Urbanismo y nuevo recurso de casación contencioso-administrativo (II)

Como señalaba en el comentario del foro anterior, referido a la casación an...

Como señalaba en el comentario del foro anterior, referido a la casación ante el Tribunal Supremo, todavía es pronto para valorar el impacto que tendrá la reforma del recurso de casación en el orden contencioso-administrativo, operada por LO 7/2015 -EDL 2015/124945-, y su huella en el ámbito urbanístico. Pero lo primero que se siente al leer la nueva redacción del artículo 86 de la Ley jurisdiccional -EDL 1998/44323  es sorpresa e incertidumbre. ¿No es decepcionante, por ejemplo, que se prevea un recurso de casación autonómico que luego no se regula? ¿Y que ni siquiera se menciona en el artículo 88 de la LJCA al hablar del interés casacional objetivo?.

En efecto, el artículo 86.1 de la LJCA -EDL 1998/44323  empieza reconociendo la posibilidad de recurrir en casación las sentencias dictadas en única instancia por los juzgados unipersonales de lo contencioso-administrativo (hay que entender que también los centrales). Sin embargo, el apartado 3 del mismo artículo olvida cualquier mención a las sentencias de los juzgados unipersonales, como si la casación se limitara a las sentencias dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo de los TSJ. Ya sabemos que la casación de las sentencias de los juzgados se limita a las que contengan u0022doctrina gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectosu0022, amén del u0022interés casacional objetivou0022. Pero ello no salva la contradicción interna del precepto.

¿Hay que concluir que no son susceptibles de casación ante esta sección del TSJ las sentencias dictadas en única instancia por los juzgados de lo contencioso-administrativo? Recordemos que prácticamente todos los recursos en materia urbanística, salvo los que afecten a instrumentos de planeamiento, corresponden a los juzgados. Así que una respuesta negativa a dicha pregunta supondría apartar al urbanismo del recurso de casación autonómico. En fin, parece que la reforma se ha centrado en la casación ante el Tribunal Supremo, ignorando el recurso de casación autonómico que se encuentra huérfano de regulación.

Sin embargo, pese a la desastrosa redacción y sistemática de la ley, nada hay en ella que impida afirmar que sí es posible interponer recurso de casación contra sentencias de los juzgados unipersonales, fundado en infracción de derecho (urbanístico) autonómico, y que la competencia para conocer este recurso se atribuye a una sección de la sala de lo contencioso-administrativo que tiene su sede en el TSJ. El artículo 86.3 de la LJCA -EDL 1998/44323-, efectivamente, no menciona a los juzgados, pero una interpretación sistemática que ponga en relación lo dispuesto en el segundo párrafo del número 3 del artículo 86, con el número 1 del dicho precepto, permite incluir las sentencias dictadas en única instancia por los juzgados unipersonales de lo contencioso-administrativo.

El nuevo recurso de casación autonómico ante una sección dentro del TSJ recuerda un poco, al menos en cuanto al órgano competente para resolverlo, al derogado recurso de casación para la unificación de la doctrina por infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma del artículo 99 de la LJCA -EDL 1998/44323-. De hecho, hay párrafos prácticamente iguales, en concreto, los epígrafes 3 del derogado artículo 99 y del nuevo artículo 86 de la LJCA. La misma reforma de 2015 -EDL 2015/124945 que parece haber unificado todas las modalidades casacionales, opta por dar cierta continuidad al antiguo recurso de casación para la unificación de doctrina en su variante autonómica. Sin embargo, no existe ninguna regla parecida a la del apartado 4 del artículo 99 de la LJCA hasta ahora vigente, que permitía aplicar las reglas establecidas con carácter general para el recurso de casación para la unificación de la doctrina, u0022con las adaptaciones necesariasu0022, y que servía para resolver las dudas planteadas. De todas formas, ese recurso de casación por infracción del Derecho autónomico ya había quedado muy limitado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, convirtiéndose casi en una u0022especie en extinciónu0022 en palabras de J.R. CHAVES.

La analogía con el recurso de casación autonómico para la unificación de la doctrina podría explicar por qué la LO 7/2015 -EDL 2015/124945 ha olvidado mencionar las sentencias de los juzgados, porque conforme al modelo del artículo 99 de la LJCA -EDL 1998/44323 sólo eran recurribles las del propio TSJ. Sin embargo, si la reforma de 2015 pretende convertir el recurso de casación en un remedio eficaz contra las contradicciones de las sentencias de los juzgados unipersonales, éstas no deberían quedar al margen.

Se nos pregunta si tiene sentido otorgar a una sección de la propia sala del TSJ el conocimiento del recurso de casación por infracción de normas de la Comunidad autónoma, teniendo en cuenta que quien fija la jurisprudencia en materia de urbanismo es, precisamente, la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ, que asume la posición de juez natural en materia urbanística.

La doctrina había denunciado similares problemas con ocasión de la casación regulada en el artículo 99 de la LJCA -EDL 1998/44323-. Como no tenemos otro espejo en el que mirarnos, buscaremos respuesta a las dudas planteadas en lo que de parecido tenía el recurso de casación para la unificación de la doctrina autonómica. Entonces se criticaba la dificultad para delimitar las pretensiones basadas en el Derecho estatal y el Derecho autonómico y la compleja articulación de competencias entre la casación del TS y la del artículo 99. Lo cual, como se dijo en el foro anterior, es muy frecuente en el ámbito del urbanismo, porque resulta complejo el deslinde de preceptos estatales y autonómicos.

Quizás tendría más sentido limitar este nuevo recurso de casación autonómico a las sentencias dictadas en única instancia por los juzgados unipersonales, no susceptibles de apelación, con el objetivo de reducir a la unidad criterios judiciales dispersos y contradictorios. Sin embargo, la literalidad de la Ley no nos lleva claramente en esa dirección, porque ya hemos dicho que el artículo 86.3 de la LJCA -EDL 1998/44323 ha olvidado mencionarlos.

También se discutía la admisibilidad del recurso contra las sentencias de los TSJ dictadas en apelación, aunque un análisis sistemático, literal y teleológico llevaba a concluir que sólo serían recurribles las sentencias del TSJ dictadas en única instancia.

Ahora, del artículo 86.3 de la LJCA -EDL 1998/44323 parece deducirse justamente lo contrario. Se planteaba si era admisible o no presentar como pieza de contradicción, en el marco del recurso del artículo 99 de la LJCA, una sentencia emanada de la misma sección que dictó la que se recurre. El Tribunal Constitucional había dicho que la unificación de doctrina no estaba prevista para resolver supuestos de contradicción interna en el mismo órgano judicial. En el nuevo sistema de la casación autonómica, no se prevé que los magistrados que han dictado la sentencia impugnada puedan integrar la sala del TSJ encargada de resolver la casación.

Surgen, además, dudas acerca de la composición que deba tener esta sección de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ a la que se refiere el artículo 86.3 de la LJCA -EDL 1998/44323-, que debería u0022completar un total de cinco miembrosu0022. En aquellas salas cuya planta sea inferior a cinco miembros no será fácil conseguir este número mínimo y la LJCA no ofrece ningún criterio para determinar cómo se debe completar la sección con los magistrados que sean necesarios. Lo cual tampoco es de extrañar, si nos percatamos de que esta previsión es idéntica a la que hasta ahora contenía el artículo 99.3 de la LJCA.

La LJCA dispone, como antes de la reforma, que la Sala de Gobierno del TSJ establecerá para cada año judicial el turno con arreglo al cual los magistrados vayan a prestar servicio en dicha sección. Así que probablemente se impondrá como criterio sistematizador la continuidad de las secciones ya existentes a los efectos del artículo 99.3 de la LJCA -EDL 1998/44323-.

 Antes de la reforma de 2015, autores como ALONSO MAS se habían mostrado partidarios de suprimir el artículo 99 de la LJCA -EDL 1998/44323-, pues una cosa es que sea constitucional atribuir a los TSJ la casación relativa al derecho autonómico (STC 56/1990, de 29 marzo -EDJ 1990/3534-) y otra que sea constitucionalmente necesaria desde el punto de vista del principio de unidad jurisdiccional y de la seguridad jurídica.

Durante la tramitación parlamentaria de la LO 7/2015 -EDL 2015/124945  este tema apenas suscitó debate, aunque no faltaron voces críticas que recordaron que, con base en los Estatutos de autonomía de última generación, se podría haber hecho un gesto para atribuir la casación ordinaria a los TSJ, quedando para el Tribunal Supremo la unificación de doctrina. La reforma de 2015 no ha ido por ese camino, desde luego, aunque ha introducido una casación autonómica descafeinada u0022cuando el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónomau0022, que se atribuye a una sección propia del TSJ idéntica de la que conocía del recurso de casación para la unificación de la doctrina autonómica del artículo 99 de la LJCA -EDL 1998/44323-.

Se nos pregunta, en primer lugar, si, a la vista de la redacción del art. 86...

Se nos pregunta, en primer lugar, si, a la vista de la redacción del art. 86.3 LJCA -EDL 1998/44323-, son susceptibles de recurso de casación ante los Tribunales Superiores de Justicia las sentencias dictadas en única instancia en materia de urbanismo por los juzgados provinciales.

La duda trae causa de la literalidad del propio art. 86.3 LJCA -EDL 1998/44323-, que al atribuir competencias jurisdiccionales de carácter casacional al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia lo hace únicamente por referencia a la impugnación de sentencia -susceptibles de este remedio procesal dictadas por las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia. De ahí podría inferirse que las sentencias dictadas por los juzgados provinciales no serían en ningún caso objeto de “casación autonómica” y únicamente cabría su revisión en casación por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Conviene, sin embargo, no precipitarse por la línea interpretativa apuntada pues si bien la regulación actual de la casación contenida en el art. 86 LJCA -EDL 1998/44323 procede de la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio -EDL 2015/124945-, es preciso advertir que esta reforma adolece de algunos defectos de técnica legislativa.

Entre ellos, justamente, la falta de modificación del tenor literal del art. 86.3 LJCA -EDL 1998/44323-, que ha permanecido inalterado desde la aprobación del texto originario de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. De modo que la referencia que en este art. 86.3 LJCA se contiene exclusivamente a las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia debe entenderse como exclusión de las pronunciadas por la Audiencia Nacional.

En efecto, en la regulación inicial de la casación contencioso-administrativa, únicamente las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia y por la Audiencia Nacional eran susceptibles de revisión a través de este recurso extraordinario.

La ampliación de su ámbito objetivo solo tiene lugar con la ya mencionada Ley Orgánica 7/2015 -EDL 2015/124945-, que potencia el carácter objetivo de la casación en un doble sentido: al hacer del “interés casacional” el eje de la admisión de este tipo de recursos y al ampliar las resoluciones susceptibles de casación para incluir la totalidad de sentencias dictadas por los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Si bien es cierto que en el caso de las sentencias dictadas por los juzgados al requisito general del “interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia” (art. 88.1 LJCA -EDL 1998/44323-) se suma el de que dichas sentencias “contengan doctrina que se reputa (sic) gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos” (art. 86.1 LJCA). Este requisito añadido, esta sobreexigencia de “interés casacional” remite casi inevitablemente al recurso de casación en interés de ley.

Sea como fuere, no parece que el defecto de técnica legislativa padecido en la reforma de 2015 deba servir de excusa para impedir la revisión en casación de las sentencias de los juzgados provinciales cuando concurra ese interés casacional reforzada. Máxime si se tiene en cuenta que, por lo común y habida cuenta del ámbito competencial sobre el que ejercen jurisdicción estos juzgados, el interés general afectado será básicamente el autonómico y la concurrencia del interés casacional, en términos del art. 88.2 y 3 LJCA -EDL 1998/44323-, habrá de ponderarse por referencia sustancialmente a la normativa autonómica, pues por lo común será el legislador regional el competente por razón de la materia, salvo, claro es, aquellos ámbitos en los que el Estado ostenta en exclusiva la totalidad de las competencias normativas.

Como no parece que el propósito de la reforma haya sido blindar esas competencias estatales sino impulsar la función nomofiláctica de la casación y habida cuenta de que el mantenimiento de la dicción del art. 86.3 LJCA -EDL 1998/44323 parece deberse únicamente a una cierta desatención del legislador, todo apunta a la conveniencia de entender que las sentencias dictadas por los juzgados provinciales en materia urbanística serán susceptibles de casación ante los Tribunales Superiores de Justicia.

Más difícil resulta elucidar el sentencia de la atribución del conocimiento de la casación autonómica a la sección aludida en el art. 86.3 LJCA -EDL 1998/44323  (“Cuando el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma será competente una Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia compuesta por el Presidente de dicha Sala, que la presidirá, por el Presidente o Presidentes de las demás Salas de lo Contencioso-administrativo y, en su caso, de las Secciones de las mismas, en número no superior a dos, y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar un total de cinco miembros.”).

Cuando se trate de Tribunales Superiores de Justicia con diferentes sedes, parece que este expediente organizativo ha de servir para la unificación de doctrina entre las distintas Salas de lo contencioso-administrativo. Pero si no es este el caso, entonces no se acaba de entender la revisión de la sentencia por un fragmento de la Sala con composición distinta de aquella que resolviera en única instancia o apelación.

Al respecto, cabe señalar la perplejidad que causa la atribución al mismo órgano judicial de la competencia para revisar en casación las resoluciones que dicte en apelación. En efecto, si pudiera tener alguna justificación esta competencia cuando se trate de sentencias dictadas en única instancia, siquiera sea solo para poder evitar los errores inadvertidos, dicha justificación se desvanece cuando se trata de sentencias pronunciadas en segunda instancia en las que, por lógica, el thema decidendi anticipará el de la casación.

Estamos ante una suerte de revisión de sentencias por el mismo órgano, bien que con integración distinta. Bien es cierto que la posibilidad de casación está condicionada a la concurrencia del interés casacional del asunto, pero no es menos cierto que resulta difícil imaginar ese interés en los asuntos que ahora ocupan nuestra atención. Nos encontramos ante una nueva paradoja de la deficiente técnica legislativa de la Ley Orgánica 7/2015 -EDL 2015/124945-. Lo pertinente era regular la casación autonómica frente a sentencias de los juzgados provinciales.

Lo anteriormente expuesto no priva de sentido a la casación autonómica frente a sentencias de los tribunales superiores de justicia, pero quizás debiera haberse acotado algo más los requisitos que deben satisfacerse para la admisión de este recurso extraordinario. En particular, parece que más allá de la unificación de doctrina entre Salas, a los demás casos les cuadraría a la perfección la exigencia de que “contengan doctrina que se reputa (sic) gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos”, actualmente establecida en exclusiva para la casación de sentencias de los juzgados por el art. 86.1 LJCA -EDL 1998/44323-, como ya tuvimos ocasión de indicar con anterioridad.

En cuanto al modo de integración de la Sala de casación autonómica, la Ley parte de la presunción de que todas las salas de lo contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia están compuestas por más de cinco Magistrados.

Por desgracia, desconocemos en qué se ha fundado el legislador para asentar esta presunción. Lo que nos consta es que no se corresponde con la realidad y que la integración de las Salas de casación autonómica puede plantear problemas difíciles de resolver. Cabe acudir a la figura de los Magistrados suplentes, pero no deja de causar cierta perplejidad que se recurra a ellos justamente en los supuestos en los que el ejercicio de la potestad jurisdiccional reviste mayor gravedad.

Pero no cabe, sin embargo, acudir a Magistrados destinados en otros órganos jurisdiccionales pues el art. 86.3 LJCA -EDL 1998/44323 deja meridianamente claro que quienes integren la Sala de casación autonómica deben ser Magistrados de la Sala(s) de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.

El problema se agrava si se pretende aplicar con todo su rigor el principio de imparcialidad judicial, de modo que no puedan formar Sala de casación quienes participar en la formación de la voluntad de la Sala que dictó la sentencia objeto de impugnación. Si así fuere, el art. 86.3 LJCA -EDL 1998/44323 ofrece un encorsetamiento tal que pudiera llegar a impedir completar una sala jurisdiccional susceptible de resolver el recurso, excepción hecha de la ya apuntada posibilidad de acudir a la figura de los Magistrados suplentes.

En una primera aproximación al recurso de casación a residenciar en los Tri...

En una primera aproximación al recurso de casación a residenciar en los Tribunales Superiores de Justicia y en las Salas de lo Contencioso Administrativo bien parece que no deben olvidarse las previsiones constitucionales para la figura de esos Tribunales Superiores de Justicia –así en lo dispuesto en su artículo 152 –EDL 1978/3879-, para con el diseño de un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, que culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma y todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.

De la misma forma procede estar a lo dispuesto en los correspondientes Estatutos de Autonomía en cuanto recogen la figura de los Tribunales Superiores de Justicia si bien, ante la deriva para el derecho privado civil que se va exponiendo en forma expresa, quizá conviene advertir que igualmente parificable sea el tratamiento para el derecho público autonómico y, en concreto, para el derecho urbanístico autonómico. No otra conclusión cabe alcanzar cuando será a ese nivel donde procede unificar la interpretación del derecho autonómico sentando la correspondiente doctrina.

Pero lo que, desde luego, resulta en exceso curioso es el tan acomodaticio abandono que se produce en la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto al nuevo diseño del recurso de casación.

Dicho de la más abreviada forma. si con la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial -EDL 2015/124945-, se trataba de operar con el nivel y rango de Ley ordinaria la reforma de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, en la materia del recurso de casación, bien parece que no debía olvidarse el ajuste prioritario de los artículos con rango de Ley Orgánica para los Tribunales Superiores de Justicia que diesen adecuada cobertura y marco idóneo a esa nueva ordenación del recurso de casación. A poco que se detenga la atención ello no se produce, la paradoja es mayúscula, la resultancia plagada de dudas y a no dudarlo de controversias y todo ello pendiente de una posterior reforma de esa Ley cardinal y neurálgica para dejar ni más menos el papel del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia y a la doctrina jurisprudencial a emitir respectivamente por ellos en el lugar que corresponde.

La sorpresiva regulación del nuevo recurso de casación no se aligera cuando se dirige la atención en la nueva regulación dada por la referida Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio -EDL 2015/124945-, respecto a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ya que una desapasionada lectura de la misma muestra la dejadez y abandono respecto al recurso de casación a depurar por los Tribunales Superiores de Justicia en sus Salas de lo Contencioso Administrativo.

Y es que si procedía dejar de lado en materia autonómica tanto el recurso de casación para la unificación de doctrina -tan certeramente criticado por su tan limitada relevancia como el recurso de casación en interés de la ley -con las críticas que igualmente merece bien se puede comprender que lo más intuitivo hubiera sido apuntar una disposición que, con las necesarias adaptaciones o remisiones, hiciera partícipe el recurso de casación ante las Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de lo establecido para el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. No ha sido esta la decisión adoptada por lo que la orfandad de su ordenación es manifiesta y plagada de dudas.

En todo caso y puestos a intuir quizá lo que debiera ser obvio todo conduce a pensar que, se quiera o no, las Salas de lo Contencioso Administrativo van a seguir muy de cerca por no decir a la letra el posicionamiento que vaya adoptando el Tribunal Supremo en su Sala 3ª en lo que pueda ser aplicable y no solo en materia de admisión sino en lo que ahora interesa en materia de resoluciones impugnables.

El que suscribe estas líneas no alcanza a ver diferencia alguna acerca de que si para un asunto dictado en única instancia (sic) por un Juzgado de lo Contencioso Administrativo cabe el recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo -a fundar en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora no deba ser susceptible de casación igualmente ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del correspondiente Tribunal Superior de Justicia en atención al derecho público autonómico y en nuestro caso en derecho urbanístico autonómico.

Obsérvese el dislate que en caso contrario se puede producir sobre todo en aquellas materias y supuestos en que en la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo Sala 3ª se indica en recurso de casación ante el mismo que la doctrina debe sentarse a nivel de Tribunal Superior de Justicia Sala de lo Contencioso Administrativo, por tratarse de derecho autonómico y por tanto en esos casos el asunto quedaría dejado a la mano de pluralidad de Juzgados de lo Contencioso Administrativo cuya unidad de criterio dista mucho de lograrse por casualidad o al albur de la fortuna.

En todo caso, incluso en este punto deberá estarse muy atento a la doctrina que se establezca en razón al artículo 86.1 párrafo segundo -EDL 1998/44323 en cuanto a la exigencia de que las sentencias contengan doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos.

En definitiva, si la llamada al recurso de casación formalmente es inconmensurable a nivel de número de asuntos llamados a acogerse en su seno y a salvo la máxima cautela cualitativa que quizá debe esperarse en sede de interés casacional, quizá no resulta ocioso detectar que si ya ahora resulta perplejo observar materias más que sustanciales que no acceden al recurso de apelación en materia urbanística para las que se sostienen criterios discrepantes por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y por tanto sin posibilidad de sentar criterios de unificación por las Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia -como en sede de gestión urbanística, titulación habilitante o protección de la legalidad urbanística en cuantías limitadas quizá sea una oportunidad para poder atender a esos supuestos.

Llegados a este punto quizá convenga repensar el diseño de la composición de la Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia puesto que la composición actual dista mucho de ser idónea y satisfactoria.

Inclusive podría pensarse si la doctrina jurisprudencial en materia de derecho autonómico y, en especial, en materia de urbanismo, debe corresponder en exclusiva a esa Sección de Casación, evitando supuestos en que la doctrina corresponda a la Sección que tenga por reparto la competencia en materia de Urbanismo así como en aquellos casos en que por el Tribunal Supremo se haya ido sentando que por la correspondiente Sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia no procede plantear cuestión de ilegalidad dando lugar a que por la Sección de Casación de esa Sala siente la interpretación correspondiente.

Y es que en esa tesitura, desde luego, dos líneas importantes de problemas se deben destacar.

El primero, recayente en la composición de la Sección de casación en la que bien parece que no puede/n participar aquel/aquellos Magistrado/s que han dictado la Sentencia recurrida y más todavía si la Sala de lo Contencioso Administrativo no dispone de miembros suficientes para reunir el número de cinco Magistrados para dictar Sentencia de casación –en su caso a excluir los que dictaron la Sentencia recurrida-.

El segundo, si es lo más adecuado que dicten Sentencia de casación Magistrados que en su quehacer ordinario por razón de la exclusión referida no se dedican a la materia en que deben sentar jurisprudencia.

Las reglas de carácter general y, en su caso, las reglas para formar y completar Sala se estima que no se hallan a la altura de las circunstancias cuando de lo que se trata, ni más ni menos, es de formar parte de la Sección de Casación para sentar Jurisprudencia en materia de derecho público autonómico y en su caso en derecho urbanístico, y seguramente se desplegarán todos los criterios imaginativos que fuesen de interés y a esos efectos.

No obstante, más allá de tratar de forzar o reforzar el atolladero existente, simplemente procede avanzar que si de lo que se trata es dejar la doctrina jurisprudencial en materia de derecho público autonómico y en su caso en derecho urbanístico en el lugar que corresponde, no debe dejarse de lado la necesidad de atender al caso con una composición dada y predeterminada de la Sección de Casación con Magistrados a esos efectos y en cuanto tal, sin el modelo actual de participación de los Magistrados de las Secciones que resuelven los asuntos en única instancia o en apelación. Seguramente la necesidad es tan tozuda que en su momento el legislador deberá dar última palabra.