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El derecho a consentir ser enlazado: sobre la sentencia del Tribunal Europeo Justicia, de 13 de febrero de 2014 (caso Svensson)

Por José María Anguiano

Socio de Garrigues Abogados y Asesores Tributarios

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La reciente sentencia de la sala cuarta del Tribunal Europeo, de 13 de febrero de 2014, EDJ 2014/6534, pone de nuevo una añeja discusión jurídica encima de la mesa. Efectivamente, hace años, cuando se constató el éxito de la indexación para la localización de contenidos en la red, se planteó por la comunidad jurídica anglosajona una interesante controversia jurídica; ¿Tiene el titular de una concreta dirección http, el derecho a que su  previo consentimiento sea preceptivo para ser enlazado?

La discusión, en lo que a los buscadores se refiere, quedó zanjada con la publicación por parte de Google y otros buscadores  de las librerías de código necesarias para, mediante incorporación de estas en el código de quien quiere evitar el enlace, eludir la acción de los motores de búsqueda.

La utilidad de los últimos y sobre todo la neutralidad técnica que se les supone, pudieran justificar un trato excepcional a los buscadores. Sin embargo, cada vez existe mayor consenso sobre la necesaria distinción entre la responsabilidad civil de estos y de los enlazadores.

La sentencia se pronuncia sobre diversas cuestiones prejudiciales planteadas por la sala de apelación sueca en relación con el conocido como caso Svensson.

1.- El caso.

Dos periodistas suecos, autores de diversos artículos periodísticos, demandan a un "press-clipper", reclamándole una indemnización por los perjuicios ocasionados con ocasión de la vulneración de sus derechos de propiedad intelectual. Sostienen que no se ha recabado el preceptivo consentimiento para utilizar dichos artículos. Los demandantes no discuten que se pueda acceder a sus artículos de forma gratuita a través de la versión digital del medio periodístico con el que colaboran. Sin embargo resulta controvertida entre las partes la opacidad del enlace. Mientras para los demandantes, los usuarios del servicio de “press-clipping” no son conscientes del enlace a otra página, para los demandados es obvio que se enlaza  página distinta para acceder a los artículos.

En definitiva, los periodistas suecos entienden que se ha vulnerado su derecho exclusivo a poner sus obras a disposición del público.

Tras el fallo de primera instancia en el que se desestiman las pretensiones de los periodistas suecos, estos interponen recurso de apelación ante el Tribunal de Svea.  Este suspende el procedimiento y plantea ante el Tribunal de Justicia cuatro cuestiones prejudiciales. Una se refiere a la posibilidad de que los Estados miembros puedan ampliar el derecho exclusivo a autorizar actos de comunicación pública a supuestos distintos a los contemplados en el apartado 1 del art. 3 de la Directiva 2001/29, de 22 de mayo, EDL 2001/22888.

Las otras tres cuestiones suscitadas se refieren a la consideración del acceso a obras protegidas mediante enlaces como actos de comunicación pública. Las preguntas que plantea el Tribunal de Svea son:

  1. Si una persona distinta del titular del derecho de propiedad intelectual de una determinada obra ofrece en su página web un enlace sobre el que se puede pulsar y conduce a esa obra, ¿realiza una comunicación al público de esa obra en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29?
  2. Influye en la apreciación de la primera cuestión que la obra a la que conduce el enlace se encuentre en una página de internet a la que puede acceder cualquier persona sin restricciones o cuyo acceso está limitado de algún modo?
  3. A la hora de apreciar la primera cuestión, ¿debe realizarse distinción, según la obra, una vez que el usuario ha pulsado en el enlace, se presente en otra página o se presente de modo que parezca que se encuentra en la misma página?

2.- La fundamentación de la sala cuarta del Tribunal Europeo

La sala falla contra las pretensiones de los demandantes. A pesar de ello, la sentencia resulta en mi opinión, trascendental para la defensa de los derechos de propiedad intelectual. Consagra el derecho del titular a autorizar el enlace en aquellos supuestos en los que, mediante cualquier procedimiento, se facilite acceso a contenidos de su titularidad, eludiendo las restricciones de cualquier tipo que este hubiera podido establecer en la comunicación inicial. Conviene también poner de manifiesto que el tribunal no entiende como única la restricción económica. Lo sería también, por ejemplo, la implícita en la necesidad de registro para acceso a los contenidos. En definitiva, sería restricción en la medida en que se pueda acreditar, la existencia de un acto de voluntad electrónicamente restrictivo por parte del titular, encaminado a impedir, de alguna forma, el libre acceso a esa creación.

El Tribunal comienza su análisis planteándose  el concepto “comunicación pública” o “comunicación al público”. Detecta dos elementos acumulativos para poder determinar su existencia; (i) el acto de comunicación de una obra protegida y (ii) que ese acto de comunicación se dirija a un público.

En relación al primero de los elementos, el acto de comunicación, la sala zanja de forma rápida y contundente la cuestión. Entiende que mediante los enlaces se produce un acto de puesta a disposición y, en consecuencia, un acto de comunicación.  La brevedad y contundencia con la que trata la cuestión chocan frontalmente con la encendida polémica  que sobre la consideración  o no de los enlaces como actos de comunicación pública  mantiene la comunidad jurídica patria. En definitiva, la sala entiende que mediante enlaces se produce el efectivo acceso y disfrute de los ejemplares electrónicos de obras protegidas. La sala concluye:

De lo anterior  se deduce que, en circunstancias como las del litigio principal, el hecho de facilitar enlaces sobre los que se puede pulsar y que conducen a obras protegidas debe calificarse de “puesta a disposición” y, en consecuencia, de “acto de comunicación” en el sentido de la referida disposición.

En relación al segundo elemento, que la comunicación se realice a un público, la sala es igualmente  concluyente, al entender obvio que se dirige a un número indeterminado y considerable de destinatarios.

Llegados a este punto, la sala matiza sobre este último requisito, apoyándose en  precedentes del propio Tribunal[1]. Cuando el acto de comunicación se realiza con la misma técnica que se ha empleado en la comunicación inicial (mediante internet), para ser considerado como un acto de comunicación al público en el sentido del apartado 1 del art. 3 de la Directiva, la comunicación ha de dirigirse a un público nuevo.

A continuación define público nuevo como un público que no fue tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial al público.

Entiende en definitiva la sala que el público destinatario de la comunicación inicial de los demandantes son todos los internautas al no haberse impuesto restricción alguna de acceso a los contenidos protegidos. En consecuencia con lo anterior, no hay un “público nuevo” al que se le ofrezca la obra, porque desde el principio, los titulares optaron  por una divulgación universal e indiscriminada en red.

De acuerdo con lo anterior, la sala entiende que no estamos ante actos de comunicación comprendidos en el apartado 1 del art. 3 de la Directiva y en consecuencia no resulta preceptiva la  autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual de las creaciones a las que se enlaza.

Sin embargo, la Sentencia se afana en dejar clara su postura cuando enuncia alternativas en las que el acto de comunicación se hubiese producido eludiendo las medidas restrictivas adoptadas por el titular. En este caso, la sala si entiende que existe un “público nuevo”, que no fue tomado en consideración por los titulares de los derechos cuando autorizaron la comunicación inicial al público. Dice:

Habría que considerar que el conjunto de esos usuarios es un público nuevo que no fue tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial, de modo que tal comunicación a público exigiría la autorización de los titulares. Así sucede, en particular, cuando la obra ya no está a disposición del público en la página en la que fue comunicada inicialmente o cuando ya sólo lo está para un público limitado, mientras que es accesible en otra página de Internet sin la autorización de los titulares de los derechos de autor.

3.- Conclusiones

  1. La sala entiende que los enlaces son actos de puesta a disposición de los ejemplares protegidos. En consecuencia entiende que enlazar es también un acto de comunicación pública. De esta forma se zanja, espero que de forma definitiva, la discusión jurídica sobre la consideración de los enlaces a obras protegidas como actos de esta naturaleza. Se entiende en definitiva que el acceso mediante enlace a una obra protegida es un acto de puesta a disposición de un ejemplar electrónico de esa obra.
  2. Consagra el derecho del titular a autorizar el enlace en aquellos supuestos en los que, mediante cualquier procedimiento, se facilite acceso a contenidos de su titularidad a un público nuevo, distinto al público para el que el titular inicialmente concibió la comunicación.
  3. Para determinar cuando la comunicación se dirige a un público nuevo, habrá que entender que es así cuando quien proporciona el enlace no tiene  en consideración las restricciones de cualquier tipo que el titular hubiera podido establecer en la comunicación inicial al público.
  4. De producirse el enlace a sus contenidos, para comunicarlos a un “público nuevo” sin su preceptiva autorización, los titulares quedarán habilitados para iniciar acciones legales en defensa de sus derechos de propiedad intelectual.
  5. En consecuencia con todo lo anterior, cuando un titular de derechos de propiedad intelectual decida una comunicación al público que restrinja el acceso de cualquier forma, por ejemplo mediante la comercialización de ejemplares electrónicos, podrá solicitar tutela judicial en defensa de sus derechos de propiedad intelectual, cuando un tercero no titular enlace a estos sin haber obtenido previamente su autorización.

 


[1] Sentencia de 7 de diciembre de 2006 (SGAE), EDJ 2006/487961, C306/05, apartado 46 y auto de 18 de marzo de 2010; Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon OptikoaKoustikon Ergon, C131/09, apartado 38

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