¿Se aplica el proceso monitorio europeo a las reclamaciones de gastos de comunidad frente a morosos extranjeros?

La resolución de la cuestión planteada pasa por efectuar una recta armo...

La resolución de la cuestión planteada pasa por efectuar una recta armonización de la normativa que para el procedimiento monitorio se prevé en la normativa nacional interna y en la norma comunitaria. Y en este orden de cosas, debe partirse de la consideración de que la nueva Disposición Final 23ª LEC, introducida por la Ley 4/2011, de 24 de marzo, intitulada u0022Medidas para facilitar la aplicación en España ...u0022, persigue clarificar cuestiones relativas a la competencia objetiva y territorial, así como cuestiones de procedimiento, cuando de la aplicación del Reglamento comunitario 1896/2006 se trate, pero no implica alteración del régimen del procedimiento monitorio interno.

El Considerando 10º del Reglamento europeo enuncia que u0022el proceso establecido mediante el presente Reglamento debe constituir un medio complementario y opcional para el demandante, que conserva plena libertad de recurrir a los procedimientos establecidos en el Derecho nacional. Por lo tanto, el presente Reglamento no sustituye ni armoniza los mecanismos de cobro de créditos no impugnados existentes en el Derecho nacionalu0022. En esta línea, el artículo 1.2 dispone que u0022el presente Reglamento no obstará para que un demandante reclame un crédito, según la definición del artículo 4, mediante el recurso a otro proceso establecido con arreglo al Derecho de un Estado miembro o con arreglo al Derecho comunitariou0022, en tanto que el artículo 2 prevé que el mismo se aplicará en los asuntos transfronterizos en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, enunciando el número 2 de ese precepto a que materias no es aplicable el Reglamento, y entre las mismas se encuentra la relativa a los créditos derivados de obligaciones extracontractuales, si bien, como excepción en estos casos, sí será de aplicación en los casos en que se refieran a deudas líquidas derivadas de una comunidad de propietarios (articulo 2.2 letra d) inciso segundo), y el artículo 26 prevé la regla de supletoriedad como auténtica cláusula de cierre.

Pues bien, los mecanismos de notificación al demandado, que tiene su domicilio o residencia en otro Estado miembro (distinto de España, donde radica la finca) en los términos del artículo 12.5 del Reglamento, en relación con los artículos 13, 14 y 15 de la norma comunitaria, entre los que no se prevé la notificación edictal sino, con mayor o menor rigor en los artículos 13 y 14, unos mecanismos de notificación que aseguren el buen fin de la misma, sólo habrá que entenderlos como virtuales para el supuesto de que la Comunidad de Propietarios demandante haya optado por la utilización de la normativa comunitaria y no por la norma interna nacional, y la trascendencia de ello resulta para la ulterior ejecución del título que se hubiere ganado tras el requerimiento de pago. Esto es, en el caso de haberse optado por la petición de monitorio europeo, el régimen de comunicaciones habrá de ajustarse a la norma comunitaria, pues de otro modo, ganado formalmente el título, el mismo podría resultar inejecutable. Pero, se insiste, nada impide la opción de la legislación nacional, de suerte que, en este marco, de tratarse de reclamaciones del artículo 812.2.2º bien podrá efectuarse el requerimiento de pago en los términos que resultan del artículo 815 LEC.

Y es que en el caso de reclamaciones de cuotas de comunidades de propietarios, es decisivo considerar el carácter ob rem o proptem rem de la obligación, con sujeción directa de la finca a la satisfacción del crédito, que además resulta privilegiado (al menos en parte, dependiendo de su periodo de devengo) de suerte que, con independencia del domicilio o residencia del comunero en otro Estado miembro, la ejecución se materializará en todo caso sobre la finca sita en nuestro territorio, siendo competente el órgano judicial español y conforme a la normativa procesal española (artículo 21)

Para responder a la pregunta que se formula hay que recordar, en primer l...

Para responder a la pregunta que se formula hay que recordar, en primer lugar, que, de acuerdo con el art. 9 LPH es obligación de cada propietario u0022Comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, el domicilio en España a efectos de citaciones y notificaciones de toda índole relacionadas con la comunidad. En defecto de esta comunicación se tendrá por domicilio para citaciones y notificaciones el piso o local perteneciente a la comunidad, surtiendo plenos efectos jurídicos las entregadas al ocupante del mismou0022.

Por tanto, de la lectura de dicho precepto se puede llegar a una primera conclusión, cual es la de que cada comunero está obligado a designar un domicilio en España a efecto de notificaciones, entendiéndose que si no lo hace, ese domicilio será el piso o local perteneciente a la comunidad.

De otro lado, el art, 813 de la citada LEC establece como juzgado exclusivamente competente el del juzgado de primera instancia del domicilio del deudor o si no fuera conocido donde pudiera ser hallado o, a elección de la comunidad acreedora, el juzgado del lugar donde se halle la finca.

Por su parte, el art. 815,2 de la citada Ley Adjetiva, citado en la pregunta formulada, establece que u0022En las reclamaciones de deuda a que se refiere el número 2 del apartado 2 del artículo 812, la notificación deberá efectuarse en el domicilio previamente designado por el deudor para las notificaciones y citaciones de toda índole relacionadas con los asuntos de la comunidad de propietarios. Si no se hubiere designado tal domicilio, se intentará la comunicación en el piso o local, y si tampoco pudiere hacerse efectiva de este modo, se le notificará conforme a lo dispuesto en el artículo 164 de la presente Leyu0022.

De estos dos últimos preceptos puede extraerse otra conclusión, como es la de que en supuestos de reclamaciones de cuotas comunitarias a comuneros morosos, la competencia territorial viene ya establecida de forma obligatoria y ajena a la disponibilidad de las partes, correspondiendo al juzgado de primera instancia de los lugares citados, a elección de la acreedora.

Además, la propia Ley de Propiedad Horizontal, en su art. 21.1 y 21.2, en relación con el art. 812.2.2 LEC, establece unos requisitos específicos para poder efectuar una reclamación de cuotas a comuneros morosos por la vía del monitorio (celebración de reunión de la comunidad que liquide la deuda, certificación de la misma y notificación de dicha liquidación al comunero), requisitos que no pueden soslayarse, a mi juicio, recurriendo a otro tipo de procedimiento que no sea el declarativo que corresponda.

Por tanto, de cuanto antecede cabe deducir que no es factible recurrir al juicio monitorio europeo para efectuar una reclamación del importe de cuotas comunitarias impagadas por determinado propietario, teniendo en cuenta, además, que si de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) 44/2001 del Consejo de 22 de diciembre de 2000, al que se remite el Reglamento 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, que establece el proceso monitorio europeo en materia de competencia, la norma general es que resulte jurisdicción competente la del estado miembro donde el demandado tenga establecido su domicilio y ya hemos visto la obligatoriedad de que cada propietario designe uno en España, de lo que resulta que serán los juzgados de dicho Estado y dentro de él los ya indicados – los competentes para conocer de la petición monitoria, la que deberá efectuarse siguiendo los trámites y requisitos recogidos en la LEC y LPH ya citados.

Igualmente, en dicho Reglamento se prevé que sea juzgado competente el del lugar de cumplimiento de la obligación en supuestos de reclamaciones de orden contractual y aunque no se está inmerso en un supuesto así, no existe otra norma que en esta materia imponga otro fuero diferente a los ya expuestos.

Así mismo el citado Reglamento 44/2001 establece que cuando lo que se están reclamando son derechos reales inmobiliarios y arrendamiento de bienes inmuebles serán juzgados competentes los del estado miembro donde está situado el inmueble, normativa que, por la naturaleza u0022propter remu0022 que se reconoce a las deudas comunitarias, podría resultar de aplicación, con lo que finalmente serían los tribunales españoles los que conocieran de la reclamación por la vía del juicio monitorio regulado en la LEC y al que se remite la LPH.

No cabe, por tanto, y por las razones expuestas recurrir al juicio monitorio europeo para efectuar reclamaciones de deudas derivadas del impago de cuotas destinadas al sostenimiento de los gastos comunes de un edificio comunitario (art. 9.1 LPH).

Debe examinarse la dualidad normativa que se produce como consecuencia de...

Debe examinarse la dualidad normativa que se produce como consecuencia de la regulación por el Reglamento de la CE1896/2006 del proceso monitorio europeo, y la regulación que del proceso monitorio se recoge en los artículos 812 a 818 de la ley de enjuiciamiento civil, no tanto por el hecho de que exista esa doble regulación, sino por la existencia de una regulación distinta en algunas cuestiones, en uno y otro procedimiento.

El artículo 815.2 de la ley de enjuiciamiento civil, por la remisión que realiza al artículo 164 de la ley de enjuiciamiento civil, permite que el requerimiento de pago al deudor se realice por edictos, cuando se trate de reclamación de deudas de la Comunidad de propietarios a los propietarios morosos, una vez que se hayan agotado todas las actuaciones posibles para averiguar el domicilio del deudor; mientras que en la regulación que establecen los artículos 13 y 14 del Reglamento no cabe, o al menos no prevé la posibilidad de que el requerimiento de pago no se haga de forma personal, en alguna de las formas que establecen dichos preceptos.

Esta presunta contradicción no es tal por los siguientes motivos:

1º) El proceso monitorio europeo, solo es aplicable en aquellos casos en que el comunero moroso no tenga su domicilio en España, bien en la finca de la que trae causa la deuda o en otra que este radicada en España, en la medida que para poder acudir a este proceso se hace necesario que una de las partes tenga su residencia habitual, en un estado miembro distinto del país donde se haya presentado la petición del proceso monitorio.

2º) Las normas recogidas en el Reglamento de la CE1896/2006 del proceso monitorio europeo, no suponen cambio o modificación de las normas internas, que regulan en la ley de enjuiciamiento civil el proceso monitorio; dichas normas serán aplicables a los proceso monitorios que se desarrollen en el territorio español, aunque la persona del deudor sea un nacional de alguno de los estados de la Unión Europea.

3º) El argumento más decisivo, es que el propio Reglamento de la CE1896/2006 que crea el proceso monitorio europeo, cuando regula el ámbito de aplicación del reglamento en su artículo 2.1 establece que será aplicable a los asuntos transfronterizos en materia civil y mercantil, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. Ahora bien el propio artículo 2.2 ii) excluye que dicho proceso sea aplicable cuando tengan por objeto la reclamación de deudas líquidas derivadas de una Comunidad de propietarios.

A modo de conclusión, y si la finalidad del proceso monitorio europeo es simplificar, reducir y aclarar, los costes de litigación en asuntos transfronterizos, relativos a créditos no impugnados, y en la medida que la competencia se fija en virtud de la remisión al Reglamento CE 44/2001, que atribuye la competencia, como regla general, a los órganos judiciales del país del domicilio del demandado; debe entenderse adecuada la exclusión del proceso monitorio europeo de este tipo de reclamaciones, puesto que de mantenerse este criterio de competencia haría muy costoso y lento el cobro de dichos créditos, en contradicción con el objeto del proceso monitorio; cuando en el derecho español se exige a todo propietario que designe un domicilio para notificaciones y citaciones.

La consecuencia de la no aplicación del proceso monitorio europeo a este tipo de créditos, determina que si se sigue el procedimiento monitorio español, su reconocimiento y ejecución, cuando deba llevarse a cabo en otro estado de la unión europea, deberá realizarse por los trámites y con los requisitos que establece el Reglamento 44/2001;reglamento que en su artículo 34 establece que no se reconocerán las resoluciones que habiendo sido dictadas en rebeldía, no se hubiera entregado al demandado cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma tal y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse; lo que se compagina mal como la posibilidad que el proceso monitorio español establece de llevar a cabo el requerimiento de pago de este tipo de deudas por medio de edictos.

Debe concluirse que para reclamar este tipo de deudas no podrá acudirse al proceso monitorio europeo, pero cuando se trate de deudas reclamadas por el proceso monitorio regulado en la ley de enjuiciamiento civil, no podrán ser reconocidas y ejecutadas en otro estado miembro de la Unión Europea, cuando el requerimiento de pago se haya llevado a cabo por edictos.