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IMPUESTOS

Una nueva modificación en la deducción por investigación, desarrollo e innovación en el Impuesto sobre Sociedades

Por D. Domingo Carbajo Vasco

Economista. AbogadoInspector de Hacienda del Estado

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Introducción 

En reiteradas ocasiones, hemos señalado tres características representativas de la “Deducción por actividades de investigación y desarrollo” que figura en el artículo 35 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (en adelante, TRLIS):

a) Su relevancia, pues, para alguna doctrina (por ejemplo, para UNICE, la patronal europea, en 2003), nos encontramos ante el incentivo fiscal más importante para la investigación, el desarrollo y la innovación, la tríada I + D + i, de toda Europa.

b) Esta importancia contrasta, sin embargo, con su escaso uso; lo que pone en duda su eficiencia para lograr su finalidad.

En este sentido, las estadísticas más significativas del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, IS), revelan que sólo un número muy pequeño de sujetos pasivos del gravamen, 3.874 en el año 2005 (declaración 2006), utilizan este beneficio fiscal; es más, son las grandes empresas, aquellas con un tramo de ingresos superior a 1.000.000 millones de euros, las que concentran el importe más significativo de esta deducción, el 39,33% en ese ejercicio, con una media de 3.024.471 euros de deducción en cuota aplicada, frente a 94.675 euros de media en su conjunto para los declarantes de la deducción.

La deducción tampoco ha mejorado en los últimos años, a pesar de las sucesivas modificaciones que este incentivo ha sufrido, en aras a perfeccionarse.

Los datos del año 2007, declaración 2008, última completa del IS, hablan de 5.657 empresas y 316,6 millones de euros de incentivo, frente a los 347,8 millones de euros en el año 2005, descenso que refleja, sin duda, la minoración del porcentaje de deducción desde la entrada en vigor de la Ley 35/2006.

En suma, se trata de un beneficio tributario que sólo interesa a las grandes empresas; por lo cual, acrecienta la dependencia tecnológica española e impide su uso por la parte más dinámica y más innovadora del mundo empresarial, la pequeña y mediana empresa.

De esta forma, su estructura actual impide que la generalidad del cuerpo empresarial español lo aplique con normalidad.

c) Nos encontramos ante un gasto fiscal que ha sufrido constantes variaciones normativas a lo largo de su ya dilatada historia, con antecedentes desde 1992.

De hecho, no nos hemos cansado de reiterar en estas páginas que, tanta variabilidad jurídica, añade incertidumbre, lo cual reduce, inexorablemente, la capacidad incentivadora de este beneficio, pues los proyectos de I + D + i, en un contexto de alto riesgo, variabilidad de resultados y necesidad de planificación a largo plazo, lo que más necesitan es seguridad inversora.

Pues bien, el Gobierno, frente a toda esta necesidad de un marco legislativo claro y cerrado, para la I + D + i, ha vuelto a alterar la deducción (cuyo último cambio legislativo se produjo en la reciente Ley 4/2008, de 23 de diciembre).


El Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo

Era de suponer que un beneficio fiscal tan jugoso y tan concentrado en manos de las grandes empresas fuera objeto de fuertes presiones por el “lobby” empresarial para, al menos, conservarlo.

La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio, trajo consigo, por un lado, una minoración de las alícuotas de gravamen del IS que pasaron, en general, del 35% al 30% y, en contrapartida, una reducción en el tiempo, “phasing-out”, en la terminología anglosajona, de las múltiples deducciones para fomento de la inversión y otras actividades, incluidas en los artículos 33 y siguientes del TRLIS, entre las cuales, se encontraba la deducción por actividades de I + D + i, artículo 35 TRLIS.

La reforma consistió en que los porcentajes de deducción vigentes, se calculaban multiplicando los anteriores a 2007 (30, 50, 20 y 10%) por el coeficiente 0,92; mientras que en el ejercicio 2008 y siguientes el coeficiente se establecía en 0,85 y, además, en el carácter alternativo que tiene esta deducción frente a un beneficio en la Seguridad Social, consistente en una bonificación del 40% en las cuotas de la Seguridad Social del personal investigador, alternativa que, ahora, se sigue conservando.

En todo caso, recuérdese que la eliminación definitiva de este incentivo fiscal quedaba condicionada a la realización de un estudio por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, respecto de la utilidad de este beneficio tributario.

Este tipo de estudios sobre la eficacia y eficiencia de los gastos fiscales en nuestro país siguen siendo necesarios, dicho sea de paso, pues sólo contrastando si la pérdida recaudatoria que estos gastos fiscales conllevan va acompañada de un logro adecuado de los objetivos de política económica que pretenden, se puede sustentar la permanencia o no de los mismos, en suma, la realización de un análisis de la utilidad del incentivo.

Pues bien, bastó con la llegada de la crisis, cuando bajo el capcioso argumento de que se necesitaba un cambio de modelo productivo en España, centrado en la inversión en esta tríada (¿y por qué no se hizo en ejercicios anteriores?, ¿y por qué esta generosa deducción no lo logró a pesar de llevar largos años incorporada a la estructura del Impuesto?), se criticó la desaparición, prevista para el año 2012, de esta deducción y hubo una unánime Resolución del Congreso de los Diputados que exigió al Gobierno la continuidad de la misma.

De esta forma, en el seno del Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, su artículo 2 contiene diferentes posiciones que prorrogan “sine die” la vigencia del artículo 35 TRLIS, bajo el argumento de la necesidad de dar mayor “seguridad jurídica” (sic) a este incentivo y de apoyar la creación de un nuevo modelo productivo.

Técnicamente, esto se consigue mediante, por un lado, la derogación de la disposición adicional vigésimo tercera del TRLIS, que incluía la previsión de un futuro estudio sobre la rentabilidad de esta deducción, y una nueva redacción del apartado 3 de la disposición derogatoria segunda LIRPF, que borra a la deducción correspondiente del artículo 35, la de I + D + i, de su eliminación completa en el horizonte del 2012.

En todo caso, la doctrina seguirá debatiendo, sin que esté cerrada la discusión, respecto de la eficacia y eficiencia de incentivos tributarios de una u otra naturaleza para fomentar la I + D + i; también se debate su estructura, porcentajes, definiciones, etc. y, en particular, lo que resulta evidente, es su escasa utilización por las pequeñas y medianas empresas (PYMES), lo que refuerza, indirectamente, la dependencia tecnológica de la economía española y, desgraciadamente, creemos, los intereses creados y la propia inercia burocrática seguirán presionando para incorporar alteraciones futuras en la redacción del artículo 35 TRLIS, que ya comentaremos, “deo volente”, a nuestros lectores.


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