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FAMILIA

Preclusión de la alegación de hechos y fundamentos jurídicos en modificación de medidas

Coordinador: José María Prieto Fernández-Layos

Magistrado del Juzgado de Primera Instancia núm. 22, de Familia, de Madrid

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Los procedimientos de modificación de medidas definitivas presentan en numerosas ocasiones ciertas dudas de planteamiento y resolución que hacen difícil la unificación de doctrina sobre el particular.

Una de estas cuestiones se origina cuando el olvido, el desconocimiento de los hechos, la ignorancia del derecho o la línea de actuación seguida, entre otras razones, hacen que al momento de interponerse la demanda modificativa no se accionen determinadas alteraciones sustanciales de circunstancias ya existentes que pudieran dar lugar a su estimación, y sí otras inoperantes que llevan a su íntegra desestimación, para posteriormente intentar, en otro procedimiento de modificación de medidas ulterior, alegar y probar aquellas alteraciones no alegadas ni probadas entonces a pesar de poder hacerse por tratarse, como decimos, de hechos preexistentes.

Algunos profesionales del derecho de familia opinan, siguiendo un criterio de justicia formal, que no resulta de recibo esta práctica en virtud del dictado del art. 400 LEC (EDL 2000/77463) que regula la preclusión de la alegación de hechos y fundamentos jurídicos, pero otros entienden que sí es posible en base a la especial naturaleza de estos procesos y a razones de justicia material que permiten hacer abstracción de normas rígidas en beneficio de quien, teniendo a su favor una alteración sustancial de circunstancias que pudiera dar lugar a la modificación de medidas pretendida, no ha podido, por la causa que fuere, ver enjuiciada dicha alteración.

Las alteraciones sustanciales de circunstancias existentes al momento de presentarse una demanda de modificación de medidas no invocadas en ésta (ya que se accionan otras, a la postre inoperantes), ¿pueden servir de base a una posterior demanda modificativa en relación a la misma medida que se pretendió (y no se consiguió) modificar entonces?


Este foro ha sido publicado en el "Boletín Derecho de Familia", el 1 de octubre de 2011.

Las sentencias de los procesos de familia se dictan teniendo en cuenta las circunstancias de todo tipo, personales, familiares o económicas, que concurren en el momento de dictarse. Pero como estas circunstancias pueden cambiar a lo largo del tiempo, y por lo tanto las medidas que se dictaron pueden llegar a ser totalmente inoperantes e inapropiadas a la nueva realidad, se recoge legalmente la posibilidad de modificar judicialmente las medidas inicialmente adoptadas, posibilitando con ello la adaptación de las medidas a la nueva situación personal, social o económica de la familia. Entre otros el art. 90, párrafo 3º CC (EDL 1889/1) recoge esta posibilidad de modificación disponiendo que "las medidas que el juez adopte en defecto de acuerdo o las convenidas por los cónyuges, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio cuando se alteren sustancialmente las circunstancias".

Pero para que este cambio de circunstancias pueda fundamentar una pretensión modificativa es preciso que concurran una serie de requisitos. Examinando diversas sentencias de las Audiencias Provinciales podríamos apuntar los siguientes: que se produzca un cambio de la situación de hecho concurrente en el momento de adoptar la medida que se pretende modificar, cambio que debe ser posterior al dictado de la sentencia en que se fija la medida, que la alteración de circunstancias de los hechos en que se fundamente la demanda sea sustancial, no prevista por las partes y ajena a la voluntad de éstas.

En la cuestión que ahora se nos plantea se nos pregunta si las alteraciones sustanciales de circunstancias existentes al momento de presentarse una demanda de modificación de medidas no invocadas en esta (ya que se accionan otras, a la postre inoperantes) pueden servir de base a una posterior demanda modificativa en relación a la medida que se pretendió, y no se consiguió, modificar entonces.

La respuesta a esta cuestión debe ser diferente según se trate de una medida de tipo dispositivo para las partes o de aquellas que no lo son por afectar a menores de edad.

Tratándose de medidas de tipo dispositivo, por ejemplo si estamos ante la pretensión de reducción o extinción de una pensión compensatoria, debemos estar a las reglas generales del proceso civil. Los hechos en los que se fundamenta la demanda modificativa deben alegarse en el momento en que son conocidos. Si son conocidos y no se alegan no puede pretenderse alegarlos en un procedimiento posterior. El procedimiento de modificación de medidas no puede convertirse en una especie de recurso de revisión de una previa sentencia firme, en un procedimiento en el que se vuelvan a revisar todos los hechos que se alegan aunque ya existieran y se valoraran, o no, en el momento de dictarse la primitiva sentencia. Ello supondría la vulneración del principio de seguridad jurídica al volver a examinar anteriores pronunciamientos sin un nuevo y necesario requisito, la alteración sustancial de las circunstancias concurrentes al momento de dictarse la sentencia cuya modificación se pretende, fueran o no objeto de alegación por las partes estos hechos, y contemplados o no en la sentencia. No pueden por tanto reservarse las causas de pedir. Si se pretende la modificación de una medida y existen diversos hechos que puedan fundamentar esta pretensión modificadora, todos ellos deben ser alegados, sin que la parte que pretende la modificación pueda reservar alguno de estos hechos para un procedimiento posterior.

Es de entera aplicación el art. 400 LEC (EDL 2000/77463), el cual en su apartado primero dispone que "cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior". Con base en ello, no puede reservarse la causa de pedir para un ulterior procedimiento de modificación de medidas. Ni el olvido, la ignorancia del derecho o una determinada línea de actuación seguida en el proceso por la parte actora puede justificar la no alegación de un hecho conocido, que pueda fundamentar la modificación de la medida, y la incoación de un segundo procedimiento de modificación. No pueden valorarse en otro procedimiento ni los mismos hechos ni hechos distintos que, no habiendo sido alegados pudieron serlo por ser anteriores y conocidos.

El procedimiento de modificación de medidas no puede vulnerar el principio de seguridad jurídica o ir en contra del principio de cosa juzgada, no puede revisarse arbitrariamente una resolución firme subsistiendo las mismas circunstancias que concurrían en el momento de dictarse la sentencia cuya modificación se pretende. Pretendida por ejemplo la extinción de una pensión compensatoria con base en una alteración de los ingresos del cónyuge acreedor, y conocido también que este convive maritalmente con otra persona, hecho que igualmente podría sustentar la pretensión extintiva de la pensión, con base en el art. 400 LEC deben ser alegados ambos hechos en la demanda, no pudiendo reservarse el segundo para otro procedimiento de modificación instado a resultas de la desestimación de la primera demanda modificativa. No podrían tampoco invocarse en un segundo procedimiento de modificación de medidas aquellos hechos que se hubieran podido conocer desplegando una mínima actividad probatoria. El desconocimiento de los hechos no puede ser imputable a quien insta la acción modificativa.

Excepcionalmente se han estimado demandas de modificación de medidas sobre la base de circunstancias que no fueron alegadas por ser desconocidas pero que pudieron serlo desplegando una mínima actividad probatoria. Así, en la sentencia de la AP de Ciudad Real, Sec. 2ª, de 15 de diciembre de 2005 se establece "procede en el procedimiento de modificación de medidas dejar sin efecto la pensión de alimentos de la hija mayor de edad que trabaja y tiene independencia económica, sin que sea obstáculo para ello que en el anterior procedimiento de divorcio, en el que se mantuvo su pensión, dicha circunstancia ya existiera, pues realmente no fue alegada ni se tuvo en cuenta como motivo para extinguirla: lo contrario permitiría que tal pensión adquiriera carácter vitalicio y perpetuo contrario a la concepción legal y finalidad de la pensión de alimentos".

Si que podría instarse un segundo procedimiento de modificación de medidas si las circunstancias primitivamente concurrentes no fueron conocidas, ni razonablemente pudieron ser conocidas por quien pretende la modificación, como es el caso de hechos maliciosamente ocultados por la otra parte y de difícil acreditación por quien insta la modificación. En este sentido se pronuncia la sentencia de la AP Madrid, Sec. 22ª, de 21 de octubre de 1994.

La respuesta no puede ser la misma cuando estamos ante medidas de "ius cogens", medidas que afectan a menores de edad. Es difícil aplicar los anteriores razonamientos cuando estamos ante medidas de este tipo. Ya hace el legislador una excepción en el art. 752 LEC a las normas generales sobre el valor de la conformidad de las partes o en materia de valoración de la prueba. Entiendo que tampoco está vinculado el Juzgador a la alegación de hechos realizada por la parte que pretende la modificación de una medida que afecta a menores de edad, pudiendo el Juez valorar hechos no alegados por las partes o hechos alegados que ya concurrían en un procedimiento anterior. En estos casos el Juez, con independencia o no de la alegación y prueba de los hechos por la parte, puede apreciarlos y acordar la modificación de una medida que resulte perjudicial para dichos menores, al ser el interés de este el que debe prevalecer sobre cualquier otro. Pedido por ejemplo el cambio de la guarda y custodia del menor con base a unos determinados hechos, si a lo largo del procedimiento resultaran acreditados otros no alegados en la demanda, y aunque ya concurrieran al dictarse la primitiva resolución, el Juez debe apreciarlos si resultan probados y acordar por tanto la modificación de la medida.

Siguiendo un criterio estrictamente formalista, la propia naturaleza y el objeto del procedimiento de modificación de efectos exige delimitar las pretensiones que pueden ser traídas a esta clase de procesos y que deben de estar basadas en circunstancias que tengan su origen en acontecimientos futuros, nuevos, inciertos, imprevisibles y de notoria significación.

Sensu contrario, si la pretensión deducida en la demanda de modificación de efectos no tiene su base en tales condicionantes, no parece que tenga éxito dicha pretensión así planteada en la demanda pues debe tenerse en consideración que el art. 90 CC (EDL 1889/1) no implica una derogación de los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada que rigen en todo procedimiento civil, pues no se permite la revisión arbitraria de resoluciones firmes, subsistiendo las mismas circunstancias que las determinaron, y si cuando las medidas acordadas se revelan como ajenas a la realidad subyacente, por haber experimentado una sustancial mutación los factores concurrentes en su momento, no prevista entonces y ajena a la voluntad de quien insta la referida modificación.

Dicho lo que antecede, será posible obviar estos criterios formalistas y procesales cuando se trata de resolver cuestiones de orden personal y afectantes a hijos menores, en cuanto que en todo momento será necesario proteger el interés y el beneficio de los mismos, de conformidad con lo establecido en el art. 39 CE (EDL 1978/3879), de tal forma que entiendo que es posible valorar las circunstancias existentes al momento de presentar la demanda, cuando se trata de resolver cuestiones relativas a la custodia y régimen de visitas.

En lo que se refiere al resto de las medidas, uso de vivienda, pensión de alimentos, cargas familiares, etc. si se plantea la demanda conforme al argumento del desconocimiento de los hechos, y se ofrece razón que fundamenta tal desconocimiento de los mismos, por ocultación de la otra parte de dichos hechos, fraude, engaño etc. no se descarta la posibilidad de entrar a valorar la cuestión sustantiva planteada en la demanda, en orden a la posible modificación de las medidas acordadas previamente, y a fin de dar lugar a una resolución definitiva cuya ejecución sea posible en sus propios términos, de conformidad con lo establecido en el art. 18 LOPJ (EDL 1985/8754), pues no puede olvidarse las consecuencias penales y civiles que se derivan del incumplimiento de las sentencias y resoluciones firmes y definitivas.

Por otra parte, el olvido de los hechos, la ignorancia del derecho o la errónea línea de actuación seguida por la dirección letrada de la parte demandante, en principio no parecen razones suficientes para la revisión y modificación de la sentencia dictada en un procedimiento anterior, afirmación que se sostiene sin ningún género de dudas cuando se pretende modificar efectos o medidas no afectantes a hijos menores, y que son de justicia rogada.


La cuestión que se somete a nuestra consideración en este Foro Abierto se refiere a la aplicación del principio de preclusión de alegaciones fácticas y jurídicas, consagrado en el art. 400 LEC (EDL 2000/77463), en los procesos de modificación de medidas definitivas regulados en el art. 775 de dicha Ley Adjetiva. En realidad, el principio de preclusión de alegaciones no es más que una de la concreciones del principio general de preclusión contenido en el art. 136 LEC, a cuyo tenor: "Transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate."

Los efectos que produce la regla de la preclusión en el proceso posterior se hacen valer a través de las excepciones de litispendencia (arts. 410 y ss LEC) y de cosa juzgada material (art. 222 LEC).

Respecto de la aplicación de la cosa juzgada material, el art. 222.2 LEC dispone, complementando el art. 400.2, lo siguiente: "La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención así como a los puntos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 408 de esta Ley.

Se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquellas se formularon".

La justificación de la existencia del principio de preclusión de hechos y fundamentos jurídicos establecido en los preceptos mencionados, la encontramos en la propia Exposición de Motivos de la LEC, que en su apartado VIII, en relación con el objeto del proceso, dice: "...Se parte aquí de dos principios inspiradores: por un lado, la necesidad de seguridad jurídica y, por otro, la escasa justificación de someter a los mismos justiciables a diferentes procesos y de provocar la correspondiente actividad de los órganos jurisdiccionales, cuando la cuestión o asunto litigioso razonablemente puede zanjarse en uno solo.

Con estos criterios, que han de armonizarse con la plenitud de las garantías procesales, la presente Ley, entre otras disposiciones, establece una regla de preclusión de alegaciones de hechos y fundamentos jurídicos ya conocida en nuestro Derecho y en otros ordenamientos jurídicos."

Y añade posteriormente en su apartado IX: "...En cuanto a la cosa juzgada, esta Ley, rehuyendo de nuevo lo que en ella sería doctrinarismo, se aparta, empero, de superadas concepciones de índole casi meta jurídica y, conforme a la mejor técnica jurídica, entiende la cosa juzgada como un instituto de naturaleza esencialmente procesal, dirigido a impedir la repetición indebida de litigios y a procurar, mediante el efecto de vinculación positiva a lo juzgado anteriormente, la armonía de las sentencias que se dicten sobre el fondo en asuntos perjudicialmente conexos...(...). En cuanto a otros elementos, dispone la Ley que la cosa juzgada opere haciendo efectiva la antes referida regla de preclusión de alegaciones de hechos y de fundamentos jurídicos."

Lo que el art. 400.2 y el art. 222.2 LEC tratan de evitar es que, pudiendo plantearse y resolverse en un solo proceso todas las discrepancias o divergencias existentes entre las partes sobre una misma cuestión, se inicien distintos procesos entre las partes en los que se examine y resuelva en cada uno de ellos un solo aspecto o controversia de la cuestión litigiosa. Por elementales razones de seguridad jurídica y economía procesal no puede permitirse una sucesión constante de pleitos entre las mismas partes sobre una misma cuestión. De ahí que la ley exija que el actor aduzca en su demanda los diferentes hechos o títulos jurídicos en que pueda fundar su pretensión, siempre que le sean conocidos o puedan invocarse al interponerla, "sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior". Todos los hechos que pudieron alegarse en un primer proceso pero no fueron invocados inconsciente o deliberadamente por el actor no pueden producir efecto, como hechos nuevos, en un proceso ulterior. Dicho negativamente, lo que el art. 400 y el art. 222 LEC prohíben es reiterar en un pleito ulterior hechos, fundamentos o títulos jurídicos alegados o que pudieron alegarse en un proceso anterior.

A pesar de su aparente claridad, la doctrina de las Audiencias Provinciales no es unánime en la interpretación de los arts. 400.2 y 222.

Un primer grupo de Audiencias (AAP Zaragoza de 25 de marzo de 2004 -EDJ 2004/15505-; SAP Albacete de 13 de febrero de 2007; SAP Zamora de 21 de febrero de 2006 -EDJ 2006/20182-; SAP Madrid, Sec. 9ª, de 1 de octubre de 2009) entiende que del tenor literal de los artículos mencionados se deduce que la prohibición de reiteración en ellos contemplada se refiere exclusivamente a "hechos y fundamentos o títulos jurídicos", pero no a "peticiones o pretensiones", de modo que la preclusión no alcanza a las pretensiones deducibles en el pleito anterior pero no deducidas porque no le pareció oportuno al demandante de ambos procesos y las reservó para ejercitarlas en un ulterior proceso, y ello porque no es exigible a la parte actora que acumule a las distintas acciones que pudiera tener (SAP de Jaén, Secc. 2ª, de 20 de octubre de 2008 y SAP de Castellón, Secc. 3ª, de 5 de junio de 2009).

Otro grupo de Audiencias (AAP Cantabria de 8 de abril de 2008; SAP Álava, Sec. 1ª, de 6 de octubre de 2005; SAP Madrid, Sec. 20ª, de 21 de abril de 2009 y SAP Valencia, Sec. 8ª, de 12 de febrero de 2008), sostienen que "el efecto de la cosa juzgada se extiende incluso a cuestiones no juzgadas, en cuanto debieron ser deducidas y no lo fueron, siempre que entre ellas y el objeto principal del pleito exista un profundo enlace, pues el mantenimiento en el tiempo de la incertidumbre litigiosa, después de una demanda donde objetiva y causalmente el actor pudo hacer valer todos los pedimentos que tenía contra el demandado, quiebra las garantías jurídicas del amenazado".

En el ámbito de los procesos matrimoniales y de menores, un sector de la doctrina se ha planteado con frecuencia si la admisión de la posibilidad legal de modificar las medidas definitivas acordadas en una sentencia matrimonial anterior implica una derogación, para los procesos matrimoniales, del principio de cosa juzgada material que rige en los procesos civiles a tenor de las prescripciones contenidas en el artículo 222 de la LEC. Y si bien nadie duda que el efecto de cosa juzgada lo producen todos los pronunciamientos firmes referidos al vínculo matrimonial (separación, divorcio o nulidad), se cuestiona sin embargo que los pronunciamientos secundarios, reguladores de las consecuencias derivadas de la separación, divorcio o nulidad a través de las medidas complementarias definitivas, produzcan el efecto de cosa juzgada material en un posterior proceso matrimonial (divorcio, tras la separación o nulidad tras separación o divorcio) o de modificación de medidas, o que la sentencia de un proceso modificatorio produzca dicho efecto en otro posterior. Se dice que el efecto de cosa juzgada material de las sentencias matrimoniales, en relación con las medidas aprobadas o acordadas en ellas, no se produce en base a que la propia ley admite su ulterior modificación por alteración sustancial de circunstancias. En este sentido, se dice que, en relación con dichas medidas, el efecto de cosa juzgada es relativo o temporalmente limitado o que las medidas acordadas llevan insita la cláusula rebus sic stantibus.

En mi opinión, las sentencias dictadas en los procesos matrimoniales y en los de modificación de medidas sí producen los dos efectos característicos de la cosa juzgada material en el posterior proceso de divorcio o modificación en que se pretenden cambiar las medidas preestablecidas. De una parte, excluyen la apertura de un segundo juicio sobre el mismo objeto procesal del primero mientras éste está tramitándose (a través de la excepción de litispendencia); de la otra, impiden que, de haberse iniciado, el juez del segundo proceso pueda pronunciarse de forma distinta al del primero sobre idéntico objeto procesal, lo que se consigue por el llamado efecto de vinculación positiva de la cosa juzgada en el proceso ulterior.

Debe tenerse en cuenta que en los procesos de familia, el efecto de cosa juzgada material no impide un ulterior juicio en que se pretendan modificar las medidas definitivas establecidas en una anterior sentencia porque, por definición (ex arts. 90 y 91 CC -EDL 1889/1- y 775.1 LEC), los hechos en que se fundamentan las pretensiones deducidas en el proceso en que se insta la modificación han de ser hechos nuevos, distintos y posteriores a los alegados y tenidos en consideración en el proceso anterior, como señala el art. 222.2 LEC. Es decir, el objeto del proceso modificatorio nunca puede ser el mismo que el del proceso en que se dictó la sentencia firme cuyas medidas se pretenden modificar, ya que, de ser idéntico, la fuerza de cosa juzgada del primero excluiría el proceso ulterior (art. 222.1 LEC).

Dos aspectos deben tenerse en cuenta a propósito del alcance de la cosa juzgada en los procesos de modificación de medidas:

1º.- Que el necesario respeto al principio de seguridad jurídica y al valor de la cosa juzgada material impide convertir el proceso de modificación de medidas en un juicio revisorio de aquel en que se adoptaron las medidas cuya modificación se interesa (SAP Madrid, Sec. 22ª, de 20 de junio de 1995), pretendiendo que se vuelva a examinar y valorar la prueba entonces aportada (SAP Madrid, Sec. 22ª, de 24 de septiembre de 1992), o intentando subsanar las deficiencias probatorias padecidas en el proceso anterior (SAP Madrid, Sec. 22ª, de 9 de junio de 2000).

2°.- Que cabe alegar en el proceso de modificación, como hechos nuevos y distintos a los que sirvieron de fundamento a la pretensión que se intenta modificar, a los efectos del art. 222.2, II LEC, los hechos o circunstancias preexistentes al anterior proceso cuya existencia era desconocida por la parte beneficiada por ellas en base a la ocultación maliciosa de la parte a quien perjudican, pero no los preexistentes y desconocidos en el anterior proceso por la parte instante de la modificación sí pudo conocerlos desplegando la mínima actividad probatoria exigible. La carga de probar el desconocimiento de los hechos o circunstancias preexistentes al proceso en que se adoptaron las medidas a modificar, corresponde a la parte instante de la modificación que los alega, la cual habrá de acreditar asimismo que el desconocimiento no se debió a una causa a ella imputable.

Sobre la base de las precedentes consideraciones generales y específicas en torno al principio de preclusión de alegaciones y de eficacia de la cosa juzgada en los procesos de modificación de medidas, la respuesta a la pregunta formulada es, con carácter general, negativa, si bien excepcionalmente, por razón del principio de protección del interés superior del menor, ha de admitirse la posibilidad de accionar en un proceso ulterior de modificación de medidas una pretensión indisponible, de carácter personal, referida a un menor aduciendo como alteración sustancial de circunstancias hechos existentes al tiempo del anterior proceso (aquel en que se adoptaron las medidas cuya modificación se pretende) pero no alegados en el mismo.

Desde este punto de vista, podemos decir que el principio de preclusión de alegaciones fácticas y jurídicas del art. 400 LEC experimenta restricciones en los procesos de familia y cede ante el principio de protección del interés superior del menor en los procesos de modificación de medidas en que se accionan pretensiones indisponibles referidas a las medidas de carácter personal de los menores porque la protección del interés o beneficio del menor exige el examen y resolución de acciones o pretensiones que, de aplicarse el principio de preclusión, no podrían ejercitarse en un proceso posterior.

Ello ha de ser así en cuanto, de una parte, el juez puede acordar de oficio las medidas de carácter personal interesadas en la demanda en relación con el menor, aunque haya precluido la posibilidad de alegar los hechos en que se basa la pretensión y, de la otra, el Ministerio Fiscal, conforme al art. 775.1 LEC, podrá accionar en el mismo proceso idéntica pretensión a la deducida por la parte actora sin que, normalmente, le sea aplicable el principio de preclusión de alegaciones por desconocer ordinariamente dicha parte los hechos preexistentes al tiempo del proceso anterior en que se basa la pretensión deducida en el proceso modificatorio ulterior.

Veamos un ejemplo: En un proceso actual de modificación de medidas, la madre pide la suspensión del régimen de estancias y visitas del menor con su padre aduciendo que éste fue objeto de condena penal por abusos sexuales sobre menores en fecha anterior a la del proceso modificatorio en que la madre pidió y obtuvo que se redujera la duración de las estancias del menor con su padre en los periodos vacacionales, sin alegar entonces la condena penal, ya conocida por la demandante. Naturalmente, el juez del 2º proceso modificatorio examinará y resolverá sobre la procedencia de la pretensión deducida porque, aun basándose en hechos que pudieron alegarse en el anterior proceso, constituyen la base fáctica para decidir sobre una medida personal, de carácter indisponible, referida a un menor que el juez puede y debe acordar, incluso de oficio.

El principio de preclusión de alegaciones ha de tener, en cambio, plena vigencia y aplicación en aquellos procesos modificatorios en que se ventilen pretensiones de carácter disponible e, inclusive, las que afecten a menores pero tengan naturaleza económica o patrimonial, como la atribución del uso de la vivienda familiar o la fijación de la cuantía de la pensión alimenticia. Aquí, la conveniencia de evitar la duplicidad de pleitos o que la controversia se renueve en pleitos sucesivos cobran todo su significado.

Así, por ejemplo, accionada en un proceso de modificación de medidas la extinción de la pensión compensatoria por la celebración de matrimonio de la beneficiaria con un tercero, y desestimada la misma por no haber quedado acreditado el hecho alegado, no cabrá posteriormente accionar pidiendo la extinción por convivencia marital de la beneficiaria con la misma persona, si dicha convivencia ya se había iniciado al tiempo del primer proceso modificatorio, y fue conocida por el actor o pudo conocerla con el empleo de una elemental diligencia, pues el proceso modificatorio ulterior no puede servir para subsanar errores o suplir deficiencias probatorias padecidas en el anterior. E igual cabría decir del supuesto en que, accionándose por el padre que se ha trasladado a vivir a 500 Km. de distancia del domicilio del menor, la modificación del régimen de estancias, para acomodarlo a esa alteración sustancial, no pide la reducción de la cuantía de la pensión que viene obligado a satisfacer por el hijo (en atención a los cuantiosos gastos que le provocan los desplazamientos para las estancias) y pretender ejercitar dicha petición en un proceso modificatorio ulterior. En estos casos, aunque se trate de pretensiones deducibles en el primer proceso pero no deducidas, deben quedar afectadas por el principio de preclusión de alegaciones por el evidente enlace y conexión entre las pretensiones deducidas en el primero y el segundo proceso modificatorio.

Los procesos de modificación de medidas definitivas de nulidad, separación y divorcio de matrimonios, a los que se refieren el art. 775 LEC, tienen por objeto el logro de la alteración de determinadas medidas o efectos del pleito anterior, por la concurrencia de nuevas circunstancias, no tenidas en cuenta en tales procesos matrimoniales, que supongan una modificación sustancial de las tenidas en cuenta en los mismos.

Es necesario que quien insta el proceso de modificación de medidas acredite tal alteración de circunstancias a tenor de las reglas de la carga de la prueba del art. 217 LEC, y en concreto que las mismas no tienen un carácter transitorio o perentorio, sino que gozan de cierta estabilidad en el tiempo, y que son trascendentes para modificar las medidas de los procesos matrimoniales, además de no haber sido buscadas a propósito por el accionante, con la finalidad de obtener jurisdiccionalmente el cambio de las medidas.

Los procesos de modificación de medidas definitivas se regulan, por remisión expresa, por el cauce procedimental del art. 770 LEC, cuando de proceso contencioso se tratare, o por el art. 777, si consiste en petición expresa de ambos cónyuges de común acuerdo o por uno con el consentimiento del otro.

Se trata, en consecuencia, de la aplicación de las normas del juicio declarativo verbal, con sujeción a las reglas especiales del art. 770 LEC.

La propia naturaleza especial de los procesos de modificación de medidas en los que, como en el resto de los propiamente matrimoniales, se atiende al logro de la justicia material, huyendo de la aplicación rígida de las normas del proceso, y con la posibilidad de adopción por parte de los órganos judiciales de determinadas decisiones, incluso de oficio, para evitar situaciones de riesgo o de perjuicios para los menores de edad, al tratarse de materia de orden público no afecta por el principio dispositivo, permite matizar la aplicación del art. 400 LEC. Tal precepto es de plena aplicación en el proceso declarativo ordinario y determina la preclusión de las alegaciones de hechos y fundamentos jurídicos, que han de deducirse en la demanda, cuando resulten conocidos o puedan invocarse en el tiempo de interponerla, sin admisión de reserva de su alegación para un proceso ulterior.

En base a tales consideraciones entiendo que, en los procesos de modificación de medidas definitivas han de examinarse y resolverse jurisdiccionalmente los hechos alegados en la relación jurídico-procesal, y si tienen las circunstancias deducidas suficiente entidad y trascendencia para alteración de las medidas definitivas.

Si se olvida o se desconocen determinados hechos o se ignora el derecho, en el momento de la interposición de la demanda de modificación de medidas, de tal forma que no se accionan concretas alteraciones sustanciales de circunstancias, ya existentes, al incoarse el proceso, ello no ha de impedir la incoación de posterior proceso de modificación de medidas, en donde puedan alegarse y acreditarse las circunstancias no invocadas en el proceso de modificación de medidas anterior, en el que no se examinaron, por no ser aducidas, las circunstancias fácticas que sustentan el proceso posterior.

Lo que ha de evitarse es la formulación de hechos o circunstancias ya examinadas y decididas en el proceso de modificación de medidas anteriores, sobre las que incidan los efectos de la cosa juzgada.

No cabe duda que el art. 400 LEC supone un importante obstáculo para tener en consideración en un procedimiento de modificación de medidas hechos que se pudieron alegar en un procedimiento anterior, tanto sea en el propio procedimiento de separación o divorcio como en uno posterior de modificación. El espíritu del citado precepto no es otro que evitar continuos litigios entre las partes cuando todas las cuestiones pueden resolverse en un solo proceso.

Sin embargo, dada la especialidad de los procedimientos de familia, consideramos necesaria realizar alguna matización. En efecto, es criterio jurisprudencial reiterado que para ejercitar una acción de modificación de medidas se requiere que concurran una serie de circunstancia: 1º.- Un cambio objetivo, en cuanto al margen de la voluntad de quien insta el nuevo procedimiento, de la situación contemplada al tiempo de establecer la medida que se intenta modificar. 2º.- Que dicho cambio tenga suficiente entidad, en cuanto afectando a la esencia de la medida, y no a factores meramente periféricos o accesorios. 3º.- Que la expresada alteración no sea meramente coyuntural o episódica, ofreciendo, por el contrario, unas características de cierta permanencia en el tiempo. 4º.- Que el repetido cambio sea imprevisto, o imprevisible, lo que excluye aquellos supuestos en que, al tiempo de establecerse la medida, ya fue tenida en cuenta una posible modificación de las circunstancias.

Pues bien, puede suceder que el momento en el que se interpone una demanda de modificación de medidas se den ciertos hechos que pudieran tener trascendencia modificativa o extintiva de alguna medida, pero sin embargo, no reunir todos los requisitos anteriores, con lo cual su alegación carecería de eficacia para el éxito de la demanda. Veamos un ejemplo: se solicita la extinción de la pensión compensatoria por convivencia de la ex esposa con una tercera persona, y al mismo tiempo se conoce que esta ha comenzado a trabajar si bien con un contrato muy precario. Si se acredita la convivencia análoga a la marital la demanda se estimaría y se extinguiría la pensión compensatoria. Alegar también como base de la demanda que la ex esposa ha comenzado a trabajar no tendría sentido pues si el trabajo no se consolida con el tiempo esta causa de extinción estaría abocada al fracaso. No obstante, puede suceder que, pasado un tiempo después de finalizar el procedimiento de modificación de medidas, la ex esposa haya consolidado un estatus laboral que le reporte unos ingresos fijos y estables. ¿Es que el ex esposo ya no puede volver a solicitar en un futuro la extinción de la pensión compensatoria? Evidentemente que sí. Como podemos comprobar, se conocía el trabajo de la ex esposa antes de presentarse la primera demanda de modificación de medidas en la que como base se alegaba la convivencia análoga marital, pero no constituía base para la acción extintiva, y precisamente por eso, en este supuesto no resultaría de aplicación lo establecido en el art. 400 LEC.

Otra cuestión totalmente distinta es que cuando se presentó la primera demanda de modificación, la ex esposa ya había consolidado la percepción de unos ingresos reguladores por la realización de una actividad laboral, pero este hecho no se quiso alegar en la demanda, supuesto que sí entra de lleno en la previsión del citado art. 400 LEC.

En resumen, que la preclusión de alegación de hechos está en función de las alteraciones sustanciales de circunstancias que concurran en el momento de interposición de la demanda de modificación de medidas, si hay cambio de circunstancias pero ni es sustancial ni se ha consolidado en el tiempo, nada impide alegar estos hechos como base de una nueva demanda de modificación de medidas.

La discusión radica en la aplicación del art. 400 LEC (EDL 2000/77463) a los procedimientos de familia, en particular a los de modificación de medidas, con lo que ello supondría en cuanto a imposibilidad de alegar hechos o fundamentos jurídicos en momento posterior a aquél en el que los primeros concurrían y los segundos pudieron haberse ya invocado; o entenderlo inaplicable dada la especial naturaleza de estos procesos y los derechos en juego.

Debe señalarse que ciertamente el art. 400 se enmarca dentro de la regulación del procedimiento ordinario, en la Sección 1ª, Capítulo Primero, título II, bajo la rúbrica "de la demanda y su objeto", refiriéndose, en consecuencia tan solo a las que se formulen en esos concretos procedimientos, es decir en los que se accione dentro del ámbito del art. 249 del mismo texto legal (en realidad, es un precepto que ni tan siquiera rige para el otro procedimiento declarativo, el verbal, en el que solo el art. 445 permite la aplicación de normas del ordinario, pero las reduce a los arts. 281 a 386, que son los comprendidos en los Capítulos V y VI del título I, las relativas a "prueba y presunciones".

Si se concluye de este modo, parece evidente que el criterio correcto en sentido estricto será el no aplicar la preclusión de hechos y fundamentos a procedimientos especiales, y es manifiesto que los de familia lo son al estar regulados en el Libro IV. Y dentro de ellos, también es criterio general que ni tan siquiera el principio general (este sí, general) de preclusión procesal del art. 136 LEC (relativo a la realización de actos procesales de parte que tienen su término y una vez transcurrido se produce la pérdida de oportunidad para su realización) se aplica estrictamente pues los hechos nuevos podrán incluso ser introducidos de oficio por el juzgador, y habrá de decidirse con independencia del momento en que los hechos objeto de debate hayan sido probados (art. 752. 1 LEC).

Sin embargo, incluso entendiendo la aplicación de ese mismo criterio preclusivo a los procedimientos verbales, como sostiene por ejemplo MARTÍN DEL PESO ("El juicio verbal en la Ley de Enjuiciamiento Civil", dentro del Tomo "Los procesos declarativos". Cuadernos de Derecho Judicial. 2000, p. 340), ya que no parece ser excesivamente explicable limitar aquella preclusividad a un procedimiento ordinario y dejar fuera el verbal, creo que es diferente un procedimiento especial de separación o divorcio, desde el momento en que esa especialidad puede alcanzar también a la dimensión procesal de las cuestiones a resolver en las medidas complementarias.

Como última acotación, en su caso, podrían deslindarse los aspectos patrimoniales, respecto a los que jugaría el art. 400, de los restantes aspectos personales (guarda y custodia, régimen de visitas, etc.) en los que no se aplicaría tal preclusividad.

Personalmente, siempre me he decantado ante controversias como la suscitada, por la solución más acorde con planteamientos de Justicia material, pues soy partidario de anteponer el derecho material al derecho adjetivo. Es por ello, que en el supuesto planteado, entiendo que cabría diferenciar:

Por un lado, las cuestiones de orden público de las cuestiones que no revisten esa naturaleza y que tendrían carácter dispositivo para las partes. Sobre las primeras, en las que normalmente se pueden ver afectados derechos e intereses de menores, entiendo que no cabría imponer limitaciones a pretensiones modificativas, sin que se pueda alegar preclusión de alegaciones de hechos y fundamentos jurídicos; y si, por tanto, por impericia de la defensa letrada o por desconocimiento de su existencia, se hubieran dejado de introducir circunstancias, que podrían concurrir en el momento de plantear un procedimiento de modificación en base a otros argumentos inoperantes y rechazados, considero que se podrían hacer valer, en cualquier caso, en otro posterior. Así se podría formular una demanda de modificación de medidas en base a un cambio de domicilio del progenitor custodio, sin alegar que el menor pudiera estar sometido, ya en ese instante, a maltrato o abuso por parte del propio progenitor custodio o su pareja. Indudablemente el conocimiento posterior de esa circunstancia, o la omisión del letrado, que hubiera podido conocerla, no impediría formular un nuevo procedimiento de modificación de medidas, tras ser rechazado el anterior porque no se acreditó ese traslado de residencia. Sin embargo, más estricta ha de ser la consideración de no alegación de hechos, preexistentes cuando se formuló la demanda modificativa, respecto de cuestiones dispositivas para las partes, pues si pública y notoriamente hubieran podido ser alegadas en ese instante, entiendo que, en perjuicio de la otra parte, no podrían ser invocadas en un juicio posterior.

Conectando con lo anterior, habría que diferenciar las circunstancias alegadas y rechazadas, de las que no lo fueron y ya existían en el momento de plantearse la demanda de modificación. En cuanto a las primeras, como se ha visto, en materia de orden público, la aparición de nuevos elementos de prueba que puedan poner en evidencia lo que no se pudo probar en un juicio precedente, no impediría el éxito de la segunda acción. El interés del menor ha de estar por encima de limitaciones procesales preclusivas. Sin embargo, las cuestiones donde no concurran razones de orden público (alimentos de hijos mayores, pensiones compensatoria e indemnizatoria, atribución y administración de inmuebles que no tengan consideración de vivienda familiar...), no podrían volver nunca a ser invocadas en otro juicio posterior, en base a distintos argumentos o pruebas, aunque fueran distintas a las que dieron lugar a la anterior desestimación. En cuanto a las segundas, se reitera, siempre podrían ser alegadas en un juicio posterior en acciones en que concurran razones de orden público. En acciones sobre materia dispositiva, y en las que rige el principio de autonomía de la voluntad, sólo podría ser alegadas si la contraparte procesal, contra la que se dirige la pretensión modificativa, hubiera ocultado maliciosamente esas circunstancias desconocidas para quien obtuvo un precedente pronunciamiento judicial desfavorable o incluso limitado debido a ese desconocimiento. Así por ejemplo, un progenitor puede instar una modificación de medidas, solicitando que se extinga la pensión alimenticia de un hijo mayor de edad por estar trabajando, y en ese instante, no se solicita la extinción de la pensión a favor de otro hijo, también mayor de edad, que se ignora que recientemente se ha independizado, tras contraer un matrimonio, que se le ha ocultado; el conocimiento posterior de tal circunstancia no impediría el planteamiento de un segundo procedimiento de modificación de medidas con la misma finalidad extintiva de la pensión alimenticia, en este caso, de ese segundo hijo.

Es necesario empezar por hacer una reflexión sobre las posibilidades de modificar una sentencia firme en contra del principio general que lo prohíbe.

En los procesos de familia se adoptan una serie de determinaciones tendentes a regular el futuro de todos los individuos que componen un grupo familiar, pero las circunstancias que justifican estas decisiones son por su propia naturaleza volubles y lo que hoy soporta una medida y su adecuación, mañana se altera de modo esencial y convierte lo justo en disparatado.

No hay que olvidar tampoco que en estas cuestiones además de los principios generales que afectan a la Justicia y al acceso a un proceso justo, existe muy acentuado el sometimiento a los principios que tienen como sujeto a los menores e incapacitados, quienes, por otra parte, se ven comprometidos en un sinfín de las medidas consecuentes a los procesos familiares o determinan la procedencia de su adopción.

Por eso, frente a la aplicación extensiva de la excepción de la cosas juzgada, el art. 91 CC in fine (EDL 1889/1) proclama que las medidas acordadas en los pleitos matrimoniales "podrán ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias", lo cual es corroborado y ampliado por el art. 775 LEC (EDL 2000/77463) que exige para este cambio "que hayan variado sustancialmente las circunstancias" y que éstas se correspondan con "tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas".

La extensión del número de circunstancias que pueden ser y son ponderadas a la hora de adoptar medidas definitivas en estos procedimientos se corresponde de una parte con la gran cantidad de estas medidas, personales, materiales y económicas, de los cónyuges, de los hijos y aún de abuelos, otros parientes y allegados, y de otra, la proliferación de hechos de distinta clase que pueden afectar a la justificación de cada medidas y la pluralidad de aspectos y matices de cada uno de ellos.

Por otra parte, si bien la doctrina tiende reducir el excesivo formalismo de las normas procesales en beneficio de la justicia material, no se pueden olvidar reglas adjetivas que tienden a permitir el ejercicio del derecho de defensa.

Dentro de esa línea, el art. 400.1 LEC establece que "Cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior", considerándose que a los efectos de litispendencia y cosa juzgada, los hechos aducidos en un proceso se considerarán los mismos que los alegados en otro, si hubieran podido alegarse en éste.

La obligación establecida en este precepto, pues, tiene un marco concreto: el proceso específico al que nos refiramos. Pero cuando hablamos de un proceso de modificación de medidas definitivas, esa concreción del proceso no se refiere a cualquier procedimiento de modificación, sino al proceso de modificación de qué medida – o medidas – son objeto de la acción. Por lo tanto, si una parte solicita, por ejemplo, la extinción de una pensión compensatoria, los hechos o circunstancias que se aleguen o dejen de alegarse, serán objeto de la aplicación del art. 400 LEC si el otro proceso tiene igualmente la pretensión relativa a la pensión compensatoria, pero no si otra modificación de pretende que afecte a los alimentos de los hijos menores.

Pero por otra parte, se complementa este precepto – el art. 400 LEC – con lo prevenido en el art. 426 LEC que permite:

1.- Formular alegaciones complementarias, sin alterar fundamentalmente sus pretensiones y sus fundamentos.

2.- Aclarar sus alegaciones, siempre sin alterar fundamentalmente las realizadas.

3.- Adicionar peticiones accesorias o complementarias, si la otra parte muestra su conformidad con ello y no afecta al derecho de defensa de ésta, en condiciones de igualdad.

4.- Alegar en la audiencia (en el juicio verbal, en la vista) algún hecho de relevancia para fundamentar sus pretensiones en el pleito, que bien se haya producido o bien haya llegado a su conocimiento, con posterioridad a la demanda.

La cuestión planteada en este Foro, ¿puede tener su amparo en este número 4 del art 426?.

Si la cuestión no se refiere a lo solicitado en la demanda, esto es, a la modificación de la medida concreta – sus pretensiones en el pleito – no estaremos ante el supuesto contemplado en este apartado 4, sino en la prohibición del art. 400 LEC. El cauce para introducir esta pretensión diferente, será formular una nueva demanda de modificación de esa medida, que no se había solicitado anteriormente.

Si el hecho es nuevo o de nuevo conocimiento, sólo puede introducirse en el litigio si en el momento de introducirlo acredita la parte que se ha producido o se ha tenido conocimiento después de la demanda.

Finalmente, si el hecho no reúne estas condiciones y guarda relación con el objeto de esta solicitud de modificación, podrá o no verse afectado por el principio de la cosa juzgada, si es objeto de contemplación en la sentencia de modificación, pero podrá constituir la base de un nuevo pleito de modificación si no es así. Por ejemplo, si se trata de una modificación de la cuantía de los alimentos de los hijos que se está tramitando por alegar el obligado al pago que sus ingresos han disminuido, pero no ha alegado, aunque lo sabía, que sus hijos han terminado sus estudios y han encontrado trabajo. No lo ha alegado porque prefiere no referirse a sus hijos y sus circunstancias, ya que ello puede repercutir en sus relaciones personales. Sin embargo, encuentra dificultades para probar la disminución de sus ingresos al ser autónomo y al ver en peligro su acción, decide introducir de forma extemporánea la circunstancia de la terminación de la formación y el empleo con retribución suficiente de los hijos. Pues bien, en este caso, no se cumplirían las condiciones del art. 426 y no podría introducir este hecho nuevo, pero podría solicitar en una nueva demanda la extinción de los alimentos por las razones citadas, que no habrían sido juzgadas.

Aprobado por MAYORÍA DE 8 VOTOS

La mayoría de nuestros colaboradores estima, entre otros argumentos, que, si bien es cierto que la preclusión de alegaciones fácticas y jurídicas consagrada en el art. 400 LEC (EDL 2000/77463) ha de tener plena vigencia y aplicación en los procesos modificatorios que ventilen pretensiones de carácter disponible, dicho principio, en cambio, debe necesariamente ceder ante el principio de protección del interés superior del menor en los procesos de modificación de medidas en que se accionan pretensiones indisponibles referidas a las medidas de carácter personal de los menores ya que la protección del interés o el beneficio del menor exige el examen y resolución de acciones o pretensiones que, de aplicarse estrictamente el principio de preclusión, no podrían ejercitarse en un proceso posterior.

Así, tratándose de medidas de "ius cogens" que afectan a menores de edad, el Juzgador sí podrá valorar hechos no alegados por las partes o incluso hechos alegados que ya concurrían en un procedimiento anterior y, en su virtud, podrá apreciarlos y acordar la modificación de una medida que resultare perjudicial para dichos menores, al ser el interés de éste el que debe prevalecer sobre cualquier otro.

Por otro lado, uno de los colaboradores estima también que si por olvido, desconocimiento de determinados hechos sustanciales o ignorancia de derecho, no se accionan concretas alteraciones sustanciales, nada impide la incoación de un posterior proceso de modificación de medidas, excluyéndose únicamente la formulación de hechos y/o circunstancias ya examinadas y decididas en otro proceso de modificación de medidas anterior, sobre las que ya incididiría con plena eficacia la "cosa juzgada".

El voto particular de nuestro colaborador incide en el hecho de que, al margen del mayor o menor rigor en la aplicación del art. 400 LEC, en modo alguno puede admitirse que, conocidos unos hechos o circunstancias que debieron alegarse en el momento de instarse una modificación de medidas no se pongan de manifiesto en la solicitud de modificación y que, una vez resuelta ésta por resolución judicial, se reproduzca nueva petición de modificación haciendo mención a esos hechos, datos y circunstancias anteriores a la petición previa que ya fue debidamente resuelta.

La respuesta debe ser negativa a admitir esta posibilidad. El eje vertebrador de la articulación del proceso de modificación de medidas está basado en que el cambio puntual y exacto de las que hubo al momento anterior al dictado de la sentencia abre el derecho de la parte a postular el cambio de esas medidas al cambiar las circunstancias. Y es que el legislador previó la posibilidad de variación de dichas medidas judicialmente señaladas, siempre y cuando concurriese el supuesto de hecho de "una alteración sustancial de circunstancias", so pena de encontrarnos con continuos e inagotables procedimientos de revisión de tales medidas con patente quiebra de la seguridad jurídica. Alteración de circunstancias que, por otra parte, para ser tenida en cuenta ha de revestir una serie de requisitos, reiteradamente exigidos por la jurisprudencia, tales como que sea verdaderamente trascendente, y no de escasa o relativa importancia; permanente o duradera y no coyuntural o transitoria; que no sea imputable a la simple voluntad de quien insta la revisión, ni preconstituida con finalidad de fraude; y, por último, que sea posterior y no prevista por los cónyuges o el juzgador en el momento en el que las medidas cuya revisión se insta fueron establecidas. Y, además, que una pretensión de tal clase prospere se encuentra condicionada a la demostración, por quien demanda, de que la alteración ha tenido lugar, es decir, que nuevas circunstancias han generado una variación de la precedente situación contemplada en la sentencia de divorcio o separación. Pero lo que no puede admitirse es que conocidas circunstancias que debieron alegarse al instante de postular una modificación de medidas por hecho concreto no se pongan sobre la mesa en la petición de modificación y resuelta esta por resolución judicial se reproduzca la petición de modificación haciendo mención a hechos, datos y circunstancias anteriores a la anterior petición que fue debidamente resuelta.

No se trata de tener un mayor o menor rigor en la aplicación del art. 400 LEC (EDL 2000/77463) en los procesos de modificación, sino que el extremo concreto que constituye el fondo de la alegación está basado en circunstancias temporales pero referidas a un momento concreto, y en base a las cuales ya se presentó una demanda de modificación, obviándolas por completo e intentando recuperarlas más tarde cuando ya ha sido resuelta la pretensión de modificación de medidas. Otra cosa es que las circunstancias fueran de tracto sucesivo, en cuyo caso al repetirse en el tiempo podrían ser motivo de alegación pero conectadas a hechos distintos o motivos no alegados, ya que no sería válido postular la modificación de hechos ya sometidos a enjuiciamiento y debidamente resueltos, con lo que la posición al respecto es claramente de rechazo acerca de admitir esta posibilidad.

Del mismo modo, los efectos propios de la litispendencia, aunque no sean de aplicación en los procesos de familia respecto de las cuestiones de derecho necesario, de conformidad con lo dispuesto en el art. 752.1 LEC, según el cual "Los procesos a que se refiere este Título se decidirán con arreglo a los hechos que hayan sido objeto de debate y resulten probados, con independencia del momento en que hubieren sido alegados o introducidos de otra manera en el procedimiento". Pero ello se refiere a la posibilidad, y en este caso, necesidad de que las alegaciones que deban hacerse en un proceso conectada con una causa de pedir se realicen en el mismo, llegado el caso por la vía de la opción de la excepción del párrafo 2º del apartado 1º del art. 400, pero sin que se admita el silencio absoluto de alegación en ese proceso y se pretenda la reserva para un proceso ulterior cuando tuvo la ocasión procesal de llevarlo a cabo.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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