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ADMINISTRATIVO

Últimos pronunciamientos en materia medio ambiental

Por D. Diego Córdoba Castroverde

Presidente de la Sala Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

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I. Introducción

En el último año se han dictado diferentes sentencias de gran interés relacionadas con el medio ambiente. Tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Supremo Español abordan diferentes problemas que inciden en la legitimación activa, la necesidad de someter un proyecto a su evaluación de impacto medio ambiental y la necesaria motivación en caso contrario, la adopción de medidas cautelares o la reparación de daños medio ambientales y el nexo causal exigible.

Los razonamientos incorporados en dichas resoluciones trascienden, sin duda, al caso concreto analizado y permiten extraer conclusiones que resultarán trasladables a otros muchos temas medio-ambientales.

II. Legitimación

La legitimación de las personas físicas y jurídicas en materia medio ambiental ha sido abordada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con un diferente alcance y amplitud, dependiendo de que se trate de la legitimación en el ámbito comunitario, esto es para impugnar los actos dictados por la Comisión, en la que se han mostrado muy restrictivo, o que se aborde la legitimación ante los tribunales nacionales en la que se ha mostrado partidario de reconocer una legitimación en términos mucho más amplios.

En la sentencia de 23 abril 2009 (Asunto C‑362/06 P Markku Sahlstedt y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas) -EDJ 2009/42144- se trata el problema de la legitimación de las personas físicas y jurídicas para impugnar un acto de la Comisión que aprobó una lista de lugares de importancia comunitaria. Esta lista incluía algunos terrenos de titularidad privada, actuando como demandantes algunas personas físicas y una asociación que agrupa a unos 163.000 explotadores agrícolas y forestales.

Debe recordarse, para la mejor comprensión de este problema, que los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) tienen su origen en la Directiva 92/43/ CE, de 21 mayo 1992, Directiva Hábitats, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre -EDL 1992/15348-, que tiene por objeto, contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros al que se aplica el Tratado, añadiendo que las medidas que se adopten en virtud de este Directiva tendrán por finalidad "el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y de las especies silvestres de la flora y de la fauna de interés comunitario". Para conseguir este objetivo, la Directiva crea una Red Ecológica Europea, denominada "Natura 2000" que se formará mediante la inclusión de determinados espacios con interés medio-ambiental siguiendo un procedimiento en el que se pueden distinguir tres grandes fases o etapas, siendo la intervención o protagonismo de los Estados miembros y de las Autoridades comunitarias diferente en cada una de ellas:

En una primera etapa son los Estados miembros realizan una delimitación previa de los lugares que cuenten con las características previstos en la Directiva para su declaración como de importancia comunitaria, en España esta delimitación especial la realizan las Comunidades Autónomas, que elevan su lista al Ministerio de Medio Ambiente que aprueba la lista para todo el territorio nacional y eleva su propuesta a la Comunidad Europea.

En una segunda fase, la Comisión Europea procede a la comprobación y, en su caso concertación con los Estados miembros, de las listas de ámbitos LIC remitidas por los Estados miembros, de cuyo examen puede resultar la insuficiencia o suficiencia de los LIC seleccionados por cada uno de los Estados, debiendo completarse en caso de insuficiencia y finaliza con la aprobación por la Comisión de la lista definitiva de LIC.

En una tercera etapa, tras la aprobación por la Comisión de los LIC los Estados declaran estos ámbitos como Zonas Especiales de Conservación –ZEC–, en el menor tiempo posible y, en todo caso, en el plazo máximo de 6 años, y fijan las medidas de conservación necesarias.

En el supuesto enjuiciado en dicha sentencia se impugnaba la decisión de la Comisión que aprobaba la lista de lugares de interés comunitario, argumentando que si se les negaba la legitimación activa, no dispondrían de ninguna posibilidad de atacar la decisión en virtud de la cual se incluía en la red Natura 2000 el territorio en el que se sitúan los bienes inmobiliarios que poseen y que determinaba la imposición de restricciones en forma de prohibición de deterioro y de obligación de evaluación.

El Tribunal de Justicia analizó la legitimación activa en los siguientes términos: "2.Con arreglo al artículo 230 CE, párrafo cuarto -EDL 1957/52-, una persona física o jurídica sólo podrá interponer recurso contra las decisiones dirigidas a otra persona si le afecten directa e individualmente. Los sujetos distintos de los destinatarios de una decisión sólo pueden alegar que se ven afectados individualmente si ésta les atañe en razón de determinadas cualidades que les son propias o de una situación de hecho que los caracteriza frente a cualquier otra persona y, por ello, los individualiza de manera análoga a la del destinatario de una decisión".

Así, y por lo que respecta a las personas físicas propietarios de las fincas afectadas, el Tribunal consideró que carecían de dicha legitimación por entender que "la Decisión controvertida afecta a los demandantes únicamente en la medida en que son titulares de derechos sobre terrenos incluidos en lugares de interés comunitario designados por la Comisión a efectos de la creación de una red ecológica europea coherente de ZEC, es decir, en virtud de una situación objetiva de hecho y de Derecho definida por el acto de que se trata, y no en función de criterios propios de la categoría de propietarios inmobiliarios. ... Por lo demás, al no haber sido adoptada la Decisión controvertida en vista de la situación particular de los propietarios inmobiliarios, no puede ser contemplada como un haz de decisiones individuales dirigidas a cada propietario inmobiliario". Y concluye afirmando que "no puede considerarse que los demandantes,...están individualmente afectados por la Decisión controvertida, en el sentido del artículo 230 CE, apartado cuarto -EDL 1957/52-".

Por lo que respecta a la Asociación entiende que "debe recordarse que la defensa de intereses generales y colectivos de una categoría de justiciables no basta para sustentar la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por una asociación. Salvo circunstancias particulares como el papel que habría podido desempeñar en un procedimiento que hubiera dado lugar a la adopción del acto controvertido, tal asociación no está legitimada para interponer un recurso de anulación cuando sus miembros no puedan hacerlo individualmente (véase, en particular, el auto de 18 de diciembre de 1997, Sveriges Betodlares y Henrikson/Comisión, C‑409/96P, Rec. p.I‑7531, apartado 45).

36. Pues bien, como se ha declarado en el apartado 34 de la presente sentencia, las personas físicas o jurídicas que son propietarias de terrenos incluidos en los lugares de interés comunitario determinados por la Decisión controvertida no están individualmente afectadas por ésta. Por consiguiente, aun cuando entre los miembros de MTK figuren personas que se encuentran en esa situación, no puede considerarse que dicha asociación esté, como tal, afectada individualmente por la citada Decisión".

Por el contrario, el TJUE intima a los tribunales nacionales para que les reconozcan una amplia legitimación para impugnar los actos que conducen a la inclusión de sus fincas en dicho listado, en los siguientes términos "... los particulares deben poder disfrutar de una tutela judicial efectiva de los derechos que les confiere el ordenamiento jurídico comunitario. La tutela judicial de las personas físicas o jurídicas que debido a los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 230 CE, párrafo cuarto -EDL 1957/52-, no pueden impugnar directamente actos comunitarios como la Decisión controvertida, debe garantizarse de manera eficaz mediante recursos ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Conforme al principio de cooperación leal que establece el artículo 10 CE, dichos órganos están obligados a interpretar y aplicar, en la medida de lo posible, las normas procesales internas que regulan el ejercicio de los recursos de forma que permitan que tales personas impugnen judicialmente la legalidad de toda decisión o de cualquier otra medida nacional por la que se les aplique un acto comunitario como el controvertido en el presente asunto, alegando la invalidez de ese acto e instando de este modo a dichos órganos jurisdiccionales a que soliciten un pronunciamiento del Tribunal de Justicia sobre ese extremo por medio de una petición de decisión prejudicial (sentencia de 22 de marzo de 2007, Regione Siciliana/Comisión, C‑15/06P, Rec. p.I‑2591, apartado 39 -EDJ 2007/13301-)".

Conectada con este mismo tema una reciente sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 11 mayo 2009 (rec. casación 2965/2007) -EDJ 2009/82997- reconoce la legitimación activa para recurrir la resolución de la Junta de Andalucía que contenía la Propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria –LIC–. En dicha sentencia se descarta que la propuesta pueda ser considerada un acto de trámite que no afecte a los interesados, afirmando que "la elaboración de las listas por las Comunidades Autónomas no es algo inocuo, algo que no produzca efectos jurídicos y materiales; no es una mera propuesta neutra, sino un acto administrativo que habilita y obliga a la propia Comunidad Autónoma a adoptar "medidas de protección adecuadas" para los lugares incluidos; se trata de una acto que, siendo una propuesta, pone una condición necesaria y suficiente para crear en la Comunidad Autónoma la obligación de adoptar medidas de protección adecuadas, las cuales pueden quizá afectar a ciertos contenidos del derecho de los propietarios de los terrenos incluidos, razón por la cual la elaboración de las listas puede ser impugnada por los interesados al tener un contenido que excede de la pura ordenación o impulso del procedimiento".

Y en esta misma línea la sentencia de la Sala Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, Sección 1ª, de 23 septiembre 2010 (rec. 111/2006) -EDJ 2010/204281- considera que la decisión del Ministerio del Medio Ambiente, por la que se aprueba la "Lista nacional de Interés Comunitario" remitidas por las Comunidades Autónomas y eleva esta propuesta a la Comisión, tampoco puede ser considerado un acto trámite reconociendo legitimación activa a los afectados, afirmando que debe descartarse que "los actos aprobados en la primera fase de este procedimiento puedan tener la consideración de meros actos de trámite sin incidencia alguna en la esfera de los administrados y, por lo tanto, también la aprobación de dicha propuesta por la autoridades de la Administración central del Estado deben considerarse actos susceptibles de impugnación y no un acto de mero trámite". Pero matiza que "si bien no cabe descartar, a priori, que la resolución del Ministerio de Medio Ambiente, aprobando la propuesta de los listados de interés comunitario remitidos por las CCAA, puede tener sustantividad propia. Como regla general, la decisión de incluir una finca en estos listados y, por lo tanto, la posibilidad de cuestionar los criterios utilizados para ello, especialmente cuando los terrenos y los criterios medioambientales utilizados afecten al ámbito territorial interno de una sola Comunidad Autónoma, deberán cuestionarse con motivo de la impugnación de la resolución adoptada por la Comunidad Autónoma aprobando la propuesta de los LIC. Y solo cuando el Ministerio de Medio Ambiente, haciendo uso de sus facultades de coordinación y control sobre esta materia, modifique o altere la propuesta elaborada por las CCAA podrá cuestionarse de forma autónoma la sustantividad de la decisión adoptada basándose en la ilegalidad o improcedencia de los criterios correctores adoptados por dicha autoridad estatal.

Esta conclusión no genera indefensión alguna a los afectados pues disponen de la posibilidad impugnar la propuesta elaborada por las CCAA, tal y como ha reconocido la reseñada sentencia del Tribunal Supremo".

En la sentencia del TJUE de 15 octubre 2009 (Asunto Djurgården-Lilla C-263/08) -EDJ 2009/224740- se aborda el problema de la legitimación medio ambiental de las personas físicas y jurídicas en el ámbito nacional, concediendo una amplia legitimación que contrasta con las restricciones que impone la impugnación de los actos comunitarios señaladas en la anterior sentencia comentada. En la citada sentencia se afirma que "La Directiva 85/337 -EDL 1985/10505-, habida cuenta de las modificaciones introducidas por la Directiva 2003/35 -EDL 2003/17021- cuya finalidad es la aplicación del Convenio de Aarhus -EDL 1998/52165-, establece, en su artículo 10 bis -EDL 1985/10505-, en beneficio de los miembros del público interesado que cumplan determinados requisitos, la posibilidad de presentar recurso ante un órgano jurisdiccional u otro órgano independiente con el fin de impugnar la legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento, de las decisiones, de los actos o de las omisiones que entren en su ámbito de aplicación.

34. De este modo, deben poder ejercer tal recurso, de conformidad con el tenor literal de esta disposición, las personas que, en el seno del público interesado, tengan un interés suficiente en entablar una acción, o que sostengan el menoscabo de un derecho, cuando la legislación nacional lo exija, por una de las operaciones contempladas por la Directiva 85/337 -EDL 1985/10505-.

35. Del propio texto se desprende igualmente que cualquier organización no gubernamental que actúe a favor de la protección del medio ambiente y cumpla los requisitos que puedan exigirse en virtud del Derecho interno responde a los criterios de público interesado que puede interponer un recurso contemplado en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 85/337 -EDL 1985/10505-, en relación con el artículo 10 bis de la misma".

Y añade que el reconocimiento de esta amplia legitimación opera de forma totalmente independiente de la participación efectiva en los procedimientos de toma de decisiones medioambientales respecto de los proyectos que puedan tener importantes repercusiones sobre el medio ambiente, pues dicha participación "es distinta y tiene una finalidad diferente al recurso jurisdiccional, pudiendo este último, en su caso, ejercerse contra la decisión adoptada al término de dicho procedimiento. Por tanto, esa participación carece de incidencia sobre los requisitos de ejercicio del recurso". Y en segundo lugar matiza que el derecho de recurso en el sentido del artículo 10 bis de la Directiva 85/337 -EDL 1985/10505- es independiente de la naturaleza administrativa o jurisdiccional de la autoridad que adopta la decisión o el acto impugnado.

Finalmente el Tribunal se cuestiona si es conforme al derecho comunitario el que los Estados miembros puedan establecer que pequeñas asociaciones locales de protección del medio ambiente participen en el procedimiento de toma de decisiones sin tener, no obstante, derecho a interponer recurso contra la decisión que se adopten al término de dicho procedimiento –cuestión que aparece relacionada con la exigencia contenida en una norma de un Estado miembro por la que se establecía que solo las asociaciones que cuenten con más de 2.000 socios pueden interponer un recurso contra una decisión adoptada en materia medioambiental–. El Tribunal considera que "una ley nacional puede exigir que una asociación de este tipo, que pretende impugnar por la vía jurisdiccional un proyecto al que se aplica la Directiva 85/337 -EDL 1985/10505-, tenga un objeto social relacionado con la protección de la naturaleza y del medio ambiente. ... Además, no se puede descartar que el requisito de que una asociación de protección del medio ambiente debe contar con un número mínimo de socios pueda resultar pertinente para cerciorarse de la realidad de su existencia y de su actividad. De todos modos, la ley nacional no puede establecer el número de socios requerido a un nivel tal que vaya contra los objetivos de la Directiva 85/337 y en concreto el de permitir fácilmente el control jurisdiccional de las operaciones a las que ésta es aplicable". Por lo que concluye "que el artículo 10 bis de la Directiva 85/337 se opone a una disposición de una normativa nacional que reserva el derecho a ejercer un recurso contra una decisión relativa a una operación comprendida en el ámbito de aplicación de esta Directiva únicamente a las asociaciones de protección del medio ambiente que cuentan con al menos 2.000 socios".

III. Evaluación de impacto ambiental

La evaluación de impacto medio ambiental ha motivado también varios pronunciamientos que es preciso tomar en consideración, relacionados con la necesidad de someter determinados proyectos a evaluación de impacto medio ambiental, la necesidad de motivar la decisión de no someter un proyecto a dicha evaluación, la posibilidad de que el procedimiento destinado a valorar si es necesaria la evaluación de impacto sirva para corregir los riesgos medioambientales apreciados y la importancia de un estudio de impacto ambiental al tiempo de decidir la suspensión cautelar de un proyecto impugnado.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 julio 2008 [Asunto Ecologistas en Acción C-142/07 (la M-30 de Madrid)] -EDJ 2008/123912- se planteó la necesidad de proceder a una evaluación sobre el impacto ambiental de las obras de reforma y mejora de las vías urbanas, en concreto se trataba de las obras de soterramiento de la M-30 de Madrid.

El Tribunal afirma que resultaría simplista tomar únicamente en consideración, para evaluar el impacto ambiental de un proyecto o de su modificación, los efectos directos de las propias obras proyectadas, sin tener en cuenta las repercusiones que puedan tener sobre el medio ambiente la utilización y la explotación de las construcciones resultantes de dichas obras.

El principal problema de interpretación surge del tenor literal de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 junio 1985 -EDL 1985/10505- (en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 marzo 1997 -EDL 1997/22470-) relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, dado que la misma no contempla dentro de su ámbito, y por lo tanto, no tendrían que someterse a una evaluación de impacto ambiental, las vías urbanas, pues tan solo se mencionan "las autopistas, las vías rápidas y las carreteras". Sin embargo el Tribunal considera que dicha Directiva "debe interpretarse en el sentido de que prevé la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de reforma y mejora de vías urbanas, ya sea cuando se trate de proyectos mencionados en el anexo I, punto 7, letras b) o c), de dicha Directiva -EDL 1985/10505-, ya sea cuando se trate de proyectos previstos en el anexo II, puntos 10, letra e), o 13, primer guión -EDL 1985/10505-, de la misma Directiva, que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud de su naturaleza, de sus dimensiones o de su localización y, en su caso, habida cuenta de su interacción con otros proyectos".

Tampoco se considera un obstáculo para la aplicación de dicha Directiva -EDL 1985/10505- el hecho de que se trate de proyectos de reforma y mejora de vías existentes y no de nueva construcción al considerar que "... un proyecto de reforma de una vía que, por su amplitud y sus características, sea equivalente a una construcción puede considerarse relativo a una construcción en el sentido de dicho anexo". Y finalmente añade "el objetivo de dicha Directiva modificada no puede eludirse mediante el fraccionamiento de un proyecto y el hecho de que no se considere el efecto acumulativo de varios proyectos no debe tener como consecuencia práctica que se sustraigan en su totalidad a la obligación de evaluación cuando, considerados conjuntamente, puedan tener efectos significativos en el medio ambiente en el sentido del artículo 2, apartado 1, de esta misma Directiva -EDL 1985/10505-".

También resulta de interés la sentencia de 30 de abril de 2009 (Asunto Mellor C-75/08) -EDJ 2009/50524- que, resolviendo una cuestión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), se plantea la motivación de las decisiones que no someten un determinado proyecto a la evaluación ambiental.

El órgano jurisdiccional remitente preguntaba si el art. 4 de la Directiva 85/337 -EDL 1985/10505- debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros deben comunicar obligatoriamente al público los motivos de una decisión de no someter un proyecto del anexo II de dicha Directiva -EDL 1985/10505- a una Evaluación de Impacto Ambiental.

El Tribunal considera que la Directiva debe interpretarse en el sentido de que no exige que la propia decisión con la que se concluye que no es necesario que un proyecto del anexo II de dicha Directiva -EDL 1985/10505- se someta a una evaluación de impacto ambiental contenga las razones por las que la autoridad competente ha decidido que dicha evaluación no es necesaria. Sin embargo, en el supuesto de que una persona interesada lo solicite, la autoridad administrativa competente tiene la obligación de comunicarle los motivos por los que se ha adoptado dicha decisión o las informaciones y los documentos pertinentes en respuesta a la solicitud presentada. Dicha decisión se considerará suficientemente motivada si los motivos que contiene, junto con los elementos que ya se han puesto en conocimiento de los interesados, completados eventualmente con la necesaria información suplementaria que la administración nacional competente debe transmitirles a petición suya, pueden permitirles decidir sobre la conveniencia de interponer un recurso contra dicha decisión".

En la sentencia de la Sala de contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, Sección 1ª, de 29 octubre 2010 (recurso 651/2008) -EDJ 2010/244530- se planteaba si el procedimiento destinado a decidir si un proyecto se somete o no la evaluación de impacto medio ambiental puede servir para introducir modificaciones en dicho proyecto con la finalidad de no tenerlo que someter al estudio de impacto ambiental. Y en tal sentido la sentencia afirma que "El procedimiento administrativo previsto en los artículos 16 y 17 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero -EDL 2008/841-, está destinado a decidir si es necesaria una evaluación de impacto ambiental, ponderando en cada caso concreto las circunstancias y los factores de riesgo concurrentes. Su finalidad no es, por tanto, corregir de forma puntual las objeciones y los riesgos medio ambientales detectados, convirtiéndose así en un cauce alternativo que sustituya dicha evaluación, pues ello desvirtúa la finalidad perseguida por este procedimiento, intentando sustituir la valoración global de todos estos riesgos y, sobre todo, el análisis de las diferentes alternativas que podrían existir, por una reforma puntual.

La Evaluación de impacto ambiental es una técnica que persigue precisamente disponer de un estudio completo que introduce la variable ambiental en la toma de decisiones sobre los proyectos con incidencia importante en el medio ambiente, intentando evitar las agresiones contra la naturaleza, proporcionando una mayor fiabilidad y confianza a las decisiones que deban adoptarse.

Es cierto que, tras las consultas realizadas y las medidas correctoras propuestas por dichos organismos y entidades, la empresa promotora corrigió algunas de ellas, pero cuando se detectan varios factores de riesgo medio ambientales no se trata de introducir modificaciones concretas, eludiendo la garantía que proporciona el estudio de impacto ambiental, sino de propiciar éste para proporcionar una valoración global de la incidencia del proyecto en el entorno analizando las alternativas posibles y las medidas correctoras adecuadas".

Especial relevancia en esta materia tiene también la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 5ª, de 21 octubre 2010 (rec. 3110/2009) -EDJ 2010/226230- en la que se analizaba la procedencia de adoptar la suspensión cautelar de un proyecto (Modificación del Plan de utilización de Espacios portuarios del Puerto de Gijón-Musel). En ella junto a los perjuicios de toda índole (especialmente económicos) que tendría la paralización de las obras, se ponderaban los daños medio-ambientales que podría generar su realización. Y es en esta ponderación en la que el Tribunal Supremo afirma, y esta la principal novedad que interesa destacar, que la ausencia de una evaluación ambiental previa en relación con este proyecto "no es un dato baladí, neutro o irrelevante para decidir sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada. Pues es, justamente, la ausencia de tal evaluación –con independencia, ahora, de su exigencia legal– la que nos permite ser mas exigente con la protección medioambiental; esto es, la ausencia de evaluación (que hubiera permitido concretar –y posiblemente minimizar– los daños que pudieran producirse por las obras de desmonte y taluzado de unos terrenos agrícolas), y la duda que la inexistencia de tal técnica de control medioambiental nos deja, es, sin duda, un dato que nos permite, en la confrontación de intereses en conflicto que realizamos, potenciar la importancia de los intereses medioambientales. Con independencia de su exigencia legal, lo cierto es que la realización de algún tipo de control de los valores de dicha índole existentes en la zona hubiera permitido una mejor comprensión de los mismos...". De modo que la ausencia de esa previa evaluación medio ambiental se considera como un factor relevante para apreciar la necesidad de la suspensión cautelar de la ejecución del proyecto enjuiciado.

IV. Reparación de daños medio-ambientales. La necesaria existencia de un nexo causal

Finalmente es preciso destacar la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 9 de marzo de 2010 (Asunto Erg y otros, C-378/08) -EDJ 2010/9802-, referida a la responsabilidad medio ambiental basada en el principio "quien contamina paga" y la prueba del nexo causal. En dicha sentencia se suscitaba si es conforme con dicho principio una normativa nacional que impone medidas de saneamiento a las empresas privadas que desarrollan su actividad en la zona contaminada prescindiendo del nexo causal entre la actividad desarrollada por dicha empresa y la contaminación producida.

La sentencia del Tribunal, dictada por la Gran Sala, considera que "la Directiva 2004/35 -EDL 2004/44306- no se opone a una normativa nacional que permite a la autoridad competente, que actúa en el marco de dicha Directiva, presumir la existencia de un nexo causal, incluso en el supuesto de contaminación de carácter difuso, entre los operadores y una contaminación comprobada y ello por razón de la proximidad de sus instalaciones al área contaminada. No obstante, de conformidad con el principio de quien contamina paga, a fin de presumir que existe tal nexo causal, dicha autoridad ha de disponer de indicios plausibles que puedan constituir la base de su presunción, por ejemplo, la proximidad de la instalación del operador a la contaminación comprobada y la coincidencia entre las sustancias contaminantes y las componentes utilizadas por el referido operador económico en el marco de sus actividades".

Pero, al mismo tiempo, se afirma que la Directiva -EDL 2004/44306- debe interpretarse en el sentido de que, cuando la autoridad competente decida imponer medidas de reparación de daños medioambientales a los operadores "incumbe a dicha autoridad, por una parte, investigar previamente el origen de la contaminación comprobada, para lo que dispone de un margen de apreciación en lo referente a los procedimientos, los medios que han de desplegarse y a la duración de tal investigación. Por otra parte, dicha autoridad está obligada a demostrar, según las normas nacionales en materia de prueba, la existencia de un nexo causal entre las actividades de los operadores afectados por las medidas de reparación y la referida contaminación".



Este artículo ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 3, el 26 de abril de 2011.

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