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JUSTICIA

El TS impide aplicar recorte salarial de funcionarios en la empresa privada aunque sea contratista de la Administración

El Tribunal Supremo ha declarado por sentencia que no es posible aplicar el recorte salarial acordado para el sector público en una empresa privada, aunque ésta sea contratista de la Administración.
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Así se señala en una reciente sentencia que confirma la resolución adoptada en junio de 2011 por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que anuló la decisión de una empresa de limpieza de centros sanitarios públicos en Aragón de rebajar en un 5% los salarios de sus trabajadores, en consonancia con el recorte salarial a los funcionarios en dichos centros.

Según el alto tribunal, la reducción no puede aplicarse porque no fue consensuada entre la Administración y los representantes sindicales de las organizaciones más representativas. "Como la reducción salarial fue impuesta por Ley, no por acuerdo, a funcionarios públicos y personal laboral de ciertas empresas públicas, no cabe aplicar el recorte al personal laboral de empresas privadas", afirma la sentencia.

En este caso concreto, la Federación Regional De Actividades Diversas de CC OO Aragón y la Federación de Servicios de la UGT recurrió ante los tribunales la decisión de ISS Facility-Services SA de rebajar en un cinco a sus trabajadores, coincidiendo con el recorte a los funcionarios de julio de 2010, tanto la productividad fija como otros conceptos salariales.

EL TSJ de Aragón estimó en parte la demanda y anuló la decisión de la empersa, salvo en el particular relativo al concepto de productividad fija. Esta decisión ha sido ahora avalada por el Supremo en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel López García de la Serrana.

No era "imaginable" la crisis

Según el Supremo, en el espíritu de la norma está ampliar las conquistas salariales del personal estatutario al personal laboral, "máxime cuando en aquel momento no era imaginable una crisis financiera que obligara a recortes salariales de los empleados de la función pública".

"El Convenio sólo establece, pues, la transposición de las mejoras y también de las posibles reducciones de derechos, siempre que las mismas tengan su origen en el oportuno acuerdo", añade la sentencia.

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