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JUSTICIA

El TS condena a un guardia civil por autorizar la compra de 50 pegatinas con la bandera de España por más de 3.000 euros

El Tribunal Supremo ha condenado a un subteniente de la Guardia Civil por autorizar la compra de 50 pegatinas con la bandera de España para los vehículos del Instituto Armado a un precio de 63,57 euros cada unidad, lo que supuso un gasto "desproporcionado" que ascendía a 3.178, 48 euros del erario público.
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Tribunal Supremo

El alto tribunal ha desestimado el recurso que interpuso el guardia civil M.A.C. contra la sentencia dictada en noviembre del pasado año por el Tribunal Militar Central que le consideraba autor de una falta grave por ser negligente "en el cumplimiento de las obligaciones profesionales o de las órdenes recibidas" y que llevaba asociada la pérdida de destino.

La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Clara Martínez de Careaga, considera probado que el subteniente permaneció pasivo ante la advertencia que le hizo un cabo sobre el "precio desorbitado" que el Instituto Armado había pagado por las 50 pegatinas. El superior ordenó al guardia civil que volviera a su puesto de trabajo y que si alguien preguntaba por la factura dijera que se trataba de juegos de pegatinas en vez de etiquetas individuales.

DENUNCIA EL CABO

Pese a ello, el cabo indagó en internet sobre el costo de pegatinas similares e informó al mando de que había encontrado otras de similares características por un precio muy inferior (entre dos y tres euros cada una). No obstante, el subteniente le respondió que la red "no era una referencia válida" y le pidió que "dejara el tema".

Preocupado por el comportamiento profesional de su superior, el cabo dio cuenta a su comandante del presunto carácter delictivo de los hechos acaecidos. En ese momento, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial inició la investigación y advirtió del "error" a la empresa a la que habían encargado las pegatinas.

La resolución recrimina que el mando no hubiera comunicado a ningún superior el incidente de las banderas y considera que existe prueba de cargo válida para condenar al subteniente.

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