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JUSTICIA

Condenan a 2 años y medio de prisión a un funcionario de Extranjería de Alicante por la venta de permisos de residencia

Tramitaba de manera irregular permisos de residencia a ciudadanos chinos y ucranianos a través de una gestoría de Benidorm (Alicante).

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La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a dos años y medio de prisión a un funcionario de la Oficina de Extranjería de Alicante, y a una pena de un año y tres meses a su pareja sentimental, ambos por un delito continuado de cohecho, por tramitar de manera irregular permisos de residencia por reagrupación familiar de ciudadanos extranjeros a través de una gestoría, cuya responsable también ha sido condenada por el mismo delito a once meses de prisión.

En la sentencia de la sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante, el magistrado considera probado que el empleado público, que realizaba su tarea en el negociado de permisos de residencia por reagrupación familiar de la Oficina de Extranjería, en connivencia con una ciudadana china propietaria de una gestoría de Benidorm, tramitaba solicitudes de ciudadanos chinos y ucranianos que presentaban diversas anomalías y no reunían las condiciones exigidas normalmente en la oficina de extranjería.

El procesado clasificaba estos expedientes como "aptos para concesión", y los preparaba para que fueran firmados por el subdelegado de Gobierno, titular de la competencia para aprobar los permisos de residencia.

A cambio, la dueña de la gestoría y a petición del funcioniario, le entregaba cantidades que la gestora anotaba en una agenda indicando el día y la cantidad, y que en total ascendía a unos 44.670 euros por expedientes que se remontan como mínimo al año 2006.

El acusado mantenía una relación con una mujer también procesada, quien también colaboraba en el manejo de los expedientes, y en concreto hizo de intermediaria entre su novio y otro de los acusados, un ciudadano ucraniano, que le entregó a la misma diversos expedientes para tramitación en Extranjería por reagrupación familiar o por solicitud de regreso, sin seguir los trámites correspondientes, a cambio de un total de 2.380 euros.

La investigación abierta por la Policía Nacional permitió detectar la actividad irregular del funcionario, su pareja y la propietaria de la gestoría, quienes fueron detenidos junto a dos de los clientes, entre ellos el ciudadano ucraniano y un ciudadano chino beneficiario de un permiso de residencia falso.

En el domicilio del funcionario en Alicante, los agentes encontraron diversa documentación original de Extranjería, sellos e informes en blanco, así como numerosas facturas de compras en efectivo no conformes con sus ingresos como funcionario y cargas contraídas.

Penas

Por ello, la sentencia condena al funcionario a una pena de dos años y medio de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público por siete años y medio y multa de 94.100 euros, y a una pena de un año y tres meses a su pareja sentimental, considerada cooperadora necesaria, ambos por un delito continuado de cohecho, con la atenuante de dilaciones indebidas.

No obstante, el funcionario ha sido absuelto de los delitos contra los derechos de los trabajadores, de cohecho y de negociaciones prohibidas a funcionarios, al considerar el tribunal que la dádiva iba orientada "no a obtener una participación o asesoramiento por parte del funcionario, sino una ventaja en el servicio de la oficina en que el mismo estaba destinado". Por su parte, su pareja ha quedado absuelta del delito de cohecho.

La responsable de la gestoría y el cliente ucraniano han sido condenados por un delito continuado de cohecho a una pena de once meses de prisión cada uno, y al pago de una multa de 22.000 euros en el primer caso, y de 1.600 euros en el segundo.

Otro de los procesados, un ciudadano chino que resultó beneficiado con un permiso de residencia falso, ha sido condenado a una pena de seis meses de prisión por un delito de falsedad documental, y su empleador, que estaba acusado de un delito contra la seguridad de los trabajadores, ha sido absuelto tras la retirada de la acusación por parte del fiscal.

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