -EDJ 2000/28778-), a fin de no violar el principio de contradicción. La omisión de este trámite, siendo procedente, provoca la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, tal y como lo apreciamos en la STC 40/2006, de 13 de febrero -EDJ 2006/11867-. En definitiva, en ningún caso pueden ser privadas las partes de la oportunidad de alegar sobre la cuestión que, a juicio del órgano judicial, resulta determinante de la decisión del recurso, pues de otro modo sufre la confianza legítima generada por los términos en que fue conformada la realidad jurídica en el proceso, que no puede desconocerse por los órganos judiciales (STC 53/2005, de 14 de marzo -EDJ 2005/29907-)”.

Igualmente, y entre otras, las SSTS de 27 de abril de 2009, recurso 257/2006 -EDJ 2009/82980-, 3 de julio de 2009, recurso 909/2005 -EDJ 2009/158140-, 29 de mayo de 2013, recurso 6892/2009 -EDJ 2013/89712- y 30 de abril de 2015, recurso 1763/2013 -EDJ 2015/74871-.

Asimismo, esta exigencia de previo traslado a las partes para alegaciones se prevé también en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, cuando en su artículo 84 regula un trámite similar al del art. 33.2 de la LJCA -EDL 1998/44323- que permite al Tribunal apreciar motivos distintos a los alegados, previa audiencia común por tiempo no superior a diez días.

Partiendo de lo expuesto, es decir, de la regla general de previo sometimiento a las partes de las nuevas cuestiones planteadas por el Tribunal y que no han sido tenidas en cuenta por aquéllas, se nos plantea aquí si sería posible excepcionar su aplicación en determinados casos.

Cuando se trata de cuestiones de orden público, algunos Tribunales consideran que ello permite al órgano judicial resolver la cuestión sin necesidad de escuchar previamente a las partes. El ejemplo más habitual lo encontramos a la hora de la admisión de recursos devolutivos remitidos por el Tribunal inferior cuando la cuantía no alcanza el mínimo exigido para su interposición y admisión -30.000 euros en caso de recurso de apelación y 600.000 o 30.000 euros para el caso de recurso de casación ordinario o para unificación de doctrina, respectivamente-.

Algunos Tribunales consideran que, precisamente por ser una cuestión de orden público, sería posible que el órgano judicial resolviera la cuestión sobre su admisión directamente y sin previa audiencia a las partes (así, por ejemplo, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de mayo de 2012, recurso 281/2012 -EDJ 2012/129804-, y de 4 de noviembre de 2013, recurso 543/2013 -EDJ 2013/234416-, ambas de la Sección 10ª).

No obstante, la jurisprudencia constitucional antes expuesta hace necesario, a mi entender, la previa audiencia de las partes para evitar la afectación de su derecho de defensa. Que la cuestión sobre la cuantía del asunto sea de orden público significa que es una cuestión de obligado cumplimiento y, por tanto, supone que pueda ser apreciada de oficio por el Tribunal, que éste no se halle vinculado por la decisión del órgano a quo y que sea indisponible para las partes, pero ello no obsta a la necesidad de que las partes tengan la oportunidad de alegar sobre tal extremo.

Sólo en el caso de que la cuestión sobre la cuantía hubiera sido analizada por las partes en sus escritos de recurso podría admitirse lo contrario, si bien no es un supuesto que en la práctica suela producirse pues la posibilidad de interponer el recurso habrá sido probablemente prevista en la sentencia que se impugna y el órgano judicial lo habrá admitido a trámite, remitiéndolo al órgano superior.

De hecho, aparte de las sentencias antes citadas, resulta difícil encontrar otras que sostengan esta postura, siendo abrumadoramente mayoritaria la contraria de someter previamente a las partes la cuestión para poder declarar la inadmisibilidad del recurso -a modo de ejemplo, y entre otras, SAN de 25 de mayo de 2015, recurso 9/2015 -EDJ 2015/98072-, STSJ de Castilla y León-Valladolid de 29 de mayo de 2015, recurso 504/2014 -EDJ 2015/95642-, STSJ de Extremadura de 30 de mayo de 2015, recurso 38/2015 -EDJ 2015/87840-, STSJ de Andalucía-Granada de 6 de abril de 2015, recurso 1071/2012 -EDJ 2015/75810-, STSJ de Galicia de 26 de febrero de 2015, recurso 4246/2014 -EDJ 2015/26709-, STSJ de Madrid de 4 de febrero de 2015, recurso 946/2013 -EDJ 2015/19378-.

Lo mismo cabría decir respecto de otras cuestiones de orden público como la falta de jurisdicción o de competencia para el conocimiento del asunto o la falta de legitimación para recurrir, que exigirían el previo planteamiento de la tesis aunque sean apreciables de oficio.

En los demás supuestos que se nos plantean habrá que analizar caso por caso, tomando siempre como referente el derecho fundamental de defensa de las partes. Se trata de garantizar que la sentencia no vaya a pronunciarse sobre extremos sobre los que las partes no hayan tenido la posibilidad de debatir. Por ejemplo, en la sentencia de la Audiencia Nacional de 25 de octubre de 2007, recurso 654/2004 -EDJ 2007/197247-, el Tribunal considera justificado no hacer uso del art. 33.2 de la LJCA -EDL 1998/44323- por razones prácticas y de economía procesal porque, si bien la cuestión no fue planteada en el procedimiento concreto, sí lo fue en otros idénticos en cuanto al objeto y las partes intervinientes, con lo que el derecho fundamental de éstas quedaría salvaguardado.

Igualmente, en la sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de abril de 2012, recurso 241/2009 -EDJ 2012/67060-, el Tribunal no estima necesario dar traslado a la partes respecto de un motivo que sí se mencionaba en el escrito de recurso aunque no con el detalle y el acierto en su fundamentación jurídica que sería deseable, pero suficiente en cualquier caso para que la parte demandada hubiera podido alegar en sentido contrario.

Igualmente debe subrayarse que el objeto del recurso contencioso-administrativo viene determinado por las pretensiones deducidas por las partes en sus escritos y los motivos de impugnación o de oposición a aquel, pero no por la argumentación jurídica que se haya esgrimido. En este sentido, el Tribunal Supremo nos recuerda (Sentencia de 3 de febrero de 2015, recurso 368/2013 -EDJ 2015/31698-) que el Tribunal sentenciador no sólo puede, sino que debe, aplicar la doctrina que resulte conforme a derecho aunque no haya sido alegada correctamente por las partes, de acuerdo con los principios iura novit curia y de seguridad jurídica, siendo innecesario hacer uso del art. 33.2 de la LJCA -EDL 1998/44323-. Argumenta en esta sentencia que “no puede imputarse a la sentencia falta de coherencia interna ni extralimitación en sus pronunciamientos, y, aunque es posible que concreta doctrina jurisprudencial utilizada por la Sala -que aquí vamos a ratificar- no fuera esgrimida ni tomada en consideración por las partes, ello, en modo alguno, limita la posibilidad de su aplicación por parte del Tribunal de instancia; es más, en el marco de los principios de unidad de doctrina y seguridad jurídica, era su obligación, pues, como ya hemos expuesto la congruencia procesal es compatible con el principio "iura novit curia" en la formulación por los Tribunales de sus razonamientos jurídicos”.

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