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JUSTICIA

Condenan al SAS a pagar a un hombre por lesiones ocasionadas al caerle encima un enfermo mental

Un juzgado de Sevilla ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a pagar 65.500 euros, más intereses, que deberá abonar una aseguradora; a un hombre que sufrió lesiones tras caerle encima un enfermo mental que se tiró desde un noveno piso, tras fugarse. El órgano judicial estima que se debió explicar cómo se produjo la fuga, por lo que determina que hay "falta de prueba sobre la diligencia en la custodia".

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Así, el Juzgado de Contencioso-Administrativo número 8 de Sevilla ha estimado el recurso presentado contra la resolución del SAS en la que se desestimó la reclamación del perjudicado, representado por el letrado y presidente de la Asociación de Abogados de Víctimas de Responsabilidad Civil (Adevi), Manuel Temboury; estimando, asimismo, la demanda interpuesta y la indemnización pedida en ésta.

Según la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, los hechos sucedieron en junio de 2003 cuando el perjudicado estaba en un bar de Málaga y sufrió lesiones como consecuencia de caer sobre él un paciente psiquiátrico que se había escapado del pabellón en el que estaba ingresado y que se quería quitar la vida arrojándose al vacío desde un piso noveno.

Así, la representación del afectado presentó una reclamación, que fue desestimada, decisión posteriormente impugnada, al considerar que lo ocurrido fue a causa "de un defecto de cuidado del paciente", considerando que existía culpa en el SAS por no vigilarlo. Frente a esto, la administración argumentó que las medidas eran las adecuadas y que el paciente aprovechó las horas de visita para huir.

El juez señala en su resolución, que no es firme, que se parte de dos hechos no discutidos, como es que el perjudicado sufrió lesiones que tardaron en curar 552 días, de los que 27 estuvo impedido; y que ello fue "debido a haber caído sobre él un paciente fugado de un centro psiquiátrico que ponía fin a su vida arrojándose desde un noveno piso".

Por tanto, se explica que las divergencias están en la relación entre la fuga y la actuación de la administración y sobre el hecho de que concurriese falta de diligencia en este organismo. Para el juzgador, es "evidente que la falta en la custodia del paciente determinó que éste, al poner fin a su vida, tuviese la ocasión de causar lesiones" al demandante.

Se apunta que "máxime" en un caso como éste, destacando que la persona que causa materialmente el daño es "un sujeto con su capacidad intelectiva mermada". "El riesgo de encontrarse libre de toda traba esa persona no debe ser asumido por el general de los ciudadanos, por más que en la huida pueda haber intervenido en mayor o menor grado la voluntad y capacidad de esta persona", se indica.

Asimismo, en la sentencia se especifica que es la administración a la que "compete acreditar" que la fuga fue debida a causa ajena a su proceder "pues en principio se ha de presumir un fallo en los medios de custodia" y señala que en este punto el organismo "se limita" a afirmar "sin más justificación" que existía un vallado y que la huida se produjo en horario de visitas.

En este sentido, se precisa que el perjudicado no es el que tiene que probar la insuficiencia de las medidas de vigilancia "la cual ya consta por el simple resultado de la fuga", sino que se incide en que es la administración "la que debió justificar lo extraordinario de esta fuga, sea por los medios, sea por el momento en que la misma se dio". "Tal justificación no se da", apostilla la sentencia.

Además, se apunta a que al tratarse de un daño a tercer no se puede dar la responsabilidad a la forma de actuar del paciente, a su voluntad o a su decisión de poner fin a su vida "pues nada de ello está en la mano del perjudicado, ni tiene por qué ser soportado por el mismo". También se concluye que es correcta la suma reclamada de 65.495 euros.

Se reitera que "en modo alguno se ha acreditado que la acción del paciente huido fuese de entidad extraordinaria" y en definitiva "la misma falta de prueba sobre la diligencia en la custodia es la que impide determinar ahora si el proceder del paciente fue de una envergadura tal que debe ponderarse como moderador de la responsabilidad patrimonial".

Por tanto, se estima la demanda y la indemnización pedida frente a la administración y a la aseguradora como responsable civil subsidiaria. Al respecto, el letrado ha explicado que la cantidad a percibir, de confirmarse la sentencia, sumados los intereses indemnizatorios sería de unos 150.000 euros.

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