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ADMINISTRATIVO

¿Es posible entablar dos acciones independientes y sucesivas para reclamar la indemnización de daños y perjuicios causados por la nulidad de un acto administrativo?

Coordinador: Diego Córdoba Castroverde

Magistrado-Presidente Audiencia Nacional (Sala Contencioso Administrativo)

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Sabido es que las partes pueden solicitar no solo la nulidad de un acto administrativo sino también la posibilidad de anudar a esta petición una indemnización de daños y perjuicios que le hubiesen producido los actos impugnados. Se trata, en definitiva, de una pretensión de pleno restablecimiento de la situación jurídica individualizada vulnerada, pretensión que no solo es posible plantear en la demanda (art. 31,2 LRJCA -EDL 1998/44323-) sino también incluso por vez primera en el escrito de conclusiones si tales daños constasen ya probados (art. 65,3 LRJCA -EDL 1998/44323-). Puede también reservarse la posibilidad de reclamar por los daños y perjuicios derivados del acto administrativo impugnado para plantear en un futuro una acción de responsabilidad patrimonial independiente.

El problema radica en determinar si es posible ejercitar ambas acciones de forma sucesiva y no excluyente, de forma que la parte que en su día solicitó la anulación del acto y también la indemnización de daños y perjuicios generados por el acto impugnado cuya nulidad se pretende, pueda además entablar de forma independiente y sucesiva una nueva acción destinar a obtener otros daños y perjuicios diferentes pero vinculados a la nulidad del citado acto, dividiendo así su reclamación de daños y perjuicios por dos vías independientes: parte de la reclamación de daños y perjuicios se ejercita junto a la petición de nulidad; la otra por vía de reclamación de responsabilidad patrimonial como acción distinta e independiente de la primera.

Son numerosos los ejemplos que pueden ilustrar este problema: Imaginemos que un funcionario que impugna un proceso selectivo no solo solicita la nulidad del acto que pone fin al proceso selectivo sino además reclama el restablecimiento de la situación jurídico individualizada solicitando por un lado su nombramiento y por otro el pago de los honorarios dejados de percibir durante ese tiempo así como los daños y perjuicios sufridos. Estimada su pretensión por sentencia firme el mismo funcionario entabla, dentro del plazo legal, una acción independiente de responsabilidad patrimonial contra la Administración por entender que el acto jurídico anulado le ha generado además otros gastos, daños y perjuicios diferentes a los inicialmente reclamados que en su día se le olvido reclamar (por ej.: daños morales u otros gastos diferentes). ¿Puede entablar esta nueva acción independiente o se considera agotada la posibilidad de reclamar por los daños y perjuicios sufridos por la anulación del acto?


Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 1, el 3 de febrero de 2011.

La cuestión objeto de esta reflexión es la de, sí ejercitada una acción para la anulación de una actuación administrativa, en la que se deduce una pretensión de plena jurisdicción: anulación de la actuación impugnada y restablecimiento de la situación jurídica individualizada negativamente afectada por dicha actuación mediante la indemnización de los perjuicios causados por aquélla, puede, posteriormente y una vez anulado el acto recurrido por sentencia, formularse una reclamación de responsabilidad patrimonial encaminada al resarcimiento de otros daños y perjuicios distintos y que son consecuencia también de ese acto anulado.

Entiendo que no cabe tal posibilidad y ello porque si la parte opta por deducir una pretensión de plena jurisdicción hay que entender que lo reclamado restablece la situación indebidamente afectada por el acto recurrido, sin que la anulación jurisdiccional del acto impugnado instaure un nuevo título legitimador para reclamar a la Administración nuevos perjuicios derivados de dicha anulación y ello, entre otras razones, porque, como dice textualmente el art. 142,4 Ley 30/1992 -EDL 1992/17271-, "la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnización (...)", y ello, entre otras razones, lo determinante para su prosperabilidad no es la antijuridicidad de la actuación administrativa, sino la ilegalidad del perjuicio, o, lo que es lo mismo, que éste sea antijurídico. Al efecto, no está demás, recordar, entre otras, la STS 3ª Secc. 6ª 18 diciembre 2000 -EDJ 2000/49635-, en la que se afirma:

"la línea que se inicia mediante la sentencia de 5 de febrero de 1996 -EDJ 1996/982-, seguida por las de 31 de mayo -EDJ 1997/6519- y 4 de noviembre de 1997 -EDJ 1997/10112- y otras muchas, sienta la doctrina que la obligación de indemnizar exigida en el artículo 40.2 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado -EDL 1957/56- –hoy artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (EDL 1992/17271)– no es consecuencia obligada de la simple anulación de las resoluciones administrativas, sin que ello suponga obstáculo para que tal derecho a ser indemnizado pueda ser reconocido cuando se cumplan los restantes requisitos del artículo 40 –139 (EDL 1992/17271)– a que nos referimos, a saber, daño efectivo individualizado y evaluable económicamente, nexo causal entre el actuar de la administración y el resultado dañoso y lesión antijurídica en el sentido de ausencia de deber jurídico del administrado de soportar el resultado lesivo; por ello no cabe interpretar el precepto que nos ocupa con tesis maximalistas de uno y otro sentido, como si dijera que de la anulación de una resolución administrativa no cabe nunca derivar responsabilidad patrimonial de la Administración, ni tampoco cabe afirmar que siempre se producirá tal responsabilidad (...) no siendo, por tanto, el aspecto subjetivo del actuar antijurídico de la Administración el que debe exigirse para sostener el derecho a la indemnización, sino el objetivo de la ilegalidad del perjuicio, en el sentido de que el ciudadano no tenga el deber jurídico de soportarlo, ya que en tal caso desaparecería la antijuridicidad de la lesión al existir causas de justificación en el productor del daño, esto es en el actuar de la Administración".

Pues bien, esa ilegalidad del perjuicio fue, precisamente, la que determinó la pretensión indemnizatoria anudada a la de anulación del acto administrativo (recurrido) causante de aquél, de forma que –no habiéndose reservado el ejercicio de la acción indemnizatoria para un momento ulterior– no puede, a mi juicio, una vez anulado jurisdiccionalmente el acto, iniciar la vía de la responsabilidad patrimonial para ampliar la reclamación de unos daños que, pudiendo, no fueron incluidos en la pretensión indemnizatoria articulada junto con la de anulación del acto causa de los perjuicios inicialmente reclamados y que pretenden solicitarse con posterioridad a dicha anulación. Sólo cabría justificar la posibilidad de esa reclamación de responsabilidad patrimonial respecto de unos hipotéticos perjuicios nuevos y posteriores a los reclamados en el proceso que concluyó con la sentencia anulatoria del acto, ya que, en el supuesto de que los perjuicios inicialmente pretendidos fueran rechazados en sentencia, su reiteración por la vía de la reclamación de responsabilidad patrimonial devendría inadmisible por "cosa juzgada".

La regulación en un único precepto (art. 31,1 y 2 LJCA -EDL 1998/44323-) de la posible articulación, en el mismo proceso, de la pretensión anulatoria del acto administrativo y de la pretensión de condena mediante el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para su pleno restablecimiento, entre ellas la indemnización de daños y perjuicios, es el reflejo de la definitiva superación, con la LJCA 29/1998, de la concepción de la jurisdicción contencioso administrativa como una jurisdicción meramente revisora, para "abrir definitivamente las puertas para obtener justicia frente a cualquier comportamiento ilícito de la Administración" (Exposición de Motivos -EDL 1998/44323-). Razones de igualdad, economía procesal, racionalidad procesal y seguridad jurídica aconsejan ventilar en un único proceso cuantas pretensiones se deduzcan contra un mismo acto o varios con las conexiones e identidades a que se refiere el art. 34 LJCA -EDL 1998/44323-, debiendo evitarse, en la medida de lo posible, la reiteración de litigios innecesarios que incluso pueden dan lugar a pronunciamientos contradictorios.

El supuesto de hecho que se nos plantea supone el ejercicio acumulado, en un primer proceso, de la pretensión de anulación del acto y la de condena a la indemnización de los daños y perjuicios que aquél ocasionó a su destinatario. La posibilidad de interponer un segundo recurso contra esa actuación administrativa, ejercitando ya solamente la pretensión indemnizatoria de condena encuentra varios obstáculos procesales, lo que no impide, sin embargo, admitir que pudiese prosperar. En primer lugar, la brevedad de los plazos para interponer recurso contencioso administrativo. Resulta sumamente probable la inadmisión del recurso por interponerse fuera de plazo o por hacerlo frente a un acto administrativo previo y consentido. En segundo lugar, la aplicación supletoria de la regla de preclusión de alegaciones contenida en el art. 400 LEC -EDL 2000/77463- en relación con el efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada. Aunque en una anterior ocasión y en este mismo foro de debate -EDB 2010/35937-, mi respuesta a la aplicación supletoria del art. 400 LEC en el proceso contencioso administrativo fue negativa, en aquel foro se puso de relieve que el TS (sentencia de 15 octubre 2009 -EDJ 2009/265770-) ha admitido su aplicación en el ámbito contencioso administrativo, lo que supone que aquellos hechos, fundamentos o títulos jurídicos que no se alegaron en el primer proceso pero pudieron haberse invocado, no podrán ya hacerse valer en un hipotético segundo recurso contra el mismo acto. De este modo, los daños a reclamar en el segundo proceso, de no derivar de hechos acaecidos con posterioridad, resultan afectados por la regla de preclusión antes mencionada. Y lo mismo puede predicarse del título jurídico o causa de pedir, en este segundo recurso por responsabilidad patrimonial, que bien pudo aducirse en el primer recurso. En tercer lugar y en relación con el antes citado efecto negativo de la cosa juzgada, podría afirmarse que la pretensión de condena a deducir en el segundo proceso es, en términos generales, la misma que la que se articuló en el primero (indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el acto administrativo), aunque al dirigirse a obtener el resarcimiento de unos daños y perjuicios distintos a los que constituyeron el "petitum" de la primera demanda, la pretensión sería diferente.

En definitiva, los límites al segundo proceso vienen dados, de un lado, por la prescripción de la acción o por la caducidad de los plazos para recurrir y de otro, por la interpretación más o menos restrictiva que de la figura jurídica de la cosa juzgada se realice, aunque consideramos que en el supuesto que se nos plantea, no habría ni identidad de acto administrativo (en el primer proceso es un acto administrativo y en el segundo, formalmente, sería el acto administrativo denegatorio de la reclamación de responsabilidad patrimonial fundada en la anulación judicial del acto objeto del primer recurso), ni identidad de la pretensión ejercitada.

Como el propio planteamiento recoge, la normativa vigente (arts. 31,2 y 65,3 Ley Jurisdiccional -EDL 1998/44323- y 142,4 Ley 30/1992 -EDL 1992/17271-) permite al interesado que ha recurrido un acto administrativo que le es desfavorable pretender la reparación de los perjuicios irrogados por dicho acto a través de dos cauces: el propio proceso jurisdiccional de impugnación de la decisión (pretendiendo, además de la nulidad, "el reconocimiento de una situación jurídica individualizada") o el ejercicio de una acción de responsabilidad patrimonial (posterior a la firmeza de la sentencia que anula el acto y en atención a la antijuridicidad declarada en dicha resolución judicial).

No resulta ocioso recordar al respecto que cuando el art. 142,2 Ley 30/1992 -EDL 1992/17271- proclama que "la anulación en vía administrativa o jurisdiccional de un acto o disposición de la Administración no presupone el derecho a una indemnización" está señalando, según jurisprudencia reiterada (por todas, sentencia de 15 junio 2010 -EDJ 2010/133502-), que habrá lugar a la indemnización sólo cuando y en la medida en que se cumplan los requisitos precisos para afirmar la responsabilidad patrimonial y que, por tanto, deben rechazarse las tesis maximalistas de cualquier signo, tanto las que defienden que no cabe nunca derivar la responsabilidad patrimonial de la Administración autora de un acto anulado como las que sostienen su existencia en todo caso.

Dicho lo anterior, la pregunta que se plantea es la de si puede el interesado utilizar ambas vías de forma sucesiva, esto es, reclamando la reparación en sede del proceso de impugnación del acto y acudiendo después al expediente de responsabilidad patrimonial respecto de otros daños o perjuicios que también estarían causalmente vinculados a la anulación de la decisión administrativa.

La cuestión no permite, a mi juicio, una respuesta general en cuanto aplicable a todos y cada uno de los supuestos que pueden sucederse en la práctica. Sí cabe, empero, efectuar determinadas precisiones para acotar, en la medida de lo posible, la distinta casuística que puede plantearse al respecto.

En primer lugar, parece evidente que el recurrente no puede reproducir (al ejercitar la posterior acción de responsabilidad patrimonial) aquellas peticiones que ya fueron rechazadas en el proceso declarativo en el que él mismo interesó la nulidad del acto administrativo correspondiente. Por seguir con el ejemplo que se expone en el supuesto de hecho, imaginemos que el funcionario recurrente impugna el acto de adjudicación del concurso y solicita en el mismo proceso, además del abono de las retribuciones objetivas del puesto que le debió ser otorgado en su momento desde su indebida e ilegal adjudicación, el pago del complemento de productividad correspondiente. Si el órgano sentenciador rechaza expresamente el derecho a dicha retribución por entender que el complemento reclamado no está vinculado al puesto de trabajo sino que es puramente subjetivo, no parece que pueda después –por la vía de la responsabilidad patrimonial derivada de la nulidad del acto– volver a plantear el reconocimiento de una remuneración que ya le fue razonadamente rechazado por el juez que conoció la impugnación del acto.

Mayores problemas se plantean en relación con los daños o perjuicios no aducidos en su momento por olvido o reserva del propio interesado. Por mi parte, considero que la cuestión debe resolverse en atención a la intensidad de la relación de tales perjuicios con la nulidad del acto recurrido. Dicho en otros términos, si la situación reclamada o los daños solicitados derivan automática e indefectiblemente de la declaración de nulidad, debe entenderse agotado su planteamiento con la petición formulada en el proceso declarativo correspondiente. Por el contrario, si la relación entre estos perjuicios y el acto anulado es mediata o no ineluctable (aunque causalmente vinculada a la decisión ilegal), cabrá el planteamiento independiente de la acción de responsabilidad patrimonial.

Acudiendo al mismo ejemplo anterior puede entenderse la tesis expuesta. La nulidad del acto administrativo de adjudicación de una plaza convocada en un concurso y el consiguiente reconocimiento del mejor derecho al candidato recurrente tiene una consecuencia legal inmediata e ineludible: el derecho de dicho candidato a la adjudicación del puesto de trabajo, con la correlativa percepción de las retribuciones objetivas vinculadas a dicho puesto desde la fecha en que se produjo el nombramiento anulado. Nos hallamos aquí ante efectos directos e inmediatos, que no exigen mayor esfuerzo argumentativo o probatorio para constatar su existencia. Cabe, por tanto, que el interesado –al impugnar el acto final del concurso– solicite estos y sólo estos efectos en cuanto derivados del acto cuya nulidad se insta.

El mismo interesado podría después –a través del ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial– interesar el abono de los perjuicios que, aunque derivados causalmente del acto anulado, no están tan automática e indefectiblemente conectados con tal declaración de nulidad. Podría, por ejemplo, interesar la indemnización correspondiente por no haber podido asistir a cursos de formación convocados respecto de los titulares de puestos de trabajo análogos al recurrido en el proceso, o la derivada de los gastos de desplazamiento desde su domicilio a la sede de la plaza anterior (más alejada que la del puesto que se obtuvo por sentencia), o los vinculados a la posibilidad de concursar a otros puestos de trabajo obteniendo una puntuación mayor por la valoración otorgada en las correspondientes convocatorias al desempeño de la plaza anulada, o cualesquiera otros gastos derivados de la antijurídica situación creada por no haberle sido otorgada en su momento la plaza.

En definitiva, y sin perjuicio de la necesidad de estar al caso concreto planteado en cada supuesto: a) No puede acudirse a la vía de la responsabilidad patrimonial invocando daños o perjuicios cuya existencia ya fue expresamente denegada en el proceso declarativo en el que se anuló el acto; b) Aun habiendo reclamado en tal proceso declarativo el reconocimiento de ciertas situaciones jurídicas individualizadas, cabría acudir después a la acción de responsabilidad patrimonial en relación a otros daños o perjuicios distintos y no derivados automáticamente de la nulidad del acto; c) No cabe "guardarse" daños o perjuicios natural e indefectiblemente vinculados a la nulidad del acto si éstos no fueron debidamente exigidos en el recurso contencioso administrativo en el que, además de la nulidad de la decisión administrativa, se solicitó el reconocimiento de la correspondiente situación jurídica individualizada.

El planteamiento esbozado tiene mucho que ver con los llamados límites de la cosa juzgada y aunque parece referirse en exclusiva al ámbito de la responsabilidad patrimonial administrativa, considero que se trata más bien de una ejemplificación de sus implicaciones que de una delimitación excluyente de otros aspectos, puesto que la respuesta a suministrar dependerá en buena medida de la consideración que se tenga de aquélla.

En coherencia con esta apreciación, se impone no perder de vista desde una perspectiva general algunos de los elementos que configuran la "res iducata", a saber, la pretensión y la causa de pedir que, a la postre, servirá de fundamento jurídico a la primera.

Recientemente, el Pleno de la Sala Tercera del TS ha dictado la sentencia de 2 junio 2010 (rec. 588/2008) -EDJ 2010/113237- en la que, después de recordar que la cosa juzgada no alcanza a dar por juzgadas pretensiones que son distintas de las antes deducidas bien porque lo sean los sujetos frente a los que se piden, bien porque lo sea el "petitum", esto es, el bien jurídico cuya protección se solicita, se mantiene que, "ad casum", la acción de responsabilidad patrimonial ejercitada resulta ajena al ámbito de la cosa juzgada derivada de la sentencia que hizo aplicación de una ley que fue declarada inconstitucional, y que dota, por tanto, de una sustantividad propia a dicha acción.

Esta aseveración –discutida, por otra parte, como reflejan algunos de los suculentos votos particulares– es de difícil encaje, a modo de respuesta, para clarificar los interrogantes que nos ocupan, dado que se fragua en el contexto muy particular de los posibles perjuicios derivados de la inconstitucionalidad de una Ley; no obstante, por el ágil manejo que esta sentencia -EDJ 2010/113237- hace gala de los arts. 222 y 400 Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463- (en lo sucesivo, "LEC"), se hace acreedora de ser tenida en consideración, sin perjuicio, claro está, de los matices y modulaciones que la cosa juzgada experimenta en el proceso Contencioso-Administrativo.

Las preguntas aquí formuladas inciden, en definitiva, sobre el hecho de si es posible "reservarse" la posibilidad de "completar" la pretensión indemnizatoria solicitada al hilo de una acción de nulidad contra un acto, acudiendo posteriormente a un nuevo recurso jurisdiccional sobre la base de esgrimir otros conceptos indemnizables.

Bien, sin ánimo de radicalizar la respuesta o, lo que es lo mismo, de simplificarla en exceso, de entrada, y en aras del criterio de la preclusión, me inclinaría por la negativa, es decir, como sugería en algún otro comentario anterior, por la aplicación del epítome "hable ahora o calle para siempre." Quizás, esta fórmula, válida para otros menesteres distintos a los puramente jurídicos, deba ser matizada en la esfera del Derecho, más proclive a adornar las respuestas con una serie de condicionantes, como, por ejemplo, los que nos suministran los referidos preceptos de la LEC -EDL 2000/77463-.

Pues bien, resulta evidente que varias "causas de pedir" ("cause of action", en la más ilustrativa expresión anglosajona) –que, como es sabido, representan el hecho jurídico o título que sirve de base al derecho reclamado–, pueden ser esgrimidas en pos de la consecución de una única pretensión, dado su carácter instrumental respecto de la acción ejercitada.

No obstante, no cabe hacer valer en un nuevo proceso "causas de pedir" que eran perfectamente deducibles en el primer proceso y, sin embargo, no se adujeron. Así se infiere del art. 222,2 LEC -EDL 2000/77463- cuando afirma que "... la cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención.... Se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen." De ahí que el art. 400 LEC -EDL 2000/77463- exija que cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior (apartado primero) precepto que llega incluso a yugular la entrada en un nuevo proceso de los hechos y de los fundamentos jurídicos que se hubiesen podido alegar en otro anterior (apartado segundo).

De acuerdo con esta lógica, se va perfilando ya una respuesta: no parece que deba impedirse, "in abstracto", iniciar un nuevo recurso contencioso en el que se esgrima una pretensión indemnizatoria que traiga su causa en un acto administrativo que resultó anulado en un litigio precedente (en el que, además, se reconoció ya un derecho a la compensación indemnizatoria) siempre que, en ese segundo proceso la responsabilidad de la Administración se fundamente en una causa de pedir que nunca pudo haberse ejercitado en el primer litigio, por ejemplo, por surgir en una fecha posterior a éste, no obviamente, por el sólo hecho de que al recurrente se le olvidara (como sugiere el planteamiento objeto de comentario) esgrimirla en el primer proceso.

Ahora bien, semejante idea puede suponer una pura entelequia (insisto, no desde un punto de vista meramente abstracto) pues no debe olvidarse que, en mi opinión, la causa de los daños y perjuicios que se indemnizan reside en el propio acto ilícito (en sentido civil) que se anula, no derivándose, en consecuencia, del primer pronunciamiento judicial de anulación al que, estimo, debe atribuírsele unos efectos meramente declarativos.

En suma, cabría sostener que el acto era nocivo y causaba perjuicios "per se", y no porque un Tribunal decretase "a posteriori" que resultaba nulo, de lo que se deduce que el origen de todos (sin excepción) los perjuicios que puedan derivarse de un acto son incluso anteriores al proceso en el que se decreta su nulidad, por lo que, parece improbable que tras su anulación surjan "ex novo" nuevos efectos perjudiciales, lo que no impide, ciertamente, que perjuicios anteriores se manifiesten en un estadio posterior al primer proceso.

Como también ya me referí en un anterior comentario -EDB 2010/35937-, la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia no se sustrae al art. 400 LEC -EDL 2000/77463- y, así, por ejemplo, la STSJ Galicia 1176/2007 de 12 diciembre 2007 -EDJ 2007/378335- apreció el efecto preclusivo de la cosa juzgada material, considerando que ese precepto impide plantear, en un segundo proceso, una reclamación del reintegro de las cantidades detraídas de una nómina por un descuento excesivo de los días de ausencia, cuando en un primer proceso se había ejercido una pretensión respecto de la misma nómina, si bien, aduciendo los días descontados como vacaciones.

Salvando las distancias, la reciente STS de 24 junio 2010 -EDJ 2010/153136- alude a una problemática susceptible de ser tenida en consideración a los efectos que nos ocupan, cual es la relativa a si después de agotada (por su ejercicio) la acción de responsabilidad civil en el seno de un procedimiento penal, puede, luego, en sede contencioso administrativa, reclamarse una indemnización por un concepto "a priori" no compensado en la reparación otorgada en la vía penal. La respuesta de la sentencia es clara: "... habiendo ejercitado la Comunidad Foral de Navarra ante la jurisdicción penal, conjunta y simultáneamente, la acción penal y la acción civil, y habiendo fijado la Audiencia Provincial en concepto de responsabilidad civil para indemnizar a la Hacienda Pública Foral una cantidad de 67.803.769 ptas. –el importe de las cuotas que se consideraban defraudadas en el I.R.P.F....– es claro que existe en relación con dicha responsabilidad un efecto de cosa juzgada que impide a la Administración recurrente reclamar posteriormente en vía administrativa una nueva cantidad en concepto de intereses de demora... si la Comunidad Foral consideró que la Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra de 7 de septiembre de 1998 no cubría, como debía, los intereses devengados desde la finalización del período voluntario de pago del I.R.P.F..., debería haberla recurrido en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.".

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