Conócenos

CIVIL

Nuevo criterio del Tribunal Supremo en la Sentencia de 18 de enero de 2011 en las excepciones admisibles en el juicio cambiario

Coordinador: Vicente Magro Servet

Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante

  • Imprimir

La Sala de lo Civil del TS dictó el 18 enero 2011 sentencia nº 266/2011, Ponente Gimeno-Bayón Cobos -EDJ 2011/6671-, firmada por todos los Magistrados y sin votos particulares, en la que se cambia la doctrina respecto de las excepciones admisibles en juicio cambiario, declarando expresamente que «en el juicio cambiario pueden oponerse al pago de las cantidades consignadas en los títulos cambiarios todas las excepciones susceptibles de ser opuestas al amparo del artículo 67 de la Ley Cambiaria -EDL 1985/8850- sin limitación alguna "por razón del procedimiento", incluyendo las derivadas del defectuoso cumplimiento del contrato determinante de la declaración cambiaria incorporada al título cambiario». ¿Quiere esto decir que la consecuencia de todo ello es desnaturalizar totalmente el juicio cambiario y convertirlo en un declarativo? ¿Qué consecuencia más importante obtenemos de esta sentencia en materia del juicio cambiario?


Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 1, el 7 de julio de 2011.

Es necesario primero aclarar que la respuesta a la presente cuestión parte de un concreto escenario procesal, y es que los enfrentados en juicio cambiario son quienes fueron parte en el contrato del que trae causa el libramiento de la letra de cambio, cheque o pagaré. En tal caso, la contestación a la presente cuestión no puede ser otra que la de afirmar que el juicio cambiario regulado en la vigente LEC -EDL 2000/77463- poco o nada tiene que ver con el juicio ejecutivo de la LEC de 1881 -EDL 1881/1-. Mientras que en éste no era dable al demandado oponer el incumplimiento parcial o cumplimiento incompleto, incorrecto, tardío defectuoso o irregular, de la prestación que en el contrato subyacente se hubiera puesto de cargo del demandante, en el juicio cambio regulado en la LEC de 2000 el demandado puede oponer esas excepciones, aunque -obviamente- no a cualquier demandante, sino sólo a quien fue parte con él en el contrato subyacente.

Y como el demandado-contratante puede oponer al demandante-contratante todas, absolutamente todas, las excepciones basadas en sus relaciones contractuales con éste, la sentencia que recaiga en juicio cambiario deberá resolverlas todas. Y pudiendo, en principio, el demandado en juicio cambiario oponer todas las excepciones basadas en las relaciones personales con el demandante; y dando dicha oposición paso a un juicio declarativo y de cognición plena, la sentencia firme que recaiga en juicio cambiario producirá efectos de cosa juzgada no sólo respecto de las excepciones concretamente opuestas por el demandado, sino respecto de todas las realmente existentes, pues todas ellas pudieron ser alegadas y discutidas en juicio.

Sin embargo, el juicio cambiario sigue produciendo, con respecto al declarativo, lo que se ha dado en llamar la "inversión del contradictorio", por virtud de la cual el demandante-contratante-tenedor de la letra no tiene que probar, frente a lo que sucede con cualquier otro acreedor, la realidad de la relación contractual subyacente ni el nacimiento de una deuda a cargo del demandado, sino que la declaración cambiaria emitida por el demandado-contratante hace presumir la deuda; presunción que, por lo tanto, tiene que ser desvirtuada por el demandado, para lo cual deberá alegar concretas excepciones, y probarlas, sin que las dudas en torno a la real concurrencia de esas excepciones pueda beneficiar al demandado en juicio cambiario (art. 217 LEC -EDL 2000/77463-).

Así las cosas, las consecuencias más importantes que cabe extraer, no de la STS de 18 enero 2011 -EDJ 2011/6671-, sino de la contundencia y claridad con que está redactado el art. 824 LEC -EDL 2000/77463-, en relación con el art. 67 Ley Cambiaria y del Cheque -EDL 1985/8850-, son, de una parte, la falta de limitación de oportunidades de oposición por parte del demandado; y de otra, la imposición, a éste, de la carga de invocar en juicio cambiario todas las excepciones que pueda tener contra el demandante.

A mi juicio, felizmente, lo que el Tribunal Supremo entiende es que la limitación de las causas de oposición que, procesalmente se entendía al amparo de la regulación del proceso ejecutivo de la ley de 1881 -EDL 1881/1-, podía alegar el deudor y que no tenía la marcada por el art. 67 Ley Cambiaria -EDL 1985/8850-, no existe tras la entrada en vigor de la nueva LEC de 2000 -EDL 2000/77463-. Para mí ello no significa una desnaturalización del proceso cambiario, sino al contrario su encuadre en los límites que prevé la propia regulación cambiaria, y más en concreto el propio art. 67 Ley Cambiaria, que sin límite permite alegar frente al acreedor los motivos de oposición fundados en sus relaciones personales. Frente al ejercicio de la acción cambiaria, según establece el artículo antedicho, se regula un régimen único de excepciones, oponibles tanto en el juicio ejecutivo como en el ordinario cuyo enunciado se hace genéricamente y no en la forma detallada y rígida en que lo recogía la LEC de 1881 (Esto, como recuerda la sentencia de enero de este año -EDJ 2011/6671-, ya había sido expuesto por el Alto Tribunal en su Sentencia de 17 abril 2006 -EDJ 2006/65256-).

Las razones dadas para justificar la limitación cognitiva del proceso cambiario no existen, como recuerda el Tribunal Supremo desde la entrada en vigor de la LEC, en que expresamente el art. 824 -EDL 2000/77463- permite al deudor sin límite alegar las excepciones previstas en el art. 67 LCambiaria -EDL 1985/8850-, pero donde además le dota de un medio hábil procesal para ello, el juicio verbal, en cuyo seno no existe ninguna limitación para articular su alegación por parte del deudor que la opone.

Como colofón, el Tribunal Supremo acaba con lo que denomina la exorbitancia del derecho cambiario, suprimiendo la acción inútil, consecuencia de que el condenado en la acción cambiario tenga que repetir lo pagado inútilmente en el curso de un proceso declarativo posterior entre las mismas partes.

Para mí la consecuencia más importante de esta doctrina radica en la propia previsión que se hace en el párrafo anterior y en el alcance también expuesto en la sentencia del párr. 3º del art. 827 -EDL 2000/77463- cuyo tenor dice "la sentencia firme dictada en juicio cambiario producirá efectos de cosa juzgada respecto de las cuestiones que pudieran ser en él alegadas y discutidas, pudiéndose plantear las cuestiones restantes en el juicio correspondiente".

La oposición relativa al contrato cumplido de modo defectuoso entra dentro de las cuestiones objeto de examen al amparo del art. 67 LCambiaria -EDL 1985/8850-, por tanto entre el objeto del proceso verbal que sigue a la oposición en un proceso cambiario, y por tanto la sentencia que recaiga en el curso de ese proceso, sí produce la excepción de cosa juzgada, al no ser de las denominadas restantes que pueden examinarse al margen de este proceso.

La STS, Sala 1ª, núm. 266/2011, de 18 enero (ponente: Excmo. Sr. Gimeno-Bayón) -EDJ 2011/6671-, respecto a las excepciones admisibles en el Juicio Cambiario, es muy interesante porque declara que en éste "pueden oponerse al pago de las cantidades consignadas en los títulos cambiarios todas las excepciones personales susceptibles de ser opuestas al amparo del art. 67 Ley Cambiaria y del Cheque -EDL 1985/8850-, sin limitación alguna por razón del procedimiento, incluyendo las derivadas del defectuoso cumplimiento del contrato determinante de la declaración cambiaria incorporada al título cambiario", viniendo a solucionar las dudas existentes al respecto en distintos foros jurídicos y en la jurisprudencia menor. Buen ejemplo de estas dudas lo constituye el Seminario celebrado por los jueces y magistrados del orden jurisdiccional civil de la Comunidad de Islas Baleares el 29 octubre 2010 sobre "unificación de criterios en materia civil", en el que se trató esta cuestión, siendo la opinión mayoritaria de los participantes en dicha reunión contraria a la posibilidad de oponer en el juicio cambiario, con base en un pagaré, el incumplimiento parcial del contrato causal, recogiendo la doctrina sentada a este respecto por las SSTS de 17 abril -EDJ 2006/65256- y 1 diciembre 2006 -EDJ 2006/364878-.

Y es que desde la vigencia de la LEC de 2000 -EDL 2000/77463-, la cuestión relativa a la posibilidad de oponer frente a una demanda cambiaria la excepción de contrato no cumplido y/o cumplido defectuosamente ("exceptio non adimpleti contractus" y la "exceptio non rite adimpleti contractus"), ha sido motivo de opiniones encontradas y resoluciones contradictorias de las distintas Audiencias Provinciales. Ha sido controvertida la cuestión sobre la posibilidad de alegar en el ámbito del juicio cambiario la falta parcial de provisión de fondos o, con mayor precisión, el parcial incumplimiento del contrato causal del que dimanan los títulos valores, pues la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia menor venían sosteniendo la tradicional postura de admitir la excepción basada en el incumplimiento total –exceptio non adimpleti contractus– y rechazar la que se funda en el incumplimiento parcial –exceptio non rite adimpleti contractus–, por considerar que la nueva regulación del juicio cambiario contenida en la LEC de 2000 no afecta a la doctrina establecida para el antiguo juicio ejecutivo, mientras que era criterio minoritario el que admitía parte de las sustanciales diferencias existentes entre el antiguo juicio ejecutivo y el actual cambiario, del que niegan su carácter sumario y de limitada oposición, máxime cuando el art. 827,3 LEC -EDL 2000/77463- dispone que "la sentencia firme dictada en juicio cambiario producirá efectos de cosa juzgada, respecto de las cuestiones que pudieron ser en él alegadas y discutidas, pudiéndose plantear las cuestiones restantes en el juicio correspondiente".

Como quiera que el art. 67, I -EDL 1985/8850- al que remite el art. 96, ambos de la LCCh, declara que "el deudor cambiario podrá oponer al tenedor de la letra las excepciones basadas en sus relaciones personales con él", no ha de haber obstáculo para que aquél oponga al aparente acreedor cambiario cuantas excepciones deriven de la relación jurídica causal o subyacente, ya determinen una ineficacia absoluta del negocio o ya una mera ineficacia parcial o temporal.

Por tanto, entendemos –junto a buena parte de la jurisprudencia menor y ahora con la Sala 1ª del Tribunal Supremo, naturalmente a la espera de nuevos pronunciamientos al respecto–, que hay un hecho incontestable, y es que, con arreglo al art. 67 LCCH -EDL 1985/8850-, al que se remite el 824,2 LEC -EDL 2000/77463-, el deudor cambiario puede oponer al tenedor de la letra, además de las excepciones netamente cambiarias, aquellas otras basadas en sus relaciones personales con él. De este modo, a través de estas excepciones, podrá traerse al proceso la relación jurídico material o causal subyacente, siempre que tales excepciones afecten al ámbito de las relaciones entre demandado y demandante; en consecuencia, el librado demandado podrá hacer emerger, por encima de la relación cartular, la subyacente y esgrimir las excepciones derivadas de todo el contenido propio de esa relación jurídico material. Siendo así, no cabe entender que, en la actual regulación, no pueda la defensa del obligado desplegar todos los efectos que dimanen del negocio causal y entre ellas la excepción que concierne a una insatisfactoria ejecución o cumplimiento defectuoso del contrato (sea en tiempo, cantidad o calidad); la literalidad del art. 67 LCCH no contiene restricción alguna al ámbito posible de discusión y debate en torno a la relación jurídico-material en conflicto (v.gr., el contrato de arrendamiento de obra del art. 1544 CC -EDL 1889/1-).

Retomamos las preguntas iniciales: ¿quiere esto decir que la consecuencia de todo ello es desnaturalizar totalmente el juicio cambiario y convertirlo en un declarativo? ¿Qué consecuencia más importante obtenemos de esta sentencia en materia del juicio cambiario? Cabe decir, como ya se ha expuesto, que la STS objeto de comentario -EDJ 2011/6671- confirma lo que buena parte de la doctrina y de la praxis judicial venían entendiendo, e incluso reclamando, en atención a lo dispuesto en el art. 827,3 LEC -EDL 2000/77463-: la sentencia firme dictada en juicio cambiario producirá efectos de cosa juzgada respecto de las cuestiones que pudieran ser en él alegadas y discutidas, pudiéndose plantear las cuestiones restantes en el juicio correspondiente, y como afirma la STS "si bien se cuestiona cuáles son las cuestiones restantes, no es dudoso que no lo son las excepciones previstas en el artículo 67 de la Ley Cambiaria y de Cheque -EDL 1985/8850-, ya que éstas, como se ha visto, pueden ser alegadas en el juicio especial cambiario".

La STS 266/2011, de 18 enero 2011 -EDJ 2011/6671-, se inclina por una de las dos posiciones mantenidas por la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales acerca de la naturaleza del Juicio Cambiario cuando el deudor cambiario opone frente al acreedor cambiario el cumplimiento parcial o defectuoso de la relación jurídica material existente entre ellos.

De un lado, la posición tradicional o restrictiva venía manteniendo que cuando el eventual incumplimiento del negocio causal que la parte demandada atribuye a la parte demandante sea claramente parcial o defectuoso, tal incumplimiento no es susceptible de ser alegado en el marco del Juicio Cambiario al amparo de la excepción de Falta de Provisión de Fondos. Aunque el art. 67,1 Ley Cambiaria y del Cheque -EDL 1985/8850- confiere al deudor la facultad de oponer las excepciones basadas en sus relaciones personales con el tenedor de la letra siempre que este último haya incumplido sus obligaciones extracambiarias, se viene exigiendo que la excepción se refiera a un incumplimiento total, esencial, patente y categórico de las obligaciones asumidas por el actor cambiario (exceptio non adimpleti contractus), no pudiendo, sin embargo, encajarse en el marco legal de este juicio cambiario los supuestos de incumplimientos contractuales parciales, irregulares o defectuosos (exceptio non rite adimpleti contractus), en cuanto entrañaría una desnaturalización de la acción cambiaria, desbordando con ello el cauce procesal de este procedimiento de ámbito de cognición limitado en el que la cuestión de fondo ha de tratarse con la sumariedad y limitaciones que su propia naturaleza impone.

De otro lado, se mantenía una posición amplia que parte de que, con arreglo al art. 67 Ley Cambiaria y del Cheque -EDL 1985/8850-, al que se remite el 824,2 LEC -EDL 2000/77463-, el deudor cambiario puede oponer al tenedor de la letra, además de las excepciones netamente cambiarias, aquellas otras basadas en sus relaciones personales con él y, a través de estas excepciones, podrá traerse al proceso la relación jurídico material o causal subyacente, siempre que tales excepciones afecten al ámbito de las relaciones entre demandado y demandante; en consecuencia, el librado demandado podrá hacer emerger, por encima de la relación cartular, la subyacente y esgrimir las excepciones derivadas de todo el contenido propio de esa relación jurídico material, entre ellas, la excepción que concierne a una insatisfactoria ejecución o cumplimiento defectuoso del contrato (sea en tiempo, cantidad o calidad), pues la literalidad del art. 67 Ley Cambiaria y del Cheque no contiene restricción alguna al ámbito posible de discusión y debate en torno a la relación jurídico-material en conflicto. Ninguna razón hay ya para acudir a las consabidas y tradicionales referencias a la sumariedad y estrechez de cauce procesal, razones admisibles en el anterior juicio ejecutivo, pero no en el actual cambiario en lo concerniente a las excepciones extracambiarias vinculadas al negocio subyacente y esgrimibles en cuanto propias de las relaciones personales librador-librado, ámbito del que no hay ya inconveniente para entender que estamos ante un proceso declarativo por más que sea de carácter especial.

La STS de 18 enero 2011 -EDJ 2011/6671- se inclina por la que hemos llamado posición amplia de tal manera que desaparecen las notas de sumariedad propias de los procedimientos especiales destinados a hacer efectivo el crédito cambiario porque (i) no existirá ninguna limitación en la oposición de medios de defensa fundados en la relación causal; (ii) no existirá ninguna limitación en la cognición judicial al remitir, en caso de oposición, a un proceso declarativo como es el Juicio Verbal; (iii) la Sentencia firme recaída en el Juicio Cambiario producirá efectos de cosa juzgada (art. 827,3 LEC -EDL 2000/77463-) respecto de cualquier controversia relacionada con la relación jurídica material.

Las dificultades que puede presentar este criterio jurisprudencial son las siguientes:

En primer lugar, el Juicio Cambiario, en caso de oposición, remite a las normas del Juicio Verbal lo que plantea una evidente limitación en las posibilidades probatorias o de planteamiento de cuestiones frente al Juicio Ordinario, debiendo resolverse toda oposición cambiaria de esta forma, con independencia de la cuantía o relevancia del negocio o relación causal subyacente.

En segundo lugar, resulta difícil dotar de contenido al inciso final del art. 827,3 LEC -EDL 2000/77463- cuando remite para la resolución de "las cuestiones restantes" al juicio correspondiente pues todas las excepciones cambiarias y extracambiarias podrán oponerse en el Juicio Cambiario sin ninguna restricción.

En tercer lugar, puede contradecir la finalidad atribuida por la Exposición de Motivos de la LEC -EDL 2000/77463- al Juicio Cambiario cuando expresa que "El juicio cambiario no es sino el cauce procesal que merecen los créditos documentados en letras de cambio, cheques y pagarés. Se trata de una protección jurisdiccional singular, instrumental de lo dispuesto en la Ley especial [Cambiaria y del Cheque] -EDL 1985/8850- sobre esos instrumentos del tráfico jurídico. La eficaz protección del crédito cambiario queda asegurada por el inmediato embargo preventivo, que se convierte automáticamente en ejecutivo si el deudor no formula oposición o si esta es desestimada. Fuera de los casos de estimación de la oposición, el embargo preventivo sólo puede alzarse ante la alegación fundada de falsedad de la firma o de falta absoluta de representación, configurándose así, en esta Ley, un sistema jurisdiccional del crédito cambiario de eficacia estrictamente equivalente al de la legislación derogada". En este párrafo se establece la clara voluntad del legislador de mantener un sistema de tutela que no disminuya la eficacia del anterior, estimándose que esa eficacia podrá ser puesta en entredicho precisamente por la pretensión de la parte de admitir cualquier excepción basada en las relaciones personales entre las partes, puesto que tal circunstancia podrá llevar, o bien a una ralentización indebida de este expeditivo procedimiento, o bien a la imposibilidad de desarrollar de forma correcta la actividad probatoria cuando la relación causal sea especialmente complicada.

Aunque tiene la virtud la Sentencia de referencia -EDJ 2011/6671-, de clarificar el panorama de oposición en el juicio cambiario, en realidad dicho cambio lo introdujo ya la LEC vigente al establecer en su art. 824 párr. 2º -EDL 2000/77463- que "El deudor cambiario podrá oponer al tenedor de la letra, el cheque o el pagaré todas las causas o motivos de oposición previstos en el artículo 67 de la Ley cambiaria y del cheque -EDL 1985/8850-" pues, desde este momento, quedaba abierta la puerta a la ampliación del procedimiento cambiario a conocer las excepciones personales que entre los obligados fueran oponibles sin limitación por razón del procedimiento en que se formulara la pretensión, limitándose el Tribunal Supremo a confirmar lo que no es sino una interpretación literal del precepto.

En efecto, el art. 67 Ley Cambiaria y del Cheque -EDL 1985/8850- establece que "El deudor cambiario podrá oponer al tenedor de la letra las excepciones basadas en sus relaciones personales con él".

Pues bien, lo que hace la resolución del Tribunal -EDJ 2011/6671- es señalar que la llamada que el art. 824,2 -EDL 2000/77463- hace a este precepto permite entender que no existe limitación alguna en la tipología de la defensa siempre y cuando concurre una condición o presupuesto de índole subjetivo, a saber, y en palabras de la resolución judicial, que se superpongan en el litigio las condiciones de acreedor y obligado cambiarios por un lado, y acreedor y deudor extracambiarios por otro, pues es precisamente la superposición causal cambiaria y extracambiaria la que justifica la posibilidad de oposición o defensa sobre la base de acciones personales entre las partes, justificándolo el Tribunal, con buen criterio, en la necesidad de eliminar el peregrinaje judicial –alude a la necesidad de suprimir un "inutilis circuitus"– que hasta ahora se imponía por razón de la limitación en la defensa, obligando a acudir a un juicio ordinario para obtener el reembolso cuando procedía en virtud de una defensa basada en la relación no cambiaria.

En conclusión, es cierto que el Tribunal Supremo interpreta en sentido literal y por tanto, amplio, el art. 824,2 LEC -EDL 2000/77463- en lo que hace a las causas de oposición en el juicio cambiario y que ello implica una enorme ampliación de conocimiento dentro de este procedimiento. Sin embargo, tal amplitud está condicionada por la posición contractual y cambiaria que ocupan las partes pues la concurrencia de ambas posiciones las que permiten la extensión, en todos sus términos, del conocimiento de la deuda fijada en el título valor más allá de por razón de su fijación en un título de esta naturaleza sino atendiendo a la situación que subyace en la relación causal determinante del documento valor.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

feedburner

Suscríbase a nuestros contenidos

Atención al cliente: De lunes a viernes de 9 a 20 horas ininterrumpidamente. Tel 902 44 33 55 Fax. 915 78 16 17