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SENTENCIA

El Supremo confirma la condena a 19 años de prisión a los patrones de un cayuco en el que murieron cinco inmigrantes

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 19 años de prisión impuesta a tres patrones de un cayuco en la que murieron cinco inmigrantes ilegales por deshidratación durante una travesía de seis días emprendida desde las costas de Mauritania hasta la Isla de la Gomera.

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Inmigrantes, patera, cayuco

Los magistrados del alto tribunal avalan en su resolución la sentencia de primera instancia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que condenó a los tres acusados por la comisión de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y por otros cinco delitos de homicidio imprudente.

Los tres condenados, de nacionalidad guineana y senegalesa, se ocuparon durante de la travesia de la embarcación --precaria y sobresaturada con 59 ocupantes-- del gobierno de la misma y de la distribución de agua y comida, que se acabaron al tercer día de navegación.

A su llegada a las costas españolas cuatro de los inmigrantes, todos ellos varones de entre 20 y 30 años, habían muerto y un quinto falleció pocas horas después en el hospital. Nueve personas más tuvieron que ser hospitalizadas y un número indeterminado falleció en la travesía y sus cuerpos fueron arrojados al mar.

La sentencia del Supremo destaca la percepción señalada por los policías que se ocuparon de los inmigrantes en La Gomera de que el estado físico de los acusados era "mucho más saludable que el del resto" lo que en su opinión demuestra "su clara posición dominante dentro de la embarcación distinta del precario estado de quienes viajaban como meros ocupantes".

Puesta en peligro grave

Los magistrados señalan, además, que la organización de una 'expedición' marítima de esas características, en la que se carecía de alimentos y agua para las personas que viajaban, supone no sólo la promoción de un tráfico ilegal sino "la puesta en peligro concreto y grave para la vida".

Además, rechazan el argumento de los acusados, que alegaron que lo hicieron "para salir de la pobreza", e indican que "la verdadera situación de perentoria y extrema necesidad se corresponde realmente con las víctimas, que no sólo afrontan una travesía tan peligrosa sino que además realizan un desembolso económico del que se lucran los organizadores".

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