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PROPIEDAD HORIZONTAL

¿Se aplica el proceso monitorio europeo a las reclamaciones de gastos de comunidad frente a morosos extranjeros?

Coordinador: Vicente Magro Servet

Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante

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Con fecha 25 de Marzo de 2011 se ha publicado en la Ley 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía. Bajo esta Ley se añade en la LEC una nueva disposición final vigésima tercera con la siguiente redacción:

«Disposición final vigésima tercera. Medidas para facilitar la aplicación en España del Reglamento (CE) núm. 1896/2006 del Parlamento Europeo y del. Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo.

La cuestión que nos surge es la relativa a si en el caso de morosos extranjeros que tengan su residencia en país extranjero se aplicaría la reglamentación contenida en esta Disposición final 23ª LEC en cuanto al trámite a seguir para efectuar el requerimiento de pago al moroso extranjero, o más bien se entendería que se aplicaría el art. 815.2 LEC del que se deduce que se exige que el extranjero designe un domicilio "En España a efectos de notificaciones" y en su defecto se le notificaría todo por edictos. Si se aceptara esta segunda vía ¿se entendería entonces que este procedimiento monitorio europeo no se aplica a la reclamación de gastos de comunidad por tratarse este de un proceso especial frente al normal del monitorio y por tener que designar el extranjero un domicilio en España, no en el extranjero, a efectos de comunicaciones?


Este foro se ha publicado en el "Boletín de Propiedad Horizontal", el 1 de julio de 2011.

La resolución de la cuestión planteada pasa por efectuar una recta armonización de la normativa que para el procedimiento monitorio se prevé en la normativa nacional interna y en la norma comunitaria. Y en este orden de cosas, debe partirse de la consideración de que la nueva Disposición Final 23ª LEC, introducida por la Ley 4/2011, de 24 de marzo, intitulada "Medidas para facilitar la aplicación en España ...", persigue clarificar cuestiones relativas a la competencia objetiva y territorial, así como cuestiones de procedimiento, cuando de la aplicación del Reglamento comunitario 1896/2006 se trate, pero no implica alteración del régimen del procedimiento monitorio interno.

El Considerando 10º del Reglamento europeo enuncia que "el proceso establecido mediante el presente Reglamento debe constituir un medio complementario y opcional para el demandante, que conserva plena libertad de recurrir a los procedimientos establecidos en el Derecho nacional. Por lo tanto, el presente Reglamento no sustituye ni armoniza los mecanismos de cobro de créditos no impugnados existentes en el Derecho nacional". En esta línea, el artículo 1.2 dispone que "el presente Reglamento no obstará para que un demandante reclame un crédito, según la definición del artículo 4, mediante el recurso a otro proceso establecido con arreglo al Derecho de un Estado miembro o con arreglo al Derecho comunitario", en tanto que el artículo 2 prevé que el mismo se aplicará en los asuntos transfronterizos en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, enunciando el número 2 de ese precepto a que materias no es aplicable el Reglamento, y entre las mismas se encuentra la relativa a los créditos derivados de obligaciones extracontractuales, si bien, como excepción en estos casos, sí será de aplicación en los casos en que se refieran a deudas líquidas derivadas de una comunidad de propietarios (articulo 2.2 letra d) inciso segundo), y el artículo 26 prevé la regla de supletoriedad como auténtica cláusula de cierre.

Pues bien, los mecanismos de notificación al demandado, que tiene su domicilio o residencia en otro Estado miembro (distinto de España, donde radica la finca) en los términos del artículo 12.5 del Reglamento, en relación con los artículos 13, 14 y 15 de la norma comunitaria, entre los que no se prevé la notificación edictal sino, con mayor o menor rigor en los artículos 13 y 14, unos mecanismos de notificación que aseguren el buen fin de la misma, sólo habrá que entenderlos como virtuales para el supuesto de que la Comunidad de Propietarios demandante haya optado por la utilización de la normativa comunitaria y no por la norma interna nacional, y la trascendencia de ello resulta para la ulterior ejecución del título que se hubiere ganado tras el requerimiento de pago. Esto es, en el caso de haberse optado por la petición de monitorio europeo, el régimen de comunicaciones habrá de ajustarse a la norma comunitaria, pues de otro modo, ganado formalmente el título, el mismo podría resultar inejecutable. Pero, se insiste, nada impide la opción de la legislación nacional, de suerte que, en este marco, de tratarse de reclamaciones del artículo 812.2.2º bien podrá efectuarse el requerimiento de pago en los términos que resultan del artículo 815 LEC.

Y es que en el caso de reclamaciones de cuotas de comunidades de propietarios, es decisivo considerar el carácter ob rem o proptem rem de la obligación, con sujeción directa de la finca a la satisfacción del crédito, que además resulta privilegiado (al menos en parte, dependiendo de su periodo de devengo) de suerte que, con independencia del domicilio o residencia del comunero en otro Estado miembro, la ejecución se materializará en todo caso sobre la finca sita en nuestro territorio, siendo competente el órgano judicial español y conforme a la normativa procesal española (artículo 21)

Para responder a la pregunta que se formula hay que recordar, en primer lugar, que, de acuerdo con el art. 9 LPH es obligación de cada propietario "Comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, el domicilio en España a efectos de citaciones y notificaciones de toda índole relacionadas con la comunidad. En defecto de esta comunicación se tendrá por domicilio para citaciones y notificaciones el piso o local perteneciente a la comunidad, surtiendo plenos efectos jurídicos las entregadas al ocupante del mismo".

Por tanto, de la lectura de dicho precepto se puede llegar a una primera conclusión, cual es la de que cada comunero está obligado a designar un domicilio en España a efecto de notificaciones, entendiéndose que si no lo hace, ese domicilio será el piso o local perteneciente a la comunidad.

De otro lado, el art, 813 de la citada LEC establece como juzgado exclusivamente competente el del juzgado de primera instancia del domicilio del deudor o si no fuera conocido donde pudiera ser hallado o, a elección de la comunidad acreedora, el juzgado del lugar donde se halle la finca.

Por su parte, el art. 815,2 de la citada Ley Adjetiva, citado en la pregunta formulada, establece que "En las reclamaciones de deuda a que se refiere el número 2 del apartado 2 del artículo 812, la notificación deberá efectuarse en el domicilio previamente designado por el deudor para las notificaciones y citaciones de toda índole relacionadas con los asuntos de la comunidad de propietarios. Si no se hubiere designado tal domicilio, se intentará la comunicación en el piso o local, y si tampoco pudiere hacerse efectiva de este modo, se le notificará conforme a lo dispuesto en el artículo 164 de la presente Ley".

De estos dos últimos preceptos puede extraerse otra conclusión, como es la de que en supuestos de reclamaciones de cuotas comunitarias a comuneros morosos, la competencia territorial viene ya establecida de forma obligatoria y ajena a la disponibilidad de las partes, correspondiendo al juzgado de primera instancia de los lugares citados, a elección de la acreedora.

Además, la propia Ley de Propiedad Horizontal, en su art. 21.1 y 21.2, en relación con el art. 812.2.2 LEC, establece unos requisitos específicos para poder efectuar una reclamación de cuotas a comuneros morosos por la vía del monitorio (celebración de reunión de la comunidad que liquide la deuda, certificación de la misma y notificación de dicha liquidación al comunero), requisitos que no pueden soslayarse, a mi juicio, recurriendo a otro tipo de procedimiento que no sea el declarativo que corresponda.

Por tanto, de cuanto antecede cabe deducir que no es factible recurrir al juicio monitorio europeo para efectuar una reclamación del importe de cuotas comunitarias impagadas por determinado propietario, teniendo en cuenta, además, que si de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) 44/2001 del Consejo de 22 de diciembre de 2000, al que se remite el Reglamento 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, que establece el proceso monitorio europeo en materia de competencia, la norma general es que resulte jurisdicción competente la del estado miembro donde el demandado tenga establecido su domicilio y ya hemos visto la obligatoriedad de que cada propietario designe uno en España, de lo que resulta que serán los juzgados de dicho Estado - y dentro de él los ya indicados – los competentes para conocer de la petición monitoria, la que deberá efectuarse siguiendo los trámites y requisitos recogidos en la LEC y LPH ya citados.

Igualmente, en dicho Reglamento se prevé que sea juzgado competente el del lugar de cumplimiento de la obligación en supuestos de reclamaciones de orden contractual y aunque no se está inmerso en un supuesto así, no existe otra norma que en esta materia imponga otro fuero diferente a los ya expuestos.

Así mismo el citado Reglamento 44/2001 establece que cuando lo que se están reclamando son derechos reales inmobiliarios y arrendamiento de bienes inmuebles serán juzgados competentes los del estado miembro donde está situado el inmueble, normativa que, por la naturaleza "propter rem" que se reconoce a las deudas comunitarias, podría resultar de aplicación, con lo que finalmente serían los tribunales españoles los que conocieran de la reclamación por la vía del juicio monitorio regulado en la LEC y al que se remite la LPH.

No cabe, por tanto, y por las razones expuestas recurrir al juicio monitorio europeo para efectuar reclamaciones de deudas derivadas del impago de cuotas destinadas al sostenimiento de los gastos comunes de un edificio comunitario (art. 9.1 LPH).

Debe examinarse la dualidad normativa que se produce como consecuencia de la regulación por el Reglamento de la CE1896/2006 del proceso monitorio europeo, y la regulación que del proceso monitorio se recoge en los artículos 812 a 818 de la ley de enjuiciamiento civil, no tanto por el hecho de que exista esa doble regulación, sino por la existencia de una regulación distinta en algunas cuestiones, en uno y otro procedimiento.

El artículo 815.2 de la ley de enjuiciamiento civil, por la remisión que realiza al artículo 164 de la ley de enjuiciamiento civil, permite que el requerimiento de pago al deudor se realice por edictos, cuando se trate de reclamación de deudas de la Comunidad de propietarios a los propietarios morosos, una vez que se hayan agotado todas las actuaciones posibles para averiguar el domicilio del deudor; mientras que en la regulación que establecen los artículos 13 y 14 del Reglamento no cabe, o al menos no prevé la posibilidad de que el requerimiento de pago no se haga de forma personal, en alguna de las formas que establecen dichos preceptos.

Esta presunta contradicción no es tal por los siguientes motivos:

1º) El proceso monitorio europeo, solo es aplicable en aquellos casos en que el comunero moroso no tenga su domicilio en España, bien en la finca de la que trae causa la deuda o en otra que este radicada en España, en la medida que para poder acudir a este proceso se hace necesario que una de las partes tenga su residencia habitual, en un estado miembro distinto del país donde se haya presentado la petición del proceso monitorio.

2º) Las normas recogidas en el Reglamento de la CE1896/2006 del proceso monitorio europeo, no suponen cambio o modificación de las normas internas, que regulan en la ley de enjuiciamiento civil el proceso monitorio; dichas normas serán aplicables a los proceso monitorios que se desarrollen en el territorio español, aunque la persona del deudor sea un nacional de alguno de los estados de la Unión Europea.

3º) El argumento más decisivo, es que el propio Reglamento de la CE1896/2006 que crea el proceso monitorio europeo, cuando regula el ámbito de aplicación del reglamento en su artículo 2.1 establece que será aplicable a los asuntos transfronterizos en materia civil y mercantil, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. Ahora bien el propio artículo 2.2 ii) excluye que dicho proceso sea aplicable cuando tengan por objeto la reclamación de deudas líquidas derivadas de una Comunidad de propietarios.

A modo de conclusión, y si la finalidad del proceso monitorio europeo es simplificar, reducir y aclarar, los costes de litigación en asuntos transfronterizos, relativos a créditos no impugnados, y en la medida que la competencia se fija en virtud de la remisión al Reglamento CE 44/2001, que atribuye la competencia, como regla general, a los órganos judiciales del país del domicilio del demandado; debe entenderse adecuada la exclusión del proceso monitorio europeo de este tipo de reclamaciones, puesto que de mantenerse este criterio de competencia haría muy costoso y lento el cobro de dichos créditos, en contradicción con el objeto del proceso monitorio; cuando en el derecho español se exige a todo propietario que designe un domicilio para notificaciones y citaciones.

La consecuencia de la no aplicación del proceso monitorio europeo a este tipo de créditos, determina que si se sigue el procedimiento monitorio español, su reconocimiento y ejecución, cuando deba llevarse a cabo en otro estado de la unión europea, deberá realizarse por los trámites y con los requisitos que establece el Reglamento 44/2001;reglamento que en su artículo 34 establece que no se reconocerán las resoluciones que habiendo sido dictadas en rebeldía, no se hubiera entregado al demandado cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma tal y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse; lo que se compagina mal como la posibilidad que el proceso monitorio español establece de llevar a cabo el requerimiento de pago de este tipo de deudas por medio de edictos.

Debe concluirse que para reclamar este tipo de deudas no podrá acudirse al proceso monitorio europeo, pero cuando se trate de deudas reclamadas por el proceso monitorio regulado en la ley de enjuiciamiento civil, no podrán ser reconocidas y ejecutadas en otro estado miembro de la Unión Europea, cuando el requerimiento de pago se haya llevado a cabo por edictos.

Se plantea la cuestión relativa a la aplicación del proceso monitorio europeo contenido en el Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 a las reclamaciones que las comunidades de propietarios puedan efectuar a comuneros extranjeros con residencia en otro país diferente de aquel en el que radica la finca, tras la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil llevada a cabo por la Ley 4/2011.

Lo primero que se hace preciso determinar es que el Reglamento CE núm. 1896/2006 sí es aplicable a las deudas derivadas de una comunidad de propietarios. En tal sentido el artículo 2 de dicho Reglamento establece el ámbito de aplicación del mismo, determinando de forma expresa cuales son las materias a las que no es aplicable este proceso monitorio europeo, incluyendo expresamente de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.d).ii de dicho texto a las deudas líquidas derivadas de una comunidad de propietarios. Por ello no ofrece duda alguna de que cualquier comunidad podrá utilizar esta vía procesal para reclamar las cuotas impagadas de los extranjeros no residentes en España.

El segundo matiz a resolver es el relativo a la coexistencia, no afectada por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 4/2011, de este procedimiento monitorio europeo junto con el proceso monitorio previsto en la ley procesal civil, y en especial con el específico para la reclamación de deudas por cuotas impagadas a la comunidad de propietarios al que se refiere el artículo 812.2 en relación con el domicilio de notificación a tal efecto que se prevé en el artículo 815.2, en ambos casos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ninguno de estos dos artículos ha sido derogado, ni expresa ni tácitamente, ni es incompatible con el procedimiento monitorio europeo que se incorpora a nuestro derecho procesal por la ley 4/2011, por lo que no cabe duda de su plena vigencia y su posible utilización para reclamar las cuotas debidas a los propietarios morosos.

Lo anteriormente razonado supone admitir que, en nuestro derecho, las comunidades de propietarios van a tener dos vías abiertas para reclamar el pago de las cantidades que le son debidas, opción que corresponderá a la propia comunidad. Lógicamente el uso de una u otra vía supondrá la necesidad de cumplir las previsiones legales específicas para cada uno de los dos tipos de monitorio, de tal manera que sí se opta por el monitorio europeo deberá ajustarse el mismo a las exigencias del Reglamento 1896/2006, como una reclamación de una deuda líquida más, sin ninguna especialidad derivada de su origen en los impagos a una comunidad de propietarios, pues el Reglamento comunitario no ha fijado ningún tipo de diferencia de trato entre las deudas que constituyen su ámbito objetivo de aplicación. Por el contrario, si se acude al monitorio de la Ley de Enjuiciamiento Civil, será preciso cumplir las exigencias legales previstas no sólo en el texto procesal sino también en el artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal, en especial la previa certificación de la deuda y su aprobación por la junta de propietarios como requisito previo para el ejercicio del proceso monitorio. Por ello, en este caso, será posible la citación en la forma prevista en el artículo 815.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues no se puede olvidar que la obligación de fijar un domicilio en España no viene impuesta por la ley procesal, sino por una ley sustantiva como es el artículo 9.h) LPH, por lo que sigue existiendo para los propietarios extranjeros la obligación de señalar un domicilio en España a efectos de notificaciones sobre las cuestiones relativas a la comunidad de propietarios.

El art 21 de la LPH establece un procedimiento para la reclamación de deudas derivadas de la pertenencia a una comunidad de propiedad horizontal, determinando y alterando las generales de la LEC, algunas tan específicas como la competencia territorial, los documentos que deben incorporarse a la demanda, la postulación procesal y los pasos subsiguientes, distinguiendo si hay oposición o no, los efectos de cosa juzgada de la sentencia, e incluso normas sobre la interposición del recurso de apelación.

Con todo ello no podemos sino afirmar que nos encontramos ante un procedimiento especial.

Si a ello añadimos que el art 9.1 h) LPH establece como una de las obligaciones del comunero la designación de un domicilio en España a todos los efectos de notificaciones y citaciones, ese será el domicilio de citación y emplazamiento de ese procedimiento judicial de reclamación de deuda por gastos de la comunidad e propietarios, sin que a ello le afecte, mediante derogación tácita la normativa europea con respecto al monitorio aprobada mediante Ley de 4/2011, porque en la misma no se introduce la modificación de ninguno de estos art de la LPH, ni el art 9 h ni menos aún el art 21 a los efectos de entender que donde se requiere un domicilio en España tiene que sustituirse por un domicilio en Europa.

Pero es que si atendemos a la finalidad que llevó al legislador a regular esta especialidad para reclamación de deudas, que no fue otra sino determinar un proceso fácil y rápido para evitar que la morosidad de este tipo de deudas se enquistase en determinados trámites o por la ilocalización del deudor, la conclusión sería la misma. Admitir la posibilidad de señalar un domicilio en cualquier país de la UE a estos efectos procesales no haría sino retrasar y volver a ocasionar los mismos problemas que se detectaron anteriormente para la efectividad del pago de ese débito.



La respuesta a la cuestión ha de partir de dos asertos legales contenidos en el Reglamento 1896/2006 en tanto enmarcan la aplicación de la norma, a saber, de un lado, la contenida en el artículo 2.d)-ii) –ámbito de aplicación- donde de forma expresa, se establece que el procedimiento monitorio europeo es aplicable a las deudas líquidas derivadas de comunidad de propietarios y, de otro, a la contenida en el artículo 1 párrafo segundo, conforme al cual "El presente Reglamento no obstará para que un demandante reclame un crédito, según la definición del artículo 4, mediante el recurso a otro proceso establecido con arreglo al Derecho de un Estado miembro o con arreglo al Derecho comunitario", normas de donde se deduce, primero, que está expresamente contemplada como objeto de reclamación las deudas comunitarias y, segundo, que ello no obstante, es un procedimiento alternativo a los procesos judiciales establecidos en los Estados miembros para tal tipo de reclamaciones.

Pues bien, y siendo así, ninguna norma española excluye la aplicación del procedimiento monitorio europeo. Sin embargo, está por determinar el alcance de la conveniencia o utilidad de seguir tal procedimiento ya que, conforme al artículo 9.1.h) LPH, es obligación de propietario señalar domicilio en España a efectos de citaciones y notificaciones, teniendo como tal en su defecto, el domicilio, el piso o local de la comunidad con plenos efectos jurídicos, estando previsto además en el artículo 815.2 LEC, que en este tipo de materia es dable, de forma excepcional en el caso del procedimiento monitorio, la notificación por edictos.

Por tanto, parece claro que el recurso al proceso español solventaría las cuestiones relativas a la falta de comunicación directa con el propietario extranjero que tuviera su residencia habitual en un Estado miembro de la Unión Europea y no hubiese designado domicilio en España. No obstante lo cual, la Comunidad podría, de conocer o haber aceptado el domicilio extranjero, al procedimiento monitorio europeo para obtener un requerimiento de pago directo en la persona del propietario moroso, garantizándose así, el conocimiento de la petición en cuestión.

La pregunta contrapone las dos normas u opciones legales sobre el domicilio en él que, dentro del proceso, se puede requerir de pago por la comunidad en propiedad horizontal al propietario moroso dentro de un procedimiento monitorio. Por un lado el Reglamento 1896/2006, complementado o adicionado por la ley de 24 marzo pasado, que modificó la ley de enjuiciamiento civil. De otro lado el art. 815. 2 de la ley de enjuiciamiento civil. Si ambos sistemas son distintos se dan varias posibilidades, que los dos estén vigentes y la parte acreedora al reclamar pueda optar entre uno y otro o, en el caso contrario, que sólo siga vigente la norma posterior que deroga a la anterior o que prevalezca la ley que establece un proceso especial frente a un proceso monitorio de carácter general.

La primera cuestión es clara, ambos procedimientos están vigentes, lo reconoce expresamente el Reglamento en que se establece el proceso monitorio europeo. En su consideración inicial número 10, afirma que este proceso "debe constituir un medio complementario y opcional para el demandante, que conserva plena libertad de recurrir a los procedimientos establecidos en el Derecho nacional" y añade que "no sustituye ni armoniza los mecanismos de cobro de créditos no impugnados existentes en el Derecho nacional". A continuación, en el art. 1. 2 establece que el Reglamento "no obstará para que un demandante reclame un crédito... mediante el recurso a otro proceso establecido con arreglo al Derecho de un Estado miembro o con arreglo al Derecho comunitario".

La segunda cuestión parte del supuesto (que de acuerdo con la norma no se da) de que en las reclamaciones de la comunidad de propietarios frente a morosos extranjeros se aplique el proceso monitorio europeo, que pretende, simplificar, acelerar y reducir los costes de litigación en asuntos transfronterizos. En el art. 3. 1 del Reglamento 1896/2006 se definen como "asuntos transfronterizos aquellos en los que al menos una de las partes esté domiciliada o tenga su residencia habitual en un Estado miembro distinto de aquel al que pertenezca el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la petición". Sin embargo en el art. 3. 2 para determinar el domicilio se remite "a lo dispuesto en los arts. 59 y 60 del Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil" y el art. 59. 1 dispone que "para determinar si una parte está domiciliada en el Estado miembro cuyos tribunales conocieren del asunto, el tribunal aplicará su ley interna".

Por tanto, si aplicamos el Reglamento en que se establece el proceso monitorio europeo y aquel al que se remite, tendremos que aplicar la regla nacional sobre domicilio, que será el domicilio en España a efectos de citaciones y notificaciones que tiene obligación de proporcionar cada propietario, como dispone el art. 9. 1. h LPH (el fijado por el propietario y en su defecto el piso o local o, por último a efectos de citación o notificación al propietario, el tablón de anuncios o lugar visible de la comunidad). Éste es el domicilio que tiene en cuenta la ley de enjuiciamiento civil en su art. 815. 2 al regular el proceso monitorio. En consecuencia si la regla del reglamento comunitario sobre la determinación de domicilio se remite a través de otro reglamento a la legislación española y en esta se prevé como necesario un domicilio en España para los propietarios de pisos o locales, de acuerdo con de aquel reglamento, no es aplicable el proceso monitorio europeo que en él se establece para que la comunidad en propiedad horizontal reclame a los propietarios morosos, pues, con independencia de que dichos propietarios habiten en el extranjero, tienen domicilio en España a efectos de esta reclamación y por tanto el proceso monitorio no sería transfronterizo, sino igual al de cualquier otro propietario que reside en España.

Lo expuesto es producto de una interpretación literal de la norma aplicable, que puede llevar en ocasiones a resultados discutibles. El domicilio que resulta de los arts. 9 de la LPH y 815 de la de enjuiciamiento civil, cuando se presuma porque el propietario que reside en el extranjero no lo haya comunicado, se aparta del domicilio real en que habita el deudor y su aplicación en el proceso monitorio puede producir casos de indefensión, en que al demandado como deudor no se le dé oportunidad de alegar y probar. Éstos artículos no impiden que la comunidad de propietarios acepte para notificaciones el lugar de residencia del propietario que no vive en España, por consiguiente, volviendo a lo establecido en el art. 1 del Reglamento, sobre la complementariedad entre ambos procesos monitorios, no hay motivo para impedir a una comunidad de propietarios la reclamación mediante el proceso monitorio europeo de las deudas de los propietarios que residan en los países de la Unión, en él será más difícil que se produzca efectiva indefensión del deudor y más fácil la ejecución sobre bienes de este que se encuentren en el país en que habita.

RESPUESTA MAYORITARIA

1.- En el caso de reclamaciones de cuotas de comunidades de propietarios, es decisivo considerar el carácter ob rem o proptem rem de la obligación, con sujeción directa de la finca a la satisfacción del crédito, que además resulta privilegiado (al menos en parte, dependiendo de su periodo de devengo) de suerte que, con independencia del domicilio o residencia del comunero en otro Estado miembro, la ejecución se materializará en todo caso sobre la finca sita en nuestro territorio, siendo competente el órgano judicial español y conforme a la normativa procesal española (artículo 21).

2.- A tenor del art. 9 LPH cada comunero está obligado a designar un domicilio en España a efecto de notificaciones, entendiéndose que si no lo hace, ese domicilio será el piso o local perteneciente a la comunidad. Ello resulta determinante a la hora de avalar la inaplicabilidad de la normativa comunitaria en estos casos.

3.- La competencia territorial viene ya establecida de forma obligatoria y ajena a la disponibilidad de las partes, correspondiendo al juzgado de primera instancia de los lugares citados, a elección de la acreedora.

4.- En el proceso monitorio europeo en materia de competencia, la norma general es que resulte jurisdicción competente la del estado miembro donde el demandado tenga establecido su domicilio y ya hemos visto la obligatoriedad de que cada propietario designe uno en España, de lo que resulta que serán los juzgados de dicho Estado los competentes para conocer de la petición monitoria, la que deberá efectuarse siguiendo los trámites y requisitos recogidos en la LEC y LPH.

5.- El argumento más decisivo, es que el propio Reglamento de la CE1896/2006 que crea el proceso monitorio europeo, cuando regula el ámbito de aplicación del reglamento en su artículo 2.1 establece que será aplicable a los asuntos transfronterizos en materia civil y mercantil, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. Ahora bien el propio artículo 2.2 ii) excluye que dicho proceso sea aplicable cuando tengan por objeto la reclamación de deudas líquidas derivadas de una Comunidad de propietarios.

6.- Pero es que si atendemos a la finalidad que llevó al legislador a regular esta especialidad para reclamación de deudas, que no fue otra sino determinar un proceso fácil y rápido para evitar que la morosidad de este tipo de deudas se enquistase en determinados trámites o por la ilocalización del deudor, la conclusión sería la misma. Admitir la posibilidad de señalar un domicilio en cualquier país de la UE a estos efectos procesales no haría sino retrasar y volver a ocasionar los mismos problemas que se detectaron anteriormente para la efectividad del pago de ese débito.

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