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JUSTICIA

El TC admite los recursos de la Xunta para reclamar al Estado 805 millones y por la norma de enterramiento de dióxido

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite dos recursos de la Xunta para reclamar 805 millones del sistema de financiación al Estado y por considerar que la ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono invade las competencias gallegas.
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Tribunal Constitucional

Asimismo, el TC ha acordado declarar la extinción de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Estado en relación con la ley del año 1999 de ordenación farmacéutica de Galicia por "desaparición sobrevenida de su objeto". El litigio giraba en torno a un artículo de dicha norma que establecía que los farmacéuticos de más de 65 años no podían solicitar autorización para una nueva oficina ni tampoco los titulares de una farmacia en la misma zona en la que ya cuentan con un establecimiento de este tipo.

Así lo publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), que recoge un auto del 17 de octubre del Constitucional sobre este último asunto y sendas providencias del 18 de octubre sobre los dos recursos presentados por el Gobierno gallego.

El pleno del Tribunal ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Xunta contra varios artículos (del 128 al 131) de la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011.

El Gobierno gallego autorizó el pasado 15 de septiembre el recurso, con el que pretende alcanzar los 805 millones de euros que reclama por distintos conceptos del acuerdo de financiación autonómica y que el Ejecutivo estatal le ha negado reiteradamente. En ese momento, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, dijo que la decisión se adoptó tras "agotar" la vía de negociación política.

También ha sido admitido a trámite el recurso del Gobierno gallego contra la ley, de diciembre de 2010, para el almacenamiento geológico de dióxido de carbono. La norma, elaborada para el enterramiento de estos gases contaminantes procedentes de las centrales de generación eléctrica supone, a juicio de la Consejería de Economía e Industria, una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia de minas, medio ambiente y urbanismo.

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