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TASAS

Justicia: tasas que limitan derechos fundamentales

Por Carlos Carnicer

Presidente del Consejo General de la Abogacía Española.

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Lamentablemente, el objetivo se ha cumplido. Decenas de miles de ciudadanos españoles han renunciado ya a defender sus derechos ante la Justicia por culpa de las tasas. Ya no podremos decir más que la Justicia es para todos. Sólo lo es para ricos –que no tienen ningún problema en pagar unas tasas, sean de la cuantía que sean- y para pobres –si se pueden acoger al beneficio de la justicia gratuita-.

Los demás ciudadanos, si ganan diez euros más que el límite fijado para este último beneficio, cuando son informados por sus abogados de las tasas que tienen que pagar y de las que les corresponderían si, posteriormente, tienen que recurrir, en una inmensa mayoría renuncian a ejercer el derecho de defensa. Y algunos, aunque paguen las tasas en primera instancia y desistan de recurrir para no pagar más, pueden acabar pagando las tasas si la parte contraria lo hace y gana, por la condena en costas. Las tasas judiciales han sido la puntilla para el acceso la Justicia de las clases medias.

Las excusas para implantar las tasas eran los supuestos abusos y la excesiva litigiosidad. Ninguno de los dos argumentos se sostiene. Los abusos pueden –y deberían serlo siempre- ser castigados por los jueces con la condena en costas cuando estimen temeridad en el litigante. Apenas se hace. La litigiosidad es otra historia.

El Consejo General de la Abogacía Española ha presentado recientemente un documentado informe elaborado por un equipo de investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma que señala varias cosas utilizando los propios datos del Consejo General del Poder Judicial:

  1. La litigiosidad está descendiendo desde 2009 y estamos ya cerca de los niveles de 2007 (9.567.280 asuntos ingresados en 2009 y 8.972.642 en 2012.
  2. El número de asuntos resueltos es superior al de asuntos ingresados en los dos últimos años y se mantiene estable (9.153.958 en 2009 y 9.102.600 en 2012).
  3. El número de sentencias se mantiene casi invariable en torno a 1.650.000 al año.

Por tanto, el problema no es de aumento de litigiosidad –los jueces resuelven cada año más asuntos de los que ingresan- sino de la bolsa de asuntos pendientes no resueltos en tiempo y forma que sólo ha disminuido levemente en los últimos años. Y eso tampoco mejorará con la eliminación de los 1.200 jueces sustitutos recientemente aprobada por el Ministerio.

Y, además, esas cifras oficiales están hinchadas de una manera absolutamente artificial ya que se contabilizan algunos asuntos hasta cuatro o cinco veces o se incluyen otros que no suponen ninguna carga judicial real. 

El tercer punto de justificación del Ministerio era que las tasas iban a servir para hacer frente al creciente gasto de la Justicia Gratuita. Ni es cierto ni es correcto. Los datos del VII Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita señalan claramente que el gasto en justicia gratuita -yo siempre hablo de "inversión en paz social, especialmente en tiempos de crisis”-, se ha reducido de 266 millones en 2009 a 232 en 2012. Y lo ha hecho fundamentalmente a costa de los honorarios de los abogados de oficio que, en algunas comunidades autónomas se han reducido en un 40 por ciento. En otras, esos baremos no se modifican desde hace diez años.

Y, por si no es bastante, la ley dice que los gastos de Justicia Gratuita deben salir de los presupuestos del Estado y transmitir que la Justicia Gratuita es imposible de sostener por la vía presupuestaria nos lleva directamente a “estigmatizar” a sus usuarios que están provocando un gasto insostenible. No es verdad. La Justicia Gratuita, que da servicio, amparado en las leyes y en las decisiones políticas a más de un millón de ciudadanos sin recursos, apenas supone un 6 por ciento del gasto en Justicia de todas las Administraciones Públicas, 256 millones de euros de un total de 3.837 millones (datos de 2010) que han gastado el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial.

Es, además un servicio que prestan diariamente en cualquier lugar de España 39.000 abogados, 24 horas al día 365 días al año. Un trabajo reconocido socialmente que, sin embargo, está mal pagado y que en muchos casos se cobra tarde y teniendo que presionar. Además, algunas Administraciones están tratando de que sea el abogado el que se responsabilice de que cualquiera de sus clientes –sea un indigente o un inmigrante sin papeles- presente en tiempo y forma unos documentos que en muchos casos son imposibles de conseguir. Y que si no lo hace el usuario, el abogado, aunque haya realizado su trabajo, no cobre.

Los primeros datos del descenso de la litigiosidad hablan de unas cifras terriblemente preocupantes. Hay muchos ciudadanos que han visto obstaculizado o impedido su derecho de acceso a la Justicia. Pero aunque sólo hubiera un caso, cien casos, mil casos de unas tasas que obstaculizan o impiden el acceso de los ciudadanos a la Justicia, sería una vulneración constitucional del derecho de defensa.

Una Justicia que evita o pone trabas para acudir a los tribunales falta a uno de sus pilares fundamentales: la tutela judicial efectiva y el acceso a los tribunales (art. 24 en relación con el art. 14 de la CE). Era tan clara la razón legal y ha sido tan evidente la presión social que el Ministerio tuvo que rectificar la ley, aunque mínimamente, y sólo tres meses después de su aprobación.

Sin duda, debemos avanzar en la búsqueda de  soluciones para nuestra Administración de Justicia, y la oferta de la Abogacía se ha reiterado a cada ministro, también al actual. La sostenibilidad de la Justicia no es posible si los Gobiernos no son conscientes de que forma parte del núcleo del Estado de Derecho y que tiene, cuando menos, el mismo valor que la educación o la sanidad.

Y, con mayor fuerza aún, ni el Estado de Derecho ni el Estado del Bienestar pueden ser tales si se reduce o se recortan los derechos de aquellos ciudadanos que no pueden acceder a la Justicia Gratuita porque están en el límite de elegir entre recurrir lo que consideran injusto o atender a sus necesidades básicas. Aunque se introduzcan las reformas que sean necesarias para garantizar el correcto acceso a la misma y el más riguroso control en el empleo de los recursos, no se puede recortar el derecho de defensa como tampoco se pueden cercenar los derechos de los ciudadanos a recurrir las decisiones de los tribunales. Insisto: no hay gasto en Justicia, hay inversión en progreso y paz social.

    Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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