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FAMILIA

¿Se puede hacer una lista cerrada de gastos extraordinarios, o necesariamente ha de quedar abierta? ¿Qué gastos han de incluirse en ella?

Coordinador: José María Prieto Fernández-Layos

Magistrado del Juzgado de Primera Instancia núm. 22, de Familia, de Madrid

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Como ya se apuntaba en el anterior Foro Abierto, la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, que ha entrado en vigor el pasado 4 de mayo, modifica entre otros muchos el art. 776 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, añadiendo principalmente una nueva especialidad de ejecución de los pronunciamientos sobre medidas a las ya recogidas con anterioridad, cuyo tenor literal es el siguiente: "4ª. Cuando deban ser objeto de ejecución forzosa gastos extraordinarios, no expresamente previstos en las medidas definitivas o provisionales, deberá solicitarse previamente al despacho de ejecución la declaración de que la cantidad reclamada tiene la consideración de gasto extraordinario. Del escrito solicitando la declaración de gasto extraordinario se dará vista a la contraria y, en caso de oposición dentro de los cinco días siguientes, el Tribunal convocará a las partes a una vista que se sustanciará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 440 y siguientes y que resolverá mediante auto".

Pues bien, retomando el hilo de la cuestión allí planteada, cabe decir que algunos interlocutores jurídicos, tras dicha reforma, han vuelto a poner sobre la mesa de estudio la posibilidad de solicitar en los escritos de demanda y de establecer en las resoluciones judiciales un listado de las partidas que han de quedar englobadas bajo el concepto de gastos extraordinarios. Nuestro Consejo de Redacción ya tuvo oportunidad de manifestar en el Foro Abierto correspondiente al mes de julio de 2008 (Boletín de Derecho de Familia número 81) su opinión mayoritariamente favorable a fijar judicialmente una relación de gastos extraordinarios para mayor seguridad jurídica de las partes en litigio y en evitación de los conflictos que su indeterminación pudiera acarrear a las mismas.

¿Se puede hacer una lista cerrada de gastos extraordinarios, o necesariamente ha de quedar abierta? ¿Qué gastos han de incluirse en ella?


Este foro ha sido publicado en el Boletín "Derecho de Familia", el 1 de octubre de 2010.

En esta ocasión se nos plantea la cuestión, con relación a los gastos extraordinarios, de si se puede hacer una lista cerrada de los mismos, y cuáles deben incluirse en ella. O necesariamente ha de quedar esta lista abierta.

Entiendo que no es posible hacer una lista cerrada de gastos extraordinarios. Por motivos prácticos, y a fin de evitar discusiones en la fase de ejecución, sería muy conveniente poder hacer una lista cerrada de gastos extraordinarios. En la sentencia o auto de medidas provisionales quedarían perfectamente concretados estos gastos y no se plantearía ningún problema en la fase de ejecución de sentencia. Eso sí, de surgir algún gasto que alguno de los progenitores pudiera considerar extraordinario, y que no esté previsto en la resolución, abocaría a las partes a una nueva discusión que se resolvería, bien siguiendo los trámites previstos en el art. 776.4 LEC (EDL 2000/77463) tras su nueva redacción, o acudiendo a un nuevo procedimiento si se entiende que este precepto no es aplicable cuando no se ha hecho previsión alguna del gasto en la resolución.

Sin embargo, entiendo que elaborar esta lista cerrada tiene por un lado serios inconvenientes. Adelantaríamos a la fase declarativa la discusión de qué gastos son o no extraordinarios, cuando muchas veces ni siquiera llegarían a devengarse.

A los enfrentamientos entre los cónyuges sobre cuáles deben ser las medidas provisionales o definitivas se añadirían las discusiones sobre qué gastos son ordinarios y cuales extraordinarios y, como he señalado antes, sumaría discusiones en muchos casos baldías porque no siempre llegarían a producirse estos gastos extraordinarios. Pero además creo que es imposible detallar o especificar todas y cada una de las circunstancias que puedan producirse durante la vida de los hijos que vayan a generar gastos extraordinarios. Por la propia naturaleza de estos gastos extraordinarios es imposible elaborar una lista cerrada de los mismos. Los gastos extraordinarios además de ser necesarios o convenientes para los hijos deben ser excepcionales o no habituales u ordinarios (SAP de León, 24 de marzo de 2004), imprevisibles (SAP Barcelona de 19 de octubre de 2004, EDJ 2004/176059) y faltos de periodicidad (SAP Madrid de 16 de noviembre de 2001, EDJ 2001/59808). Difícilmente puede hacerse una lista cerrada de gastos extraordinarios sin que falte la previsión de alguno de los que vayan a producirse en el futuro. Es absolutamente opuesta esta previsión a su carácter excepcional e imprevisible.

Más que por una lista cerrada me inclino por hacer un pronunciamiento que recoja una indicación breve de qué se entiende por gasto extraordinario y especifique sus características, que indique la proporción de la que deberán hacerse cargo cada uno de los progenitores y que fije con claridad y precisión cómo y cuándo debe recabarse el consentimiento del otro progenitor para que el importe del gasto pueda exigirse, derivando a la decisión judicial cuando no haya acuerdo entre aquellos. Por supuesto puede hacerse una enumeración ejemplificativa de alguno de estos gastos, pero nunca podrá ser una lista cerrada. Por ejemplo, podrían citarse los gastos extraordinarios de educación y los de sanidad no cubiertos por la Seguridad Social o los seguros médicos de los progenitores, haciendo también una breve indicación de aquellos otros que se consideren ordinarios vista la situación económica y circunstancias de la familia, indicando también que se abonarán aquellos por los progenitores por partes iguales, siempre y cuando se generen con el acuerdo de ambos o en su defecto por decisión judicial.

En algunas resoluciones se detallan más aquellos conceptos que se consideran gastos extraordinarios pero un examen de las distintas resoluciones de las Audiencias Provinciales nos muestra la diversidad de criterios al respecto. Así hay resoluciones que entienden que no son gastos extraordinarios la compra de libros (SAP Murcia de 7 de noviembre de 2006, EDJ 2006/380554), los uniformes (SAP Burgos de 3 de mayo de 2005) o las excursiones y clases de repaso (SAP Barcelona de 20 de julio de 2002). Otras entienden que sí son gastos extraordinarios los de libros (SAP Barcelona de 21 de marzo de 2004), las clases particulares (SAP Salamanca de 17 de septiembre de 2001, EDJ 2001/50193), los gastos de excursiones o los gastos de psicólogo. Esta diversidad de criterios y conceptos es indicativa de la dificultad de fijar una lista cerrada de gastos extraordinarios. Entiendo además que en muchos casos variará su carácter extraordinario según el nivel económico de la familia. Creo, por tanto, que lo más conveniente es hacer las indicaciones genéricas que antes he expuesto, no hacer una lista cerrada de los mismos, y dejar para la fase de ejecución de sentencia las controversias que puedan surgir respecto al carácter extraordinario o no de algunos de ellos y su importe.

El concepto de gasto extraordinario, en lo que se refiere a las atenciones de los hijos, debemos encontrarlo legalmente en su relación con el que -como de alimentos-, se contiene en el art. 142 CC (EDL 1889/1), que define a los mismos como lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, comprendiendo igualmente la educación e instrucción de la alimentista.

Es obvio que el alcance de la obligación alimenticia, especialmente en lo que se refiere a los hijos, no tiene en todo caso la misma dimensión, ni cualitativa y cuantitativa, en cuanto se encuentra condicionada necesariamente, no sólo por los recursos del alimentante, sino también por el entorno social, cultural, etc., en el que se desenvuelve la vida cotidiana familiar que, en ocasiones, viene a crear una serie de necesidades que han de calificarse de normales u ordinarias, que valoradas en otro ámbito distinto podrían, por el contrario, alcanzar el rango de excepcionales o extraordinarias.

El Diccionario de la Real Academia define como extraordinario lo que se sitúa "fuera del orden o regla natural o común", añadiendo, específicamente, que es gasto extraordinario el "añadido al presupuesto normal de la persona o la familia..."

En consecuencia, y con carácter general, habremos de considerar que los gastos extraordinarios en la vida de los hijos son aquellos que no tienen periodicidad prefijada en cuanto dimanantes de sucesos de difícil o imposible previsión apriorística, de tal modo que los mismos pueden surgir o no, habiendo además de ser vinculados a necesidades que han de cubrirse económicamente de modo ineludible, en orden al cuidado, desarrollo y formación, en todos los órdenes, del alimentista, y ello en contraposición al concepto de los superfluo o secundario, de lo que obviamente, puede prescindirse, sin menoscabo para el alimentista.

En consonancia con todo lo anteriormente indicado, extraído todo lo anterior de resoluciones dictadas por esta propia Sección 22ª de AP Madrid (Auto de 6 de octubre de 1998, ponente, señor Hijas Fernández), parece difícil elaborar en la sentencia o resolución que ponga fin al procedimiento, una lista cerrada de gastos extraordinarios, sin perjuicio de apuntar o indicar, con carácter abierto, aquellos que son más frecuentes, incluidos en la excepcionalidad, en lo que se refiere a gastos médicos, clínicos, farmacéuticos de elevado coste, tratamientos médicos, psiquiátricos, psicológicos, de rehabilitación, de material que exige la salud e integridad física de los hijos, o la educación de los mismos, actividades extraescolares de alto coste, todo ello en proporción al nivel de vida que haya podido mantener la familia, o en relación directa con la capacidad económica de los progenitores, que generalmente deberán afrontar tales gastos al 50%, gastos de viajes de dichos menores, relacionados con el centro escolar, o de ocio o de vacaciones, gastos de apoyo escolar, generados al margen de aquellos otros derivados del gasto escolar ordinario, etc.

En suma, entiendo que la lista ha de quedar abierta, máxime teniendo en consideración lo dispuesto en el art. 776 LEC (EDL 2000/77463), reformado por la Ley 13/2009, 3 de noviembre (EDL 2009/238889), pues expresamente se arbitra un trámite procesal específico en orden a la determinación, en vía de ejecución de sentencia, y con carácter previo, sobre si un gasto debe considerarse extraordinario o no, para dar lugar, o no, a la reclamación económica correspondiente frente a aquél progenitor que debe contribuir a tales gastos.

Sería también conveniente determinar que gastos extraordinarios son de carácter urgentes y necesarios, y cuáles no, en orden a la posibilidad de dar lugar en tales supuestos a tales gastos sin necesidad de la previa autorización o consentimiento del otro progenitor, sin perjuicio del ulterior refrendo al respecto, o, en su caso, de recabar la autorización judicial a fin de conseguir la contribución económica de ambos progenitores, en la proporción establecida en la sentencia.

Por ello, es importante determinar y diferenciar en la sentencia, con carácter general, los gastos que, siendo extraordinarios, precisan de previo consentimiento de ambos progenitores o, en su caso, de autorización judicial, antes de generar dicho gasto, de aquellos otros que, por la urgencia o necesidad, en atención al interés y beneficio a proteger, pueden generarse sin necesidad del previo consentimiento ni autorización judicial, pero susceptibles de su reclamación al otro progenitor.

Las cuestiones que se someten a nuestra consideración en el presente Foro Abierto (FA) vienen a ser una consecuencia lógica de la respuesta mayoritaria ofrecida por el Consejo de Redacción a las preguntas formuladas en el FA nº 39, publicado en el número 103 de este Boletín, correspondiente al pasado mes de julio. En aquel FA, la opinión mayoritaria fue favorable a fijar judicialmente una relación de gastos extraordinarios como modo de lograr una mayor seguridad jurídica para las partes en litigio y evitar a las mismas los eventuales conflictos que su indeterminación pudiera provocar. En este FA nº 40, dando por sentada la conveniencia de establecer judicialmente un listado o catálogo de los considerados gastos extraordinarios, y profundizando y agotando las cuestiones entonces planteadas, se nos pregunta, en primer lugar, qué concretas partidas o conceptos deben incluirse en esa relación o listado de gastos extraordinarios y, en segundo lugar, si la lista o catálogo puede o debe ser cerrada o necesariamente ha de quedar abierta.

Por lo que se refiere a la primera de dichas preguntas, parece evidente que el listado de gastos extraordinarios debe muy extenso y detallado y englobar el mayor número posible de concretas partidas y conceptos que son considerados extraordinarios, pues, como fácilmente se comprende, cuanto más minuciosa y casuística sea dicha relación, mayor será la seguridad jurídica de las partes y menor la conflictividad entre ellas a la hora de decidir si un gasto a realizar en un hijo común es o no extraordinario.

Sin embargo, en mi opinión, resulta materialmente imposible detallar en el convenio regulador, en el auto o la sentencia correspondiente, en forma exhaustiva, todos y cada uno de los eventos que puedan producirse en un futuro en la vida del común descendiente cuya atención genere un gasto al que deba atribuirse la condición de extraordinario.

Cualquier elenco, catálogo o listado de gastos extraordinarios, por muy extenso, casuístico y minucioso que sea, será siempre incompleto, al ser materialmente imposible prever todos y cada y uno de los eventos o circunstancias excepcionales que podrán producirse en el futuro en la vida del hijo y darán lugar a un gasto extraordinario. De ahí que hayamos de conformarnos con que la resolución judicial o el convenio regulador contenga una definición sucinta, pero precisa, de lo que se entiende por gastos extraordinarios, que señale sus características esenciales y los requisitos que debe cumplir cada progenitor para reclamar al otro la cuota parte establecida y que, por último, a título ejemplificativo que no exhaustivo, y sin carácter de "numerus clausus" enumere, con la mayor extensión posible, las concretas partidas consideradas gastos extraordinarios.

Así pues, en mi opinión, la resolución judicial o el convenio deben recoger la obligación de pago de gastos extraordinarios incluyendo como elementos esenciales los siguientes particulares:

a) Determinación de la proporción en que los gastos extraordinarios han de ser satisfechos por los progenitores (por mitad o en cualquier otra proporción).

b) Definición, mediante el empleo de una fórmula genérica, de las características esenciales que, objetivamente, debe reunir el gasto para ser considerado extraordinario (no habituales u ordinarios ni permanentes, es decir, excepcionales; necesarios o, al menos, convenientes para el interés o beneficio de los hijos; y, además, imprevisibles) y especificación de los requisitos que debe cumplir el progenitor que realice el gasto para poder reclamar el copago al otro (previa consulta del progenitor que proyecta realizar el gasto al otro progenitor, salvo en casos de urgencia, y obtención del oportuno consentimiento expreso, o tácito, en el plazo establecido para ello, y, en su defecto, autorización judicial).

c) Enumeración o enunciación, en un listado o catalogo lo más amplio y detallado posible, de las partidas y conceptos englobados en la categoría de gastos extraordinarios, señalando que la relación no tiene carácter de lista o enumeración cerrada y valor de numerus clausus, sino mero valor enunciativo o ejemplificativo, de numerus apertus.

Este listado o catálogo debe incluir el mayor número posible de gastos considerados extraordinarios. Para evitar caer en un casuismo estéril y, a la vez, dar la mayor amplitud posible a ese catálogo de gastos extraordinarios, puede resultar útil agruparlos por conceptos o materias referidos a tres ámbitos de la vida del hijo: la salud, la educación y formación, y el ocio.

En lo concerniente a los relativos a la salud han de incluirse como gastos extraordinarios aquellos que, no estando cubiertos por el sistema público sanitario de previsión de la Seguridad Social o cualquier otro sistema de previsión concertado por los progenitores, sean necesarios o convenientes para la adecuada atención, protección, cuidado, prevención y curación de la salud física o psíquica del común descendiente, incluido el coste de fármacos, terapias, tratamientos, instrumentos médicos o aparatos ortopédicos de cualquier índole, como por ejemplo los de asistencia psicológica, psiquiátrica, aparatos o prótesis dentales u oftalmológicos.

Es conveniente precisar si se consideran o no gastos extraordinarios los gastos médicos no necesarios pero convenientes, y los completamente innecesarios. Es importante regular específicamente este extremo porque puede dar lugar a muchos conflictos entre progenitores en algunos supuestos concretos, como en el caso, muy frecuente en la práctica, de operaciones de cirugía estética, que, en principio, pueden ser necesarias (p. e., en caso de cirugía estética reparadora tras un accidente que ha deformado la cara), innecesarias pero convenientes (así, la hija que tiene una nariz especialmente grande y la quiere reducir porque es modelo), o completamente innecesaria y superflua (operación de aumento de volumen de sus pechos por una menor de 17 años). El apartado de los gastos extraordinarios referidos a la salud es, no obstante, el que menos conflictos suele generar en relación con su consideración como extraordinarios (el pago, pese a reconocerse ese carácter, es otra cosa).

En el capítulo referido a la educación y formación del hijo, suelen suscitarse frecuentes conflictos entre los progenitores en relación con la calificación como ordinarios o extraordinarios de determinados gastos, como, p. e., los gastos de comedor o transporte escolar, el uniforme escolar, la matrícula, los libros y demás material escolar o los correspondientes a las actividades extraescolares. La inmensa mayoría de los juzgados de familia y Audiencias Provinciales consideran que los gastos de comedor y transporte escolar, uniforme, la matrícula o libros y demás material escolar son gastos ordinarios, no excepcionales y plenamente previsibles, que deben satisfacerse con cargo a la pensión alimenticia establecida. No parece que sea discutible el carácter extraordinario del gasto destinado costear las clases particulares de refuerzo o apoyo recibidas por el hijo para superar determinadas asignaturas. Las actividades extraescolares dan lugar a múltiples conflictos, y, por ello, debe precisarse si se conceptúan o no gastos extraordinarios, y, sobre todo, si el copago conjunto exige la previa decisión conjunta de ambos progenitores o, en su defecto, la autorización judicial, siendo lo más aconsejable establecer que tales actividades extraescolares sólo serán abonadas por ambos progenitores si previamente han sido decididos de mutuo acuerdo o, autorizadas por el juez, en caso de discrepancia.

En lo concerniente al capítulo del ocio, resultan discutibles, como gastos extraordinarios, los campamentos de verano o las estancias en el extranjero, aunque, en todo caso, la cuestión suele resolverse en función de si el gasto ha sido decidido unilateralmente por el progenitor que reclama su pago o por ambos. También es conveniente regular como gasto extraordinario a decidir por ambos progenitores los actos o celebraciones religiosos de marcado carácter social: bautizo, primera comunión, confirmación, etc. Una fórmula para regular los gastos extraordinarios de forma extensa y detallada y que recoja todos los requisitos expuestos podría ser de un tenor análogo al siguiente: "Los gastos extraordinarios que se produzcan en la vida del hijo/a/s se abonarán por ambos progenitores por mitad (o,... en una proporción del 60 por 100 el padre y el 40 por 100 restante la madre, p. e.). Tendrán la consideración de gastos extraordinarios los realizados para atender adecuadamente las necesidades de los menores relacionadas con su salud física o psíquica, su educación, formación u ocio, siempre que tengan carácter excepcional, es decir no sean habituales, ordinarios o permanentes, resulten necesarios o, al menos, convenientes para el interés o beneficio del menor y sean imprevisibles, bien por deberse a caso fortuito o fuerza mayor, bien por ser originados por un hecho futuro e incierto que se desconoce si sucederá ni cuándo.

En particular se consideran gastos extraordinarios las clases particulares de apoyo o refuerzo en los estudios y todos los gastos sanitarios necesarios no cubiertos por el Sistema Público de Salud de la Seguridad Social o cualquier otro sistema privado de previsión concertado por los progenitores, como las prótesis ópticas (gafas, lentillas o similares), prótesis dentarias (aparatos correctores como los brackets, colocación de piezas dentales nuevas), aparatos ortopédicos (plantillas, muletas, ayudadores, andadores, corsés, sillas de ruedas, etc.), los servicios o tratamientos dentales de cualquier (raspajes, curetajes, endodoncia, desvitalización, etc.), y, en general, los tratamientos, terapias de logopedia, psicología, psiquiatría e intervenciones quirúrgicas de cualquier tipo, preventivas o curativas excluidas del sistema público gratuito de la Seguridad Social. Las operaciones quirúrgicas de cirugía estética, salvo las necesarias por tratarse de cirugía estética reparadora, sólo serán abonadas por ambos progenitores si son decididas de mutuo acuerdo, o, en su defecto, autorizadas por el juez. Igualmente se considerarán gastos extraordinarios las actividades extraescolares, los campamentos de verano, estudios, viajes o estancias de ocio en el extranjero decididas por ambos progenitores de mutuo acuerdo o, en su defecto, autorizadas por el juez.

Para que sea exigible el pago de gastos extraordinarios, en la proporción correspondiente, por un progenitor al otro, deberá mediar previa consulta del progenitor que proyecte realizar el gasto al otro progenitor, y prestación por este del oportuno consentimiento o, en su defecto, autorización judicial, quedando exceptuados de este régimen de consulta previa los gastos sanitarios necesarios de carácter urgente. La consulta al progenitor no custodio, recabando su consentimiento al gasto proyectado, deberá realizarse por cualquier medio que deje constancia fehaciente de su práctica, y se entenderá tácitamente prestado si en el plazo de los 10 días naturales siguientes no se notificare en igual forma al custodio la denegación

De igual modo, si el progenitor no custodio proyectase la realización de un gasto extraordinario en el/la menor, deberá notificarlo de modo fehaciente al otro, recabando su consentimiento al gasto proyectado, que se entenderá tácitamente prestado si, en el plazo de los diez días naturales siguientes al del requerimiento, no mostrare de forma expresa, e igualmente fehaciente, su oposición.

En ningún caso tendrán la consideración de gastos extraordinarios los gastos de comedor o transporte escolar, el uniforme de uso obligatorio por los alumnos en el centro docente en que cursen sus estudios, la matrícula académica, los libros y demás material escolar. Sí tienen carácter de extraordinarios los gastos de matrícula extraordinaria por no superación de asignaturas en el examen correspondiente a la convocatoria ordinaria."

Aunque mi opinión sea contraria (por imposibilidad material de hacerlo) a establecer una lista cerrada de gastos extraordinarios, cabe plantearse, en buena lógica, qué ocurrirá cuando la resolución judicial o el convenio establezcan un listado completo de los gastos que se consideran extraordinarios y excluyan de manera expresa la posibilidad de reclamar como extraordinarios otros gastos distintos de los específicamente contemplados en la sentencia, auto o convenio. Prima facie, parece que, en tal caso, no será viable reclamar como gastos extraordinarios otros distintos de los previstos de modo expreso en el propio título ejecutivo (la resolución judicial o el convenio), ya que, por exclusión, el propio título ejecutivo define como ordinarios los gastos no contemplados de modo expreso como extraordinarios.

No procedería despachar ejecución, porque se estarían reclamando como gastos extraordinarios los que el propio título, aunque sea negativamente, define como ordinarios. Ahora bien, la cuestión no es tan sencilla, porque la nueva regla 4ª del art. 776 LEC (EDL 2000/77463) permite solicitar y obtener el despacho de ejecución para reclamar gastos extraordinarios no expresamente previstos en las medidas definitivas o provisionales, y tal norma convierte en hipótesis de dudosa legalidad la posibilidad de que el juez o las partes puedan excluir en una resolución o convenio el ejercicio futuro de la facultad concedida a las partes en una norma procesal, que, como todas, es imperativa e indisponible.

Desde la perspectiva de las partes, pactar en el convenio una lista cerrada de gastos extraordinarios y eliminar toda posibilidad de reclamar judicialmente como extraordinario cualquier otro gasto distinto de los expresamente previstos, supondría una exclusión voluntaria de la ley aplicable, que habría de considerarse nula por ser contraria al orden público procesal (ex art. 6.2 CC, EDL 1889/1). Desde la perspectiva del juez, en ningún caso puede establecerse en una resolución judicial que las partes no podrán hacer uso en el futuro de un incidente procesal previsto en una norma de la LEC (el art. 776, 4ª) porque, de hacerlo así, estaría conculcando de forma flagrante el principio de legalidad procesal (art. 1 LEC).

Obsérvese, por otro lado, que la posibilidad de reclamar gastos extraordinarios no expresamente previstos en el título ejecutivo, tiene como fundamento último, la necesidad de proteger, de forma reforzada, el beneficio e interés de los hijos en que sean satisfechos sus gastos extraordinarios por ambos progenitores, bajo la premisa de que, algunos de tales gastos, no se realizarían si hubieran de ser soportados por uno sólo de aquellos ante la imposibilidad de reclamar judicialmente al otro la parte correspondiente. Bajo este prisma, tampoco pueden los padres, en el convenio regulador, pactar, la exclusión voluntaria de la aplicabilidad de la regla 4º del art. 776, aunque sea indirectamente, estableciendo que no podrán reclamarse como extraordinarios otros gastos distintos de los expresamente contemplados como tales en el convenio, pues tal pacto sería perjudicial para los hijos (terceros respecto del pacto) y nulo conforme a las prescripciones del art. 6.2 CC. Y, finalmente, de impedirse reclamar como extraordinarios los gastos no expresamente previstos como tales en las medidas definitivas o provisionales, se obligaría al progenitor que proyecte realizar el gasto a acudir a un proceso de modificación de medidas para, bien reclamar un incremento de la pensión alimenticia ordinaria en base al previsto aumento del gasto extraordinario proyectado que no puede reclamarse como tal, bien solicitar la modificación del pronunciamiento relativo a la obligación de pago de gastos extraordinarios para que se incluya como tal el surgido con posterioridad.

Por las razones expuestas, entiendo que ni el juez ni las partes pueden establecer una lista o catálogo cerrados de gastos extraordinarios que excluya la posibilidad de reclamar judicialmente el pago de gastos extraordinarios distintos de los expresamente previstos en aquellos.

Tras la reforma de la legislación procesal por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre (EDL 2009/238889), con modificación del art. 776 LEC (EDL 2000/77463), entre otros muchos, se ha añadido en la ejecución forzosa de los pronunciamientos sobre medidas, la especialidad 4ª, cuyo tenor literal es el siguiente: "cuando deben de ser objeto de ejecución forzosa gastos extraordinarios no expresamente previstos en las medidas definitivas o provisionales, deberá solicitarse previamente el despacho de la ejecución la declaración de que la cantidad reclamada tiene la consideración de gasto extraordinario. Del escrito solicitando la declaración de gasto extraordinario se dará vista a la contraria y, en caso de oposición dentro de los cinco días siguientes, el Tribunal convocará a las partes a una vista que se sustanciará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 440 y siguientes y que resolverá mediante auto".

Con la finalidad de evitar, en la medida de lo posible, el cauce procedimental de la especialidad 4ª del art. 776 LEC, que supone facilitar la ejecución forzosa de gastos de carácter extraordinario no previstos en el título judicial de medidas definitivas o provisionales de los procesos matrimoniales, con la finalidad de obtener la declaración del órgano judicial de la naturaleza del gasto extraordinario, que luego se pretende ejecutar, es deseable que en los escritos de demanda, que den cauce a la relación jurídico-procesal matrimonial, un listado de partidas que han de quedar englobadas bajo el concepto de gastos de tal naturaleza, determinándose luego los mismos en la resolución judicial que ponga fin al proceso.

Tal enumeración de gastos extraordinarios, que reúnan carácter de necesidad, ausencia de periodicidad e imprevisibilidad, no ha de tener carácter limitativo sino meramente demostrativo, de tal manera que no constituyan un "numerus clausus."

La solución dada facilitaría la seguridad jurídica de los sujetos del proceso y evitaría el planteamiento de conflictos que la indeterminación del gasto extraordinario acarrearía a las partes.

En base a las consideraciones indicadas no debe hacerse una lista cerrada de los gastos extraordinarios, sino demostrativa de los mismos en la mayor extensión posible, sin perjuicio de que se revelen otros no enunciados que participen de los caracteres de gastos de tal naturaleza.

En cuanto a la inclusión de gastos, serán los que sean imprevisibles, necesarios y carentes de marcada periodicidad, tales como gastos médicos, farmacológicos, ortodoncias, ópticos, prótesis, plantillas, y demás, no cubiertos por la Seguridad Social o Mutua médica privada.

Obviamente, toda relación cerrada de materias en cualquier tema conlleva el riesgo de que si se abona por la idea de acudir a criterios concretos y específicos puede suponer la exclusión de todos aquellos que no estén incluidos en la lista cerrada, mientras que las listas abiertas permiten utilizar todos los criterios de inclusión. Ahora bien, esta segunda tesis es negativa para ambas partes, porque aboca a un constante ámbito de litigiosidad en la ejecución de sentencia al tener que acudir a una permanente valoración acerca de lo que es gasto extraordinario y lo que no lo es. Así, como conclusión de salida hay que llegar a fijar que el criterio debe ser el de acudir a la lista concreta y específica de cuáles son los gastos extraordinarios que puedan entenderse como tales más allá de los que componen los que se cubren con las pensiones alimenticias.

Así, la jurisprudencia mayoritaria (AAP Las Palmas de Gran Canaria de 30 de mayo de 2001 y 21 de junio de 2005, SAP Murcia de 24 de marzo de 2004), ha apuntado la conveniencia de delimitar la cobertura ordinaria de la pensión alimenticia de aquellos otros gastos, comúnmente denominados como extraordinarios, que quedan fuera, que constituyen un plus y que han de ser abonados diferenciadamente. La primera de las contribuciones cubre exclusivamente las necesidades básicas, ordinarias y normales de los hijos señaladas en el art. 142 en relación con el art. 154 CC (EDL 1889/1), esto es, todo aquello que se precisa para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción y, en definitiva, formación integral del alimentista. Sin embargo, los gastos extraordinarios integran también la obligación alimenticia pero nacen de necesidades de los hijos de naturaleza excepcional, eventuales, difícilmente previsibles y de un montante económico considerable que, por ello, no pueden incluirse en la pensión ordinaria a la vez que no pueden ser costeadas por uno solo de los progenitores sin desequilibrar en su perjuicio la equivalencia de sus respectivas contribuciones (personal y económica). Ello no significa que hayan de ser siempre imprescindibles y necesarias (silla de ruedas, elementos ortopédicos, asistencia por terceras personas en caso de enfermedad, etc.), cabe también que puedan ser accesorias (por ejemplo, operaciones quirúrgicas cubiertas por la Seguridad Social que, sin embargo, se practica en centros privados) o, simplemente, complementarias (viajes de estudios, clases particulares, etc.).

Consecuente con lo anterior, la regla general es que los gastos extraordinarios deben ser consentidos previamente a su devengo por ambos progenitores a fin de que cada uno de ellos pueda opinar sobre su conveniencia o su cuantía y, a falta de acuerdo, que sea autorizado judicialmente. Ahora bien, de lo expuesto, lo que se deduce es que si la determinación acerca de qué gastos extraordinarios podrán devengarse es conocida es preciso que se hagan constar y se apueste por una lista cerrada si las partes los conocen. No obstante, estos listados son tan amplios, y en su mayoría son sobrevenidos durante la vida, que no es posible acudir a un listado cerrado que tuviera carácter excluyente con respecto a los no incluidos en la lista.

Por ello, la mejor postura es apostar por intentar acotarlos al máximo, pero dejando una puerta abierta a otros de futura o previsible aparición, a fin de que el numerus clausus no impida que un gasto sobrevenido no pueda tener tal carácter por haber acudido al sistema de lista cerrada y excluyente.

Por ello, aunque se apueste por intentar fijar al máximo los gastos extraordinarios no cabe realizar una determinación apriorística excluyente de lo que son gastos extraordinarios y lo que no lo son, pues ni puede establecerse una lista cerrada de gastos extraordinarios ni puede perderse de vista que esta materia está regida por el casuismo derivado de las concretas y específicas circunstancias a tomar en consideración en cada caso, a la hora de determinar si un determinado gasto merece o no la consideración de gasto extraordinario, con lo que la mejor vía es la del intento de delimitarlos y asumir el pago por mitad y que la calificación de un determinado gasto como extraordinario, ex novo, si existiese entre ellos discrepancia sobre tal extremo, habrá de realizarse judicialmente en el momento en que dicho gasto surja, con audiencia de ambos, si no resultase de urgente atención, debiendo ser satisfechos los gastos extraordinarios por ambos progenitores por mitad, como también señala como solución la SAP Las Palmas de 7 de enero de 2003.

No cabe duda que una parte importante del trabajo que se desarrolla en fase de ejecución en los juzgados de Familia está dedicado a la reclamación de gastos extraordinarios.

El excesivo aumento de este tipo de reclamaciones experimentado en los últimos seis o siete años, además de crear una ingente litigiosidad que incrementa el número de asuntos de los colapsados juzgados de familia, supone para las partes asumir unos gastos litigiosos dado que en todo momento deben estar representados por procurador y asistidos por letrados a pesar de que la reclamación que se haga sea ínfima (hemos visto reclamaciones por el pago del 50% una flauta para la clase de música). Muchas de estas reclamaciones podrían haberse evitado si la resolución judicial o el convenio regulador hubiesen sido más precisos en relación con lo que se considera gasto extraordinario y el camino a seguir para recabar el consentimiento del otro progenitor. Dejando a un lado las cuestiones procesales parcialmente aclaradas en la nueva redacción del art. 776.4 LEC, EDL 2000/77463, (decimos parcialmente porque el legislador presumen que en los gastos extraordinarios previstos en las medidas adoptadas judicialmente o en convenio regulador no surgen problemas de ejecución, ignorando que en estos casos hay que concretar y justificar el gasto y comprobar si existió o no consentimiento del otro progenitor) y centrándonos en las de carácter sustantivo, contestando a la primera de las cuestiones propuestas, hay que indicar que la lista de gastos extraordinarios siempre debe quedar abierta dado que es materialmente imposible poder prever en el momento de adoptar las medidas qué necesidades de carácter extraordinario pueden tener los hijos en un futuro.

No obstante, quizás la cuestión también pueda abordarse desde otro punto de vista, es decir, podemos definir qué gastos del hijo se deben atender con la pensión alimenticia y presumir que el resto de gastos "potencialmente" pueden tener carácter extraordinario.

Con carácter previo a entrar en la confección de la lista de gastos extraordinarios, hay que precisar que, en uso del principio de autonomía de la voluntad, los progenitores podrán calificar como ordinarios o extraordinarios las partidas que consideren oportunas. Así por ejemplo, aunque para la mayoría de los juzgados y Tribunales los gastos que se ocasionan al comienzo del curso escolar no tienen el carácter de extraordinarios, nada impide que expresamente los progenitores tengan a bien considerar el gasto de libros, uniforme escolar, etc. como un gasto de carácter extraordinario diferenciándolos de las partidas que se atienden con la pensión alimenticia ordinaria. Aprobado el convenio regulador habrá que ejecutarlo en sus propios términos con independencia del criterio que el juzgado tenga en relación con ese gasto concreto.

Una segunda precisión a tener en cuenta es el criterio reiterado de algunas Audiencias Provinciales que echa por tierra las buenas intenciones de los Jueces de Familia de evitar litigios posteriores enumerando en la sentencia qué gastos tienen carácter extraordinario y cuáles no. Un ejemplo de ello es la SAP Alicante de 16 de junio de 2009 (EDJ 2009/179484): "La enumeración que realiza el Juzgado de qué gastos deben considerarse extraordinarios puede plantear muchos problemas de interpretación y ejecución, y es de observar que no todos los enumerados allí tienen tal carácter, por lo que dicha enumeración debe entenderse suprimida y a falta de acuerdo entre las partes dicha cuestión se resolverá en cada caso atendiendo a criterios generales sobre los que esta Sala se ha pronunciado reiteradamente".

Dicho esto, y entrando ya en la elaboración de una lista de gastos extraordinarios de la que siempre nos mostramos partidarios, habrá que comenzar estableciendo unas categorías, pues pueden distinguirse entre los necesarios y los convenientes e, incluso, una tercera categoría en la que se podrían incluir aquellos que son perfectamente prescindibles. En efecto, existen unos gastos extraordinarios cuya necesidad no puede discutirse.

Hay otros gastos cuya conveniencia nadie discute pero su realización dependerá, en buena medida, de las reales posibilidades económicas de los progenitores, y, finalmente, el tercer grupo en el que se pueden incluir los demás gastos extraordinarios que siendo perfectamente prescindibles, se realizarían, muy probablemente, de seguir junto el matrimonio. Nadie discute que sería deseable que los hijos pudiesen seguir con los mismos gastos extraordinarios - no sólo, por supuesto, los necesarios, sino también los convenientes e, incluso, los prescindibles -, pero también a nadie se le escapa que ello, necesariamente, va a depender, en gran manera, -aparte de la voluntad de los padres-, de los medios económicos con que cuenten los mismos, que hará que, a veces, haya que establecer un orden prioritario. En principio parece aconsejable que sólo se incluyan en la relación de gastos extraordinarios los estrictamente necesarios.

Por lo que se refiere a los gastos de asistencia médica, y partiendo del dato de que si el hijo es beneficiario de un sistema de seguridad pública o privada, habrá que acudir a él, por lo que en principio las operaciones suelen estar cubiertas, podrán incluirse los típicos gastos odontológicos del hijo, las gafas, lentillas, material ortopédico, vehículos para disminuidos, gastos de psicólogos, logopeda y audífono. En el área de la educación, tendrán la consideración de gastos extraordinarios necesarios las clases de apoyo escolar, de perfeccionamiento de una lengua extranjera y viajes de estudios.

En el nº 81 del Boletín de Derecho de Familia, correspondiente a julio de 2008, en la Sección Foro Abierto se planteaba una cuestión estrechamente relacionada con lo que en estos momentos se pregunta; se trataba de la conveniencia de "establecer en las resoluciones judiciales las partidas que han de quedar englobadas bajo el concepto de gastos extraordinarios". A la misma mi respuesta, excesivamente breve fue: "parece necesario que en el convenio se especifiquen de la forma más exacta posible (sin etcéteras) lo que se engloba entre los ´gastos extraordinarios´, y de no existir éste, se deberá pedir al juez que lo individualice en la resolución correspondiente, como modo de evitar estos conflictos e incidentes absolutamente innecesarios". Dos respuestas más fueron también claramente favorables a dicha concreción (las de Antonio Javier Pérez Martín y Francisco de Asís Serrano Castro, aunque apostillaba que debía hacerse "con carácter amplio"), mientras otras señalaban la dificultad de determinar a priori tales gastos. En relación con la primera cuestión, efectivamente, no me muestro partidario de "listas cerradas", aunque lo soy de tratar de concretar en la medida de lo posible aquellos que son considerados como tales, si bien reconozco que sobre la traducción de los mismos no hay el debido acuerdo entre los profesionales del Derecho. Dicho esto, puede señalarse que son aquellos no habituales e imprevisibles y consensuados expresa o tácitamente por los obligados a cubrirlos. Así, pueden señalarse como tales los de ortodoncia y otros médicos por determinados padecimientos que exijan tratamiento al margen de la Seguridad Social; viajes en periodos vacacionales; clases extraordinarias o actividades extraescolares, por ejemplo.

En consecuencia, es aconsejable que todos ellos figuren en la lista de tales gastos extraordinarios.

Mayores problemas plantean los del material escolar, gasto de principios de curso que engloban todos, o la mayor parte de los libros, y ello porque se trata de un gasto previsible en cuanto a que va a surgir, si bien no lo es en la cuantía, motivo por el cual entiendo que debería considerarse también extraordinario al no ser fijo. Sin embargo, la prudencia aconseja no cerrar la enumeración como consecuencia de la posibilidad de surgir otros con aquella misma dimensión, desde el momento en que el paso del tiempo crea en los hijos otras necesidades como consecuencia de lo cual también los gastos de esta índole pueden variar. Puesto que no soy partidario de fijar en lista cerrada todos los gastos posibles, la enunciación de los que deben, con carácter general, incorporarse a tal relación han de quedar esbozados en la línea del párrafo en el que se señalan los que con carácter más seguro pueden considerarse entre los extraordinarios, y puesto que se trata de evitar en la medida de lo posible incidentes, el mayor acuerdo entre los litigantes sobre ellos contribuirá a menores enfrentamientos en el procedimiento de ruptura familiar. Por último, me parece interesante señalar que la actual redacción del apartado 4 del art. 776 LEC (EDL 2000/77463) incide en la conveniencia de concretar al máximo los gastos que van a ser considerados con aquella dimensión desde el momento en que cualquier pretensión acerca de gastos que no han sido considerados originariamente como extraordinarios en las medidas obliga a un nuevo procedimiento incidental con lo que ello supone de pérdida de tiempo e incremento de otros gastos, los judiciales.

Si partimos de la definición de gasto extraordinario que viene desarrollando la Jurisprudencia, esto es, los que son imprevisibles, parece evidente que no pueden detallarse a priori y menos con carácter exhaustivo. Pero si en definitiva, lo que interesa qué gastos de los correspondientes a los hijos deben sufragarse con cargo a los alimentos y cuáles no, y con respecto a estos últimos, quién o quienes han de abonarlos y cómo debe determinarse esta obligatoriedad y proporción en su caso, la cosa es diferente.

Desde luego creo que nunca puede aspirarse a que la relación detallada sea exhaustiva, porque siempre puede plantearse un gasto totalmente imprevisible por corresponder a un concepto imprevisto, pero al menos, se puede reducir de forma importante el número de éstos y además se pueden crear formas o procedimientos para determinarlos, que faciliten la ejecución, definiendo áreas o capítulos.

Deben formular la solicitud las partes, aunque quizá el Juez en caso de que la referencia a los gastos extraordinarios sea demasiado indefinida, podría requerirles en el acto de la vista para que concretaran.

Como quiera que existen divergencias en la doctrina sobre qué gastos son ordinarios y, consiguientemente deben, salvo pacto o disposición en contrario, ser abonados con cargo a la pensión alimenticia, sería práctico que se señalara:

1º.- Que son ordinarios y con cargo a los alimentos los siguientes gastos:

a.- Manutención, vestido y calzado, gastos ordinarios del hogar, entretenimientos y distracciones, gastos de bolsillo

b.- Educativos: importe total de la factura del Colegio, incluidos los de enseñanza, comedor, transporte, asociaciones de padres y revisiones médicas y psicológicas practicadas por la entidad educadora a su iniciativa.

c.- Sanitarios: Seguro médico, vacunas y revisiones periódicas ordinarias, incluidas las oftalmológicas y dentífricas.

2º.- Que son extraordinarios y a abonar en la forma que se especificará (cómo se realizará el abono; con cargo a uno, a los dos y en este último supuesto, en qué proporción:

a.- Sanitarios: gastos no incluidos en el seguro médico, correspondiente a tratamientos y atenciones médicas y quirúrgicas; estancias en establecimientos hospitalarios y quirúrgicos, prácticas de análisis y otros instrumentos y aparatos de diagnóstico y tratamiento; prótesis y similares.

Están incluidas las gafas y lentillas, así y como la ortodoncia. También deben incluirse los medicamentos y otros consumos relacionados con la salud, como es el caso de los limpialentillas.

b.- Educativos extraordinarios: clases particulares, colectivas u optativas, de recuperación o mejora, en materias incluidas en el programa del curso escolar o en materias como idiomas, música, otras artes, y manualidades, así como la compra, cuidado o conservación de elementos necesarios para estos actos, tales como instrumentos musicales, material de dibujo o pintura, herramientas y materiales. También se incluirá el transporte que fuera necesario para las mismas.

c.- Deportivas: clases particulares o colectivas e importe de cuotas de clubs o semejantes, material deportivo: adquisición y cuidado; ropa y calzado necesario para la práctica de estas actividades. Igualmente se incluirán los gastos de transporte necesarios para su práctica, incluidos viajes y estancias.

d.- Estacionales: Importe del desplazamiento, estancia y actividades en cursos de verano, invierno, año escolar fuera de la ciudad de residencia; campamentos; internados.

3º.- Que con respecto a los gastos extraordinarios, salvo aquellos casos en que deban ser abonados sólo por uno de los progenitores, deberá procederse en la siguiente forma:

a.- El progenitor que considere que debe realizarse la actuación extraordinaria, la propondrá al otro, por escrito, de forma personal (no a través de abogado para evitar la obligación de confidencialidad y no aportación en caso de discusión) y por medio que deje prueba de su remisión y recepción (conducto notarial, burofax, fax o telegrama).

b.- Con la propuesta se acompañará detalle de la actuación, su presupuesto y fundamento de la necesidad, oportunidad o conveniencia de la actividad o dispendio.

c.- Se establecerá con carácter general en el convenio o resolución judicial o, en caso de que no estuviese establecido, se indicará en la propuesta, el plazo para responder, recordándose en todo caso en la misma.

Este plazo no será inferior a diez días naturales desde la recepción.

d.- Se establecerá con carácter general en el convenio o resolución judicial o, en caso de que no estuviese establecido, se indicará en la propuesta, recordándose en todo caso en la misma, que en caso de no responder se considerará aceptada la propuesta y la proporción y forma de abonar la cantidad correspondiente. También se establecerá con carácter general que determinada la deuda de esta forma, queda abierta la vía ejecutiva para exigir su abono.

e.- En caso de que fuera rechazada, total o parcialmente, la propuesta, en caso de no alcanzarse un acuerdo posterior sobre ella, el proponente podrá formular la solicitud al Juez competente para que determine lo que corresponda al efecto, por los trámites del art. 776. 4ª LEC (EDL 2000/77463).

4º.- En relación con los gastos por actividades extraescolares, culturales y deportivas, así como tratamientos médicos que vinieran desarrollando los menores con habitualidad antes de la ruptura de los progenitores, debería determinarse ya en la resolución judicial a instancia de cualquiera de los padres, la obligación de su abono, forma y reparto, así como su importe y actualización, en su caso, de modo cuántico o por referencia al precio en el mercado.

5º.- Finalmente, sería preciso hacer mención de aquellos gastos que correspondan a conceptos imprevisibles y urgentes, en que no puede darse a su determinación el trámite antes señalado. Tal es el caso de todos los urgentes que sean consecuencia de un accidente o de un incidente súbito, incluidos los producidos por fenómenos naturales – fuego, inundación, terremoto, tormenta, huracán, etc.

Con respecto a ellos, debe señalarse que el no seguimiento del procedimiento para la determinación de la obligación del pago del gasto extraordinario no prejuzgará su procedencia o no, debiendo notificarse a posteriori, siendo los siguientes plazos inferiores en un cincuenta por ciento a los ordinarios.

Uno de nuestros colaboradores se desmarca al considerar que existen una serie de gastos que pueden reclamarse como extraordinarios, atendiendo a una serie de atributos, añadiendo que la resolución judicial que recaiga en el correspondiente procedimiento deberá identificar todas esas características.

Considera que existen numerosos gastos complementarios que aparecen en el proceso de sociabilización de los hijos, los cuales cobran relevancia cuando la progenie es adolescente.

En estos casos, dichos gastos no pueden reclamarse como "extraordinarios", sino que, una vez cuantificados, se pueden exigir de la misma forma que la pensión de alimentos ordinaria.


Entiendo que los únicos gastos extraordinarios que se pueden reclamar son:

- Los que tengan un carácter excepcional, se salgan de lo común, corriente y cotidiano que se cubre con la pensión alimenticia ordinaria y periódica.

- Los que no sean periódicos y previsibles en el momento de su fijación.

- Que sean necesarios para los intereses del alimentista, y no obedezcan a meros caprichos y arbitrariedades de quien los intenta imponer.

- Que esos gastos sean acomodados a las circunstancias económicas, recursos y capacidad de ambos progenitores a los que incumbe la cobertura de las necesidades alimenticias de los hijos.

- Que previamente se haya consensuado y consentido expresamente su desembolso, como consecuencia de las facultades conjuntas que ostentan ambos progenitores como titulares de la patria potestad de hijos menores, o en caso de hijos mayores puesto que no se puede obligar al pago no consentido, y asumido unilateralmente por quien efectúa el desembolso, a quien además no sería deudor, no solo por ignorar el pago sino por ignorar la propia existencia de la deuda.

En las sentencias se ha de proceder a identificar esas características, sin mayor concreción que sería contraria a la propia naturaleza excepcional y no previsible de los gastos extraordinarios, a los efectos de evitar discrepancias y facilitar su determinación a través del nuevo incidente, que se desarrollará por los trámites del juicio verbal, introducido en el art. 776 LEC (EDL 2000/77463), por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre (EDL 2009/238889).

Ahora bien, existen numerosos gastos complementarios que surgen especialmente como consecuencia del proceso de socialización y de formación de los hijos, y que tienen una periodicidad que en principio, podría excluirles del concepto de gasto extraordinario, y que, sin embargo, se pueden expresamente reflejar en Convenio Regulador o Sentencia contenciosa, equiparándolos a la categoría de gastos ordinarios. Estos gastos, aunque no suelen ser relevantes en menores de corta edad, pueden resultar cuantiosos en adolescentes. A modo de ejemplo, baste citar los gastos de viajes, cursos de idiomas, clases particulares, cursos y actividades extraescolares, deportes, etc. En tal caso, esos gastos no se podrán reclamar como extraordinarios, sino una vez cuantificados, poder ser exigidos, en caso de impago por el progenitor obligado a su abono, de la misma manera que la pensión alimenticia mensual ordinaria.

En tal sentido, me pronuncio en la reciente sentencia de fecha de 1 de septiembre de 2010: "Ese importe de pensión alimenticia ordinaria se ha de poner en relación por la obligación que seguidamente se impone al padre de contribuir a todos los gastos que genere la educación de los hijos, englobando en ello los derivados de matrícula, clases extraescolares, material escolar, excursiones y todo lo que tenga relación con la formación académica de los hijos.

Es decir, se han equiparado, como gastos de carácter ordinario a cargo del progenitor no custodio, aquellos que, de no especificarse, tendrían el concepto de gastos ordinarios que correrían a cargo del custodio de los hijos.

Resulta especialmente relevante esa contribución adicional, si se toma en consideración que los niños van a colegios privados."

Aprobado por mayoría de 8 votos

La mayoría de nuestros colaboradores parte de que la elaboración de una lista cerrada de gastos extraordinarios plantea serios inconvenientes, dado el carácter precisamente imprevisible de los mismos. En orden a ello, la lista debería quedar abierta, y más cuando la reforma del art. 776 CC ha venido a arbitrar un trámite procesal específico en orden a la determinación procedente en vía de ejecución de sentencia.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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