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JUSTICIA

El Supremo corrige una sentencia que declaraba ilegal una vivienda de El Puerto y no ordenaba su demolición

El Tribunal Supremo (TS) ha estimado un recurso de casación presentado por la fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Cádiz, Patricia Navarro, en el que se solicitaba que se revocara parcialmente una sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que, tras condenar a una persona por un delito contra la ordenación del territorio, desobediencia y estafa, sin embargo no acordaba la demolición de lo ilegalmente edificado por considerarlo una medida "desproporcionada", argumentando que "en la zona donde se realizó la construcción existen numerosas viviendas".
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Audiencia Provincial de Cádiz Audiencia Provincial de Cádiz

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz dictó el 21 de julio de 2011 una sentencia que condenaba a una mujer por haber promovido, sin la preceptiva licencia municipal, la construcción de una vivienda unifamiliar de 142 metros cuadrados en una parcela de El Puerto de Santa María clasificada como suelo no urbanizable, siendo la reseñada "consciente" de que dicha clasificación impedía la construcción de la vivienda, no siendo legalizable según la reglamentación vigente cuando se construyó y tampoco actualmente.

El área de Urbanismo del Ayuntamiento incoó por ello un expediente que conllevaba la suspensión y precinto de las obras, pese a lo cual mantuvo las órdenes dadas relativas a la construcción de la vivienda, que vendió a un tercero de buena fe ocultando esta información. De hecho, se notificó a la condenada un Decreto de Alcaldía que ordenaba la demolición de las obras, de lo cual tampoco informó al comprador, presentando la misma un recurso de reposición contra el Decreto que fue desestimado.

Pese a considerarla culpable de los ilícitos anteriormente señalados, la Audiencia Provincial de Cádiz argumentó en su sentencia que "en la zona donde se realizó la construcción existen numerosas viviendas, por lo que estando acreditado que la casa está enclavada entre muchas otras similares, no procede acordar la demolición de la misma, pues la demolición se antoja desproporcionada al ilícito cometido".

Ante ello, la Fiscalía recurrió en casación la sentencia para que se acordara la demolición de lo construido y se declarase que en el caso concreto "no concurren las razones marcadamente excepcionales que justifiquen la no demolición", defendiendo que "no es argumento impeditivo de la demolición que en el hecho probado se consigne que en la zona donde se realizó la construcción existen numerosas viviendas similares, pues esto sería tanto como convertir un suelo no urbanizable en suelo urbano o urbanizable por la desidia de la Administración, incluida la penal".

Así las cosas, el Tribunal Supremo procede en su fallo a casar parcialmente la resolución, dictando "una nueva sentencia más conforme a derecho", acordando la demolición de la obra a cargo de la condenada, sin perjuicio de las indemnizaciones derivadas al comprador como tercero de buena fe.

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