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JUICIOS DE FALTAS

La intervención de Letrados en los juicios de faltas por accidentes de tráfico y su afectación a las costas

Coordinador: Vicente Magro Servet

Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante. Doctor en Derecho

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I. Cuestión debatida

En los juicios de faltas por accidentes de tráfico es conocida la complejidad que dimana de la necesidad de atar diversas cuestiones recurrentes que surgen al tener que realizar y aportar informes periciales, ajustarse a las peticiones de indemnización, etc. En estos casos sabemos que en los juicios de faltas no es preceptiva la intervención de abogado. Ahora bien, ¿se puede entender que dada la complejidad de un accidente en el que hay que llevar a cabo operaciones de evaluación complejas pueden incluirse los honorarios de Letrado, o no es posible? ¿En todos los casos, o sólo en los más complejos? ¿Puede exigirse que un particular conozca la legislación de Circulación para llevar a cabo una autodefensa en estos supuestos?

II. Resultado del debate

Aprobado por MAYORÍA DE 6 VOTOS

1.- No cabe la inclusión de dichos gastos dentro de la tasación de costas por:

a) La LECrim no prevé la obligatoriedad de que ninguna de las partes en el proceso deba acudir asistida de Abogado,

b) Cabe la posibilidad de que el perjudicado, asistido de representación y dirección técnica, acuda a un procedimiento civil para acreditar la comisión de un acto imprudente de aquel frente al que dirija la acción, al objeto de exigir las responsabilidades económicas, mediante el ejercicio de las acciones que se derivan de los arts. 1902 y ss CC,

c) No se puede hacer depender este tema de un criterio subjetivo del Juez el considerar que determinados asuntos son de complejidad mientras otros no lo son y, por tanto, de aplicar esta tesis, en algunos juicio de faltas considerará el Juez que sentencie que debe incluir en la tasación de costas los honorarios de Letrado, mientras que en otros no lo considerará así.

 2.- La generalización de la inclusión de las costas de abogado y procurador, desnaturalizaría un procedimiento que se ha querido sencillo, y con posibilidad de actuación personal de acusado y perjudicados.

3.- No es admisible la argumentación que pretende determinar la complejidad a estos efectos del juicio de faltas atendiendo, a los parámetros de la LEC para el juicio verbal (arts. 31.1.1º, 32 y 394.3), ya que la regulación de las costas es muy distinta en las dos jurisdicciones.

4.- Ahora bien, es posible que se solicite abogado, ya que se instaura para el juicio de faltas un sistema de asistencia letrada tanto a denunciante como a denunciado, basado exclusivamente en el criterio de la voluntad de la parte: si solicita asistencia de Abogado, es obligatorio dotarle de ella, y si no, no. En eso consiste el carácter no preceptivo ni necesario del derecho de defensa en el juicio de faltas; lo que ocurre es que a este letrado sí que tendrá que abonarle la parte que lo solicite y lo lleve sin ser posible incluirlo en costas.

5.- Con ello, en atención a lo expuesto y a la ausencia de previsión legal específica al respecto, lo más relevante es preservar el derecho de defensa de las partes, facilitando y asegurando que, en los juicios de faltas complejos, las partes estén defendidas por sendos letrados. La sola autodefensa de la parte puede, en estos casos, generarle indefensión, y cobrarán del cliente que les ha designado o solicitado.

Desde mi punto de vista, habría que distinguir, de un lado, la solución según la legislación vigente y; de otro lado, la solución de lege ferenda. Según la legislación actualmente vigente, no es posible que puedan incluirse en la tasación de costas los honorarios del Abogado que ha asistido a una parte en un Juicio de Faltas sobre una imprudencia punible en el ámbito de la circulación de vehículos de motor si tenemos en cuenta:

1) Del art. 967.1 LECrim (EDL 1882/1) se desprende que la asistencia del Letrado a las partes en el Juicio de Faltas, cualquiera que fuere su objeto, no es preceptiva sino facultativa, pues en la citación se les informará “de que pueden ser asistidos por abogado si lo desean”.

2) A su vez, los arts. 241 y 242 LECrim señalan que el Secretario del Juzgado de Instrucción practicará la correspondiente tasación en ejecución de Sentencias que contengan un pronunciamiento de condena al pago de las costas y, entre las distintas partidas, se incluyen los honorarios devengados por los Abogados que se acreditarán mediante minutas firmadas. La aplicación supletoria de la LEC a los procesos penales (art. 4 LEC) impide incluir en la tasación de costas las actuaciones inútiles o superfluas (art. 243.2 LEC), de tal manera que no podrán incluirse los honorarios del Abogado que haya asistido a la parte favorecida por el pronunciamiento sobre las costas porque su intervención no era necesaria sino facultativa.

Sin embargo, la situación debería modificarse de lege ferenda cuando se ejercita la acción civil dentro del procedimiento penal y la cuantía de aquella pretensión excede de una determinada cantidad, por las razones siguientes:

En primer lugar, porque si el perjudicado en un siniestro de la circulación de vehículos a motor ha de ser asistido necesariamente por un Abogado en el Juicio de Faltas en el que interesa una indemnización por la complejidad técnica que lleva aparejada este tipo de procedimiento (aportación de informes periciales, aplicación del Baremo), su indemnización nunca será íntegra porque tendrá que soportar el coste de sus asistencia letrada sin poder repercutirla al condenado; En segundo lugar, no parece lógico que la intervención del Abogado sea preceptiva en los procesos civiles cuya cuantía exceda de 900 euros (art. 31 LEC) de tal manera que el vencedor en ese proceso tiene derecho al reembolso de los honorarios de su Abogado por la parte vencida y; sin embargo, cuando en un procedimiento penal por una imprudencia punible relacionada con la circulación de vehículos a motor en el que se acumula la acción civil de indemnización de daños y perjuicios por cuantía muy superior a 900 euros, no sea posible repercutir los honorarios del Abogado de la parte vencedora a la parte vencida.

No obstante, el problema que se plantea puede tener una solución diferente en el caso de que el perjudicado se reserve la acción civil para ejercitarla después de terminado el proceso penal (art. 112 LECrim) porque en este caso el objeto del proceso penal quedará reducido a la acción penal y, será en el posterior proceso civil donde podrá reclamar la indemnización con asistencia de Abogado y, si vence, podrá repercutir los honorarios de su Abogado a la parte vencida.

El tema planteado ciertamente resulta de interés, pues no podemos olvidar que, aun a pesar que los juicio de faltas aparezcan en la LECrim (EDL 1882/1) como procedimientos judiciales de trámite sencillo y reservados para infracciones penales de escasa trascendencia, es lo cierto que, a través de dicho procedimiento penal, suelen debatirse episodios que, en cuanto relacionados con actos imprudentes, ya sea en el sector del tráfico rodado, ya sea en otras áreas en que las comisión de una simple imprudencia puede generar responsabilidad, se discuten importantes indemnizaciones en materia de responsabilidad civil.

Ciertamente, las normas procesales penales que contienen los arts. 962 y ss LECrim resultaron en su día pensadas para procesos penales de escasa trascendencia, en razón a la escasa importancia de la infracción cometida. Se suele decir, y es una realidad, que el juicio de faltas carece de fase de instrucción, de forma tal que el procedimiento se iniciaría con la notitia criminis y, acto seguido, en breve plazo, tal y como contempla la LECrim. Se procedería por el Juez instructor a la celebración del correspondiente juicio de faltas en el que, desde luego, no es preceptiva la intervención de Abogado y Procurador, lo cual no quiere decir que la parte en dicho proceso no pueda acudir al mismo técnicamente representado y defendido.

Hemos de reconocer que efectivamente muchos juicio de faltas entrañan, fundamentalmente a la hora de determinar responsabilidades y sobre todo en materia de imprudencia, una complejidad mayor incluso que algunas causas por delito. A este respecto es habitual que en materia imprudente, tanto en cuanto a la circulación de vehículos de motor, como imprudencias profesionales, accidentes laborales o de otro orden, etc., pueda acudirse a la vía que prevé el art. 621 CP (EDL 1995/16398), cuyo número 6º nos recuerda que este tipo de infracción sólo resultan perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Ya adelanto que mi opinión al respecto será que no pueden incluirse en la tasación de costas los honorarios derivados de la defensa técnica de ninguna de las partes, por la sencilla razón, a mi juicio, que la Ley no establece como necesario y obligatorio que las partes acudan defendidas por Abogado, sin perjuicio de la facultad que tienen, en beneficio de su derecho de defensa, de ser asistidos técnicamente por Letrado.

Pero una cuestión es que la Ley no impida, naturalmente, que la parte en el juicio de faltas pueda acudir defendida por Letrado, cuestión ésta sobre la que se ha pronunciado el TC, y otro tema será si los gastos derivados de la intervención del Abogado pueden ser incluidos en la tasación de costas.

A mi juicio y como ya he adelantado, no cabe la inclusión de dichos gastos dentro de la tasación de costas, aún a pesar de que no podemos olvidar existe una corriente de determinadas Audiencias que consideran que, debido a la complejidad del asunto debatido, sí que deben ser incluidas. A este respecto voy a exponer brevemente las razones por las que considero que no cabe tal inclusión en las costas del proceso:

a) En primer lugar, la LECrim no prevé la obligatoriedad de que ninguna de las partes en el proceso deba acudir asistida de Abogado. Todo lo más, el art. 962, 2º LECrim., que se introduce como consecuencia de una modificación operada por LO 5/2003, de 27 de mayo (EDL 2003/9674), establece que a la persona denunciada se le informará sucintamente de los hechos en que consista la denuncia y del derecho que le asiste de comparecer asistido de Abogado. En consecuencia, si no existe obligación de asistir acompañado de Abogado, sin perjuicio del derecho a hacerlo, resulta evidente que en la tasación de costas no cabe la inclusión de los honorarios de Letrado, en cuanto que su intervención no es preceptiva ni obligatoria, de acuerdo con nuestra norma procesal.

b) Por otra parte, y como bien ha tenido ocasión de pronunciarse algún Juzgado de Instrucción, pudiendo citar al respecto el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Alicante, puesto que lo relevante en la clase de juicios que comentamos es, precisamente, las responsabilidades civiles discutidas, y el art. 621 CP faculta para acudir o no al ejercicio de la acción penal, cabe la posibilidad, perfectamente, de que el perjudicado, asistido de representación y dirección técnica, acuda a un procedimiento civil para acreditar la comisión de un acto imprudente de aquel frente al que dirija la acción, al objeto de exigir las responsabilidades económicas, mediante el ejercicio de las acciones que se derivan de los arts. 1902 y ss CC (EDL 1889/1), en cuyo caso, por aplicación de la normativa general de la LEC, y en atención a la cuantía del proceso, la representación y dirección técnica sería obligada y en la condena en costas que, en su caso, obtuviera el reclamante, obteniendo una sentencia favorable, obtendría también, de conformidad con los arts. 394 y ss LEC, la condena en costas que le permitiría resarcirse de los gastos devengados por su Abogado y Procurador.

El reclamante, en consecuencia, tiene la opción de acudir o bien a un procedimiento penal, como pueda ser el juicio de faltas, donde ya conoce que no es preceptiva la intervención de Abogado y Procurador y, por tanto, en términos generales, no se va a poder resarcir del coste de la intervención de dichos profesionales, o al juicio civil correspondiente, en cuyo caso, de superar la reclamación los límites legales, debería accionar con Abogado y Procurador, cuyos costos vendrían incluidos en la tasación de costas, si tiene éxito en cuanto a la acción ejercitada.

c) No podemos olvidar que la función del Juez no es la de legislar sino, en su caso, aplicar o interpretar la norma, y los arts. 962 y ss LECrim y demás preceptos de dicho texto procesal, a mi juicio, no ofrecen lugar a dudas, por lo que la labor del Juez, en cuanto no es legislativa, no debe servir para corregir unos textos legales cuya claridad, a mi juicio, resulta manifiesta.

d) En todo caso, la solución que se plantea por algunas Audiencias, como a continuación veremos, es notoriamente peligrosa: va a depender exclusivamente de un criterio subjetivo del Juez el considerar que determinados asuntos son de complejidad mientras otros no lo son y, por tanto, de aplicar esta tesis, en algunos juicio de faltas considerará el Juez que sentencie que debe incluir en la tasación de costas los honorarios de Letrado, mientras que en otros no lo considerará así y no los incluirá. No se puede hacer depender del criterio del Juez, en cada caso, para considerar si los honorarios de abogado deben ser incluidos o no en la tasación de costas, ya que a mi juicio ello iría en contra de la concreta definición que contempla el art. 241.1º LEC, en cuanto establece lo que abarca la cuestión de las costas, destacando que en el 241.1,1º se habla de los honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas.

Aún a pesar, como digo, de que hay resoluciones de distintas Audiencias, entre las que podemos citar Audiencia de Alicante, Audiencia de Sevilla, de Las Palmas y alguna otra, es lo cierto que, a mi juicio, y para ello existe una abundante y sólida doctrina jurisprudencial al respecto, no puede incluirse en la tasación de costas del juicio de faltas los honorarios devengados por el Letrado de la parte denunciante o perjudicada. Esto no obstante, no podemos desconocer que algunos de estos juicio de faltas, fundamentalmente en materia de circulación de vehículos a motor e imprudencias en general, son de mucha complejidad, y evidentemente no se puede exigir a un particular que conozca a la perfección la legislación especializada y la jurisprudencia del caso.

Como quiera que nuestro derecho de daños parte de un principio de resarcimiento o reparación integral, entiendo que la vía adecuada sería el que el perjudicado que se ve en la obligación, por la importancia y complejidad del asunto, de ser defendido por Letrado, debe solicitar, como una cifra indemnizatoria más, el coste que ello le suponga, sin perjuicio de que su determinación quede para el momento de ejecución de sentencia, como en muchas ocasiones sucede con determinados gastos o indemnizaciones que, no pudiendo determinarse hasta un momento posterior, queda su fijación para el tiempo de ejecución de sentencia, siguiendo para ello el proceso que establecen los arts. 712 y ss LEC.

En este caso, entiendo que se daría plena satisfacción al perjudicado que, si el Juez entonces lo estima oportuno y al igual que debe pronunciarse respecto a otra petición indemnizatoria del denunciante, determinaría si el gasto que le supone al citado denunciante los servicios de un Abogado que le asesore técnicamente en el juicio, resultan necesarios en atención a la gravedad e importancia del asunto, así como de su complejidad, y deben ser incluidos como un perjuicio a indemnizar al reclamante, al igual que así ocurre con otras partidas indemnizatorias que deben ser valoradas adecuadamente por el Juez sentenciador, tales como el coste que pueda suponer un automóvil de alquiler durante el tiempo en que el dañado se encuentra en reparación, determinados costes de carácter médico e incluso dictámenes médicos que puedan servir para justificar las dolencias o perjuicios físicos sufridos por el reclamante, ampliando o modificando el dictamen médico forense.

Cuestión interesante es la que se nos propone en esta ocasión y que viene suscitando posiciones doctrinales y jurisprudenciales encontradas y soluciones dispares e incluso antagónicas. En cualquier caso se debe partir de que en el juicio de faltas no es preceptiva la asistencia de letrado; así, el art. 969.1 LECrim (EDL 1882/1), refiriéndose a la querella como uno de los modos de iniciación del proceso, establece que la misma deberá reunir los requisitos exigidos por el art. 277 "salvo que no necesite firma de abogado ni de procurador", añadiendo el TC la doctrina de que "la intervención de Letrado en el juicio de faltas es potestativa, y no constituye requisito legal cuyo cumplimiento incumba a los Tribunales". El mismo criterio sigue la STS de 9 de marzo de 1991(EDJ 1991/2582) que declara que como en el juicio de faltas no es necesaria la intervención de Abogado ni de Procurador ni aún para formular la querella, no procede cargar las costas de la acusación particular.

Partiendo de lo anterior, imaginemos un juicio de faltas en materia de tráfico en el que el denunciante es un particular (ciudadano medio) y el denunciado y la Compañía aseguradora que cubre la responsabilidad civil van a acudir a juicio asistidas de profesionales avezados en este tipo de asuntos. ¿Existe el debido equilibrio entre ambas partes? En estos casos, especialmente complejos, en los que se dilucidan cuestiones técnicas y especializadas (concurrencia de culpas, valoración del daño corporal, aplicación del baremo indemnizatorio, etc.), que rebasan, en numerosas ocasiones, el conocimiento medio exigible al ciudadano, deviene necesario recurrir a letrados para que defiendan sus intereses en juicio.

En definitiva, lo que se pretende es evitar la indefensión de las partes; en tal caso no se puede decir que la decisión pueda ser tachada de arbitraria, pues de acuerdo a la doctrina del TC y del TEDH (casos Afrey y Pekelli), debe procederse al nombramiento de Abogado aún no siendo preceptiva su intervención en el proceso en cuestión, cuando la parte hubiere comparecido sin defensor libremente designado, sea o no por insuficiencia de medios, "si en efectividad de los principios de igualdad de defensa, contradicción y equilibrio entre las partes así lo de-manda, o la complejidad del debate procesal" y en esta línea la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita (EDL 1996/13683), en su art. 6.3 admite la designación de Abogado y Procurador aún no siendo preceptivos cuando motivadamente así lo acuerda el Juzgado o Tribunal "para garantizar la igualdad de las partes en el proceso".

Ahora bien, ¿en tales casos, de haber condena en costas, se pueden incluir las correspondientes a los honorarios profesionales del Letrado?

Ante esta cuestión la doctrina y la jurisprudencia vienen defendiendo dos soluciones opuestas. Los que entienden que no, basan su argumentación en que la Ley no dice nada al respecto (art. 240 LECrim, EDL 1882/1) por lo que lo determinante es el carácter no preceptiva de la asistencia letrada en los juicios de faltas. Es decir, para esta tesis, una cosa es que los órganos judiciales deban salvaguardar la defensa técnica a fin de garantizar la igualdad de medios, la igualdad de armas y en definitiva la no vulneración del art. 24.1 CE (EDL 1978/3879), y ello con independencia de que sea o no preceptiva la intervención de Letrado, y otra muy distinta es que puedan cargarse los honorarios del mismo sobre la otra parte cuando ésta sea la condenada en costas (por todas, la SAP León, de 11 de junio de 2009, EDJ 2009/121840).

Por el contrario, cada día es mayor el número de resoluciones que se pronuncian en sentido favorable a la inclusión. En esta línea cabe citar el AAP Madrid, de 20 de febrero de 2007 (EDJ 2007/62810), según el cual: “…cuando en el juicio de faltas se resuelven cuestiones de especial complejidad sí que resulta procedente incluir los honorarios del abogado, pues las partes tienen que asistirse necesariamente de letrados, y este es el caso de autos, en el que estamos ante un accidente de circulación en el que la determinación de la responsabilidad penal y de la civil requiere una especial formación jurídica, que no posee el particular, resultando también complejo el juicio, en el que concurrieron cinco partes. Para un profesional del derecho un juicio con cinco partes puede ser relativamente sencillo, pero para un particular resulta realmente complejo. Por lo que procede incluir en a tasación de costas los honorarios del Letrado…”

Para terminar una última reflexión a título personal: en atención a lo expuesto y a la ausencia de previsión legal específica al respecto, lo más relevante es preservar el derecho de defensa de las partes, facilitando y asegurando que, en los juicios de faltas complejos, las partes estén defendidas por sendos letrados: la sola autodefensa de la parte puede, en estos casos, generarle indefensión, por su desconocimiento de las leyes sustantivas y procesales. Otra cosa, efectivamente, es que las costas procesales deban o no incluir los honorarios profesionales del letrado de la parte vencedora, cuestión que aun siendo importante, como hemos visto, es susceptible de matices y de distintas soluciones, no siempre fáciles de responder, debiéndose estar, en todo caso, al supuesto práctico concreto, analizando las pretensiones, la complejidad del asunto y la decisiva o no intervención de los letrados en el resultado final del pleito.

La cuestión de la inclusión o no de los honorarios de Letrado -y en su caso de los derechos del Procurador- cuando exista condena en costas en los juicios de faltas seguidos por accidentes de tráfico- también en los juicios por delito en los que finalmente se condena por falta- constituye un tema controvertido y que está dando lugar, también en el momento actual, a inacabables discusiones doctrinales y decisiones contradictorias de las diferentes Audiencias Provinciales cuando, en realidad, bastaría un plumazo del legislador para solucionar el tema definitivamente con gran provecho de la seguridad jurídica.

Aunque en un principio todas las posiciones están conformes en que en los juicios de faltas la intervención de Letrado no es preceptiva, las soluciones que se barajan son muy diversas.

Existe una corriente doctrinal, seguida por un sector de la denominada jurisprudencia menor y cuyos fundamentos comparto, que ha venido sosteniendo que tales costas no pueden ser a cargo del condenado por no ser preceptiva en esta clase de juicios la intervención de Abogado ni Procurador, y en consecuencia, no pueden incluirse en la tasación de costas que se practique, o no resulta procedente su tasación cuando el único concepto recogido en la misma es precisamente la minuta de honorarios de un Letrado y la nota de derechos del Procurador.

El art. 231 LECrim (EDL 1882/1) es un precepto general para toda clase de procesos y con sede dentro del procedimiento ordinario, y lo que fija el art. 240 LECrim son los criterios que han de seguirse en materia de imposición de costas, pero nada indica dicho precepto sobre cuáles son las partidas que han de integrar las costas; y como quiera en juicio de faltas, según establece la propia LECrim no es preceptiva la intervención de abogados y procuradores, sin distinción alguna en función de su complejidad, de la materia objeto del juicio o porque intervenga o no el Ministerio Fiscal, ha de concluirse que si bien los órganos judiciales pueden salvaguardar la defensa técnica a fin de garantizar la igualdad de medios (con salvaguarda del art. 24.1 CE, EDL 1978/3879) facilitando la designación de Letrado a quien lo solicite, en modo alguno pueden cargarse los honorarios del mismo sobre la otra parte cuando ésta sea condenada en costas en los juicios de faltas o en los recursos interpuestos en su seno.

Finalmente, tampoco el recurso a la normativa procesal civil en caso de que la parte se encuentre en lugar distinto al del juicio (art. 32.5 LEC, EDL 2000/77463) o que la cuantía de la indemnización exceda de los límites máximos establecidos en la LEC (arts. 23 y 31) para sostener la procedencia de las costas puede tener éxito, al no ser de aplicación al juicio de faltas que tiene su propia normativa procesal en el juicio de faltas y sistema de recursos (art. 976 LECrim) que consideran no preceptiva la intervención de dichos profesionales.

Este criterio de no incluir nunca en las costas los honorarios de los letrados y procuradores por dicha causa toma su base en la doctrina emanada de las STS, Sala 2ª, de 7 de marzo de 1988 y de 9 de marzo de 1991 (EDJ 1991/2582) en las que la condena en costas está referida exclusivamente a las que se devenguen en juicio de faltas, y que ha sido seguido por la AP Castellón (Sentencias de 30 de enero de 1998, de 20 de octubre de 2001, de 8 de septiembre de 2003 y de 21 de diciembre de 2007), el AAP Barcelona de 18 de octubre de 2007 (EDJ 2007/341755), la SAP Ciudad Real de 27 de noviembre de 2003, la SAP Jaén, de 24 de enero de 2002 (EDJ 2002/6038), entre otras.

Por el contrario, existe otra postura proclive a incluir los honorarios de abogado y derechos de procurador en las costas devengadas en los juicios de faltas por accidentes de tráfico, para ello se acude a diversos criterios que, en no pocas ocasiones, se aplican conjuntamente. Se acude, en primer lugar, al criterio de la complejidad del asunto (AAP Madrid de 17 de julio de 2007, EDJ 2007/180802, AAP Tarragona de 31 de enero de 2007, EDJ 2007/114156, AAP Córdoba de 5 de febrero de 2007, EDJ 2007/59925, entre otras) que acudiendo a la jurisprudencia del TC (Sentencias de 30 de noviembre de 1992, EDJ 1992/11828, 27 de mayo de 1996, EDJ 1996/2474 y de 27 de octubre de 1998, EDJ 1998/29807) que señala que el carácter no preceptivo de la intervención de letrado no obliga a las partes a actuar personalmente sino que les faculta para elegir entre la autodefensa o la defensa técnica, sostiene que en los casos de asuntos complejos o en función de la cuantía o cuando la contraparte cuente con asistencia técnica, como suele suceder en los juicios por accidente de tráfico, deben también incluirse los honorarios de los abogados en la condena en costas, pues sería contradictorio que se considere necesaria la asistencia letrada y no se incluyan los honorarios de letrado en la condena en costas.

Se sustenta también la procedencia de incluir tales honorarios en la condena en costas, en aquellos supuestos en que se pretenda el pago de una indemnización cuya cuantía exceda de los límites máximos establecidos en la LEC (arts. 23 y 31) para comparecer en juicio sin asistencia letrada, pues se tiene en cuenta que en realidad en los juicios de faltas se deciden cuestiones de escasa entidad penal pero de gran importancia en cuanto a la responsabilidad civil, siendo una desigualdad sin justificación que el perjudicado que acude a la vía civil debe estar asistido de letrado y sus honorarios se incluyan en la condena mientras que en los juicios de faltas no. Por último, se acude también al argumento de aplicar al caso lo dispuesto en el art. 35.2 LEC (en base a la supletoriedad prevista en el art. 4 de la misma) de forma que cuando el domicilio del perjudicado estuviera situado fuera del partido judicial donde se tramita el juicio sí deberían incluirse en la condena los honorarios de letrado (AAP Lérida, Sección 2ª, núm. 4/2001, de 7 de septiembre, AAP Sevilla, Sección 3ª, núm. 85/2001, de 19 de abril, y de AAP Madrid, de 9 de enero de 2007, EDJ 2007/51770).

En el juicio de faltas no resulta preceptiva la comparecencia asistido de Letrado, y así se deriva de su regulación en la LECrim -EDL 1882/1-, (arts. 962, 963, 964, 965, 967 y 969, especialmente).

La dificultad que entraña en ocasiones las cuestiones que se dilucidan en este tipo de procedimientos, y la garantía del derecho de defensa, especialmente en aquellos casos en que la parte contraria (acusación o defensa) cuenta con asistencia profesional (igualdad de armas), determina que en muchas ocasiones las partes soliciten la designación de abogado, u opten por contratar sus servicios. El problema que se suscita es si los honorarios devengados deben ser satisfechos por el condenado o, en su caso, por la acusación particular.

En este ámbito es habitual la cita del ATC de 25 de enero de 1993 (EDJ 1993/14244), que no aborda de forma directa la cuestión suscitada, pero que realiza unas afirmaciones que resultan de interés: “Igualmente, resulta indiferente que la Ley no imponga de manera preceptiva la intervención de Abogado o Procurador en los juicios de faltas, pues es un dato real e innegable que en ocasiones estos procesos simplificados sirven para decidir conflictos de gran complejidad, por lo que la solución adoptada por la sentencia impugnada no sólo no es arbitraria, sino que, además, resulta adecuada para garantizar el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y sin indefensión que ordena el art. 24.1 CE, en la línea que marca la STC 47/1987”.

El TS tampoco ha resuelto de forma definitiva la cuestión, si bien, se suelen citar dos Sentencias que la abordan, aunque se suele olvidar el ámbito en que se formulan sus respectivos pronunciamientos, al que posteriormente haré referencia.

Los defensores de la negativa a la inclusión de los reiterados honorarios en la tasación de costas recuerdan los terminantes postulados de la STS de 9 de marzo de 1991 (EDJ 1991/2582), al afirmar: “Hasta aquí el razonamiento es correcto. Pero prescinde el recurrente de un factor importante a estos efectos y es que el fallo de la sentencia absolvió al acusado del delito por el que se había procedido y sólo ha sido condenado por falta. En tales casos, la condena en costas es de las correspondientes al juicio de faltas (entre otras, sentencias de 21 de noviembre de 1968 y de 7 de marzo de 1988).

Teniendo en cuenta los conceptos que como costas enuncia la LECrim (art. 241), la reforma de la Ley 25/1986, y que en el juicio de faltas no es necesaria la intervención de Abogado y Procurador ni aun para formular la querella... resulta que no procede cargar las costas de la acusación particular, en este procesamiento de instancia”.

Los que se decantan por la posición contraria recuerdan el contenido de la STS de 30 octubre 2000 (EDJ 2000/37104), que afirma: “La doctrina del TC expresada en la referida resolución estima que las excepciones a la norma general de intervención de abogado en los procesos concede a las partes la posibilidad de actual personalmente pero no les obliga a ello, proporcionándoles la facultad de elegir entre la autodefensa y la defensa técnica. El derecho a la asistencia letrada, en estos supuestos, permanece incólume debiendo valorarse en cada caso para sopesar la concurrencia del derecho a la asistencia gratuita -o en el caso presente, a la inclusión en las costas que no deben ser abonadas por la propia parte perjudicada-, la necesidad de la intervención letrada a los efectos de mantener el principio de igualdad de armas, y no situar al perjudicado en situación de inferioridad o indefensión”.

Al analizar ambos pronunciamientos debe tenerse en consideración el ámbito en el que se dictan. En los dos casos se trata de procedimientos que se fundaron en una imputación y posterior acusación por delito, es decir no se tramitaron como juicios de faltas, imponiéndose a los que quisieron personarse la asistencia de Letrado y Procurador. Esta circunstancia es tenida en cuenta por el TS, al afirmar que: “En el caso actual es obvio que tramitándose inicialmente el procedimiento por delito, la intervención de letrado era necesaria para posibilitar la actuación de los perjudicados en el proceso, evitando su indefensión”.

No comparto la argumentación que pretende determinar la complejidad a estos efectos del juicio de faltas atendiendo, a los parámetros de la LEC, EDL 2000/77463, para el juicio verbal (arts. 31.1.1º, 32 y 394.3), ya que la regulación de las costas es muy distinta en las dos jurisdicciones. Como ejemplo de esta disparidad ha de tenerse en cuenta:

1.- En el procedimiento penal las costas se imponen al acusado en caso de condena, con total independencia del resultado de la pretensión ejercitada en el ámbito civil.

 2.- La absolución del acusado no determina, salvo en supuestos excepcionales, la condena en costas del acusador particular (el art. 240.3 LECrim exige temeridad o mala fe).

Por tanto, en el procedimiento penal, la condena del acusado llevará aparejada la satisfacción de las costas procesales, con independencia del resultado del debate en el ámbito de la responsabilidad ex delicto, y de la conducta procesal de los que puedan haber sido llamados al proceso en concepto de responsables civiles directos o subsidiarios. La desestimación parcial de la pretensión indemnizatoria de la acusación particular o del actor civil sería irrelevante en este ámbito. Es más la absolución, o incluso la condena penal y desestimación de la pretensión indemnizatoria, generalmente no determinarán la condena en costas de la acusación particular. Soluciones que no es posible equiparar al resultado de los litigios civiles en que rige, con excepciones, el principio del vencimiento.

La generalización de la inclusión de las costas de abogado y procurador, desnaturalizaría un procedimiento que se ha querido sencillo, y con posibilidad de actuación personal de acusado y perjudicados. Es más, podría producir un manifiesto desequilibrio entre acusador, quien sabe que sólo excepcionalmente abonará las costas del acusado, y éste que en caso de condena deberá satisfacer las costas causadas a la acusación particular y al actor civil, y si es absuelto correrá con las propias.

Por ello, sólo lo estimo fundado en circunstancias ciertamente excepcionales.

 

Tradicionalmente se ha sostenido que las partes en el juicio de faltas, a diferencia del proceso por delito, no precisan acudir al mismo ni representadas por Procurador, ni asistidas de Abogado. Ello era debido a que el procedimiento es sencillo, girando en torno a una simple vista oral y las faltas unas infracciones menores, de estructura poco difícil, carentes de complejidad jurídica y con penas leves de fácil entendimiento, aun para los legos en Derecho. Si a ello se suma el intento de evitar los costes en honorarios profesionales, se entiende por qué el principio básico perseguido por el legislador fue el de exoneración y ahora es el de libertad de postulación, tal y como se desprende del hecho incluso de que aun caso de optar por formular la falta a través de la oportuna querella, no se exija firma de Abogado ni de Procurador (art. 969.1 LECrim, EDL 1882/1).

Sin embargo, la constitucionalización del proceso penal, incluido el juicio de faltas, operada por obra de la jurisprudencia del TC, obliga a interpretar restrictivamente la autodefensa o la defensa no técnica, estableciendo en el órgano judicial, primero, la obligación de informar siempre de la posibilidad que las partes tienen de asistirse de Abogado, y después, la de evitar desequilibrios en los supuestos en que de facto, así lo aprecie el Juez, caso a caso. La constitucionalización del derecho de defensa es la razón por la que los arts. 962.2, 964.3 in fine y 967.1 LECrim, en todo momento insisten en que se informe policial y judicialmente a las partes de que pueden ser asistidos por Abogado si lo desean, hasta el punto que la omisión en la citación de esta información (SAP Segovia de 1  de julio de 1994) provoca la nulidad de las actuaciones posteriores, incluido el juicio.

Con ello se instaura para el juicio de faltas un sistema de asistencia letrada tanto a denunciante como a denunciado, basado exclusivamente en el criterio de la voluntad de la parte: si solicita asistencia de Abogado, es obligatorio dotarle de ella, y si no, no. En eso consiste el carácter no preceptivo ni necesario del derecho de defensa en el juicio de faltas (SSTC 21 de enero de 1986, EDJ 1986/7,  22 de abril de 1987, EDJ 1987/47, 14 de noviembre de 1988, EDJ 1988/532, 30 de noviembre de 1992, EDJ 1992/11828 y 27 de mayo de 1996, EDJ 1996/2474), que se extiende desde la no asistencia letrada, mediante la autodefensa, hasta la defensa técnica o con profesional, dependiendo la opción y su ejercicio, exclusivamente, como decimos, de la voluntad de la parte. La ley no impone la asistencia letrada, pero tampoco la rehúye, por tratarse de un derecho constitucionalizado (art. 24.2 CE, EDL 1978/3879). En esto difieren las faltas de lo que el art. 118 LECrim señala para toda causa por delito, suplantando así el legislador la voluntad del implicado en la causa, le exige preceptiva y necesariamente la postulación obligatoria con Procurador y Abogado.

Sin embargo, ello no significa que el Abogado de oficio no deba cobrar de su defendido sus honorarios conforme a las tarifas decretadas colegialmente para este tipo de juicios. Dispone el art. 121 LECrim que todos los que sean parte en una causa penal, si no se les hubiere reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, tendrán obligación de satisfacer los derechos de los Procuradores que les representen y los honorarios de los Abogados que les defiendan. De ahí la voluntariedad fijada como criterio para su elección, que el legislador parece no rehuir, pero se niega a imponer, (como hace en las causa por delito) y que tiene como consecuencia que no se imponga en el juicio de faltas el criterio del vencimiento, sino el de la elección en el abono de estos honorarios.

En consecuencia, pagará cada cual los de los profesionales que designe, salvo que por tener menos del doble del salario interprofesional, se los pague la Administración (Ministerio o CCAA) con competencias en Justicia.

Y el criterio no cambia ni aunque el denunciado se acoja a la posibilidad que le permite el art. 970 LECrim de apoderar a Abogado o Procurador para que le represente y defienda en juicio, si viviere fuera de la demarcación del Juzgado, pues además de que está prohibida al denunciante, es potestativa y opcional.

Cuestión distinta es que la parte en el juicio de faltas no designe Abogado de su elección, pudiendo hacerlo, y recabe del Juzgado ser asistido por uno de oficio (v. gr.: porque no conoce ninguno, o porque dice querer Abogado sin expresar quién). La solicitud de Abogado de oficio, debe preferentemente hacerse ante los Servicios correspondientes de los Colegios de Abogados, que son los que los tramitan, pero también puede instarse del propio Órgano judicial, que oficiará a los mismos, si procediere. En ambos casos se le nombrará (no podrá el Colegio de Abogados negarse), pero cobrará de su cliente los honorarios conforme a las tarifas colegiales.

En resumen, instaura el legislador para el juicio de faltas la postulación potestativa, dejada a la iniciativa de parte (que es quien, en principio, corre con su coste). Pero esa libre elección entre la autodefensa o la defensa técnica, debe haberse precedido de la obligación por parte del órgano que cita a juicio (Cuerpo policial o Juzgado) de la obligatoria información que favorezca el efectivo ejercicio de ese derecho, explicando la posibilidad de acudir con Letrado propio o interesando el nombramiento de Abogado de oficio, en su caso. Se trata de no convertir el derecho fundamental a la defensa y asistencia de Letrado en un mero requisito formal, o en un obstáculo (STC 14 de noviembre de 1988, EDJ 1988/532), sino en una obligación positiva de favorecer la garantía fundamental de la defensa. Igualmente, y aunque la parte no opte por acompañarse de defensa técnica, deberá el Juzgado evitar las situaciones de autodefensa insuficiente (la que en función de las circunstancias de cada caso concreto, según la complejidad del debate procesal y la cultura y conocimientos jurídicos del autotutelado, lleve a una forma y nivel técnico de defensa deficiente), corrigiéndolas imponiendo el nombramiento de Abogado (STC 14 de noviembre de 1988), que es la que procede en los supuestos complejos por accidente de tráfico.

Lo mismo debe hacerse cuando haya riesgo de supremacía y preponderancia de una de las partes (singularmente la acusadora) por lo que conforme a copiosa jurisprudencia del TC (SSTC de 30 de noviembre de 1992, EDJ 1992/11828 y de 22 de abril de 1987, EDJ 1987/47) debe el órgano judicial evitar desequilibrios entre partes o defensas limitadas susceptibles de ocasionar indefensión, mediante el obligatorio nombramiento de Abogado, cuyos honorarios se abonarán conforme a las normas de la Justicia Gratuita en función de los ingresos económicos del beneficiado. Sin embargo el derecho de defensa no ampara situaciones abusivas, fraudulentas ni propias faltas de diligencia (2 de julio de 1987, EDJ 1987/112, 26 de marzo de 2001, EDJ 2001/2664, 29 de enero de 2001, EDJ 2001/463) que puedan vulnerar derechos de la otra parte, y así, el constante cambio de Abogado, o la alegación de no localizar al Letrado de elección propia, con el fin de conseguir dilaciones (STC 14 de noviembre de 1988) en cuanto que afecta al derecho contrario a un proceso sin dilaciones indebidas, que no son permisibles.

Cuando la parte opta por ejercer el derecho a la asistencia de Abogado, se genera una situación de actuación dual que despliega efectos conjuntos tanto para el profesional como para él mismo, de modo que v. gr. la incomparecencia justificada no dilatoria de Abogado a juicio obliga a suspenderlo aunque la parte pueda acudir (SSTC 17 de julio de 1989, EDJ 1989/7393 y 30 de noviembre de 1992, EDJ 1992/11828).

Si opta por la no defensa técnica, a través de la propia autodefensa, el órgano judicial está obligado a garantizar la eficacia del derecho de igual forma que lo haría si la defensa la ejerciera a través de profesional, y por ello, debe velar por la necesaria contradicción, posibilitando idénticas oportunidades de alegar y probar en sendas partes, y permitir a quien quiere defenderse por sí mismo, intervenir en la prueba, contradecirla (SSTC 18 de julio de 1995, EDJ 1995/3558 y 26 de abril de 1999, EDJ 1999/6891), interrogar (SSTC 16 de enero de 1992 y 28 de febrero de 1994, EDJ 1994/1761) y argumentar, propiciando una participación activa en el juicio oral (STC 18 de junio de 2001, EDJ 2001/13843).

III. Votos particulares

Cabe la inclusión.

1.- El TS en sentencia de 9 de marzo de 1991(EDJ 1991/2582) ya puso de manifiesto que en los procesos de juicios de faltas la intervención de los profesionales no es preceptiva.

2.- Sin embargo la inclusión en las costas de los honorarios de Letrado, ha sido en ocasiones expresamente admitida en atención al principio de “tutela judicial efectiva”.

3.- Si bien tradicionalmente en el ámbito del juicio de faltas se ha venido a sostener que la no obligatoriedad de la intervención de abogado y procurador excluía con carácter general la inclusión dentro de la condena en costas de tales honorarios, cada vez más este criterio viene a ser sustituido por el de su inclusión con base en la regla general de que toda condena penal implica que sean de costa del condenado los gastos del proceso en cuanto al ejercicio de la acusación particular a salvo que ésta haya sido inútil, superflua, no haya tenido protagonismo alguno o haya efectuado unas peticiones de todo punto desorbitadas, circunstancias éstas que en procesos de cierta complejidad no van a concurrir, por lo que se incluirán tales honorarios conforme a este criterio.

4.- La conclusión que se alcanza es positiva ya que también en los juicios de faltas pueden debatirse cuestiones de extrema complejidad técnica y elevada gravedad como son los casos de accidentes de tráfico que exigen desde luego la intervención de un profesional del derecho, sin que por tanto resulte razonable que quien a consecuencia de un comportamiento negligente de un tercero sufre importantes perjuicios, especialmente en lo que afecta a su integridad física, tenga que correr a la postre con los gastos derivados de su asistenta por abogado que necesariamente requiere, no solo en la defensa de sus específicos intereses sino para salvaguardar, en no pocas ocasiones -frente a aseguradora, por ejemplo- el principio de igualdad de armas de las partes o una efectiva vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva derivada de ausencia de letrado en asuntos de gran complejidad técnica

Con independencia de la opinión que merezca el caso concreto, los juicios de faltas, como procesos penales se articulan sobre su condición de tales, y en consideración por tanto al reproche penal que puede verificarse al imputado, que lo es de escasa consideración. De ahí el carácter poco formal del proceso en comparación con el resto de procesos penales. Es cierto que el ejercicio de la acción penal conlleva por lo general una acción civil de resarcimiento, que puede resultar bastante más compleja, y que curiosamente esa acción si se pretende ejercitar separadamente del juicio de faltas, en atención a su importancia cuantitativa, va a dar lugar a un proceso civil más formal y con mayores exigencias que las previstas para el juicio de faltas. Ello, por lo que respecta a la intervención a través de procurador y letrado, se traduce en la falta de preceptividad de tales profesionales en los procesos de faltas cuando se ejercitan la acción penal y la civil, y por el contrario su obligatoriedad (en reclamaciones superiores a 900 euros) cuando se ejercita solo la acción civil en el seno de la Jurisdicción civil, ya sea a través del juicio verbal o del ordinario. Esto aun reconociendo que es un contrasentido, es lo que en principio establece la LECrim (EDL 1882/1).

El TS en sentencia de 9 de marzo de 1991 (EDJ 1991/2582) ya puso de manifiesto que en los procesos de juicios de faltas la intervención de los profesionales no es preceptiva. La SAP Toledo de 1 de julio de 2008 recuerda que: “Es suficientemente conocido que la intervención de letrado no es obligatoria en el juicio de faltas, por lo que la parte que contrate los servicios de tal profesional deberá correr con sus gastos” El AAP Zamora de 6 de abril de 2000 (EDJ 2000/17545) habla de “El siguiente precepto de la Ley Procesal dispone en el número 3 º (241) que las costas consistirán en los honorarios devengados por los abogados y peritos. Obviamente, dado que estamos en presencia de un juicio de faltas al no ser preceptiva la intervención de abogado y procurador nunca se podrán incluir en la tasación de costas los honorarios del Abogado y los derechos del Procurador…” Y este viene a ser el criterio más o menos tradicional.

Sin embargo, la inclusión en las costas de los honorarios de letrado, ha sido en ocasiones expresamente admitida en atención al principio de “tutela judicial efectiva” Es el caso por ejemplo de la SAP Sevilla (4ª) en sentencias de 11 de noviembre de 2003 y de 23 de octubre de 2008 que viene a tomar como referencia una STS de 30 de octubre de 2000 (EDJ 2000/37104) en que recordando la doctrina establecida por el TC en su sentencia de 22 de abril de 1987 (EDJ 1987/47), acerca del derecho fundamental a obtener asistencia jurídica gratuita, incluso en procesos en que no es preceptiva la intervención de procurador y abogado, prevé la necesidad de la intervención letrada a los efectos de mantener el principio de igualdad de armas y no situar al perjudicado en situación de inferioridad o indefensión.

Efectivamente, el TC por ejemplo en sentencia 47/1987, de 22 de abril, ya expuso que el art. 24.2 CE (EDL 1978/3879) tiene por finalidad asegurar la efectiva realización de los principios procesales de igualdad y contradicción, que imponen a los órganos judiciales el deber positivo de evitar desequilibrios ante las respectivas posiciones de las partes en el proceso o limitaciones en la defensa que puedan inferir a alguna de ellas un resultado de indefensión constitucionalmente prohibido por el art. 24.1 CE , sin que el hecho de poder comparecer personalmente ante un Juez o Tribunal sea causa que haga decaer el derecho a la asistencia letrada, pues "el carácter no preceptivo de la intervención de abogado en ciertos procedimientos, no obliga a las partes a actuar personalmente, sino que les faculta para elegir entre la autodefensa o la defensa técnica, pero permaneciendo, en consecuencia, el derecho de asistencia letrada incólume en tales casos, cuyo ejercicio queda a la disponibilidad de las partes.”

Este criterio viene también a recogerse en la reciente resolución de la AP Madrid de 7 de mayo de 2009 (EDJ 2009/107450).

Por tanto, si bien tradicionalmente en el ámbito del juicio de faltas se ha venido a sostener que la no obligatoriedad de la intervención de abogado y procurador excluía con carácter general la inclusión dentro de la condena en costas de tales honorarios, cada vez más este criterio viene a ser sustituido por el de su inclusión con base en la regla general de que toda condena penal implica que sean de costa del condenado los gastos del proceso en cuanto al ejercicio de la acusación particular a salvo que ésta haya sido inútil, superflua, no haya tenido protagonismo alguno o haya efectuado unas peticiones de todo punto desorbitadas, circunstancias éstas que en procesos de cierta complejidad no van a concurrir, por lo que se incluirán tales honorarios conforme a este criterio.

Es mayoritaria la doctrina y la jurisprudencia que establecen la no inclusión en la tasación de costas de los honorarios de letrado, al no ser preceptiva su intervención de conformidad con lo prevenido en el art. 962 LECrim (EDL 1882/1). Sin perjuicio de lo anterior, en puridad jurídica, no es menos cierto, que no existe precepto jurídico alguno que excluya expresamente de las costas procesales los derechos de arancel, los honorarios de abogados o incluso los de peritos en el seno de una sentencia condenatoria en juicio de faltas.

En este sentido, el art. 123 CP (EDL 1995/16398) establece que las costas procesales se entienden impuestas ex lege a los criminales responsables de todo delito a falta, en virtud de los cual, el art. 239 LECrim dispone que en la resoluciones judiciales que pongan término a la causa o a cualquiera de los incidentes debe resolverse el tema del pago de las costas procesales. Y por su parte, el art. 241 LECrim establece entre otros conceptos incluibles en las referidas costas, “los derechos de arancel y los honorarios devengados por los abogados y perito”.

A mayor abundamiento, sí es cierto que en algunos juicio de faltas se ventilan cuestiones de importante complejidad y con consecuencias económicos muy graves, en los que evidentemente la asistencia profesional en juicio se impone necesaria, de modo que si la parte reclama sus servicios, de conformidad con los que dispone el art. 123 CP será justo que responda de los mismos el condenado. Esta tesis, se ha mantenido entre otras en el Auto de 14 de enero de 2002 dictado por la Sección Segunda de la AP de Tarragona, en cuyo FJ 3º en que admite la inclusión de los honorarios de asistencia letrada dentro de las costas procesales en un supuesto en que la complejidad del asunto o su importancia económica lo justifica. Inclusión que sin embargo luego complementa, con la aplicación supletoria del art. 32.5 LEC (EDL 2000/77463) exigiendo el requisito de que el domicilio de la parte acreedora de las castas sea distinto a la sede del órgano jurisdiccional.

Evidentemente, no cabe exigir al justiciable un conocimiento de la legislación en materia de circulación para llevar a cabo una autodefensa, y menos si la otra parte acude con defensa técnica, pues de lo contrario se quebrantaría el principio de igualdad de armas y por ende se vulneraría el derecho de defensa contenido en el art. 24 CE (EDL 1978/3879). Consiguientemente, es perfectamente aceptable la inclusión de los honorarios de letrado en las costas derivadas de juicio de faltas, y especialmente en aquellos supuestos en que la complejidad del asunto convierte en necesaria tal defensa técnica para el justiciable.

Se trata de una cuestión sobre la que la Jurisprudencia parece evolucionar cada vez más en sentido positivo. En efecto, el art. 123 CP (EDL 1995/16398) establece que las costas procesales se entienden impuestas por Ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta y aunque no es obligatoria la asistencia de letrado en el juicio de faltas, en los arts. 239 y ss LECrim (EDL 1882/1), donde se regula lo relativo a la condena en costas, no se hace exclusión de este tipo de procesos lo que se entiende porque, en casos de complejidad evidente, la asistencia letrada constituye una de las garantías reconocidas por la jurisprudencia del TC que viene entendiendo que las excepciones a la norma general de intervención de letrado constituye una alternativa frente a la defensa técnica, siendo de su voluntad la elección entre una u otra.

Dos aspectos más vienen a articular la respuesta al caso planteado. De un lado, el hecho de que hay necesidad de asegurar la efectividad de los principios de igualdad y contradicción constituye criterio interpretativo de primer orden en aquellos casos en que pueda resultar conveniente, tanto más dado que en los procesos en que no es precisa la asistencia de letrado, el derecho de defensa técnica subsisten con plenitud. De otro, destaca la circunstancia de un agravio comparativo que puede ser, gravemente discriminatorio desde un punto de vista procesal con escasa razonabilidad. Nos referimos al hecho de que en el proceso penal se acumulan a las acciones penales las civiles, dándose la circunstancia de que la parte puede reservarse las acciones civiles para dilucidarlas en el proceso civil correspondiente y si lo hace, aun cuando la pretensión tenga una escasa gravedad económica, conllevará, en caso de éxito de la pretensión, la imposición de las costas procesales al responsable.

Pues bien, traída esta doctrina a la cuestión debatida, la conclusión que se alcanza es positiva ya que también en los juicios de faltas pueden debatirse cuestiones de extrema complejidad técnica y elevada gravedad como son los casos de accidentes de tráfico que exigen desde luego la intervención de un profesional del derecho, sin que por tanto resulte razonable que quien a consecuencia de un comportamiento negligente de un tercero sufre importantes perjuicios, especialmente en lo que afecta a su integridad física, tenga que correr a la postre con los gastos derivados de su asistenta por abogado que necesariamente requiere, no solo en la defensa de sus específicos intereses sino para salvaguardar, en no pocas ocasiones –frente a aseguradora, por ejemplo- el principio de igualdad de armas de las partes o una efectiva vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva derivada de ausencia de letrado en asuntos de gran complejidad técnica.

En conclusión la razonabilidad de la necesidad de la asistencia jurídica en función de la naturaleza de las cuestiones objeto de debate judicial en relación a los hechos que sean objeto de tutela judicial, ha de ser criterio moderador a la hora de valorar los derechos señalados –igualdad, defensa, alegación, contradicción, etc.- en relación a la asistencia requerida y su proyección en la protección o indemnidad de la parte que debe incluir, en los casos precisos, también el gasto procesal cuando, por ser necesario, era fundamental en defensa de sus derechos, criterio por otro lado, sí observado en el proceso civil al que podría estar invitándose de entenderse imposible incluir los gastos procesales en la condena al responsable, imponiendo en ello un grave peregrinaje procesal tan contrario a la tutela judicial efectiva.

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