El Derecho

Régimen de visitas

¿Resultaría jurídicamente correcto decretar la suspensión del régimen de visitas cuando los menores con alto grado de discernimiento rechazasen la figura del progenitor no custodio?

Coordinador: José María Prieto Fernández-Layos

Magistrado del Juzgado de Primera Instancia núm. 22, de Familia, de Madrid

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Una de las cuestiones más problemáticas que se plantea en la práctica del Derecho de Familia viene constituida por el establecimiento o el cumplimiento, una vez fijado, del régimen de visitas del progenitor no custodio con hijos menores de edad, pero con suficiente madurez, que no desean relacionarse con aquél por motivos diversos. Ante dicha reticencia, tanto el abogado en el momento de redactar sus escritos como el juez al dictar sus resoluciones se cuestionan en mayor o menor medida la propia viabilidad de las visitas optando por diversas soluciones jurídicas.

No cabe duda que, sin existir causa grave alguna, tales soluciones pasan habitualmente por salvar en orden a lo posible la relación parental en el terreno judicial, pero también es cierto que cada vez con más asiduidad los agentes jurídicos eligen la vía de la suspensión del régimen de visitas como forma de evitar un serio perjuicio al hijo. Nos encontramos ante menores que generalmente por su edad -quizá entre los 14 y 17 años- ostentan un alto grado de discernimiento y criterio propio en virtud del que rechazan la figura del progenitor no custodio sin que exista una causa jurídicamente determinante al efecto, pero que ellos sienten subjetivamente como justificada, pudiendo acarrearles serias secuelas el hecho de ser obligados a mantener una relación que detestan.

¿Resulta jurídicamente correcto decretar la suspensión del régimen de visitas en estos casos o debe establecerse siempre uno, o ejecutarse el establecido, aunque sea con las adaptaciones correspondientes?

Aprobado por mayoría de 6 votos

La mayoría de nuestros colaboradores ha resuelto la cuestión recurriendo a la respuesta positiva, no exenta de las correspondientes matizaciones. Se argumenta, entre otras razones,  que el Ordenamiento Jurídico refleja progresivamente una concepción del menor como un sujeto activo, participativo, con capacidad de modificar su propio medio personal y social, se recuerda que a los menores se les reconoce capacidad para realizar actos de trascendencia. Se invoca, asimismo, que es mejor, en muchos casos, no forzar la situación, todo ello ponderando los distintos factores que necesariamente el juez debe de tener en cuenta.

Agotadas las posibles pruebas a realizar, se dice, y prescindiendo de lo estrictamente jurídico se considera que la suspensión es conveniente.

El supuesto planteado parece partir de la base de la falta de concurrencia de causa jurídicamente determinante, en la persona del progenitor no custodio, que justifique la improcedencia de establecer un concreto régimen de visitas o, en su caso, de suspender el mismo por causas imputables a dicho progenitor no custodio, o de adecuarlo a las concretas circunstancias personales y materiales de este último, en ejecución de sentencia o un posterior procedimiento de modificación de efectos, si se alteraron aquellas que afectaban a dicho progenitor al momento en el que se dictó la sentencia en la que se estableció un concreto régimen de visitas, circunstancias que han podido verse superadas o modificadas, aun por causas ajenas a la voluntad de dicho progenitor no custodio, lo que determinaría, ciertamente, la adaptación de dichas visitas para con los hijos a dicha nueva situación, a fin de hacer efectivas y viables tales comunicaciones en beneficio e interés de los menores, en situación de compatibilidad con las nuevas circunstancias afectantes al progenitor no custodio, lo que podría implicar, obviamente, la suspensión de las mismas en aquellos supuestos en los que, por causas objetivas o subjetivas, resulta imposible el cumplimiento de dichas comunicaciones.

Dicho lo que antecede, y como quiera que la pregunta se centra en determinar si es posible o no tal suspensión de las visitas, o su modificación, cuando el menor adolescente muestra su firme voluntad de rechazar la figura del progenitor no custodio, y por ende, de aceptar cualquier comunicación o visitas con este último; ni que decir tiene que, a salvo de la regla general contenida en el art. 94 CC (EDL 1889/1), y teniendo en consideración siempre el superior interés a proteger, afectante al hijo menor, conforme al art. 39 CE (EDL 1978/3879), conviene recordar que el art. 9 de la Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (EDL 1996/13744), establece que el menor tiene derecho a ser oído, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo judicial en que esté directamente implicado, y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social.

En este sentido, el nuevo Ordenamiento Jurídico refleja progresivamente una concepción de las personas menores de edad como sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad de modificar su propio medio personal y social, de participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los demás, de manera que la mejor forma de garantizar social y jurídicamente la protección a la familia, y al menor, es promover su autonomía como sujetos.

Por ello, antes de adoptar cualquier decisión al respecto, sería conveniente la audiencia en sede judicial de dicho menor, que ya ostenta un alto grado de discernimiento y criterio propio, en orden a la averiguación de las causas o circunstancias que generan el rechazo al progenitor no custodio, o cualquier tipo de comunicación o visitas, con pernoctas o sin ellas, sin descartar la posibilidad de indagar y averiguar sobre su situación psicosocial, en el seno del grupo familiar en el que actualmente se desarrolla su vida, instando la intervención del equipo psicosocial correspondiente, del centro de atención a la infancia, o de los puntos de encuentro, etc., sin excluir la posibilidad de practicar la diligencia de audiencia de ambos progenitores, conjuntamente o por separado.

Agotada cualquier vía de investigación a fin de averiguar la razón por la que el citado menor mantiene la voluntad renuente de comunicar y visitar al progenitor no custodio, deberá adoptarse una solución acorde al propio interés y beneficio de dicho hijo, tanto en la sentencia que ponga fin al proceso, como en fase de ejecución o, en su caso, en el oportuno proceso de modificación, resultando viable cualquier solución que no constituya un trauma en el desarrollo integral de dicho adolescente, de manera que una solución práctica, comúnmente admitida por los Tribunales, tanto en la sentencia que pone fin al procedimiento como en fase de ejecución de sentencia, es dejar dichas comunicaciones al libre acuerdo entre el progenitor custodio y dicho hijo menor, sin necesidad de establecer un concreto régimen de comunicaciones, ni de ejecutar necesariamente aquel sistema de comunicaciones fijado en su día en la resolución judicial, si se demuestra que la forzosa ejecución en este aspecto es inviable, por nociva, traumática o perjudicial para el menor ya adolescente.


La cuestión que se nos formula en el presente foro abierto alude a la problemática que se suscita, en fase de ejecución, cuando, una vez fijado un concreto régimen de visitas, comunicaciones y estancias del menor con el progenitor no custodio, tal régimen no se puede llevar a efecto por la negativa a su cumplimiento por parte del propio menor, si éste, por razón de su edad y madurez, posee un alto grado de discernimiento y manifiesta de manera expresa y rotunda su deseo de no relacionarse con tal progenitor, mostrando bien un rechazo frontal y abierto a comunicar con él, bien desinterés, desgana o simple ausencia de motivación alguna para encontrarse y establecer contacto con dicho progenitor.

El abanico de soluciones jurídicas ante estas situaciones depende, como es natural, de las concretas circunstancias concurrentes en cada caso, en especial de los motivos por los que el menor muestra rechazo y aversión o desinterés en el establecimiento y mantenimiento de contactos con el progenitor no custodio, y comprende una variada gama de medidas que van desde la suspensión del régimen de visitas, comunicaciones y estancias, que, a buen seguro, pedirá el progenitor custodio, al amparo de lo prevenido en el art. 94 CC (EDL 1889/1), hasta la ejecución forzosa, en sus propios términos, del régimen de comunicaciones y estancias preestablecido, que probablemente demandará el progenitor no custodio, pasando por diversas soluciones intermedias tales como la reanudación de los contactos a través de un régimen de visitas progresivo, el reinicio progresivo de comunicaciones y estancias a través de un régimen restringido implementado a través de un programa de ayuda impartido por profesionales de los recursos sociales existentes tendente a recomponer las relaciones rotas; a mejorar las relaciones del menor con el progenitor rechazado o a enseñar a éste técnicas o habilidades para interrelacionarse adecuadamente con el menor mediante la aplicación de terapias o tratamientos impartidos por los recursos sociales existentes (derivación al Centro de Atención a la Infancia; derivación al Centro de Ayuda a la Familia; derivación a la Unidad de Orientación a la Familia), o, supeditar la reanudación del régimen de estancias establecido a la buena evolución de la terapia o tratamiento instaurados para la mejora de relaciones parento-filiales.

Naturalmente, la solución a adoptar en cada caso dependerá, fundamentalmente, de las causas o motivos por los que el menor muestre rechazo a relacionarse con el progenitor no custodio.

Esas causas o motivos, por su origen, pueden estar relacionados con el comportamiento del progenitor no custodio, con la actitud del custodio o con las propias convicciones y vivencias del menor, todos ellos anteriores o posteriores a la ruptura de la familia.

En la mayor parte de las ocasiones, lo que provoca en los menores rechazo o aversión hacia la figura del no custodio es la observancia por éste de conductas inadecuadas e inapropiadas con el menor cuando lo tiene en su compañía (trato humillante; rigidez e inflexibilidad; severidad y/o disciplina excesivos; falta de habilidades básicas para interaccionar con los menores; inadaptación e insensibilidad a las necesidades y deseos del menor; existencia de patrones educativos muy autoritarios; nivel de exigencia excesiva al menor en el ámbito académico, en el del cuidado personal o en la colaboración en las tareas domésticas; constante desvalorización de la figura del custodio, etc.); o haber presenciado o vivenciado hechos o episodios de violencia de género de los que ha sido víctima la madre custodia por parte del padre no custodio, o inclusive, haber sido objeto ellos mismos de actos de violencia doméstica en el ámbito familiar a manos del progenitor no custodio o, en el peor de los casos, haber sido vejados y abusados sexualmente por el no custodio durante la normal convivencia de la familia sin haber denunciado los hechos.

En otras ocasiones, también numerosas, el menor muestra oposición y resistencia a relacionarse con el progenitor no custodio y rehúye su compañía en base a sus convicciones personales, elaboradas a partir de las experiencias propias o al conocimiento de circunstancias objetivas del no custodio que provocan desafección o distanciamiento; así, el menor puede rechazar a éste porque la relación parento-filial no le resulta gratificante por motivos diversos (graves diferencias de carácter y personalidad, posturas irreconciliables sobre el uso del tiempo de ocio, resentimientos del hijo hacia el padre por hechos pasados que le resultaron especialmente dolorosos) o porque repudia y se avergüenza de determinados actos o circunstancias del progenitor no custodio anteriores o posteriores a la ruptura (estancia prolongada del padre en prisión; múltiples detenciones policiales; comisión de determinados delitos; reiterada participación del mismo en altercados o desórdenes públicos; pertenencia a organizaciones políticas extremistas ilegales, etc.), o, más simplemente, porque el menor, inmerso en un conflicto de lealtades, se identifica y ha y tomado partido, en las disputas de sus progenitores, por la posición del progenitor custodio.

Se dan casos en que el menor es objeto de una indebida inmersión e implicación por parte de ambos progenitores en el conflicto de los adultos y como consecuencia de ello es victima a veces de un conflicto de lealtades de forma que su rechazo a ir con el no custodio obedece a motivaciones internas como el deseo de agradar al custodio y no contrariarlo mostrando alegría o júbilo ante la eventualidad de la visita del otro. Para el menor resulta enojoso verse obligado a explicar al custodio todas y cada una de las cosas que ha hecho con el no custodio durante las estancias, porque, si admite haberlo pasado bien y disfrutado con él, puede provocar el ‘enfado’ indirecto del custodio, molesto porque su hijo se ha sentido más a gusto con el otro que con él mismo.

Para evitar esos molestos interrogatorios al regreso de las visitas es mejor no ir con el no custodio. En otros casos el menor elabora sus propias convicciones a partir de las experiencias vividas y desvaloriza y considera inadmisibles determinados comportamientos objetivos del no custodio, como no pagar la pensión alimenticia, haberse desentendido de la vida e incidencias del hijo durante un largo periodo de tiempo; haber incumplido el progenitor no custodio el régimen de visitas sin justificación, etc.

Finalmente, en supuestos excepcionales, el rechazo del menor hacia la figura del progenitor no custodio, y la consiguiente negativa a tener relación alguna con él, cuando no está basado en causa objetiva alguna que lo justifique, puede haber sido inducido por el progenitor custodio mediante un proceso de manipulación o captación de la voluntad del menor dirigido a desfigurar y desacreditar la figura del no custodio sobre la base de hechos inciertos que terminan por crear en el menor aversión, rencor u odio hacia aquel.

Ese proceso de manipulación del menor por parte del progenitor custodio para predisponerle frente al no custodio normalmente va acompañado de conductas objetivas del progenitor con quien el menor vive habitualmente tendentes a obstruir el normal desarrollo del régimen de visitas y/o procurar el distanciamiento emocional y afectivo del menor del otro progenitor. La existencia de estos procesos de manipulación de la voluntad del menor, ciertamente excepcionales, ha dado lugar a una agria polémica entre los partidarios y los detractores del denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP), creado en 1985 por Richard Gardner, y calificado de acientífico al no estar reconocido por la OMS en el CIE ni por la Asociación Nacional Americana de Psiquiatría en el DSM-IV. Desde el punto de vista del juez, alegado el rechazo del menor a la figura del progenitor no custodio, éste ha de partir de la premisa de que tal rechazo, manifestado tras la ruptura familiar, puede tener su origen en multitud de causas, unas previas y otras posteriores a la ruptura. Como señala la conclusión núm. 25 alcanzada en el Curso sobre Formación Continua de Jueces y Magistrados sobre Valoración del Daño corporal en las Víctimas de Violencia de Género celebrado en Madrid en septiembre de 2007 “La conducta de rechazo de los menores al padre tras una separación puede deberse a diferentes causas, alguna de ellas nacida tras la propia ruptura, mientras que otras pueden deberse a factores previos a la quiebra de las relaciones afectivas que abocan a la separación. Identificar todas estas circunstancias como SAP, es partir de una concepción estereotipada de base cultural en los roles de hombres y mujeres y conlleva cargar de intencionalidad y acción supuestas conductas de la madre para enfrentar a sus hijos e hijas al padre, que sólo se identifican por una sintomatología que, como hemos apuntado, habitualmente no se debe a estas conductas maternas”.

Naturalmente, alegada la oposición o rechazo del menor a comunicarse con el progenitor no custodio, el juez debe examinar, en primer lugar, partiendo de todo el material probatorio existente (informes del PEF, de los Servicios Sociales, pruebas periciales psiquiátricas o psicológicas, informes escolares, interrogatorio de las partes, declaraciones de los testigos y exploración del menor), si tal negativa o rechazo tiene su fundamento en hechos o circunstancias objetivos verificables, sean anteriores o posteriores a la ruptura. Sólo en caso de comprobarse que no concurre ningún hecho o circunstancia objetiva que justifique el rechazo al progenitor no custodio será procedente indagar si el menor ha sido objeto de un proceso de manipulación o inducción por parte del progenitor custodio para alejarle y apartarle gradualmente del no custodio.

Conocida la causa o motivo del rechazo, la decisión judicial a adoptar debe tomarse ponderando diversos factores. En primer lugar, con carácter general, ha de mantenerse el necesario equilibrio entre dos intereses que pueden entrar en conflicto.

Por una parte, ha de tenerse en consideración que, desde una perspectiva puramente teórica, se presenta como un hecho beneficioso para el menor, al menos en el terreno de lo general y abstracto, el la creación, restablecimiento o mantenimiento de contactos del menor con el progenitor no custodio como forma de crear, constituir o preservar un vínculo afectivo y una relación parento-filial sólida, como modo de garantizar y hacer efectivo el derecho del menor a vivir, crecer y desarrollarse contando con la presencia de sus dos progenitores, materializado en diversos preceptos de la Convención de Derechos del Niño, EDL 1989/16179, (concretamente en los arts. 9.3, 7.1 y 8.1, que reconocen al niño que esté separado de uno de sus padres derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño, así como el derecho del niño a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos y a preservar su identidad, incluidas sus relaciones familiares. El respeto a estos derechos del menor aconseja salvar la relación parento-filial siempre que ello sea posible y no perjudique el interés del menor.

Pero, de otra parte, la protección del interés del menor exige preservar su estabilidad emocional y, en definitiva, su salud psíquica, que podría resultar gravemente afectada, y originar secuelas de carácter psicológico en el menor, si se le imponen contactos no deseados por él con una persona que detesta.

La imposición coactiva de contactos no deseados, además de ser de muy difícil, por no decir imposible, ejecución forzosa cuando el menor ha superado cierta edad (entre los 12 y los 14-15 años, según los casos) resulta contraproducente desde la perspectiva de la mejora de relaciones con el progenitor no custodio porque no sirve más que para acrecentar en el menor el rencor o el odio que siente hacia aquél, o para mutar en aversión lo que antes era sólo indiferencia, al percibirle como el culpable del establecimiento de unos contactos que él no desea.

Bajo esta perspectiva, a partir de los 13, 14, 15 años, el respeto a la propia dignidad del menor exige no imponerle contactos indeseados con el progenitor no custodio.

El segundo factor a tener en cuenta ha de ser, necesariamente, el concreto motivo o causa por el que el menor adopta una actitud de rechazo hacia el progenitor custodio. Si el rechazo viene motivado por un miedo o angustia razonable del menor hacia un padre violento, bien por haber vivenciado episodios de violencia física o psíquica hacia la madre, bien por haber sufrido maltrato infantil a manos de aquel, bien por haber sido víctima de abusos sexuales a manos del mismo, la negativa de los menores a ir con el progenitor no custodio estaría plenamente justificada, bien por el natural deseo del menor de alejarse y apartarse definitivamente del progenitor causante de la violencia de género o doméstica en el ámbito familiar, o de los abusos. En estos casos, parece que la suspensión del régimen de visitas es la medida más acorde con la situación. Si el rechazo que suscita en el menor el progenitor no custodio viene provocado por comportamientos que aquél considera lesivos para su dignidad, inaceptables o que provocan su inestabilidad o malestar psíquico, en el conflicto de intereses antes expuesto, debe primar la protección de la estabilidad emocional del menor, dando lugar también a la suspensión del régimen de visitas, si bien en estos casos, en función de las causas concretas de la desafección parento-filial será posible buscar fórmulas tendentes a corregir las causas del alejamiento afectivo entre el progenitor no custodio y el menor con el objetivo último de que puedan reanudarse los contactos, en línea con lo antes apuntado sobre la intervención de los diversos recursos sociales existentes. A veces el menor puede haber interiorizado ciertos resentimientos hacia el progenitor no custodio basados en malentendidos, mentiras o falta de comunicación entre ambos que pueden superarse con una intervención de los profesionales de los recursos sociales existentes.

El último factor que debe tener en cuenta el juez para decidir sobre la suspensión del régimen de estancias o su restablecimiento a través de un régimen progresivo debe ser, necesariamente, el estado por el que atraviesan las relaciones parento-filiales entre el menor y el progenitor no custodio, para determinar si, en función del deterioro de dicha relación, es posible, desde una perspectiva psicológica, que el menor y su progenitor no custodio recuperen el vínculo afectivo y unas relaciones filiales normalizadas tras permanecer las mismas interrumpidas durante un tiempo.

A tal fin deberá comprobarse si existe un vínculo afectivo sólido entre ambos que pueda recuperarse o si el mismo se ha perdido; si el vínculo se ha debilitado por una ausencia prolongada del progenitor o por motivos de otra índole, o si ha existido un largo periodo de interrupción de los contactos por causas ajenas a la voluntad del menor.

Cuanto mayor haya sido el periodo de interrupción de las relaciones parento-filiales y mayor la edad del menor, más grande será la dificultad para lograr la reanudación y normalización de relaciones entre el menor y su progenitor, y más necesario será establecer que el eventual restablecimiento de los contactos, sea tutelado y supervisado, pues el progenitor puede haberse convertido en un desconocido para el menor.

Cuando la falta de contacto es prolongada y es imputable a la desidia del progenitor no custodio, si es el niño quien se niega a admitir un régimen de visitas normalizado, esa negativa habrá de considerarse fundada.

El Auto de AP Málaga, Sec. 6ª, de 16 de febrero de 2006, nº 38/2006, rec. 68/2006, ponente Soledad Jurado Rodríguez, deniega al padre el despacho de ejecución interesado para comunicar con su hijo de 10 años, al que no veía desde los 3, en base a que tal pretensión no consiste en mantener la relación con su hijo, sino en reiniciarla, y el modo en que se produce esa reanudación ha de supeditarse al interés del menor, pues, en otro caso “…quedaría el equilibrio emocional del niño a expensas de los vaivenes afectivos de su padre”.


Es relativamente frecuente, en el seno de los procesos matrimoniales de nulidad, separación y divorcio o en la fase de ejecución de sentencia, el hecho de que menores que han alcanzado edades comprendidas entre los 14 a 17 años, rechazan la figura del progenitor no custodio por diversos motivos, que han de ser indagados por el órgano judicial mediante la exploración de los mismos.

Las causas que suelen presentarse en tales procesos matrimoniales o en la ejecución de las sentencias son diversas.

En determinadas ocasiones los menores culpabilizan al progenitor no custodio, por el cese de la convivencia marital, posicionándose al lado del cónyuge que ostenta la guarda y custodia. Otras veces se manifiesta una influencia decisiva del progenitor que tiene en su compañía al menor para desdibujar o desmerecer la figura del otro, alejándola de sus hijos, de tal forma que puede llegar a producir síntomas de la denominada alienación parental, que requerirá de terapia psicológica.

En tales supuestos, es evidente, que dada la edad de los menores, ya próxima a la mayoría de edad, y en consecuencia con suficiente grado de madurez y del desarrollo de su personalidad, resulta inviable, si se quiere tutelar los intereses de los mismos, la imposición imperativa de un régimen de visitas, comunicaciones y visitas entre el menor y el progenitor no custodio, o adoptar medidas de carácter coercitivo como el uso de la fuerza pública para el cumplimiento del régimen de visitas que hubiere podido constituirse.

El principio del favor filii ha de presidir la adopción de las medidas afectantes a menores de edad, con preferencia a los intereses de los padres, lo que determina, a tenor de las prescripciones del art. 94 CC (EDL 1889/1), si concurren situaciones de riesgo, peligro o de perjuicio de los intereses de los menores, de indudable trascendencia, que pueda suspenderse todo régimen de visitas, ante el rechazo del menor de la figura del progenitor custodio, bien sea al tiempo del dictado de las medidas provisionales, en la sentencia del proceso principal, o incluso en cualquier fase del procedimiento, incluso en el de ejecución de sentencia, por el cauce de las medidas cautelares del art.  158 CC.

La decisión suspensiva del régimen de visitas, en tales circunstancias de animadversión de los menores hacia la persona del progenitor no custodio, ha de estar acompañada de la adopción de determinadas medidas, cual es la de someter al menor a tratamiento terapéutico a los efectos de intentar solventar las causas o motivos de tal incidencia, recabando el órgano judicial el informe de especialistas, y adoptando después, a tenor de la evolución de la terapia, en la que es aconsejable que se involucren también ambos progenitores, y tras la audiencia de nuevo del menor, la decisión que se considere pertinente a sus intereses, la cual puede ser de alzamiento de la suspensión del régimen de visitas o el mantenimiento de la misma si persisten las causas que la motivaron.


Cuando hablamos de los derechos del niño, estamos pensando en pequeñas criaturas, inocentes, desvalidas, sin maldad… pero nadie piensa en un chico que mide un metro ochenta y que a partir de los 15 años toma personalmente muchas decisiones.

Pero como para el CC (EDL 1889/1) son niños todos aquellos que no han alcanzado los 18 años, con demasiada frecuencia nos tenemos que enfrentar a problemas de custodia o de régimen de visitas de hijos que están próximos a dejar la tutela paterna pero que siguen necesitando los medios económicos suficientes para llevar el tren de vida (exención de obligaciones domésticas incluidas) al que sus padres le han acostumbrado.

Muchos tribunales, con buen criterio ya no adoptan medidas en relación con estos hijos porque saben de antemano que su ejecución va a resultar casi imposible ¿Cómo puede obligarse a un hijo de 16 años a convivir con un progenitor al que no quieren ver?

Podrá decirse que hay que trabajar a nivel psicológico con el padre y con el menor para recuperar la relación paterno-filial y que a través de la intervención de profesionales hay que acercar las posturas, pero en la mayoría de casos eso se queda sólo en el papel, porque el niño pasa del padre, del psicólogo, del Fiscal y del propio Juez. Ésta es la situación a la que nos ha llevado la sociedad actual donde sin ninguna impunidad miles de jóvenes menores de edad practican los fines de semana el celebrado “botellón” mientras muchos padres ilusoriamente hacen innumerables planes para ese fin de semana que luego quedan en el olvido.

El problema es que aún vemos resoluciones judiciales que fijan un régimen de visitas respecto a estos menores y despachan ejecución cuando las visitas se frustran, dando paso a complicados incidentes de ejecución.

Desde luego, estamos con los padres que quieren que la relación con su hijo no se limite a la función de “pagador”, pero somos conscientes de que en la actualidad pocos recursos tienen los padres, los juzgados y los equipos técnicos para resolver estas situaciones cuando a los niños les da igual lo que digan sus padres o haya resuelto el Juez. Lógicamente cuando los padres no mantienen ninguna relación entre ellos y se odian desesperadamente la situación es mucho más complicada, porque los niños saben el poder que tienen, pues en muchos casos pueden incluso decidir quien tendrá el uso de la vivienda familiar.

La Secc. 24.ª de la AP de Madrid, dictó un auto con fecha 15 de febrero de 2007 (EDJ 2007/53262) acordando la emancipación de una hija de 16 años cuyos padres estaban divorciados. La situación que se había planteado era la siguiente: aunque la madre ostentaba la custodia por una sentencia firme, la hija se trasladó a vivir con el padre, resultando inútiles todos los intentos encaminados al reintegro de la hija con la madre, y dada su edad, era imposible exigir el cumplimiento de la sentencia en contra de su voluntad. La emancipación fue solicitada por la propia hija señalando la citada resolución que: “En el supuesto que nos ocupa concurren todos los presupuestos exigidos por este precepto (art. 320 del CC): la emancipación judicial la ha solicitado la hija mayor de 16 años, se ha oído a los padres y éstos viven separados (están divorciados). Por ello y aun cuando la madre se opone a la emancipación porque ella alega que la hija padece el síndrome de alineación parental y que no es libre en su voluntad ni en su elección para tomar esta decisión y que está siendo manipulada por su padre, no obstante la Sala, en consonancia con los argumentos vertidos por el juez a quo que comparte, considera que no hay razón para denegarla. A pesar de que se dictó sentencia de separación que atribuyó la guarda y custodia de la hija a la madre, no obstante doña Fátima, Eva y don Gonzalo continuaron viviendo en el domicilio familiar hasta que el padre se marcha en el año 2003 y la hija Eva decide acompañarlo y el 20 de enero de 2003 compareció en el Juzgado para anunciarlo y desde entonces está y vive con su padre, y ello a pesar de que primero la sentencia de separación y luego la de divorcio mantuvieron la atribución de guarda y custodia de la menor con su madre, e incluso ésta intentó la ejecución de la sentencia de divorcio con el fin de ordenar el reintegro de la hija con su madre, pero se ordenó su suspensión por auto de 20 de abril de 2005 dictado por el Juzgado y confirmado por auto de esta Sala de fecha 5 de julio de 2006, pues el deseo legal y loable de la madre chocaba frontalmente y con violencia con el rechazo de la hija, que por entonces tenía 16 años y era imposible exigir el cumplimiento de la sentencia contra su voluntad.

Por ello, si aun ostentando la madre la guarda y custodia de Eva por una sentencia firme a pesar de ello no ha conseguido reintegrar a la hija en su entorno, si el problema de rechazo de Eva hacia su madre ha ido in crescendo, si todos los intentos realizados para lograr el acercamiento madre-hija han fracasado, si en Eva no se ha apreciado existencia de psicopatología, todo encamina a conceder la emancipación de Eva”.

¿Será ésta la solución al problema que estamos planteando o por el contrario habrá que insistir en la ejecución de las medidas que se contienen en la sentencia?

Desde luego, lo que no nos parece razonable, aunque se ajuste perfectamente a los pronunciamientos de la sentencia son resoluciones dictadas en  fase de ejecución que tienen el siguiente contenido: “Su Señoría acuerda: Desestimar la demanda de oposición a la ejecución interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. Manuel, en representación de la ejecutada. Dª Maribel, mandando seguir la ejecución despachada por Auto de fecha 24 de noviembre de dos mil cinco. Apercibiendo a Dª Maribel que debe cumplir exacta y fielmente el régimen de visitas establecido en la Sentencia de divorcio de fecha 23 de octubre de dos mil tres aprobando el convenio regulador de fecha cinco de junio de 2003 con respecto del hijo menor, so pena de imponerle multas coercitivas, incluso dar lugar a la modificación del régimen de guarda y custodia del menor, según lo establecido en el artículo 776 de la LEC en cuanto al cumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del régimen devisitas, tanto por parte del progenitor guardador como del no guardador. Imponiendo las costas de la oposición a la parte ejecutada."

El niño tenía 17 años y no quería ver al padre ni en pintura. Todos sabemos que continuar por ese camino sólo traerá más enfrentamientos entre los padres y que el hijo incrementará el odio que siente hacia su padre.

Aunque no hay una solución unitaria para todos estos casos, las vías de solución pueden ir encaminadas hacia la emancipación; la suspensión del régimen de visitas; su adaptación a la edad del menor (pueden suprimirse en su caso pernoctas); y desde luego, si la relación paterno-filial es nula, paralelamente a la actividad judicial sería bueno iniciar programas de mediación familiar.

Me parece que la cuestión que se plantea debe tener una respuesta que no sea estrictamente jurídica.

El motivo de esta primera afirmación es que con la ley en la mano, el único precepto que prevé la suspensión del régimen de visitas es el art. 94, párrafo 1 CC (EDL 1889/1), cuando señala que el derecho de visitas, comunicación y el tener el cónyuge no custodio a los hijos cuya guarda se ha confiado al otro, será determinado el Juez, que sólo podrá limitar o suspender tal derecho “si se dieran graves circunstancias”. Puesto que la pregunta parte de la base de que no exista una causa jurídicamente determinante al efecto, la única circunstancia que puede explicar el problema es que la voluntad del menor con suficiente juicio es contraria a que el régimen de visitas o comunicaciones se mantenga.

Situadas así las cosas, la experiencia de asuntos de esta naturaleza en la segunda instancia (no puedo hablar de la primera porque ya me resulta muy lejana y sin embargo tal vez el contacto directo del problema, inexistente en este segundo escalón en el que sólo el papel del recurso es el que vemos quienes tenemos que decidir, permita enfocar la cuestión con otra perspectiva) nos aconseja prescindir de tecnicismos (aunque no haya muchos en esta cuestión), y también de generalizaciones, es decir tratar de resolver la cuestión con criterios válidos para cualquier supuesto. Quiero decir que me parece que debe tocarse el asunto concreto que se plantea, considerando desde la edad del hijo, al sexo, pasando por quién es el no custodio (el padre o la madre, circunstancia ésta dirigida a la toma en consideración también del sexo de quien tiene el derecho de comunicación, etcétera). Me refiero a que no me atrevo a generalizar ni siquiera para dar esta respuesta.

Una vez situados en esta tesitura, y acudiendo una vez más –en esta ocasión ni siquiera por estricto cumplimiento del mandato legal, sino porque incluso desde un punto de vista ajeno al derecho me parece imprescindible-, al interés del menor (art. 103.1 CC), pero con un análisis al detalle de las circunstancias, me parece que deberá examinarse la personalidad del menor, explorarle para tratar de averiguar cuáles son los motivos que le llevan a rechazar visitas o comunicación con el no custodio, en su caso, contar en el procedimiento con informes médicos o psicológicos, no sólo del menor sino también del padre o madre que no cuenta con su visto bueno, y en su caso con informes del correspondiente equipo psicosocial para tratar de averiguar todas, o el mayor número, de claves que posibiliten una resolución lo más adecuada posible. En cualquier caso, cuando las edades se encuentran entre 14 y 17 años, y la postura es absolutamente contraria a la aceptación de visitas o sistemas de comunicación, me parece que no se debe forzar la situación, aunque el art. 94 CC sólo prevea que “graves circunstancias” son las únicas que pueden justificar suspensiones del régimen.

En cualquier caso, cuando las edades se encuentran entre 14 y 17 años, y la postura es absolutamente contraria a la aceptación de visitas o sistemas de comunicación, me parece que no se debe forzar la situación, aunque el art. 94 CC sólo prevea que “graves circunstancias” son las únicas que pueden justificar suspensiones del régimen.

Creo que en evitación de males mayores deba aplicarse esa posibilidad, insisto, aunque jurídicamente no parezca de gran enjundia tal respuesta. Creo que en evitación de males mayores deba aplicarse esa posibilidad, insisto, aunque jurídicamente no parezca de gran enjundia tal respuesta. En consecuencia, prescindiendo de lo estrictamente jurídico, me parece que es adecuada esta suspensión, si bien una vez agotadas las posibles pruebas acerca de los motivos de la postura del menor, para evitar que un mero capricho de éste determine que el padre o la madre no encuentren la solución judicial de comunicarse con sus hijos en edades tan tempranas como las reseñadas en la pregunta.

La ejecución forzosa del régimen de comunicaciones de los hijos con sus progenitores es uno de los temas más espinosos y que entrañan mayor dificultad, tanto en su determinación, como sobre todo, en su puesta en práctica.

En los regímenes de comunicaciones, se condena a su cumplimiento al progenitor custodio, constituyendo la infracción de lo resuelto o convenido la no “entrega” de un ser vivo –no una cosa- que, en todo caso y aunque esté sometido a la autoridad de su padre o madre, tiene su propia voluntad y su propia libertad.

También hay que considerar de estricta aplicación a esta institución, con el carácter primordial que le confiere la ley, el principio de beneficio del menor.

El pacífico cumplimiento de las entregas parte bien de su aceptación voluntaria por parte del menor, o bien de su cumplimiento en contra de la voluntad del hijo, por la imposición moral de la autoridad del progenitor custodio. Hasta aquí no hay problemas, o los hay de menor grado. Pero en el mundo actual, infectado de rebeldías filiales a los mandatos paternos, no es aventurado afirmar que son muchos los casos en que los menores, especialmente los de edades superiores a la adolescencia, desoyen sistemáticamente las instrucciones u órdenes de aquellos a los que legalmente están sometidos.

En estas situaciones, un primer planteamiento sería el de contemplar la posibilidad de la ejecución de este traslado físico del o de los menores en contra de la voluntad de éstos.

Esta posibilidad comprende dos alternativas, dependiendo de quien traslade a los menores hasta el ámbito del progenitor beneficiario de las comunicaciones y estancias, según corresponda esta función al padre o madre custodios, por sus propios medios coactivos o utilización de la fuerza o mediante la intervención de la fuerza pública.

El ejercicio de la acción por parte de un progenitor por una parte le podría llevar a perpetrar un delito por el que puede ser condenado.

No olvidemos la experiencia reciente del tratamiento legal que recibió una madre a la que se le ocurrió darle un bofetón a su hija.

Además, trasladar a la fuerza a un niño pequeño podría ser factible, pero desde luego resulta ilusorio cuando se trata de un muchachote, frecuentemente más alto y más fuerte que sus padres. ¿Es posible la acción de la fuerza pública? Se han dado casos en el pasado en que Fuerzas de Seguridad han trasladado a niños de una casa a otra. Incluso no muy atrás en el tiempo. Recordamos unas imágenes difundidas por televisión en las que se apreciaba un caso así, que produjo estremecimientos en la opinión pública. 

Por eso la ley, en las obligaciones de hacer personalísimas  (Tít. V del Libro III de la LEC, EDL 2000/77463), cuando no se cumplen voluntariamente, la ejecución sólo contempla sanciones sustitutorias –pago de equivalentes monetarios e imposición de multas pecuniarias- o incluso, cambio de medidas o castigo como infracciones penales por desobediencia, todo ello con una finalidad disuasoria.

Pero de nuevo, estas medidas ejercen una presión sobre el progenitor custodio y su eficacia queda, pues, limitada en sus posibilidades a los casos en que el mismo conserva la potestad de hacer cumplir a su hijo con las comunicaciones y estancias expresadas.

Pero, si la fuerza de la autoridad no alcanza su objetivo, las multas u otras sanciones serán absolutamente ineficaces. En cuanto a la posibilidad de cambiar de custodia, en general ¿puede defenderse como mejor sistema en beneficio del menor y aún de la familia en general, el obligar al hijo que rechaza ver o pasar horas con uno de sus padres, a que se vaya a vivir con él?

Es cierto que en nuestro interior parece surgir un cierto repudio a que la acción de la Justicia se meza en brazos de unos menores, quizás por motivos que son sólo caprichos o carecen de sólidas bases. Pero es que las alternativas son irreales.

Por de pronto, pensemos que a los menores a los 14 años la ley les reconoce capacidad para realizar actos de la trascendencia de optar, aunque sea asistido por su representante legal, por la nacionalidad española (art. 20.1.b CC, EDL 1889/1), así como solicitarla por carta de naturaleza  o residencia (art. 21.3,b CC) y jurar o prometer fidelidad al rey y obediencia a la CE (EDL 1978/3879) y a las leyes (art. 23,a CC), al igual que renunciar a una anterior nacionalidad. Estos menores con 14 años pueden contraer matrimonio con dispensa y solicitar ésta (art. 48 CC), reconocer un hijo, al menos con autorización judicial (art. 121 CC), ejercer la patria potestad sobre sus hijos, con asistencia de sus padres o tutor (art. 157 CC) o, en caso de desacuerdo o imposibilidad de los mismos, del juez. También pueden testar (arts. 662 y 663 CC), otorgar capitulaciones, cuando puedan casarse (art. 1329 CC) con concurso  de padres o tutor, salvo que se limiten a pactar regímenes de separación de bienes o participación y procesalmente pueden recibir notificaciones (art. 268 LEC, EDL 2000/77463). A los 16 años (mayoría edad penal) los menores están capacitados para la administración ordinaria de su peculio (art. 164.4 CC) y pueden prestar consentimiento en la enajenación valores mobiliarios suyos por sus padres, (art. 166 pfo. 3º CC). A esta edad pueden ser emancipados (art. 320 CC), tanto por los titulares de la patria potestad sobre ellos, como por el juez.

Es interesante la lectura a este respecto de la Exposición de motivos de la LO de Protección Jurídica del Menor (LO 1/1996, de 15 de enero, EDL 1996/13744) que alude a la Convención de los Derechos del Niño (EDL 1989/16179), para predicar una nueva filosofía en  relación con el menor, reconociéndole un superior papel en la sociedad, con la exigencia de un mayor protagonismo.

Es fundamental el reconocimiento pleno de la titularidad de derechos de los menores de edad y de su “capacidad progresiva para ejercerlos”, así como su “condición de sujeto de derechos”.

De esta forma, dice la exposición de motivos, el ordenamiento jurídico contiene una “concepción de las personas menores como sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad de modificar su propio medio personal y social” y “de participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y de los demás”.

Por eso, en aplicación de estos principios, a los menores en general se les faculta para solicitar medidas cautelares para asegurar sus alimentos y evitarles perturbaciones dañosas, en los cambios de titularidad de la patria potestad, así como para, en general, apartarle de peligros o evitarle perjuicios (art.158 CC).

A partir de la edad de 12 años, se exige su consentimiento en el acogimiento (art. 173.2 CC) y la adopción (art. 177.1 CC) e incluso antes de esta edad, debe ser oído para adoptar estas decisiones (art. 177.3,3º CC).

Corrobora esta postura de la ley, la exigencia de audiencia de los mayores de 12 años y aún menores de esa edad, que tengan suficiente juicio, en los litigios sobre  su custodia (arts. 92 y 159 CC) y en el ejercicio de la patria potestad sobre ellos (art. 156 CC), así como para la constitución de la tutela (art. 231 CC) y para la subsistencia de los vínculos con la familia de origen en la adopción (art. 178 CC).

También en concreto se le reconoce capacidad para intervenir en la oposición al régimen de relación con el padre, la madre, los abuelos, otros parientes y allegados (art. 160 CC), que es el tema concreto que estamos tratando en esta “cuestión a analizar”. ¿Debe pensarse que la audiencia de los menores es simplemente el cumplimiento de un trámite formal o, por el contrario, que aunque no sea preciso su consentimiento o a su aceptación positiva de una situación, su opinión ha de ser valorada de forma importante?

Aunque sea complicado adoptar una posición generalizada en todos los casos y se deba tender al análisis de cada caso en particular – en Derecho de Familia, cada vez con más amplitud es preciso hacer un traje a la medida de las personas involucradas – si oído el menor se constata una voluntad real de tener una relación menor o diferente con su progenitor o incluso no tener ninguna, creo que no debe forzarse la situación y emprender medidas que, además de inútiles, pueden ser perjudiciales. Deliberadamente he dejado de lado las conductas de parte del custodio que recurriendo a maniobras torticeras, premios o castigos sin justificación o captaciones de voluntad indebidas, pretenden alejar a un menor de uno de sus padres.

Los síndromes de alienación parental, o como queramos llamarlos, que, al igual que otras formas de influenciar el pensamiento de las personas, se producen con una cierta frecuencia, pueden ser combatidos con sanciones o apercibimientos de ellas, evitando males a los hijos de consecuencias a veces insolubles.


Los votos particulares emitidos de nuestros colaboradores defienden el “no” a la cuestión planteada en base argumentos tales como la posibilidad de establecer un régimen de visitas subsidiario a fin de evitar que una decisión de tal calibre pudiera quedar a disposición del “capricho” de un menor, lo que a la larga, no hará sino repercutir en su perjuicio dada la complejidad de las relaciones paterno-filiales. Sólo cuando concurriese una causa grave cabría limitar el derecho de visitas. Se afirma, asimismo, que a los progenitores no se les puede privar sin más, y por una decisión personal del hijo menor de edad, del derecho a relacionarse con sus hijos. Independientemente de que se debe de permitir que el menor participe a la hora de establecer la conveniencia de esa relación, no se debe delegar exclusivamente en su voluntad. Se estima recomendable que cuando los hijos tienen una cierta edad, se establezca en la resolución judicial que las visitas sean las que los menores y el progenitor no custodio estipulen y fijar un régimen de visitas normalizado sólo para el supuesto de que no se alcance entre ellos dicho acuerdo.


Se nos plantea la cuestión de si debe suspenderse el régimen de visitas entre los hijos menores de edad  y el progenitor no custodio cuando aquellos han alcanzado una cierta edad y rechazan la figura del progenitor,  sin que exista una causa jurídicamente determinante de ello, a fin de evitarles las secuelas que podrían derivarse de imponerles una relación no deseada.

Entiendo que no puede darse una solución generalizada en este tema, y que habrá que estar a cada caso concreto.

El art. 94 CC (EDL 1889/1) establece respecto al derecho de visitas, comunicación y estancias que: “el Juez determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de este derecho, que podrá limitar o suspender si se dieren graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial”.

Por tanto, sólo en caso de que concurran graves circunstancias podrá suspenderse el régimen de visitas.

El derecho de visitas se configura primordialmente para proteger el interés de los hijos, no pudiendo limitarse sino por causa grave. Así se pronuncian, entre otras, las Sentencias de AP Madrid de fecha 22 de junio de 1992, de 29 de septiembre de 1992 o la de 12 de enero de 1993.

En el supuesto que nos ocupa una práctica recomendable, cuando los hijos tienen ya una cierta edad, es establecer en la resolución que el régimen de visitas entre los menores y el progenitor no custodio sea el que libremente estipulen ellos, y fijar un régimen de visitas normalizado sólo para el supuesto de que no se alcance entre ellos dicho acuerdo.

Mientras las relaciones entre progenitor e hijos son normales se irán relacionando en la forma convenida, tendrán una gran flexibilidad en el modo de relacionarse, y para el supuesto de que no alcancen un acuerdo, o en casos de reticencia del menor a las visitas, entrará a funcionar el régimen establecido subsidiariamente. No debemos olvidar que el régimen de visitas no sólo es un derecho del menor, sino un complejo de derecho-deber cuya finalidad es cubrir las necesidades afectivas y formativas que precisa para su adecuado desarrollo.

Mantener una correcta relación con ambos progenitores es fundamental para su evolución y desarrollo emocional.

Por ello entiendo que la resolución judicial debe establecer un régimen de visitas subsidiario.

Suspender a priori el régimen de visitas por simple capricho del menor, a partir de cierta edad no tiene ninguna duda que entre padres o amigos le resultará mucho más divertido estar con éstos, no hará sino redundar en perjuicio suyo. Además, suspender de forma inmediata las visitas por la sola oposición del menor eliminaría la posibilidad de que las relaciones entre el hijo y su progenitor puedan mejorar en el futuro.

En los casos de rechazo caprichoso al régimen de visitas podría limitarse provisionalmente la relación pero no suspenderse de plano.

Tanto en estos casos como en supuestos de oposición obstinada del menor a mantener el régimen de visitas, antes de limitarlas o suspenderlas, tendrá que valorarse la oportunidad de adoptar tan radicales medidas. Habrá que valorar si concurren causas graves, contrastadas por los correspondientes especialistas, que aconsejen dejar sin efecto el régimen acordado.

Esta suspensión o limitación no puede fundamentarse únicamente en la voluntad del menor de no relacionarse con su progenitor.

El Juez tendrá que examinar las causas del rechazo y si este rechazo está motivado no sólo por la actitud del hijo sino también por el progenitor no custodio e incluso por la mala relación entre ambos progenitores. Evidentemente mantener un régimen de visitas contra la voluntad del menor es muy difícil ejecutar, debiéndose valorar en estos casos la posibilidad de ejecutarlo a través de los Puntos de Encuentro Familiar o en los centros de orientación familiar.

Cosa diferente es cuando los hijos están ya muy próximos a cumplir la mayoría de edad, casos en los que no suele establecerse un régimen subsidiario para los supuestos de desacuerdo entre hijos y progenitores.

Si los hijos no quieren relacionarse con el progenitor no custodio que se lleve a cabo dicho régimen sería contraproducente, imponer las visitas podría provocar el rechazo del progenitor y, estando tan cercanos a la mayoría de edad, sería absolutamente inoperativo.

En este sentido se pronuncia la SAPMadrid de fecha 5 de diciembre de 1995.

En dicha resolución se señala que: “Ante tales circunstancias es evidente que una media cual la que hoy se interesa no iba a tener efectividad práctica alguna, por no poder imponerse coactivamente a una joven de 17 años, ni, en consecuencia, se revela como el instrumento adecuado para normalizar unas relaciones entre padre e hija que han de discurrir por derroteros distintos de la rigidez propugnada, que, en definitiva, podría abocar en unos resultados completamente distintos de los deseados por el padre, quien ha de propiciar el acercamiento con su hija sobre bases de diálogo, cariño y comprensión, y no sobre coactivas medidas judiciales”.

Nuestra respuesta debe ser negativa si lo es por las razones que se apuntan.

La suspensión del régimen de visitas como imposibilidad jurídica del progenitor no custodio ya fijado directamente en la sentencia por las razones esbozadas en la pregunta conllevaría, ya de salida, una seria imposibilidad de este progenitor de relacionarse con un hijo que, en principio, parece tener alguna razón personal para oponerse a esa relación, lo que entendemos que es absolutamente rechazable, ya que supondría, ya de salida, la existencia de una prohibición judicial de que esta relación exista sin que el progenitor no custodio haya cometido ninguna infracción o que pueda imputársele alguna conducta merecedora de tal suspensión. Y ello debe ser así entendido, por cuanto estas suspensiones del derecho de un progenitor no custodio a relacionarse con sus hijos debe siempre venir motivada por una razón culpabilística que le sea imputable a este progenitor y que determine que el juez de familia adopte una medida de tal naturaleza que lo es limitativa de un derecho del progenitor pero sobre todo del menor.

Sabemos, no obstante lo expuesto, que según reiterado criterio de las Audiencia Provinciales, el denominado derecho de visitas que contempla el art. 94 CC (EDL 1889/1) no aparece estrictamente configurado como cualquier otro derecho, sino como un complejo derecho-deber cuya finalidad no es primordialmente la de satisfacer los deseos de los progenitores, en especial los de aquél que no ostenta la custodia diaria del hijo, sino fundamentalmente, la de proteger los derechos y el interés del menor, a los cuales deben subordinarse cualesquiera otros, aún perfectamente legítimos.

Ahora bien, ello no quiere decir que a los progenitores se les pueda privar sin más y por una decisión personal del menor a esa relación entre ellos, ya que podrían darse circunstancias o razones desconocidas o ajenas a la capacidad dispositiva del progenitor que llevaran al menor a plantear esta negativa.

Aún así, no se trata, sin embargo, de que se obligara al menor a mantener una relación que no quiere, pero nótese que en la pregunta se está hablando de menores con una capacidad importante de razonar, entre 12 y 17 años, y, por consiguiente, de poder ser tratados para que se les planteen las razones de esa negativa a estar con el progenitor no custodio.

Es obvio que este no va a suscitar la relación entre ellos forzada por un auto o sentencia, sino que será posible que el menor sea atendido por un profesional ajeno a los progenitores, que vele por  averiguar el motivo de este rechazo y haga ver al menor la necesidad, tanto del menor, como del progenitor, de que esa relación exista si no hay circunstancias razonables y justificadas que avalen que la suspensión del régimen de visitas sea la mejor decisión a afrontar como orden judicial.

La doctrina jurisprudencial también viene decantándose en casos similares a favorecer la adecuada flexibilidad de tales relaciones, intentando trasladar al menor por un cuadro de profesionales que la relación habrá de contribuir a un desarrollo armónico y equilibrado de quien ya ha sido bastante perjudicado por la ruptura convivencial de sus progenitores, quienes deberán, ética y legalmente, procurar paliar las nocivas consecuencias que por sí sola implica para el menor tal falta de presencia conjunta y armónica de los mismos. Cierto es que son a veces los propios progenitores que tienen la custodia los que pueden provocar que se suprima esta relación sin mayor razón, sólo la de proyectar en este punto las diferencias que entre ellos puedan existir, pero entendemos que sin una razón que lo avale más allá de la negativa, no es procedente aplicar la suspensión sin más de este derecho excluyendo razones culpabilísticas y sólo basadas en una decisión del menor con razón suficiente para valorar las consecuencias de sus actos, debiendo el progenitor no custodio procurar con profesionales hacer llegar al menor que es un error la negativa al mantenimiento de esta relación y procurando el acercamiento entre ambos.


 

Aunque indudablemente el grado de madurez y capacidad de decisión de un adolescente que tenga entre 14 y 17 años se ha de tener en cuenta a la hora de adaptar con el debido grado de flexibilidad, el régimen de visitas, relación y comunicación con un progenitor custodio, ello no ha de significar que se haya de suspender o dejar sin efecto, sin posibilidad de exigir, además en cumplimiento de interés y derecho del menor a tener una positiva vinculación afectiva con ambos progenitores, que se cumpla el régimen preestablecido cuando el hijo tenía una más corta edad. En cualquier caso se ha de permitir que ese hijo participe a la hora de valorar la conveniencia de que tenga lugar el contacto, pero sin delegar exclusivamente en su voluntad, muchas veces teniendo en cuenta sólo consideraciones egoístas, el que, de facto, la relación paterno o materno-filial se siga manteniendo.

Por tanto, entiendo que habría que distinguir dos supuestos:

1º.- Que el régimen de visitas, relación, comunicación y contacto se establezca por convenio regulador o sentencia contenciosa en el momento en que la crisis de pareja de los progenitores se produce cuando el hijo tenga ya esa edad.

En tal caso, se ha de establecer un régimen amplio y flexible pero que siempre garantice que se siga conservando la adecuada vinculación de apego con el progenitor con el que habitualmente no convive, y ello tanto en beneficio del progenitor no custodio, como del custodio como del propio hijo.

Sin concreción de horarios, al menos, se ha de garantizar una estancia y convivencia en fines de semana alternos y mitad de periodos vacacionales, si bien subordinando ese régimen mínimo a los acuerdos que, en tal caso, han de jugar a tres bandas, pues el propio hijo adolescente también, como se ha dicho, puede mostrar sus preferencias al respecto.

Naturalmente en el supuesto de que no exista vinculación de tipo patológico, en la que el menor muestre rechazo justificado o injustificado, posible alienación parental provocada a raíz de una ruptura conflictiva, ese régimen flexible y acordado sobre mínimos, no tendría que plantear problemas en su correcto desarrollo.

Ahora bien, en caso de plantearse se ha de reconocer que nos encontraríamos en supuestos de muy difícil o imposible ejecución, sin perjuicio de que si se pudiera acreditar, cuestión de compleja prueba, que el rechazo o distanciamiento ha sido provocado por la manipulación exclusiva de uno de los progenitores, pudiera el otro reclamarle daños y perjuicios en base a lo dispuesto en el art. 1902 CC (EDL 1889/1).

2º.- Que el régimen de visitas, relación y contacto se establezca por convenio regulador o sentencia contenciosa en el momento en que la crisis de pareja de los progenitores se produce cuando el hijo aún no es adolescente.

En tales casos resulta obvio que en el convenio o en la sentencia se tendría que haber regulado con precisión, aunque con subordinación a posibles acuerdos en beneficio del hijo o hijos, ese régimen, que se habría de seguir cumpliendo si bien desde esa perspectiva de adaptación y flexibilidad en atención a la edad del hijo, y ello sin necesidad de plantear un procedimiento de modificación de medidas.

Por supuesto, en tales casos también se podrían haber generado vinculaciones de tipo patológico a consecuencia de interferencias parentales que se deberían valorar y diagnosticar individualizadamente, encontrándonos ante la misma dificultad de ejecución expresada en el párrafo anterior, puesto que, en cualquier circunstancia, siempre se han de procurar corregir esas interferencias a edad más temprana. La posible reclamación de daños y perjuicios también podría quedar reservada, con la ya indicada dificultad de prueba de la relación de causalidad entre el daño y la causa que lo produce, al progenitor que se considere privado de los derechos inherentes al ejercicio de la paternidad o la maternidad.

El Derecho Grupo Francis Lefebvre no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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Entrevista

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