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Educación

Saltar sin tomar impulso o la simplificación de los estudios de derecho

Por Gonzalo Quintero Olivares

Catedrático de Derecho Penal

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La creciente duración del tiempo necesario para preparar cualquier programa de oposiciones, el de la Carrera Fiscal u otro, es motivo de preocupación, porque acarrea indudables costes humanos, además de otras consecuencias. La razón última es sin duda el bajo nivel de los aspirantes, consecuencia del estado actual de los estudios de derecho.

Observando la evolución de los estudios en nuestras Facultades de Derecho se llega a algunas conclusiones. La primera, y por ahora la más grave, es que aun cuando los planes de estudio recojan substancialmente las mismas materias que el viejo Plan de 1953, con la principal variación del cambio de orden, los contenidos concretos de cada una de esas materias se han reducido drásticamente. Hay razones muy variadas, comenzando por la correlativa ampliación que esos contenidos han experimentado en los últimos quince o veinte años, pues basta pensar en temas como el derecho comunitario, el enriquecimiento del derecho público, el derecho urbanístico y ambiental, etc., y comprobar el grado de presencia que esas materias tenían en programas de hace algunos años. Fácilmente se verá que se multiplican las materias que el aprendiz de jurista debe conocer: ergo no es posible profundizar.

Contradictoriamente, la ampliación de los campos de conocimiento va acompañada de una continua reducción de lo que realmente exigen las Facultades para decidir que la preparación del alumno es suficiente – aunque los profesores sean conscientes de que en la mayoría de los casos, eso no se acerca ni remotamente a la verdad -. Ese fenómeno se produce por dos vías, la primera de las cuales es la realidad de la docencia que conduce a una reducción de facto: el alumno de hoy exige que el examen solamente verse sobre las materias explicadas en clase, sin perjuicio de exigir simultáneamente que la asistencia a clase no sea obligatoria. Esas exigencias son "derecho indiscutible" de los estudiantes y ninguna Facultad quiere embarcarse en batallas perdidas de antemano.

Hay una reducción expresa de los contenidos de los planes de estudio, bajo el argumento de que es preciso ofrecer una "formación esencial o básica", de "nociones" de derecho; más tarde vendrá la "profundización y especialización". Dicho así suena hasta razonable, sino fuera porque se sale de la Facultad solo con esas "nociones"; la profundización y especialización son poco frecuentes, pues no hay obstáculo para incorporarse a la abogacía o a la preparación de oposiciones (en malas condiciones). Basta un ejemplo: en muchas facultades la Parte General del Derecho Penal, incluyendo la ejecución penal , habrá de explicarse en un semestre; lo mismo se prevé para el derecho procesal civil y penal. Paralelamente se reconoce que no dejan de crecer las materias que ha de conocer el jurista.

La culpa no es de Bolonia, sino que va precedida de una sistemática descalificación de los modos tradicionales de enseñar , a favor de métodos más "adaptados a la realidad y a la mentalidad de los estudiantes de hoy", y eso se traduce en la sustitución de la lectura y la clase por algunos casos prácticos y aprender usos de bases de datos, y cosas similares. En algunos ámbitos de la llamada "innovación docente" se descarta obligar al estudiante que lea y estudie: se sostiene que ante el hecho indiscutible de que las nuevas generaciones no quieren participar del vehículo literario como vía de conocimiento, hay que buscar un modo de comunicación adaptado a su modo de ser de "no lectores".

Debe añadirse un factor previo, que es la previa devaluación de la formación humanística preuniversitaria, que se suma al exceso de oferta de plazas para estudiar derecho. El profesorado se defenderá diciendo que no puede hacerse en la Universidad una selección que antes no se hizo, pues la culpa es del "sistema", y no puede responsabilizarse a la docencia universitaria, porque es algo que le excede.

Llegamos así al llamado plan Bolonia, que en sí mismo parte de una buena idea: intentar que los contenidos mínimos sean homogéneos, así como preparar a la juventud universitaria para que el grado, el postgrado de su formación, y el doctorado en su caso, puedan ser realizados en cualquier Estado de la UE. En su versión española, implica una reducción de los contenidos que se consideran suficientes para alcanzar la Graduación en derecho, y eso es ya un problema diferente .

Muchos profesores afirman que el programa de Bolonia para Derecho, no garantiza el mínimo formativo y cultural necesario para una licenciatura universitaria, advirtiendo, repito, que no se trata dela "ideología o del plan Bolonia", sino de la "traducción que han hecho las Universidades españolas. En el Manifiesto anti-Bolonia se dice que los estudios superiores universitarios se están reduciendo a una burda capacitación profesional, agravada a causa del modo fácil con el que puede acceder a la condición de "abogado". La excusa continuamente repetida es siempre que el mercado de trabajo exige eso, y la formación "superior", que tampoco parece muy importante, ya la irán recibiendo: lo único verdaderamente importante es entrar cuanto antes en el mercado, y si alguno desea antes estudiar Derecho de verdad, tendrá que autoabastecerse de conocimientos, por que el criterio dominante es que para dedicarse a la profesión de Abogado basta con un pequeño adiestramiento profesional. El "conocimiento científico del derecho" es visto como algo ornamental y prescindible. La formación básica de jurista es lo que se ha decidido eliminar.

Las Facultades de Derecho, antes y después del programa Bolonia, están dando una preparación que apenas merece ese nombre y que de hecho incapacita para entrar en un ejercicio razonablemente correcto de la Abogacía. Por eso asombra la sugerencia de promover el acceso directo a la función pública de los estudiantes "excelentes", tanto porque la excelencia depende de las notas que en su Facultad quieran darle , cuanto porque salvo excepciones, siempre serán estudiantes excelentes....en comparación con la media.

Pensando en las oposiciones a Carreras y Cuerpos del Estado o de la Administración Local ( Jueces, Fiscales, Abogados del Estado, Notarios, etc.) la situación es preocupante. El estudiante tiene ante sí una doble dificultad : estudiar y aprender lo que en su momento no estudió y que se supone que ya conoce; y después, aprender los temas ( sin entrar ahora el debate sobre el acceso a esas profesiones, lo cual es sin duda conveniente, pero que con seguridad no llevará a proponer una Escuela de larga permanencia para estudiar la carrera que antes no han estudiado.).

Los graduados en derecho para preparar el examen de acceso a la profesión cursarán el Master en Abogacía en cuyo contenido tendrán protagonismo los Colegios de Abogados, Lógicamente, para acceder a las oposiciones a las carreras Judicial y Fiscal se configurarán estudios posteriores al Grado en Derecho, a su vez diferentes de los que se prevén para la Abogacía – al margen de que habiliten para acceder al examen de abogado - que ayudarían a la preparación del acceso a las carreras judicial y fiscal. De no ser así, los aspirantes tendrán que estudiar derecho y, a la vez, la oposición, tarea titánica, comparable a la del saltador de longitud que pretendiera dar un salto sin previamente tomar velocidad.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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