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FAMILIA

Necesidad o no de plantear reconvención en caso de medidas de libre disposición no expresamente solicitadas en la demanda

Coordinador: José María Prieto Fernández-Layos

Magistrado del Juzgado de Primera Instancia núm. 22, de Familia, de Madrid

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El art. 770-2ª LEC (EDL 2000/77463) establece que "Sólo se admitirá la reconvención: ... d) Cuando el cónyuge demandado pretenda la adopción de medidas definitivas, que no hubieran sido solicitadas en la demanda, y sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio".

Pues bien, resulta muy frecuente en la práctica del foro que la parte actora se refiera en su demanda a determinadas materias de libre disposición sin llegar a solicitar medida definitiva alguna en relación a las mismas, y que la parte demandada aprovechando tal tesitura se limite a contestar la demanda suplicando precisamente esas medidas definitivas de naturaleza dispositiva sin plantear reconvención por considerar que el objeto de su pretensión ya ha sido introducido en el pleito por la propia demandante.

El ejemplo más significativo es el de la pensión compensatoria. La parte actora se limita a explicar en su demanda la situación económica de los cónyuges sin pedir medida definitiva alguna sobre pensión compensatoria en el suplico de la misma, mientras que la parte demandada contesta peticionando dicha pensión pero sin reconvenir por no considerarlo necesario jurídicamente en base a las alegaciones ya contenidas en la demanda.

Algunos profesionales del Derecho de Familia consideran, de conformidad a una interpretación extensa del art. 770-2ª.d) LEC, que cuando se introduce por la propia parte actora la materia dispositiva en su demanda, aunque no se solicite después nada en relación a ella en el suplico de la misma, no resulta necesario reconvenir en caso de que la parte demandada solicite una medida definitiva sobre dicha materia. Otros, sin embargo, entienden, en razón a una interpretación más literal de la norma, que si no se solicita nada en el suplico de la demanda sobre la materia de libre disposición, por mucho que se hayan hecho alegaciones en el cuerpo de la misma al respecto, la parte demandada viene obligada legalmente a presentar reconvención para hacer valer su pretensión sobre tal materia en su caso. Cada cual aporta sus argumentos en orden al principio procesal de igualdad de armas; aquéllos, afirmado que este principio se salvaguarda por la propia actuación de la parte actora, entendiendo que si ésta ha previsto la pretensión futura de la demandada, puede hacer valer los razonamientos que crea oportunos en su escrito inicial haciendo innecesaria la reconvención; y, éstos otros, afirmando que precisamente sin reconvención se vulnera tal principio, al no ser lo mismo esbozar un tema dispositivo en la demanda que contestar punto por punto a una reconvención planteada en forma.

Dónde esté el límite para que jurídicamente se considere necesaria o no la reconvención en estos casos, es cuestión que no queda clara para muchos profesionales a la hora de plantear o resolver el tema. Por eso la pregunta que cabría hacer a la experta autoridad de nuestro Consejo de Redacción es la siguiente:

Si se contienen en la demanda referencias a materias sobre las que el tribunal no debe pronunciarse de oficio, pero no se solicita en ella medida definitiva alguna sobre las mismas ¿queda exonerada jurídicamente la parte demandada de plantear reconvención si pretende la adopción de medidas definitivas relativas a esas materias?


Este foro ha sido publicado en el "Boletín Derecho de Familia", el 1 de enero de 2012.

Aprobado por MAYORÍA DE 5 VOTOS

La mayoría de nuestros colaboradores estima que la parte demandada no queda exonerada de plantear reconvención y deberá formularla cuando pretenda que se adopten medidas definitivas que no hayan sido solicitadas de manera expresa por el actor en el suplico de su demanda y sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio; y ello pese a que dichas medidas, o las circunstancias que rodeen a las mismas, sí hayan sido citadas o expuestas en los hechos o fundamentos jurídicos de dicha demanda. Entiende la mayoría, en síntesis y entre otros argumentos, que la razón fundamental de que se exija la reconvención en el supuesto debatido es que de la petición de medidas definitivas vía reconvencional se dará traslado al actor, permitiéndosele así articular su defensa frente a la concreta medida de tipo dispositivo solicitada por el demandado, protegiéndole por tanto con dicho traslado de una eventual indefensión ante tal solicitud.

Se nos plantea la cuestión de si queda exonerada jurídicamente la parte demandada de plantear reconvención si pretende la adopción de medidas definitivas relativas a determinadas materias de libre disposición, a las que se haya referido la parte actora en su demanda sin llegar a solicitar medida definitiva alguna en el suplico. Ello en base a no entender necesaria esta forma reconvencional por considerar que el objeto de su pretensión ya ha sido introducido en el pleito por la demandante.

Establece el art. 770-2ª LEC (EDL 2000/77463) que "Solo se admitirá la reconvención: d) Cuando el cónyuge demandado pretenda la adopción de medidas definitivas, que no hubieran sido solicitadas en la demanda, y sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio". De la redacción de este precepto se desprende que no se entenderá reconvención la petición de aquellas medidas respecto a las cuales el Juez debe pronunciarse de oficio, esto es, se soliciten o no por las partes, y que son aquellas medidas que denominamos imperativas por afectar a menores de edad, tales como las relativas a la guarda y custodia o el régimen de visitas. Por el contrario deberán ser solicitadas expresamente, para que el Juez pueda pronunciarse sobre ellas, las medidas de tipo dispositivo, esto es, aquellas medidas que no afectan a menores de edad. Y el precepto citado exige que se formule reconvención cuando se solicitan con la contestación a la demanda, salvo cuando ya hayan sido solicitadas por la parte actora en su demanda. Esta exigencia formal se desprende claramente del precepto transcrito al utilizar la expresión "que no hubieran sido solicitadas en la demanda".

La duda se nos plantea cuando el demandado solicita estas medidas en la contestación, sin formular reconvención, por entender que, aunque no han sido solicitadas expresamente en el suplico de la demanda, es suficiente la mención de las mismas o hacer referencia a los hechos que las sustentan en el cuerpo de la demanda, como ocurre en la cuestión que se nos plantea. Se cita en ella como ejemplo hacer referencia a la situación económica de los cónyuges que pueda fundamentar la petición de una pensión compensatoria, o de cualquier otra medida de tipo económico.

Entiendo que es clara la dicción del precepto citado, en el se habla de medidas que no hayan sido solicitadas en la demanda, y esto debe entenderse no como una simple referencia o alusión a las medidas o a los hechos que las fundamentan, sino como una efectiva solicitud en el suplico de la demanda de su fijación, o su no estimación para el caso de no considerarla procedente. La razón de la exigencia de formular reconvención es que de la petición de medidas en la contestación, pedidas reconvencionalmente, se de traslado al actor y se le permita articular su defensa frente a la concreta medida de tipo dispositivo solicitada por el demandado. Suponer que por la simple mención de la medida o de los hechos que las fundamentan, tales como la respectiva situación económica de los cónyuges, exonera al demandado de formular reconvención, y de dar traslado al actor para que pueda oponerse a la medida, supone colocar a este en una situación de absoluta indefensión, con vulneración de los principios de audiencia y contradicción que rigen nuestro procedimiento. La simple referencia a una medida no permite al actor defenderse de las concretas peticiones que posteriormente haga el demandado en su contestación, y si no se exigiera a este formular reconvención para solicitar las medidas de tipo dispositivo, por mucho que pudieran ser intuidas por el actor, impediría claramente a este ejercitar su defensa frente a ellas.

La postura que mantengo sobre la cuestión planteada viene avalada por la Sentencia de AP Madrid, Sec. 22ª, nº 789/2005, de 2 de diciembre (EDJ 2005/241663). En la misma se indica que aunque se haya hecho referencia en la demanda a una determinada medida de tipo dispositivo, si el actor no hace una petición expresa de concesión o denegación de la medida en el suplico de la demanda el demandado debe formular reconvención expresa para solicitar la medida, al ampliarse la contestación a extremos no tratados específicamente por el actor. En la citada sentencia se establece que "en el supuesto examinado aunque el actor, en su demanda, refería pasados acuerdos de las partes en orden a asumir cada progenitor el mantenimiento de los hijos que quedaban en su compañía, nada interesó, en sentido positivo o negativo, en el suplico de dicho escrito sobre tal carga económica, limitándose a postular la constitución del nuevo estado civil. En consecuencia, la pretensión al respecto deducida por la parte demanda implicaba la ampliación del debate litigioso a extremos no tratados de forma específica por el demandante, lo que exigía, de modo ineludible, su planteamiento reconvencional expreso, esto es, a continuación de la contestación y en la forma prevenida para la demanda, con posterior traslado al actor para contestación, en los términos exigidos por el artículo 770-2ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y al no cumplirse tales condicionantes formales, que no pueden, en modo alguno, quedar suplidos por la alegada "claridad de la petición" efectuada en el trámite de contestación, según sostiene la hoy recurrente, pues ello supondría volver a un sistema de reconvención implícita expresamente vedado por la nueva legalidad procesal, ha de concluirse en lo inviable del motivo revocatorio articulado por dicha parte".

Cuestión distinta es si es subsanable la falta de reconvención explícita del demandado confundido por las menciones o referencias del actor en su demanda a una determinada medida sin hacer una concreta petición en el suplico de la demanda sobre su establecimiento o denegación. Son dos las posturas a este respecto. La gran mayoría de las Audiencias Provinciales entienden que con la Ley de Enjuiciamiento Civil se deja atrás la permisividad anterior de la reconvención implícita ya que ahora se exige, de forma que no deja lugar a dudas, la reconvención expresa, que deberá proponerse, por imposición del art. 406-3 de la ley rituaria a continuación de la contestación y en la forma que para la demanda se establece en el art. 399, con petición clara y precisa de lo que se pretende. No formulada reconvención de forma expresa la consecuencia no puede ser otra que la desestimación de la pretensión formulada incorrectamente, so pena de que la resolución incurra en incongruencia. Estimar la pretensión formulada incorrectamente, sin deducir reconvención y sin dar traslado de ella al actor, supondría infringir los principios de audiencia y contradicción, al no poder este alegar cuanto estimara conveniente frente a la pretensión incorrectamente formulada.

Otra postura, que yo comparto, es la de que el Juzgado, al amparo del art. 231 LEC, debe requerir a la parte para que subsane el defecto formal y así poder seguir la tramitación prevista en el art. 770, esto es, dar traslado de la reconvención al actor para que la conteste en el plazo de diez días. Las partes también podrán pedir la subsanación del defecto, tanto el actor como el demando, formulando cualquiera de ellos recurso contra la resolución citando a juicio, pidiendo en su lugar se de al demandado la posibilidad de efectuar correctamente la petición de la medida de tipo dispositivo, formulando la reconvención de forma expresa, y dando después al actor la opción de contestar en el plazo de diez días a la reconvención, oponiéndose si lo estima conveniente a la medida de tipo dispositivo solicitada por la parte demandada.

La cuestión sometida a debate en este Foro Abierto se refiere a un supuesto de hecho que suele plantearse con cierta frecuencia en la práctica forense en los procesos de divorcio subsiguientes a otro anterior de separación matrimonial cuando el actor solicita en el suplico de su demanda, en relación con materias de la libre disponibilidad de las partes (p.e., prestación compensatoria, atribución del uso de la vivienda familiar cuando no existen hijos menores o pensión alimenticia de hijos mayores de edad), ora que la sentencia de divorcio mantenga, sin modificación alguna, las medidas establecidas sobre tales extremos en la antecedente sentencia de separación; ora que la sentencia de divorcio mantenga tales medidas pero introduciendo modificaciones (p.e., que la pensión compensatoria reconocida con carácter indefinido en la separación se establezca con carácter temporal o que se reduzca su cuantía, o que se fije un determinado plazo de duración al derecho de uso atribuido a la esposa en la separación, o que se reduzca la cuantía de la pensión alimenticia fijada para los hijos mayores en la precedente sentencia de separación); ora que la sentencia de divorcio declare extinguidos determinados derechos reconocidos en la de separación (p.e., que se extinga la pensión compensatoria; que se atribuya al marido el derecho de uso de la vivienda que en la separación se asignó a la esposa, o que se extinga la obligación del actor de abonar a la parte demandada una pensión alimenticia por los hijos comunes y mayores de edad).

Esta práctica forense trae causa y encuentra explicación en el debate, irresoluto, existente en la doctrina sobre la naturaleza del proceso de divorcio posterior al de separación, que unos configuran como un proceso nuevo y totalmente distinto del previo de separación, en el que no vinculan las medidas adoptadas en aquél, y otros como un proceso en que cabe la modificación impropia de las medidas adoptadas en la previa sentencia de separación, que prosperará si se acredita una alteración sustancial de las circunstancias tenidas en cuenta por el juez o las partes en la previa separación.

Optar por una u otra posición conlleva para las partes un distinto planteamiento procesal de sus pretensiones y, como consecuencia, profundas alteraciones en la distribución de la carga de la prueba.

Si se postula la configuración del divorcio como un proceso totalmente distinto e independiente de la separación, en que deben establecerse «ex novo» todas las medidas complementarias definitivas, en forma coincidente o divergente de las de la separación, no cabrá ejercitar en el mismo la acción de modificación impropia de las medidas de la separación y no resultará admisible, en pura ortodoxia procesal, pedir, la modificación o extinción de las medidas establecidas en la precedente separación, ni procedente que el juez del divorcio se pronuncie en la sentencia en términos de mantenimiento, supresión o modificación de tales medidas preexistentes. Ello comporta importantísimas consecuencias sobre la asunción de la carga de la prueba de los hechos que fundamentan las medidas solicitadas y determina la imposibilidad de fijar en la sentencia de divorcio aquellas medidas definitivas de naturaleza dispositiva, cual la prestación compensatoria, que sólo pueden concederse, en virtud de los principios de rogación y congruencia, si se solicitan.

Si, por el contrario, se configura el divorcio, en cuanto a las medidas complementarias definitivas, como un proceso de modificación, impropia, de las precedentes medidas de la separación, las pretensiones de las partes se deberán formular en términos de mantenimiento, modificación o supresión de dichas medidas definitivas en función de si se ha producido o no una alteración sustancial de las circunstancias entonces tenidas en consideración, desplazando la carga de la prueba desde quien pide el mantenimiento de la medida a quien pretende su modificación o supresión.

Pues bien, dejando al margen las implicaciones y consecuencias que, en relación con la distribución de la carga de la prueba, tiene esta cuestión, sobre las cuales me remito a lo dicho al contestar al Foro Abierto nº 45 ("Carga de la prueba en proceso de divorcio en que se solicita mantenimiento de las medidas adoptadas por sentencia firme de separación"-EDO 2011/118269-), ateniéndome a la pregunta formulada en este caso, y para matizar convenientemente la contestación a la misma, ha de aclararse que, en mi opinión, la cuestión planteada parece referirse a dos supuestos fácticos diferentes:

1º.- El actor hace referencia, en los hechos o en los fundamentos jurídicos de su demanda, a determinadas materias de la libre disponibilidad de las partes (como prestación compensatoria, alimentos de hijos mayores, uso de la vivienda familiar si coexisten hijos menores, etc.), pero en el suplico de su demanda no formula pretensión alguna sobre ellas. Es decir, no pide que se constituya o declare ningún derecho, ni que se mantenga el previamente reconocido, ni que se modifique o se extinga.

Es claro que, en este caso, el actor no formula en su demanda pretensión alguna sobre dichas materias dispositivas en los términos exigidos por el art. 299.1 LEC -EDL 2000/77463- ("... y se fijará con claridad y precisión lo que se pida"), por más que se extienda en alegaciones o consideraciones acerca de la procedencia o improcedencia de que se reconozcan o no derechos o se extingan o modifiquen los ya existentes. En consecuencia, si el demandado quiere que se reconozcan, mantengan, extingan o modifiquen derechos sobre materias de libre disponibilidad de las partes, viene obligado a plantear de manera expresa reconvención, "formulando las pretensión o pretensiones que crea que le competen respecto del demandante" (art. 406.1 LEC), porque, hasta ese momento, tales pretensiones no han sido introducidas en el proceso por el actor y , por tanto, el juez, no está obligado a pronunciarse sobre ellas, como se infiere de lo dispuesto en el art. 218.1 LEC, que sólo obliga al juez a ser congruente con "las demandas y demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito", haciendo las declaraciones que exijan y decidiendo los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate.

Piénsese que el recurso del actor a hacer referencia en el escrito de demanda a materias de libre disponibilidad de las partes, sin formular petición de medida concreta alguna sobre las mismas en el suplico del escrito de demanda, puede considerarse, ciertamente, una maniobra de distracción de la contraparte para inducirle a no formular reconvención, pero es evidente que el tenor del art. 770-2ª.d) de la LEC impone al demandado la obligación de reconvenir cuando "pretenda la adopción de medidas definitivas, que no hubieran solicitadas en la demanda, y sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio."

Así pues, respondiendo a la pregunta formulada en el Foro, si se contienen en la demanda referencias a materias sobre las que el tribunal no debe pronunciarse de oficio, pero no se solicita en ella medida definitiva alguna sobre las mismas, la parte demandada viene obligada a formular expresamente reconvención si pretende la adopción de medidas definitivas relativas a esas materias.

2º.- El segundo supuesto que suele darse con cierta frecuencia en la realidad es el producido cuando el actor, en su demanda, anticipándose a las pretensiones reconvencionales que pueda formular el demandado, solicita expresamente en el suplico de su demanda que se declare que no procede reconocer un determinado derecho al demandado (p.e. que se declare que el divorcio no produce desequilibrio económico a la esposa y que no procede, por tanto, reconocer pensión compensatoria a la misma), o que procede el mantenimiento, extinción o modificación de un derecho previamente reconocido (p.e., la extinción del derecho de uso o de la pensión compensatoria o alimenticia de los hijos mayores; la fijación de un plazo al derecho de uso o a la pensión compensatoria; la reducción de la cuantía de las pensiones, etc.).

En este caso, es evidente que el demandado queda exonerado de la obligación de formular reconvención para oponerse o pedir cosa distinta o contraria de la demanda por el actor porque la pretensión objeto de debate ya ha sido introducida en el proceso por el demandante al solicitar que el juez adopte en la sentencia una medida definitiva determinada sobre una materia dispositiva. Así, por ejemplo, si el actor solicita en su demanda que se extinga la pensión compensatoria reconocida en la sentencia de separación, el debate sobre la subsistencia o extinción de la referida pensión ya está introducido en el proceso por el actor, de modo que cuando el demandado, al contestar a la demanda, solicite que se mantenga la pensión compensatoria preestablecida, con las actualizaciones correspondientes, no está en puridad reconviniendo sino formulando una pretensión opuesta a la del actor. Obsérvese que, si el juez desestima la pretensión extintiva del actor, reconocerá la subsistencia de la pensión compensatoria y que, aunque el demandado no contestare siquiera a la demanda, vendría obligado a resolver en la sentencia sobre esa pretensión extintiva oportunamente deducida por el actor (art. 218.1 LEC).

Creo que no. Y la explicación, según mi entender, se encuentra en el art. 770, regla 2ª LEC (EDL 2000/77463), puesto en relación con el art. 752 del mismo texto legal.

La redacción del art. 770, regla 2ª, apartado d) en materia de reconvención lo que hace es restringirla a cuatro supuestos concretos, siendo el relevante a estos efectos el cuarto, que dice así: Cuando el cónyuge demandado pretenda la adopción de medidas definitivas, que no hubieran sido solicitadas en la demanda, y sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio".

Es decir, que si en la demanda nada se ha reclamado en materia de pensión compensatoria, si la parte demandada pretende que se acuerde, inexorablemente deberá presentar reconvención. Dos son las situaciones que pueden darse como más significativas en relación con la cuestión suscitada: a) Que nada se mencione sobre dicha pensión, o b) Que se haga una determinada exposición sobre la misma, pero no se lleve a la solicitud concreta. Entiendo que en uno y otro caso, será imprescindible presentar demanda reconvencional. Si (tercera posibilidad) en la demanda originaria se recoge en el suplico que se declare no procede concesión de pensión compensatoria a favor de la demandada (o del demandado), al formar parte ya de la resolución, no será preciso reconvenir, siendo suficiente la mera oposición a tal declaración, que deberá ser la concesión de pensión en cuantía concreta.

Por su parte, el art. 752 LEC diferencia en materia de prueba unos y otros contenidos, es decir los de orden público, que permiten debate y prueba, con independencia del momento de alegación y acreditación, y con autorización al tribunal para decretar de oficio las pruebas que estime pertinentes; y las de libre disposición por las partes, respecto a las que no juega aquella especialidad. Precisamente por ello, las materias de libre disponibilidad, siempre que en el suplico de la demanda no contenga pronunciamiento específico, deberá constituir demanda reconvencional por la parte demandada.

En consecuencia: creo que, por la forma de regularse las materias de orden público y las de libre disposición, por las normas distintas en materia de prueba, y por el mecanismo literal de la demanda reconvencional en el art. 770 LEC, en cualquier caso, si no hay solicitud de medida definitiva alguna sobre materias de libre disposición, es necesario para que la sentencia efectúe tal pronunciamiento que se haya planteado demanda reconvencional.

Dado que no encontramos ante pretensiones que no constituyen materia de orden público, rigiendo sobre ellas el principio dispositivo de autonomía de la voluntad, siempre he interpretado que, a tenor de los dispuesto expresamente en el art. 770-2ª LEC (EDL 2000/77463) en referencia a la exigencia formal impuesta en el art. 406 que establece la inadmisibilidad de la reconvención implícita, resulta preceptivo que se articule reconvención explícita a fin de obtener un pronunciamiento judicial favorable a las mismas.

Se ha de tener en cuenta que en la demanda se puede instar que se establezca pensión compensatoria en favor del cónyuge demandado o una pensión de alimentos a favor de los hijos mayores de edad, en cuyo supuesto nos encontraríamos ante una pretensión expresa y que se concreta en la solicitud de una medida definitiva, con la que la parte demandada puede no estar de acuerdo en su cuantificación, que sí en la procedencia del concepto reclamado, por considerar insuficiente o excesiva la cuantía de la prestación ofrecida o solicitada, atendiendo a los criterios establecidos en el art. 97 CC (EDL 1889/1) o a los de proporcionalidad en atención a los recurso, capacidad económica y necesidades de los hijos alimentistas (art. 146 CC). Ante esa solicitud y ante la discrepancia y contradicción surgida, la parte demandada puede instar una cantidad inferior o superior tanto de pensión compensatoria como de pensión alimenticia de los hijos mayores de edad, sin necesidad de articular esa oposición y pretensión contradictoria a los pedimentos de la parte actora, por medio de reconvención explícita.

Ahora bien, si en la demanda se ha hecho referencia a que no procede fijar ni pensión compensatoria, por apreciar que no concurre el presupuesto de desequilibrio entre la posición económica de uno y otro cónyuge a raíz de su separación o divorcio, o bien se ha expresado que no procede pensión alimenticia a favor de los hijos mayores, por entender que los mismos gozan de independencia personal y/o económica y no requieren del auxilio y asistencia de sus progenitores, sin hacer, por tanto, referencia alguna a su fijación en el suplico de la demanda; en tal caso, sí estimo que la parte demandada que pretende que se establezca pensión compensatoria o pensión alimenticia, ha de formular reconvención expresa, motivando las razones por las que considere que se han acordar en la cuantía ajustada y acorde a sus intereses. De esa reconvención, naturalmente, se habrá de dar traslado a la parte actora para que conteste y, en su caso, se oponga a esa pretensión reconvencional, que introduce un nuevo elemento, una nueva solicitud de medida definitiva sobre la que el Tribunal no se ha de pronunciar de oficio y sobre la que no se ha solicitado nada en la inicial demanda. Entre esas medidas también se habrían de contemplar las que versen sobre administración y disposición de bienes gananciales o privativos, incluida la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar cuando no existan hijos menores de edad.

En definitiva, se ha de tener en cuenta que la reconvención prevista en el cuarto apartado del art. 770-2ª LEC, ha de ir expresamente referida a la adopción de medidas definitivas sobre las que el Tribunal no deba pronunciarse de oficio por constituir materia de orden público, por lo que no cabría admitir dicha reconvención cuando la pretensión del demandado se limite a solicitar que no se adopten las instadas de contrario, bien por entender que no procede su fijación o bien por considerar que se ha de incrementar o aminorar la cuantía de las pensiones reclamadas por el demandante. No nos encontraríamos entonces ante una reconvención sino ante un motivo de oposición que constituiría el objeto de debate y contradicción procesal, sobre el que, al igual que si hubiera existido reconvención, se centraría el objeto de la proposición y práctica de prueba y sobre el que habría de pronunciarse el Tribunal.

La Ley 15/2005 (EDL 2005/83414) es la que ha redactado de nuevo la regla 2ª del art. 770 LEC (EDL 2000/77463), para limitar la posibilidad de formular reconvención en los procesos matrimoniales, o, mejor dicho, limita las posibilidades del actor de responder a peticiones contenidas en el escrito de contestación a la demanda. Las tres primeras excepciones que mantiene esta norma se refieren a las peticiones principales de separación, divorcio o nulidad, cuando fueran introducidas por el demandado y realmente plantean muy pocos problemas, especialmente las de divorcio y separación, ya que la eliminación de las causas para acordarlas ha supuesto en la práctica la desaparición de confrontación entre las partes a este respecto, pues basta estar casado con una antigüedad de tres meses.

La admisión de una tramitación de regreso cuando existan, sean admisibles y deban resolverse en la sentencia (art. 409 LEC) las peticiones nuevas que se contengan en la contestación a la demanda, que estén en conexión con ella y que no se limiten a oponerse a la misma, es la consagración de los derechos básicos del proceso de contradicción y defensa. Evidentemente el actor sólo puede impugnar, excepcionar, contradecir y oponerse o aceptar y reconocer los derechos y hechos invocados por el demandado en su contestación, si se le confiere un trámite al efecto. De ahí la tradicional regulación de la reconvención o demanda reconvencional, que pasa por la posibilidad de contestarla e incluso de aportación de documentos.

La cuestión se suscita en el supuesto cuarto de admisión formal de la reconvención: "cuando el cónyuge demandado pretenda la adopción de medidas definitivas, que no hubieran sido solicitadas en la demanda, y sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio".

En primer lugar, ello puede plantear las siguientes cuestiones:

1ª.- Sobre qué cuestiones debe pronunciarse el Juez de oficio.

A este respecto, el art. 774.4 LEC determina que "en defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, el tribunal determinará, en la propia sentencia, las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, disolución del régimen económico y las cautelas o garantías respecti­vas, estableciendo las que procedan si para alguno de estos conceptos no se hubiera adoptado ninguna", precepto que se encuentra en concordancia con el art. 91 CC, que a su vez se remite en cuanto al contenido de estas medidas a los arts. 92, 93, 94, 95 y 96 CC.

Se considera, pues, que sobre estos aspectos, las alegaciones y documentos presentados por el demandado, al referirse a temas que ya el demandante conocía al formular su demanda que debían ser resueltos por el Juzgado, debería o, al menos, había podido invocar sus razones y formular sus peticiones, por lo que no se le produce indefensión por no poder alegar a la vista de lo invocado por el demandado.

A este respecto, debemos hacer una primera consideración referente a nuestra falta de comprensión por limitar los derechos de defensa, que son, al propio tiempo, una ayuda al Juez para alcanzar un conocimiento más profundo y completo de los problemas planteados, lo que ha de derivar en una mayor adecuación de la resolución. Pero en segundo término, consideramos aventurado presumir que el actor sabe o infiere o imagina lo que el demandado va a invocar en las materias a resolver de oficio.

Refiriéndonos a los temas concretos, el actor puede no saber qué postura va a adoptar respecto, por ejemplo, a la custodia alterna (compartida), pero una vez conocida, quizá es conveniente alegar su conformidad o la existencia de causas impeditivas, ocultadas o falseadas por la demanda. Oír al demandante en relación con las circunstancias invocadas por el demandado para solicitar un régimen de relación con los hijos (de estancias y comunicaciones) puede ser ilustrativo y el no oírle, una restricción de su derecho en el proceso. Y si lo que se pide guarda relación con abuelos, otros parientes o allegados, mucho más.

Otro tanto puede decirse de los hechos y datos esgrimidos en la contestación, cuya contradicción o impugnación no puede realizar el actor al desconocer su detalle, lo cual parece igualmente lógico.

En cuanto a la determinación del uso del domicilio familiar es fundamental tener en cuenta que de manera muy especial en las leyes forales, de reciente entrada en vigor –y las que se anuncian– de oficio ha de pronunciarse el Juzgado sobre su atribución, pero ante la variedad de posiciones y hechos en que pueden fundarse –existencia de otros domicilios, acceso a los mismos, disponibilidad económica, etc.– el demandante ha de poder pronunciarse sobre lo que al respecto invoque el demandado.

Es más, incluso en una materia como la disolución del régimen económico, es éste el momento de pedir la determinación de una fecha de efectividad distinta de la de separación, divorcio o nulidad, materia de gran trascendencia y que el demandante no tiene por qué imaginar. Si formula una petición en este sentido el demandado, y relaciona hechos y fundamentos legales para sustentar su petición, la igualdad de las partes en el proceso y el derecho de defensa exigen que el demandante se pronuncie sobre los mismos.

Por lo tanto, el firmante no está de acuerdo en la limitación ni siquiera respecto de estos pronunciamientos.

2ª.- Cuál es la forma en que una medida debe considerarse "solicitada" en la demanda para que no se eluda la posibilidad de que el demandante se pronuncie sobre ella en la contestación a la reconvención, que es básicamente la pregunta que se formula.

Si nuestra línea de pensamiento va por la definida en el punto anterior, puede imaginarse que tampoco estamos de acuerdo en una interpretación restrictiva amplia en este segundo punto, ni se comprende cualquier tentativa de reducir las garantías de las partes en el proceso.

En todo caso, la Ley Adjetiva cuando se refiere a los pedimentos de las partes, siempre se manifiesta de forma contundente, exigiendo precisión y claridad.

El art. 209 LEC sobre la forma y contenido de las sentencias, obliga a "2.ª En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos sepa­rados y numerados, las pretensiones de las partes o inte­resados, los hechos en que las funden, que hubieren sido alegados oportunamente y tengan relación con las cues­tiones que hayan de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos proba­dos, en su caso.

3.ª En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de hecho y de derecho fijados por las partes y los que ofrezcan las cuestiones controvertidas, dando las razones y funda­mentos legales del fallo que haya de dictarse, con expre­sión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso.

4.ª El fallo, que se acomodará a lo previsto en los articulas 217 y siguientes, contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamien­to sobre las costas".

El art. 399. 3 LEC referido a la demanda exige que "Los hechos se narrarán de forma ordenada y clara con objeto de facilitar su admisión o negación por el demandado al contestar. Con igual orden y claridad se expresarán los documentos, medios e instrumentos que se aporten en relación con los hechos que fundamenten las pretensiones y, finalmente, se formularán, valoraciones o razonamientos sobre éstos, si parecen convenientes para el derecho del litigante.

4. En los fundamentos de Derecho, además de los que se refieran al asunto de fondo planteado, se incluirán, con la adecuada separación, las alegaciones que procedan sobre capacidad de las partes, representación de ellos o del Procurador, jurisdicción, competencia y clase de juicio en que se deba sustanciar la demanda, así como sobre cualesquiera otros hechos de los que pueda depender la validez del juicio y la procedencia de una sentencia sobre el fondo.

5. En la petición, cuando sean varios los pronunciamientos judiciales que se pretendan, se expresarán con la debida separación. Las peticiones formuladas subsidiariamente, para el caso de que las principales fuesen desestimadas, se harán constar por su orden y separadamente".

Por su parte, el art. 406 LEC sobre contenido y forma de la reconvención, determina que "1. Al contestar a la demanda, el demandado podrá, por medio de reconvención, formular la pretensión o pre­tensiones que crea que le competen respecto del deman­dante. Sólo se admitirá la reconvención si existiere cone­xión entre sus pretensiones y las que sean objeto de la demanda principal.

2. (...)

3. La reconvención se propondrá a continuación de la contestación y se acomodará a lo que para la demanda se establece en el artículo 401. La reconvención habrá de expresar con claridad la concreta tutela judicial que se pretende obtener respecto del actor y, en su caso, de otros sujetos. En ningún caso se considerará formulada reconvención en el escrito del demandado que finalice solici­tando su absolución respecto de la pretensión o preten­siones de la demanda principal".

Los votos particulares de nuestros colaboradores se articulan sobre la base de una interpretación no restrictiva del precepto debatido dado que estiman que será necesario analizar, en cada caso concreto y de modo pormenorizado, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en la demanda inicial, para poder así concluir si realmente procede la reconvención. De este modo entienden que, sólo en los supuestos muy claros, aquéllos en que los que el demandante niegue al demandado algún pronunciamiento relativo materias de libre disposición aunque no se haga mención expresa en el suplico de la demanda a dicha pretensión, no se vulneraría el derecho de defensa de la parte demandante ni, por supuesto, el principio de seguridad jurídica, exonerando al demandado de plantear la reconvención debatida.

Se basa también esta posición para exonerar al demandado de plantear reconvención en el supuesto debatido, en la esencia misma de la reconvención como acción judicial del demandado frente al actor y en referencia a un determinado extremo de la demanda. Así, si el demandante no ha concretado en el suplico de su demanda qué medida definitiva concreta solicita, el demandado difícilmente podrá saber a ciencia cierta qué debe reconvenir o "contra qué" debe hacerlo, ya que solo contará con simples referencias o manifestaciones de esas medidas sobre las cuales, además, el tribunal nunca se pronunciará de oficio.

Cuestión a analizar: cuando la demanda se refiere a materias sobre las que el tribunal no debe pronunciarse de oficio, pero no solicita expresamente medida definitiva al respecto, ¿Se exige reconvención si la parte demandada pretende la adopción de medidas definitivas sobre esa materia?

Estimamos que no se debe asumir una interpretación literal y restrictiva del art. 770-2ª.d) LEC (EDL 2000/77463), a propósito de la necesidad de plantear reconvención "Cuando el cónyuge demandado pretenda la adopción de medidas definitivas, que no hubieran sido solicitadas en la demanda, y sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio".

En cuestiones de derecho de familia existen materias de libre disposición entre los cónyuges, o progenitores, no solamente en relación a la pensión compensatoria, sino también con referencia a la problemática relativa al uso de la vivienda familiar, a falta de hijos menores o mayores acogidos a los presupuestos del art. 93 CC (EDL 1889/1), disfrute y administración de segundas viviendas o inmuebles, obligaciones económicas sobre cargas familiares, hipoteca, préstamos personales, seguro de vivienda, derramas extraordinarias, administración de bienes, sociedades, empresas y patrimonio, indemnización para el supuesto del régimen de separación de bienes, prevista en el art. 1438 del texto legal antes citado, uso de vehículos, etc. todo lo cual se dice solamente a modo de ejemplo a propósito de materias de libre disposición.

Si ciertamente la parte demandante se limita a explicar en su demanda la situación económica de los cónyuges, sin más concreciones, pudiera ocurrir que, existiendo hijos con derecho a la pensión de alimentos, tales referencias se entienda que puedan servir para determinar la cuantía de dicha pensión de alimentos, de tal manera que si la parte actora no hace ninguna referencia a la concreta materia de derecho dispositivo, cierto es que en estos casos en los que se ha hecho una mención muy genérica a la situación económica de los cónyuges, el demandado deberá reconvenir en tiempo y forma, de conformidad con el precepto antes aludido, en orden a solicitar cualquier pronunciamiento relacionado con cualquiera de las materias antes aludidas, u otras , exponiendo expresamente en la reconvención la necesidad y la procedencia de reconocer, por ejemplo, el derecho establecido en el art. 97 de dicho texto legal, el interés preferente a proteger en orden al uso de la vivienda, la preferencia para el disfrute y uso de un vehículo, la imposibilidad de afrontar cargas, en el sentido más amplio de la palabra, la justificación de la concurrencia de los presupuestos que determinan el reconocimiento del derecho a la indemnización, etc. alegatos que se contendrán en un cuerpo de escrito perfectamente diferenciado del escrito de contestación, concluyendo con un suplico en el que de modo expreso y detallado se indique el pronunciamiento en cuestión sobre la materia de libre disposición que se interesa.

Sin embargo, por el contrario, si la propia parte actora, conocedora previamente de la situación personal, familiar, material y económica de la parte demandada, decide exponer en la demanda la posición de la parte demandada, en todos los ámbitos antes señalados, en lo que se refiere al aspecto laboral, señalando que trabaja, al aspecto económico, indicando que percibe suficientes ingresos para iniciar una vida completamente autónoma e independiente sin ayudas de terceros, manifestando que existe una relación de convivencia estable y permanente con un tercero, con expresa referencias a los arts. 100 y 101 CC, si todo esto se indica en el relato fáctico y en los propios antecedentes de hechos y la propia parte demandante ya expresa la inviabilidad del derecho a la pensión compensatoria, entiendo que en estos casos no es necesaria la reconvención, por cuanto que la parte demandante, al margen del formalismo que se debe observar en el suplico del escrito rector, ya ha introducido de un modo claro y definido la materia, o materias, en cuestión, lo que hace innecesario el planteamiento de la reconvención.

Por tanto, la parte actora es muy libre en su estrategia formal y sustantiva para introducir o no en la demanda las cuestiones de libre disposición que crea conveniente, adelantándose a la previsible pretensión y reconvención de la parte demandada, siendo necesario examinar cada caso concreto y analizar de un modo muy detallado el contenido de la demanda para poder concluir si realmente es necesaria o no la reconvención, pues sólo en los supuestos claros, concisos y precisos en los que el demandante advierta en su demanda de la improcedencia de reconocer a la parte demandada cualquier pronunciamiento relativo a una, o varias materias de libre disposición, advertencia que debe ser detallada en el relato de los antecedentes de hechos, o en los fundamentos jurídicos de dicho escrito rector, en estos supuestos, aún no haciéndose mención en el suplico de la demanda a pretensión alguna referida a dichas materias, entiendo que en modo alguno se vulnera el derecho de defensa de la parte demandante y el principio de seguridad jurídica.

Pudiera pensarse que, no obstante lo dicho anteriormente, la parte demandante puede sufrir indefensión si la parte demandada, por vía de contestación, hace referencia a nuevos alegatos, sobre la posición en todos los ámbitos de la parte demandada , ignorados o no previstos por la parte demandante, pero ello tiene su solución, y en pro del respeto a la igualdad procesal entre las partes, al momento de plantear alegaciones iniciales en el acto de la vista, al momento de la práctica de la prueba o en la fase de conclusiones en la vista, una vez practicadas todas las pruebas.

En definitiva, en cada caso deberá tratarse la cuestión con suma prudencia y cuidado en orden a preservar la igualdad de armas procesales entre las partes, y para no propiciar situaciones de indefensión.

En los procesos matrimoniales cuando se dilucidan cuestiones de interés público, cual sucede con la materia afectante a los hijos menores de edad, el órgano judicial puede adoptar, en interés de los mismos, las medidas oportunas para tutelar los intereses de los menores, aun cuando no se hayan solicitado por las partes, o alterar el contenido de las postuladas, sin quiebra del principio dispositivo que rige en nuestro proceso civil y, en consecuencia, sin incurrir en vicio de incongruencia.

Cuando se trate de materia de libre disposición entre las partes, cual sucede con la solicitud de constitución de una pensión compensatoria por desequilibrio económico, que no puede ser concedida de oficio por el órgano judicial que conoce de la relación jurídico procesal, es precisa la formulación de la pretensión, bien sea en la demanda iniciadora del proceso, o por la vía de la demanda reconvencional.

En estos casos, y en cuanto a la reconvención, habrá de estarse a las prescripciones del art. 770-2ª LEC (EDL 2000/77463), y debiendo formularse la demanda reconvencional en forma expresa, sin admisión de la reconvención implícita, que cabía aplicar bajo el imperio de la anterior LEC, según construcción jurisprudencial.

Si en la demanda principal del proceso matrimonial se introduce la materia propia de la pensión compensatoria por desequilibrio económico por la parte accionante, con examen de la situación económica de los cónyuges, mas sin pedir medida alguna de carácter definitivo, aduciendo, no obstante, la inconcurrencia de situación de desequilibrio económico entre los cónyuges para constituir la pensión compensatoria del art. 96 CC (EDL 1889/1), no resulta necesario que la demandada, que puede estar interesada en la concesión de la pensión compensatoria, formule formalmente demanda reconvencional, bastando deducir su pretensión en la contestación a la demanda, por haber introducido la contraparte la materia en su demanda.

Si quien acciona ha previsto la pretensión futura de la parte demandada y, en suma, que pueda solicitar una pensión compensatoria por desequilibrio económico, es evidente que puede hacer las valoraciones que considere oportunas en la demanda iniciadora del proceso, haciendo pues innecesaria la formulación de demanda reconvencional.

En base a lo explicitado, considero que toda referencia a materia dispositiva en la demanda que da inicio al proceso, sobre la que el tribunal no puede pronunciarse de oficio, motiva que la parte demandada quede exonerada jurídicamente del planteamiento de reconvención, sobre la cuestión introducida, si pretende medidas relativas a tal materia, bastando su postulación en la fase procesal de la contestación a la demanda, aun cuando la parte accionante no haya solicitado medida definitiva alguna sobre la misma.

Debe entenderse que una vez que la parte actora ha puesto sobre la mesa la cuestión objeto de debate sobre la que el tribunal no debe pronunciarse de oficio ya ha abierto la vía para que el tribunal se deba pronunciar sobre la petición. Y para ello se entiende lógico que en su contestación a la demanda, y sin tener que formular reconvención, por cuanto no hay una concreción al respecto al no solicitarse medida definitiva "concreta" la parte demandada, aprovechando esta petición conteste la demanda suplicando precisamente esas medidas definitivas de naturaleza dispositiva sin plantear reconvención por considerar que el objeto de su pretensión ya ha sido introducido en el pleito por la propia demandante. Ello debe ser así entendido, porque la propia naturaleza de la reconvención supone el ejercicio de una acción contra el actor relacionada con el objeto de la litis, y en estos casos no se produce una oposición a las cuestiones planteadas por el actor, sino una fijación de extremos "puestos sobre la mesa" por el actor en su demanda y sobre los que el demandado se limita a concretar en su petición.

De nada serviría que el actor hubiera puesto patente un tema que es disponible para las partes y sobre el que el juez no puede pronunciarse de oficio, como lo es la pensión compensatoria y que la parte tuviera que reconvenir cuando no se sabe a ciencia cierta qué debe reconvenir y "contra qué", habida cuenta que no parece existir un pronunciamiento exacto, sino referencias a materias sobre las que el tribunal no debe pronunciarse de oficio, pero no se solicita en ella medida definitiva alguna sobre las mismas. Por ello, la reconvención como acción judicial del demandado frente al actor con respecto a un determinado extremo de la demanda no tiene encuadre legal ni jurídico en una posible exigencia que se pueda plantear de que para que el demandado pueda pronunciarse sobre determinadas cuestiones tenga que plantear una reconvención.

Somos más partidarios, por ello, de la tesis que sostiene que cuando se introduce por la propia parte actora la materia dispositiva en su demanda, aunque no se solicite después nada en relación a ella en el suplico de la misma, no resulta necesario reconvenir en caso de que la parte demandada solicite una medida definitiva sobre dicha materia. Además, la interpretación rigorista llega al absurdo de tener que exigirse una demanda reconvencional frente a un extremo sobre el que el actor se pronuncia de forma general y sobre lo que el demandado simplemente hace una mera alegación al respecto, como puede ser, siguiendo el ejemplo expuesto, de que se opone a la adopción de la medida de la pensión compensatoria.

No puede tener cabida dentro de la acción reconvencional un sistema por el que el demandado no se esté oponiendo a una pretensión concreta del actor, sino que aprovechando un planteamiento de este en la demanda vaya a articular una suerte de planteamiento específico y concreto sobre el que el juez deba pronunciarse al haberse suscitado por ambas partes, lo que lleva a no exigirse una reconvención y sí una mera alegación en forma.

Por ejemplo, en la sentencia de AP Zaragoza de 4 de diciembre de 2007 revocó la inadmisión de la alegación del demandado en contra de que se suprimiera la pensión compensatoria. Así, el Juez de instancia entendió que la pensión señalada era en realidad compensatoria, suprimió la pensión de contribución a cargas y seguidamente acordó que no había lugar a fijar pensión por desequilibrio a favor de la mujer, ello por considerar "que el divorcio tienen sus propios efectos independientes de la separación, que ya se reguló por los suyos, y por ello, si se desea un establecimiento o variación de la pensión compensatoria, respecto de la cual no se aplica el principio dispositivo por no afectar a menores, debe solicitase por vía de reconvención conforme al art. 770.2º LEC , lo que no se ha hecho en este pleito".

Sin embargo, la Audiencia no compartió este criterio y señaló que "El art. 770.2 LEC establece que sólo se admitirá la reconvención en los procesos matrimoniales y de menores cuando, además de fundarse en alguna de las causas que puedan dar lugar a la nulidad, separación o divorcio, el cónyuge demandado pretenda la adopción de medidas definitivas que no hubieran sido solicitadas en la demanda y sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio. De donde se sigue que, no siendo la compensatoria materia de las consideradas como indisponibles para las partes, en el caso, en el que el actor solicitó la supresión de la pensión compensatoria de la demandada, el mismo introdujo la cuestión en el debate -la oposición a la supresión pretendida implicaba la petición de reconocimiento-, impidiendo consiguientemente que el mantenimiento de la pensión pudiese ser objeto de reconvención, al igual que la aplicación del art 406.3 LEC , que prohíbe la reconvención implícita, pero solo debe ser observado cuando la reconvención es preceptiva."

Se está generalizando el criterio que impide fijar pensión compensatoria en la sentencia de divorcio cuando no se ha solicitado formulando reconvención expresa. Un ejemplo de ello es la Sentencia de la AP Sevilla, Sec. 2ª, de 31 de marzo de 2001 que hace referencia en sus fundamentos jurídicos al cambio de criterio en esta materia en la que con anterioridad se mantenía más flexible. No obstante, es admitido por muchos juzgados y tribunales que cuando en la demanda el actor introduce el tema de la pensión compensatoria para negar su procedencia, no es necesario que la demandada formule demanda reconvencional para que el tribunal pueda pronunciarse sobre ella en la sentencia definitiva.

Enlazando con el tema que se somete a debate, entendemos que para aplicar la anterior doctrina jurisprudencial que permite fijar pensión compensatoria cuando no se ha formulado mediante reconvención expresa, resulta indiferente que el actor haya incluido la petición de no fijación de la pensión en el suplico de la demanda como que la haya incluido en los hechos o en los fundamentos jurídicos. En este sentido resulta esclarecedora la Sentencia de la AP de Madrid, Sec. 22ª, de 15 de enero de 2010: "No podemos compartir el razonamiento de la juzgadora de instancia, ya que en el supuesto enjuiciado no era necesario que la parte demandada ejercitase la reconvención para que se analizara su petición de pensión compensatoria, pues la parte actora introdujo en el debate dicha pensión a través del hecho quinto de la demanda, en cuya última parte se afirma lo siguiente: "y sin que entre los litigantes deban mantenerse obligaciones económicas mutuas, habida cuenta que cada uno de ellos dispone de sus propios medios de vida, sin que exista en contra de ninguno de ellos el desequilibrio económico a que se refiere el artículo 97 del Código Civil".

Mantenemos este criterio en base a que la finalidad que se persigue con las normas procesales es la ordenación del procedimiento y la evitación de que pueda causarse indefensión a alguna de las partes. De esta forma, dentro del iter procedimental se diferencian la fase de alegaciones, la de prueba y la de sentencia, siendo anómalo que se introdujesen peticiones fuera del periodo de alegaciones (salvo que estemos en presencia de hechos nuevos). Si el actor se ve sorprendido por alguna petición reconvencional, la norma procesal le concede un plazo de veinte días para que pueda contestar a esa petición y presentar la prueba que estime conveniente.

Dicho lo anterior, debemos contestar a dos preguntas: ¿Con la petición de la pensión compensatoria está la parte demandada introduciendo una petición sorpresiva para el actor? ¿Se causa indefensión al actor con la petición realizada mediante reconvención implícita por la demandada? Ambas cuestiones deben ser resueltas en sentido negativo dado que el actor, en el caso que nos ocupa, ya se posicionó en la demanda en relación con la pensión compensatoria en el sentido de que no concurrían los presupuestos legales para su establecimiento. Por tanto, como ya adelantamos anteriormente, siguiendo el criterio mayoritario entre la doctrina jurisprudencial, cuando el actor introduce en el litigio el debate en torno a la pensión compensatoria, aunque solo sea en los hechos o fundamentos jurídicos de la demanda, no es necesario que la parte demandada formule reconvención expresa para que luego en la sentencia pueda el tribunal incluir un pronunciamiento en relación con la pensión compensatoria que se solicita en el suplico del escrito de contestación a la demanda, a lo que se le viene denominando reconvención implícita.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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