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¿Pierde el perjudicado el derecho a percibir los intereses moratorios por el hecho de entrar en liquidación la aseguradora aplicando el art. 32.3 del RD 6/2004?

Coordinador: Vicente Magro Servet

Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante. Doctor en Derecho

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En los casos de compañías de seguros en liquidación resulta que el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados (EDQL 2004/152060) fija en el art. 32.3 que en el caso de que una aseguradora entre en proceso de liquidación dejarán de devengar intereses todas las deudas de la aseguradora, salvo los créditos hipotecarios y pignoraticios, hasta donde alcance la respectiva garantía. En estos casos de aseguradoras en liquidación resulta que tendrá que intervenir el consorcio de compensación de seguros. Ahora bien, poniendo por caso que la aseguradora no ha cumplido debidamente con su obligación de consignar en el plazo fijado en el art. 7 RDLeg. 8/2004 (EDQL 2004/152063), o lo ha hecho de manera insuficiente y se devenguen intereses desde la fecha del siniestro ¿se anularía el devengo de los intereses y no debería correr con ellos el Consorcio ni la aseguradora por el hecho de que haya entrado esta en liquidación perjudicándose con ello el que tiene derecho a percibir una indemnización? ¿Puede exigir el perjudicado que en cualquier caso el consorcio asuma el pago de los intereses devengados aunque este lo remita en el dies a quo desde que tuvo conocimiento del hecho?


Este foro ha sido publicado en el "Boletín Derecho de la Circulación", el 1 de octubre de 2011.

Establece textualmente el art. 32.3 del RDLeg. 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación y supervisión de los seguros privados (EDQL 2004/152060), bajo la rúbrica de normas generales de liquidación, que "En caso de insolvencia de la entidad aseguradora, el Consorcio no estará obligado a solicitar la declaración judicial de concurso. Asimismo se tendrán por vencidas, a la fecha de publicación en el "Boletín Oficial del Estado" de la resolución administrativa por la que se le encomiende la liquidación, las deudas pendientes de la aseguradora, sin perjuicio del descuento correspondiente si el pago de aquellas se verificase antes del tiempo prefijado en la obligación, y dejarán de devengar intereses todas las deudas de la aseguradora, salvo los créditos hipotecarios y pignoraticios, hasta donde alcance la respectiva garantía".

En estos casos, de aseguradoras en liquidación tendrá que intervenir el Consorcio de Compensación de Seguros.

1.- En el supuesto de que la aseguradora no haya cumplido debidamente con su obligación de consignar en el plazo fijado en el art. 7 RDLeg. 8/2004 (EDQL 2004/152063), o lo haya hecho de manera insuficiente y se devenguen intereses desde la fecha del siniestro, entiendo que desde el momento en que se publique en el "Boletín Oficial del Estado" la resolución administrativa por la que se le encomiende la liquidación al Consorcio y se produzca su intervención y consiguientemente deba ser esta entidad la que asuma la deuda de la aseguradora, se anulará el pago de los intereses por mora, y ello de conformidad con el referido precepto 32.3 del RDLeg. 6/2004 que de forma taxativa establece que "todas las deudas de la aseguradora dejarán de devengar intereses", lo que incluye los intereses moratorios.

Lo anterior, no supone ninguna novedad, pues tal previsión ya se contenía en el art. 35.3 de la Ley 30/1995 de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (EDQL 1995/16212), que establecía que en los supuesto de liquidación de entidades aseguradoras desde la publicación en el BOE de la resolución administrativa por la que se encomienda la liquidación de la aseguradora a la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras, no procede condenar al pago de intereses puesto que desde esta última fecha las deudas de la demandada dejan de devengar intereses. Así se establece entre otras, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 5ª, de fecha 4 de diciembre de 2006.

2.- Lo anterior, no será óbice para que desde el momento en que el Consorcio tiene conocimiento del siniestro o de la deuda, si no consignara en el plazo del art. 7 RDLeg. 8/2004 o lo hiciera de manera insuficiente, se puedan generar intereses de demora a favor del perjudicado que el mismo podrá reclamar al Consorcio, y ello por cuando dicha reclamación no infringe en absoluto el contenido del referido art. 32.3 del RDLeg. 6/2004, pues serán intereses moratorios devengados por mora del Consorcio y no de la aseguradora en liquidación.

La pregunta plantea el supuesto de qué ocurriría, por lo que se refiere a los intereses moratorios del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro (EDQL 1980/4219), en aquel supuesto en que la aseguradora, que no ha cumplido debidamente con su obligación de consignar en el plazo fijado en el art. 7 del RDLeg. 8/2004 (EDQL 2004/152063), entra en fase de liquidación, planteándose la duda de si debe o no correr con los referidos intereses moratorios el Consorcio de Compensación de Seguros. Entiendo que habría que contemplar dos supuestos, que serían los siguientes:

a) El caso en el que la aseguradora, que posteriormente entra en fase de liquidación, no hubiere cumplido con la obligación de consignar en el referido plazo a que hace mención el RDLeg. 8/2004, teniendo, por tanto, derecho el perjudicado a percibir intereses moratorios.

En este supuesto, interpreto que, de la lectura del art. 32 del RDLeg. 6/2004 (EDQL 2004/152060), en el caso de intervención de la referida aseguradora el Consorcio sí que debería correr con los intereses moratorios que se hubieren devengado hasta la fecha de publicación de la resolución de intervención de la citada aseguradora en el Boletín Oficial del Estado. Apoyo esta opinión en la propia redacción del nº 3 del art. 32 del RDLeg. 6/2004, que establece que a la fecha en que se publique en el Boletín Oficial del Estado la resolución administrativa por la que se acuerda la liquidación, deberán tenerse por vencidas las deudas pendientes de la aseguradora, y a su vez hace alusión a que dejarán de devengar intereses todas las deudas de esta aseguradora, salvo los créditos hipotecarios y pignorativos. Y, por tanto, el precepto está haciendo referencia a que, a partir de la fecha de publicación de la resolución de intervención en el Boletín Oficial del Estado, dejan de devengar intereses las deudas de la aseguradora, es evidente que hasta esa fecha se han devengado intereses, y si se han devengado intereses debe responder de ellos el Consorcio de Compensación de Seguros.

b) El segundo supuesto sería qué es lo que ocurre a partir de la intervención por la Administración de la aseguradora. En este caso, entiendo que el Consorcio de Compensación de Seguros empieza a actuar como un fondo de garantía, y el inicio de devengo de suplidos intereses (con independencia de los que ya se hayan devengado hasta la fecha de la publicación en el BOE de la resolución de intervención), deberá regirse por los preceptos generales que regulan la intervención del Consorcio de Compensación de Seguros como tal fondo de garantía. A tal fin habremos de aludir a lo dispuesto en los arts. 7 y 9 del RDLeg. 8/2004, que hace mención al art. 20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre (EDQL 1980/4219), así como el art. 11, apartado e), del citado RDLeg. 8/2004, entendiendo que los intereses moratorios se devengarán a cargo del Consorcio si éste deja pasar más de tres meses sin llevar a cabo la oferta motivada a que hace referencia el art. 7 del citado RDLeg. 8/2004, a partir de la citada intervención de la compañía. Apoya esta opinión, a mi juicio, el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 14, de 30 de septiembre de 2008, en cuanto recoge en sus fundamentos jurídicos que para el Consorcio de Compensación de Seguros, cuando actúa de fondo de garantía, el inicio del devengo no es la fecha de siniestro, sino la de la reclamación. En este supuesto, la reclamación inicial habremos de entenderla formulada por el perjudicado a la compañía de seguros en liquidación y, por tanto, a partir de los tres meses en que se produce la intervención de la Administración sin que el Consorcio de Compensación de Seguros hubiere formulado una oferta indemnizatoria, en los términos del art. 7 del RDLeg. 8/2004, se abriría un nuevo período de devengo de intereses moratorios a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros.

Dispone el art. 32.3 del RDLeg. 6/2004, de 29 de octubre (EDQL 2004/152060), respecto de las normas generales de liquidación, que: "En caso de insolvencia de la entidad aseguradora, el Consorcio no estará obligado a solicitar la declaración judicial de concurso. Asimismo, se tendrán por vencidas, a la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la resolución administrativa por la que se le encomiende la liquidación, las deudas pendientes de la aseguradora, sin perjuicio del descuento correspondiente si el pago de aquellas se verificase antes del tiempo prefijado en la obligación, y dejarán de devengar intereses todas las deudas de la aseguradora, salvo los créditos hipotecarios y pignoraticios, hasta donde alcance la respectiva garantía", destacando, en lo que aquí nos interesa, que "dejarán de devengar intereses todas las deudas de la aseguradora, salvo los créditos hipotecarios y pignoraticios, hasta donde alcance la respectiva garantía"; precepto éste que trae causa de su precedente normativo que no es otro que el art. 35.3 de la Ley 30/1995 de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados (EDQL 1995/16212) y del todavía anterior art. 2 de la Orden Ministerial de 25 de marzo de 1988, desarrolladora del Reglamento de la CLEA (Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto). En estos casos el Consorcio actúa como fondo de garantía legal ante la insolvencia de la aseguradora.

La jurisprudencia menor que se pronunció sobre este punto, tuvo en cuenta el contenido de los citados preceptos; así, v.gr., la SAP de La Coruña, sec. 4ª, nº 380/2000, de 5 de octubre de 2000 (EDQJ 2000/61691), estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto en lo que atañe a los intereses, siendo así que, estando la compañía en fase de liquidación forzosa e intervenida por la CLEA, sólo se devengarán hasta la orden de disolución o intervención; tesis después seguida por la posterior SAP de La Coruña, sec. 4ª, nº 91/2005, de 13 de abril de 2005 (EDQJ 2005/216270), que estimó el motivo de oposición argüido por el Consorcio basado en la pluspetición por razón de los intereses. Por tanto: dejarán de devengar intereses todas las deudas de la aseguradora y el Consorcio no deberá asumirlos.

Otra cosa es la mora en que pueda incurrir el Consorcio, actuando como fondo de garantía, una vez que ha tenido conocimiento del siniestro, y que entendemos no es incompatible con lo anteriormente expuesto, sino complementario. Dispone el art. 20.9 de la Ley de Contrato de Seguro (EDQL 1980/4219) que "Cuando el Consorcio de Compensación de Seguros deba satisfacer la indemnización como fondo de garantía, se entenderá que incurre en mora únicamente en el caso de que haya transcurrido el plazo de tres meses desde la fecha en que se le reclame la satisfacción de la indemnización sin que por el Consorcio se haya procedido al pago de la misma con arreglo a su normativa específica, no siéndole de aplicación la obligación de indemnizar por mora en la falta de pago del importe mínimo. En lo restante cuando el Consorcio intervenga como fondo de garantía, y, sin excepciones, cuando el Consorcio contrate como asegurador directo, será íntegramente aplicable el presente artículo".

Como ya se ha expuesto, el Consorcio actúa como fondo de garantía en los supuestos en los que el asegurador no puede hacer honor al contrato por hallarse en una situación de insolvencia. En estos casos, la posición jurídica del Consorcio no es extrapolable a la de las otras entidades aseguradoras, de ahí que se establezcan unas reglas especiales por las que se rige su mora, que consisten, en definitiva, en la dispensa de la obligación de indemnizar por mora en la falta de pago del importe mínimo y que aquélla únicamente se produce en el caso de que haya transcurrido el plazo de tres meses desde la fecha en que se le reclame el pago de la indemnización sin haberla satisfecho.

¿Cuál es el dies a quo? Es otra cuestión que suscita problemas prácticos ante la falta de previsión legal al respecto; apreciándose varias posturas antagónicas, cuales son que los intereses se devengarán en tal caso desde la fecha del siniestro, a contar desde el requerimiento de pago o transcurridos tres meses desde el mismo, y que la jurisprudencia menor, mayoritariamente, se decanta por la fecha del requerimiento practicado al Consorcio como punto inicial de incursión en mora para el supuesto de que no abone la cantidad que le correspondiese satisfacer en los tres meses siguientes al citado requerimiento.

La cuestión planteada viene referida al contenido de la obligación que debe asumir el Consorcio de Compensación de Seguros en aquellos casos en que una aseguradora entre en concurso o sea declarada en disolución, liquidación o insolvencia en los términos previstos en el artículo 11.e) del TRLRCSCVM aprobado por el RDLeg. 8/2004, de 29 de octubre (EDQL 2004/152063), y en particular, si debe asumir el pago de los intereses moratorios previstos en el art. 7 del RDLeg. 8/2004, ya que el art. 32.3 del RDLeg. 6/2004 (EDQL 2004/152060) exime a las aseguradoras en liquidación del devengo de intereses generados por sus deudas.

Considero que la respuesta debe ser positiva, debiendo asumir el Consorcio de Compensación de Seguros las obligaciones generadas por las aseguradoras en crisis, también el pago de los intereses moratorios del art. 7 RDLeg. 8/2004, y ello por diversas razones.

En primer lugar, porque la llamada del Consorcio al efecto de asumir el pago que le corresponde en estos casos constituye un supuesto de intervención forzosa o impuesta, en donde asume, aunque sea a través de una norma general (art. 11.e) RDLeg. 8/2004), el cumplimiento de las obligaciones contraídas por otro (pago de intereses moratorios del art. 7 RDLeg. 8/2004). Con esta solución se salva la cuestión de la pervivencia de la personalidad de la aseguradora intervenida, que no va a ser sustituida ni sucedida porque no se ha extinguido, y además, a través de esta intervención el Consorcio defiende intereses propios, aún a pesar de que su responsabilidad lo fuere en función de la que pudiere corresponder a la aseguradora.

En segundo lugar, porque el contrato de seguro de responsabilidad civil es un contrato fuertemente normado y sometido a teóricamente rigurosos controles de intervención administrativa. Si éstos producen un resultado final negativo para quien confía en tal situación (asegurados y usuarios), la asunción de obligaciones indiscriminadamente deviene de esta situación de confianza genérica. Se ha creado una expectativa de respuesta razonable en la normativa administrativa que (a diferencia de que ocurre en otros supuestos, normativos como el de las deudas contraídas por entidades bancarias, en sus conocidas limitaciones normativas de responsabilidad por deuda de otro) no ofrece normativamente limitación alguna. Se está así en presencia de una carga derivada de la falta de control administrativo fiscalizador del funcionamiento de tales entidades y por ello tampoco desde esta perspectiva se advierte precisión de buscar limitación alguna objetiva o cuantitativa al ámbito de la responsabilidad del Consorcio en los supuestos de patrimonios de aseguradoras en liquidación como el que ahora se contempla de limitación de los intereses moratorios devengados por deudas de aquellas (SSTS, Sala 1ª, de 3 de marzo de 1990; de 7 de febrero de 1991 y de 18 diciembre de 1992, entre otras).

En tercer lugar, porque el devengo de intereses moratorios deviene preceptivo, y resulta aplicable de oficio (art. 7 RDLeg. 8/2004 en relación con el art. 20.1 LCS -EDQL 1980/4219-), y esta deuda por intereses se establece en la propia sentencia. En consecuencia, solamente la solución de que el Consorcio asuma el pago de la deuda por intereses de la aseguradora en liquidación sería respetuosa con la "cosa juzgada", en cuanto que no se va a reconsiderar lo ya decidido en sentencia, y se conjuga con el derecho a la ejecución de la sentencia ex arts. 24 CE (EDQL 1978/3879) y 18.1 LOPJ (EDQL 1985/8754), incluso con la excepcionalidad que representa la intervención forzosa del Consorcio, respetando tanto el derecho de los perjudicados a obtener la satisfacción bajo el principio "pro damnato" ajustándose a una interpretación conforme a la realidad social de los criterios ponderativos basados en la equidad de los arts. 3.1 y 2 CC (EDQL 1889/1) (AAP Castellón, Sección 1ª, Núm. 95/2001, de 8 de marzo de 2001).

Finalmente, porque la demora en el pago del principal, y por tanto el devengo de los intereses moratorios previstos en el art. 7 RD 8/2004, trae causa exclusivamente en la actuación de la aseguradora en liquidación o del propio Consorcio de Compensación de Seguros con su tardanza en hacer frente al pago de la indemnización, por lo que al amparo de lo dispuesto en el art. 1902 CC en relación con el art. 20 LCS, normas generales, , debe satisfacer también el pago de tales intereses (SAP Sevilla, Sección 6ª, Núm. 170/2003, de 28 de marzo de 2003.).

La norma contenida en el art. 32.3 del RDLeg. 6/2004 (EDQL 2004/152060), contiene una norma pareja a la establecida en el art. 59 de la Ley Concursal donde se establece igualmente la suspensión del devengo de intereses desde la declaración del concurso.

Pero aquí, lo único que se cuestiona es el alcance de dicha norma respecto de los intereses derivados del impago de la deuda entendiéndola garantizada por el Consorcio y ello supone analizar si el Consorcio actúa a modo de fiador y siendo así, que lo sería de naturaleza solidaria, si la deuda deja o no también de generar intereses para dicho fiador desde el mismo momento que cesó de devengarlos respecto del deudor principal por razón de la declaración de concurso.

Pues bien la respuesta ha de buscarse en el Código Civil (EDQL 1889/1). Y es que el art. 1822.2 CC remite la regulación de la fianza solidaria a las reglas generales sobre las obligaciones solidarias, lo que implica la aplicación de una normativa legal que conlleva una desnaturalización de la accesoriedad de la fianza simple. Esta cuestión, en relación al sistema concursal anterior ya se había planteado llegando la jurisprudencia a la conclusión de que la situación de suspensión de pagos, por sí misma, no afectaba al derecho del acreedor contra el fiador solidario. En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2002 hace un detenido estudio de esta situación y antecedentes jurisprudenciales. La Sentencia del mismo Tribunal de 27 de febrero de 2004 incide en la misma dirección.

Y es que, como se ha señalado por la doctrina jurisprudencial, por un lado, la presentación de la deudora principal en estado de concurso, no entraña novación alguna de dicho crédito, el que se mantiene subsistente con sus caracteres originarios o congénitos y por tanto, la reclamación formulada por el acreedor contra la deudora principal para el pago de la deuda no le impide que simultánea o posteriormente pueda dirigirse contra los demás deudores solidarios mientras no resulte cobrada la deuda por completo, conforme establece el art. 1144 CC, que sería el caso que nos ocupa, dada la condición de deudor solidario que tiene el Consorcio de la aseguradora, a lo que ha de añadirse que el concurso del deudor principal no pueden provocar la extinción de la obligación de los fiadores del mismo, habiendo señalado la STS de de 8 de enero de 1997 que, aun cuando los avales están conectados con el débito, la liberación de los fiadores sólo se produce cuando los acreedores renuncien a aquéllos.

En conclusión, el Consorcio, en su posición de garante, asume el pago íntegro, intereses incluidos, al margen de la suspensión del devengo que deriva respecto de la obligación de la deudora principal que es la aseguradora.

Para entender el significado del art. 32.2 del RDLeg. 6/04 (EDQL 2004/152060) es necesario clarificar el sentido de la actuación del Consorcio como fondo de garantía, y la interpretación que la Jurisprudencia viene dando a las responsabilidades que de la misma se derivan. Las SSTS (Sala 1ª) de 30 de mayo de 1991 ó 12 de marzo de 1992 (EDQJ 1992/2401) ya abordaron esta cuestión, abogando por una interpretación restrictiva.

En primer lugar se considera que su propia naturaleza como fondo de garantía con finalidad de dar satisfacción, en todo caso, a la cobertura derivada del Seguro Obligatorio, no deben prosperar tesis extensivas que pudieran hacer inviable el sistema.

En segundo lugar, ha de tenerse en cuenta que la responsabilidad debe resultar equilibrada, teniendo en cuenta que, en principio, se atenderá a su abono con las cantidades cobradas en beneficio del Consorcio por tal concepto al satisfacerse las primas de seguro.

En tercer lugar, no debe olvidarse se trata de una obligación derivada de un mandato legal, no derivada directamente de las obligaciones derivadas del contrato de Seguro.

Con estos antecedentes, considero que la publicación de la resolución en que se atribuya al Consorcio la liquidación, de conformidad con el procedimiento reglado en su Estatuto, determina la suspensión del devengo de intereses a satisfacer por dicho organismo con cargo a la mora en que pudiera incurrir la aseguradora responsable civil directa del siniestro. Cuestión distinta serán las responsabilidades en que pueda incurrir el propio consorcio de no atender al pago en el plazo legalmente establecido desde que tenga conocimiento directo del siniestro.

Aprobado por MAYORÍA DE 6 VOTOS

1.- En el supuesto de que la aseguradora no haya cumplido debidamente con su obligación de consignar en el plazo fijado en el art. 7 RDLeg. 8/2004 (EDQL 2004/152063), o lo haya hecho de manera insuficiente y se devenguen intereses desde la fecha del siniestro, desde el momento en que se publique en el "Boletín Oficial del Estado" la resolución administrativa por la que se le encomiende la liquidación al Consorcio y se produzca su intervención y consiguientemente deba ser esta entidad la que asuma la deuda de la aseguradora, se anulará el pago de los intereses por mora, y ello de conformidad con el referido precepto 32.3 del RDLeg. 6/2004 (EDQL 2004/152060) que de forma taxativa establece que "todas las deudas de la aseguradora dejarán de devengar intereses", lo que incluye los intereses moratorios. Lo anterior, no será óbice para que desde el momento en que el Consorcio tiene conocimiento del siniestro o de la deuda, si no consignara en el plazo del art. 7 del RDLeg. 8/2004 o lo hiciera de manera insuficiente, se puedan generar intereses de demora a favor del perjudicado que el mismo podrá reclamar al Consorcio, y ello por cuando dicha reclamación no infringe en absoluto el contenido del referido art. 32.3 del RDLeg. 6/2004, pues serán intereses moratorios devengados por mora del Consorcio y no de la aseguradora en liquidación.

2.- Ahora bien, el precepto está haciendo referencia a que, a partir de la fecha de publicación de la resolución de intervención en el Boletín Oficial del Estado, dejan de devengar intereses las deudas de la aseguradora, es evidente que hasta esa fecha se han devengado intereses, y si se han devengado intereses debe responder de ellos el Consorcio de Compensación de Seguros. A partir de la publicación los intereses moratorios se devengarán a cargo del Consorcio si éste deja pasar más de tres meses sin llevar a cabo la oferta motivada a que hace referencia el art. 7 del citado RDLeg. 8/2004, a partir de la citada intervención de la compañía.

3.- En cualquier caso habría devengo antes de la publicación de la intervención de la aseguradora con cargo al consorcio y tras esta si no se cumple la obligación del art. 7 RDLeg. 8/2004, ya que la demora en el pago del principal, y por tanto el devengo de los intereses moratorios previstos en el art. 7 RDLeg. 8/2004, trae causa exclusivamente en la actuación de la aseguradora en liquidación o del propio Consorcio de Compensación de Seguros con su tardanza en hacer frente al pago de la indemnización, por lo que al amparo de lo dispuesto en el art. 1902 CC (EDQL 1889/1) en relación con el art. 20 LCS (EDQL 1980/4219), normas generales, debe satisfacer también el pago de tales intereses (SAP Sevilla, Sección 6ª, Núm. 170/2003, de 28 de marzo)

1.- El perjudicado que no ha cobrado de la aseguradora que debe correr con la indemnización, no puede reclamar frente a ella, ya que se encuentra en liquidación, pero sí frente al Consorcio de Compensación de Seguros la indemnización debida por principal (dentro de la oportuna cobertura del Consorcio) e incluso los intereses que se hayan devengado hasta el momento de la publicación en el BOE de la apertura del periodo de liquidación de la aseguradora, pero no más, intereses.

2.- Se trata de un privilegio legal que prima sobre la expectativa del perjudicado al devengo de intereses moratorios por no haber llegado a un acuerdo previo con la Aseguradora, ahora en liquidación, que trata de no imputar al organismo público una responsabilidad por una conducta ajena y que igualmente persigue facilitar las tareas de la liquidación en que interviene por disposición legal, tan pronto se publica en el BOE la encomienda para ejecutarla, dejando de devengar intereses (convencionales y legales, entre los que incluir los moratorios analizados) las deudas de la Aseguradora.

3.- La particularidad radica en que si al Consorcio se le encomienda la liquidación de la entidad aseguradora obligada al pago de la indemnización y la entidad aseguradora es insolvente, el devengo de los intereses moratorios por el retraso en el pago de las indemnizaciones debidas a los perjudicados se suspende a partir de la publicación en el BOE de la resolución administrativa, de tal manera que los perjudicados ven agravada su situación al no seguir percibiendo los intereses moratorios correspondientes al período posterior a la fecha de publicación de la resolución administrativa en el BOE.

El art. 32.3 del RDLeg. 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados (EDQL 2004/152060), viene a fijar determinados efectos de la resolución administrativa que acuerda encomendar la liquidación de una entidad aseguradora al Consorcio de Compensación de Seguros y aquélla se encuentra en situación de insolvencia.

Los efectos se refieren a las obligaciones a cargo de las entidades aseguradoras: 1.-) el vencimiento anticipado de las deudas aplazadas; 2.-) la suspensión del devengo de intereses.

Estos efectos no son una especialidad de las entidades aseguradoras sino que se establecen con carácter general también en la Ley Concursal (LC) para cualquier deudor concursado: 1.-) el artículo 59 LC declara la suspensión del devengo de intereses de las obligaciones de la concursada a partir de la fecha del Auto de declaración del concurso; 2.-) el artículo 146 LC establece el vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados desde el momento de la apertura de la fase de liquidación.

La suspensión del devengo de intereses significa que el dies ad quem del plazo de devengo no es el momento del pago o de la puesta a disposición de la suma debida al acreedor sino que es una fecha anterior. En el caso de las entidades aseguradoras insolventes cuya liquidación se encomienda al Consorcio, el término final del plazo de devengo de intereses viene a fijarse en la fecha de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la resolución administrativa que encomienda al Consorcio la liquidación.

La obligación del pago de intereses no se extingue o anula por el hecho de que la liquidación de la entidad aseguradora se encomiende al Consorcio; únicamente se suspende la obligación de pago de intereses a partir de la publicación en el BOE de la resolución administrativa, por lo que hasta ese momento se aplicarán los artículos 7 y 9 del RDLeg. 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (EDQL 2004/152063) y el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (EDQL 1980/4219) respecto de los intereses moratorios a cargo de la entidad aseguradora.

Así pues, si una de las obligaciones de una entidad aseguradora es la del pago de las indemnizaciones por los daños en las personas y en los bienes causados por los vehículos asegurados, la obligación del pago de las indemnizaciones a favor de los perjudicados devengará intereses conforme a las reglas generales y la entidad aseguradora, obligada solidariamente al pago de la indemnización, estará obligada también al pago de los intereses moratorios en el caso de retraso en el pago o en la inmediata puesta a disposición de la indemnización. La particularidad radica en que si al Consorcio se le encomienda la liquidación de la entidad aseguradora obligada al pago de la indemnización y la entidad aseguradora es insolvente, el devengo de los intereses moratorios por el retraso en el pago de las indemnizaciones debidas a los perjudicados se suspende a partir de la publicación en el BOE de la resolución administrativa, de tal manera que los perjudicados ven agravada su situación al no seguir percibiendo los intereses moratorios correspondientes al período posterior a la fecha de publicación de la resolución administrativa en el BOE.

Pese a las dudas que presenta la cuestión, hay que exponer que en atención al carácter sancionador o punitivo que tiene el interés referenciado en el art 20 LCS (EDQL 1980/4219), su imposición no deviene cuando la misma está excepcionada, como ocurre para las compañías en liquidación, por la previsión del art 32.3 de la Ley de Ordenación del Seguro Privado (EDQL 2004/152060). Debido precisamente a este carácter, que lo que persigue es que las compañías aseguradoras no demoren indebidamente sus compromisos con el beneficio económico que les produce tener un capital cuyo destinatario final es otro, que se ve perjudicado por esta actuación, entiendo que tampoco será de cuenta del Consorcio de Compensación de seguro cuando actué no como directamente responsable, sino como órgano de garantía a partir de aquél momento. Así el propio art 3 del Estatuto del Consorcio (EDQL 2004/152062) establece el ámbito restringido de su responsabilidad. (El Consorcio, como organismo inspirado en el principio de compensación, tiene como fin cubrir los riesgos en los seguros que se determinan en este estatuto legal, con la amplitud que en él se fija o pueda hacerse en disposiciones específicas con rango de ley)

En relación con el seguro de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor de suscripción obligatoria.1. El Consorcio asumirá, exclusivamente dentro de los límites indemnizatorios fijados para el seguro de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor de suscripción obligatoria, las siguientes funciones:

También corresponden al Consorcio las funciones que le encomienda el artículo 11 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el RDLeg. 8/2004, de 29 de octubre (EDQL 2004/152063), en las condiciones previstas en dicha ley y hasta los límites del aseguramiento obligatorio.

Si nos atenemos a la previsión que se hace en el art 11 e) de la Ley de Responsabilidad civil y Seguro en la Circulación de vehículos de motor, el Consorcio debe:

Indemnizar los daños a las personas y en los bienes cuando la entidad española aseguradora del vehículo con estacionamiento habitual en España hubiera sido declarada judicialmente en concurso o, habiendo sido disuelta y encontrándose en situación de insolvencia, estuviera sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o ésta hubiera sido asumida por el propio Consorcio de Compensación de Seguros.

Por tanto, tenemos una actuación del Consorcio que como garante está limitada a responder en los estrictos términos que determine su Estatuto y las normas con rango legal que así lo determinen.

La norma legal establece (art. 32 de la Ley de Ordenación y supervisión de seguros) que a partir del momento en que la entidad aseguradora entre en proceso de liquidación sus deudas dejarán de devengar intereses, teniéndose por vencidas las deudas pendientes de la aseguradora a la fecha de la publicación en el BOE de la apertura de ese periodo, lo cual no anula los intereses devengados

Todo ello me conduce a mantener que en el caso sustanciado, el perjudicado que no ha cobrado de la aseguradora que debe correr con la indemnización, no puede reclamar frente a ella, ya que se encuentra en liquidación, pero sí frente al Consorcio de Compensación de Seguros la indemnización debida por principal (dentro de la oportuna cobertura del Consorcio) e incluso los intereses que se hayan devengado hasta el momento de la publicación en el BOE de la apertura del periodo de liquidación de la aseguradora, pero no más, intereses aquéllos que como no hay excepción serán también los penitenciales caso de que hubiera habido razón para su imposición. Así por ejemplo también lo entiende la AP de Asturias en Sentencia de 27 de diciembre de 2010

Según lo dispuesto en el art. 7.2 del RDLeg. 8/2004 (EDQL 2004/152063), la Aseguradora que no consigne el pago de lo pactado conforme a la oferta motivada emitida tras la reclamación de un perjudicado o lo haga insuficientemente, devengará los intereses de demora a que se refiere el Art. 9 del mismo cuerpo legal.

El art. 32.3 del RDLeg. 6/2004, de 29 de octubre, que aprueba el texto refundido de la ley de ordenación y supervisión de los seguros privados (EDQL 2004/152060) para el caso de liquidación de Compañías de Seguros, indica que, en caso de insolvencia de éstas, el Consorcio de Compensación de Seguros, en su función de liquidador de tales entidades aseguradoras (art. 31) no sólo no estará obligado a solicitar la declaración judicial de concurso, sino que respecto de las deudas pendientes de aquellas señala que se tendrán por vencidas, a la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado de la resolución administrativa por la que se le encomiende la liquidación, sin perjuicio del descuento correspondiente si el pago de aquellas se verificase antes del tiempo prefijado en la obligación, dejando de devengar intereses todas las deudas de la aseguradora, salvo los créditos hipotecarios y pignoraticios, hasta donde alcance la respectiva garantía.

Se trata de un privilegio legal que prima sobre la expectativa del perjudicado al devengo de intereses moratorios por no haber llegado a un acuerdo previo con la Aseguradora, ahora en liquidación, que trata de no imputar al organismo público una responsabilidad por una conducta ajena y que igualmente persigue facilitar las tareas de la liquidación en que interviene por disposición legal, tan pronto se publica en el BOE la encomienda para ejecutarla, dejando de devengar intereses (convencionales y legales, entre los que incluir los moratorios analizados) las deudas de la Aseguradora.

La propia Ley Concursal, Ley 22/2003 de 9 de julio, mutatis mutandi, en su art. 59, establece una disposición similar en cuanto a la suspensión del devengo de intereses para las entidades concursadas, indicando que: desde la declaración de concurso quedará suspendido el devengo de los intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía y ...sólo para cuando en el concurso se llegue a una solución de convenio que no implique quita, podrá pactarse en él el cobro, total o parcial, de los intereses cuyo devengo hubiese resultado suspendido, calculados al tipo legal o al convencional si fuera menor. En caso de liquidación, si resultara remanente después del pago de la totalidad de los créditos concursales, se satisfarán los referidos intereses calculados al tipo convencional.

El privilegio de la suspensión del devengo de los intereses legales del RDLeg. 8/2004 que perjudica al acreedor en expectativa de los mismos, se explica por el carácter público del Consorcio, a diferencia del privado de las Aseguradoras, a quien sería injusto hacer correr con las consecuencias de acciones para él imprevisibles (aunque no tanto si atendemos al fallido control previo sobre los márgenes de solvencia, fondos de garantía y otras cautelas sobre la solvencia de la Aseguradora) y pretende, en el curso de una situación anormal, equilibrar la necesidad de abordar la liquidación con cuantas más cantidades fijas posibles, al precio de suspender las expectativas sobre los intereses debidos a los perjudicados que no tengan garantía real.

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