Conócenos

INMOBILIARIO

¿Ante la transmisión onerosa de una parte de un inmueble dividido por pisos, titularidad de una copropiedad de la que algunos de sus miembros están casados en régimen de gananciales, es necesario el consentimiento de los cónyuges respectivos caso de constituir alguno de los pisos vivienda habitual del matrimonio?

Coordinador: Luis Antonio Soler Pascual

Magistrado del Tribunal de Marca Comunitaria Audiencia Provincial de Alicante

  • Imprimir

Se plantea si ante la transmisión onerosa de la una parte de un bien inmueble dividido por pisos, titularidad de una copropiedad de la que algunos de sus miembros están casados en régimen de gananciales, requiere el consentimiento de los cónyuges respectivos caso de constituir alguno de los pisos vivienda habitual del matrimonio. ¿Es posible conjugar el derecho de división en estos casos, con el derecho del cónyuge?. ¿A favor de quien?.

Comentario: Si se observa bien, lo que se plantea es si la transmisión de una vivienda cuando está integrada en una proindivisión y, por tanto, si la acción de división de la cosa común, puede ser condicionada en un supuesto como el plateado, es decir, si estando utilizándose una vivienda como domicilio común de un matrimonio en régimen de gananciales, pero perteneciendo la vivienda solo a uno de los cónyuges, y estando ésta integrada en una copropiedad, puede el tercero cónyuge condicionar o impedir la acción de división. La respuesta es dudosa pero cuando menos a la vista del carácter tan específico de la acción de división que incluso en ocasiones se ha calificado de orden público.

Esta es la línea que siguen nuestros autores, sin bien con diversos matices deducidos de la particular posición que el cónyuge tercero respecto de la vivienda tiene respecto de la misma por el hecho de ser domicilio familiar del matrimonio. Precisamente, la conjugación de la indivisión y las facultades específicas que a los condominos otorga el Código Civil con la peculiaridad de la afección del uso de la vivienda como domicilio familiar en una situación matrimonial es la que lleva a nuestros autos a deslizarse hacia una u otra posición en un intento de equilibrio entre diversos intereses de muy difícil convivencia en una situación jurídica como la planteada.


Este foro ha sido publicado en el "Boletín de Contratación Inmobiliaria", el 1 de enero de 2012.

Se plantea la validez del supuesto de una transmisión onerosa de un piso o varios, en régimen de propiedad horizontal, de los que varios sujetos son copropietarios, y uno de ellos, habita en el inmueble con su cónyuge, con el que está casado en régimen de sociedad de gananciales, siendo este piso el domicilio habitual del matrimonio.

Entendemos que se trata de un supuesto de hecho que en algunos casos –no únicamente- suele o puede producirse, por ejemplo, cuando varios hermanos, todos o algunos casados, son herederos del piso de su padre, en el que ha comenzado a vivir o sigue habitando, uno de los hermanos con su esposa. Igual sucede si la copropiedad se da sobre todas las fincas de un inmueble dividido horizontalmente y en una de ellas tiene su domicilio familiar uno de los copropietarios junto con su esposa. Sobre este supuesto se someten a criterio jurídico varias cuestiones.

La primera es si esa transmisión onerosa requiere el consentimiento de los respectivos cónyuges de los diversos copropietarios lo que – para el caso de que la adquisición también haya sido onerosa constante matrimonio, regido por el régimen de gananciales- encuentra su respuesta en el artículo 1375 Código Civil, que exige el consentimiento del cónyuge para los actos onerosos, sancionando con anulabilidad dichos actos el artículo 1301 del mismo texto. En otro caso, esto es, si el bien o cuota en proindiviso es privativo se estará a la voluntad del cónyuge copropietario. En relación al copropietario que viva en el inmueble esta vinculación o autorización exigida en el artículo 1.375 C. C. –para el caso de que su copropiedad fuera ganancial- está reforzada, aun mas, por lo dispuesto en el artículo 1320 Código Civil, con independencia del régimen económico matrimonial. La falta de consentimiento del cónyuge en todos los casos anteriores puede ser suplida judicialmente conforme al artículo 1377 del Código Civil.

Finalmente, ante la cuestión de si prevalece el derecho de división frente al derecho –u oposición a la transmisión- del cónyuge del copropietario morador, son de recordar varios aspectos: uno, que frente a la acción de división referida a la situación, siempre transitoria, de una copropiedad no puede prevalecer la oposición ni siquiera de otro copropietario tal como señala el artículo 400 código civil al decir que en ningún caso puede nadie ser obligado a la indivisión. Y, dos, que el cónyuge no copropietario ostentaría a través de su marido copropietario – si no fuera ganancial - el derecho a optar a la compra del bien objeto de división conforme al art. 404 cc. Es decir, el cónyuge del copropietario que tiene su domicilio en la vivienda objeto de venta o división tiene derecho a compeler a su cónyuge a que oferte por la compra de la finca, pero si no hubiera acuerdo, finalmente, primaría lo dispuesto en el art. 404 cc en el sentido de que se venderá y repartirá a un tercero. Hay que tener en cuenta que el derecho que otorga el art. 1320 CC debe ceder en supuestos de copropiedad y ante la primacía del derecho de división que recoge el art. 400 CC.

Concluyendo, el derecho a la división debe anteponerse al derecho del cónyuge morador del inmueble a la indivisión de la cosa, sin bien conforme al artículo 405 cc y la aplicación extensiva, -esto es aplicación del espíritu de la norma a supuestos no comprendidos en su letra-, de las normas 1320, 1375, 1377 y 1347.4º cc, debe reconocerse al cónyuge la posibilidad de acudir al juez para ejercer una suerte de derecho de retracto que no ejerza o no quiera ejercer su cónyuge copropietario de la cosa junto con otros copropietarios, y será el juez quien, para el caso concreto y, en función de todas las circunstancias concurrentes –esencialmente el interés familiar- deberá decidir si debe o no suplirse la voluntad del cónyuge –copropietario y morador- para ejercitar el retracto a favor de la comunidad de gananciales. Otra cosa es que no exista acuerdo con el resto de copropietarios porque el precio ofrecido fuere insuficiente para sus pretensiones o porque éstos o alguno de ellos también pretendan comprar el bien. En tal caso habrá que ir a la venta pudiendo pujar, como si fuera un postor más, y, en su caso, adjudicarse la finca.

Partiendo de la base de que lo que se discute es la copropiedad sobre un elemento privativo de uno de los integrantes de la a su vez comunidad de gananciales, entiendo que la posibilidad de intervención del cónyuge que no es cotitular del bien es limitada. Es cierto que el hecho de que sea la vivienda habitual le concede a mi juicio, un derecho si se quiere colateral en el proceso de transmisión, dentro del genérico interés que tal cuestión despierta, a raíz de la propia previsión que recoge el art 70 CC de que los cónyuges fijarán de común acuerdo el domicilio conyugal.

No obstante conviene avisar que el art 400 Código Civil y concordantes recogen la desconfianza a la cotitularidad de un bien, y en consecuencia facilita el mecanismo de la extinción, con unos límites bien definidos, que se centran en el pacto de indivisión, y en el genérico abuso del derecho, entroncado con el ejercicio de los derechos conforme a la buena fe. Ahora bien incluso este último límite viene a ser silenciado en resoluciones como las del TS de 5 de Junio de 1989, que habla del derecho absoluto a pedir la división, o la del 22 de Septiembre de 1988, en el que se recogía la atribución del uso a uno de los cónyuges divorciados del bien a dividir.

Aunque el caso que se sustancia no sea propiamente de división, sino de enajenación, hay que poner de relieve que como tal supone un medio de poner fin a la situación de condominio, y que muchas de las características que recoge el Código Civil en torno a facilitar la extinción del condominio entendido como un estado transitorio mirado con disfavor por la ley (como dicen las sentencias de 9 de octubre de 1986, 21 de marzo de 1988, 19 de octubre de 1992, 4 de abril de 1997) , le son aplicables, al margen de que como acto de disposición, sea necesario el concurso de todos los comuneros, donde no se encuentra el cónyuge de uno de ellos. En los supuestos de comunidad de bienes la jurisprudencia es unánime al declarar que los actos realizados por uno o varios comuneros sin contar con el consentimiento de los demás es nulo con base en el Art. 397 CC para los actos que vayan más allá de la administración y supongan una disposición o alteración de la cosa objeto de copropiedad (Ss. de 17 de junio de 1927, 9 de febrero de 1954, 10 de octubre de 1956, 8 de abril de 1965, 20 y 21 de febrero de 1969, 25 de abril de 1970 y 14 de diciembre de 1973 y 13 de noviembre de 2001).

Por otra parte en el seno interno de la sociedad de gananciales, la gestión, administración y disposición de los bienes privativos corresponde al cónyuge titular, manteniendo respecto de los gananciales lo pactado en capítulos y en su defecto actuando conjuntamente (Art. 1375 CC).

En resumidas cuentas las posibilidades de oposición del cónyuge no condómino, pasarían por la facultad de designación común del domicilio conyugal o en caso de discrepancia su fijación judicial. Ello no le sería oponible a los condóminos no cónyuges, pero tendría su trascendencia respecto del cónyuge condómino por la aplicación del Art. 70 CCivil, siendo necesario para cualquier acto de disposición la voluntad común de todos los condóminos. En todo caso y ante cualquier limitación del condómino por mor de la fijación del domicilio común, no habría inconveniente a que por cualquiera de los otros se instará la división de la cosa común y enajenación a tercero en subasta pública salvo acuerdo de adjudicación a un comunero y reintegro al resto de su participación económica.

Se plantea la cuestión relativa a la existencia de la enajenación de parte de un bien inmueble perteneciente a diversos propietarios de los cuales a su vez varios están casados en régimen de gananciales y residen en el inmueble como domicilio familiar. Lo primero que hay que determinar es cual sería el objeto de la transmisión. Si la misma afecta a la vivienda familiar, es evidente que conforme al artículo 1.377 del Código Civil, sería preciso el consentimiento de ambos cónyuges o en caso de oposición de alguno de ellos habría que acudir al procedimiento judicial al que se refiere el segundo párrafo de dicho artículo, consentimiento que necesariamente habría que sumar al del resto de los propietarios del bien inmueble.

En el caso de que la venta afectase a una parte del inmueble que no constituya la vivienda familiar de ninguno de los copropietarios casados en régimen de gananciales, lo primero que hay que tener en cuenta es que ambos esposos son copropietarios igualmente, si bien en una cuota del 50 % cada uno en relación con la parte correspondiente dentro de la comunidad, por lo que sí es precisa la intervención de todos los propietarios, tal como se deriva del artículo 397 del Código Civil, habrá que entender que será igualmente preciso el consentimiento de ambos esposos, si bien en relación a la cuota perteneciente a la sociedad de gananciales. Por ello si se ejercita una acción de división de la cosa común que afecte a la vivienda familiar, el cónyuge opositor podrá exigir que se le adjudique la misma y más en el caso de que tenga atribuido judicialmente su uso.

La cuestión discutida lógicamente se plantea en el caso de que uno de los esposos se oponga a dicha venta de parte de la cosa común, pues por un lado es posible que frente a la comunidad indivisa sólo se conceda en su organización interna un voto al matrimonio en función de su cuota y por otro la oposición tiene que estar en principio justificada. Con relación a la primera de las cuestiones podría entenderse que el voto del cónyuge que frente a la comunidad haya actuado como representante de la sociedad de gananciales pudiera ser suficiente sin necesidad del consentimiento expreso de los dos y sin perjuicio de las relaciones internas entre ambos cónyuges y el destino igualmente ganancial del producto de la enajenación de parte del bien inmueble indiviso en la porción que corresponda a la sociedad de gananciales.

Con respecto a la segunda cuestión hay que señalar que no será posible acudir por el resto de los copropietarios a la acción de división de común del artículo 400 del Código Civil, salvo que se pretenda la extinción de la copropiedad sobre el inmueble, pues estamos en presencia de una venta parcial de un bien común, lo que supone que sigue existiendo otra parte que sigue en copropiedad, sin que sea posible el ejercicio de una acción de división parcial de la cosa común pues no estaría amparado en ningún artículo del Código Civil. Por ello en caso de imposibilidad de efectuar la venta por la oposición injustificada de uno de los copropietarios, pues se insiste que el cónyuge que se opone debe reconocérsele dicho carácter aunque limitado al cincuenta por ciento de la cuota del matrimonio, habría que acudir a un procedimiento judicial para obtener dicho consentimiento y demostrarse en el mismo el beneficio para la copropiedad derivado de la transmisión parcial del bien común.

La cuestión que se plantea tiene como finalidad conjugar el derecho de disposición de los copropietarios de un bien que pertenece en proindiviso a varias personas, y el derecho que se reconoce a todo copropietario a la división de la cosa común, que se consagra en el artículo 400 del C. civil, con el derecho recogido en el artículo 1320 del C. civil, precepto que exige el consentimiento de ambos cónyuges para disponer de la vivienda habitual, aunque solo sea de uno de los cónyuges.

Del artículo 398 del C. civil se deduce que para llevar a cabo actos de disposición, en especial proceder a la venta del inmueble, o de la parte del inmueble en que se encuentra la vivienda es necesario que presten su consentimiento todos los copropietarios, en defecto de dicho consentimiento se reconoce a los copropietarios a pedir la división de la cosa común que establece el artículo 400 del C. civil, derecho que con arreglo a la doctrina legal recogida entre otra la sentencia del TS de 27 de diciembre de 1999, con cita de otras anteriores de 5 de junio de 1989, 6 de junio de 1997 y 8 de marzo de 1999, es un derecho indiscutible e incondicional para cualquier copropietario, de tal naturaleza que su ejercicio no está sometido a circunstancia obstativa alguna, salvo el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo no superior a diez años, por lo que los demás comuneros no pueden impedir el uso del derecho a separarse, que corresponde a cualquiera de ellos, ni el ejercicio de la acción procesal al respecto.

Por otro lado no se puede desconocer que durante la vigencia del condominio y a tenor de los artículos 304 y 399 del C. civil, cada uno de los copropietarios hacer uso de la cosa común con arreglo a su destino, pudiendo incluso enajenar su parte en el condominio, cuando se proceda a la venta del inmueble en su totalidad o a parte del inmueble, no puede entenderse que el comunero que tenga instalada su vivienda habitual en alguno de los pisos que forman parte del proindiviso sea propietario de esa vivienda concreta y determinada, en la medida que hasta que no se produce la división no se tiene un derecho sobre bienes concretos y determinados, sino una cuota abstracta que se materializa cuando se produce en su caso la división, por lo que no cabe entender que la vivienda en la que se ha constituido el domicilio familiar de alguno de los copropietarios sea propiedad o de la sociedad legal de gananciales, o de alguno de los cónyuges.

En base a lo expuesto ha de entenderse que no se aplicable el artículo 1320 del C, civil, sino las reglas generales que rigen en orden a la disposición de los bienes dentro de la sociedad legal de gananciales. Así si la cuota correspondiente en la copropiedad fue adquirida por los cónyuges para su sociedad legal de gananciales, será necesario para llevar a cabo actos de disposición del inmueble o parte del inmueble que se encuentra en proindiviso el consentimiento del todos los copropietarios, (artículo 398 del C. civil, a sensu contrario), debiendo concurrir el consentimiento de ambos cónyuges en base al artículo 1377 del C. civil, no porque se trate de la venta de la vivienda habitual que no es tal, sino por la venta del inmueble o parte del inmueble que se halla en proindiviso y cuya cuota abstracta pertenece a la sociedad legal de gananciales.

Cuando la copropiedad pertenezca a uno solo de los cónyuges, un acto posterior de uno de los comuneros, como es haber constituido su domicilio conyugal en una de las viviendas que forma parte del inmueble, que le pertenece en proindiviso con otras personas, en nada afecta al derecho de disposición sobre el bien en copropiedad, dado que el objeto de la trasmisión no son los pisos individualmente considerados, sino el inmueble o la parte del inmueble, bastará que presten su consentimiento los copropietarios, entre ellos el cónyuge al que le pertenezca la cuota en abstracto de dicho bien.

Cuestión distinta es la situación que se produce sobre la vivienda que se esta ocupando por el matrimonio, pues si se produce la venta del inmueble en su totalidad a un tercero, deberá entenderse que existe una situación de precario, y en el caso de que la división se llevara a cabo mediante la adjudicación de los diferentes pisos a los copropietarios (artículo 401.2 C.C.) y se adjudicara esa vivienda al copropietario que la viene ocupando pasaría a ser de su propiedad exclusiva, y en tal caso los actos de disposición sobre la vivienda deberán realizarse con los requisitos del artículo 1320 del C. civil.

El art 1320 CC establece que cuando nos encontremos ante un caso de disposición sobre la vivienda que constituye domicilio familiar, se requiere el consentimiento de ambos convivientes con independencia de que el bien sea privativo o ganancial. Admitido ello, en relación con la cuestión planteada debemos reseñar que pueden plantearse dos situaciones bien distintas. Si nos encontramos ante un supuesto de copropiedad de comunidad por pisos, como parece detraerse del contenido de la pregunta, nos encontraríamos con que las cuotas de coparticipación sobre los elementos comunes son inherentes a esa propiedad del piso, y se transmiten necesariamente junto con la propiedad del piso que constituye domicilio familiar, por lo tanto, si se transmite un piso y junto con él se transmite la parte proporcional de copropiedad en los elementos comunes, y para enajenar el piso se requiere el consentimiento del cónyuge, ese consentimiento abarca también la disposición de los elementos comunes.

Expuesto ello, también podemos enfocar la cuestión planteada desde la perspectiva de la división de cosa común, esto es, que la copropiedad exceda lo que son elementos comunes del uso y disfrute de los reflejados en el art 396 CC. En estos casos nos encontramos ante una copropiedad del art 400 CC, esto es, cualquier comunero puede pedir la división de la cosa común, y ante esta petición no podemos remitirnos al art 1320, sino que en este caso, no es que se requiera el consentimiento de todos los copropietarios, o del cónyuge de los mismos, sino que conforme determinan los arts. 400 y 404 CC, en este caso, sólo cabe o la división de la cosa común, si ello es posible, o bien la adjudicación por acuerdo de los comuneros a alguno de ellos, o finalmente, la venta y división del dinero obtenido.

Colofón de lo expuesto es que si nos encontramos en una situación de elementos comunes de una propiedad horizontal al transmitirse la cuota de copropiedad sobre los elementos comunes junto con la propiedad del piso afecto a esa situación de copropiedad, debe seguir las misma reglas que con respecto a esa propiedad del piso, esto es, el consentimiento de cónyuge si ese domicilio constituye el domicilio común. Sin embargo, si la copropiedad es sobre bienes que no son aquellos anejos a la propiedad horizontal, las reglas que regulan esta situación es la innecesariedad de consentimiento, ya que el principio básico es que nadie puede mantenerse en copropiedad, aún no existiendo el aquietamiento de los otros copropietarios.

Atendidos los términos de la cuestión planteada, debemos partir de la situación de que nos encontramos ante un edificio en que se enclavan diversas unidades registrales independientes, si bien su titularidad dominical pertenece pro indiviso a diversas personas, y como plantea el caso, algunas de ellas están casadas siendo su régimen económico matrimonial el de gananciales. A diferencia del frecuente caso de plazas de garaje, que puede constituir una sola finca en comunidad, con atribución a cada comunero de parte alícuota del derecho de uso privativo, no sería concebible la realidad de un solo bien inmueble, dividido físicamente por pisos, pero respecto del que no se ha verificado jurídicamente la división horizontal, y ello precisamente en atención a su actual ocupación y uso como viviendas.

Y en todo caso, aparece claro que ningún comunero está obligado a permanecer en la comunidad. Pero aquí no se nos plantea un supuesto de acción de división, sino que antes bien, se trata de que se verifica una transmisión onerosa de alguna unidad independiente y evidentemente todos los comuneros están de acuerdo pues todos deben concurrir a la consumación del negocio oneroso traslativo del dominio a favor del adquirente. La cuestión compleja surge en la medida en que algunos de los comuneros están casados y su régimen económico matrimonial es el de gananciales, planteándose que se reside en alguna de las unidades independientes que integran el edificio.

Así planteada la cuestión, debe distinguirse dos situaciones diversas, a saber: en primer término, siendo los bienes de la titularidad de la comunidad, pero tratándose de bienes privativos (y no gananciales) de los comuneros, son éstos quienes deben estar conformes con la operación onerosa de que se trata, sin que el consentimiento de sus eventuales cónyuges sea necesario para el buen fin de la operación en cuanto que no son titulares dominicales; en segundo lugar, y no obstante lo anterior, no puede resultar indiferente el derecho de uso que el cónyuge no titular disfruta sobre el inmueble que conforma la vivienda habitual de su unidad familiar.

De haberse tratado de bienes que también integraran la sociedad de gananciales (lo que no es el caso), su consentimiento, junto con el del resto de comuneros seria preciso para el buen fin de la operación onerosa (cfr., artículos 1375 y 1377.1 del Código civil) en cuanto que se trataría de un acto dispositivo y de verdadera atribución patrimonial (STS de 25 de febrero de 2011).

Pero la situación es diversa. La titularidad dominical (en condominio con otros sujetos) pertenece solo a uno de los cónyuges, y el problema radica en que el matrimonio tiene ubicada su vivienda habitual en alguno de los inmuebles que integra el edificio.

En sede de pronunciamientos complementarios en casos de crisis matrimoniales y acción de división de la cosa común, la jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha pronunciado de manera reiterada (así, SSTS de 8 de mayo de 2006, 27 de junio de 2007, 3 de diciembre de 2008) manteniendo que es perfectamente viable el ejercicio de la acción de división a pesar de la existencia y vigencia del uso atribuido a los hijos o al cónyuge. A diferencia del supuesto considerado por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 26 de enero de 2011, en que el inmueble no conformaba residencia habitual, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de julio de 2010 mantiene que "el articulo 96 del Código civil protege el ius utendi del grupo familiar y no la perpetuación innecesaria de la copropiedad, de manera que nada impide la división si en el procedimiento de enajenación se impone al adquirente la carga de la atribución de uso".

Esto es, la situación problemática deriva del uso del inmueble como vivienda habitual de la unidad familiar, y no tanto por cuál sea el régimen económico matrimonial.

Y la solución pasa por considerar que, en tales casos, la eventual enajenación de alguno de los inmuebles que integran el edificio en comunidad, en que se enclave la vivienda habitual de una unidad familiar, o bien requiere también el consentimiento del otro cónyuge, en cuanto que acto abdicativo de su derecho de uso, o bien el adquirente habría de arrastrar la carga inherente a la ocupación, supuesto este último que se antoja vacía totalmente de atractivo la operación y piénsese que podría suponer la denuncia de concurrencia de un supuesto de vicio de consentimiento en cuanto a las condiciones esenciales del objeto del contrato.

Esto es, planteándose si ante la transmisión onerosa de una parte de un bien inmueble dividido por pisos, titularidad de una copropiedad de la que algunos de sus miembros están casados, requiere el consentimiento de los cónyuges respectivos caso de constituir alguno de los pisos vivienda habitual del matrimonio, la respuesta es que sólo podría constituir objeto de la compraventa un inmueble que conformara vivienda habitual cuando el otro cónyuge prestara expresamente su consentimiento.

El Tribunal Supremo sostiene la posibilidad de ejercicio de la acción de división si bien garantizando la continuidad del derecho de uso que pudiera corresponder en exclusiva a uno de los partícipes. Así la sentencia de 27 de diciembre de 1999, citando en igual sentido las anteriores de 5 de junio de 1989, 6 de junio de 1997 y 8 de marzo de 1999, afirma que «la acción de división de la comunidad representa un derecho indiscutible e incondicional para cualquier copropietario, de tal naturaleza que su ejercicio no está sometido a circunstancia obstativa alguna, salvo el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo no superior a diez años, por lo que los demás comuneros no pueden impedir el uso del derecho a separarse, que corresponde a cualquiera de ellos, ni el ejercicio de la acción procesal al respecto. En el caso de que en virtud de un derecho de usufructo o de uso esté atribuida la utilización de la cosa común sólo a uno de los cotitulares, ello supone la exclusión de los demás respecto de dicho uso o disfrute, pero no les priva de la posibilidad de pedir la división de la cosa». La misma sentencia añade posteriormente, con cita de las de 22 de diciembre de 1992, 20 de mayo de 1993, 14 de julio de 1994 y 16 de diciembre de 1995, que «si bien el cotitular dominical puede pedir la división de la cosa común mediante el ejercicio de la acción procesal, la cesación de la comunidad no afecta a la subsistencia del derecho de uso (cualquiera que sea su naturaleza) que corresponde al otro cotitular, ex-cónyuge, en virtud de la sentencia de divorcio. Por lo tanto, el derecho de uso se mantiene indemne (..) y una eventual venta de la cosa en subasta pública debe garantizar la subsistencia de aquella medida, que sólo puede ser modificada por la voluntad de los interesados, o por decisión judicial adoptada por el órgano jurisdiccional competente en relación con el proceso matrimonial en que se acordó». En igual sentido se ha pronunciado esta Sala en sentencia más reciente de 28 de marzo de 2003". Más recientemente, en la Sentencia de 27 Jun. 2007 añade que el derecho de uso de la vivienda conyugal no impide la partición sobre un bien respecto del que se adjudica a cada cónyuge una participación indivisa de cincuenta por ciento. La cuestión clave es que el consentimiento de los cónyuges sería preciso al existir la sociedad de gananciales y la propia comunidad de bienes dentro de la propia comunidad que impediría disponer de su cuota en la copropiedad sin su autorización, más aún cuando no es que tenga solo el derecho de copropiedad, sino también el de uso, lo que hace todavía más clara y grave la exigencia del consentimiento en base a la propia doctrina del Tribunal Supremo para estos casos al exigir la viabilidad del derecho de división, pero su exigente compatibilidad con el derecho de uso, y por ende la exigencia del consentimiento del cónyuge copropietario.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

feedburner

Suscríbase a nuestros contenidos

Atención al cliente: De lunes a viernes de 9 a 20 horas ininterrumpidamente. Tel 902 44 33 55 Fax. 915 78 16 17