Conócenos

PROTECCIÓN DATOS

¿Pueden perseguirse vía LOPD las filtraciones judiciales que aparecen en los medios de comunicación?

Por Alfonso Pacheco

Abogado

  • Imprimir

A lo mejor resulta simplemente, como muy a menudo me dicen mis socios (y además amigos) de aventura bloguera, que se me ha ido la pinza y estoy planteando una tontería, pero no puedo dejar de preguntarme lo que constituye el título de este post: ¿Y si vía LOPD pudiera sancionarse la publicación por un medio de prensa de una información surgida de unas diligencias penales declaradas secretas vía artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal? Intento explicarme.

De acuerdo con el artículo 24.2 de la Constitución, todos tenemos derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas (conste que lo de dilaciones indebidas no me lo he inventado yo, sino que el cachondo es el legislador, que era un buenazo o nunca había pisado un juzgado) y el apartado 1º del artículo 120 de la Carta Magna determina que las actuaciones judiciales serán públicas. Pero esto no significa que el procedimiento penal deba “retransmitirse en en vivo y en directo” desde el inicio de la fase de instrucción hasta que se dicte sentencia.

El carácter público del proceso penal hace referencia exclusivamente al proceso, en sentido estricto, esto es, al acto de  juicio oral en el que se lleva a cabo  la práctica de las  pruebas  admitidas, y se plantean las definitivas conclusiones de  acusación y  defensa, tras lo que se dictará sentencia, que se pronunciará ésta en audiencia pública.

¿Y qué pasa en la fase de instrucción? Pues que las partes personadas podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento, pero éste es secreto para todos los demás mortales hasta que se abra el juicio oral. Esto es lo que la doctrina y jurisprudencia han denominado como "secreto natural" del sumario.

Pero frente a este secreto natural, si se está investigando la comisión de un delito público (el que es perseguible de oficio, mediante la acusación del Ministerio Fiscal, con independencia de la voluntad de los perjudicados. Es decir, casi todos) puede darse lo que se conoce como "secreto especial" del sumario: podrá el Juez de Instrucción a propuesta del Ministerio Fiscal, de cualquiera de las partes personadas o de oficio, declararlo, mediante auto, total o parcialmente secreto para todas las partes personadas, por tiempo no superior a un mes y debiendo alzarse necesariamente el secreto con diez días de antelación a la conclusión del sumario.

Es decir, que en el caso del secreto especial, además de para el resto del mundo, las actuaciones devienen secretas incluso para las partes. ¿Motivo? Lo expresa muy bien Juan Carlos Orenes Ruiz en un artículo publicado el 25 de junio de 2009 en el Diario de Navarra: 

A pesar de los problemas que genera su aplicación, el secreto sumarial no deja de ser un útil instrumento para la consecución de determinados fines. Así, el más evidente, es que garantiza el éxito de determinadas investigaciones que podrían quedar frustradas con una temprana publicidad. Durante la práctica de las primeras diligencias de investigación, y a la espera de que su resultado desvele si existen o no indicios racionales de criminalidad contra una determinada persona, el secreto es un medio eficaz para proteger el honor y la presunción de inocencia.

Y entonces, declarado ese secreto del sumario por auto motivado del Juez instructor, quien tiene conocimiento de las actuaciones que se lleven a cabo en el procedimiento? Pues el propio Juez Instructor, los funcionarios del Juzgado, el Ministerio Fiscal y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que estén cooperando en la investigación y aquellas otras personas determinadas por el instructor. Y fuera de ellos, nadie más tiene que saber nada de lo que se está instruyendo.

Pues bien, a pesar de ello, son muchos los procedimientos penales cuyo día a día, pese a esa declaración de secreto, está fielmente reflejado con pelos y señales en los medios de comunicación. Y no me refiero a meras conjeturas o conclusiones a las que llega el periodista tras un trabajo de investigación o declaraciones de alguien que no es parte pero sabe o conoce, sino que todos hemos visto reproducidas en las páginas de un periódico o "colgadas" en las webs de las ediciones digitales de diversos medios de comunicación copias íntegras de distintas diligencias judiciales o documentos obrantes en los sumarios.

Estas filtraciones, señores, constituyen un delito, tipificado en el artículo 466 del vigente Código Penal. Lo que ocurre en la realidad es que, estando claro en muchos casos de dónde ha salido la información, lo que no se puede determinar es quien en concreto es el autor de la infracción, porque él, obviamente, no lo va a decir, y su interlocutor, el periodista, alegará su derecho al secreto profesional recogido en el artículo 20.1.d) de la Constitución. ¿Resultado? Que desde la óptica del derecho penal la infracción suele quedar impune y la filtración ha tenido su difusión pública, que es lo que se pretende por motivos de lo más variopinto y que a todos se nos ocurren.

¿Entonces, no se puede hacer nada, no sólo contra el que delinque, sino contra el medio de comunicación que publica la información o documentación? Pues es aquí donde creo que a lo mejor es de aplicación la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. ¿Y por qué lo digo? A lo mejor es un razonamiento simplista o tonto, pero ahí va: 

1º.- Que duda cabe que en la información o documentación sometida a secreto de sumario art. 302 LECrim y que se filtra se contienen datos de carácter personal a troche y moche. Recordemos aquí que se considera dato de carácter personal "cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables" (art. 5.1 f RDLOPD).

2º.- La publicación de esa información/documentación, conteniendo datos de carácter personal, es un tratamiento de datos de carácter personal, de acuerdo con la amplia definición que de "tratamiento" se recoge tanto en el artículo 3 de la LOPD como en el 5 del RDLOPD. Vamos, es una cuestión que está fuera de toda discusión, al igual que estaríamos ante un supuesto de cesión colectiva de esos datos a todo el público objetivo de esa publicación.

3º.- Esa información o documentación tiene origen en una actuación delictiva, en un acto ilícito, en la conculcación del secreto de sumario establecida vía artículo 302 LECrim a través de un auto judicial, tipificada como delito en el artículo 466 del Código Penal, cometido por la persona que lo filtra o pone en conocimiento del periodista.

4º.- El punto 7º del artículo 4 de la LOPD prohíbe "la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos".

5º.- En la letra c) del apartado 3º del artículo 44 de la LOPD se tipifica como infracción grave "Tratar datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y garantías establecidos en el art. 4 de la presente Ley y las disposiciones que lo desarrollan, salvo cuando sea constitutivo de infracción muy grave".

Con este razonamiento no estoy poniendo en solfa el derecho a recibir y a comunicar información veraz ni la publicidad de las actuaciones judiciales, ni niego la existencia de un protocolo de comunicación de la Justicia, aprobado para los Gabinetes de Comunicación de los TSJ por la Comisión de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial el 30 de junio de 2004 con el visto bueno del Pleno del CGPJ del día 7 de julio del mismo año, en el que se regula aquello que puede ser objeto de comunicación a los medios de prensa por parte de la Administración de Justicia en relación con la instrucción de los procedimientos.

Todo eso me parece muy bien. Ni tampoco discuto que la información que se ofrezca a resultas de la filtración sea veraz, que posiblemente lo será (ya me dirán como puedo dudar de la veracidad de la propia acta de una declaración de un imputado o testigo que se cuelga por arte de magia en la web de un periódico sin molestarse en ocultar ni siquiera los datos del NIF, fecha de nacimiento, nombre de los padres o domicilio particular, lo que ya de per se es perseguible vía LOPD) y su más que evidente interés para el público.

Lo que yo planteo es, ya que penalmente esto siempre queda en agua de borrajas, cómo puede ponerse fin a la práctica ilícita que supone la filtración de información y/o documentación obrante en un sumario sujeto al secreto especial del artículo 302 LECrim, pero sobre todo cómo poner fin a que los medios de comunicación puedan sacar provecho de una actuación ilícita, que es algo perseguido en todo el ordenamiento jurídico español. En mi opinión, el artículo 20 de la Constitución legitima el derecho a comunicar información veraz, pero siempre que ésta haya sido conseguida rectamente. Y de la conseguida a través de una filtración no me parece a mi que podamos predicar precisamente eso.

Aquí lo dejo, si bien lanzo dos ruegos:

1.- Que si el tema ha suscitado vuestro interés os lancéis (a ser posible en masa, pero ordenadamente) a expresar vuestra opinión a través de los comentarios. Creo que podemos entre todos organizar un bonito debate).

2.- Que algún abogado que lea esta entrada y tenga algún cliente que haya sufrido las consecuencias de las filtraciones se pregunte ¿"y por qué no"? y se anime a presentar una denuncia ante la AEPD, que es gratuita, y a ver cómo se posiciona o pronuncia el ente. De entrada ya ruego al valiente pionero que nos escriba para contarnos el resultado final.


Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

Widgets Magazine
feedburner

Suscríbase a nuestros contenidos

Atención al cliente: De lunes a viernes de 9 a 20 horas ininterrumpidamente. Tel 902 44 33 55 Fax. 915 78 16 17