Conócenos

CIVIL

Consecuencias de la negativa o imposibilidad de devolución de las cantidades entregadas a un ejecutante de ejecución provisional cuando la sentencia de condena dineraria ha sido revocada

Coordinador: Vicente Magro Servet

Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante

  • Imprimir

Se analiza por cinco Juristas la siguiente cuestión:

La Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 -EDL 2000/77463- introdujo un cambio sustancial en la tramitación de la ejecución provisional en el caso de las condenas dinerarias, ya que mientras que con el formato de la LEC anterior de 1881 -EDL 1881/1- cuando la parte actora había conseguido el dictado de una sentencia condenatoria dineraria y la parte condenada recurría la sentencia la actora tenía la opción de solicitar al juez la ejecución provisional de la sentencia, no obstante lo cual el juez le requería para el pago de una fianza para que se cubrieran las consecuencias de una posible ejecución provisional para el caso de que la sentencia fuera luego revocada.

En la actualidad, el sistema se ha modificado y la LEC -EDL 2000/77463- prevé un cambio radical hasta el punto de que en el caso de las condenas dinerarias si el actor insta la ejecución es el demandado condenado el que debe proponer medidas alternativas como oposición. No obstante lo cual, llegado el caso de la ejecución y necesidad de que el demandado tenga que entregar la suma objeto de condena, que será entregada al actor ejecutante, puede ocurrir que la sentencia sea luego revocada y surja la necesidad de que la suma deba ser devuelta. ¿Qué pasa en estos casos si el ejecutante se niega a devolver la cantidad entregada? ¿Podría entenderse que se ha cometido un delito de apropiación indebida si el ejecutante no quiere devolver la suma entregada tras los requerimientos del juzgado, o no tiene la calidad de depósito la suma entregada en este concepto, y lo fue como entrega simple? En consecuencia, ¿es ilícito penal esta conducta? ¿qué vía le quedaría al ejecutado de negarse el ejecutante a devolver las sumas recibidas?

Pues bien, en este supuesto de hecho que, de suyo, se está planteando con frecuencia en juzgados y tribunales, con mayor frecuencia en la actualidad por razón de la crisis económica, resulta que las opiniones están divididas aunque habiéndose decantado la mayoría por un resultado de 4 a 1 por entender que no es constitutivo de delito la no devolución de la suma recibida como ejecución provisional por el ejecutante si hay revocación de la condena, lo que demuestra la complejidad y polémica de la cuestión suscitada en un tema recurrente en la actualidad.


Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 3, el 17 de noviembre de 2011.

puede afirmarse con rotundidad que la ejecución de sentencias no firmes, más que reunir la nota de la provisionalidad, constituye una ejecución condicional del fallo, cuya eficacia (la de la ejecución o, mejor dicho, la del pago que se produce en el seno de esa ejecución)- se somete a una condición resolutoria negativa, cual es que la sentencia firme no revoque aquella que se está ejecutando provisionalmente. Por tanto, puede y debe aplicarse al instituto de la ejecución provisional de sentencias el esquema y efectos propios de las obligaciones y condiciones resolutorias, previsto en los arts. 1113 y ss CC -EDL 1889/1-.

Estando obligado el deudor-ejecutado a realizar un pago pecuniario condicional, el ejecutante-acreedor, al recibir de aquél el dinero, adquiere su propiedad, adquisición de la propiedad que deriva -además- de un doble hecho. El primero es la eficacia inicial del acto de pago por el ejecutado, pues si la condición de que tratamos es resolutoria, el acto jurídico de pago desarrolla sus efectos desde el principio, y éstos no decaen hasta que se cumpla la condición resolutoria. El segundo hecho consiste en que, como consecuencia de la híper-fungibilidad del dinero, el recibido en cobro por el ejecutante se confunde inmediatamente con el que con anterioridad tenía, y con el que adquiera en el futuro, con la consiguiente pérdida de individualidad del primero, que determina la imposibilidad de restituir "el mismo dinero" que el ejecutante recibió, y la inexorable transformación -caso de cumplirse la condición resolutoria- de la obligación de entregar las mismas cosas recibidas, en otra de entrega de cosa de la misma especie y calidad. El ejecutante, pues, no es un mero depositario del dinero recibido en cobro, ni un comisionista, ni un administrador de ese bien, sino un verus dominus.

Si la condición resolutoria se cumple (mediante el dictado de una sentencia firme revocatoria de la ejecutada provisionalmente), comoquiera que el que obtuvo la prestación pecuniaria la hizo suya aunque fuera condicionalmente, no incurre en delito de apropiación indebida si no la devuelve, porque el título de adquisición no fue el de depósito, comisión o administración, ni otro que, desde la puesta misma del dinero en poder del ejecutante, produjera la obligación de devolverlo, obligación de devolución que surge de un hecho posterior y contingente, cual es el dictado de la sentencia parcial o totalmente revocatoria.

Por lo demás, si el ejecutante, por mor de la contingencia de una futura sentencia revocatoria de la provisionalmente ejecutada, viniera como gravado con la carga de no aprovechar desde su recepción la prestación pecuniaria recibida, no estaríamos ante un verdadero acto de pago, sino ante una figura distinta desde el punto de vista jurídico-civil. Sin embargo, la entrega que se opera mediante el instituto de la ejecución provisional, aunque condicional, tiene naturaleza de pago.

El art. 533 LEC -EDL 2000/77463- prevé cuáles son las consecuencias de la revocación de la Sentencia de condena al pago de cantidad de dinero ejecutada provisionalmente. Distingue según que la revocación sea total o parcial. En el primer caso, se sobreseerá la ejecución provisional y se obligará al ejecutante a devolver la cantidad que hubiese percibido, reintegrar al ejecutado las costas de la ejecución provisional que hubiere satisfecho y resarcirle de los daños y perjuicios que dicha ejecución le hubiere ocasionado. Si la revocación es parcial, sólo se devolverá la diferencia entre la cantidad percibida por el ejecutante y la que resulte de la confirmación parcial con el incremento que resulte de aplicar a dicha diferencia el interés legal del dinero.

En el caso de revocación de la Sentencia el problema surge cuando el ejecutante no devuelve la cantidad recibida durante la sustanciación de la ejecución provisional.

Descarto que la negativa o la imposibilidad de la devolución por parte del ejecutante pueda calificarse como un delito de apropiación indebida porque uno de los elementos estructurales del tipo objetivo del referido delito previsto en el art. 252 de nuestro Código Penal -EDL 1995/16398- es que el dinero se haya recibido en virtud de un título que produzca obligación de entregarlo o devolverlo y en la ejecución provisional, la cual se llevará a cabo del mismo modo que la ejecución ordinaria (art. 524,2 LEC -EDL 2000/77463-), las sumas entregadas al ejecutante siempre son en concepto de pago no sufriendo aquél ninguna restricción sobre su libre disponibilidad. Así pues, en ningún caso se reciben por el ejecutante las sumas de dinero en concepto de depósito hasta tanto se declare la firmeza de la Sentencia ejecutada provisionalmente.

Si el ejecutante se niega a devolver el dinero percibido, el ejecutado, como prevé el art. 533,3 LEC -EDL 2000/77463- para el caso de que la sentencia revocatoria no sea firme, podrá promover la vía de apremio ante el tribunal que hubiera sustanciado la ejecución provisional para conseguir la percepción de las cantidades e incrementos y, para la liquidación de daños y perjuicios deberá instar el incidente especial previsto en los arts. 732 y ss. LEC.

Ahora bien, si el ejecutante es insolvente, el ejecutado no podrá recuperar las cantidades pagadas durante la ejecución provisional careciendo de cualquier otro medio en Derecho para exigir su devolución sufriendo por ello un injusto perjuicio patrimonial.

No resulta muy acertada la explicación ofrecida por la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (apdo. XVI) -EDL 2000/77463- para justificar el nuevo régimen previsto para la ejecución provisional al asimilarlo a la potestad autoejecutiva de las Administraciones públicas pues resulta evidente que cuando un acto administrativo ya ejecutado es revocado por la jurisdicción contencioso-administrativa, la Administración siempre podrá devolver la cantidad indebidamente percibida, situación que por desgracia no siempre ocurre con los particulares o con las empresas que pueden devenir posteriormente en insolventes resultándoles imposible restituir las cantidades percibidas durante la ejecución provisional.

La Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463- introdujo en efecto un factor en la ejecución provisional novedoso al autorizar dicha ejecución sin necesidad de afianzamiento, facilitando de este modo la ejecución de las sentencias definitivas no firmes en los términos y con los prepuestos que la propia ley establece. Ello determinó que surgiera la problemática relativa a la revocación de dichas resoluciones y por tanto, lo relativo al deber de devolución de lo percibido con ocasión de la ejecución provisional, cuestión respecto de la que el art. 533 LEC contiene una específica previsión legal.

En este sentido cabe señalar que en la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463- vigente lo relativo a la devolución de lo percibido se concibe de manera tan automática como lo es la propia ejecución 'provisional', hasta el punto de que el propio art. 533 LEC autoriza que su consecución se produzca 'por la vía de apremio', y concede únicamente a la parte que ejecutó 'provisionalmente' la facultad de oponerse únicamente "a actuaciones concretas de apremio, en los términos del apartado tercero del artículo 528'.

No parece por tanto compatible el ámbito de la ejecución de apremio con un supuesto ilícito penal por apropiación indebida ya que no solo el título por el que se recibe la cantidad provisional es lícito sino que incluso la propia Ley confiere motivos de oposición en el marco de un procedimiento de apremio precisamente configurado para articular una modalidad forzosa de cumplimiento frente a un incumplimiento de naturaleza voluntaria.

Ello responde al hecho de que el importe ejecutado provisionalmente no se entrega a título de administración o depósito ni con obligación de devolución -art. 254 CP (EDL 1995/16398)-, sino de manera firme sin perjuicio del derecho de reintegro que adquiere el ejecutado en caso de revocación de la resolución en base a la cual se vio obligado a efectuar el pago.

La consecuencia no puede ser otra que la adquisición en firme por parte del ejecutante provisional que únicamente adquiere un deber de devolución en caso hipotético de revocación de la resolución que sirvió para obtener dicho importe y siendo así, resulta evidente que no se dan los presupuestos del ilícito penal de la apropiación indebida, siendo solo la vía de la ejecución forzosa la que procede conforme lo ya señalado en el art. 533 -EDL 2000/77463- al ejecutado caso de adquirir el derecho al reintegro en los términos señalados.

Efectivamente el régimen de la ejecución provisional de sentencias es una de las modificaciones más importantes introducidas en el marco de la Ley 1/2000 de 7 enero de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463-, pero con el paso del tiempo y la actual situación de crisis económica se manifiesta mejorable en algunas cuestiones concretas como la que motiva la presente pregunta.

Lo cierto es que actualmente la situación no es nada favorable para el ejecutado provisional que pretende que el ejecutante le reintegre la cantidad obtenida mediante la ejecución provisional una vez revocada la sentencia de instancia, máxime si el segundo deviene insolvente o simplemente se niega a devolver dicha cantidad.

Se nos formulan las siguientes cuestiones: ¿podría entenderse que se ha cometido un delito de apropiación indebida si el ejecutante no quiere devolver la suma entregada tras los requerimientos del juzgado, o no tiene la calidad de de-pósito la suma entregada en este concepto, y lo fue como entrega simple?, es decir, ¿es ilícito penal esta conducta? En algunas ocasiones se han planteado denuncias y querellas por dicha actuación, pero en la gran mayoría de las mismas el resultado ha sido el mismo: dicha actuación del ejecutante no tiene encuadre en el tipo penal de la apropiación indebida, ni siquiera, en el de alzamiento de bienes. Respecto de la apropiación indebida se viene afirmando que no puede constituir dicho tipo delictivo porque el ejecutante provisional recibe la suma dineraria en propiedad y no en depósito, tal y como se deduce del art. 533 LEC -EDL 2000/77463- y de su propia Exposición de Motivos: en dicho texto se equipara de manera inequívoca la ejecución provisional a la ejecución definitiva, so pretexto del alto grado de fiabilidad de las resoluciones judiciales dictadas en primera instancia, que resultan mayoritariamente ratificadas por las Audiencias Provinciales.

Además, la revocación de la sentencia provisionalmente ejecutada, y por tanto la devolución del dinero obtenido es una hipótesis o simple posibilidad de futuro, sujeta específicamente a su propio vencimiento en la segunda instancia. En cierto modo sería como una condición resolutoria. Como afirma la SAP Barcelona, sec. 5ª, núm. 128/2009, de 25 febrero -EDJ 2009/192943-: "...durante ese iter procesal anterior al dictado de la sentencia de la segunda sentencia no puede cometerse ni el delito de apropiación indebida -no hay título comisivo pre-visto por la ley (depósito, comisión o administración) ni asimilable-; ni tampoco, pongamos por caso, un posible delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible del art. 257 del Código Penal -EDL 1995/16398- sencillamente porque para que se cometa esta segunda posibilidad delictiva se requiere necesariamente tener la condición de deudor, lo que nunca ocurre durante la fase temporal en que simplemente se disfruta como acreedor del crédito satisfecho inicialmente en virtud de una ejecución provisional".

Es cierto que con el sistema de esta LEC -EDL 2000/77463- (afirma la propia Exposición de Motivos), existe, desde luego, el peligro de que el ejecutante provisional haya cobrado y después pasa a ser insolvente, pero, de un lado, este peligro puede ser mínimo en muchos casos respecto de quienes dispongan a su favor de sentencia provisionalmente ejecutable, y, por otro lado, la Ley no remite a un proceso declarativo para la compensación económica en caso de revocación de lo provisionalmente ejecutado, sino al procedimiento de apremio, ante el mismo órgano que ha tramitado o está tramitando la ejecución forzosa provisional (art. 533 LEC).

Otra cosa puede acontecer cuando el ejecutante, tras conocer personalmente la revocación de la sentencia de instancia por el órgano superior, -con pleno conocimiento de que la misma le supone la devolución del dinero obtenido en la ejecución provisional-, decide distraerlo, gastarlo o cederlo a terceras personas, con ánimo de constituirse en insolvente a los efectos de la segura vía de apremio que va a instar el ejecutado provisional. En estos supuestos, dependiendo de las concretas circunstancias que envuelvan al caso concreto, sí puede cometerse hipotéticamente bien un delito de apropiación indebida bien un delito de alzamiento de bienes pues es a partir de ese mismo momento concreto (revocación de la sentencia de instancia) cuando nace la obligación de devolver lo recibido.

No existiría un delito de apropiación indebida, sino obligación civil de devolver.

1.- Si la condición resolutoria se cumple (mediante el dictado de una sentencia firme revocatoria de la ejecutada provisionalmente), comoquiera que el que obtuvo la prestación pecuniaria la hizo suya aunque fuera condicionalmente, no incurre en delito de apropiación indebida si no la devuelve, porque el título de adquisición no fue el de depósito, comisión o administración, ni otro que, desde la puesta misma del dinero en poder del ejecutante, produjera la obligación de devolverlo, obligación de devolución que surge de un hecho posterior y contingente, cual es el dictado de la sentencia parcial o totalmente revocatoria.

2.- En el caso en que el ejecutante que deba de devolver cantidades no lo haga, entiendo que el perjudicado, podrá ejecutar (ya que al fin y al cabo tiene el oportuno título judicial para ello) en reclamación de ese importe, contra su perceptor conforme a las reglas de la ejecución forzosa.

3.- Se descarta que la negativa o la imposibilidad de la devolución por parte del ejecutante pueda calificarse como un delito de apropiación indebida porque uno de los elementos estructurales del tipo objetivo del referido delito previsto en el art. 252 de nuestro CP -EDL 1995/16398- es que el dinero se haya recibido en virtud de un título que produzca obligación de entregarlo o devolverlo y en la ejecución provisional, la cual se llevará a cabo del mismo modo que la ejecución ordinaria (art. 524,2 LEC -EDL 2000/77463-), las sumas entregadas al ejecutante siempre son en concepto de pago no sufriendo aquél ninguna restricción sobre su libre disponibilidad. Así pues, en ningún caso se reciben por el ejecutante las sumas de dinero en concepto de depósito hasta tanto se declare la firmeza de la Sentencia ejecutada provisionalmente.

Si el ejecutante se niega a devolver el dinero percibido, el ejecutado, como prevé el art. 533,3 LEC -EDL 2000/77463- para el caso de que la Sentencia revocatoria no sea firme, podrá promover la vía de apremio ante el tribunal que hubiera sustanciado la ejecución provisional para conseguir la percepción de las cantidades e incrementos y, para la liquidación de daños y perjuicios deberá instar el incidente especial previsto en los arts. 732 y ss. LEC.

4.- El problema que deviene es que si el ejecutante es insolvente, el ejecutado no podrá recuperar las cantidades pagadas durante la ejecución provisional careciendo de cualquier otro medio en Derecho para exigir su devolución sufriendo por ello un injusto perjuicio patrimonial.

5.- No parece compatible el ámbito de la ejecución de apremio con un supuesto ilícito penal por apropiación indebida ya que no solo el título por el que se recibe la cantidad provisional es lícito sino que incluso la propia Ley confiere motivos de oposición en el marco de un procedimiento de apremio precisamente configurado para articular una modalidad forzosa de cumplimiento frente a un incumplimiento de naturaleza voluntaria.

Ello responde al hecho de que el importe ejecutado provisionalmente no se entrega a título de administración o depósito ni con obligación de devolución -art. 254 CP L1995/16398 en ART 254-, sino de manera firme sin perjuicio del derecho de reintegro que adquiere el ejecutado en caso de revocación de la resolución en base a la cual se vio obligado a efectuar el pago.

La consecuencia no puede ser otra que la adquisición en firme por parte del ejecutante provisional que únicamente adquiere un deber de devolución en caso hipotético de revocación de la resolución que sirvió para obtener dicho importe y siendo así, resulta evidente que no se dan los presupuestos del ilícito penal de la apropiación indebida, siendo solo la vía de la ejecución forzosa la que procede conforme lo ya señalado en el art. 533 -EDL 2000/77463- al ejecutado caso de adquirir el derecho al reintegro en los términos señalados.

6.- Durante ese iter procesal anterior al dictado de la sentencia de la segunda sentencia no puede cometerse ni el delito de apropiación indebida -no hay título comisivo previsto por la ley (depósito, comisión o administración) ni asimilable-; ni tampoco, pongamos por caso, un posible delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible del art. 257 CP -EDL 1995/16398- sencillamente porque para que se cometa esta segunda posibilidad delictiva se requiere necesariamente tener la condición de deudor, lo que nunca ocurre durante la fase temporal en que simplemente se disfruta como acreedor del crédito satisfecho inicialmente en virtud de una ejecución provisional.

7.- Excepción: Otra cosa puede acontecer cuando el ejecutante, tras conocer personalmente la revocación de la sentencia de instancia por el órgano superior, -con pleno conocimiento de que la misma le supone la devolución del dinero obtenido en la ejecución provisional-, decide distraerlo, gastarlo o cederlo a terceras personas, con ánimo de constituirse en insolvente a los efectos de la segura vía de apremio que va a instar el ejecutado provisional. En estos supuestos, dependiendo de las concretas circunstancias que envuelvan al caso concreto, sí puede cometerse hipotéticamente bien un delito de apropiación indebida bien un delito de alzamiento de bienes pues es a partir de ese mismo momento concreto (revocación de la sentencia de instancia) cuando nace la obligación de devolver lo recibido.

La posibilidad de actuación por quien habiéndose sido ejecutado de modo provisionalmente, obtiene a su favor sentencia, revocando la que ha dado origen a la ejecución anterior, está expresamente prevista en los arts. 533 y 534 LEC -EDL 2000/77463-. En ellos se distingue las posibilidades de actuación por el ejecutado, dependiendo de si la ejecución ha sido de cantidad, o de condena no dineraria.

Para el supuesto de condena de dinero (que es la cuestión que parece prever el supuesto) el art. 533 -EDL 2000/77463- distingue entre la revocación parcial de la sentencia y la total. En el primero de los casos, el ejecutante deberá de devolver sólo la diferencia a favor del ejecutado (entre lo percibido por la ejecución y lo que debería de haber percibido según sentencia firme) más el interés legal del dinero desde el momento de la percepción. En el segundo caso la totalidad más el interés aducido

En el caso en que el ejecutante que deba de devolver cantidades no lo haga, entiendo que el perjudicado, podrá ejecutar (ya que al fin y al cabo tiene el oportuno título judicial para ello) en reclamación de ese importe, contra su perceptor conforme a las reglas de la ejecución forzosa. De hecho en caso de que la segunda sentencia esté a su vez pendiente de un segundo recurso, cabe a su vez la ejecución provisional, conforme a las reglas que regulan la ejecución provisional y la vía de apremio, facultando la posibilidad de oposición a la ejecución en los términos del apartado tercero del art. 528 LEC -EDL 2000/77463- a quien tiene la obligación de devolver lo percibido.

Por lo que respecta a la posible incursión en un tipo penal, al retener el importe a cuya entrega está condenado conforme al art. 252 CP -EDL 2000/77463-, habrá que estar a las exigencias del tipo penal referido.

Según reiterada doctrina jurisprudencial (SSTS 16 marzo 2000 -EDJ 2000/3484-, 11 octubre 1995 -EDJ 1995/5448, 16 octubre 1991 -EDJ 1991/9754-) la existencia del delito de apropiación indebida precisa la previa constatación de los siguientes requisitos:

1ª) Que se haya recibido dinero, efectos, o cualquier otra cosa mueble en depósito, comisión, administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos; presupuesto lógico y cronológicamente anterior a la acción delictiva, que confiere a esta infracción penal el carácter de delito especial, porque autor en sentido estricto sólo puede serlo quien se halle en una concreta situación, que, a su vez, queda definida por la concurrencia de tres requisitos:

a) Un acto de recepción o incorporación de la cosa por el futuro autor del delito.

b) Que se trate de dinero, efectos o cualquier cosa mueble.

c) Que la recepción tenga su causa en un título que origine la obligación de entregar o devolver esa cosa mueble. Aunque la ley relaciona varios de ellos (depósito, comisión o administración) termina con fórmula abierta que permite incluir todas aquellas relaciones jurídicas por las cuales la cosa mueble se incorpora al patrimonio de quien antes no era su dueño, bien transmitiendo la propiedad cuando se trata de dinero y otra cosa fungible, en cuyo caso esta transmisión se hace con una finalidad concreta consistente en dar a la cosa un determinado destino, o bien sin tal transmisión de propiedad, esto es, por otra relación diferente cuando se trata de las demás cosas muebles, las no fungibles, que obliga a conservar la cosa conforme al título por el que se entregó.

2ª) Que la acción del sujeto, como acción nuclear del tipo, consista en apropiar o distraer, en perjuicio de otro. Acciones ambas de significación similar: se trata de un acto de disposición de la cosa de carácter dominical que suponga no sólo el rompimiento de los límites contractuales que se impusieron a la posesión, sino también el cambio de ésta en definitiva integración en el patrimonio del detentador.

En cuanto se refieren a uno de los dos actos de disposición, si bien cuando la ley dice "apropiar" cabe entender que se refiere a aquellos supuestos en que quién recibió, la acción, en tal caso, consiste en la ilícita transformación de la posesión en propiedad; mientras que cuando tiene por objeto el dinero o cualquier otra cosa fungible el delito se comete con la "distracción", es decir, cuando a la cosa que ya se ha recibido en propiedad se le da un destino distinto del pactado.

3ª) Que concurra en el sujeto el genérico requisito del dolo, de modo que exista conciencia y voluntad en cuanto a los diversos elementos objetivos ya referidos, es decir, conciencia y voluntad de que se tiene una cosa mueble con obligación de entregarla o devolverla y de que se viola esta obligación con un acto de apropiación o de distracción. El ánimo de lucro viene constituido, en su amplio significado, por cualquier beneficio, ventaja o utilidad.

Por consiguiente creo que en este caso pueden darse tales requisitos, en la medida en que el ejecutante sabe al tiempo de ejecutar provisionalmente que el dinero que percibe ha de ser devuelto caso de que el contrario obtenga sentencia a su favor en la apelación pendiente, y si lleva a cabo un acto de disposición de ese importe con conciencia y voluntad de que tiene esa obligación de devolverlo, obligación que luego no cumple, incurre a mi juicio en el tipo.

La no devolución de las cantidades recibidas puede constituir delito de apropiación indebida.

1.- Analizando los requisitos exigidos para la comisión del delito pueden darse tales requisitos, en la medida en que el ejecutante sabe al tiempo de ejecutar provisionalmente que el dinero que percibe ha de ser devuelto caso de que el contrario obtenga sentencia a su favor en la apelación pendiente, y si lleva a cabo un acto de disposición de ese importe con conciencia y voluntad de que tiene esa obligación de devolverlo, obligación que luego no cumple, incurre a mi juicio en el tipo.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

feedburner

Suscríbase a nuestros contenidos

Atención al cliente: De lunes a viernes de 9 a 20 horas ininterrumpidamente. Tel 902 44 33 55 Fax. 915 78 16 17