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CIVIL

Posibilidades del tribunal “ad quem” de revisar la valoración de la prueba civil efectuada por el juez de instancia mediante el visionado del video

Coordinador: Vicente Magro Servet

Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante

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Se analiza por cinco juristas la siguiente cuestión:

Sabido es que la grabación preceptiva de los juicios civiles que exige el art. 147 LEC -EDL 2000/77463- fue una de las novedades más importantes de la reforma de la LEC por la Ley 1/2000. Esta exigencia determina que cuando se interpone un recurso de apelación contra una sentencia es posible hacer especial hincapié en aquellos apartados del juicio en su visionado en CD, para que el tribunal "ad quem" pueda comprobar el desarrollo del juicio y sus circunstancias. Ahora bien, la cuestión que está surgiendo en la actualidad, y que afectará de igual modo al resto de órdenes jurisdiccionales pena, social y contencioso-administrativo en donde desde el día 3 de mayo de 2010 se van a grabar también los juicios, es si es posible que el tribunal "ad quem" pueda efectuar una nueva valoración de la prueba de las declaraciones de partes, testigos y/o peritos al poder comprobar en el video lo que declararon ante el Juez de Primera Instancia. ¿Cabe entender por ello que el principio de inmediación puede alcanzarse también en la alzada mediante el visionado del video y por ello efectuar el tribunal una nueva valoración de la prueba?

1.- Cuando a la vista de la prueba practicada sean racionalmente admisibles varias valoraciones, no estaremos ante un verdadero supuesto de error, que, además, para ser tal, debe revestir una cierta intensidad. Así las cosas, el apelante no puede limitarse a pedir una "revaloración integral" de la prueba practicada en primera instancia, sino que debe concretar qué prueba o pruebas han sido erróneamente valoradas, y por qué lo han sido con error.

2.- La garantía de la exigencia de la observancia del principio de la inmediación que ha sido tratada en reiterada jurisprudencia por el TC respecto de la segunda instancia no opera del mismo modo en el curso del proceso penal donde se revisa una sentencia absolutoria, de por ejemplo un proceso civil.

En el ámbito del proceso penal la impugnación de una sentencia absolutoria a través de un recurso de apelación en el que se alegó la existencia de error en la valoración de la prueba, en particular de las pruebas de carácter personal practicadas en el juicio oral, debe relacionarse con la previsión del art. 790,2 LECrim. -EDL 1882/1- y por tanto con la apreciación de la prueba por el directamente concernido, debido a las limitaciones derivadas de las exigencias de los principios de inmediación y contradicción, que tienen su genuino campo de proyección cuando en la apelación se plantean cuestiones de hecho. Sin embargo, en el civil es conveniente separar la garantía que implica el soporte de grabación para el principio de la publicidad del proceso, del principio de inmediación, del que la grabación sirve para acreditar sólo que tal se ha cumplido en la primera instancia. Pero nada más.

3.- La inmediación, la oralidad y la concentración de la prueba en la primera instancia confiere al juzgador que la preside una posición privilegiada en su valoración. Pero la primacía o prevalencia que en su contemplación suele predicarse de ella, si bien tiene sentido respecto de apreciaciones subjetivas derivadas de aquella personal, directa e inmediata intervención, insustituibles por el simple visionado de su grabación, no lo tiene tanto respecto de las basadas en la interpretación y fijación de los resultados contrastables con la reproducción de aquellos soportes, en la crítica racional de esos resultados o en inducciones e inferencias realizadas a partir de ellos conforme a las reglas de la lógica y la experiencia.

4.- Con la reproducción audiovisual del acto del juicio (art. 147 de la vigente LEC -EDL 2000/77463-) se facilita enormemente el examen del material probatorio practicado ante el Juez de primera instancia porque permite captar matices y actitudes en las pruebas de naturaleza personal (interrogatorio de partes, de testigos y peritos) que no son perceptibles mediante su reproducción escrita como ocurría en la anterior LEC; piénsese en las dudas, vacilaciones, contradicciones, espontaneidad o contundencia de las manifestaciones de las personas intervinientes en el acto del juicio.

La reproducción audiovisual del acto del juicio facilita al Tribunal de apelación el siempre complejo proceso intelectual que entraña la llamada valoración de la prueba que no se ha practicado a su presencia, sin inmediación, y que exige siempre interpretar y valorar cada medio probatorio en relación con el hecho que pretende acreditar y su contraste con los otros medios de prueba practicados en la instancia, pudiendo dar como resultado una declaración de hechos no coincidente o contradictoria con la relatada en la Sentencia de instancia. Ello no ocurre del mismo modo, sin embargo, en el orden penal en donde la grabación del juicio no permite sustituir la inmediación.

5.- La inmediación, su falta en sentido real, no constituye obstáculo para que el Tribunal "ad quem" pueda, con plenitud, llevar a cabo el proceso valorativo del material probatorio sin más límite del que dimana del principio dispositivo en virtud del cual sólo ha de conocer el Tribunal de las cuestiones sobre las que recae el recurso, y no acerca de las consentidas por las partes de las decididas en primera instancia.

Para bien resolver el presente asunto, es importante precisar la naturaleza jurídica de la apelación, que no es una suerte de "primera instancia bis", sino una "impugnación" de una resolución judicial previa (art. 458 LEC -EDL 2000/77463-), mediante la cual, y con fundamento en los concretos "puntos y cuestiones" planteados en el recurso (art. 465,4 LEC), se pretende "que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente" (art. 456,1 LEC). Sólo desde esta premisa es posible esclarecer el alcance y sentido de la expresión "nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal" (el de primera instancia), contenida en el art. 456,1 LEC.

Si la apelación es una impugnación, su fundamento no puede ser otro que el de adolecer la resolución recurrida de un error, que el tribunal de primera instancia padece a la hora de valorar la prueba o de aplicar el derecho. El error, así, constituye la causa de la impugnación, de manera que sólo lo erróneo puede ser corregido.

En sede de valoración de prueba, sólo la valoración errónea de la practicada admite ser corregida por medio del recurso de apelación. El "nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal", del que habla el art. 456,1 LEC -EDL 2000/77463-, implícitamente presupone la denuncia de error de valoración, porque en otro caso no estaríamos ante una impugnación, sino ante una simple revisión valorativa de lo actuado en primera instancia (esto es, una "primera instancia bis"). Tal revisión, sin embargo, no resulta siquiera integralmente posible por el tribunal de segunda instancia, porque la valoración de la prueba, para ser plena, debe permitir que el tribunal participe en su práctica, con la finalidad de poder obtener aclaraciones y adiciones. Tal facultad, lejos de constituir algo excepcional, está prevista en la práctica de todas la pruebas (interrogatorio de parte: cfr. art. 306,1 LEC; dictamen de peritos: cfr. art. 347,2 LEC; interrogatorio de testigos: cfr. art. 372,2 LEC).

Y "error" no significa simple discrepancia con la valoración del tribunal de primera instancia, sino que presupone la existencia de un juicio equivocado, es decir, de una conclusión desacertada en relación con la prueba practicada, que resulte de la prueba misma, erróneamente valorada, o de las restantes pruebas.

Por consiguiente, cuando a la vista de la prueba practicada sean racionalmente admisibles varias valoraciones, no estaremos ante un verdadero supuesto de error, que, además, para ser tal, debe revestir una cierta intensidad. Así las cosas, el apelante no puede limitarse a pedir una "revaloración integral" de la prueba practicada en primera instancia, sino que debe concretar qué prueba o pruebas han sido erróneamente valoradas, y por qué lo han sido con error.

La finalidad que en la propia Exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 -EDL 2000/77463- se dio al registro o grabación audiovisual de las vistas era el cumplimiento del deber de documentación de las actuaciones judiciales, con la debida adaptación a la realidad actual, y por tanto con el apoyo de los medios técnicos que reúnan garantías de integridad y autenticidad. Por tanto ese deber de registro se lleva a cabo para garantizar el principio de publicidad del proceso, no el de inmediación en el mismo, por más que sea un instrumento para comprobar que este último se ha cumplido.

Ello viene al hilo de la reciente STC de 18-5-2009 -EDJ 2009/72632-. Ya anteriormente este tribunal había declarado en relación con la vista en segunda instancia que conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con los arts. 6,1 CEDH -EDL 1979/3822- y 2 del Protocolo núm. 7 del citado Convenio (SSTEDH de 13 febrero 2001, caso Krombach c. Francia -EDJ 2001/300-; y de 25 julio 2002, caso Papon c. Francia -EDJ 2002/31877-), dicho precepto se debe interpretar, no como el derecho a una segunda instancia con repetición íntegra del juicio, sino como el derecho a que un tribunal superior controle la corrección del juicio realizado en primera instancia, revisando la correcta aplicación de las reglas que han permitido la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena en el caso concreto" (SSTC 70/2002, de 3 abril, FJ 7 -EDJ 2002/7116-; 105/2003, de 2 junio, FJ 2 -EDJ 2003/15667-; y 136/2006, de 8 mayo, FJ 3 -EDJ 2006/80233-)

Ahora bien las consecuencias a extraer son distintas en relación al tipo de jurisdicción y al contenido de la resolución impugnada.

Así la garantía no opera del mismo modo en el curso del proceso penal donde se revisa una sentencia absolutoria, de por ejemplo un proceso civil.

En el ámbito del proceso penal la impugnación de una sentencia absolutoria a través de un recurso de apelación en el que se alegó la existencia de error en la valoración de la prueba, en particular de las pruebas de carácter personal practicadas en el juicio oral, debe relacionarse con la previsión del art. 790,2 LECrim. -EDL 1882/1- y por tanto con la apreciación de la prueba por el directamente concernido debido a las limitaciones derivadas de las exigencias de los principios de inmediación y contradicción, que tienen su genuino campo de proyección cuando en la apelación se plantean cuestiones de hecho.

En este punto, la STC 167/2002, de 18 septiembre (FFJJ 10 y 11) -EDJ 2002/35653-, sustentada en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, en relación con demandas promovidas por infracción del art. 6,1 del Convenio -EDL 1979/3822- como consecuencia de haberse fallado la apelación de una causa penal sin que se hubiese celebrado en esta fase audiencia o vista pública, tiene declarado, con carácter general, que el proceso penal constituye un todo, y que la protección que dispensa el mencionado precepto no termina con el fallo en la primera instancia, de modo que el Estado que organiza tribunales de apelación tiene el deber de asegurar a los justiciables, a este respecto, las garantías fundamentales del art. 6,1 CEDH (y ello implica, en principio, la facultad del acusado de estar presente y ser oído personalmente en la primera instancia, dependiendo la exigencia de esta garantía en la fase de apelación de las peculiaridades del procedimiento considerado, para lo que es necesario examinar éste en su conjunto de acuerdo con el orden jurídico interno).

Por tanto, si bien es cierto que un tribunal de apelación esté investido de plenitud de jurisdicción, tal circunstancia no ha de implicar siempre, en aplicación del art. 6 del Convenio -EDL 1979/3822-, el derecho a una audiencia pública en segunda instancia, independientemente de la naturaleza de las cuestiones a juzgar, aunque en ocasiones tal audiencia sí que es necesaria, esto es cuando el tribunal de apelación ha de conocer tanto de cuestiones de hecho como de derecho, y en especial cuando ha de estudiar en su conjunto la culpabilidad o inocencia del acusado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha entendido que la apelación no se puede resolver en un proceso justo sin un examen directo y personal del acusado que niegue haber cometido la infracción considerada punible, de modo que en tales casos el nuevo examen por el tribunal de apelación de la declaración de culpabilidad del acusado exige una nueva y total audiencia en presencia del acusado y los demás interesados o partes adversas. Lo cual como se constató en la STC 170/02 de 30 septiembre -EDJ 2002/44856- no es aplicable cuando, a partir de los hechos declarados probados en la primera instancia, el núcleo de la discrepancia entre la sentencia absolutoria y la condenatoria sea una cuestión estrictamente jurídica, para cuya resolución no resulte necesario oír al acusado en un juicio público, sino que el tribunal pueda decidir adecuadamente sobre la base de lo actuado.

Pero ni siquiera toda cuestión relacionada con la prueba de primera instancia se proyecta la garantía de la inmediación en la segunda, pues como ha dicho el TC "Decidir si existe prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, si esa prueba de cargo ha sido constitucionalmente obtenida, si ha sido legalmente practicada, si ha sido racionalmente valorada y si el resultado de esa valoración está suficientemente motivado en la correspondiente sentencia, constituyen posibles pronunciamientos derivados del recurso de apelación ajenos al canon de inmediación", y además no sobre todo tipo de pruebas, sólo las que venimos denominando pruebas de carácter personal (no afecta, por tanto, al valor de la prueba documental o de la pericial, por ejemplo si se valora sólo lo expuesto en el informe).

Pero esta audiencia con base en los principios de inmediación y contradicción no puede confundirse con el cumplimiento por más que sirva a un fin similar con el cumplimiento de las exigencias del principio de publicidad del proceso y en concreto si en estos casos la revisión de la cinta implica la posibilidad de elusión del trámite de audiencia en segunda instancia.

Dice al respecto el TC en la Sentencia de 18-5-2009 -EDJ 2009/72632- que como es notorio, la insuficiencia del acta del juicio como medio de documentación de las pruebas de carácter personal viene dada por imposibilidad de reflejar los aspectos comunicativos no verbales de toda declaración. Ciertamente tal deficiencia no puede predicarse sin más de aquellos medios que con creciente calidad transmiten o reproducen las declaraciones, como acontece con la videoconferencia y con la grabación en soporte audiovisual, lo cual nos aboca a valorar si el concepto tradicional de inmediación debe modularse ante el incesante progreso de las técnicas de transmisión y reproducción de la imagen y del sonido.

Respecto del principio de inmediación la STC 16/09 de 26 enero -EDJ 2009/12457- se identifica con la presencia judicial durante la práctica de la prueba (art. 229 LOPJ -EDL 1985/8754-) que adquiere trascendencia con las pruebas caracterizadas por la oralidad (las declaraciones de partes, testigos, peritos), garantía de corrección que evita los riesgos de valoración inadecuada procedentes de la intermediación entre la prueba y el órgano de valoración.

Este examen "personal y directo" implica la concurrencia temporo-espacial de quien declara y ante quien se declara, pues la garantía constitucional estriba tanto en que quien juzga tenga ante sí a quien declara como en que el declarante pueda dirigirse a quien está llamado a valorar sus manifestaciones. Se alude así a una actividad procesal que ha de insertarse en la segunda instancia y que se identifica con una vista o audiencia, pública y contradictoria, en la que se realice el examen "directo y personal" -esto es, con inmediación - de las personas cuya declaración va a ser objeto de nueva valoración.

En ocasiones admite el TC, hay razones que justifican la sustitución de esta audiencia necesaria, que el propio TEDH (Sentencia de 2 julio 2002 relacionada con delitos por agresiones sexuales) por la reproducción esencial de las mismas ante el nuevo órgano judicial que se dispone a su valoración, a través del contenido de los interrogatorios propios de la prueba testifical en apelación, o a través de la lectura del acta correspondiente, o por otro medio suficiente (como lo es, sin duda, la grabación audiovisual).

El problema radica cuando no existen tales causas, y se sustituye la audiencia (y el principio de inmediación y contradicción que ello conlleva) por el visionado de la grabación. En estos casos el TC expone que la Sala quedó privada de la facultad de valorar de un modo distinto a como lo hizo el Juez de lo Penal las pruebas de carácter personal, lo que vulneró el art. 24 CE -EDL 1978/3879-.

Vaya esta prolija explicación para llamar la atención sólo sobre lo complicado de la cuestión y de dar una respuesta en un sentido u otro. Se ha elegido la jurisdicción penal por ser la más complicada y problemática, toda vez que no existe en ningún otro ámbito jurisdiccional un precepto como el art. 790 LECrim -EDL 1882/1-, de modo que no es trasladable todo lo expuesto al ámbito civil o contencioso-administrativo. Pero creo que es conveniente de cara a separar la garantía que implica el soporte de grabación para el principio de la publicidad del proceso, del principio de inmediación, del que la grabación sirve para acreditar que tal se ha cumplido en la primera instancia.

La jurisprudencia ha destacado en diversas ocasiones la naturaleza del recurso de apelación y de su ámbito, pudiendo sintetizarse la misma en el sentido de que la apelación abre un "novum iudicum" en el que el tribunal de la apelación, que es un tribunal de instancia (de segunda instancia) puede acometer una íntegra revisión de las cuestiones planteadas en la primera de las instancias y hacer una revisión completa de la valoración de la prueba contenida en la misma. Como repetidamente ha declarado la doctrina constitucional y la jurisprudencia, a propósito de este recurso ordinario, la apelación confiere al tribunal "ad quem" plenas facultades para resolver cuantas cuestiones se le planteen, sean de derecho o de hecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un "novum iudicium" (STC nº 21/2003, de 10 febrero -EDJ 2003/2747-), con los límites de la "reformatio in peius" y de la revisión de los extremos consentidos.

La Audiencia Provincial no se ve pues constreñida a revisar, como "prius" de su propia valoración probatoria, la legalidad y racionalidad de la efectuada por el juzgado, como lo está en cambio el tribunal de casación para poder acometerla constituido en órgano de instancia, sino que, al ser y actuar en la apelación como tal órgano de instancia, la valoración probatoria queda desde el principio integrada en su genuina función juzgadora. El resultado de sus valoraciones podrá ser o no coincidente con el del órgano "a quo", pero lo que no resulta dudoso, dada la naturaleza y finalidad del recurso, es que entre ambas valoraciones prevalece la del tribunal de apelación.

De ahí la importancia de la obligación de registrar las actuaciones orales en soporte apto para su reproducción (art. 147 LEC -EDL 2000/77463-). Una de las finalidades que se persiguen con la utilización de estos sistemas de documentación de las vistas (mediante la grabación y reproducción de la imagen y del sonido) es posibilitar que el tribunal de apelación goce de la misma inmediación que el tribunal de primera instancia apreciando, de forma directa, las declaraciones y testimonios que se hubieran emitido (SAP Alicante, sec. 9ª, núm. 310/2009, de 27 mayo). De no ser así, el tribunal "ad quem" se vería imposibilitado de examinar las actuaciones, lo que deberá acarrear la nulidad de actuaciones en el caso de inexistencia de grabación audiovisual del acto de juicio y cuando el acta levantada impida totalmente conocer el contenido y resultado de las pruebas practicadas.

Ahora bien, la anterior referencia al principio de inmediación debe ser debidamente puntualizado (y con esto damos nuestra respuesta a la interesante pregunta formulada), dado que la inmediación, la oralidad y la concentración de la prueba en la primera instancia confiere al juzgador que la preside una posición privilegiada en su valoración. Pero la primacía o prevalencia que en su contemplación suele predicarse de ella, si bien tiene sentido respecto de apreciaciones subjetivas derivadas de aquella personal, directa e inmediata intervención, insustituibles por el simple visionado de su grabación, no lo tiene tanto respecto de las basadas en la interpretación y fijación de los resultados contrastables con la reproducción de aquellos soportes, en la crítica racional de esos resultados o en inducciones e inferencias realizadas a partir de ellos conforme a las reglas de la lógica y la experiencia. La recepción directa y la intervención personal de la prueba explica la común o normal asunción de las apreciaciones del juzgador "a quo" por el tribunal de apelación y la prevalencia que en no pocas declaraciones de Audiencias se les atribuye sobre otras, también posibles y acaso igualmente fundadas, pero no impone la insoslayable vinculación del órgano "ad quem" a tales apreciaciones, ni le impide sustituirlas en apelación por las que puede juzgar más acordes a la realidad de los hechos, a la crítica racional de la prueba, a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia (SAP Asturias, sec. 5ª, núm. 281/2009, de 9 septiembre).

Si la cuestión que se plantea es la de si el tribunal civil que resuelve en grado de apelación tiene plenas facultades para determinar los hechos declarados probados, incluso, en manifiesta contradicción con los declarados probados por el juzgador de instancia, la respuesta ha de ser afirmativa. Esta facultad de revisión de los hechos ha venido siendo reconocida al tribunal civil "ad quem" en virtud de la naturaleza devolutiva del recurso de apelación, incluso, antes de la entrada en vigor de la actual LEC -EDL 2000/77463-.

Así la STC de 13 enero 1998 -EDJ 1998/9- decía: "Como este Tribunal ya ha tenido ocasión de señalar, "en nuestro sistema procesal, la segunda instancia se configura, con algunas salvedades, en la aportación del material probatorio y de nuevos hechos (arts. 862 y 863 LEC -EDL 1881/1-), como una "revisio prioris instantiae", en la que el Tribunal Superior u órgano "ad quem" tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos ("quaestio facti") como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes ("quaestio iuris"), para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas que eran aplicables al caso, con dos limitaciones: la prohibición de la "reformatio in peius", y la imposibilidad de entrar a conocer sobre aquellos extremos que hayan sido consentidos por no haber sido objeto de impugnación ("tantum devolutum quantum appellatum")."

En idéntico sentido la STS, Sala Primera, de 16 junio 2003 -EDJ 2003/29673-: "... esta Sala ha declarado que los Tribunales de alzada tienen competencia no sólo para revocar, adicionar, suplir y enmendar las sentencias de los inferiores, sino también para dictar, respecto de todas las cuestiones debatidas, el pronunciamiento que proceda, salvo en aquellos aspectos en los que, por conformidad o allanamiento de las partes, algún punto litigioso ha quedado firme y no es, consiguientemente, recurrido, ya que, en otro caso, al Juzgador de la alzada le es lícito en nuestras leyes procesales valorar el material probatorio de distinto modo que el Tribunal de primer grado, revisar íntegramente el proceso y llegar a conclusiones que pueden ser concordantes o discrepantes, total o parcialmente, de las mantenidas en la primera instancia, pues su posición frente a los litigantes ha de ser la misma que ocupó el inferior en el momento de decidir, dentro de los términos en que el debate se desenvolvió (entre otras, SSTS de 4 de junio de 1993 -EDJ 1993/5372- y 7 de febrero de 1994 -EDJ 1994/963-), y también ha manifestado que, cuando la apelación se formula sin limitaciones somete al Tribunal que de ella entiende al total conocimiento del litigio en términos que le faculta para valorar los elementos probatorios y apreciar las cuestiones debatidas según su propio criterio, dentro de los límites de la obligada congruencia (STS de 23 de marzo de 1963)."

Cuando en un recurso de apelación se alega el error en la valoración de la prueba, el tribunal "ad quem" viene obligado a examinar la prueba practicada en primera instancia y comprobar si el resultado de su valoración es coincidente o no con la alcanzada por el juzgador "a quo". Así lo dice expresamente el art. 456,1 LEC -EDL 2000/77463- al referirse al ámbito del recurso de apelación: "mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal [de primera instancia]".

Con la reproducción audiovisual del acto del juicio (art. 147 de la vigente LEC -EDL 2000/77463-) se facilita enormemente el examen del material probatorio practicado ante el juez de primera instancia porque permite captar matices y actitudes en las pruebas de naturaleza personal (interrogatorio de partes, de testigos y peritos) que no son perceptibles mediante su reproducción escrita como ocurría en la anterior LEC -EDL 1881/1-; piénsese en las dudas, vacilaciones, contradicciones, espontaneidad o contundencia de las manifestaciones de las personas intervinientes en el acto del juicio.

La reproducción audiovisual del acto del juicio facilita al tribunal de apelación el siempre complejo proceso intelectual que entraña la llamada valoración de la prueba que no se ha practicado a su presencia, sin inmediación, y que exige siempre interpretar y valorar cada medio probatorio en relación con el hecho que pretende acreditar y su contraste con los otros medios de prueba practicados en la instancia, pudiendo dar como resultado una declaración de hechos no coincidente o contradictoria con la relatada en la sentencia de instancia.

Tengo mis dudas acerca de si la generalización en el orden penal del sistema de reproducción audiovisual de la prueba practicada en primera instancia (arts. 743, 788,6 y 972 LECrim. -EDL 1882/1-) tras la entrada en vigor de la Ley 13/2009, de 3 noviembre, modificará la doctrina iniciada por la Sentencia del Pleno del TC 167/2002, de 18 septiembre -EDJ 2002/35653-, relativa a que el derecho a un proceso con todas las garantías y, en especial, el respeto de los principios de publicidad, inmediación y contradicción en la segunda instancia penal, impide la revocación en apelación de una sentencia absolutoria dictada en primera instancia y sustituida por otra condenatoria sin la presencia personal del acusado ante el tribunal "a quo". Entiendo que en estos casos siempre será necesaria la celebración de la vista en grado de apelación con la presencia del acusado, absuelto en primera instancia y, a lo sumo, podrá eludirse la práctica de las pruebas de naturaleza personal mediante la reproducción audiovisual de las practicadas en la instancia, posibilidad que prevé la nueva redacción del art. 791 LECrim., tras la reforma operada por la Ley 13/2009 -EDL 2009/238889-, respecto de la vista en apelación dentro del procedimiento abreviado.

Dispone el art. 456 párrafo primero LEC -EDL 2000/77463- que en virtud del recurso de apelación podrá perseguirse... que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro... favorable al recurrente, mediante un nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal, precepto que se complementa, en lo que hace a la cuestión debatida con el 289,1 según el cual las pruebas se practicarán contradictoriamente en vista pública, o con publicidad y documentación similares si no se llevasen a efecto en la sede del tribunal.

Pues bien, lo que se desprende de la dicción de ambos preceptos es que para el legislador procesal civil no hay cuestión. La contradicción en la práctica de la prueba se lleva a cabo en la instancia y la inmediación para su valoración tanto alcanza la que resulta de forma directa como indirecta, a través de la documentación oportuna. Dicho de otro modo, la inmediación, su falta en sentido real, no constituye obstáculo para que el tribunal "ad quem" pueda, con plenitud, llevar a cabo el proceso valorativo del material probatorio sin más límite del que dimana del principio dispositivo en virtud del cual sólo ha de conocer el tribunal de las cuestiones sobre las que recae el recurso, y no acerca de las consentidas por las partes de las decididas en primera instancia.

La cuestión ha sido además tratada en sede constitucional en diversas ocasiones, apuntando siempre el tribunal la naturaleza civil del proceso como factor determinante de la distinta apreciación de la inmediación respecto del ámbito penal. En este sentido, la STC de 16 noviembre 1992 -EDJ 1992/11275- ya señaló que en el ámbito de la jurisdicción civil y de su ordenamiento procesal, en el que el llamado principio de inmediación (contacto personal del juzgador con los litigantes y la documentación del proceso), no tiene las connotaciones y consecuencias tan rígidas como las prescritas para el orden penal, diferencias que no es preciso ahora explicitar, Sentencia que recogía la doctrina ya apuntada en una Sentencia anterior, en la de 11 marzo 1991 donde, en relación a una denuncia de amparo por haberse practicado la prueba en un proceso civil ante Juez distinto al que finalmente había dictado Sentencia, señalaba que limitación o disminución alguna que afecte al ejercicio de la función juzgadora, como consecuencia de aquella sustitución temporal del titular del órgano judicial. En este sentido cobra especial relevancia la naturaleza civil del proceso de que trae causa la presente demanda de amparo, en el que, el principio de inmediación -en relación con la práctica de la prueba- no puede entenderse de la misma manera, ni afectar con similar intensidad y características que en el orden penal en el que este tribunal ha señalado su trascendencia, reiteradamente.

Parece evidente por tanto, que la autorización legal contenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463- de extender la valoración de la prueba con ocasión de la apelación sin límites o restricciones por razón de no haberse practicado en presencia de los jueces que componen el tribunal, tiene cobertura constitucional. Ello tiene sin embargo una condición del alcance constitucional vinculada, precisamente, al tema que nos ocupa. La documentación de las pruebas -art. 145 y ss. LEC-. En efecto, es necesario que las pruebas tengan fiel y exacto reflejo documental en autos, de modo que, la totalidad de su contenido pueda ser examinado por el órgano "ad quem" para resolver el litigio, situándose en la misma posición que ocupaba el órgano "ad quo". El alcance constitución de tal exigencia se desprende de la STC de 12 septiembre 2005 -EDJ 2005/144690- cuando apunta la existencia de vulneración de derechos fundamentales en un caso de participación de un magistrado en la votación de una sentencia dictada en un tribunal del que no formó parte en sus actuaciones orales con el argumento de la ausencia en las actuaciones de soporte documental que permitiera una percepción y conocimiento directos de las alegaciones.

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