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PENAL

Condenado a seis años de cárcel por explotar a prostitutas y vender droga en su domicilio de Granada

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha condenado a un total de seis años de prisión y multas de casi 25.000 euros a un hombre de 32 años y nacionalidad brasileña por explotar a dos prostitutas y amenazarlas con denunciarlas si no cumplían con sus instrucciones, por la comisión de dos delitos relativos a la prostitución y otro contra la salud pública, ya que también se dedicaba a la venta de cocaína desde su vivienda.

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Asimismo, el tribunal decreta el comiso de los casi 46.000 euros que tenía de saldo en su cuenta y que se atribuyen a los ingresos que obtenía de sus negocios ilícitos, de otros 500 euros que se hallaron en su vivienda, y de los dos vehículos que utilizaba para trasladar a las mujeres a los domicilios en los que realizaban sus servicios.

Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el procesado, de iniciales R.G.D.S., conoció en el último trimestre del año de 2009 a dos mujeres, también brasileñas, que estaban en situación de precariedad económica y de manera irregular en el país, lo que disminuía sus posibilidades de encontrar un trabajo para subvenir a sus necesidades.

"Sabedor de su situación y de la facilidad para conseguir un acuerdo a su favor", les propuso trabajar para él ejerciendo la prostitución en un piso que tenía alquilado en la localidad granadina de Armilla, con el "objetivo directo" de obtener beneficios económicos a costa de su actividad, y siempre bajo su dependencia.

Desde un principio, el inculpado fijó "unilateralmente" las condiciones de la actividad a desarrollar, como los precios de los servicios que él mismo imponía: 100 euros por servicio sexual de una hora, 50 por media hora, y entre 30 y 40 por 20 minutos. En cualquier caso, siempre les exigía la entrega del 50 por ciento de los beneficios, de 30 a 50 euros semanales por el alojamiento en la vivienda, la parte proporcional de la comida, y 30 euros en concepto de publicidad, puesto que se encargaba de redactar anuncios en distintas páginas web.

Además, según los magistrados, mantenía el control de la actividad desarrollada, estableciendo "gravosas condiciones". Ellas solo disfrutaban de un día de descanso y tenían que pagar multas de 30 euros si se negaban a maquillarse o a prestar servicios o permanecían fuera de la vivienda más de un tiempo determinado.

El acusado llegó también a instalar, escondida en un mueble del salón, una cámara que apuntaba a las entradas de las habitaciones de la vivienda en la que trabajaban, de manera que lograba controlar a los clientes que accedían al piso "con el fin de llevar un recuento para establecer lo que cada una de las mujeres estaban obligadas a pagarle".

Cuando las mujeres se mostraban reticentes a cumplir sus condiciones, R.G.D.S. las presionaba amenazándolas con que las denunciaría a la Policía por no tener papeles o les decía que enviaría "a unos rumanos para que les partieran las piernas". Las mujeres trabajaron bajo sus instrucciones durante unos meses, hasta que se decidieron a dejar el piso de Armilla y denunciar los hechos el pasado 12 de mayo de 2011.

La denuncia dio lugar a registros de la Policía y la Guardia Civil en los pisos que poseía el acusado, donde los investigadores hallaron a tres mujeres y a un hombre que habían llegado el día anterior para ejercer la prostitución, además de teléfonos móviles, una cámara de vigilancia y cocaína, puesto que, el procesado también obtenía beneficios de la venta directa a terceros de sustancias estupefacientes.

Tenía una cuenta abierta en una entidad bancaria en la que, en el momento de la intervención, contaba con un saldo a su favor de 45.941,19 euros, ingresos que, según la Audiencia, "de forma directa y casi exclusiva provienen de los beneficios obtenidos a costa de la prostitución así como de la venta de cocaína".

Contra la sentencia, de fecha 10 de mayo, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Durante el juicio lo negó todo

Durante el juicio, el pasado 2 de mayo, el acusado aseguró que, aunque conocía a qué actividades se dedicaban las mujeres, nunca les pidió dinero por lo que hacían y sólo se limitó a alquilarles una habitación en el piso en el que vivía, en el municipio granadino de Armilla.

El procesado explicó que conoció a una de las mujeres, también brasileña, en una farmacia del pueblo y que ésta acabó por contarle que ejercía la prostitución en un piso de Granada capital. Al cabo de un tiempo, aunque él no alquilaba habitaciones de su vivienda, él accedió a hacerlo y ella le dijo que le pagaría "un poco más" si le dejaba llevar a clientes al piso. Esta mujer llevó a otra brasileña al mismo piso para que el inculpado, conocido con el apodo de 'Max', le alquilara igualmente una habitación, y una tercera, de nacionalidad rumana, llegó tiempo después tras encontrar un anuncio en internet.

Según afirmó, es "incierto" que él se quedara con la mitad de los servicios de prostitución que ellas prestaban, que las multara con 30 euros si incumplían con las condiciones que él establecía, o que pusiera anuncios ofreciendo meretrices. Justificó que en esos anuncios apareciera su número de teléfono en que se lo prestó a una de las chicas, y en la existencia de una cámara de grabación en su domicilio en que la usaba para tener recuerdos de sus vacaciones.

"No era una casa de prostitución, era mi casa y yo sólo les alquilé habitaciones. Jamás las he amenazado o las he presionado", mantuvo el acusado, que incidió en que se dedicaba a realizar trabajos por su cuenta en albañilería, fontanería o como electricista y a la compra-venta de vehículos usados.

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