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ANDALUCÍA

La Audiencia de Sevilla ordena devolver a la Junta las actas de los consejos custodiadas en sede judicial

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado un auto en el que estima los recursos presentados por la Junta de Andalucía y la Fiscalía y acuerda dejar sin efecto la medida adoptada por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en cuanto a que las 480 actas de los Consejos de Gobierno de la Junta celebrados desde 2001 hasta la actualidad sean custodiadas en sede judicial hasta que se resuelva el conflicto de jurisdicción planteado, todo ello dentro de la investigación por la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta mediante una fórmula también sujeta a estas indagaciones.
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Y es que la juez Alaya reclama al Ejecutivo andaluz las actas relativas a las sesiones celebradas por el Consejo de Gobierno durante los últimos diez años, sobre todo a cuenta de las advertencias impulsadas desde la Intervención General de Hacienda de la Junta sobre el mencionado acuerdo con el IFA y las ayudas que estaban siendo libradas gracias a dicho convenio. Dada la negativa del Gobierno andaluz a entregarle dichos documentos a cuenta de su carácter reservado, las actas se encuentran actualmente custodiadas en un armario acorazado en los juzgados sevillanos, una medida que la Audiencia Provincial deja sin efecto al entender que no concurren en el caso las condiciones exigidas por la Ley Orgánica 2/1987.

En un auto contra el que no cabe recurso ordinario alguno, notificado este miércoles a las partes personadas en el procedimiento, la Audiencia Provincial de Sevilla estima los recursos interpuestos por la Junta de Andalucía y por el Ministerio Público, que había recurrido el auto dictado el 4 de abril de 2011 por la juez en el extremo relativo a la adopción de la medida cautelar acordada en el mismo, alegando que esta medida "no es necesaria ni proporcional al fin perseguido, careciendo el auto de motivación que justifique la misma", argumentos que coinciden "en esencia" con los alegados por el letrado de la Administración autonómica.

En este punto, la Sección Séptima recuerda que el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 2/1987 establece que "el órgano administrativo o jurisdiccional, tan pronto como reciba el oficio de inhibición, suspenderá el procedimiento en lo que se refiere al asunto cuestionado, hasta la resolución del conflicto, adoptando, en todo caso, con carácter provisional, aquellas medidas imprescindibles para evitar que se eluda la acción de la Justicia, que se cause grave perjuicio al interés público o que se originen daños graves e irreparables".

"ACTUAR ILEGAL"

Tras ello, la Audiencia concluye que la lectura del referido artículo "pone de manifiesto que la adopción de tales medidas tienen carácter excepcional y restringido, de tal modo que sólo puede tomarse cuando sean imprescindibles para los fines que en el citado artículo se recogen", aseverando que "ninguno de los tres supuestos a que alude dicho precepto parece concurrir en el caso de autos, y así, no son mencionados por el mismo, que se limita a sustentar la medida cautelar en una mera hipótesis de que 'pudieran alterarse u ocultarse partes relevantes de las actas del Consejo de Gobierno, hasta tanto se dilucida el conflicto de jurisdicción'".

Todo ello, añade, "sin que se detalle ni razone en qué datos fácticos se apoya tal desconfianza, como corresponde en una resolución del calado de la impugnada, más si cabe si con ella se plantea la posibilidad de un actuar ilegal por parte de uno de los poderes del Estado, en el que ciertamente está integrado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía".

En el mismo auto, rechaza los recursos formulados por el sindicato Manos Limpias y el PP, en el que piden se deje sin efecto el pronunciamiento contenido en la parte dispositiva del auto de que "se tiene por solicitada por la Junta la inhibición de este Juzgado por conflicto jurisdiccional, de cuya solicitud se dará traslado al Ministerio Fiscal y partes personadas para que en el término de diez días se pronuncie sobre la misma", ya que, según la Audiencia, "es obvio que no procede su estimación en tanto en cuanto tal pronunciamiento es consecuencia automática a tenor de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 2/1987 de Conflictos Jurisdiccionales, una vez recibido el oficio de inhibición, sin perjuicio de lo que resuelva el Tribunal de Conflictos".

LAS ACTAS NO SON SECRETAS

La misma Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla emitió otro auto el pasado día 20 de junio en el que concluye que las actas de los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía no son secretas, con lo que confirmaba el auto en el que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla solicitó a la Administración autonómica las actas de los consejos celebrados desde 2001 hasta la actualidad.

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