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SOCIAL

Navarra dicta sus primeras resoluciones con arreglo a la nueva reforma laboral

Por primera vez se pronuncia un Juzgado de lo Social de Navarra sobre la aplicación de la reforma laboral –del RDLey 3/2012- a un contrato celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma y, en concreto, a una acción resolutoria del contrato de trabajo presentada antes del 12 de febrero de 2012, fecha de entrada en vigor de esa norma.

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Maza, juez, justicia

El titular del Juzgado de lo Social nº 3 de Pamplona ha dictado una sentencia en la que, por primera vez en Navarra, aplica la reforma laboral a un contrato celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de la misma. El fallo no dice que se aplique la reforma laboral a despidos anteriores a la entrada en vigor de la nueva norma.

Por el contrario, afirma que a esos despidos, aun enjuiciados con posterioridad al 12 de febrero de 2012 —fecha de entrada en vigor—, no le es de aplicación la reforma y deben enjuiciarse con arreglo a la normativa vigente en la fecha en que se produjo el despido, incluyendo, si esa es la opción empresarial, el derecho a la indemnización de 45 días y los salarios de tramitación.

Pero, en cambio, si no son despidos, sino acción de extinción del contrato de trabajo a instancia del trabajador por incumplimientos de la empresa, como la extinción del contrato no se produce con la demanda que presente el trabajador, sino con la firmeza de la sentencia que se dicte (porque es constitutiva), si se dicta después del 12 de febrero sí que se aplica la reforma laboral y, en consecuencia, el doble tramo indemnizatorio que establece la disposición transitoria 5ª del RDLey 3/2012.

Para los despidos anteriores al 12 de febrero de 2012, según reitera el juez, sus efectos se rigen de forma íntegra por lo previsto por el Estatuto de los Trabajadores en la redacción anterior a la reforma laboral.

La sentencia resuelve una acción de extinción de la relación laboral a instancia del trabajador por impagos y retrasos en el abono de los salarios. Se trata de la primera vez se pronuncia un Juzgado de lo Social de Navarra sobre la aplicación de la reforma laboral –del RDLey 3/2012- a un contrato celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma y, en concreto, a una acción resolutoria del contrato de trabajo presentada antes del 12 de febrero de 2012, fecha de entrada en vigor de esa norma.

Además, es la primera sentencia que aplica a la indemnización por la extinción del contrato la nueva regla de cómputo de la indemnizatoria, según los dos tramos de prestación de servicios: uno primero, que va desde que se celebró el contrato hasta el 11 de febrero de 2012, y el segundo, desde el 12 de febrero de 2012 hasta la fecha de la firmeza de la sentencia.

La Disposición Transitoria V del Real Decreto-Ley 3/2012, bajo la rúbrica “indemnizaciones por despido improcedente” establece el siguiente régimen de derecho transitorio:

1. "La indemnización por despido prevista en el apartado uno del art.56 del texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, en la redacción dada por el presente Real Decreto-Ley, será de aplicación a los contratos suscritos a partir de la entrada en vigor del mismo".
 
2. "La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha de entrada en vigor y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior.
 
El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior a la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso".
 
Respecto de la primera cuestión, el magistrado Carlos González concluye que sí resulta aplicable la reforma porque la sentencia que estima una acción de extinción de contrato por incumplimientos de la empresa es constitutiva y produce efectos desde que es firme. Y a su vez, porque rige en esta materia el principio de modernidad que cabe deducir del art. 2.2 del Código Civil, según el cual la norma posterior deroga a la anterior, incluso respecto de los efectos futuros de los contratos y condiciones de trabajo existentes al tiempo de su entrada en vigor, efecto este que la doctrina ha denominado de “retroactividad débil o de primer grado” de las normas sociales, aplicables a las relaciones de tracto sucesivo, y que la jurisprudencia ha venido reconociendo.

Es aplicable la doctrina de la retroactividad mínima o efecto inmediato de las normas laborales consistente en la aplicación de las nuevas normas a los efectos futuros de las relaciones laborales en curso de ejecución, sin necesidad de mandato expreso en tal sentido, o lo que es lo mismo, la aplicación de las nuevas normas a los efectos de la situación anterior nacidas bajo su vigencia.
 
Respecto de la segunda cuestión, se razona: "El doble tramo indemnizatorio a que refiere la Disposición Transitoria V, apartado II,  del Real Decreto Ley 3/2012, no  implica modificación alguna en aplicación de la tradicional regla de prorratear por meses los periodos de prestaciones de servicios por  tiempo inferiores al año. Pero, debemos resolver qué fórmula de cálculo es la aplicable y a que tramo de los dos que integran el periodo de prestación de servicios se aplica el prorrateo por meses de los días sobrantes,  es decir, de los días que no llegan a completar un mes entero".

O dicho de otra manera, debe determinarse si la regla de prorratear por meses los periodos de tiempo inferiores al año, para los restos computables, es de aplicación a los dos tramos que resultan de la norma comentada (el anterior al 12-2-2012 y el transcurrido con posterioridad  a dicha fecha), o si sólo es aplicable a uno de los tramos.
 
"De estas posibles fórmulas debe considerarse que la más adecuada a fin de evitar supuestos de doble cómputo de meses es la de realizar el cálculo prorrateando por meses los periodos inferiores al año únicamente en uno de los dos tramos computables y, en concreto, en el tramo final que se corresponde con la fecha extintiva del contrato", concluye el magistrado.
 

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