https://elderecho.com/feedes480764Los socios han adoptado por unanimidad este acuerdo por considerar que es la decisión estratégica que mejor prepara a la firma para afrontar su futuro en un momento de importantes retos y oportunidades para el sector. “Para mí es un gran honor y una gran responsabilidad que los socios hayan vuelto a depositar su confianza en mí de una forma tan clara. Espero contribuir con todo mi esfuerzo para continuar y consolidar la hoja de ruta que hemos iniciado y para alcanzar los ambiciosos objetivos que nos hemos propuesto para los próximos años, de modo que el despacho consolide su liderazgo ético y profesional en todos los mercados en los que opera. Una labor que no es, ni ha sido nunca, personal sino colectiva”, ha afirmado Vives. Se trata de la sexta vez que la Junta de Socios revalida su mandato. Fernando Vives (Madrid, 8 de octubre de 1962) es presidente ejecutivo y socio director de Garrigues desde 2009. Doctor en Derecho Cum Laude y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), cuenta con más de 35 años de experiencia en el ejercicio de la abogacía de los negocios, y está especializado, entre otros, en derecho del mercado de valores, derecho de sociedades, y fusiones y adquisiciones. Es Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y le han sido otorgadas la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil y la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Los directorios jurídicos internacionales más relevantes (Chambers, Legal 500, IFLR, etc.) le destacan como uno de los abogados más prestigiosos en diferentes categorías. Solo en 2025, ha recibido los reconocimientos de Abogado del año en Iberia (Legal 500 Iberia Awards 2025); Mejor abogado (Forbes Best Lawyer 2025); y Premio Puñetas a una Trayectoria (Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos –ACIJUR–). Desde hace años, se encuentra entre los 100 líderes de España con mejor reputación, según el monitor Merco Empresas y LíderesLa Junta de Socios de Garrigues ha aprobado anticipar la renovación de Fernando Vives como presidente ejecutivo del despacho, que vencía el 31 de enero de 2028, por un periodo de seis años, hasta junio de 2032.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/Fernando-Vives-scaled-p480764-m1498990-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prorrogado-el-mandato-de-fernando-vives-como-presidente-ejecutivo-de-garrigues-hasta-2032https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/Fernando-Vives-scaled-p480764-m1498990-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prorrogado-el-mandato-de-fernando-vives-como-presidente-ejecutivo-de-garrigues-hasta-2032https://elderecho.com/prorrogado-el-mandato-de-fernando-vives-como-presidente-ejecutivo-de-garrigues-hasta-2032https://elderecho.com/prorrogado-el-mandato-de-fernando-vives-como-presidente-ejecutivo-de-garrigues-hasta-20322026-05-07 09:30:052026-05-07 09:30:05sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico480739El encuentro analizó cómo la irrupción de la inteligencia artificial generativa, si bien optimiza la eficiencia empresarial, plantea riesgos como la pérdida de valor de activos intangibles y las dudas sobre su protección por derechos de propiedad intelectual cuando la intervención humana no resulta suficientemente relevante. La sesión estuvo moderada por Andy Ramos Gil de la Haza, socio de Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología de Pérez-Llorca, y contó con la participación de Alejandro Puerto, registrador de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid, y David Aliaga, Senior Managing Director de FTI Consulting. Un nuevo paradigma de riesgo para la innovación Durante la apertura, se destacó que la transformación de los procesos productivos mediante IA generativa puede impactar en la valoración de las empresas de base tecnológica. Los ponentes subrayaron que la posible depreciación de determinados activos innovadores, así como la complejidad de proteger aquellos generados mediante IA sin una intervención humana significativa, plantea retos económicos y jurídicos de carácter estratégico. Andy Ramos, socio del Despacho, analizó la dualidad de esta tecnología: “La IA generativa está alterando no solo los modelos económicos y jurídicos de las compañías tecnológicas, sino también la forma en que entendemos la impronta personal en la creación. En este nuevo escenario, resulta esencial mantener una reserva de humanidad y avanzar hacia metodologías ‘human in the loop’ que permitan aprovechar la eficiencia de estas herramientas sin renunciar a la protección de los activos intangibles”. Perspectiva jurídica: la protección de intangibles Alejandro Puerto, registrador de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid, abordó la complejidad de los derechos de autor en el entorno de la IA. Asimismo, abrió el debate sobre la utilidad de los criterios de originalidad y autoría en un entorno en el que la IA generativa permite producir software, textos e imágenes con una intervención humana difícil de delimitar. “La propiedad intelectual siempre ha protegido la expresión formal de una creación, no las ideas ni las funcionalidades. La IA generativa nos obliga a replantearnos qué queremos proteger como sociedad y hasta qué punto tiene sentido mantener esquemas tradicionales cuando existen herramientas capaces de generar resultados similares de forma rápida y accesible”. Impacto económico y financiero Desde un enfoque financiero, David Aliaga, Senior Managing Director de FTI Consulting, analizó las métricas de depreciación de activos. Se advirtió que el uso masivo de herramientas de IA generativa sin un control legal riguroso puede afectar a la valoración de mercado de las compañías si sus activos tecnológicos dejan de ser exclusivos, defendibles o capaces de generar ingresos sostenibles. “Desde el punto de vista económico, el valor de un intangible no depende únicamente de su existencia, sino de su capacidad para generar ingresos y de que esté adecuadamente protegido. En un contexto en el que la IA abarata la generación de contenidos y software, las compañías deberán demostrar que sus activos son defendibles, monetizables y capaces de sostener su valoración en el mercado”. La jornada puso de manifiesto la necesidad de que las compañías adopten un enfoque preventivo en la protección y gestión de sus activos intangibles, especialmente ante la creciente complejidad jurídica que plantea el uso de herramientas de IA generativa.Pérez-Llorca celebró en su sede de Madrid una nueva sesión de la Cátedra Pérez-Llorca/IE titulada “Descapitalización de empresas tecnológicas por el uso de la IA generativa”.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/Catedra-Perez-Llorca-IE-scaled-p480739-m1498949-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/perez-llorca-y-el-ie-analizan-el-impacto-de-la-ia-generativa-en-los-activos-tecnologicoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/Catedra-Perez-Llorca-IE-scaled-p480739-m1498949-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/perez-llorca-y-el-ie-analizan-el-impacto-de-la-ia-generativa-en-los-activos-tecnologicoshttps://elderecho.com/perez-llorca-y-el-ie-analizan-el-impacto-de-la-ia-generativa-en-los-activos-tecnologicoshttps://elderecho.com/perez-llorca-y-el-ie-analizan-el-impacto-de-la-ia-generativa-en-los-activos-tecnologicos2026-05-07 08:37:392026-05-07 08:37:39derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico480714La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha presentado su Memoria de actuación 2025, que recoge con detalle las cifras de gestión, un balance de las actuaciones realizadas, las acciones de colaboración e inspección puestas en marcha, los informes y procedimientos más relevantes del año, un análisis de las tendencias normativas y los desafíos para la privacidad, tanto en un plano nacional como internacional. El año 2025 ha estado marcado por el inicio de una nueva presidencia y adjuntía en el organismo y la publicación del Plan estratégico 2025-2030, que fija las líneas clave de actuación de la autoridad orientándose al fomento de la innovación responsable y la defensa de la dignidad en la era digital teniendo en cuenta los retos tecnológicos emergentes. La Memoria refleja que en 2025 se presentaron ante la Agencia 30.931 reclamaciones, lo que supone el número de reclamaciones más alto de la historia de esta Autoridad, con un incremento del 64% respecto al año anterior. Este aumento evidencia un mayor conocimiento y concienciación de la ciudadanía tanto sobre sus derechos como de la posibilidad de reclamar ante la Agencia. A esta cifra se suman 1.118 casos (+36%) transfronterizos procedentes de otras autoridades de control europeas y 14 casos iniciados por iniciativa propia del organismo. Ello supone un total de 32.063 entradas de nuevos casos a Inspección, destacando que no sólo supone un incremento exorbitado, sino que estos son cada vez más complejos debido al impacto de las nuevas tecnologías y las amenazas crecientes que suponen para la privacidad, y los procedimientos transfronterizos que deben llevarse a cabo en coordinación con otras autoridades europeas. Tanto estas cifras como la mayoría de las recogidas en la Memoria en todas las subdirecciones y divisiones reflejan una carga de trabajo creciente que no se ha visto acompasada por un incremento proporcional en la evolución de la plantilla. En este sentido, la Agencia recoge en su Plan estratégico 2025-2030 la apuesta por una supervisión apoyada en la tecnología que prioriza la acción en las áreas de mayor impacto sobre la dignidad y los derechos de las personas, con medidas como la adopción de la inteligencia artificial con garantías y el desarrollo de sistemas avanzados de supervisión. En cuanto a las brechas de datos personales, se han incrementado un 157% los procedimientos sancionadores o de apercibimiento realizados, pasando de los 30 de 2024 a 77 en 2025. Estos procedimientos han derivado en sanciones por importe de casi 20 millones de euros (19.836.603 euros). Esta cifra supone un 40% de la cuantía total de sanciones impuestas en 2025, que asciende a 48.108.765 euros. De hecho, dos terceras partes de ese importe total está concentrado en tres categorías de casos: servicios de internet; comercio, transporte y hostelería; y brechas de seguridad. El aumento en el número de multas impuestas y su importe respecto a 2024 refleja tanto el incremento de casos que se presentan en la Agencia como la complejidad de los tratamientos analizados, su mayor alcance y, por tanto, el impacto de las infracciones cometidas sobre los derechos y libertades de las personas. Un diseño de los tratamientos de datos personales no adaptado a la normativa genera que, a raíz de una o varias reclamaciones relacionadas con un hecho aparentemente aislado, descubra una manera de proceder general del responsable por tratarse de problemas sistémicos con riesgos reales o potenciales para todas las personas usuarias de sus servicios. Las seis áreas de actividad con mayor número de procedimientos sancionadores y de apercibimiento finalizados en 2025 corresponden a videovigilancia (81, -4% respecto a 2024); servicios de Internet (77, -3%); quiebras de datos personales (46, +229%); administraciones públicas (41, -105%); comercio, transporte y hostelería (41, +54%) y sanidad (34, +278%). La Memoria 2025 recoge las Administraciones Públicas sancionadas por incumplir los requerimientos y medidas correctivas impuestas. Tanto la falta de respuesta a los requerimientos de información que envía la Agencia como el hecho de no acreditar que se han cumplido las medidas impuestas suponen infracciones muy graves. En casos transfronterizos, la Agencia ha liderado 47 en 2025 como autoridad principal (frente a los 22 de 2024, +114%) y ha cooperado como interesada en 419 (+20%). La Memoria detalla los principales procedimientos sancionadores transfronterizos en los que la Agencia ha sido autoridad principal y en los que ha sido autoridad interesada. Asimismo, se han recibido 1.558 peticiones de otras autoridades, solicitudes de asistencia y consulta, y proyectos de decisión (+16%). En cuanto al Canal Prioritario ‒para solicitar la retirada urgente de contenido publicado en internet sin el permiso de las personas que aparecen (sexual, violento y otros casos especialmente sensibles)‒, el número de reclamaciones que se han tramitado por la vía preferente es un 23% superior al del año pasado, 49 en 2025. La eficacia de las intervenciones realizadas en el ámbito de estos casos, medida por la proporción de retiradas de contenido requeridas y cumplidas en el año ha sido de un 82%, una cifra igual a la de 2024. En lo referente a las sentencias de la Audiencia Nacional recaídas en los recursos interpuestos contra resoluciones de la Agencia, de las 38 dictadas en 2025, el 76% de ellas han sido inadmitidas o han resultado desestimatorias. En lo relativo a las cifras de personas delegadas de protección de datos (DPD) comunicadas ante la Agencia, el año 2025 se ha cerrado con 126.176 frente a 119.803 de 2024. De la cifra del año pasado, 116.007 corresponden al sector privado y 10.169 al sector público. Por lo que respecta a las cifras de acceso a las herramientas web de ayuda a los responsables que ofrece la Agencia, estas continúan acumulando accesos en 2025: Facilita (51.979), Facilita Emprende (6.571), Gestiona RGPD (29.304), Evalúa Riesgo (22.858), Comunica-Brecha RGPD (15.214), Asesora-Brecha RGPD (9.237) y Validacripto (5.867). Por otro lado, hay que destacar la intensa actividad desplegada en reuniones, jornadas, congresos, cursos y otro tipo de actos derivados de, entre otras cuestiones, las labores de concienciación a los responsables para apoyar el cumplimiento normativo, el fomento de la escucha activa recogida en el Plan estratégico 2025-2030 y las actividades internacionales, tanto en el marco del Comité Europeo de Protección de Datos como de la Red Iberoamericana de Protección de Datos.El año pasado la AEPD recibió 30.931 reclamaciones, lo que supone el número de reclamaciones más alto de la historia de esta Autoridad, a las que se suman los casos transfronterizos procedentes de otras autoridades de control y las actuaciones iniciadas por iniciativa propia.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2395874725-1-p480714-m1498910-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-aepd-recibio-mas-de-30-000-reclamaciones-en-2025-un-64-mas-que-el-ano-anteriorhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2395874725-1-p480714-m1498910-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-aepd-recibio-mas-de-30-000-reclamaciones-en-2025-un-64-mas-que-el-ano-anteriorhttps://elderecho.com/la-aepd-recibio-mas-de-30-000-reclamaciones-en-2025-un-64-mas-que-el-ano-anteriorhttps://elderecho.com/la-aepd-recibio-mas-de-30-000-reclamaciones-en-2025-un-64-mas-que-el-ano-anterior2026-05-07 08:28:342026-05-07 08:28:34derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico480713Se trata de un cinefórum enfocado en promover el pensamiento crítico, analizar el Derecho desde múltiples perspectivas y generar debate en torno a cuestiones de actualidad con trasfondo jurídico a través del Séptimo Arte. De hecho, la primera sesión incluirá la proyección de la galardonada película ‘La caja de música’ (cedida por la Biblioteca Pública de Andalucía), en la que una abogada debe defender a su propio padre, un exiliado húngaro acusado de crímenes de guerra relacionados con el nazismo. Además, tras el visionado, intervendrán el ex fiscal general del Estado, crítico de cine y guionista, Eduardo Torres-Dulce Lifante, y el presidente de la Comisión de Cultura y Comunicación de la Corporación profesional y colaborador de programas cinematográficos, Antonio Olivares Espigares, quienes promoverán un coloquio de los presentes sobre los dilemas ético y jurídicos que plantea el film. La actividad, que se integra en el compromiso de la Abogacía granadina de fomentar espacios de intercambio entre colegiados y ciudadanía, se celebrará el próximo 12 de mayo en el Salón de Actos de la sede colegial de Santa Ana, en horario de 18:00 a 21:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. ‘La caja de música’ Dirigida por Costa-Gavras, con guion de Joe Eszterhas, ‘La caja de música’ (Estados Unidos, 1989) narra la historia de Mike Lazlo (Armin Mueller-Stahl), un inmigrante húngaro afincado en los Estados Unidos desde el final de la II Guerra Mundial, que es acusado de ser un criminal de guerra nazi. Su hija Ann (Jessica Lange), una abogada criminalista de prestigio en Chicago, convencida de su inocencia, decide ocuparse personalmente de su defensa, encontrando información que no sospechaba. La película fue ganadora del Oso de Oro a la Mejor Película en el Festival de Cine de Berlín y Jessica Lange fue candidata al Óscar a la Mejor Actriz. Eduardo Torres-Dulce Lifante Eduardo Torres-Dulce Lifante (Madrid, 1950) es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e ingresó en la carrera fiscal en 1975. Ha desempeñado diversos cargos en distintas fiscalías, incluida la del Tribunal Constitucional, y alcanzó su mayor relevancia institucional como Fiscal General del Estado (2011 a 2014). También ha sido profesor de Derecho Penal en varias universidades. Paralelamente, ha desarrollado una intensa labor como crítico cinematográfico y divulgador cultural, colaborando en numerosas revistas y periódicos, festivales y actividades de análisis. Formó parte del Consejo de Redacción de la revista ‘Nickel Odeon’ y del programa de TVE ‘¡Qué grande es el cine!’, dirigido por José Luis Garci, que estrenó en 2012 la película ‘Holmes Watson. Madrid Days’, con guion de ambos. Actualmente participa en el programa ‘Cowboys de Medianoche’, dirigido por Luis Herrero en esRadio.El Colegio de Abogados de Granada amplía su ya de por sí diversa programación cultural con una nueva iniciativa.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/Cineforum-ICAGR-p480713-m1498878-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/la-caja-de-musica-y-el-fiscal-torres-dulce-primeros-protagonistas-del-cineforum-del-colegio-de-abogados-de-granadahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/Cineforum-ICAGR-p480713-m1498878-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/la-caja-de-musica-y-el-fiscal-torres-dulce-primeros-protagonistas-del-cineforum-del-colegio-de-abogados-de-granadahttps://elderecho.com/la-caja-de-musica-y-el-fiscal-torres-dulce-primeros-protagonistas-del-cineforum-del-colegio-de-abogados-de-granadahttps://elderecho.com/la-caja-de-musica-y-el-fiscal-torres-dulce-primeros-protagonistas-del-cineforum-del-colegio-de-abogados-de-granada2026-05-07 08:17:352026-05-07 08:17:35sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico480712El V Congreso de la Abogacía de Castilla y León analizará los retos del sistema judicial con más impacto en la ciudadanía, como el riesgo de retrasos en los juzgados derivados de la nueva organización o las desigualdades territoriales en el acceso a los servicios en las zonas rurales. En torno a estos objetivos tratarán las tres mesas de debate y cinco ponencias programadas, que contarán con las intervenciones de especialistas como la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente; el experto en derecho digital y divulgador Borja Adsuara o el abogado y escritor Luis López de Castro. El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL), Fernando Rodríguez Santocildes, recogerá las conclusiones para elevarlas a la Comisión para la Calidad del Servicio Público de Justicia de Castilla y León, presidido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). Esta quinta edición del Congreso de la Abogacía de Castilla y León se celebrará en el Teatro Ramos Carrión de la capital zamorana del 27 al 29 de mayo. “Zamora se convierte en punto de encuentro para una abogacía que quiere anticiparse a los cambios y aportar soluciones a cuestiones clave como la territorialidad o la transformación digital”, asegura la vicepresidenta primera del CACYL y decana del Ilustre Colegio de Abogados de Zamora, Ana Martín. Por su parte, Rodríguez Santocildes apunta a la relevancia de la territorialidad en Castilla y León: “La abogacía tiene mucho que decir en el diseño del modelo de Justicia del futuro, y este congreso es el espacio para ordenar ese debate y trasladarlo a las instituciones”. Ley de Eficiencia El primer bloque temático de la cita estará dedicado a la recientemente estrenada Ley de Eficiencia, que supone una profunda transformación del sistema judicial con la implantación de los tribunales de instancia que desde hace unos meses han sustituido a los juzgados unipersonales por estructuras colegiadas que buscan optimizar recursos, homogeneizar criterios y mejorar la respuesta judicial. La Ley de Eficiencia abrirá la primera mesa de debate en la mañana del jueves 28 de mayo, que analizará las luces, sombras y retos tras los primeros meses de aplicación de la norma. Moderada por la vicepresidenta primera del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo, la mesa contará con las intervenciones de la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente; la presidenta del Tribunal de Instancia de Segovia, Alicia Manzano; el secretario coordinador provincial de Valladolid, Juan Enrique Gutiérrez; y la vicepresidenta primera del CACYL y decana del Ilustre Colegio de Abogados de Zamora, Ana Martín. Inteligencia artificial La programación del congreso continuará en la mañana del 28 de mayo con un nuevo bloque temático centrado en el impacto y el uso de la inteligencia artificial en la justicia y en la abogacía. Los expertos abordarán cómo esta tecnología está transformando el ejercicio de la abogacía y qué precauciones deben adoptarse para integrarla de forma responsable en la práctica profesional. Este bloque incluirá dos ponencias: por un lado, el abogado TIC, experto en derecho digital y divulgador Borja Adsuara Varela impartirá ‘Riesgos, precauciones y posibilidades de la utilización de la IA en la Abogacía: El mayor riesgo de la IA en la Abogacía es no utilizar la IA’. A continuación el abogado TIC Javier Álvarez Hernando y el abogado especialista en derecho tecnológico y decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Alfredo Sánchez-Rubio, presentarán conjuntamente la ponencia ‘Aspectos y perspectiva práctica de la Inteligencia Artificial’. Precisamente, la IA estará presente en el congreso también en la última mesa de debate del viernes, que tratará sobre ‘Deontología y secreto profesional, comunicaciones entre abogados e inteligencia artificial’. Moderada por la decana del Colegio de la Abogacía de Soria, Carmen Fernández Zabalza, contará con la participación del presidente de la Comisión de Deontología del CGAE y decano del Colegio de Abogados de Castellón de la Plana, Manuel Mata, y el decano del Colegio de Segovia, Emilio Fuentetaja. Gestión, turno de oficio y territorialidad En la tarde del jueves se sucederán dos ponencias de enfoque aplicado, centradas en cuestiones concretas del ejercicio profesional. El abogado Luis López de Castro hablará sobre gestión de despachos y, a continuación, la psicóloga y abogada no ejerciente Patricia Tudó realizará su intervención sobre la gestión del estrés en la abogacía. Finalmente, en la jornada del viernes tendrá lugar la mesa de debate ‘Turno de Oficio, brecha territorial y perspectivas de futuro’, que estará moderada por el decano de Valladolid, Javier Martín, y contará con la intervención de la abogada del Colegio de Salamanca Gema Duarte y del abogado del Colegio de Ávila Alfredo Sánchez Gómez. Congreso del CACYL El Consejo de la Abogacía de Castilla y León, con el objetivo de analizar la actualidad de la profesión y ofrecer propuestas concretas de mejora, celebra su congreso cada cuatro años. La primera cita tuvo lugar en Ponferrada en 2007, donde los temas centrales fueron la competencia desleal y el turno de oficio. Por su parte, Ávila acogió el encuentro en 2012 para ahondar en la figura del abogado 3.0 y León fue la sede en 2016 bajo el lema ‘Abogacía: Nuevos tiempos, nuevos retos’. El último congreso del CACYL se celebró en Burgos en 2022, tras ser aplazado por la pandemia, y abordó temas como la territorialidad, las nuevas tecnologías y la comunicación. Las inscripciones para el V Congreso están disponibles en la web hasta el 21 de mayo.Centenares de abogados se reunirán en Zamora para debatir sobre la implantación de la nueva Ley de Eficiencia, la inteligencia artificial, el turno de oficio o la brecha territorial en el medio rural de la comunidad más extensa de España. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/V-Congreso-CACYL-Zamora-scaled-p480712-m1498841-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/v-congreso-de-la-abogacia-de-cylhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/V-Congreso-CACYL-Zamora-scaled-p480712-m1498841-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/v-congreso-de-la-abogacia-de-cylhttps://elderecho.com/v-congreso-de-la-abogacia-de-cylhttps://elderecho.com/v-congreso-de-la-abogacia-de-cyl2026-05-07 08:10:002026-05-07 08:10:00sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico4806711. Porcentajes de deducción: a) Contribuyentes que en 2026 instalen en un inmueble de su propiedad sistemas destinados al autoconsumo de energía eléctrica que utilicen energía procedente de fuentes renovables (RD 244/2019), que podrán incluir sistemas de almacenamiento: 10% de las cantidades satisfechas desde el 1-1-2026 hasta el 31-12-2026. b) Propietarios de viviendas ubicadas en edificios de uso predominante residencial que en 2026 hayan instalado sistemas destinados al autoconsumo de energía eléctrica que utilicen energía procedente de fuentes renovables (RD 244/2019): 20% de las cantidades satisfechas desde el 1-1-2026 hasta el 31-12-2026 por tal instalación. Se consideran cantidades satisfechas para la instalación de los sistemas de autoconsumo las necesarias para llevarla a cabo, como la inversión en equipos y materiales, gastos de instalación de los mismos y las obras necesarias para su desarrollo. 2. Base de la deducción: está constituida por las cantidades satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o entidades que realicen la instalación, debiendo descontar las subvenciones concedidas a través de un programa de ayudas públicas. No se permite la deducción si el pago se efectúa mediante entrega de dinero de curso legal. La base máxima anual es de 5.000 euros anuales. 3. Incompatibilidad: las deducciones anteriores son incompatibles entre sí  y con las deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas (LIRPF disp.adic.50ª) respecto de una misma instalación llevada a cabo en un mismo inmueble. 4. Período para practicar la deducción: esta se practica en el periodo impositivo en el que finalice la instalación, que no puede ser posterior a 2026. 5. Particularidades: a) Para poder aplicar las deducciones: - se debe contar con las autorizaciones y permisos establecidos en la legislación vigente, y en particular con el Certificado de Instalaciones Eléctricas (CIE). - los sistemas de autoconsumo no pueden estar afectos a una actividad económica. Si se afectarán con posterioridad a su adquisición o instalación, se perdería el derecho a la deducción. b) Las deducciones se restan de la cuota íntegra estatal después de las siguientes deducciones: por inversión en empresas de nueva o reciente creación; por actividades económicas; por donativos y otras aportaciones; por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla; y por actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio Histórico Español y de las ciudades, conjuntos y bienes declarados Patrimonio Mundial (LIRPF art.68 .1 a 5).   LIRPF disp.adic.62ª redacc RDL 7/2026 art.36.Tres, BOE 21-3-26   Más información en el Memento IRPF 2026  Desde el 1-1-2026, los propietarios de inmuebles, así como los propietarios de viviendas ubicadas en edificios de uso predominante residencial, pueden aplicar una deducción por la instalación de sistemas destinados al autoconsumo de energía eléctrica que utilicen energía procedente de fuentes renovables.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2642761039-1-p480671-m1498705-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/nuevas-deducciones-por-la-instalacion-de-sistemas-de-autoconsumo-renovablehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2642761039-1-p480671-m1498705-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/nuevas-deducciones-por-la-instalacion-de-sistemas-de-autoconsumo-renovablehttps://elderecho.com/nuevas-deducciones-por-la-instalacion-de-sistemas-de-autoconsumo-renovablehttps://elderecho.com/nuevas-deducciones-por-la-instalacion-de-sistemas-de-autoconsumo-renovable2026-05-06 15:54:272026-05-06 15:54:27fiscalFiscal6Fiscal480699El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, ha reclamado en Sevilla la deflactación de la tarifa del IRPF. “Deflactar la tarifa es adecuar el impuesto al nivel de vida: no hacerlo atenta contra el principio de capacidad económica. No tiene ningún sentido que si alguien compra un inmueble hace treinta años por 10.000 euros y lo vende por 15.000 ahora, se entienda como una ganancia patrimonial, cuando, en proporción, el coste de la vida ha aumentado mucho más en 30 años que esos 5000 euros. No actualizar las tarifas se traduce en una mayor tributación sin que haya aumentado el poder adquisitivo del contribuyente. Por tanto, en AEDAF siempre hemos defendido la deflactación del IRPF””. Bande también ha criticado que las actuaciones tributarias de la Administración consideren culpable al contribuyente y lo sancionen antes de que se dilucide si ha actuado de buena fe o no. “Es una reclamación histórica de AEDAF que no se sancione por defecto al contribuyente ante cualquier discrepancia con la Administración. En los procedimientos de comprobación o de inspección de la Agencia Tributaria se parte de la presunción de culpabilidad, y es el contribuyente quien tiene que demostrar que tiene razón o que se ha equivocado de buena fe, algo que es fácil que ocurra ya que tiene que interpretar una norma complejísima que da lugar a criterios distintos dentro de la misma Administración. Incluso en ocasiones, lo que dice la Dirección General de Tributos contradice lo que dice el Tribunal Económico Administrativo. La sanción al contribuyente debería ser la absoluta excepción”. El presidente de AEDAF ha hecho estas declaraciones en un encuentro breve con algunos medios de comunicación antes de inaugurar la XX edición del Congreso Tributario AEDAF, organizado junto al Consejo General del Poder Judicial, que reúne a reconocidos expertos en fiscalidad y derecho tributario de todo el país, esta semana en la capital andaluza. El Congreso, con más de 250 asistentes, abordará temas como el uso de la IA por parte de la Administración tributaria o la jurisprudencia más reciente en materia fiscal. En el acto de inauguración, Bande ha defendido “la labor de los jueces y su contribución decisiva a la seguridad jurídica. Como ha reseñado recientemente el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los ataques a los jueces lo son también al Estado de Derecho”. En la inauguración han estado presentes, además de Bande, José Antonio Montero, vocal del CGPJ y magistrado del Tribunal Supremo; María Luisa Alejandre, presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Sevilla; David Vilas, abogado del Estado, y Manuel José Baeza, presidente del TSJ de Valencia y director del congreso. El XX Congreso Tributario se celebra hasta el viernes 8 de mayo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.Organizado por la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF y el Consejo General del Poder Judicial, el congreso reúne en Sevilla esta semana a expertos en fiscalidad, magistrados, catedráticos, abogados y asesores fiscales. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/INAUGURACION-XX-CONGRESO-TRIBUTARIO-AEDAF-SEVILLA-scaled-p480699-m1498793-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/aedaf-reclama-la-deflactacion-del-irpf-para-adecuar-el-impuesto-al-nivel-de-vidahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/INAUGURACION-XX-CONGRESO-TRIBUTARIO-AEDAF-SEVILLA-scaled-p480699-m1498793-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/aedaf-reclama-la-deflactacion-del-irpf-para-adecuar-el-impuesto-al-nivel-de-vidahttps://elderecho.com/aedaf-reclama-la-deflactacion-del-irpf-para-adecuar-el-impuesto-al-nivel-de-vidahttps://elderecho.com/aedaf-reclama-la-deflactacion-del-irpf-para-adecuar-el-impuesto-al-nivel-de-vida2026-05-06 15:00:122026-05-06 15:00:12fiscalFiscal6Fiscal480613La resolución rebaja a la mitad la petición de cuatro años de condena que solicitaba la Fiscalía. El incidente comenzó en junio de 2023 cuando el afectado, con la intención de invertir en criptomonedas, contactó telefónicamente con un individuo que fingía trabajar para una empresa especializada en este sector. Engañado por la información falsa que recibía, la víctima aceptó invertir en el mercado estadounidense y, siguiendo las instrucciones del supuesto asesor, efectuó dos transferencias que sumaban 30.000 euros a una cuenta de la entidad ING a nombre de la acusada. Más adelante, se realizaron otras ocho operaciones por un valor total de 60.945 euros a través de la aplicación AnyDesk, la cual el perjudicado había instalado en su dispositivo móvil bajo la creencia de que era una herramienta necesaria para monitorizar su inversión. Sin embargo, el usuario desconocía que dicha plataforma permitía a terceros el control remoto de su teléfono. La acusada, que actuaba en connivencia con el falso gestor, se encargó de recibir los fondos para posteriormente diversificarlos mediante transferencias a otras cuentas bancarias de su titularidad en Malta y Lituania. Asimismo, la mujer dispuso del dinero defraudado realizando retiradas de efectivo en cajeros automáticos y efectuando diversos pagos personales con la tarjeta vinculada a una de sus cuentas. De lo expuesto resulta que “no cabe entender que, al menos con referencia a los hechos aquí enjuiciados, la acusada sea inocente”, señala el tribunal. Los magistrados llegan a esta conclusión porque, si se analiza el extracto bancario relativo a la cuenta de ING, se aprecian “innumerables movimientos y la recepción de sumas respetables, entre ellas, las que le remite la víctima, a quien no conoce de nada, sin que ello le cause la más mínima extrañeza”. Opera con la cuenta como si todo lo que en ella ingresa fuera suyo, añaden. La Sala sostiene que el hecho de que la procesada sea o no la destinataria final de las cantidades defraudadas es “irrelevante”, pues su participación lo es, al menos, como “cooperadora necesaria”. Esto implica que presta su infraestructura -las cuentas corrientes de las que es titular- para recibir las cantidades obtenidas mediante el engaño, una posición sin la cual no sería posible el desplazamiento patrimonial que constituye el eje del delito. En definitiva, los juzgadores expresan que la acusada era conocedora de que se usaban sus cuentas para recibir sumas importantes de quien no tenía vínculo alguno con ella, disponiendo incluso de ese dinero para uso propio o para su transmisión a otras cuentas. Un comportamiento que, según el tribunal, constituye una prueba sólida del concierto con quien despliega el engaño. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. AP de Valladolid. Sección nº 4. Sentencia nº 104/2026 de 28 de abril de 2026.La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a dos años de prisión a una mujer por una estafa con criptomonedas. Además de la pena de cárcel, deberá indemnizar al perjudicado con 90.945 euros y pagar una multa de 360 euros.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2491707359-1-p480613-m1498557-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/dos-anos-de-carcel-por-estafar-casi-91-000-euros-en-una-falsa-inversion-con-criptomonedashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2491707359-1-p480613-m1498557-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/dos-anos-de-carcel-por-estafar-casi-91-000-euros-en-una-falsa-inversion-con-criptomonedashttps://elderecho.com/dos-anos-de-carcel-por-estafar-casi-91-000-euros-en-una-falsa-inversion-con-criptomonedashttps://elderecho.com/dos-anos-de-carcel-por-estafar-casi-91-000-euros-en-una-falsa-inversion-con-criptomonedas2026-05-06 11:59:112026-05-06 11:59:11penalPenal9Penal480612La Sala revoca la sentencia dictada en primera instancia y concluye que las actividades cotidianas realizadas por el trabajador durante su baja médica -como pasear a su perro, hacer pequeñas compras o acudir a una lavandería- no son incompatibles con su patología ni evidencian simulación de la incapacidad, por lo que no constituyen una transgresión grave de la buena fe contractual. La resolución señala que no toda actividad durante una baja médica justifica un despido, siendo necesario acreditar que dichas conductas impiden la recuperación o revelan aptitud laboral, circunstancias que no concurren en este caso. Como consecuencia, Mercadona deberá optar entre la readmisión del trabajador en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido o el abono de una indemnización de 39.845,25 euros, en los términos previstos legalmente. TSJ de Castilla y León. Sala de lo Social. Sentencia nº 505/2026 de 9 de marzo de 2026.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado improcedente el despido disciplinario de un trabajador de Mercadona que se encontraba en situación de incapacidad temporal por artritis reumatoide.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2623219181-1-p480612-m1498538-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/despido-improcedente-de-un-trabajador-de-mercadona-en-situacion-de-baja-medicahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2623219181-1-p480612-m1498538-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/despido-improcedente-de-un-trabajador-de-mercadona-en-situacion-de-baja-medicahttps://elderecho.com/despido-improcedente-de-un-trabajador-de-mercadona-en-situacion-de-baja-medicahttps://elderecho.com/despido-improcedente-de-un-trabajador-de-mercadona-en-situacion-de-baja-medica2026-05-06 11:51:492026-05-06 11:51:49socialSocial13Social480611El informe 'Europa en el trabajo en la era de la IA generativa', presentado este martes por representantes de INCO y Google, señala que "las pymes españolas lideran Europa en adopción de IA", con una tasa del 9,3% que supera la media del 8% en la Unión Europea, lo que muestra su "fuerte impulso de la digitalización". Sin embargo, en el ámbito europeo tres de cada cuatro pymes tienen dificultades para encontrar talento con habilidades en inteligencia artificial, lo que refleja que "el talento formado no crece al mismo tiempo que la demanda", ha afirmado la directora principal de programas de INCO, Ana de Miguel. Además, 420.000 empleos de nivel inicial en el país ya exigen competencias en IA. Comparados con los dos millones de ofertas de empleo que analiza el estudio, supone un 22%, cifra dos puntos por debajo de la media europea pero por delante de países como Italia y Polonia. En Europa, donde los autores han analizado 31 millones de ofertas de trabajo, son 7,4 millones los empleos en los que se pide este tipo de competencias, lo que implica uno de cada cuatro puestos de nivel inicial, dato que se ha duplicado en solo dos años. La IA está transformando lo que exigen los puestos de trabajo y los trabajadores 'junior' son "los más expuestos", destaca De Miguel: "Habilidades que antes aprendían sobre la marcha durante los primeros años" ahora "ya las hace la inteligencia artificial", lo que significa que, "cuando alguien aterriza en su primer puesto hoy, se le exige un punto de partida completamente distinto al de hace apenas unos años", ha enfatizado. En ese sentido, más de la mitad de los jóvenes europeos es optimista sobre el impacto de la IA en el empleo, pero solo el 13% se siente preparado para trabajar con esta tecnología, recoge el estudio. Impacto en el PIB de 120.000 millones si se generaliza su uso Por su parte, el economista jefe de Google, Fabien Curto, destaca que el "premio" de una adopción generalizada de la IA en España sería aportar hasta 120.000 millones de euros al PIB, lo que equivale a un 8% adicional, según datos del informe 'La oportunidad económica de la IA en España', elaborado por Implement Consulting Group a petición de Google. Curto indica que la IA está siendo adoptada a un ritmo "muy elevado", "mucho más veloz" que otras tecnologías del pasado, y que ese es "el reto principal" que hay que afrontar, pero avisa de que esa adopción se está realizando de manera "desigual". "La mayor parte de nuestros empleos van a ser transformados por la IA", pero "históricamente la tecnología es una creadora neta de empleos" y "no automatiza empleos per se", sino tareas, ha matizado. Así, "es muy raro que un empleo desaparezca por automatización", aclara en un acto en el que también se ha presentado la iniciativa de formación 'NewFutures: AI'.Un 9,3% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas han adoptado la inteligencia artificial (IA), por encima del 8% de la media europea, y uno de cada cinco empleos 'junior' en el país ya exigen competencias en esta tecnología, según un estudio de Google e INCO.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2021/05/shutterstock_1218220324-p480611-m1498519-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/las-pymes-espanolas-lideran-europa-en-adopcion-de-la-ia-con-un-93-del-total-segun-google-e-incohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2021/05/shutterstock_1218220324-p480611-m1498519-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/las-pymes-espanolas-lideran-europa-en-adopcion-de-la-ia-con-un-93-del-total-segun-google-e-incohttps://elderecho.com/las-pymes-espanolas-lideran-europa-en-adopcion-de-la-ia-con-un-93-del-total-segun-google-e-incohttps://elderecho.com/las-pymes-espanolas-lideran-europa-en-adopcion-de-la-ia-con-un-93-del-total-segun-google-e-inco2026-05-06 10:44:342026-05-06 10:44:34derecho-ticDerecho TICDerecho TIC