Conócenos

FAMILIA

Posibilidad de cambio del obligado al pago de la pensión de alimentos de hijo mayor de edad en relaciones paterno-filiales por cambio de convivencia

Coordinador: José María Prieto Fernández-Layos

Magistrado del Juzgado de Primera Instancia núm. 22, de Familia, de Madrid

  • Imprimir

Los procedimientos de Derecho de Familia llamados de relaciones paterno-filiales, es decir, los que versan sobre las medidas a adoptar en orden a los hijos menores de edad de progenitores no casados, presentan bastantes lagunas en su regulación legal -por causas en las que no nos detendremos- que se vienen cubriendo en base a criterios doctrinales a veces dispares.

Las dudas y discrepancias derivadas de su deficiente reglamentación no afectan sólo al proceso principal propiamente dicho, sino también al de modificación de las medidas en él acordadas.

Uno de los problemas que se plantean en la práctica del foro es el referido a la posibilidad o no de modificar la medida de pensión alimenticia establecida en estos asuntos, en el sentido de alterar la persona del progenitor pagador de los alimentos por un cambio de convivencia del hijo cuando éste ya es mayor de edad. Aunque algunos profesionales del Derecho de Familia extienden también esta discusión a los procedimientos matrimoniales, no dejan de ser los de relaciones paterno-filiales los más involucrados en el debate habida cuenta de su naturaleza. Y así, mientras una corriente doctrinal entiende que precisamente por tal naturaleza no es viable jurídicamente dicha posibilidad dada la mayoría de edad del hijo y su derecho a reclamar personalmente la pensión alimenticia a sus progenitores en procedimiento aparte, otra tendencia afirma su admisibilidad mientras el hijo no sea independiente económicamente en aras a evitar litigios ajenos al entablado en su momento, máxime teniendo en cuenta criterios analógicos con los hijos matrimoniales (aunque como hemos dicho, también existe debate al respecto).

Con fundamento en un procedimiento anterior de relaciones paterno-filiales ¿puede accionarse una modificación de medidas tendente a variar la persona del progenitor obligado al pago de la pensión alimenticia de un hijo ya mayor de edad cuando éste, por el motivo que sea, pasa de convivir con un progenitor a hacerlo con el otro?


Este foro ha sido publicado en el "Boletín Derecho de Familia", el 1 de marzo de 2012.

Se nos plantea la cuestión de si existe la posibilidad, en el caso de progenitores no casados, del cambio del progenitor obligado al pago de la pensión de alimentos del hijo mayor de edad por cambio de convivencia, si puede accionarse una modificación de medidas tendente a variar la persona del progenitor obligado al pago de la pensión alimenticia de un hijo mayor de edad cuando este pasa de convivir con un progenitor a hacerlo con otro. Dos son las posturas que se nos plantean. La de quien entiende que fijada una pensión alimenticia para los hijos menores de edad de una pareja no casada, una vez alcanzada la mayoría de edad por el hijo no cabría la posibilidad de que uno de los progenitores accionara frente al otro para reclamarle alimentos para este hijo que pasa a convivir con él, y ello por cuanto al ser el hijo mayor de edad el único legitimado para pedir alimentos sería el propio hijo, quien debería reclamarlos personalmente a sus progenitores. Otra postura entiende que mientras el hijo no sea independiente económicamente será el progenitor con el que convive quien deberá reclamar la pensión alimenticia al progenitor con el que el hijo no convive.

Yo me inclino por esta segunda posición. La reforma del CC del año 90 introdujo en el art. 93 del citado texto legal un segundo párrafo (EDL 1889/1) en el que se dispone "Si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados que carecieran de ingresos propios, el Juez, en la misma resolución, fijará los alimentos que sean debidos conforme a los artículos 142 y siguientes de este Código". La intención del legislador era que en el procedimiento matrimonial pudieran fijarse alimentos para aquellos hijos del matrimonio que pese a su mayoría de edad seguían dependiendo económicamente de sus progenitores, y ello sin obligarles a acudir a ellos personalmente a un procedimiento para reclamar alimentos a sus padres, a fin de no empeorar y no transmitir a los hijos la situación conflictiva que tras la ruptura de los progenitores se instauraba en la familia.

La redacción del precepto no fue muy clara y siguieron manteniéndose las dudas de quién estaba legitimado para reclamar los alimentos, si el progenitor con el que convivían los hijos mayores de edad al tener un derecho propio a la acción precisamente por el interés de repartir las cargas que supone la convivencia con él del hijo mayor de edad, o directamente los hijos al tener plena capacidad para hacerlo precisamente por su mayoría de edad. El TS dictó la Sentencia de 24 de abril de 2000 (EDJ 2000/5839) en la que se venía a afirmar que el progenitor con el que conviven los hijos mayores de edad tiene un interés legítimo para accionar frente al progenitor con el que no conviven, y que el texto constitucional posibilita el acceso a la jurisdicción no sólo para demandar la tutela de los derechos propios sino también de aquellos que acuden a los tribunales solicitando la defensa de intereses legítimos. Establece esta resolución que "del art. 93.2 del Código Civil emerge un indudable interés del cónyuge con quien conviven los hijos mayores de edad necesitados de alimentos a que, en la sentencia que pone fin al proceso matrimonial, se establezca la contribución del otro progenitor a la satisfacción de esas necesidades alimenticias de los hijos. Por consecuencia de la ruptura matrimonial el núcleo familiar se escinde, surgiendo una o dos familias monoparentales compuestas por cada progenitor y los hijos que con él quedan conviviendo, sean o no mayores de edad; en esas familiar monoparentales, las funciones de dirección y organización de la vida familiar en todos sus aspectos corresponde al progenitor, que si ha de contribuir a satisfacer los alimentos de los hijos mayores de edad que con él conviven, tiene un interés legítimo, jurídicamente digno de protección, a demandar del otro progenitor su contribución a esos alimentos de los hijos mayores. No puede olvidarse que la posibilidad que establece el art. 93, párrafo 2º del Código Civil de adoptar en la sentencia que recaiga en estos procedimientos matrimoniales, medidas atinentes a os alimentos de los hijos mayores de edad se fundamenta, no en el indudable derecho de esos hijos a exigirlos de sus padres, sino en la situación de convivencia en que se hallan respecto a uno de los progenitores, convivencia que no puede entenderse como el simple hecho de morar en la misma vivienda, sino que se trata de una convivencia familiar en el más estricto sentido del término con lo que la misma comporta entre las personas que la integran".

En base a estas manifestaciones concluye la sentencia afirmando la legitimación del progenitor con el que conviven los hijos mayores de edad para reclamar alimentos para estos frente al otro progenitor en los procedimientos matrimoniales. Queda, por tanto, claro que, existiendo hijos mayores de edad, que carezcan de ingresos y continúen viviendo con uno de los progenitores, en el procedimiento matrimonial el progenitor que asume la carga de estos hijos está legitimado para reclamar del otro progenitor su parte en esta obligación.

Posteriormente, el TS dictó la Sentencia de 30 de diciembre de 2000 (EDJ 2000/44287), en la que se afirma la legitimación del progenitor para reclamar alimentos para los hijos mayores de edad que con él conviven en los supuestos de parejas de hecho. Se fundamenta esta postura, no sólo en el hecho de que los hijos otorgaran representación a favor de uno de los progenitores, sino sobre todo en la legitimación de la progenitora por el interés legítimo que le asiste frente al otro progenitor no conviviente con los hijos mayores de edad. Entiende esta resolución que por este interés, el de no hacer sola frente a las necesidades de los hijos, y en base al art. 93.2 CC, que entiende aplicable a los supuestos de hijos nacidos de uniones de hecho en cumplimiento del mandato del art. 39.2 CE (EDL 1978/3879), los hijos mayores de edad no necesitan acudir a otro proceso declarativo para ver satisfechas sus necesidades alimenticias, sino que la reclamación puede hacerse directamente por el progenitor con el que conviven.

Esta postura de valorar el interés legítimo de los progenitores que conviven con los hijos mayores de edad, que continúan dependiendo económicamente de sus progenitores, de que la carga económica que suponen estos hijos sea abordada por ambos progenitores y estén legitimados por ello para reclamarla directamente frente al otro, entiendo que se mantiene en los procedimientos en los que se insta la modificación de las medidas previamente acordadas. Igualmente persiste el interés del progenitor con el que conviven los hijos a dividir equitativamente la manutención de estos, por mucho que el cambio de circunstancias, el pasar a convivir con el otro progenitor, se haya producido una vez dictada la sentencia primitiva y una vez alcanzada la mayoría de edad por los hijos. Si una vez fijados los alimentos para los hijos menores estos alcanzan la mayoría de edad y deciden pasar a convivir con el otro progenitor, este progenitor que pasa a convivir con los hijos tiene igualmente el mismo interés legítimo que se reflejaba en las dos sentencias transcritas. El progenitor conviviente tiene interés en que esta carga familiar que representan los hijos mayores de edad sea asumida por ambos progenitores y no solo por él, y podrá accionar contra el otro pidiendo la modificación de la primitiva resolución para que se imponga también este la pensión alimenticia, o si se quiere llamar carga familiar, que se le haga contribuir a las necesidades de los hijos mayores de edad. Debo citar como refuerzo a esta postura el art. 775 LEC (EDL 2000/77463) que entiende que para la modificación de una previa sentencia, incluidas por supuesto las que se dictan en los supuestos de relaciones paterno filiales por disposición del art. 484.4º LEC, quienes están legitimados son el Ministerio Fiscal en su caso y los cónyuges, en este caso miembros de la pareja de hecho.

Si la sentencia del TS legitima al progenitor con el que conviven los hijos mayores de edad, que carecen de recursos propios para poder hacer vida independiente, para reclamar alimentos al otro progenitor, entiendo que dicha legitimación debe extenderse a todas las pretensiones que se refieren a ella, y por tanto también a su modificación por cambio de circunstancias, entre ellas por supuesto cuando hay un cambio del progenitor conviviente, que tiene un claro interés en que se fije la obligación del otro progenitor a hacer frente a la carga que supone la convivencia con los hijos.

Ciertamente, no veo inconveniente alguno para que en el oportuno procedimiento de modificación de efectos se puede entablar la solicitud relativa a la medida de la pensión de alimentos en favor del hijo mayor de edad, que se trasladó de modo estable y definitivo a convivir con el otro progenitor, quien anteriormente estaba obligado a satisfacer la prestación alimenticia para dicho hijo, con el que anteriormente no convivía.

Ello lo que permite la propia naturaleza y el objeto del procedimiento de modificación de efectos, de modo que aunque ya no haya necesidad de resolver sobre la guarda y custodia, régimen de visitas, dada la mayoría de edad del hijo, es claro que sólo tres condicionantes se exigen para formalizar con éxito la pretensión sobre reclamación de alimentos, a plantear contra el progenitor que deja de convivir con dicho hijo mayor; a saber: la convivencia estable y duradera de dicho hijo mayor con el otro progenitor, la falta de independencia económica de dicho hijo mayor, acreditando que este último se encuentra en periodo de estudios y formación escolar o académica, demostrando el oportuno y debido aprovechamiento escolar de acuerdo a su edad, procurando evitar situaciones ficticias, en relación a la apariencia, que en muchas ocasiones se produce, sobre estudios que en realidad no se cursan, y, por otra parte, tal reclamación de alimentos tendrá éxito en la medida que el progenitor que deja de convivir con dicho hijo esté en posibilidad material y económica de afrontar el pago de una determinada cuantía de pensión de alimentos para dicho hijo, en razón de su situación profesional, laboral, patrimonial o económica.

Ello es así, partiendo de la base de que la legitimación activa para reclamar dichos alimentos única y exclusivamente la tiene, en esta clase de procesos de modificación de efectos, el progenitor que pasa a convivir con dicho hijo mayor, y la legitimación pasiva únicamente corresponde a aquel otro progenitor que deja de convivir con dicho hijo, teniendo en consideración que la doctrina del TS, a partir de la Sentencia de 24 de abril de 2000 (EDJ 2000/5839), faculta a dicho progenitor conviviente con el hijo mayor para reclamar la pensión de alimentos, sin necesidad de traer al proceso a dicho hijo, y obviando el apoderamiento de dicho hijo en favor del progenitor que convive con aquél por no ser necesario de acuerdo a la doctrina del Alto Tribunal.

Todo lo anterior se fundamenta en aplicación del principio de igualdad de trato formal y procesal, y de fondo, para todos los hijos nacidos de una relación matrimonial o no matrimonial.

En cualquier caso, y no obstante los argumentos expuestos, tampoco veo inconveniente para que dicho hijo mayor, con capacidad jurídica y de obrar, si así lo desea, pueda entablar en el proceso declarativo que corresponda reclamación de alimentos frente a sus progenitores.

Debe tenerse en consideración que en estos supuestos, sobre reclamación de alimentos para hijos mayores en sede de procedimiento de modificación de medidas, habrá que tener en consideración los oportunos criterios de competencia, de acuerdo lo establecido en el art. 770-6ª LEC (EDL 2000/77463), en cuyo apartado se refiere solamente a la reclamación de alimentos en favor de hijos menores, pues en estos casos es clara la competencia de los juzgados de primera instancia, especializados en materia de familia.

Como sabemos, la Ley 11/1990, de 15 de octubre, sobre reforma del Código civil en aplicación del principio de no discriminación por razón de sexo (EDL 1990/14773), añadió al art. 93 CC un párrafo 2º (EDL 1889/1) del tenor literal siguiente:

«Si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados que carecieran de ingresos propios, el Juez, en la misma resolución, fijará los alimentos que sean debidos conforme a los arts. 142 y ss de este Código»

Esa reforma del CC, llevada a cabo nueve años después de entrar en vigor la llamada Ley del Divorcio (Ley 11/1981, de 13 de mayo; EDL 1981/2521), trató de dar solución al problema que se suscitaba en los procesos matrimoniales, respecto de los alimentos de los hijos comunes de los litigantes, cuando tales descendientes alcanzaban la mayoría de edad. Como consecuencia de su emancipación por mayoría de edad, no podía exigirse el pago en ejecución de las pensiones alimenticias fijadas a favor de tales hijos, durante su minoría de edad, en las sentencias dictadas en los procesos matrimoniales, por falta de legitimación del progenitor para reclamar alimentos en nombre de dicho descendiente, de modo que las pensiones alimenticias establecidas en dichas resoluciones judiciales dejaban de ser exigibles por los padres, en ejecución de sentencia, desde el momento en que tales hijos alcanzaban la mayor edad, obligando a estos a demandar judicialmente de sus progenitores, en su propio nombre y derecho, una pensión alimenticia, si continuaban estando necesitados de ella después de alcanzar la mayoría de edad.

Teniendo en cuenta el fenómeno sociológico del retraso de la edad de emancipación económica de los hijos y del tardío abandono del domicilio familiar por parte de los hijos tras su mayoría de edad, y la subsiguiente permanencia de los hijos mayores de edad en el domicilio de sus progenitores, en situación de dependencia económica de éstos, hasta edades próximas a la treintena, se producía, respecto de los descendientes mayores de edad, hijos de padres separados o divorciados, una situación de cierta desprotección al llegar a la mayoría de edad cuando el cónyuge obligado a prestar alimentos por dicho descendiente dejaba de abonarlos voluntariamente, con la consecuencia inevitable de que, en la mayoría de los casos, fuera el cónyuge con quien dicho hijo convivía el obligado a soportar, de modo exclusivo, la carga alimenticia de dicho descendiente, salvo en los supuestos, escasos en la práctica, en que los propios hijos se decidían a reclamar alimentos de sus progenitores a través del juicio de alimentos correspondiente.

Para evitar esas desfavorables consecuencias y hacer innecesario que el hijo mayor de edad tuviera que demandar alimentos de sus progenitores, al margen del proceso matrimonial de éstos, en el juicio de alimentos correspondiente, se introdujo la posibilidad de que en las resoluciones dictadas en los procesos matrimoniales pudieran establecerse pensiones alimenticias en favor de los hijos mayores de edad que continuaren conviviendo con uno de sus progenitores, tras alcanzar la mayoría de edad, y carecieren de ingresos suficientes para sus subsistencia, partiendo de la premisa de que la necesidad de fijar una pensión alimenticia para tales descendientes no es más que una de los efectos o consecuencias derivadas de la ruptura matrimonial.

No es este el momento de examinar los problemas de legitimación activa y pasiva derivados de la aplicación del párrafo 2º del art. 93 CC, ya resueltos por la jurisprudencia del TS, pero sí es conveniente resaltar que el espíritu y finalidad de la reforma introducida fue concentrar en el proceso matrimonial la regulación de todos los efectos producidos por la ruptura, incluido el de los alimentos de los hijos mayores de edad, y, por otra, evitar que éstos tuvieran que recurrir a un juicio de alimentos, tras la separación o divorcio de sus padres, para reclamar de ambos una pensión alimenticia.

La LEC (EDL 2000/77463), al regular el proceso especial matrimonial, acota, en sus arts. 748 y 770, el ámbito de los procesos de relaciones paterno-filiales a "los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores".

Partiendo de la normativa legal expuesta, en aplicación de lo dispuesto en el art. 91, en relación con el art. 93 CC, cuando se separa o divorcia un matrimonio con hijos mayores dependientes económicamente de sus progenitores, el artículo 93 de dicho cuerpo legal ampara la posibilidad de que un progenitor demande en dicho proceso el establecimiento de una pensión alimenticia, a cargo del otro progenitor, para tal descendiente, si concurren en el mismo los presupuestos fácticos del precepto (convivencia con uno progenitor y carencia de recursos propios para sus subsistencia). En cambio, si una pareja de hecho con un hijo mayor de edad dependiente cesa en su convivencia, ninguno de los progenitores puede acudir al juez para demandar del otro una pensión alimenticia para dicho descendiente.

En la práctica forense, se viene admitiendo, sin embargo, la fijación de pensiones alimenticias a favor de hijos mayores de edad, no matrimoniales, en los supuestos, no infrecuentes, de procesos de relaciones paterno-filiales en que, junto a los hijos menores, coexisten hermanos mayores de edad económicamente dependientes de sus progenitores. E igualmente está admitido por la doctrina y el usus fori que las pensiones alimenticias establecidas en los procesos de relaciones paterno filiales en favor de hijos menores de edad subsisten tras alcanzar los alimentistas la mayoría de edad, esto es, que tales obligaciones alimenticias prolongan su exigibilidad y vigencia en tanto concurran en dichos descendientes los requisitos del art. 93, párrafo 2º CC.

La pregunta que se nos formula en este foro abierto no afecta a la posibilidad de establecer en los procesos de relaciones paterno-filiales una pensión alimenticia para un hijo mayor de edad conviviente con uno de sus progenitores, a satisfacer a éste por el progenitor con quien el hijo no conviva. Se refiere a si es posible que, fijada dicha pensión en un antecedente proceso de relaciones paterno-filiales, pueda acudirse por las partes a un proceso de modificación de medidas para, haciendo valer como alteración sustancial de circunstancias la decisión del hijo mayor de pasar de vivir con uno a otro progenitor, variar la persona obligada al pago de la pensión alimenticia, esto es, para llevar a cabo una novación subjetiva de la obligación, sustituyendo la persona del progenitor acreedor por la del deudor en caso de cambio de progenitor conviviente.

Mi respuesta a la pregunta formulada en este foro abierto es afirmativa. Siempre que en un proceso de relaciones paterno-filiales seguido para regular las medidas personales y patrimoniales referidas a hijos menores (patria potestad, guarda, visitas, uso de la vivienda familiar y alimentos) se haya establecido una pensión alimenticia en favor de un hijo mayor de edad o menor que alcanza la mayoría de edad posteriormente, debe ser factible para el progenitor con quien el hijo mayor de edad convive acudir a un proceso de modificación de medidas en solicitud de que se fije una pensión alimenticia a cargo del otro progenitor y se acuerde el cese de la obligación de satisfacerla por parte del demandante en caso de que el hijo, por las circunstancias que fueren, haya decidido pasar a vivir del domicilio de uno al del otro progenitor.

Ha de tenerse en cuenta que, en relación con los procesos de relaciones paterno-filiales, al igual que ocurre en los procesos matrimoniales, la ley prevé que las partes puedan acudir a un proceso de modificación de medidas para cambiar las establecidas con anterioridad por haber acaecido una alteración sustancial de las circunstancias tenidas en consideración por las partes o por el juez para la adopción de las medidas cuya modificación se pretende. Esa facultad de accionar pidiendo el cambio o modificación de unas medias precedentes deriva directamente del art. 775 LEC. Y el precepto no pone límite temporal alguno a la facultad de accionar interesando la modificación de las medidas anteriormente establecidas, de tal manera que el ejercicio de la posibilidad de accionar solicitando su modificación por alteración sustancial de circunstancias subsiste en tanto la medida en cuestión, por su propia naturaleza, conserve vigencia y no agote su virtualidad.

Imaginemos, por ejemplo, que el derecho de uso de la vivienda familiar ha sido atribuido a los hijos menores comunes y a la madre con la que conviven en el proceso de relaciones paterno filiales correspondiente. La circunstancia de que los hijos comunes alcancen la mayoría de edad no implica, per se, la extinción de tal derecho de uso porque, en principio, el referido derecho no se atribuye hasta la mayoría de edad de los hijos sino en tanto los hijos continúen conviviendo con el progenitor usuario en situación de dependencia económica; es decir, de algún modo, la duración del uso se vincula con la del derecho de alimentos de los hijos mayores de edad.

Si llegada la mayoría de edad del hijo, y siendo el mismo dependiente económicamente de sus progenitores, el mismo decide dejar de vivir con su madre para pasar a convivir con su padre, parece que habrá de admitirse como procedente una eventual acción de este último dirigida a extinguir el derecho de uso sobre la vivienda familiar común atribuido a la madre, pues es perfectamente legítimo que, como copropietario, quiera disponer de la misma en la forma que tenga por conveniente y, de no declararse extinguido previamente el derecho de uso, no le será posible lograrlo al deberse respetar en la extinción del condominio el derecho de uso atribuido judicialmente en el proceso de familia. Parece de sentido común que en ese proceso de modificación de medidas el padre pueda deducir la pretensión de que se establezca, a cargo de la madre, una pensión alimenticia a favor del común descendiente, pues esa pretensión nace de la alteración sustancial de circunstancias producida al tiempo de establecerse la pensión. De no admitirse esta acumulación de acciones en ese proceso de modificación (extinción de la pensión alimenticia a cargo de un progenitor y fijación de la misma a cargo del hasta entonces acreedor de la pensión) resultaría que el propio hijo mayor de edad se vería obligado a acudir al proceso de alimentos correspondiente demandando a ambos progenitores un pensión alimenticia. Y, como la pretensión alimenticia del hijo es contradictoria con la pensión alimenticia establecida en el proceso de relaciones paterno filiales precedente, parece lógico entender que, hasta que no se declarase extinguida la obligación alimenticia paterna no podría demandarse el establecimiento de una nueva obligación a cargo de la madre, pues, como es obvio, una misma persona.

Sensu contrario, negar la posibilidad de acudir al proceso de modificación de medidas para, haciendo valer como alteración sustancial el cambio de progenitor conviviente por parte del alimentista, producir una novación subjetiva de la obligación alimenticia intercambiando las personas del acreedor y del deudor, acarrearía importantes dudas e inseguridad jurídica a las partes. Imaginemos que las partes han pactado en convenio, siendo el hijo menor de edad, la atribución del uso de la vivienda familiar al hijo menor y a la madre hasta que el hijo común alcance independencia económica. Si, llegado el hijo a la mayor edad, decide vivir con el padre y entendemos necesario que sea el propio hijo quien reclame alimentos de sus progenitores, en su propio nombre y derecho, en el juicio de alimentos correspondiente, negando la posibilidad de que el padre acuda al proceso de modificación de medidas para pedir una pensión alimenticia para dicho hijo a cargo de la madre, al no poder solicitar el propio descendiente la modificación de medidas y, con ella, la extinción de la obligación del padre de abonar alimentos a la madre, en caso de prosperar la acción emprendida por el propio hijo y condenarse a la madre a satisfacerle una pensión alimenticia (el padre la abonaría, ex art. 149 CC; recibiendo y alimentando en su propia casa al alimentista) nos encontraríamos con que, formalmente, la madre sería acreedora de la pensión alimenticia del hijo en virtud de la sentencia dictada en el proceso de relaciones paterno filiales y, a la vez, deudora de dicha pensión conforme a la sentencia dictada en el juicio de alimentos instado por el propio hijo, lo que acarrearía el absurdo de que una misma persona fuera a la vez acreedora y deudora de una misma obligación...

Además, de negarse esta posibilidad, respecto de los hijos mayores no matrimoniales, se estaría discriminando procesalmente a los mismos respecto de los hijos matrimoniales, ya que éstos disponen, en caso de separación o divorcio de sus progenitores, de dos vías para que se establezcan, a cargo de éstos, alimentos a su favor. Una, a través del proceso matrimonial de sus progenitores, al amparo de lo dispuesto en el art. 93-2º CC. Y otra, ejercitando, en su propio nombre y derecho, la acción de reclamación de alimentos frente a ambos progenitores, pues nada impide que el propio hijo mayor, dada su plena capacidad de obrar, se reserve el derecho a instar judicialmente una reclamación alimenticia frente a sus progenitores en caso de serle denegado el pago voluntario de los mismos por los obligados, renunciando a que se fije la pensión alimenticia en el proceso matrimonial de sus progenitores por confiar en que éstos le satisfarán los mismos cubriendo todas sus necesidades.

Los procesos de Derecho de Familia de relaciones paterno-filiales, que versen sobre medidas a adoptar en orden a hijos menores de edad de progenitores no unidos por vínculo matrimonial, sino por relaciones extramatrimoniales, bien sean o no uniones estables de parejas de hecho, tienen su cauce adjetivo en el art. 770.6ª LEC (EDL 2000/77463), remitiendo a los trámites de adopción de medidas previas, simultáneas o definitivas, en los procesos de nulidad, separación o divorcio.

En tales procedimientos se adoptan las medidas que se consideren pertinentes, sobre materia de guarda y custodia de los menores, régimen de visitas con el progenitor no custodio y pensión de carácter alimenticio.

La sentencia que dé fin a la relación jurídico-procesal en tales procedimientos, determina pues, en lo que aquí nos interesa por tratarse de la cuestión a analizar en el presente foro, las pensiones de alimentos de los hijos menores, a cargo del progenitor no custodio, con aplicación sustantiva de los arts. 142 y ss CC (EDL 1889/1), relativas a los alimentos entre parientes.

En el supuesto del acceso a la mayoría de edad del beneficiario de la prestación alimenticia, no se produce la extinción de las pensiones, pues las necesidades alimenticias han de ser cubiertas por los obligados, aún después de haber alcanzado los hijos la mayoría de edad, cuando no hayan terminado su formación por causa que no les sea imputables, tal como determina el párrafo segundo del art. 142 CC, que define los alimentos en sentido amplio.

Sentadas tales consideraciones, y entrando ahora en la cuestión objeto del presente foro abierto, entiendo que es viable el ejercicio de una acción en proceso de modificación de medidas adoptadas en tales procedimientos de relaciones paterno-filiales, deduciendo la pretensión de variar la persona del progenitor obligado a la prestación de alimentos del hijo menor de edad, cuando al obtener su mayoría de edad, con cese de las funciones de la patria potestad, guarda y custodia y régimen de comunicación, estancia y visitas, decide pasar a convivir con el otro progenitor.

Procede, a mi entender, aplicar en forma analógica la regulación propia de los procesos matrimoniales, en los que el mayor de edad, si conviviere en el domicilio de alguno de los cónyuges y carezca de ingresos propios, supuestos a los que se refiere el párrafo segundo del art. 92 CC, tiene derecho a que se le señale pensión alimenticia en los procesos de separación, divorcio o nulidad del matrimonio, conforme a lo dispuesto en los arts. 142 y ss CC.

La alteración domiciliaria del mayor de edad, para pasar de convivir con un progenitor a hacerlo con otro, faculta el ejercicio de la acción de cambio del deudor alimenticio por el cauce del procedimiento de modificación de medidas, sin necesidad de apoderamiento otorgado por tal descendiente en favor del accionante, ni de que comparezca en el proceso entablado, al ostentar quien acciona legitimación para hacerlo en interés del descendiente.

Este criterio ha de prevalecer sobre el otro planteado, que obligaría al hijo mayor de edad a acudir al juicio declarativo verbal de alimentos del art. 250.8º LEC, evitándose así litigios ajenos y aparte del inicialmente entablado, cuyas medidas se pretende modificar.

Razones de economía procesal, por un lado, aconsejan que sea admisible que al hijo mayor de edad que cambia de residencia al vivir ahora en el domicilio del otro progenitor a aquél en donde lo venía haciendo aconsejan que no haga falta que sea él, pese a disponer de capacidad de ejercitar acciones civiles, el que tenga que solicitar el cambio del sujeto obligado al pago de la pensión alimenticia, sino que pueda interesarlo el progenitor en donde va a residir el hijo y que hasta la fecha era el obligado al pago de la pensión por residir el hijo en el domicilio del progenitor en donde hasta esa fecha residía.

Nótese que el pago de la pensión se deriva de lo dispuesto en el art. 93 CC (EDL 1889/1), pero la obligación del pago de alimentos al hijo mayor de edad corresponde a ambos, no solamente a uno de ellos, no obstante es obvio apuntar que aquél que tenga consigo al hijo mayor de edad tendrá unas obligaciones económicas más reducidas que aquél que no lo tiene consigo, porque la convivencia genera unos gastos mayores que la no convivencia. De ahí que en el caso de que se produzca una modificación en el lugar donde se va a desarrollar la convivencia suponga, también, una exigente modificación de la cuantía a pagar por cada uno de ellos por variar las condiciones y circunstancias.

Hay que recordar también que según el criterio sostenido por el TS (entre otras, en Sentencia de 5 de noviembre 2008; EDJ 2008/209694) los alimentos a los hijos no se extinguen por la mayoría de edad, sino que la obligación se extiende hasta que los hijos alcancen la suficiencia económica, siempre y cuando la necesidad no haya sido creada por la conducta del propio hijo. Pero también el TS (Sentencia de 24 de abril de 2000; EDJ 2000/5839) recuerda que del art. 93.2 CC "emerge un indudable interés del cónyuge con quien conviven los hijos mayores de edad necesitados de alimentos a que, en la sentencia que pone fin al proceso matrimonial, se establezca la contribución del otro progenitor a la satisfacción de esas necesidades alimenticias de los hijos. Por consecuencia de la ruptura matrimonial el núcleo familiar se escinde, surgiendo una o dos familias monoparentales compuestas por cada progenitor y los hijos que con él quedan conviviendo, sean o no mayores de edad; en esas familias monoparentales, las funciones de dirección y organización de la vida familiar en todos sus aspectos corresponde al progenitor, que si ha de contribuir a satisfacer los alimentos de los hijos mayores de edad que con él conviven, tiene un interés legitimo, jurídicamente digno de protección, a demandar del otro progenitor su contribución a esos alimentos de los hijos mayores. No puede olvidarse que la posibilidad que establece el art. 93, párrafo 2 CC de adoptar en la sentencia que recaiga en estos procedimientos matrimoniales, medidas atinentes a los alimentos de los hijos mayores de edad se fundamenta, no en el indudable derecho de esos hijos a exigidos de sus padres, sino en la situación de convivencia en que se hallan respecto a uno de los progenitores, convivencia que no puede entenderse como el simple hecho de morar en la misma vivienda, sino que se trata de una convivencia familiar en el más estricto sentido del término con lo que la misma comporta entre las personas que la integran."

Así, en los casos de cambio de domicilio donde residir el hijo mayor de edad es obvio que el progenitor con quien vaya a convivir podrá, sin necesidad de que tenga que hacerlo el propio hijo mayor de edad, accionar un cambio de modificación de la prestación de alimentos del art. 142 CC, a fin de fijar y compensar las nuevas cargas que se le imponen al progenitor que recibe en su domicilio al hijo mayor de edad y la consiguiente aminoración de aquél que lo tenía consigo en su domicilio, pero sin olvidar que la obligación del pago de alimentos es mutua, aunque debiendo el juez graduar el alcance de la cuantía que a cada uno corresponde con arreglo a los criterios que al efecto fija el art. 145 CC.

Desde un punto de vista estrictamente procesal, el apartado sexto del art. 770 LEC (EDL 2000/77463), únicamente permite acudir al procedimiento allí regulado, a aquellos procesos de parejas de hecho en los que deben dictarse medidas en relación con la custodia y alimentos de hijos menores de edad.

Por tanto, en pura ortodoxia procesal, la legitimación activa para pedir una pensión alimenticia la tendrá únicamente el hijo mayor de edad que, por carecer de independencia económica, reclama alimentos a sus progenitores por vía del art. 142 y ss CC (EDL 1889/1), pues en principio no sería de aplicación lo establecido en el art. 93 CC al estar incluido dentro del capítulo relativo a "los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio" no aplicable a las parejas de hecho.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Sentencia del TS de 30 de diciembre de 2000 (EDJ 2000/44287) otorgó legitimación activa al progenitor con el que convivía el hijo mayor de edad. El supuesto era el siguiente: la madre instó demanda de menor cuantía contra su compañero y padre de los hijos, solicitando la atribución de la guarda y custodia del hijo menor de edad, la concesión del uso de la vivienda familiar y la fijación de una pensión para contribuir al sostenimiento de los hijos (uno menor y dos mayores de edad). Los hijos mayores de edad comparecieron en el juzgado de Instancia y otorgaron su representación a favor de la madre. En el juzgado se estimó la demanda; la Audiencia Provincial revocó la sentencia y excluyó la petición de alimentos de los hijos mayores de edad; el Tribunal Supremo señaló que el progenitor con el que conviven los hijos mayores de edad tiene legitimación para instar la petición de alimentos, sin que sea necesario que estos acudan a un procedimiento independiente para solicitarlos. En esa sentencia nuestro alto tribunal recordó que la Sentencia de 24 de abril de 2000 (EDJ 2000/44287) declaró que del art. 93.2 CC "emerge un indudable interés del progenitor con el que conviven los hijos matrimoniales mayores de edad necesitados de alimentos, que por analogía justificada cabe aplicar al supuesto que nos ocupa, toda vez que el cónyuge con el cual conviven los hijos mayores de edad que se encuentran en la situación de necesidad a que se refiere el art. 93, párrafo segundo CC, se halla legitimado para demandar del otro progenitor la contribución de éste a los alimentos de aquellos hijos, en los procesos matrimoniales entre los comunes progenitores". Esta misma tesis volvió a confirmarse por el TS en su Sentencia de 27 de marzo de 2001 (EDJ 2001/5525).

En consecuencia, no debe existir controversia alguna respecto a que el progenitor con el que convive el hijo mayor de edad pero dependiente económicamente, tiene plena legitimación para solicitar la fijación de una pensión alimenticia cuando cesan los progenitores en su convivencia. Pues bien, si ello es así, la misma tesis debe aplicarse a los procedimientos de modificación de medidas, porque hay que partir del hecho de que estando fijada una pensión alimenticia a cargo de un progenitor, el cambio de convivencia del hijo implica que debe dejarse sin efecto aquella pensión que se estableció judicialmente, pues el progenitor obligado al pago va a recibir en su propia casa al hijo, pero como ambos progenitores están obligados a contribuir a los alimentos del hijo, puede utilizarse el mismo procedimiento para fijar la contribución alimenticia que debe aportar el otro progenitor con el que no convive el hijo.

En aras a garantizar el principio de igualdad ante la Ley, no se puede dar un tratamiento procesal distinto a los hijos habidos en una relación matrimonial, del que se conceda a los hijos nacidos de una relación extramatrimonial, ya sea estable, more uxorio, o circunstancial. A la postre, los derechos y obligaciones que confiere la patria potestad, han de ser los mismos. Por tanto, si así se ha de entender desde una perspectiva de derecho material, también se ha mantener la misma posición con respecto al cauce procesal para exigir el cumplimiento de ese conjunto de facultades y deberes que implica el cuidado y atención de los hijos.

Esas obligaciones, una vez producida la ruptura de ambos progenitores, tal y como establece el art. 93.2 CC (EDL 1889/1), se extienden más allá de la mayoría de edad de los hijos, ya se trate de hijos habidos en la relación matrimonial, como de los nacidos de una relación no matrimonial. La obligación de prestar alimentos por el progenitor con el que no convive ese hijo mayor de edad, pervivirá mientras ese hijo no resulte independiente personal o económicamente de sus padres, perciba ingresos que le permitan atender sus necesidades o resida fuera del domicilio paterno o materno.

Mientras no se dé esa circunstancia de independencia, y el hijo requiera del auxilio de sus padres, carece de legitimación para intervenir en cualquier procedimiento derivado de la crisis de pareja de sus progenitores, ya sea un proceso matrimonial o de adopción de medidas paterno filiales iniciadas cuando ese hijo era menor de edad. En estos casos, la legitimación se encuentra reservada a ese cónyuge o progenitor, con base legal en lo dispuesto en el art. 93.2º CC, pues mientras el hijo mayor no reúna capacidad para ser independiente personal o económicamente, residiendo fuera del domicilio paterno o materno, y no sólo por razones de estudio (Colegio Mayor) y carezca de ingresos propios, la cobertura de sus necesidades sigue constituyendo una carga familiar ineludible equiparable a la prestación de alimentos de hijos menores. El progenitor, por tanto, que recibe la pensión de alimentos lo hace como pago delegado, con la inexcusable obligación de invertir y repercutir su importe en las necesidades de ese hijo mayor, siendo ese progenitor perceptor el único legitimado par en ejecución, exigir y reclamar su pago en caso de incumplimiento, y el único legitimado en posibles procedimientos para reducir, aumentar o extinguir la cuantía de la pensión.

Prueba de cuanto se afirma es que el hijo no puede recibir, administrar y disponer a su antojo de la pensión alimenticia. Por el contrario, como indica la Sentencia de AP Pontevedra de 23 de enero de 1997 (EDJ 1997/2314), ésta es entregada al padre o madre encargado de su custodia, quien administra y dispone de ella en el nuevo marco familiar creado por la ruptura matrimonial, actuando, en definitiva, en interés propio para hacer frente a unas cargas familiares cuya gestión económica le quedó encomendada.

Más concretamente sobre la cuestión que se plantea, la Sentencia de AP Toledo de 2 de octubre de 2009 (EDJ 2009/270166) estima en parte el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra sentencia que resolvió sobre modificación de medidas definitivas de divorcio, y procedió a la extinción de la pensión de alimentos de la hija y a mantener la del hijo por un plazo de un año, siendo ambos mayores de edad, y éste económicamente dependiente. Indica la Sala que la legitimación en proceso de modificación de medidas acordadas judicialmente en caso de separación y divorcio, la tienen únicamente los progenitores que fueron parte del proceso, lo que excluye situaciones de litisconsorcio, por lo que en el caso de autos, el hijo demandado carece de legitimación "ad caussam" y "ad processum". Aclara el juzgador que el hijo esté preparando oposiciones, por lo que no se trata de estudios para su formación sino para acceder al mercado laboral, lo que determina que se amplíe a dos años la pensión alimenticia.

Se entiende que se trata de una legitimación excepcional, una suerte de especial legitimación por sustitución, sin necesidad de expresa autorización, en tanto se mantengan las excepcionales circunstancias de los hijos mayores de edad (convivencia en el domicilio familiar y carencia de recursos propios); la Sentencia de AP Sevilla de 22 de junio de 1999 (EDJ 2009/297766) se manifiesta en este sentido, apuntando que en los procesos de separación matrimonial, las partes litigantes han de ser exclusivamente ambos cónyuges, pero algunas de las medidas a adoptar pueden afectar a los hijos mayores que se encuentran en las circunstancias previstas en el párrafo segundo del art. 93 CC.

Con base a la anterior doctrina, por consiguiente, se ha de dar una respuesta afirmativa a la cuestión planteada, pues mientras el hijo no sea independiente y se den los requisitos apuntados (convivencia en el domicilio familiar y carencia de recursos propios), ese hijo sigue integrando una carga familiar a tenor de lo dispuesto en el art. 93 CC. Si el hijo mayor de edad que quedó bajo la custodia de su madre/padre cuando se separaron sus progenitores y se dictó sentencia de regulación de las relaciones paterno-filiales, si ese hijo que no es independiente y que sigue estudiando, pasa a residir con su padre/madre, viviendo a sus expensas, se daría el supuesto de hecho para formular un procedimiento de modificación de medidas. En ese procedimiento, resultaría legitimado el progenitor con quien ha pasado a convivir el hijo, como parte actora, y el otro progenitor estaría legitimado como parte demandada, constituyendo el objeto de la litis la extinción de la anterior pensión alimenticia y la fijación de una nueva, en atención a las circunstancias concurrentes de recursos económicos de la parte demandada.

Los votos particulares de nuestros colaboradores estiman, entre otras consideraciones y dando por sentado que la regulación de la cuestión objeto de debate presenta grandes lagunas, que, en primer lugar la propia LEC (en el párrafo 4º del art. 748) establece que, en lo referido a alimentos, sólo están comprendidos en las normas procesales de los procesos especiales "los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra otro en nombre de los hijos menores"; redacción que confirma que únicamente cabe aplicar estas normas especiales a los procedimientos que tengan estos dos objetos y de los que sean destinatarios hijos menores, de tal forma que para los hijos mayores de edad, serán de aplicación en todo caso las normas de procedimiento generales. Así las cosas, y como consecuencia de lo anterior, aún reconociendo la legitimación del progenitor para accionar en reclamación de los alimentos para su hijo mayor de edad no independiente económicamente, tal petición deberá necesariamente acomodarse a los trámites del juicio verbal no especial (art. 250.8º LEC) y, en ningún caso, por los de la modificación de medidas derivadas de los litigios matrimoniales especiales. En cualquier caso, y pese a esa preconizada necesaria remisión al art. 250 de la LEC, esta postura también entiende la defensa de la contraria, aunque no la comparta, en aras de evitar litigios ajenos al planteado en su momento, con la reserva de todas las circunstancias debidamente probadas y acreditadas en el momento de enjuiciar modificaciones que pudieran haberse producido.

Debe tenerse en cuenta que de la jurisprudencia del TS y del TC ha de deducirse que "la unión de hecho es una institución que nada tiene que ver con el matrimonio –Sentencia del TS de 12 de septiembre de 2005, y sentencias del TC nº 184/1990 y nº 222/1992, por todas–, aunque una y otra se sitúen dentro del Derecho de familia. Aún más, hoy en día, con la existencia del matrimonio homosexual y el divorcio unilateral, se puede proclamar que la unión de hecho está formada por personas que no quieren, en absoluto contraer matrimonio con sus consecuencias" (Sentencia del TS de 19 de octubre de 2006; EDJ 2006/288704).

Ahora bien, cuando la jurisprudencia del TS ha considerado la necesaria diferenciación entre matrimonios y uniones de hecho, al concluir que "debe huirse de la aplicación por analogía legis de normas propias del matrimonio" (Sentencia de 8 de mayo de 2008; EDJ 2008/73111), cita a renglón seguido preceptos como los arts. 97, 98 y 96 CC (EDL 1889/1), es decir los que se refieren a pensión compensatoria, indemnización por convivencia conyugal y domicilio, no así el art. 93, el dedicado a los alimentos, pudiendo concluir inicialmente que esta materia, dada su diferente dimensión podría quedar excluida del rechazo a la aplicación analógica.

Pese a lo apuntado, debe señalarse que puesto que la cuestión se plantea para casos en los que el hijo haya alcanzado la mayoría de edad y continúe sin ingresos propios, ya tiene legitimación con autonomía propia para reclamar los alimentos de aquél de los padres obligado. Cierto es también que la declarada legitimación de cualquiera de los padres para accionar en nombre y representación de los hijos aun cuando hubieran alcanzado la mayoría de edad (sentencia del TS de 24 de abril de 2000; EDJ 2000/5839), se limitaba a "los procesos matrimoniales entre los comunes progenitores", sin posibilidad, en consecuencia, de llevar la doctrina analógicamente a las uniones de hecho.

En principio, parece que con estricta aplicación de la doctrina acerca de la diferenciación entre procedimientos matrimoniales y procedimientos de familia que resuelven conflictos de uniones de hecho, podría concluirse que no cabría accionar solicitando modificación de medidas, al estar cubiertos los derechos del hijo que haya alcanzado la mayoría de edad a través del procedimiento de alimentos del apartado 1.8º del art. 250 LEC (EDL 2000/77463). Sin embargo, entiendo perfectamente posible la defensa de quienes sostienen que para evitar litigios ajenos al planteado en su momento, con la reserva de todas las circunstancias debidamente probadas y acreditadas en el momento de enjuiciar modificaciones que pudieran haberse producido.

No es postura cómoda de falta de definición, sino concluir que una cosa es la aplicación en sentido estricto de aquella diferenciación que consta en la distinta regulación y toma en consideración la voluntad de quienes deciden a no contraer matrimonio, y otra diferente la posibilidad –mera posibilidad– de dar cabida a este tipo de modificación en el procedimiento que ya resolvió alguno de los aspectos de una unión de hecho.

"Resulta evidente que el texto constitucional posibilita el acceso a la jurisdicción no solo para demandar la tutela de los derechos de que es titular el demandante de tutela judicial sino también a quien acude a los órganos jurisdiccionales invocando intereses legítimos". (...)

"Por consecuencia de la ruptura matrimonial el núcleo familiar se escinde, surgiendo una o dos familias monoparentales compuestas por cada progenitor y los hijos que con él quedan conviviendo, sean o no mayores de edad; en esas familias monoparentales, las funciones de dirección y organización de la vida familiar en todos sus aspectos corresponde al progenitor, que si ha de contribuir a satisfacer los alimentos de los hijos mayores de edad que con él conviven, tiene un interés legítimo, jurídicamente digno de protección, a demandar del otro progenitor su contribución a esos alimentos de los hijos mayores. No puede olvidarse que la posibilidad que establece el art. 93, párrafo 2º del Código Civil de adoptar en la sentencia que recaiga en estos procedimientos matrimoniales, medidas atinentes a los alimentos de los hijos mayores de edad se fundamenta, no en el indudable derecho de esos hijos a exigirlos de sus padres, sino en la situación de convivencia en que se hallan respecto a uno de los progenitores, convivencia que no puede entenderse como el simple hecho de morar en la misma vivienda, sino que se trata de una convivencia familiar en el más estricto sentido del término con lo que la misma comporta entre las personas que la integran.

De todo lo expuesto se concluye que el cónyuge con el cual conviven hijos mayores de edad que se encuentran en la situación de necesidad a que se refiere el art. 93, párrafo 2º, del Código Civil, se halla legitimado para demandar del otro progenitor la contribución de éste a los alimentos de aquellos hijos, en los procesos matrimoniales entre los comunes progenitores".

Aunque la sentencia se refiere a progenitores que son cónyuges, sus razonamientos evidentemente son aplicables a los que no los son, pues la obligación alimenticia y su reparto (arts. 143, 144 y 145 CC; EDL 1889/1) corresponde ambos ascendientes por el hecho de su parentesco y no por su matrimonio.

Por último, entiendo que el procedimiento por el que un progenitor pueda reclamar al otro una nueva o mayor contribución a los alimentos no está limitado por la cosa juzgada, pues estos cambios están incluso específicamente contemplados en el propio art. 147 CC.

En cuanto a la tramitación procesal de estas peticiones deben acomodarse a los trámites del juicio verbal no especial (art. 250.8º LEC) y desde luego no por los de la modificación de medidas derivadas de los litigios matrimoniales especiales, como ya hemos señalado anteriormente.

Aprobado por MAYORÍA DE 7 VOTOS

La mayoría de nuestros colaboradores sí estima posible la modificación de la pensión alimenticia establecida en procedimientos sobre medidas a adoptar en orden a los hijos de progenitores no casados y la utilización, para llevar a cabo tal modificación, del procedimiento de modificación de medidas cuando se trate de modificar la pensión de alimentos en favor del hijo que, siendo mayor de edad aunque sin tener autonomía económica, se traslade de modo estable y definitivo a convivir con el otro progenitor, quien anteriormente estaba obligado a satisfacer la prestación alimenticia para dicho hijo, con el que anteriormente no convivía. Entiende esta mayoría, en síntesis y entre otros argumentos que, teniendo en cuenta que el progenitor con el que convive el hijo mayor de edad, pero dependiente económicamente, tiene plena legitimación para solicitar la fijación de una pensión alimenticia cuando cesan los progenitores en su convivencia, deberá aplicarse la misma tesis a los procedimientos objeto de debate, puesto que hay que partir del hecho de que estando fijada una pensión alimenticia a cargo de un progenitor, el cambio de convivencia del hijo implica que debe dejarse sin efecto aquella pensión que se estableció judicialmente, pues el progenitor obligado al pago va a recibir en su propia casa al hijo, pero como ambos progenitores están obligados a contribuir a los alimentos del hijo, debe utilizarse el mismo procedimiento -modificación de medidas- para fijar la contribución alimenticia que debe aportar el otro progenitor con el que no convive el hijo. En todo caso, dentro de esta posición mayoritaria hay colaboradores que, además de reconocer la legitimación del progenitor para accionar en el sentido expresado, se pronuncian expresamente a favor de que el hijo mayor de edad, con capacidad jurídica y de obrar, si así lo desea, pueda entablar en el proceso declarativo que corresponda una reclamación de alimentos frente a su progenitor. Finalmente, y en todo caso, uno de los colaboradores apunta que, en aras a garantizar el principio de igualdad ante la Ley, no se puede dar un tratamiento procesal distinto a los hijos habidos en una relación matrimonial, del que se conceda a los hijos nacidos de una relación extramatrimonial, ya sea estable, more uxorio, o circunstancial y los derechos y obligaciones que confiere la patria potestad, han de ser los mismos. Por tanto, si así se ha de entender desde una perspectiva de derecho material, también se ha mantener la misma posición con respecto al cauce procesal para exigir el cumplimiento de ese conjunto de facultades y deberes que implica el cuidado y atención de los hijos.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

feedburner

Suscríbase a nuestros contenidos

Atención al cliente: De lunes a viernes de 8:30 a 20:00 horas ininterrumpidamente. Tel 91 210 80 00 - 902 44 33 55 Fax. 915 78 16 17