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JUSTICIA

El Congreso pide al CGPJ que aumente la tasa de asuntos resueltos de cada juez e intensifique el control disciplinario

Pide al Consejo que publique detalladamente sus gastos en retribuciones, gastos de representación y otros beneficios.

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CGPJ, Consejo General del Poder Judicial

El Pleno del Congreso de los Diputados ha instado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a adoptar las medidas oportunas para incrementar la tasa de asuntos resueltos por cada juez, mejorando los indicadores de productividad judicial.

Así consta en la propuesta de resolución a la Memoria del CGPJ correspondiente a 2011 que ha sido sugerida por el PP y ha contado con 298 votos a favor, por la cual la Cámara ha manifestado su "profunda" preocupación por el hecho de que el 43 por ciento de los jueces y magistrados no lleguen al módulo de entrada de asuntos.

El Congreso de los Diputados ha sometido este jueves a debate las propuestas de resolución presentadas por los grupos políticos a la Memoria sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales en 2011. La presentación de unas cifras referidas a dos ejercicios anteriores ha derivado en el lamento de los portavoces sobre la falta de utilidad de los mismos.

Por este motivo, el Congreso ha emplazado al órgano de gobierno de los jueces a adoptar las medidas oportunas para que agilicen su presentación ante las Cortes o, en su caso, amplíen su contenido al correspondiente año judicial finalizado.

Nombramiento de altos cargos

El Congreso ha requerido al Consejo que haga un "ejercicio máximo de transparencia" respecto a la ejecución de su presupuesto, publicando detalladamente los criterios y gastos realizados en retribuciones, tanto dinerarias como en especie, incluyendo los gastos de representación y otros beneficios y derechos disfrutados por sus miembros.

A su vez, ha instado a invitado a inspeccionar el funcionamiento de las Salas del Tribunal Supremo y del resto de órganos jurisdiccionales.

En materia de nombramientos de altos cargos de la Carrera Judicial, todos los grupos se han puesto de acuerdo para demandar al órgano de gobierno de los jueces el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Además ha salido adelante la propuesta de UPyD, enmendada por el PP, por la que se conmina al Consejo a "profundizar" en el fortalecimiento del principio de responsabilidad profesional de los magistrados a través de la "intensificación del control disciplinario con garantía de imparcialidad" con el objetivo de mejorar la calidad de la Justicia y superar la baja valoración de los ciudadanos.

Igualmente, el Congreso ha pedido que se le remita un informe de valoración del funcionamiento de los jueces de adscripción territorial y de su impacto en la reducción de cargas de trabajo. En su opinión, se deben además revisar y unificar las normas de registro de todas las jurisdicciones al detectar datos "erróneos" sobre estadísticas judiciales.

El Congreso ha avalado de forma unánime la petición al Consejo de que analice las razones por las cuales existen más de dos millones de sentencias sin ejecutar. Al mismo tiempo, ha pedido que apoye la modernización de la Justicia que el Ministerio del ramo está desarrollando.

La Cámara ha demandado el fomento de la práctica de medios alternativos para la resolución de conflictos, especialmente de la mediación. En este sentido, ha invitado al CGPJ que elabore junto al Ministerio de Justicia un estudio sobre el impacto que ha tenido la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles en la reducción de la litigiosidad en los juzgados.

Huelga de jueces

Durante el debate, CiU y PNV han traído 'clásicas' reivindicaciones como es el uso de las lenguas cooficiales en la Administración de Justicia o la creación de consejos de justicia autonómicos, previstos en siete estatutos y respaldados por el Consejo del Poder Judicial. "Sólo la ideología lo impide", ha zanjado Pigem.

Pigem ha lamentado que el Grupo Socialista (PSOE-PSC), junto con el PP, no hayan apoyado sus propuestas para impulsar el uso de las lenguas propias de las comunidades en la Administración de Justicia para que los ciudadanos puedan dirigirse a todos los órganos en su propia lengua.

Tampoco ha salido adelante la propuesta de UPyD que pedía a Gallardón retomar su promesa electoral de que 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por y entre los propios jueces. "Nos prometió en su primera intervención que iba a reformar el sistema de elección para que no fuese un órgano dependiente de los acuerdos entre políticos", ha recordado Rosa Díez.

Mientras tanto, el diputado socialista Álex Sáez ha acusado al Gobierno de "atropellar y debilitar" pilares básicos en un Estado de Derecho desplegando una "política errática, e irresponsable con recortes desproporcionados" y sin apenas diálogo.

En la sesión, el portavoz de Justicia de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, se ha hecho eco de la huelga de jueces y fiscales convocada para el próximo 20 de septiembre al entender que refleja el "malestar" de los ciudadanos pero también de los profesionales con las políticas de Gallardón.

En su opinión, el ministro está impulsando una Justicia "clasista", "sujeta a precio" para una mayoría y "especial" para unos pocos privilegiados. En cualquier caso, ha saludado la rectificación en la ley de tasas.

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