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Derecho a la educación

A vueltas con la asignatura de educación para la ciudadanía

Por Dª Inés Huerta Garicano

Magistrada - Presidente de la Sección 8ª de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

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A propósito de la Sentencia nº 1999, dictada -23 de septiembre de 2009- por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ Castilla-León -sede de Valladolid- en el rec. 2546/08 -EDJ 2009/204419-.

I. Breve síntesis del criterio sostenido en las Sentencias del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo

La polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía, fue introducida los Reales Decretos 1513/06, de 7 diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria -EDL 2006/310444-; 1631/06, de 29 diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria obligatoria -EDL 2006/324970-, y 1467/07, de 2 noviembre, por el que se establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas -EDL 2007/184021-, todos ellos dictados en ejecución del art. 6 de la LO 2/06, de Educación -EDL 2006/36961-. Se justifica la introducción de esta disciplina en: "……..la preocupación por promover una ciudadanía democrática como parte del conjunto de los objetivos y actividades educativas, en la misma línea en que lo hacen distintos organismos internacionales…..".

El Tribunal Supremo, en cuatro Sentencias del Pleno de su Sala Tercera, de 11 febrero 2009 -EDJ 2009/10293-, -EDJ 2009/10311-, -EDJ 2009/10330-, -EDJ 2009/11209-, con cuatro Votos Particulares discrepantes con el Fallo, suscritos por siete Magistrados y otro concurrente, ha abordado, por vez primera, el eventual derecho de los padres a objetar dicha asignatura en cuatro recursos de casación deducidos frente a otras tantas sentencias dictadas en procedimientos especiales de protección de los derechos fundamentales de la persona interpuestos contra actos administrativos que denegaron tal derecho. En todos ellos dos eran los derechos fundamentales concernidos: 1) La libertad ideológica (art. 16,1 CE -EDL 1978/3879-), en el que los padres sustentaban su derecho a la objeción de conciencia para eximir de su enseñanza a sus hijos menores, y, 2) El derecho que el art. 27,3 CE reconoce a los padres "para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". (A dichas Sentencias han seguido, cuando menos, sesenta y cuatro más de la Sección Séptima de la misma Sala: nueve de 11 mayo -EDJ 2009/101806-, -EDJ 2009/101808-, -EDJ 2009/112213-, -EDJ 2009/120151-, -EDJ 2009/92527-, -EDJ 2009/92528-, -EDJ 2009/92529-, -EDJ 2009/92530-, -EDJ 2009/92531-, trece de 5 junio -EDJ 2009/120268-, -EDJ 2009/120269-, -EDJ 2009/120270-, -EDJ 2009/120272-, -EDJ 2009/120273-, -EDJ 2009/120274-, -EDJ 2009/120275-, -EDJ 2009/120276-, -EDJ 2009/120277-, -EDJ 2009/120278-, -EDJ 2009/120279-, -EDJ 2009/120295-, -EDJ 2009/120296-, catorce de 3 julio -EDJ 2009/197673-, -EDJ 2009/197674-, -EDJ 2009/197675-, -EDJ 2009/197676-, -EDJ 2009/197677-, -EDJ 2009/197678-, -EDJ 2009/197679-, -EDJ 2009/197680-, -EDJ 2009/197681-, -EDJ 2009/197682-, -EDJ 2009/197683-, -EDJ 2009/197684-, -EDJ 2009/197685-, siete de 17 de septiembre -EDJ 2009/225170-, -EDJ 2009/225171-, -EDJ 2009/225172-, -EDJ 2009/225173-, -EDJ 2009/225185-, dieciocho de 15 octubre -EDJ 2009/240047-, -EDJ 2009/240048-, -EDJ 2009/240049-, -EDJ 2009/240050-, -EDJ 2009/240051-, -EDJ 2009/240052-, -EDJ 2009/240053-, -EDJ 2009/240054-, -EDJ 2009/240055-, -EDJ 2009/240056-, -EDJ 2009/240057- y dos de 21 octubre, todas del año 2009, todas, también, con el Voto particular del Magistrado González Rivas, Presidente de la referida Sección Séptima).

Las Sentencias del Pleno analizan el alcance de los arts. 16,1 -EDL 1978/3879- (libertad ideológica) y 27,3 CE, desde la perspectiva del pluralismo (art. 1,1 CE), cuyo núcleo fundamental, dicen las precitadas Sentencias, "es el reconocimiento del hecho innegable de la diversidad de concepciones sobre la vida individual y colectiva pueden formarse los ciudadanos en el ejercicio de su libertad individual y la necesidad de establecer unas bases jurídicas institucionales que hagan posible la exteriorización y el respeto de esas diversas concepciones……….".

El pluralismo se erige, pues, en pieza esencial para la interpretación de los derechos fundamentales invocados por los padres. Según la opinión mayoritaria, la respuesta a las cuestiones planteadas pasa necesariamente por "precisar los siguientes extremos: el significado del pluralismo como elemento necesario para una verdadera sociedad democrática; la suma relevancia que los derechos fundamentales tienen en nuestro modelo constitucional de convivencia; el papel que la Constitución asigna al Estado en materia de educación; el contenido que corresponde al derecho a la libertad ideológica y religiosa del artículo 16.1 -EDL 1978/3879- dentro del sistema educativo establecido por el Estado; el alcance del derecho reconocido a los padres en el 27.3 y el límite que significan esos dos derechos de los artículos 16.1 y 27.3, todos de la Constitución, para la actividad educativa de los poderes públicos".

La libertad ideológica (art. 16,1 CE -EDL 1978/3879-), como "posibilidad reconocida a toda persona de elegir libremente sus concepciones morales o ideológicas y de exteriorizarlas, con la garantía de no poder ser perseguido o sancionado por ellas" no es, afirman las Sentencias, necesariamente incompatible con una enseñanza del pluralismo que transmita la realidad social de la existencia de concepciones diferentes y esa compatibilidad existirá "siempre que la exposición de esa diversidad se haga con neutralidad y sin adoctrinamiento…..".

Respecto del derecho reconocido a los padres en materia educativa por el art. 27,3 CE -EDL 1978/3879-, las Sentencias del Pleno parten de la premisa de que el papel del Estado, conforme a los mandatos contenidos en los apdos. 5 y 2 del art. 27 CE, conlleva una obligada intervención (art. 27,5) y esa intervención -tanto en la enseñanza pública como privada- va dirigida a conseguir "el libre desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales" (art. 27,2).

Para el Tribunal Supremo, la actuación estatal en esta materia comprende la transmisión de los valores que constituyen el sustrato moral del sistema constitucional y que se encuentran positivizados en normas jurídicas vinculantes: básicamente, los derechos fundamentales reconocidos por la CE -EDL 1978/3879- y el pluralismo sociológico, lo que implica la información, no el adoctrinamiento y "………., no podrá hablarse de adoctrinamiento cuando la actividad  educativa esté referida a esos valores morales subyacentes en las normas antes mencionadas porque, respecto de ellos, será constitucionalmente lícita su exposición en términos de promover la adhesión a los mismos. Por el contrario, será exigible una posición de neutralidad por parte del poder público cuando se esté ante valores distintos de los anteriores. Estos otros valores deberán ser expuestos de manera rigurosamente objetiva, con la exclusiva finalidad de instruir o informar sobre el pluralismo realmente existente en la sociedad acerca de determinadas cuestiones que son objeto de polémica".

Desde este planteamiento, el art. 27,3 CE -EDL 1978/3879- queda circunscrito "al mundo de las creencias y de los modelos de conducta individual que, con independencia del deber de respetar esa moral común subyacente en los derechos fundamentales, cada persona es libre de elegir para sí y de transmitir a sus hijos". Y ambos derechos -16,1 y 27,3 CE- constituyen el límite a la actividad educativa del Estado.

Se niega la posibilidad de que de los derechos fundamentales reconocidos en los precitados arts. 16,1 y 27,3 CE -EDL 1978/3879- derive un derecho a la objeción de conciencia susceptible de hacerse valer por los padres, en nombre de sus hijos menores, para eximirles del deber de cursar una materia del currículo escolar que provoca su repulsa por razones ideológicas o religiosas y los argumentos en los que fundan tal negativa pueden resumirse: a) La Constitución no reconoce un derecho a la objeción de conciencia de alcance general, solo contempla el derecho a la objeción de conciencia respecto del servicio militar obligatorio (ahora inexistente). Tampoco de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSTC 53/85 -EDJ 1985/53-, 77/96 -EDJ 1996/2135-, 154/02 -EDJ 2002/27345- y 101/04 -EDJ 2004/40250-), ni de los Instrumentos Internacionales o de la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cabe extraer esa posibilidad, ya que tal derecho, en opinión de la mayoría, queda supeditado, a lo que determinen las leyes nacionales; b) No obstante, esa afirmación, las Sentencias declaran que "es importante aclarar que esta Sala no excluye de raíz que, en circunstancias verdaderamente excepcionales, no pueda entenderse que de la Constitución surge tácitamente un derecho a quedar eximido del cumplimiento de algún deber jurídico válido"……………"; c)  En todo caso y frente a "la dudosa existencia en la Constitución de un derecho a comportarse en todas las circunstancias con arreglo a las propias creencias, se alza el mandato inequívoco y, desde luego, de alcance general de su artículo 9.1: 'Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico'……...", añadiendo que, afirmar la existencia del derecho a la objeción de conciencia desde el art. 16 CE, equivaldría a subordinar la eficacia de las normas jurídicas a la conciencia individual de cada ciudadano, "lo que supondría socavar los fundamentos mismos del Estado democrático de Derecho"; d) "El artículo 27.3………, permite pedir que se anulen las normas reguladoras de una asignatura obligatoria en tanto en cuanto invadan el derecho de los padres a decidir la enseñanza que deben recibir sus hijos en materia religiosa o moral; pero no permite pedir dispensas o exenciones".

Frente a tales afirmaciones, tres de los Votos Particulares (los formulados por el Excmo. Sr. Peces Morate y suscrito por otros tres Magistrados, por el Excmo. Sr. Campos Sánchez-Bordona y el concurrente formulado por el Excmo Sr. Sieira, y al que se adhieren otros dos Magistrados) entienden que no es precisa la "interpositio legislatoris", poniendo de manifiesto, además, la contradicción en la que incurren las sentencias mayoritarias que, después de negar la posibilidad del reconocimiento jurisdiccional del derecho a la objeción de conciencia al amparo del art. 16 CE -EDL 1978/3879-, sin embargo, declaran que la "Sala no excluye de raíz que, en circunstancias verdaderamente excepcionales, no pueda entenderse que de la Constitución surge tácitamente un derecho a quedar eximido del cumplimiento de algún deber jurídico válido", considerando, básicamente, que sin ser ilimitado ese derecho, no puede excluirse su reconocimiento por vía jurisdiccional, pues "La tesis contraria supone reducir el art. 16 de la Constitución a la libertad de pensamiento y de expresión y de difusión de las propias ideas vaciándolo de contenido específico".

Respecto del contenido de la asignatura (sin que ninguna de las sentencias aludidas haya hecho un examen pormenorizado del mismo), transversal y específico, está recogido en los Anexos de los tres Reales Decretos ya citados, y partiendo de que el objetivo de la Educación para la Ciudadanía "es educar a ciudadanos ………………..", se llega a la conclusión de que formalmente dicha asignatura no contraviene ninguno de los derechos fundamentales sustentadores de la pretensión de los padres, reconociendo, no obstante (con lo que, en última instancia, la decisión corresponderá a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los distintos Tribunales Superiores de Justicia, como al principio ya apuntaba) que "es conveniente insistir en que el hecho de que sea ajustada a Derecho y que el deber jurídico de cursarla sea válido no autoriza a la Administración educativa --ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos profesores-- a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas….".

En el Voto particular del Excmo. Sr. Peces Morate, de forma rotunda y sin ambages, se declara que "la concreta configuración reglamentaria de las asignaturas, genéricamente denominadas Educación para la Ciudadanía, constituye un adoctrinamiento en valores morales, lo que justifica que los padres reclamen que su hijo quede dispensado de ser educado conforme a los contenidos, objetivos y criterios de evaluación reglamentariamente definidos.".

En el Voto Particular formulado por el Presidente de la Sección Séptima de la Sala Tercera, Excmo. Sr. González Rivas, tras un minucioso repaso de la legislación positiva a tomar en consideración y su interpretación por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que "prohíbe al Estado perseguir una finalidad de adoctrinamiento que pueda considerarse no respetuosa con las convicciones religiosas y filosóficas de los padres. Este es el límite a no sobrepasar", considera que, aún cuando en la asignatura hay contenidos totalmente irreprochables, como "los relativos a la enseñanza de los principios, valores o derechos constitucionales, o los concernientes al conocimiento de las Convenciones Internacionales sobre  los Derechos Humanos………", sin embargo, en su opinión, la regulación "del aprendizaje de cuestiones como la identidad persona o la construcción de la conciencia moral con enfoques, fundamentos y criterios de evaluación que no se basan en la adquisición de conocimientos …., incide…en el derecho reconocido a los padres en el art. 27-3 de nuestra Constitución -EDL 1978/3879- mediante la imposición de una asignatura obligatoria y evaluable", llegando, incluso, a apuntar serias dudas acerca de si los textos reglamentarios concernidos tienen habilitación suficiente al efecto, sí este rango normativo, al incidir en el contenido constitucional del art. 16,1 CE, es el correcto, y, si los Reales Decretos tienen cobertura legal para establecer la obligatoriedad de la asignatura.

Para el Excmo. Sr. Campos Sánchez Bordona, el problema surge "cuando el titular de la potestad reglamentaria impone obligatoriamente la enseñanza de una 'ética común'", y añade, "el referente ético común  al que se alude….no es tan sólo el que 'subyace' en los derechos fundamentales……………... El respeto de los derechos -que,  insisto, debe enseñarse y fomentarse- no equivale siempre y en todo caso, ….al asentimiento o adhesión moral a su contenido".

El Voto Particular emitido por el Excmo. Sr. Frías Ponce (al que se adhirió otro Magistrado), entiende que el problema planteado es una cuestión de límites y los derechos y libertades son la barrera a la acción del poder público y no al contrario, y partiendo de esta premisa, sostiene que la competencia en materia educativa del Estado ha de cohonestarse con el principio de neutralidad ideológica exigido por la CE -EDL 1978/3879-, como derivación obligada del derecho fundamental a la libertad ideológica, religiosa o de conciencia de las personas (art. 16 CE), "por lo que, más allá de los valores que constituyen el sustrato moral del sistema constitucional, la intervención en la educación de los poderes públicos es difícilmente justificable…".  El Voto llega a la conclusión de que "el diseño de la asignatura no se ajusta a Derecho, vulnerando el art. 27.3 de la Constitución, porque el Gobierno,………., se ha excedido en sus competencias, al incluir contenidos que no son corolario indispensable de la Constitución… ………, tomando como referente único los derechos humanos reconocidos por la ley positiva, con lo que queda excluida implícitamente la fundamentación de una moral natural….. En definitiva, estimamos que las normas reglamentarias imponen como obligatoria una moral relativista, que no todos los ciudadanos pueden compartir, y que, además, invade el terreno de la moral privada, y que no es neutral, ni plural, ni objetiva, al pretender inmiscuirse en la educación moral de los alumnos, desplazando la prioridad de los padres en la educación de sus hijos"

La tesis mayoritaria reflejada en las precitadas Sentencias concluye que la asignatura cuestionada no vulnera los precitados derechos fundamentales en la medida que reconoce al Estado la potestad de trasmitir valores a través del sistema educativo dentro de los equilibrios exigidos por la CE -EDL 1978/3879-, lo que implica la imposibilidad de adoctrinar en materia ideológica, religiosa y de moral individual en los que existan diferencias y debates sociales y, una vez reconocida la legalidad de la asignatura, y no existiendo en nuestro Ordenamiento un derecho genérico a la objeción de conciencia que derive del art. 16,1 CE, ni tampoco en materia educativa derivado del art. 27,3 CE, deja abierta -en su Fundamentación Jurídica- la posibilidad de que, si las ulteriores concreciones de la asignatura a través de los proyectos educativos de cada centro y de los textos que se utilicen se inculcara, aunque sea indirectamente, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales controvertidas en la sociedad española, lo padres, en uso del derecho que les reconoce el art. 27 CE, podrán instar la tutela preferente y sumaria de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo.


II. La Sentencia del TSJ Castilla-León (sede Valladolid), Sala de lo Contencioso-Administrativo nº 1999, de 23 septiembre del presente año -EDJ 2009/204419-

Esta es la primera de otras varias sentencias posteriores de la misma Sala, en igual sentido, en la que, abierta y razonadamente, se discrepa del criterio del Tribunal Supremo.

Tras un repaso exhaustivo de las Sentencias dictadas por el Alto Tribunal desde el 11 febrero del pasado año -EDJ 2009/10293-, la Sala de Valladolid -con un Voto Particular discrepante- no comparte ese criterio "de sujeción absoluta" a la jurisprudencia del Alto Tribunal (del que están siendo exponente numerosas Sentencias de Salas de lo Contencioso-Administrativo de otros Tribunales Superiores de Justicia dictadas con posterioridad al 11 febrero 2009).

Partiendo del tenor literal del art. 1,6 CC -EDL 1889/1-, que asigna a la jurisprudencia la función de complementar las fuentes del derecho, los motivos que han llevado a la Sentencia de Valladolid -EDJ 2009/204419- a apartarse del reiterado criterio del Tribunal Supremo en tan controvertida asignatura son: a) En la medida que el procedimiento utilizado por los actores (como los revisados en casación por la Sala Tercera) es el especial de protección jurisdiccional de derechos fundamentales de la persona (arts. 114 a 121 LJCA -EDL 1998/44323-), la posición constitucional e institucional del Tribunal Supremo, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 123, 152,1 y 161,1-b) CE -EDL 1978/3879-, es la de órgano superior en todos los órdenes, salvo en materia de garantías constitucionales, ya que la interpretación de los derechos fundamentales se confía al Tribunal Constitucional y su doctrina, con arreglo al art. 5,1 LOPJ -EDL 1985/8754-, es vinculante para todos los poderes públicos y esa especial vinculación "…que… tienen las Sentencias de este Tribunal no se limita al contenido del fallo, sino que se extiende a la correspondiente fundamentación jurídica, en especial a la que contiene los criterios que conducen a la 'ratio decidenci'" (STC 302/2005, de 21 noviembre, FJ 6 -EDJ 2005/197273-). En razón de este mandato directo, sólo la interpretación que de los derechos fundamentales realiza el Tribunal Constitucional -intérprete supremo de la Constitución (art. 1 LO 2/79, del Tribunal Constitucional -EDL 1979/3888-)- es la que vincula a todos los órganos jurisdiccionales. b) Con cita en las SSTS de 10 -EDJ 2008/240034- y 16 diciembre 2008 -EDJ 2008/244003- que, a su vez recogen la función de la casación plasmada en la STC 37/95, de 7 febrero -EDJ 1995/110-, recuerda la Sentencia comentada que la función de la jurisprudencia es doble: de un lado, tiene por objeto la protección o salvaguarda de la norma legal mediante la sumisión de los jueces y tribunales al imperio de la Ley, entendida como el ordenamiento jurídico en su conjunto, y, de otro lado, ostenta una función uniformadora en la interpretación del derecho con el fin de lograr la pretendida uniformidad del ordenamiento jurídico en aras a salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica, dejando, pues a salvo, la vinculación directa de los Jueces y Tribunales a la Constitución (norma suprema) y a la interpretación que de sus preceptos y principios efectúe el TC. c) En todo caso -y salvo la doctrina legal fijada en las sentencias estimatorias dictadas en recurso de casación en interés de ley (arts. 100,7 y 101,4 LJCA), así como las sentencias dictadas en recurso en interés de ley (art. 493 LEC -EDL 2000/77463-) sobre interpretación de normas procesales-, la vinculación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en cuanto valor complementario del ordenamiento jurídico, no es absoluta, tal como advierte la STC (Sala 1ª) de 12 julio 1988 -EDJ 1988/460-, con ocasión del principio de igualdad "….., la homogeneidad en la interpretación, ….. que el Legislador debe perseguir para dar realidad al principio de seguridad jurídica que consagra el art. 9.3 CE,…. Pero la consecución del objetivo….han de conseguirse sin mengua de la independencia judicial, que es también un componente esencial de la noción de Estado de Derecho y un principio estructural consagrado (art. 117.1) por nuestra Constitución……"; d) Partiendo, además, de la acepción estricta del concepto de jurisprudencia (1) como "criterio constante y uniforme de aplicar el Derecho mostrado en las Sentencias del Tribunal Supremo, y hoy de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando ejercen funciones de casación", la reiteración que conforma el concepto de jurisprudencia puede ser en ocasiones insuficiente.

Desde estas premisas y dado "…..; el número y extensión argumentativa de los votos particulares discrepantes -hasta siete en el Pleno del TS, manteniéndose un voto particular en las que provienen ahora de la Sección Séptima-; las propias dudas sobre la terminología empleada en la normativa -"en ocasiones recargada en exceso"-, y reiteradas reservas y advertencias sobre proyectos educativos de los centros docentes, textos a utilizar y explicaciones de la asignatura a exponer por el profesorado contenidas en el pronunciamiento mayoritario de la Sala Tercera en relación con la asignatura cuestionada; y el enfoque jurídico de los aquí recurrentes, son todas ellas circunstancias que llevan a esta Sala, partiendo de su análisis, máximo respeto y consideración, a separarse del precedente jurisprudencial tratando de establecer las bases que pudieran propiciar su evolución a través de la aportación de nuevos elementos valorativos".

"Para la doctrina -afirma la Sentencia-, la objeción de conciencia constituye una especificación de la libertad de conciencia, la cual supone no sólo el derecho a formar libremente la propia conciencia, sino también a obrar de modo conforme a los imperativos de la misma….. el reconocimiento de la objeción de conciencia deriva lógicamente de los derechos fundamentales del individuo garantizados en el art. 9 Convención Europea de Derechos Humanos, que obliga a los Estados miembros a respetar las libertades individuales de conciencia y religión. Y, puesto que la libertad de conciencia es una concreción de la libertad ideológica, que nuestra Constitución reconoce en el art. 16 -ED  L1978/3879-, puede afirmarse que la objeción de conciencia es un derecho reconocido explícita e implícitamente en el ordenamiento constitucional español……… ".

Ese conflicto límite al que aluden las Sentencias del Pleno y que, con arreglo a ellas, cabría reconocer excepcionalmente el derecho a objetar "…., en tanto que entraña una valoración de la prueba, entiende esta Sala -como indica el propio Tribunal Supremo- que es facultad preferentemente ubicable en los tribunales de instancia. Por otro lado, la simple proliferación exponencial de recursos contencioso-administrativos habidos contra esta asignatura, mas el conflicto moral que supone enseñar unos contenidos a los alumnos cuyos padres no sólo no los comparten sino que los rechazan firmemente, situando alguno de estos contenidos en lo que podría calificarse como infracciones a su dogma de fe, entendemos justifica la consideración de 'supuesto límite'. Si al mismo tiempo se exige que el alumno, evaluándolo, asuma e interiorice estos contenidos y se comporte según las enseñanzas recibidas, más clara parece aún la situación de conflicto. ………….."

Considera, igualmente, innegable el derecho que el art. 27,3 CE -EDL 1978/3879- reconoce a los padres y cuya garantía corresponde a los poderes públicos.

Y una vez realizadas tales afirmaciones "se está ya -dice la Sentencia- en condiciones de abordar el núcleo del problema que se suscita, y que se revela sencillo de planteamiento y en extremo complicado de análisis y resolución. Así, entiende esta Sala y sección que: 1) si el diseño de la asignatura es neutro; 2) sí se incardina en lo que la Constitución Española -EDL 1978/3879- exige ('La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales'……... Es pues menester analizar a fondo la controvertida materia".

La Sentencia -EDJ 2009/204419- hace un minucioso análisis de los antecedentes de la asignatura y sus fundamentos normativos, para después examinar pormenorizadamente el contenido de la asignatura en cada uno de los tres Reales Decretos en los aspectos rechazados por la actora.

A) En cuanto al RD 1513/2006, de 7 diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria -EDL 2006/310444-, que ofrece un contenido transversal, la Sala de Valladolid considera que "cuando ese bloque 2 incluye como contenido la 'Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el entorno inmediato (familia, centro escolar, amistades, localidad). Desarrollo de actitudes de comprensión y solidaridad y valoración del diálogo para solucionar los problemas de convivencia y los conflictos de intereses en la relación con las demás personas'. …. por medio de un reglamento el Estado, a través del sistema educativo, se introduce en la formación dentro del ámbito familiar. Sobre este extremo, entiende este Tribunal que no es admisible la injerencia educativa estatal dentro de esa íntima esfera……… Se constata un afán intervencionista en esta regulación intrafamiliar. ………,"

En relación con los siete criterios de evaluación, la Sala, asumiendo la posición de los actores, considera que "El sistema educativo no debe valorar actitudes o comportamientos, sino esencial y primordialmente conocimientos, señaladamente respecto de asignaturas de la naturaleza de la que hoy nos ocupa". Entiende también, en sintonía con la demanda, que el Reglamento introduce la llamada "ideología de género", con arreglo a la cual, el sexo no define al hombre y a la mujer como tales, sino que es fruto de una determinada concepción cultural o de un 'accidente' biológico. Es decir, que a los seres humanos no les define como personas el sexo, sino la opción sexual que elija. Esto entraña -en opinión de la Sala de Valladolid- "una clara opción ideológica y moral, y por tanto no puede ser calificada como lo que el propio Tribunal Supremo en sus STS de 11.02.2009 -EDJ 2009/10330- definía como 'generalizado consenso moral' (v. fundamento jurídico decimoquinto). Entiende que la concepción de la sexualidad comporta importantes elementos propios de la moral, de las convicciones y por ello ese criterio de evaluación vulnera los artículos 16 y 27.3 de la CE -EDL 1978/3879-…….. Resulta absolutamente perentorio que los tribunales garanticen la esencia del pluralismo, base de nuestro actual sistema constitucional, y ello pasa por proclamar que "respetar" la opción afectivo-sexual puede y debe ser exigido, pero 'compartir o asumir como positiva' la opción afectivo-sexual de terceros ni puede ni debe ser exigido. Incluso si existiera, que no, ese 'generalizado consenso moral'; del que habla nuestro Tribunal Supremo…….".

Igualmente, analizando la determinación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la asignatura, aprecia que: "1) cuando se pretende un desarrollo de la autoestima y la afectividad el Estado está penetrando en el ámbito interno de la persona, en la esfera más privada del ser humano,…….., acción que no se estima conforme a la libertad individual e ideológica que garantiza nuestra Constitución Española -EDL 1978/3879-; 2) Jurídicamente hay objetivos y criterios indefinidos pues no se precisa qué se entiende por estereotipo o prejuicio, ni menos aún a que estereotipos o prejuicios se refiere en concreto…, la inseguridad es total; 3) El objetivo número 5 es igualmente indefinido pues admitiéndose como referente moral esas normas internacionales y la Constitución Española, tan sólo alude a los derechos considerados como "principales" sin mayor concreción jurídica; 4) Cabría también advertir, a título de ejemplo, que la solidaridad o el desarrollo de comportamientos solidarios es un 'valor' que no aparece recogido en las normas que se reseñan como referente moral absoluto…………... Recapitulando; por supuesto que la educación debe enseñar los derechos y libertades constitucionales y los derechos humanos contenidos en los textos internacionales, pero no puede extender la enseñanza a los valores morales que supuestamente sustentan el desarrollo legal y reglamentario que de los mismos se haga en cada momento…….. Además, la absoluta falta de concreción de algunas expresiones de contenidos…. genera una inseguridad normativa a nivel reglamentario insoportable para el titular del derecho constitucional. Y ya, si además…., se establecen como criterios de calificación la adhesión,…. , se invade la esfera que el artículo 27.3 reserva a los padres en materia de educación, penetrando -o pudiendo penetrar- en el adoctrinamiento, cualquiera que sea su ideología".

B) El RD 1631/2006, de 29 diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria -EDL 2006/324970-, "establece una doble línea de enseñanza de moral cívica: la primera, transversal, presente en casi todas las asignaturas y la segunda, vertical, materializada en las asignaturas controvertidas. Esta opción, de rango reglamentario, supone acentuar al máximo la enseñanza de estos valores………II.- La asignatura Educación para la Ciudadanía…..recoge unos contenidos, objetivos y criterios de evaluación de marcada y profunda naturaleza moral, y el concepto o idea de "moral" simplemente no es utilizado por las recomendaciones europeas en las que se escuda para defender su validez".

La Sentencia -EDJ 2009/204419- analiza pormenorizadamente el contenido autónomo de la asignatura, sin que quepa hacer objeción de clase alguna a los contenidos relativos al "aprecio y cuidado de los bienes comunes y servicios públicos, los impuestos y la contribución de los ciudadanos, la estructura y funciones de la protección civil, la circulación vial y la responsabilidad ciudadana y los accidentes de circulación,. …..En la asignatura Educación ético-cívica, son contenidos autónomos…. el reconocimiento de los sentimientos propios y ajenos, la participación en proyectos que impliquen solidaridad dentro y fuera del centro, el bloque 2: Identidad y alteridad. Educación afectivo-emocional. Identidad personal, libertad y responsabilidad. Los interrogantes del ser humano. Respeto a las diferencias personales. Inteligencia, sentimientos y emociones. Las relaciones interpersonales, las teorías éticas (bloque 3) y los derechos humanos como referencia universal para la conducta humana. En el bloque 6 las alternativas a la discriminación y la prevención y protección integral de la violencia contra las mujeres. Este último bloque, a juicio de la Sala no entraña problema de legalidad o carga ideológica alguno. …, salvo las excepciones hechas, este contenido "autónomo" conlleva una carga ideológica innegable. No hay ni mucho menos un "generalizado consenso moral" en la afirmación de que los derechos humanos son la referencia universal para la conducta humana. Pueden serlo o no. La conducta humana puede venir referida por otros principios o valores. Sólo es exigible el respeto a los derechos humanos………… y, profundizando, ni mucho menos puede afirmarse que hay consenso en torno a la pena de muerte, la eutanasia activa, la pasiva o la eugenésica, ni sobre el derecho a una muerte digna, o saliendo de su núcleo pero en sus límites, el aborto, la terapia genética y clonación humana. etc... Aparte de que no es lo mismo la enseñanza de la DUDH o de la CE`78 -EDL 1978/3879- que de las normas ordinarias que las desarrollan y que son, por definición, contingentes y mutables. También conlleva una marcada carga ideológica -afirma la Sentencia- la enseñanza de las relaciones entre hombres y mujeres y de las relaciones intergeneracionales. No es lo mismo enseñar a respetar y conocer las diversas formas de relación que la asunción de todas las formas de relación como positivas. Las diferentes formas de relación personal son también objeto de la moral, y no se puede enseñar como formas de relaciones interpersonales válidas moralmente o "positivas" aquellas que chocan con determinadas convicciones morales, personales o religiosas,…..Finalmente lleva también un matiz moral o ideológico, extraordinariamente controvertido, la denominada educación afectivo-emocional. A juicio de la Sala tal educación es competencia reservada de los padres, no sólo porque afecta a la esfera más íntima de las personas y de las familias, sino porque incluso los padres han de respetar ponderadamente el libre desarrollo de la personalidad de sus propios hijos, sin perjuicio de los derechos de aquéllos…………En Educación para la ciudadanía y los derechos humanos,…. ……….., existen -se dijo más arriba- contenidos muy discutibles como válidos para ser enseñados en los centros educativos, por las implicaciones morales e ideológicas que entrañan, lo que ya no puede ser admitido es que se exijan, como criterios de evaluación de esta asignatura obligatoria, valoración de comportamientos y actitudes. Llama la atención la exquisita mesura de los criterios recomendados por el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo y del Consejo y del propio gobierno en su anterior Real Decreto 1007/1991 -EDL 1991/14147-, frente a la actual fijación de comportamientos y actitudes. Incluso el propio RD 1631/06 -EDL 2006/324970- usa, como criterio evaluativo para otras materias, la identificación, el grado de conocimiento de conceptos claves etc., con lo que se deduce, para la asignatura cuestionada, la expresa intención de imponer actitudes a los educandos……. Los contenidos de Educación para la Ciudadanía ofrecen en muchos casos tal grado de indeterminación que dejan indefenso el derecho de los padres a verificar siquiera la enseñanza que reciben sus hijos. No pueden saber qué es lo que se les está enseñando en concreto…….".

C) El RD 1467/2007, de 2 noviembre, por el que se establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas -EDL 2007/184021-, la Sala, al analizar la asignatura "Filosofía y Ciudadanía", cuestiona, básicamente, el criterio de evaluación 8 al hablar de "virtudes cívicas" (que, sin embargo, no se recogen en el texto ni en sus contenidos), incurre en una total indefinición en la medida que se va a calificar a los alumnos en razón de que reconozca o practique unas "virtudes cívicas" que no se sabe, "a priori" cuáles son. Igualmente y por lo ya expuesto respecto de los dos anteriores Reales Decretos, rechaza el criterio de evaluación 9.

Concluyendo que "Lo hasta aquí expuesto nos permite afirmar sin ningún género de duda la intensa carga ética, moral e ideológica que incorpora la asignatura en su concepción, objetivos, contenidos y criterios de evaluación, y, ello, además de modo concentrado o vertical, lo que sitúa la controversia en el genuino ámbito de aplicación del art. 27.3 CE -EDL 1978/3879-. El Pleno…así lo reconoce al indicar, por ejemplo, que la asignatura se proyecta no sólo sobre los llamados valores morales subyacentes a los derechos y libertades fundamentales o que son corolario de los mismos, sino también a 'esos otros valores' -distintos de los anteriores- 'que deberán ser expuestos de manera rigurosamente objetiva, con la exclusiva finalidad de instruir o informar sobre el pluralismo realmente existente en la sociedad acerca de determinadas cuestiones que son objeto de polémica'……..En definitiva -afirma la Sala de Valladolid- la intensa carga ética, moral e ideológica de la asignatura discutida, que emplea conceptos difusos e indeterminados pero con virtualidad bastante para propiciar y producir el efecto indeseable de incidir en la privacidad e intimidad de los alumnos en plena fase de formación y ello con arreglo a unos autocalificados valores éticos comunes………. que en cualquier caso los padres recurrentes no comparten; su carácter obligatorio, concentrado y vertical, superando la transversalidad hasta ahora imperante; el confesado propósito de reconstrucción de valores en orden a la influencia en los comportamientos y actitudes, habilidades y destrezas de los menores -conciencias, sentimientos, relaciones interpersonales y emociones afectivo sexuales-, que serán evaluados en tal sentido; … las significativas reservas y advertencias del Pleno del Tribunal Supremo respecto de proyectos educativos, libros de texto y explicaciones, con continuas llamadas a la más rigurosa y exquisita objetividad, prudente distanciamiento, neutralidad, respeto al pluralismo y exposición crítica de la materia a fin de evitar el deslizamiento hacia el adoctrinamiento, proselitismo o captación de voluntades de los alumnos en relación con cuestiones morales controvertidas sobre las que no exista un generalizado consenso en la sociedad española -reservas y advertencias por si solas expresivas de la realidad y gravedad del conflicto, en modo alguno artificioso-, son razones todas ellas, no valoradas aisladamente sino en conjunto…..las que llevan a esta Sala a apreciar el riesgo exorbitante, que los padres no vienen obligados jurídicamente a soportar……………, lo que les hace acreedores del derecho a que éstos se vean dispensados ex art. 27.3 CE de cursar la asignatura, sin consecuencias desfavorables para ellos".


III. A modo de Epílogo

Con las Sentencias del Tribunal Supremo -meramente interpretativas- se ha querido llegar, a mi juicio, a una fórmula de compromiso a fin de evitar un resultado que evidenciara la división ostensible entre los veintinueve Magistrados que concurrieron al Pleno, lógica, por otra parte, en razón de la naturaleza de la asignatura, con unos límites muy tenues y difusos entre lo que constituyen "las obligaciones del Estado en la formación de todos los ciudadanos y ciudadanas en valores y virtudes cívicas que favorezcan la cohesión social" (art. 27,2 CE -EDL 1978/3879-), y el derecho fundamental que el art. 27,3 CE reconoce a los padres (y que ha de ser garantizado por los poderes públicos), fórmula que, además de no haber impedido cuatro Votos Particulares discrepantes con el Fallo, suscritos por siete Magistrados, ha dejado muchos interrogantes abiertos y, como sucede en estos casos, lejos de resolver el problema (como recuerda el Excmo. Sr. Peces Morate en su Voto Particular "el cometido de los jueces y tribunales no es aconsejar a las instituciones públicas o privadas el comportamiento que deben adoptar en el tratamiento de cuestiones morales controvertidas sino dirimir los conflictos concretos sometidos a su jurisdicción, dándoles la solución que, a su juicio, sea justa en evitación también de ulteriores litigios"), lo ha trasladado a los Tribunales Superiores de Justicia (Salas de lo Contencioso-Administrativo) en la medida que -sin haber analizado explícita y pormenorizadamente el contenido de los Anexos I de los tres Reales Decretos ya señalados (EDL 2006/310444)- y, no obstante concluir que las normas cuestionadas no infringen los derechos fundamentales reconocidos en los arts. 16,1 y 27,3 CE, a renglón seguido, inexplicablemente, se dice "Falta por añadir, sin embargo, que los contenidos que asignan esas disposiciones generales a la materia Educación para la Ciudadanía han de experimentar ulteriores concreciones a través del proyecto educativo de cada centro y de los textos que se utilicen, así, como, obviamente, de la manera en que se expongan. Proyectos, textos y explicaciones que deben moverse en el marco que hemos trazado de manera que el derecho de los padres a que se mantengan dentro de los límites sentados por el artículo 27.2 de la Constitución y a que, de ningún modo, se deslicen en el adoctrinamiento por prescindir de la objetividad, exposición crítica y del respeto al pluralismo imprescindibles, cobra aquí también pleno vigor………, es conveniente insistir en que el hecho de que sea ajustada a Derecho y que el deber jurídico de cursarla sea válido no autoriza a la Administración educativa --ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos profesores-- a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas".

Este planteamiento tan abierto, ha propiciado la Sentencia de la Sala de Valladolid (muy seria y concienzuda), a las que han seguido otras en similares términos, poniendo de manifiesto el controvertido contenido de la asignatura y que el debate no se puede dar por finalizado. Y ello, porque el propio Tribunal Supremo ha obviado ese planteamiento de cierre, mediante el examen pormenorizado de los contenidos y los criterios de evaluación de la Asignatura, tal como  se recogen en los respectivos Anexos de los Reales Decretos aludidos, examen que, en mi opinión, era imprescindible para un pronunciamiento sobre la eventual colisión con los derechos que el art. 27,3 CE -EDL 1978/3879- reconoce a los padres, cuya garantía impone a los Poderes Públicos, desplazando el debate a los recursos que habrán de interponer los padres frente a los concretos textos y proyectos educativos, de los que conocerán las distintas Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, cuyos pronunciamientos, como se acaba de ver, pueden ser muy dispares, dados los propios términos de las Sentencias del Alto Tribunal, en ocasiones contradictorios y en otras muchas muy genéricos, lo que puede a conducir a un abanico de interpretaciones.

Todo ello puede conducir a un enriquecedor debate (no deseable para la ciudadanía que quiere pronunciamientos claros, uniformes y definitivos en una materia especialmente sensible al afectar a la educación de sus hijos menores), que no debería rehuir el Tribunal Supremo -con la mera repetición de sus precedentes Sentencias- cuando, en vía de casación, se enfrente, presumiblemente, con Sentencias como la aquí comentada -EDJ 2009/204419- y otras ulteriores que puedan dictarse.


Nota

1.-En expresión del Excmo. Magistrado Xiol Rius en “El valor vinculante de la Jurisprudencia”

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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